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La sobrevivencia en la vejez en Chile: lo que muestra la pandemia sobre la protección social

Carmen Muñoz Muñoz y Franco Aguilar Hidalgo

Introducción

La pandemia por la COVID-19 en Chile está reforzando la necesidad de transformaciones sociales profundas. De alguna manera, la crisis sanitaria ha dado continuidad a la grave crisis social que en forma de estallido social,[1] el 18 de octubre de 2019 nos llevó a manifestarnos en la calle en contra de la clase política y el gobierno de Sebastián Piñera puso el control de la seguridad pública y de la nación en manos de las fuerzas armadas por 10 días, mediante la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia[2] y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2020), nos dejó 3765 personas heridas, 445 con heridas oculares, 2122 heridas por disparos y 271 heridas por bombas de gases lacrimógenos de ataques directos en las manifestaciones.[3] Pero esta crisis social nos dejó, además, la vejez como protagonista de la demanda de dignidad y su transversalización generacional.

Situando el monto de las pensiones de las personas mayores de 60-65 años como centro y determinante de las condiciones de vida de las viejas y viejos en Chile, la pandemia nos está mostrando la cara real de los problemas de acceso y calidad de la salud, los costos de los servicios básicos domiciliarios y de transporte, el reempleo por precariedad económica y la ineficiencia de las medidas subsidiarias de una relación Estado-mercado que está anquilosada como desigual.

Si bien es sabido que en la historia, las crisis sanitarias han gestado grandes transformaciones en las sociedades y de ahí también su vinculación con procesos globales, en el caso de Chile el hipercapitalismo gestado desde la década de los 70 en dictadura cívico-militar, que impulsó la privatización de los servicios básicos y de una parte del sistema de pensiones, tambalea porque el Sistema de Protección Social no ha resistido la presión ante las cifras de población que pierde empleo, se enferma y queda con deuda en la banca privada producto de la pandemia y sus insuficientes medidas de control. Tenemos en Chile un sistema de subsidios estatales y una política focalizada en la mitigación de la pobreza que no hace otra cosa que producir nuevas desigualdades en un Sistema de Protección Social desconectado de la realidad económica y social de gran parte de la población, no solo en relación con las condiciones materiales, sino con la diversidad de vejeces y de necesidades territoriales. Si algo quedaba del exitista envase de la sociedad chilena “inclusiva, moderna y desarrollada” después de la crisis social de octubre de 2019, la crisis sanitaria en curso está terminando con él.

Nuestro juicio se construye a partir de un cuerpo de evidencia y una sensación de indignación que nos moviliza: la evidencia es el análisis de una selección de reportes de prensa escrita publicados en siete meses de pandemia (marzo a octubre de 2020) y que incluyó algunos medios de prensa chilena, como Ciper Chile, El Mostrador, la edición chilena de Le Monde Diplomatique, El Desconcierto, la revista Mensaje y el periódico El Mercurio (de Santiago), seleccionados con base en su cobertura, influencia, dispersión de tendencias ideológicas a las que responden (declaradas o no) y a la calidad periodística. Por otra parte, nuestra sensación de indignación está construida por el tratamiento que la muerte de personas mayores ha tenido en el contexto de la pandemia por COVID-19; poseedores de una historia, dejan atrás un importante acervo de afectos que, claramente, es más que un número en un conteo diario de defunciones.

Lo que presentamos, por tanto, es una reconstrucción cronológica de hechos recientes, la articulación entre actores sociales y las fuerzas que se han tensionado en la discusión ideológica y pragmática a partir del 19 marzo, cuando es declarado el estado de catástrofe por calamidad pública y hasta el mes de octubre 2020. Para comprender los alcances del actual Sistema de Protección Social y sus consecuencias para la salud de las personas mayores en el contexto de crisis sanitaria por la COVID-19, consideramos necesario primero recorrer los hechos históricos que dan cuenta de su construcción y posterior desmantelamiento en la época de la posdictadura.

