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Impactos del COVID-19 en América Latina: políticas sanitarias disímiles, resultados dispares

La situación de Argentina, Brasil, Chile y México

Roselia Arminda Rosales Flores, Camila Pereira Abagaro, Sandra Valongueiro Alves, Martín Boy, Carmen Muñoz Muñoz
y Javier Marmolejo

Introducción

La emergencia sanitaria de COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 (Organización Mundial de la Salud, 2020). Los primeros casos de COVID-19 en América Latina se detectaron a finales de febrero: en Brasil el 26 de febrero y en México el 28 del mismo mes. Pocos días después, el 3 de marzo, en Chile y Argentina.

La crisis causada por el virus SARS-CoV-2 no solo ha dejado al descubierto las precariedades de los sistemas de salud, sino que ha hecho evidentes las desigualdades sociales y la determinación social respecto al proceso salud-enfermedad-atención en América Latina. Además de visibilizarlas, el COVID-19 ha profundizado las desigualdades en torno al derecho a la salud respecto a los colectivos y poblaciones, demostrando una vez más el carácter social de toda pandemia.

El abordaje de la crisis sanitaria desde la Salud Colectiva latinoamericana resulta urgente por sus implicaciones en las políticas sociales, sobre todo respecto a la igualdad/desigualdad, la equidad/inequidad, inclusión/exclusión y la justicia social/jurídica. Las desigualdades económicas, políticas y sociales se configuran como grandes desafíos en el mundo contemporáneo, puesto que imposibilitan la satisfacción de necesidades básicas y la participación en la vida cotidiana. En esta dirección, el derecho humano a la salud también se encuentra atravesado por las desigualdades estructurales que resquebrajan el tejido social

En el presente análisis, se parte del presupuesto de que los grupos socialmente más desprotegidos en el contexto de la pandemia son aquellos que ya experimentaban las desigualdades en su vida cotidiana tales como pobreza, trabajos informales y precarios, desprotección social, dificultad de acceso y cobertura insuficiente de servicios de salud, de transporte público y de educación, infraestructura urbana y doméstica precarias, inseguridad alimentaria, escasez de tiempo libre para descanso y divertimento. En los grupos poblacionales atravesados por estas características se ha observado mayor carga de enfermedad y muerte (Organización de las Naciones Unidas, 2020; Rivera, 2020). Las diferencias en la forma como se enfrenta el COVID-19 y en cómo reciben atención los distintos grupos sociales parten de las condiciones y modos de vida, que remiten a las condiciones estructurales y coyunturales: económicas, políticas, culturales, de género y de raza/etnia.

A partir de lo dicho anteriormente, se revisará la información disponible acerca de algunos elementos constituyentes de la desigualdad social en el contexto de la pandemia en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Chile, Brasil y México), centrando el análisis en la premisa de que, además de ser una enfermedad infecciosa, el COVID-19 también es una pandemia social con carácter socio-histórico en América Latina.

Implicaciones de las desigualdades sociales en la producción de salud/enfermedad

La controversia sobre el abordaje de la desigualdad social desde una perspectiva tradicional o crítica cobra importancia por sus implicaciones en las políticas sociales. Mientras la perspectiva tradicional interpreta la desigualdad en términos de diferencias que pueden deberse exclusivamente a factores biológicos y/o a los estilos de vida, desde una mirada crítica las desigualdades deben ser comprendidas partiendo de una perspectiva histórica, como estructurales, injustas, innecesarias y evitables socialmente porque violan los derechos fundamentales (López y Blanco, 2003). Por lo tanto, constituyen expresiones particulares de la posición de clase, de la distribución, acceso y apropiación de elementos materiales, así como de elementos simbólicos y no materiales que también configuran los modos de vida.

Desde una concepción socio-histórica del proceso salud-enfermedad, la categoría de desigualdad social explica las formas en las que este proceso se distribuye y es determinado diferencialmente en los grupos humanos. Desde la perspectiva anteriormente señalada, se articulan las diferentes esferas de las condiciones colectivas que son específicas para cada grupo social. Así, la desigualdad social determina el proceso de reproducción social y en los momentos de producción, distribución y consumo se verifica la apropiación desigual de bienes y servicios (Margulis, 1980).

En el momento de producción, la posición que los sujetos ocupan determina las condiciones laborales y, en particular, el salario, que es primordial para la satisfacción de las necesidades básicas. En el momento de la distribución, por su parte, se definen los grupos sociales que tendrán disponibilidad y acceso a los bienes producidos y, con ello, la satisfacción de necesidades, además de la proporción que les será determinada en el juego de fuerzas capitalistas. Por último, en el momento de consumo entran en disputa tanto los bienes producidos socialmente como el acceso a saneamiento ambiental/básico, educación, luz eléctrica, servicios de salud, vivienda, entre otros. La insatisfacción del acceso a esos bienes y servicios revela la precariedad en las condiciones de vida, lo que caracteriza las injusticias e inequidades en salud que padecen los colectivos, tal como sostienen López y Blanco:

desde una perspectiva amplia, se propone que el abordaje de la inequidad en salud no debe limitarse solo a los resultados sanitarios, sino también destacar los procesos sociales y la organización social injusta que la produce, dando un mayor peso explicativo a los determinantes socioeconómicos, políticos y culturales (López y Blanco, 2003, p. 13).

De ahí que las desigualdades sociales comprendidas como injusticias en el acceso a bienes y servicios determinan las desigualdades en salud y dificultan la participación social y el desarrollo de sus capacidades de los diferentes colectivos.

Las desigualdades en salud, en el marco teórico de la Determinación Social de la Salud (DSS), son entendidas como la distribución diferencial del proceso salud-enfermedad-atención en lo colectivo (Abagaro et al., 2019). La noción de DSS es importante porque se refiere a los macroprocesos de gran complejidad que involucran lo económico, político, cultural e ideológico. En estos macroprocesos tiene lugar lo que Breilh (2012) denominó como el sistema de contradicciones que engloba tanto los factores deteriorantes como los protectores en los procesos de salud-enfermedad-atención, definido como el proceso vital humano que está en constante cambio y se expresa en la corporeidad humana de modo específico como se producen los bienes y servicios bajo una determinada forma de relaciones y organización social (López et al., 2008). En ese sentido, y en contraste con la explicación de la epidemiología tradicional, los procesos de determinación social no actúan como agentes biológico-físico-químicos en la generación de la enfermedad porque no tienen especificidad etiológica ni obedecen a una mecánica de dosis-respuesta (Laurell, 1982).

