Dra. Mercedes Barros^[1]

En los últimos años, desde las ciencias sociales y humanas, se ha avanzado significativamente en la caracterización de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Una vasta producción académica se ha dedicado —entre varias otras cuestiones no menos relevantes— a esclarecer el funcionamiento de su aparato represivo, a complejizar sus motivaciones sociales, políticas y económicas y a identificar más claramente la trama de alianzas y complicidades que la sostuvieron. Asimismo, dentro del campo de los estudios sobre historia reciente, ha habido además una importante proliferación de investigaciones sobre el devenir de los procesos de memoria verdad y justicia durante el periodo democrático, como así también de estudios específicos sobre las agrupaciones de derechos humanos gestadas bajo el régimen dictatorial, tales como Madres de Plaza de Mayo (Asociación y Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, sin desmerecer todo lo avanzado en este campo, aún resta mucho por explorar respecto de las implicancias diversas y prolongadas de la dictadura, tanto en el contexto mismo del gobierno de facto como en el devenir de la nueva etapa democrática. En efecto, creemos que todavía resulta necesario, para comprender y complejizar este período de nuestra historia, volver sobre las distintas acciones de resistencia y oposición que se gestaron en ese entonces, examinar los micro efectos de la política represiva en el escenario dictatorial y post-dictatorial, y explorar estos efectos desde una perspectiva comparada y considerando distintas escalas de análisis (nacional, provincial y local). Cierto es que las interpretaciones más generales sobre las acciones de resistencia y oposición a la dictadura pueden ser enriquecidas a partir de incorporar en el análisis las diferencias regionales y culturales, y de recuperar en el corpus documental las voces de hombres y mujeres de a pie que habitaron aquel mundo no siempre homogéneo que les ofrecía la dictadura.

El libro de Guadalupe Basualdo nos ofrece justamente un tipo de abordaje como el recién mencionado, que se propone complejizar la mirada sobre el tejido de solidaridades entre los familiares de las víctimas de la represión que se desplegó en los confines del Estado, en las puertas de las comisarías, en las afueras de los tribunales. Su escrito se inspira en una investigación reciente en la cual explora el surgimiento y devenir de una de las organizaciones de derechos humanos que —aun cuando no recibió la misma atención por parte de la investigación académica— ha sido de las más importantes de la Argentina: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). De manera original y desde una perspectiva antropológica rica en el uso de fuentes escritas y orales, la investigación se detiene en las estrategias políticas y jurídicas que sus miembros fundadores —todos ellos familiares— desplegaron en el transcurso de la denuncia de los crímenes del terrorismo de Estado durante el gobierno de facto. En el transcurso de su lucha, este grupo de personas (entre los que se encontraban Emilio Mignone, Augusto Conte, Alfredo Galletti, Boris Pasik, Federico Westerkamp, Noemí Labrune) dio origen a un tipo de activismo en derechos humanos que otorgaría una impronta singular a dicha organización y a una parte importante del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Ahora bien, el escenario privilegiado que la autora toma para identificar y discernir el accionar de este grupo particular es la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a nuestro país en septiembre del año 1979. Como señala Basualdo, varios motivos hicieron de esta visita un acontecimiento sumamente significativo para el activismo local en derechos humanos. En principio, la posibilidad misma de una inspección y registro por parte de este tipo de entidad internacional de los hechos denunciados fue percibida como una oportunidad única para dar a conocer lo que sucedía en el país y lograr la condena política y judicial de la conducta del Estado terrorista. Por otra parte, y como se muestra en el libro, la visita generó gran expectativa y esperanza, pero por sobre todo propició un arduo trabajo de movilización nacional e internacional de parte de las organizaciones de derechos humanos locales, que la convirtieron, eventualmente, en una instancia decisiva en la conformación del movimiento de resistencia a la dictadura. Basualdo nos propone entonces un recorrido por esos meses previos de intensas tratativas y maniobras para el recibimiento de la Comisión, sin perder de vista la estrecha relación que estas acciones mantenían con la conducta del propio gobierno militar, para quien también la visita se avizoraba como un desafío importante a su legitimidad.

En el inicio del recorrido, la autora nos anticipa la clave analítica que guiará su exploración. Una de las primeras cuestiones que me interesa resaltar de su propuesta es que, a diferencia de abordajes unidireccionales que sobreestiman el poder e influencia de los organismos internacionales en la política doméstica ­—centrando principalmente su análisis en los efectos que dichas entidades produjeron sobre el régimen y sobre el campo de los derechos humanos—, Basualdo elige desplazar su foco hacia los procesos de interacción y articulación que tuvieron lugar entre las instancias internacionales y los activismos locales. Como señala respecto de la visita de la CIDH, precisamente es a la luz de la exploración de la interacción entre la dimensión doméstica e internacional que puede comprenderse la decisión misma de la OEA de solicitar al gobierno argentino la invitación a la Comisión, como así también de entender el lapidario informe producido una vez finalizada la visita y sus efectos contundentes sobre la legitimidad del régimen. Así pues, las alianzas y tratativas que tempranamente comenzaron a desarrollarse entre los grupos de familiares de las víctimas de la represión ilegal y las organizaciones internacionales de derechos humanos resultaron cruciales para la autora a la hora de comprender estas decisiones y efectos.