Desarrollo del Sistema de Protección Social en Chile

Las primeras décadas del siglo XX en el continente latinoamericano están marcadas por profundas crisis sociales y la demanda popular por transformaciones. Las diferencias injustas y evitables en la estructura social caracterizaban una sociedad que, en pos de la industrialización, incubaba una suerte de indiferencia de las clases privilegiadas de la época. En lo que para Rafael Urriola (2009) representa la 1ª etapa de la protección social en Chile, predominó el asistencialismo privado, y aun cuando el Estado aportó infraestructura, escaso interés había por que la inversión de la riqueza del salitre se reflejara en las condiciones de vida del pueblo, lógica que sin duda tuvo a la base de la precariedad sanitaria con que la población vivió las grandes epidemias de viruela de 1872, con 6.782 personas fallecidas; la de sarampión de 1899-1900, con más de 10.000 niños fallecidos en el país; el cólera, que entre 1886 y 1888 dejó aproximadamente 40.000 fallecidos, y la peste bubónica, que en 1903 fue paulatinamente controlada (Laval, 2002; 2003a; 2003b; 2014). En medio de estos desastres sanitarios, que tuvieron máxima expresión en la capital del país, no solo la asistencia era privada, sino que la consciencia sobre ella también: una sensación de la infección y del contagio carente de sentido colectivo y desprovisto de cuidado, que preparaba el terreno perfecto para la propagación de los contagios entre la población.

Hacia 1909, el país contaba con 60 hospitales, 8 hospicios para inválidos, 6 casas de huérfanos y más de 10 dispensarios.[4] Tras una fuerte presión de movimientos de trabajadores y cierta influencia del liberalismo en la clase política, se dio pie a una 2ª etapa de transición de Estado mediador a benefactor, con la promulgación de un cuerpo legal que a partir de 1905 normó las primeras medidas para la seguridad en el trabajo y el primer código sanitario, entre otras, que dieron forma a un Sistema de Protección Social que fue ratificado en la Constitución de 1925, donde la salud, por ejemplo, paso a ser descrita como “ámbito preferente del Estado” (Urriola, 2009, p. 15). En este marco y con el propósito de encauzar estas transformaciones legales de manera pacífica e institucional, se instala la lógica del Estado asistencial en el país, que además de legitimar la demanda del pueblo, se propuso desplazar la caridad, y de paso, transformarse en mediador del capitalismo (Illanes, 1993).

Tras el terremoto de 1939[5] y la irrupción de Salvador Allende en la escena política, primero a cargo del Ministerio de Salud y posteriormente en el Congreso como senador, se dio pie a un proyecto que, desde los fundamentos de la medicina social, propuso la unificación de la beneficencia, la sanidad y la seguridad y protección. Esta idea tuvo en salud el referente de la creación en 1952 del Servicio Nacional de Salud, pero guardaba en su trasfondo no solo la institucionalidad sanitaria, sino un modelo de gestión del Estado democrático, con participación, poder del pueblo y de consolidación de un sistema de seguridad social que eliminara los privilegios abusivos y el burocratismo, en búsqueda de la universalización, además de extender el sistema previsional a quienes no lo tuvieran y “sin pensiones de hambre” (Unidad Popular, 1970).

La dictadura cívico-militar que lo derribó en 1973 instaló una lógica económica de desconcentración, descentralización y privatización del Estado. En lo pragmático, implicó el traspaso de la gestión de servicios y la ejecución de programas al sector privado nacional e internacional y la responsabilización de servicios sociales a la administración municipal[6] (Raczynski, 2008). Producto de lo anterior, se articuló la estrategia de la cobertura ante la demanda y la subsidiaridad que ha administrado precariedad mediante la focalización y la compensación asistencial ante la disminución del gasto público. La crisis económica mundial de la década de los 80 dio marco a una estrategia interna ideológica, para un fuerte ajuste recesivo, que llevó a un techo histórico las tasas de desempleo y el déficit habitacional, entre otros, y que dejó que cerca del 45% de la población clasificara como pobre, del cual 25% era indigente (Raczynski, 2008).