En el contexto de la pandemia, es necesario considerar que las desigualdades sociales han jugado un papel determinante en la salud y la enfermedad, en la vida y la muerte de los colectivos que ya vivían en condiciones de precariedad estructural que aquí caracterizamos por los trabajos informales, por los espacios de las megalópolis azotados por el déficit de la infraestructura urbana y doméstica, por la lejanía de los pueblos con respecto a las grandes urbes con el consabido insuficiente acceso y cobertura de servicios de salud, la mayor concentración de enfermedades crónico-degenerativas en ciertos colectivos y quienes, desde antes de la pandemia, vivían en la pobreza extrema e inseguridad alimentaria (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020; Organización de las Naciones Unidas, 2020; OXFAM, 2020; OXFAM, s.f.; Rivera, 2020).

Con la identificación de algunas de las condiciones de los colectivos más afectados, lo que se propone en este capítulo es subrayar la relación entre la desigualdad estructural y la determinación social de la pandemia de COVID-19, además de reflexionar sobre cómo la crisis sanitaria profundiza desigualdades sociales y de salud en América Latina, particularmente en Argentina, Brasil, Chile y México. Cabe recordar que la pandemia aún está en curso, de modo que por ahora solo se pretende realizar una aproximación al objeto de estudio.

Las condiciones previas a la pandemia

Desde los años ochenta, con la implementación de las políticas neoliberales y su consecuente ajuste estructural, en América Latina los sistemas educativos y de salud fueron particularmente impactados y desmantelados, lo que propició que la región sea uno de los continentes más desiguales del mundo —situación que con la pandemia se ha visto potenciada—.

En los contextos latinoamericanos, es visible que las asimetrías sociales han determinado que la mayor carga de enfermedad y muerte se distribuya en los grupos que padecen condiciones como las siguientes: ineficiente acceso a servicios y sistemas de salud de calidad, precaria protección social, con derechos y beneficios inequitativos; desigual capacidad de ahorro de las familias; condiciones laborales precarias; políticas públicas que no garantizan el acceso de toda la población al saneamiento ambiental/básico, a la luz eléctrica, al transporte público de calidad, a la educación y a la vivienda digna, entre otras asimetrías.

Los indicadores de pobreza, pobreza extrema y el indicador Gini para América Latina demuestran las desigualdades económicas y sociales. Aunque tales indicadores no son del todo suficientes para medir las desigualdades socioeconómicas, dado que, como fenómeno, la pobreza no es la causa única ni de fondo y tampoco condición exclusiva para que se exprese la desigualdad social, posibilitan vislumbrar un panorama general para comprender el problema:

A associação comum entre pobreza e desigualdade não é totalmente vazia de sentido. A própria caracterização da pobreza recorre sistematicamente à comparação entre “pobres” e “não pobres”, tanto em termos de seus rendimentos, ou de sua participação na renda nacional, quanto em termos de outros atributos e situações. (…) Pobreza e desigualdade são fenômenos ética e socialmente similares, mas economicamente e politicamente diversos (Abranches et al., 1987, pp. 21-22).[1]

En un sentido amplio, los indicadores se vinculan con las desigualdades sociales y económicas porque hacen referencia a la subsistencia —ingreso, alimentación, vivienda, etc.— y de protección —debido a sistemas de salud ineficientes y a la violencia— que demuestran la disparidad en el acceso a bienes y servicios. Por tal razón, se retoman estos indicadores bajo el supuesto de que los ingresos son esenciales para adquirir bienes y servicios en el mercado.

Los datos acerca de los hogares o de las personas que no tienen ingresos suficientes que posibiliten el acceso a bienes para satisfacer las necesidades básicas en América Latina, indican que el 30.8% de personas viven en esta situación y el 11.5% viven en la pobreza extrema (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019b). Por su parte, el indicador Gini en América Latina alcanza un promedio de 0.46 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019a).

En lo concerniente a educación, y acorde con lo planteado en el Marco de Acción para la Educación 2030 que estipula asignar al menos del 4 al 6% del PIB para este rubro, América Latina destina una proporción promedio del 4%. Para salud, en la región se destina alrededor del 2.4% del PIB —aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos el 6%—. En dicho rubro los porcentajes varían, pero ningún país alcanza lo planteado por la OMS. Respecto al porcentaje del gasto social, también es muy variado y va desde un 15% hasta el 30% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019a). El número de camas por habitantes es un indicador que permite visualizar el acceso a los servicios de salud: en los países de América Latina varía desde un 1.6 a 3 por cada 1000 habitantes (Organización Panamericana de la Salud, 2019).

En cuanto a la permanencia en el sistema educativo, en 2016, solo el 59.5% de las/os jóvenes entre 20 y 24 años habían completado la enseñanza secundaria en América Latina. El desigual acceso a la educación se observa en los datos que refieren que entre los jóvenes con más ingresos (quinto quintil), solo el 35.4% de ellas/os no habían terminado la secundaria. En cambio, entre las/os jóvenes del quintil más pobre, solo el 35.4% había finalizado este nivel educativo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019a).

Una pandemia con carácter socio-histórico

Según los datos de Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano, que se basa en tres indicadores para calcular el riesgo de contagio de COVID-19 en la región ‒la falta de acceso al agua potable, el uso de combustibles nocivos dentro de los hogares y la desnutrición‒, unos 142 millones de personas, casi una cuarta parte de la población de América Latina, está en riesgo de contraer el coronavirus (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Cabe mencionar que se denomina “desastre” cuando las instituciones que se establecieron para hacer frente a una crisis por riesgos naturales o emergencias, como las de salud y protección civil, han sido rebasadas, como ha sucedido con los sistemas de salud en países de la región, en los cuales fue necesario activar mecanismos como la reconversión sanitaria (Lavell et al., 2020).

En los territorios urbanos precarizados de América Latina está documentada la carencia de servicios básicos como el agua potable. En 2018, el 13.5% de las viviendas en estos espacios no contaban con acceso a agua potable, y en las zonas rurales el porcentaje era de hasta un 25% sin servicios adecuados (OXFAM, 2020).

Otro elemento que se relaciona con los contagios es el hacinamiento. De acuerdo con los datos, un número mayor a tres personas por dormitorio dificulta al grupo familiar la aplicación de medidas de higiene y aislamiento impulsadas por los gobiernos para evitar el contagio. Por lo tanto, aquellos colectivos cuya vivienda no cuente con las habitaciones necesarias para aislar a la persona enferma, con la infraestructura doméstica básica, el acceso al agua potable y segura, alimentación suficiente en cantidad y calidad, así como otros servicios, tendrán más posibilidades de contagiarse (OXFAM, 2020).