Por cierto, esto último nos lleva a otro aspecto central de la perspectiva analítica de Basualdo que me interesa resaltar y que se relaciona con el modo original en que se propone entender la emergencia y desarrollo de la movilización en defensa de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. A contramano de ciertas miradas académicas que toman como un dato dado el surgimiento de los espacios de resistencia y abordan al movimiento de derechos humanos local como una respuesta necesaria a un orden represivo, la autora se esfuerza (creemos que con éxito) en mostrar la compleja y dificultosa trama que involucra la emergencia de discursos y prácticas disidentes bajo contextos represivos específicos. Como podrá apreciarse a lo largo de su exploración, la aparición de un activismo local en defensa de los derechos humanos bajo la dictadura involucró un trabajoso proceso de articulación política, que supuso la creación de nuevas solidaridades y alianzas, como así también de nuevas enemistades y confrontaciones que resultaron enormemente riesgosas para sus integrantes. En ese proceso, los contactos y vínculos tempranos con organizaciones internacionales de derechos humanos incidieron decididamente en la diseminación de un lenguaje de derechos humanos que paulatinamente iba convirtiéndose en el medio privilegiado de representación y simbolización de los reclamos de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Cierto es que aquel lenguaje también hacía disponible toda una serie de recursos legales provenientes del ámbito internacional de los derechos humanos que abría a su vez nuevas perspectivas y sendas de acción para los grupos locales^[2].

Respecto de este último punto, y siguiendo a De Sousa Santos y a MacDowell Santos, la autora propone analizar este proceso de alianzas e invención de nuevas estrategias legales y actividades internacionales como una forma de “cosmopolitismo”, esto es, como un tipo de “activismo legal transnacional” que hace uso de los sistemas internacionales de derechos humanos con la intención última de defender los derechos humanos, pero sobre todo, de influir en la escena política local. Esta última cuestión resulta crucial en la perspectiva propuesta por Basualdo, puesto que para la autora si se pretende complejizar el entendimiento de las acciones y estrategias desplegadas por el CELS, las mismas deben ser comprendidas como formas de disputar localmente la verdad sobre lo que estaba sucediendo bajo el régimen represivo. Y aquí yace a mi entender el último aspecto a resaltar de la clave de lectura que nos ofrece: la exploración sobre las estrategias de movilización internacional no debe perder de vista el carácter contestatario de estas prácticas, puesto que se trató de acciones tendientes a lograr adhesiones a la versión de los hechos de los grupos de familiares y por lo tanto dirigidas a erosionar la hegemonía del régimen militar.

Ahora bien, antes de avanzar en el despliegue del argumento, cabe aquí destacar el enorme y rico corpus documental que la autora construyó a lo largo de su investigación. Habiendo participado en el ordenamiento de los archivos institucionales del CELS, contó con un acceso privilegiado a los documentos sobre derechos humanos existentes en la organización, como así también con un conocimiento minucioso de los registros relacionados con la propia trayectoria del organismo. Por cierto, estos últimos han sido escasamente explorados desde la investigación social hasta el momento, por lo que su utilización imprime en la investigación un sello propio y original. Así pues, desde un posicionamiento privilegiado y con la mira puesta en la visita de la Comisión, la autora revisó el enorme archivo de recortes periodísticos junto con otros materiales y registros que se encontraban dispersos en la organización, recuperó los testimonios disponibles sobre la labor del CELS antes y durante la visita, y cotejó toda esta información con otros archivos escritos y orales de diversas organizaciones, como el Archivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Archivo Oral de Memoria Abierta y el Archivo Oral del Instituto Gino Germani. Asimismo, revisó los registros que las fuerzas represivas guardaban sobre el accionar de las organizaciones de derechos humanos locales, por lo que también consultó el material documental publicado por el Archivo de la DIPBA en su colección de documentos desclasificados sobre la visita de la CIDH, los cables desclasificados del departamento de Estado de Estados Unidos, y el material disponible en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Todos estos registros resultan muy valiosos a la hora de rastrear las acciones y estrategias muchas veces poco conocidas del grupo de activistas fundadores del CELS, como así también el grado de incidencia y las repercusiones que generaron.