El Sistema de Protección Social en Chile en la pos-dictadura

Los gobiernos de la pos-dictadura[7] recibieron una deuda social significativa. Si bien la estabilidad de la economía internacional y las políticas de ajuste estructural permitieron que a juicio de muchos “la economía sobreviviera” a la grave crisis de los años 80, a principio de la década 90 se hicieron evidentes las consecuencias de la falta de infraestructura, mantención y equipamiento a cargo del Estado durante 20 largos años. La premisa de “crecimiento con equidad” se instaló entonces como eje hasta 2010 (Raczynski, 2008). La seguridad social emergió como un eje conceptual que pretendía integrar medidas orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas y a garantizar niveles mínimos de vida (Robles, 2013).

En la lógica de la globalización, Chile ha adherido a una serie de organizaciones internacionales, donde la protección social ha sido reconocida como un derecho en una serie de instrumentos legales nacionales e internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros), con la finalidad de proteger los intereses fundamentales de la comunidad. Para su instrumentalización, la Organización Internacional del Trabajo (1952) ratifica que seguridad social se entiende como la protección que una sociedad debe proporcionar a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar. No obstante, por tratarse de recomendaciones internacionales, queda a la discrecionalidad de cada país determinar la mejor manera de garantizar su seguridad de ingresos, lo que refleja en sus elecciones, sus valores sociales y culturales, historia, instituciones y nivel de desarrollo económico.

El Estado de Chile reconoce el derecho a la seguridad social como una garantía constitucional (Constitución, 1980), la cual menciona que la acción en esta materia está “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas” y establece como deber del Estado supervigilar su adecuado ejercicio. Su implementación consiste en una red de servicios y políticas diseñadas para ofrecer protección estatal de por vida para los diferentes grupos socioeconómicos en materia de seguridad social, salud, educación y asistencia social para la población más pobre y vulnerable: niñas, niños, jóvenes y personas mayores, entre otros (Robles, 2013), bajo la responsabilidad rectora y de regulación del Estado.

La protección a través de la asistencia social, de seguro social y de protección de riesgos y personas vulnerables aspira a ser una red creciente, intersectorial y articulada en la que se combinan programas sociales y políticas sectoriales para cubrir las necesidades en las distintas etapas y situaciones de la vida. No obstante, dentro de ellos se contemplan transversalmente apoyos sociales en forma de fondos concursables, bonos, aportes, subsidios y proyectos, que destacan el enfoque subvencionador y focalizado en la precariedad en la que viven las personas (Ministerio de Desarrollo Social, 2020; Gattini, 2018). La Tabla 1 muestra, a modo de ejemplo, algunos de los programas representativos del Sistema de Protección Social en Chile y pretende poner en evidencia su precario alcance.

Tabla 1. Aportes del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020, previo a COVID-19
Programa / aporte Focalización Aporte
Asistencia Social (PS no contributiva) Pensión Básica Asistencial (PBA) Personas viejas que no son parte del sistema provisional contributivo USD 179 para personas entre 65 y 74 años; USD 186 para entre 75 y 79 años, y USD 215 para mayores de 80 años
Personas con discapacidad 181 USD
Subsidio Familiar y Maternal (SUF) Personas que no perciben ingresos 13 USD por carga familiar
Seguro social (PS contributiva) Asignación Familiar y Maternal Personas que perciben ingresos no mayores a USD 969 Entre USD 17 y USD 3 mensuales por carga familiar, según tramo de ingreso bruto
Protección de riesgo y personas vulnerables Chile Crece Contigo Grupo de programas focalizado en la niñez vulnerable, que garantiza acceso a una red de servicios que incluye ayudas técnicas, sala cuna y jardines infantiles, entre otros, pero no aporte pecuniario directo
Chile Cuida Entrega servicios de cuidado domiciliarios para apoyar a las y los cuidadores de PM en condición de dependencia funcional moderada o severa
Chile Seguridades y Oportunidades Ofrece programas de acompañamiento a familias en situación de extrema pobreza, calle y con adulto significativo privado de libertad. Apoya económicamente para los traslados a las actividades que organiza
Elige Vivir Sano Programa que busca promover vida saludable a través de la alimentación, el ejercicio y la responsabilización de estilos de vida individuales

Fuente: Elaboración propia, basado en información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile (2020), disponible en https://bit.ly/3pO0Zob.