El tipo de medidas implementadas por los gobiernos de América Latina, en particular los revisados en este documento, enfatizaron en: 1) la movilidad, 2) la salud, 3) la economía, 4) el empleo 5) la protección social y 6) la educación/escuelas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). En cuanto a la movilidad, hubo países que prohibieron la entrada de viajeras/os extranjeras/os, cierres y controles fronterizos más exhaustivos, restricción o cierre de lugares públicos y reuniones masivas, otras movilizaciones a través y dentro de los países. En cuanto a la salud, los indicadores que se retomaron fueron la cobertura obligatoria, la cuarentena obligatoria para extranjeras/os, los casos confirmados o sospechosos, el tipo de políticas para tomar pruebas diagnósticas y la reconversión hospitalaria (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). En lo concerniente a la economía, los gobiernos impulsaron restricciones de actividades económicas, controles de precios y cantidades, alivio de la deuda y suspensión de pagos de créditos. En torno al empleo, se impulsaron políticas de protección laboral, permisos de resguardo remunerado, reducción de horas de trabajo, prohibición de despidos. Respecto a la protección social, se identificaron transferencias en efectivo, alimentos, garantía de servicios básicos. En el ámbito educativo, se impulsaron políticas de suspensión de clases presenciales y se otorgaron instrumentos para aprendizajes a distancia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). Una de las primeras medidas en todo el mundo fue la suspensión de las clases presenciales para disminuir la movilidad de las poblaciones, de modo que la alternativa fue continuar con el proceso educativo en una modalidad virtual. Estas decisiones políticas desnudaron otras desigualdades existentes: disparidad en el acceso a dispositivos electrónicos e internet por parte del estudiantado, lo que limitó el acceso a la educación de los más desfavorecidos (Vivanco, 2020).

A pesar de los esfuerzos hechos por los gobiernos en materia de reconversión hospitalaria, el desmantelamiento y desfinanciamiento expresado en el gasto público en salud como porcentaje del PIB ha impactado fuertemente (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019a), y los servicios de salud se han visto desbordados. En el escenario de pandemia son importantes la disponibilidad y acceso a servicios de salud de calidad, así como el tiempo en la atención, de modo que los indicadores de médicas/os y/o camas por cada 1000 habitantes no resultan alentadores pues, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, hay evidencias del aumento de la mortalidad por atención tardía en los grupos que no cuentan con seguridad social o seguro de gastos médicos (Lavell et al., 2020).

Las desigualdades sociales y económicas se potencian por género, raza/etnia y situación de migración. Las mujeres, particularmente, se encuentran en contextos de mayor disparidad pues, por ejemplo, los trabajos a los que tienen acceso son informales, es decir, sin protección social. Además, se observa el aumento del trabajo doméstico, de crianza y cuidado no remunerados, lo que genera menos tiempo para el descanso y el autocuidado (Guerra et al., 2020).

Por todo lo dicho, la probabilidad y riesgo de contagio de COVID-19 están determinados por las desigualdades expresadas en las condiciones materiales precarizadas, a las que se suman las condiciones de salud, las cuales a su vez están vinculadas a las disparidades que existen en los colectivos. Asimismo, en la región se proyecta un escenario de caída del PIB del 5.3%, de aumento del desempleo en un 3.4%, de incremento de la pobreza en un 34.1% y de la extrema pobreza en un 13.5% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).

Una vez planteados los rasgos generales de América Latina que dan cuenta de la desigualdad social estructural, a continuación se presentarán algunas políticas públicas específicas que se implementaron en Argentina, Brasil, Chile y México para afrontar la llegada del COVID-19 a la región.

Argentina: de las luces a las penumbras

El gobierno nacional argentino decretó la emergencia sanitaria el 12 de marzo y el 20 del mismo mes puso en vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para controlar la propagación del nuevo coronavirus. Esta medida desencadenó una experiencia inédita en nuestro país, ya que todas/os las/os habitantes tuvieron que recluirse en sus espacios domésticos, salvo que estuvieran dentro del grupo catalogado como “trabajadores esenciales”. Bajo estas condiciones, el contacto con el espacio público adoptó un carácter excepcional al limitarse a la satisfacción de necesidades vitales tales como la alimentación y el consumo de medicamentos a través de la concurrencia a los denominados “comercios de cercanía” y el acceso a la salud en los centros sanitarios.

La medida del ASPO fue adoptada tempranamente, cuando la pandemia recién llegaba al país, en un contexto en el que la Argentina tenía 128 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y tres muertes.[2] Este carácter temprano del ASPO, que ha sido evaluado por epidemiólogas/os como un acierto debido a que ralentizó la curva de contagios, significó la experimentación de un aislamiento extendido en el tiempo. Al momento de la escritura de este capítulo, mediados de noviembre de 2020, la única región del país que dejó atrás el ASPO por el mejoramiento de sus datos epidemiológicos fue el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las medidas impulsadas por el gobierno nacional y seguidas por las gestiones provinciales y municipales tuvieron un claro impacto en la curva de contagios. De ahí nace el subtítulo de este capítulo. Por aquellos tiempos, Argentina era señalada como un caso exitoso en la región latinoamericana, ya que presentaba muy poco crecimiento diario de contagios y, en consecuencia, muy pocos fallecimientos. Las autoridades públicas insistían en que aquel tiempo era vital para dotar al sistema sanitario de infraestructura luego de décadas de desinversión que serviría ante un eventual pico de contagios. Lo que se quería evitar era el desborde sanitario que ya se veía en ciertos países europeos y que, tiempo después, se evidenció en distintas ciudades latinoamericanas.

Este tiempo fue útil para duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva, para construir hospitales modulares y para importar (principalmente de China) insumos básicos a través de vuelos sanitarios para afrontar la pandemia: respiradores, insumos e indumentaria de bioseguridad que protegiera al personal de salud. Meses después, investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dieron a conocer diferentes descubrimientos o innovaciones técnico-productivas que implicaron que Argentina pudiera dejar de importar ciertos insumos: test rápidos (con resultados en 15 minutos), tapabocas desarrollados con nanotecnología, implementación de diversos tratamientos útiles para recuperar a enfermas/os en un tiempo más rápido y, así, obtener la liberación de camas (terapias de plasma o ibuprofeno inhalado). El gran logro de las medidas adoptadas fue que efectivamente el sistema de salud no colapsó en forma generalizada tal como se experimentó en otros países o ciudades, no se llegó a tener que decidir qué enferma/o tendría la prioridad en la atención. En algunas ciudades puntuales de Argentina, el sistema de salud sí experimentó una situación de estrés, tal como lo definieron las autoridades sanitarias, por su alta ocupación de camas.

A medida que las semanas y los meses transcurrieron, Argentina comenzó a entrar en zona de penumbras. Los casos de COVID-19 se trasladaron del Área Metropolitana de Buenos Aires al resto de las provincias, lo que evidenció la desigualdad en la robustez de los sistemas de salud al interior del país, con un crecimiento importante de la cantidad de casos confirmados y de fallecimientos derivados por el coronavirus. Progresivamente, el país ingresó en los rankings de los países con peores indicadores frente al COVID-19: alta cantidad de contagios, elevada tasa de fallecidas/os por millón de habitantes, altas tasas de positividad en los tests y cantidad diaria elevada de personas fallecidas.