Por otra parte, Basualdo acompañó esta tarea de recolección exhaustiva de documentos con un abordaje metodológico que se mantuvo atento al criterio archivístico y cuidadoso respecto de las complejidades que supone el tratamiento de las fuentes escritas y orales. Asimismo, para el análisis de estos documentos la autora se valió del uso de recursos etnográficos, de memoria oral y de la historia reciente, lo que enriqueció notablemente el trabajo con las fuentes y el proceso de interpretación que involucró. Como bien señala en su escrito, los archivos del movimiento de derechos humanos fueron analizados como acervos que guardan y contienen las prácticas políticas de las organizaciones. En este sentido, en la investigación que lleva a cabo la autora, los documentos fueron entendidos como la manifestación de la perspectiva de los actores que resistieron y se organizaron colectivamente para enfrentar a la dictadura, pero también como huellas del intento repetido de esos mismos actores de dar cuenta del sistema de represión ilegal, de sus responsables, de sus víctimas y de las metodologías utilizadas. Es decir, los archivos de los organismos se constituyeron en la otra cara del régimen represivo, reordenando la información circulante y relatando una nueva versión de los sucesos que les permitió a los grupos de activistas descifrar el funcionamiento burocrático subyacente a esa violencia estatal inédita. Justamente, como bien señala Basualdo, fue a partir de esta capacidad narrativa que las organizaciones pudieron elaborar diagnósticos sobre lo que estaba sucediendo y concebir entonces su propia acción institucional.

Entonces, bajo la guía de una perspectiva analítica lúcida y metodológicamente informada y equipada con un vasto y original acervo documental, la autora emprende su recorrido tras las huellas del grupo de activistas que dio origen a una de las organizaciones de derechos humanos más significativas de la Argentina reciente, tanto por su labor durante la dictadura como en tiempos de democracia. Si bien el CELS se fundó formalmente cuando se aprobó su personería jurídica en 1980, su tarea comenzó un tiempo antes, en la movilización de un selecto “clan” que comprendió tempranamente que la búsqueda de sus familiares no podía prosperar sin acciones colectivas que denunciaran y desmientieran a la dictadura tanto a nivel local como internacional.

Como primer paso y a partir de recuperar varios relatos de familiares de desaparecidos, Basualdo recrea la experiencia traumática que miles de hombres y mujeres atravesaron en el contexto de la feroz represión. En ese marco, describe cómo la búsqueda infructuosa de sus seres queridos, la negación y falta de respuesta de parte de las autoridades llevó a varios de estos familiares a agruparse y a generar nuevos espacios de encuentro y participación. La Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH), creada pocos meses antes del golpe de 1976, se convirtió en un lugar de paso obligado para los familiares en la medida que era una de las únicas instituciones, junto con la Liga por los Derechos Humanos, dispuestas a registrar las denuncias sobre las desapariciones. A través de testimonios y de la revisión de las actas de la APDH, la autora muestra cómo a pocos meses del golpe, la Asamblea se vio sobrepasada por la grave situación que planteaban las miles de desapariciones. Cierto es que la conformación políticamente heterogénea de la organización y su modo de funcionamiento pautado de antemano prontamente establecieron límites concretos a las acciones políticas y jurídicas propuestas por los familiares de las víctimas. De tal modo, un pequeño pero activo grupo de hombres y mujeres —varios de ellos abogados— que había comenzado a reunirse y a presionar para lograr un posicionamiento más confrontativo de la Asamblea respecto del gobierno militar decidió —sin abandonar por ello el espacio ganado en la organización— crear un grupo por fuera de la APDH que específicamente se dedicara a la problemática de las desapariciones. Surge así, a fines del año 1978, el Grupo de Abogados de Apoyo a la Asamblea (GAAAP), antecedente directo del CELS.

Como muestra Basualdo a lo largo de su investigación, sin el condicionamiento de las negociaciones políticas que predominaba en la labor de la Asamblea, el grupo de activistas lanzó su ofensiva planteando varias estrategias simultáneas, entre las cuales se encontraba la asistencia jurídica individual a los familiares, la investigación, documentación y divulgación de los crímenes de Estado, y el impulso y consolidación de la creación de alianzas internacionales. Todas ellas estaban dirigidas hacia un mismo fin: visibilizar los crímenes que se estaban cometiendo en el país y de este modo presionar al gobierno militar respecto de las desapariciones y detenciones políticas. Por ello, la dimensión internacional era considerada crucial. Ya tempranamente, varios de los familiares habían comenzado a movilizarse de forma individual buscando establecer vínculos y generar solidaridades con organizaciones legales y de derechos humanos internacionales.