Así, en su intento de proteger a la población frente los diversos riesgos sociales, el actual Sistema de Protección Social chileno presenta estrategias que culminan en irónicos privilegios más que derechos, ya que prioritariamente se ubican bajo la figura de transferencia social condicionada a situaciones de vida específicas, que con origen en la carta fundamental vigente, no solo carecen de garantías para el derecho a la seguridad social, sino que además imponen limitantes para su regulación o modificación (Montt y Coddou, 2020).

Las personas viejas en la doble crisis: sanitaria y social

La edad de jubilación en Chile es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. En la lógica del etarismo, este constituye el paso a la denominada tercera edad. Ante el inicio de la pandemia en el mes de marzo, fueron identificados como “población vulnerable” junto a niñas, niños, trabajadores del área de la salud, enfermos graves y/o con cuadros crónicos. Pero la presentación de las cifras permite ver que la “vulnerabilidad” anticipaba la pandemia: según la más reciente Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN, 2017),[8] cerca de 3,5 millones de personas se encontraban en este segmento y de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones,[9] de las 7.548 mujeres que se jubilaron en el mes de febrero de 2020 (pensiones contributivas producto de ahorro y su capitalización), el 50% obtuvo una pensión menor de $29,887, esto es, aproximadamente 38 dólares estadounidenses mensuales (Báez, 2020).

Tras 40 años del inicio del sistema de capitalización individual obligatorio, sus resultados corroboran que quienes no tuvieron en su trayectoria de vida un trabajo estable, formal y con buena remuneración, se enfrentan a este desastroso escenario (Fajardo, 2020). Esta ya conocida realidad no solo está haciendo que una parte importante de la población sobreviva en función de los insuficientes subsidios estatales (varios de los cuales son temporales), sino que mantengan la necesidad de un empleo remunerado, la dependencia intergeneracional, el trabajo en condiciones precarias y el endeudamiento como forma estructural de vida, de manera que nos parece lógico cuestionar que la vejez en sí misma constituya vulnerabilidad por aspectos fisiológicos que son comunes a los seres humanos. Lo que precariza la vida de gran parte de las personas mayores son las condiciones estructurales sociales y económicas, denominadas desde la Salud Colectiva como determinación social de la salud (Morales, Borde Eslava y Concha, 2013), que terminan en la enajenación de las personas, sometidas a la producción capitalista y a las relaciones de poder y dominación que devienen en la profundización de problemas de salud en una deficiente estructura sanitaria.

Como datos a nuestra tesis, la prensa recientemente ha refrescado la producción de datos oficiales: el segmento de mayores de 60 años es el que en los últimos meses más aumentó la deuda impaga personal (o morosidad), sumando cerca de 660.000 personas. Esto no parece desproporcionado si consideramos que el 74,9% del total de hogares chilenos se encuentra en la misma condición; muy probablemente el 36,7% de las o los “jefes de hogar” en edad de jubilación que aparecen en la Encuesta CASEN (2017) como laboralmente activos vieron suspendidos sus contratos, desvinculados o restringidos de sus actividades laborales independientes.