El caso de Argentina demuestra, en parte, que las políticas de aislamiento sostenidas en el tiempo tampoco resultan. A juzgar por los resultados alcanzados, el confinamiento extendido en el tiempo demostró que no todos los grupos pueden mantenerlo: por el hacinamiento en el que viven, por necesidades económicas y/o emocionales, entre otros motivos. De esta manera, los eslóganes “quedate en casa” de las campañas publicitarias de los gobiernos reforzaba desigualdades preexistentes al COVID-19, ya que si bien era ventajoso en términos de evitar los contagios, no todos los segmentos poblacionales podían cumplirlo. Si algo demostró la pandemia es que el virus no era democrático como se decía en los primeros meses: no afectaba a todas/os por igual. Quienes no contaban con trabajos formales y fueron despedidas/os, quienes eran cuentapropistas, las mujeres que reforzaron sus tareas de cuidado al interior de los hogares, las/os mayores de edad que al ser grupo de riesgo experimentaron un confinamiento más estricto con todas las consecuencias emocionales que trajo aparejado, quienes residían en viviendas con hacinamiento, entre otros grupos, conformaron los perfiles poblacionales más perjudicados por el COVID-19.

El caso de Argentina y el desarrollo de una política sanitaria que apostó al confinamiento estricto por tiempo extendido demostró que cuando un país cuenta con desigualdades estructurales preexistentes que están marcadas en su tejido social resulta muy difícil de sostener, casi inviable. Evidentemente, si las autoridades creían que el ASPO estricto era posible a partir del lanzamiento de políticas de asignación de dinero a personas y empresas con montos que resultaban insuficientes, se equivocaron de diagnóstico. Quizás el único indicador positivo que presenta Argentina (y muy destacable) es haber podido evitar el desborde sanitario, pero a costa de una cantidad de personas fallecidas elevada (36 mil habitantes a mediados de noviembre de 2020) y de un perjuicio a la estructura económica considerable.

La llegada del COVID-19 demostró que si no se modifican las desigualdades de un país, las pandemias tendrán un impacto negativo focalizado en los grupos históricamente postergados. Hasta tanto no se combatan las desigualdades estructurales desde las políticas públicas (empleo informal, pobreza e indigencia, (in)acceso al agua potable y cloacas, tenencia del suelo, entre otras), las medidas coyunturales que puedan tomarse frente a un nuevo virus no alcanzarán.

Brasil: la “epidemia del desgobierno”

Lo que hemos nombrado como la “epidemia del desgobierno”, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Brasil, empezó a dar señales de vida aún antes de la confirmación oficial del primer caso y se entrelazó con el inicio del Carnaval, la fiesta popular en la cual multitudes se juntan en todas las regiones del territorio nacional.

Un estudio de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 2020) señaló que el virus ya circulaba en el país desde la primera semana de febrero, aunque la confirmación oficial del primer caso ocurrió apenas el día 26, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, cuando tradicionalmente se finaliza tal evento (en 2020, el Carnaval ocurrió del 21 al 25 de febrero). A pesar de que el 3 de ese mes el Ministério da Saúde (MS) emitió la Portaria nº 188 (2020), en la que se declaró Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV),[3] la realización de la fiesta –caracterizada por las aglomeraciones– no fue objeto de mayor discusión acerca de los riesgos existentes para la población.

Es importante resaltar que Brasil entraba en el segundo año de un gobierno que, tanto a nivel federal como en lo que se refiere al parlamento (Cámara de Diputados y Senado), se ha caracterizado por ser mayoritariamente ultraconservador, con propuestas de desmonte de las políticas públicas, retirada de derechos y persecución a minorías. Ese contexto, en parte, explica la inercia del gobierno federal al lidiar con los primeros casos de la enfermedad, lo que ya advertía la “epidemia del desgobierno” que atravesaría al país en los siguientes meses.

Al momento de escribir este texto, 26 de noviembre de 2020, el país registró 6.204.507 casos confirmados y 171.497 óbitos en razón de la infección por COVID-19. Y aunque las cifras hayan sufrido una disminución, a esta fecha se verificaba en el país, nuevamente, un aumento de la media móvil de casos y muertes (G1, 2020).

En pocas palabras, Naomar de Almeida sintetizó la gestión de la crisis sanitaria en el país: “Triste, lamentable. Irresponsable y criminal, incompetente bajo todos los aspectos” (Almeida-Filho, 2020). De nuestra parte, agregaríamos otros vocablos como, por ejemplo, grotesca y cruel –un retrato de la puesta en práctica, sin tapujos– del negacionismo científico y de la necropolítica adoptada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Sistema Único de Saúde y el enfrentamiento a la pandemia

La República Federativa de Brasil es un país de dimensiones continentales, con una población aproximada de 212 millones de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020). Está dividido en cinco regiones (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur), y configura un territorio de desigualdades que pueden ser aprehendidas en el examen de sus respectivos indicadores económicos, sociales, de género, raza y etnia (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 2020). La pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por su impacto disímil en las referidas regiones y por conformar sucesivas epidemias dentro de un mismo país, con respuestas diferentes a nivel estatal y municipal (Kerr et al., 2020; Lima, 2020). Además de la reconocida determinación social del proceso salud-enfermedad (Laurell, 1982) la pandemia en Brasil también se ha caracterizado por una tasa de letalidad más alta si es comparada con otros países latinoamericanos (Marinho et al., 2020).

Para el análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 en la población brasileña se requiere destacar el papel fundamental que el Sistema Único de Saúde (SUS) ha tenido en el enfrentamiento de la crisis sanitaria (Machado, 2020). Su origen se remonta al final de la década de 1970, en el contexto de la dictadura militar, vinculado a la lucha por la democracia y al movimiento por una reforma sanitaria en el país. Se trata de una conquista histórica, fruto de luchas colectivas y sociales. Respecto a ello, la ampliación del concepto de salud –fundamentada en la teoría de la determinación social del proceso salud-enfermedad– y el reconocimiento de la salud como un derecho a ser garantizado por el Estado se constituyeron como logros importantes, que quedaron plasmados en la Constituição Federal de 1988 (Paim, 2009).

Sin embargo, el déficit histórico en su financiamiento y, en años recientes, el golpe jurídico-parlamentario de 2016 en contra de la presidenta Dilma Rousseff y la conformación del gobierno de Michel Temer abrieron paso para el desmonte sistemático de las políticas sociales y de salud (Morais y Oliveira, 2020). Desde nuestra perspectiva, tales medidas draconianas ocultan el objetivo de privatizar el SUS y atender intereses del capital privado en salud. Esa situación adquirió rasgos de perversidad con el corte al presupuesto frente a la aprobación de la Emenda Constitucional nº 95 (Presidência da República, 2016). De hecho, en su etapa de proyecto de ley, se le nombró como “del fin del mundo”, una vez que congeló la inversión en educación y salud por veinte años.