Basualdo dedica una parte importante de su investigación a explorar esa compleja trama de activismo transnacional que incluyó viajes y reuniones en el exterior, alianzas y negociaciones, informes colectivos y presentación de casos individuales, conocimiento de las burocracias y de las disputas estatales e interamericanas. Al respecto, la autora muestra cómo los vínculos con las organizaciones legales y de derechos humanos norteamericanas tales como Amnesty International, Washington Office on Latin America, Lawyers Committee for International Human Rights, como así también las alianzas con los grupos de exiliados argentinos que vivían en Estados Unidos y Canadá, fueron decisivas para visibilizar la gravedad de la situación e incidir en la administración política norteamericana y en el órgano supraestatal más importante de la región, la OEA. En particular, la autora rastrea cómo el grupo de activistas logró establecer relaciones con funcionarios norteamericanos de alta jerarquía, convirtiéndose en fuente de información valiosa para la evaluación de la situación en materia de derechos humanos en la Argentina de parte de la administración estadounidense. De gran relevancia fueron los contactos que uno de sus más activos y reconocidos activistas, Emilio Mignone, sostuvo con varios congresistas y en particular con Patricia Derian, subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del gobierno de Carter, y con Tex Harris, diplomático de la sección política de la embajada en la Argentina, con quien los intercambios eran permanentes. Como se ha comprobado, ambos funcionarios tuvieron mucho que ver con la presión que los Estados Unidos ejerciera sobre la junta militar respecto de las violaciones de derechos humanos.^[3]Precisamente, a partir de la revisión de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, la autora explora cómo los apoyos conseguidos en el Senado estadounidense, en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios y en el Departamento de Estado influyeron en la definición de la política exterior hacia la Argentina, aportando argumentos para el establecimiento de sanciones económicas hacia el gobierno militar. En efecto, la decisión del gobierno argentino de aceptar la visita de la Comisión en gran medida respondió a la presión proveniente de dichas oficinas gubernamentales y de sus funcionarios.

Por otra parte, y como rastrea Basualdo, el grupo de abogados también se esforzó por establecer vínculos con los miembros de la CIDH, los cuales además resultaron decisivos en la realización de la visita y posterior informe. De forma temprana, Mignone, conocedor del sistema interamericano, presentó ante la Comisión la denuncia por el caso de su hija y colaboró, junto con otros familiares, en la gestión de muchos otros casos de detenidos desaparecidos y presos políticos. De modo tal que, para mediados de 1978, la Comisión ya contaba gracias a la movilización de los grupos locales con una importante cantidad de denuncias y con información confiable y suficiente acerca de la situación en la Argentina para realizar un informe. Sin embargo, y frente a la gravedad de las denuncias, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH presionó al gobierno argentino para realizar una visita in loco con el fin de otorgar mayor legitimidad y contundencia al informe final. Como mostrará la autora, el anuncio de esa posibilidad impulsó las acciones ante la Comisión del grupo de familiares nucleados para entonces por fuera de la APDH. De modo tal que, durante aquellos meses, varios de sus miembros realizaron viajes reiterados a Washington, ejercieron todo tipo de presión para que se concretara la visita, y coordinaron la organización de los familiares para presentar sus denuncias ante la Comisión. Su intención primera, tal como sugiere Basualdo, era acelerar la presentación de denuncias individuales y colectivas y la sistematización de información sobre los casos que contaban con mayor información para probar la responsabilidad de las fuerzas armadas en los crímenes denunciados.

La autora dedica las páginas finales a reconstruir el entramado de acciones y estrategias que este grupo llevó a cabo desde el anuncio de la visita de la CIDH a fines de 1978, durante la visita misma en septiembre de 1979, y posteriormente durante la realización y presentación del informe en 1980. Fue justamente en medio de la vorágine de documentar ante la Comisión las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado argentino que, en los primeros días del mes de julio de 1979, se funda el CELS. El objetivo principal que se propuso la incipiente organización era volcarse plenamente al trabajo jurídico y profesional, ofreciendo asistencia legal de forma gratuita a los familiares de las víctimas. Como es bien sabido, su labor no culminó con la visita, sino que, por el contrario, aquel acontecimiento se convirtió en el inicio de un largo recorrido que involucró una forma de activismo que apelando al derecho internacional de los derechos humanos, se apropió de sus usos y procedimientos para hacer inteligible y traducible el sistema represivo impuesto por el Estado argentino. En las páginas que siguen, Basualdo se inmiscuye en ese mundo de activismo para, de manera perspicaz y detallada, reconstruir las acciones y estrategias que aquel incipiente clan desplegó en su resistencia y oposición al régimen represivo más feroz que tuvo lugar en nuestro país.

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