Ante la consabida expectativa de que la solución a la vejez precarizada o vulnerable sean las redes de apoyo familiar, el escenario nacional tampoco es alentador: los datos sociodemográficos previos a la pandemia muestran que cerca del 40% de los hogares chilenos tiene a lo menos una persona mayor en su composición y que en el 48,9% de los casos el cuidado de estos recae en una mujer, independientemente de otras ocupaciones (remuneradas o no) que ellas desarrollen; otras 460.000 personas mayores de 60 años viven solas, 300.000 de ellas mujeres (Báez, 2020). En la lógica de la explicación teórica, esto resulta una evidencia de lo propuesto por Esping-Andersen (1990), donde en ausencia de un Estado de bienestar, o su debilitamiento, y las características de un mercado avasallador, poco flexible y eficiente en sus propósitos, el familiarismo de los cuidados aparece como única respuesta para lidiar con el mercado y con las demandas de una emergencia.

En este marco, una de las medidas de protección más polémicas usadas fue la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, que rigió entre los meses de mayo y septiembre de 2020. Esto no solo tocó la dignidad por la restricción de sus autonomías, sino que también afectó la subsistencia económica (Torres, 2020), una prueba más de la exposición al abandono, al prejuicio, la discriminación y la invisibilización de las necesidades económicas de esta población.

Desconocemos la variabilidad que COVID-19 nos dejará en las cifras cuando esta crisis sanitaria termine, pero no la necesitamos para proyectar el enorme esfuerzo que desde el punto de vista del cuidado cotidiano, económico y emocional nos están dejando el confinamiento, el temor y 14.207 muertes que a nivel nacional se cuentan de manera oficial al término del mes de octubre de 2020. En el evolucionar de este desastre sanitario, al mes de julio de 2020 se indicaba que 83,9% de las personas fallecidas por COVID-19 eran mayores de 60 años, sin considerar “los casos sospechosos”; en agosto, el 62,4% de las personas fallecidas en el país fueron mayores de 70 años (Torres, 2020) y aunque había una baja tasa de contagios (cerca del 16% en el mes de julio), la proporción cambiaba drásticamente al 49,3% del total por hospitalizaciones de mayores de 70 años, lo que resultaba coherente con la evidencia científica internacional, que desde el inicio de los contagios nos alertaba que la tasa de mortalidad sería 26 veces mayor para las y los mayores de 60 años. A finales del mes de octubre de 2020, el porcentaje de fallecidos mayores de 60 es de 84,29% del total.

En otro de los conteos más duros de estos datos, el periódico digital Ciper Chile identificó que la mortalidad en los hospitales públicos de enfermos de COVID-19 duplica la de las clínicas privadas, teniendo como ejemplos más extremos las diferencias en las tasas de mortalidad entre un hospital de la red de salud pública (25,1%) versus las que muestra una de las clínicas privadas con más altos aranceles a nivel nacional, ubicada en una de las tres comunas más ricas del país (5%). En el terreno al que nos convoca este análisis, es relevante entonces considerar que casi la totalidad de personas mayores en Chile se atiende en el sistema público de salud y que el gasto per cápita de los usuarios de salud privadas es más del doble que para el público (Penaglia y León, 2020).

Desde el enfoque de curso de vida, las crisis representan puntos de inflexión significativos en las trayectorias vitales de las personas mayores. Así, quienes en la vejez sobreviven hoy a la pandemia por el virus SAR-Cov-2 traen un acervo de crisis políticas y sociales, una historia que, invisibilizada, los distingue: la crisis política de la dictadura que en la juventud y adultez les hizo reaccionar o les intimidó y la crisis social que inició en octubre del año 2019, que no obstante aún no termina, les posicionó en la agenda pública intergeneracional con el llamado a una mayor “dignidad” y les visibilizó como protagónicos sujetos de derechos (Osorio, 2020).

Si bien el diagnóstico sobre la necesidad de generar sociedades más igualitarias, que combinen el crecimiento, protección y libertades individuales sin afectar la estabilidad financiera parece indiscutible, los meses recientes han venido a ratificar el cuestionamiento sobre el tipo o rol del Estado en nuestras sociedades contemporáneas. Lo que para algunos resulta ser el fracaso de las “medidas regulatorias” que le dan cuerpo al Estado de bienestar entendido en la actualidad (Madero, 2020), para otros, el problema radica en que el modelo de Estado se asiente sobre el principio de capitalización laboral individual para la satisfacción de necesidades sociales y universales, que deja la tríada mercado-individuo-Estado en ese orden de relevancia, y una serie de barreras burocráticas y tecnocráticas para el acceso a las medidas paliativas de la seguridad social (mal llamadas “beneficios sociales”).