De modo que la pandemia de COVID-19 aterrizó en Brasil bajo el desmonte del SUS. A pesar de ello, inicialmente, el entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, buscó articular esfuerzos en la dirección de optimizar el SUS para el combate de la pandemia. Sin embargo, el enfoque consistió en la atención de emergencia/hospitalaria/cuidados intensivos en detrimento de la atención básica y vigilancia en salud y sanitaria, vía la realización de pruebas/tests con rastreo y aislamiento de contactos.

En el mes de abril, cuando aún se iniciaba la estrategia de enfrentamiento a la crisis sanitaria, Mandetta fue desplazado, lo que desencadenó un proceso de falta de coordinación a nivel federal, fundamentado en el discurso anticientífico adoptado por el presidente, específicamente dirigido a las medidas anunciadas por la Organización Mundial de la Salud, incluso con la manifestación en público de orientaciones medicamentosas sin comprobación científica (Correio Braziliense, 2020).

En razón de esa ausencia de estrategia federal para el control de la pandemia, su impacto se materializó de manera creciente y sistemática, profundizando y dando visibilidad a problemas ya existentes en nuestra sociedad, aunados a la emergencia de aquellos relacionados con la enfermedad. Por las desigualdades preexistentes, las poblaciones periféricas y excluidas, especialmente negras e indígenas, han estado más expuestas a las infecciones y muertes por COVID-19.

La falta de dirección gubernamental por parte del gobierno federal hacia la población caracteriza el caso brasileño como emblemático en razón de la adopción de una política de indiferencia por la vida, de desprecio por las víctimas de COVID-19 y sus familiares, de rechazo a la normatividad internacional sanitaria, incluso a las medidas de prevención, además del aumento del desempleo y profundización de la precarización laboral durante la pandemia, todo lo cual caracteriza un show cotidiano de horrores sintetizado en frases proferidas por el presidente desde el inicio de la pandemia, por ejemplo:

Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia (17/03/2020, 291 casos oficiais e 1 morte por COVID-19) (Tajra y Teixeira, 2020).

Eu não sou coveiro, tá? (20/04/2020, 40.581 casos oficiais e 2.575 mortes) (Tajra y Teixeira, 2020).

Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas (10/11/2020, 5.701.283 casos oficiais y 162.842 mortes por COVID-19) (Tomazelli et al., 2020)[4]

La falsa dicotomía entre sobrevivencia económica y medidas de seguridad sanitaria (¿morir de hambre o de COVID-19?) generó temor y desamparo en la población, frente a las pérdidas de sus seres queridos y la lucha por la subsistencia. En ese sentido, vale señalar que bajo presión de partidos de izquierda, el gobierno federal definió un auxilio emergencial económico por tres meses para sectores de la población como trabajadoras/es informales, autónomas/os, desempleadas/os, entre otras/os. El propio monto fue objeto de disputa entre el gobierno federal –cuya propuesta era de R$ 200,00– y el Congreso Nacional, siendo definido el valor de R$ 600,00 (aproximadamente 110 dólares). El pago se inició en abril, inicialmente sería por tres meses, pero fue extendido por dos meses más (julio y agosto). Dada la crisis económica, se prorrogó por cuatro meses más, aunque fue reducido a partir de septiembre a R$ 300,00 (aproximadamente 55 dólares) (Brasil de Fato, 2020). Este apoyo económico ha sido capitalizado por el gobierno federal, lo cual amplió la popularidad de su (des)gobierno. Cabe resaltar que, cuando se finalice la vigencia del auxilio emergencial, se calcula que habrá un aumento de 16 millones en el total de personas pobres en Brasil, esto se traduce en un tercio de la población viviendo bajo la condición de pobreza (Canzian, 2020).

Destacamos la gran cantidad de respuestas nacionales durante la pandemia, entre estas, la creación del Comitê do Consórcio Nordeste para o Covid-19 por el Fórum de Governadores do Nordeste, con la finalidad de orientar a estados/municipios en el combate a la pandemia (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, 2020; Rossi y Silva, 2020); la actuación de sociedades científicas vinculadas a la salud pública, como por ejemplo la Associação Brasileira de Saúde Coletiva-ABRASCO, que se ha posicionado activamente con alertas, discusiones, debates y documentos técnicos acerca del riesgo de la actual conducción sanitaria y económica para la vida de las personas y, en conjunto con otras entidades de salud, lanzaron el Plano Nacional de Enfrentamento à COVID-19 (ABRASCO, 2020); el Conselho Nacional de Saúde; la sociedad civil (movimiento feminista, negro e indígena, entre otros) y, muy importante, los grupos de investigación distribuidos en todo el territorio nacional (RedeCoVida: UFBA, FIOCRUZ-MS y Cidacs; Bio-Manguinhos/FIOCRUZ-Rio; Universidade Federal de Pelotas; Universidade de São Paulo; Instituto Butatã/SP, entre otros), que buscan comprender rápidamente la enfermedad y sus impactos sobre la vida de las personas, incluso la producción de vacunas, refutando el negacionismo y fortaleciendo la ciencia en tiempos de pandemia.

Finalmente, el mandato del ya tercer ministro de salud nombrado por el presidente en el curso de la pandemia se caracteriza por la militarización del Ministério da Saúde (Souza, 2020), cuyo gestor no posee formación en salud. En el momento actual, Brasil sigue atestiguando el aumento del número de casos y óbitos, sin asumir la responsabilidad sanitaria ni la planeación para enfrentar la crisis, además del riesgo de la politización en la adquisición, oferta y distribución de vacunas (Mathias y Torres, 2020), lo que sumergió al país en una crisis ético-política y civilizatoria con pocos precedentes en su historia.

Chile: de crisis en crisis

No sería correcto pensar lo que está siendo la crisis sanitaria por COVID-19 en Chile si no es en el marco de uno de los momentos de convulsión social más grande que este país ha vivido en el último tiempo. A marzo de 2020, cuando aparecieron los primeros casos de COVID, llevábamos 5 meses de un levantamiento masivo con expresión callejera pacífica, que, con algunos focos de violencia, demandaba transformaciones profundas para el país. Si bien esta se gatilló por el alza en el precio del transporte, reflejó un acúmulo de malestar de más de 30 años de posdictadura que ha generado el cuestionamiento de órganos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. Pero también esos meses de convulsión social nos dejaron el resurgimiento de expresiones colectivas de cuidado, como las de ollas comunes, formas de alimentación barrial solidaria ante la falta de recursos y los cabildos autoconvocados, espacios de discusión y análisis crítico sobre los problemas sentidos por la ciudadanía y las posibilidades para impulsar cambios profundos.

La pandemia atravesó la crisis social, de alguna forma la puso en pausa, porque nos vimos obligados a salir de la calle y recluirnos en nuestros hogares como una forma de solidaridad y de cuidado hacia quienes se presentaban como la población con mayor riesgo de morir por complicaciones de la enfermedad. No obstante, nos dejó algunos trazados que han sido importantes en el escenario sanitario, que han venido a dar contexto a la pandemia: primero, una profundización de la disconformidad de la ciudadanía con el gobierno actual, que venía ya con bajos niveles de aprobación y un estilo muy exitista que pretendió mostrar un buen manejo de la crisis sanitaria; segundo, nos dejó la evidencia de los problemas estructurales de la seguridad social y la carencia de recursos para la salud: junto al tema de las pensiones y de las administradoras de fondos de pensiones, la salud y la educación encabezaron la demanda por “dignidad”. La demanda en la calle no dejó dudas sobre la forma en que la población vivía la desigualdad y la inequidad. Tercero, la crisis social nos dejó una preocupación transversal por las condiciones de vida que se dan en algunos puntos geográficos de las grandes ciudades, nos mostró la segregación y la vejez como protagonistas.

Sobre ese escenario, podemos decir que la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera ante la aparición de los primeros casos de personas contagiadas a mediados del mes de marzo tuvo tres pilares que buscaron “aplanar la curva de contagios” y, con ello, evitar la crisis que se informaba desde países como Italia y España.

En términos cronológicos y de importancia atribuida a las medidas, el primer pilar fue el fortalecimiento de la red sanitaria de especialidad; el segundo fue la vigilancia epidemiológica y de condiciones socioeconómicas para implementar medidas de confinamiento de la población (que en Chile se denominaron “cuarentenas”); y el tercero, la instalación de la tríada i) detección (testeo por PCR), ii) trazabilidad y iii) aislamiento. A discreción de una mirada distinta sobre las prioridades del gobierno de turno, el pilar económico no formó parte de la estrategia inicial, sino que más bien tuvo un patrón de reacción ante los hechos y buscó la mitigación de las consecuencias de la pandemia, no la protección económica de las personas.

El fortalecimiento de la red sanitaria de especialidad consistió en la provisión de ventiladores mecánicos que permitiera atender todos los casos que lo requirieran. Esto incluyó el impulso para la innovación tecnológica en las universidades del país y con ello la fabricación de equipos de asistencia respiratoria. En lo que pareció una carrera por el abastecimiento desde países centrales, el cuestionamiento de las gestiones diplomáticas y los recursos económicos que se invirtieron, la dotación de recursos humanos técnicos y profesionales con formación suficiente para atender el mayor número de camas para pacientes críticos (y que requirieran apoyo ventilatorio) resultó menos relevante y dejó totalmente desplazado el rol de la salud comunitaria y de cuidados colectivos.

En la propuesta inicial, el gobierno planteó que las estrategias de confinamiento en Chile no seguirían el modelo de “cuarentena total” como estaba ocurriendo en otros países de la región, y esgrimió para ello las nefastas consecuencias que para la economía de los países y de las familias podían implicar. A cambio, se planteó el modelo de cuarentenas dinámicas, que, en función de las condiciones socioeconómicas y las variaciones de las condiciones epidemiológicas de cada territorio, irían alternando los períodos de restricción de movilidad. Aun cuando se instaló el toque de queda en todo el país, se definieron nuevas “zonas de sacrificio”, territorios completos que no obstante el número de contagios, no han detenido la actividad económica, principalmente extractivista de recursos naturales (minería en el norte del país y silvicultura en el sur, solo a modo de ejemplo).

En el marco del exitista estilo de gobierno, las cuentas diarias del Ministerio de Salud nos mostraban un alto número de testeos por PCR, “comparable incluso con países de la Comunidad Europea y muy por sobre la media de América Latina”. Pero el protagonismo de la tríada “testear, trazar y aislar” (TTA) fue tardío en el caso chileno, se perdió importante cantidad de semanas en alcanzar una comunicación oportuna de los resultados de los tests de detección y en organizar la logística para el trazado de contactos estrechos. La necesidad de empleo para la sobrevivencia de las familias y las condiciones materiales de vida, incluido el hacinamiento, hizo visible que el virus no era tan democrático como lo habían mostrado en un inicio, porque si bien podía contagiar a cualquiera, solo algunos podrían aislarse y cuidarse para su recuperación y solo algunos morirían.

Al transcurrir de los meses (8 al momento de escribir estas líneas), los casi 18.000 muertos a lo largo del país y la grave crisis social producto de las precarias condiciones de empleabilidad y monto de las pensiones han dejado en evidencia el fracaso de las medidas propuestas para el control de la pandemia. A mediados del mes de junio de 2020, los servicios hospitalarios de salud pública en la capital del país colapsaron, pacientes en estado crítico fueron enviados en aviones-ambulancia a otras regiones para poder ser atendidos y se realizaron hospitalizaciones en improvisadas salas de centros de atención primaria. Considerando las bajas tasas de sobrevivencia de las personas que por COVID-19 (en distintos países) habían requerido sistemas ventilatorios invasivos, centrar la estrategia en su provisión era casi lo mismo que cavar tumbas.

La demora en posicionar a la Atención Primaria en Salud como un nivel clave para la prevención y la expansión de los contagios es hoy uno de los más graves cuestionamientos al manejo de la crisis sanitaria por parte de las autoridades, investigadas por negligencia y falseamiento en el manejo de cifras de contagios y muertes durante los primeros meses de la pandemia.

Los planes económicos de emergencia se han implementado sobre hechos consumados, se han centrado en los bonos, subsidios y ofertas de créditos por parte del Estado para la emergencia de quienes debieron dejar sus trabajos o emprendimiento. Sin embargo, las únicas dos medidas que han permitido paliar el problema de sobrevivencia económica de la población han sido a costa de los ahorros personales puestos hasta ahora para las pensiones de vejez o los seguros de cesantía, que pasaron a ser una cuenta de emergencia para el pago de una parte de los salarios cuando las empresas despidieron o suspendieron compromisos laborales unilateralmente. La provisión económica y de la salud ha descansado en las personas, no en políticas de protección del Estado.

México: una pandemia neoliberal

El primer caso de COVID-19 se presentó el 28 de febrero. A partir de ese momento se inició la vigilancia epidemiológica y, cuando fue evidente que la transmisión era comunitaria, México declaró emergencia sanitaria y cuarentena general obligatoria en la segunda semana de marzo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).

Cuando aparece la pandemia, México ilustraba una población mayoritariamente empobrecida y una sociedad polarizada, desigual en la distribución de la riqueza y en la oportunidad de acceso a bienes y servicios. Las brechas históricas y estructurales se profundizaron con las reformas del periodo de ajuste estructural y modernización del Estado (1983-2018).