Desde su origen, el aporte previsional solidario o pilar solidario tuvo una lógica de focalización hacia las personas mayores más vulnerables ante la pobreza, pero la evidencia muestra que en los últimos años y de manera progresiva, la calidad de vida en la vejez es más dependiente de la capacidad de pago, de manera que el aporte material subsidiario se ha transformado en una forma de administrar precariedad, y de manera perversa transfiere aportes del Estado a la empresa privada para el pago de medicamentos, de atención sanitaria privada ante la insuficiencia de la red de salud pública y para el pago de servicios básicos como luz, agua y deudas bancarias.

La lógica del Estado de Chile para la protección social ante la crisis sanitaria por COVID-19

Al igual que en el mundo, las medidas tomadas para controlar los contagios y “aplanar la curva” que evitara el colapso de los sistemas sanitarios generaron un descalabro en la organización cotidiana de las personas y un detrimento económico cuya primera expresión conocimos en la esfera de la vida privada, y que en la mayoría de los casos se mantiene. Las primeras medidas las conocimos para la Región Metropolitana y La Araucanía[10] e incluyeron cuarentenas (por 7 días), instalación de cordones y aduanas sanitarias bajo control policial y sanitario (para disminuir el tránsito terrestre entre regiones hacia segundas viviendas) y la organización de residencias sanitarias como estrategia para quienes no contaban con condiciones de aislamiento en sus casas. Se suspendieron las clases y los trabajos no esenciales, manteniendo en funcionamiento farmacias, bancos, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos, centros médicos y de emergencia.

En ausencia de un ingreso universal garantizado y con 18,1% de trabajadores dependientes que reciben el sueldo mínimo de 216.000 pesos líquido mensual o menor (cerca de USD 275) y 70% que percibe menos de 455.000 pesos líquidos mensuales (esto es, USD 581) según la encuesta CASEN 2017, se evidenció una estructura de salarios bajos, en torno al mínimo establecido por ley (Fundación Sol, 2020) y las consecuencias de ello. El cuestionamiento desde previo a la pandemia ha sido que la “política bonos” resulta en una especie de brazo operativo de trasferencias indirectas de los recursos públicos hacia los privados, en la medida que los subsidios terminan costeando necesidades provistas desde lo privado. Como estrategia ya conocida y dirigida mayormente hacia el 40% de la población con más bajos recursos, los aportes que se incorporaron en época de crisis sanitaria fueron “ingreso mínimo garantizado” y “bono COVID”, que se sumaron a otros y que, de manera indirecta, reconocen el negativo resultado de la capitalización individual para las pensiones y los sistemas de aseguramiento con cargo a la clase trabajadora a través de la activación del seguro de cesantía.[11]

El 19 de marzo de 2020 se dio a conocer el Primer Plan de Emergencia Económica, con impacto en el Sistema de Protección Social. El paquete de medidas incluyó el refuerzo de presupuesto al sistema de salud que aportara con la mejor provisión de horas de trabajadoras y trabajadores que debiesen entrar en periodos de aislamiento preventivo o para recuperación. Días después (24 de marzo) se legisló de emergencia la ley para regular el trabajo a distancia y se anunció el Bono COVID-19 para personas con Subsidio Único Familiar, familias del Sistema Seguridades y Oportunidades y hogares que pertenecieran al 60% más vulnerable y la entrega de kits de higiene para quienes se encontraban en situación de calle (parte de los planes de invierno habituales). El Bono COVID-19 en cuestión consistió en un pago único a la familia o beneficiario, ascendió a $ 50.000 por cada carga familiar, equivalente a USD 63.