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) heredó un país cuyas condiciones de salud reflejaban una realidad lacerante. Al menos el 57.3% de la población carecía de acceso a la seguridad social y el 16.2% no tenía acceso a los servicios de salud (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2019); mientras que el 75.2% de la población de 20 años y más padecía sobrepeso y obesidad, y el 18.4% y el 10.3% había sido diagnosticada, respectivamente, con hipertensión y diabetes mellitus (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía [INEGI], Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] y Secretaría de Salud [SSA], 2020). En 2018, las primeras tres causas de mortalidad en México se ubicaban en las llamadas enfermedades del sistema circulatorio (19.9%), así como en diabetes mellitus (15.4%) y neoplasias (12%) (CONEVAL, 2018). Estos datos indican que hay un alto porcentaje de la población viviendo con hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y sobrepeso; precisamente, las principales comorbilidades para las formas graves de COVID-19.

La Secretaría de Salud del gobierno de México ha denunciado graves carencias de médicas/os y especialistas en sus diversas áreas clínicas, falta de mantenimiento a su infraestructura hospitalaria y un legado de más de 300 obras inconclusas y abandonadas, algunas por un periodo de hasta diez años (Cruz, 2020). De los 326 hospitales en los que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 49% resulta inviable por fallas estructurales que ponen en riesgo a la población. Adicionalmente, esa misma Secretaría lamentó ya no poder seguir con la construcción de 123 unidades médicas y 37 hospitales, también por sus condiciones de deterioro estructural y, de ese total, 56 unidades del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentran en abandono de construcción o remodelación (Zavala y Morales, 2019).

A pesar de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos federal y estatales en materia de reconversión hospitalaria durante la pandemia, y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al calificar a México como el país de las Américas que mayores esfuerzos ha realizado (Partida, 2020), el desmantelamiento y el desfinanciamiento expresados en el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ‒que en la región no alcanza el 3% y representa menos de la mitad de lo recomendado por la OMS‒ ha impactado fuertemente, y los servicios de salud se han visto superados por la demanda (OXFAM, 2020). Así, en el escenario de pandemia son importantes la disponibilidad y el acceso a servicios de salud de calidad, así como el tiempo en la atención. Los indicadores de personal médico por cada mil habitantes, por un lado, y camas hospitalarias por cada mil habitantes, por otro, no resultan alentadores. Para 2015, por cada mil habitantes había 2.4 médicas/os y 2.8 enfermeras/os, lo que colocó a México en los lugares sexto y cuarto con menos profesionales de la medicina entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y entre estos mismos países, el lugar correspondiente a México en cuanto a país con menos camas fue el segundo al contar solo con 1.5 camas por cada mil habitantes, apenas por encima de la India (CONEVAL, 2018). A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para la reconversión hospitalaria, hay evidencia de que aumentará la probabilidad de muertes por atención tardía en los grupos que no cuenten con seguridad social o seguro de gastos médicos (Lavell et al., 2020).

Las intervenciones ante COVID-19 del gobierno de México, en particular las de movilidad y confinamiento, se han caracterizado por no dirigirse a las personas en lo individual como ha sucedido en otros países, en razón de que las condiciones de las personas, dadas la situación de empleo informal, pobreza y condiciones materiales de vida, no son iguales en toda la población. El abordaje tomó en cuenta la complejidad en la conformación de las sociedades caracterizadas por las desigualdades sociales, y la subjetividad de los colectivos. La subjetividad y las experiencias de vida están determinadas por los elementos económicos, culturales/ideológicos, políticos y geográficos y hay que modularlas tomando en cuenta estas especificidades en el momento de la toma de decisiones para la implementación de medidas higiénicas preventivas. Por ello, el gobierno de México evitó implementar acciones coercitivas en la persona; es decir, la persona no es el actor obligado a cumplir con las acciones. Desde el discurso del gobierno de México, se pensó que las medidas coercitivas centradas en las personas, dada la historia del país, abrirían espacios para el abuso del poder y la violación a los derechos humanos, lo que profundizaría las vejaciones y las desigualdades sociales, y resultaría en una mayor polarización aún de la sociedad mexicana.

Es así que donde recayó el acento de la acción fue en el sujeto social, en aquellos espacios donde ocurre la congregación de las personas: estudio, trabajo, y recreación. Se suspendió la actividad escolar el 14 de marzo a partir de una disposición administrativa. Las actividades laborales fueron suspendidas temporalmente en los sectores público, social y privado ‒excepto las denominadas esenciales‒ y por acciones administrativas dirigidas a espacios públicos: plazas, parques, museos, teatro y cines. A esta primera etapa se le llamó Jornada de Sana Distancia. Posteriormente, el 1 de junio se implementó La Nueva Normalidad en tanto proceso gradual de desconfinamiento conforme se alcanzaban niveles de menor contagio de SARS-CoV-2 de acuerdo con una semaforización.[5] En el mes de octubre, algunos estados de la República regresaron al confinamiento debido al incremento de casos positivos.

La necesidad de incrementar el presupuesto en salud, así como de fortalecer el combate a la corrupción, son otros retos importantes que la pandemia ha permitido visibilizar y cuyo cumplimiento ayudaría a pavimentar el camino de transición al Sistema Único de Salud (SUS). Si bien hay avances significativos desde el gobierno de México respecto a identificar los alcances de la corrupción estructural (Sandoval, 2016) en el sistema de salud, el ahorro por sí mismo que se derive de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana no dotará de los recursos necesarios que la transición requiere. COVID-19, en tanto proceso históricamente determinado, puede ser el catalizador que lleve a resquebrajar la austeridad en salud y, de este modo, incrementar significativamente el gasto público en salud que, de 2018 a 2020, se ha estancado en 2.5% respecto al PIB (Méndez, 2019).

Reflexiones finales

En América Latina, las desigualdades socio-económicas han sido determinantes en el proceso de salud-enfermedad-atención de los diferentes grupos poblacionales durante la pandemia de COVID-19. La forma de enfermar y morir está directamente relacionada con las condiciones de vida y evidencia el carácter socio-histórico de la pandemia. Los modos de vida en sociedades históricamente determinadas, de corte capitalista, y sus desdoblamientos en términos de las contradicciones en salud son inherentes a su estructura económica, política, social, cultural y de género. El COVID-19 reforzó las disparidades al interior de los grupos sociales y ha intensificado las desigualdades en la participación ciudadana y en el acceso a bienes y servicios de toda naturaleza.

A lo largo de las últimas décadas, con algunas excepciones, los gobiernos de la región promovieron un Estado mínimo a partir de las estrategias de desregulación y privatización. El desfinanciamiento y desmantelamiento de los sistemas de salud nacionales generaron servicios sanitarios muy heterogéneos, atomizados y de atención diferenciada para la misma necesidad de salud entre los diferentes grupos, además de estar centralizados en las zonas urbanas. Todo ello dificultó la respuesta ante la pandemia de COVID-19 y hubo necesidad de realizar procesos extremadamente complejos como la reconversión hospitalaria, contratación de personal médico y compra de insumos, tanto para la protección personal como para la atención de pacientes. Estos elementos revelan la precariedad en la que se encuentran los servicios de salud en la región, por lo que es importante trabajar en la configuración y mantenimiento de sistemas únicos, universales, integrales, gratuitos y de calidad.

Otra dimensión que se intrinca con la precariedad experimentada por las poblaciones en la pandemia de COVID-19 en América Latina es la referida a las altas tasas de desempleo e informalidad laboral que, sumadas a la brecha salarial, imposibilitan el acceso a bienes y servicios. De este modo, se potencian las desigualdades sociales y de acceso a la salud y seguridad social, lo que impele a distintos grupos sociales a buscar satisfacer sus necesidades en el mercado informal o con estrategias familiares de vida. La desigualdad estructural expresada en las condiciones materiales de existencia en tiempos de COVID-19 se manifestó en despidos, mayor precarización e incremento del trabajo denominado como uberizado.

Una vasta población de la región en tiempos de confinamiento por la pandemia no pudo dejar de trabajar porque no contaba con el ingreso suficiente para subsistir. Otra gran cantidad de personas no pudieron desarrollar tareas laborales bajo la modalidad conocida como home office/teletrabajo, muchas veces por residir en viviendas con infraestructura doméstica deficiente sin acceso a internet o en condiciones de hacinamiento. La crisis económica, que ya afectaba a la región, se profundizó por la pandemia del COVID-19 e incrementó las tasas de desempleo, pobreza e indigencia.

La situación antes descrita y preexistente al coronavirus en América Latina genera mayor grado de exposición de los grupos históricamente desfavorecidos frente al avance del SARS-CoV-2 y, consecuentemente, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Las mujeres padecen un aumento en la carga de trabajo reproductivo no remunerado y se acentúa la denominada triple jornada en la crisis sanitaria. Aunado a ello, solo ocho países de América Latina tienen dentro de sus políticas sociales el seguro de desempleo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019b) y, usualmente, representan montos de dinero temporales e insuficientes.

Los indicadores sobre los contagios y fallecimientos revelan una pandemia social que incide diferencialmente en los colectivos. Así, las condiciones de salud, atención médica e infraestructura tienen impacto diferencial en la población. Aunque diversos países en la escala internacional no estaban preparados para dar respuesta a la pandemia, en América Latina se develó que la desigualdad socio-sanitaria es la pandemia concreta.

Los datos acerca de las comorbilidades y enfermedades cardio-metabólicas visibilizan las disparidades en las regiones y al interior de los grupos sociales. El retraso y calidad en la atención de los servicios de salud ha sido relacionado con la tasa de letalidad por COVID-19. Esos elementos, como se ha delineado, están vinculados a los determinantes sociales de la salud del proceso salud-enfermedad-atención.

El nivel educativo, relacionado con las políticas sociales, devela el acceso efectivo a oportunidades en contextos de profunda desigualdad social. Por ello, son importantes las políticas que regulen no solo el empleo y el ingreso sino, además, el acceso a servicios educativos, de salud y de infraestructura urbana de calidad desde una perspectiva desmercantilizadora. Solo así se podrán satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones de América Latina.

Las medidas implementadas durante la pandemia develan que las desigualdades socio-económicas entre los grupos y regiones ampliarán las brechas. Por ejemplo, los efectos significativos en el aprendizaje serán distintos entre los que cuentan y los que no con dispositivos electrónicos e internet. En muchos países de la región, la satisfacción alimentaria de familias pobres e indigentes que antes era provista por los programas sociales anclados en el sistema educativo ha dejado de garantizarse (Andrés, 2020).

En este capítulo se han presentado los rasgos generales de las políticas implementadas por Argentina, Brasil, Chile y México para enfrentar al COVID-19 y sus impactos sociales. Con algunos aciertos, pero con muchos más errores, los gobiernos de la región no lograron (y a veces ni siquiera lo intentaron) enmendar las consecuencias de las desigualdades estructurales. La alta tasa de contagios y de fallecimientos y los desbordes sanitarios en distintas ciudades de América Latina son algunos de los indicadores que dejaron al desnudo las condiciones de vida que atravesaban a la región.

Finalmente, y de cara al futuro, se debe destacar que si las políticas sociales que se diseñen e implementen no consideran de manera contundente la reducción de las desigualdades económicas y socio-sanitarias, América Latina habrá perdido una oportunidad para torcer su historia.

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  1. Traducción libre: “La asociación común entre pobreza y desigualdad no es totalmente vacía de sentido. La propia caracterización de la pobreza evoca sistemáticamente a la comparación entre ‘pobres’ y ‘no pobres’, tanto en términos de sus ingresos, o de su participación en la renta nacional, cuanto en términos de otros atributos y situaciones. (…) Pobreza y desigualdad son fenómenos ética y socialmente similares, pero económicamente y políticamente diversos” (Abranches et al., 1987, pp. 21-22).
  2. Con la llegada del COVID-19 a la Argentina, el Ministerio de Salud comenzó a brindar el 5 de marzo de 2020 dos informes sanitarios diarios: uno por la mañana y otro vespertino. Reporte del 19 de marzo, día del anuncio del ASPO, disponible en https://bit.ly/3lbGApA (Ministerio de Salud de la Nación, 2020. Visto el 17/11/2020).
  3. Portaria es un acto administrativo, la nº 188, emitida por el Ministerio de Salud en Brasil, el 3 febrero de 2020, declaraba Emergencia en Salud Pública de importancia Nacional (ESPIN) en consecuencia de la Infección Humana por el nuevo Coronavirus (2019-nCoV)”.
  4. Traducción libre: “Ese virus trajo una cierta histeria. Hay algunos gobernadores, a mi juicio, puedo incluso estar equivocado, que están tomando medidas que van a perjudicar y mucho a nuestra economía” (17/03/2020, 291 casos oficiales y una muerte por COVID-19) (Tajra y Teixeira, 2020). “Yo no soy sepulturero, ¿dale?” (20/04/2020, 40.581 casos oficiales y 2.575 muertes por COVID-19) (Tajra y Teixeira, 2020). “Todo ahora es pandemia, hay que acabar con ese tema. Lamento los muertos, lamento. Todos nosotros vamos a morir un día, aquí todos se van a morir. No sirve huir de eso, huir de la realidad. Hay que dejar de ser un país de maricas” (10/11/2020, 5.701.283 casos oficiales y 162.842 muertes por COVID-19) (Tomazelli et al., 2020).
  5. La semaforización es una estrategia que se ha utilizado en México durante la fase tres de la pandemia. Consiste en evaluar el riesgo epidemiológico de transmisión con los indicadores de ocupación hospitalaria de la red que atienden los síndromes respiratorios, la tasa de positividad al SARS-CoV-2, casos hospitalizados y tendencia de casos sospechosos.


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