La presión por el descalabro económico hizo que la estrategia en el mes de abril se cambiara por “cuarentenas dinámicas”, que si bien en principio buscaban integrar las características socio-demográficas y económicas de las comunas terminó siendo la decisión de confinamiento solo de acuerdo con el avance epidemiológico de la pandemia. La segunda parte del plan económico de emergencia, que se conoció el 8 de abril, incluyó medidas para fortalecer la liquidez en el mercado financiero y flexibilizar normas que permitieran un mejor acceso de las empresas a los créditos.

En términos sanitarios, en el mes de marzo se anunció la primera persona fallecida por COVID-19 en Chile: una mujer de 82 años de quien solo supimos que no se habían “extremado medidas de apoyo terapéutico”, forma en que el ministro de la época usó para mal explicar la muerte de personas de avanzada edad. En el mes de abril, el Ministerio de Salud comunicaba que un 92,98% de los decesos correspondía a personas mayores, motivo por el cual se establecieron cuarentena para los recintos de cuidado de persona mayores y residencias transitorias como forma de evitar contagios masivos, que se habían conocido en el caso europeo. La campaña “Cuenta Conmigo”, iniciativa que buscó fomentar el vínculo entre las y los viejos y la comunidad, se lanzó también ese mes para articular redes de apoyo para compras, visitas y contención emocional.

El mes de junio de 2020 se marcó como el más duro en términos de contagios en el país. Colapsó el sistema sanitario en la Región Metropolitana y los números de muertos diarios hizo que los servicios fúnebres tardaran en promedio 48 horas más de lo habitual. A pesar de que la positividad en personas mayores correspondía en ese momento a un 16%, la tasa de mortalidad para esta población fue de 13%, esto es, 26 veces superior a la tasa de las personas menores de 59 años. Esto significó que la población de personas mayores acumulara un 84% de las muertes por COVID-19 en el país, situación crítica si se contrasta con las declaraciones de mejorías acerca de la pandemia con las que el gobierno se paseaba en los informes diarios.

En esa misma lógica y a pesar de este grave panorama, el gobierno dio inicio en el mes de junio al Plan Nacional de Movilidad, que tuvo como propósito implementar diversas acciones que permitieran resguardar la movilidad de las personas en los espacios públicos viales y en el transporte público durante el desconfinamiento y así prevenir el contagio de COVID-19. Mientras, la Fundación Míranos comunicaba que desde el 25 de marzo las atenciones por conductas suicidas en adultos mayores habían subido más de un 100% (T13, 2020).

A dos meses de iniciada la pandemia en Chile, con una fuerte crítica a la forma en que el gobierno manejaba la pandemia en relación con la credibilidad de los datos usados en los reportes diarios sobre contagios y muertes (que terminó con el cambio del Ministro de Salud el 13 de junio) y la explícita vulnerabilidad social que se veía en las calles de las comunas pobres de las ciudades más grandes del país, se promulgó la ley que establece un Ingreso Familiar de Emergencia para las familias que se encontraban por debajo del 60% de vulnerabilidad y para hogares que tenían al menos una persona mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria, que como muestra la Tabla 1, es financiada con recursos del Estado para vejez y discapacidad.

Como una forma de palear las críticas por transparencia y el estilo no solo desconectado, sino además torpe e insensible del gobierno, ante la gravedad de la situación se pone en marcha el Plan Alimentos para Chile, que buscó llevar 2,5 millones de canastas de productos alimenticios y de higiene a las familias más vulnerables y de clase media que se encontraban en cuarentena. El cuestionamiento entonces se trasladó a los contratos con las empresas privadas para la compra de alimentos que se usaron en las cajas y en el mecanismo de entrega “puerta a puerta” que permitió un espacio de publicidad política a costa de mayor riesgo de contagios y de la apropiación del sufrimiento de otros. La respuesta comunitaria fue nuevamente (al igual que para octubre de 2019) las ollas comunes[12] en distintos sectores del país, que se consolidaron como estrategia de cuidado comunitario frente a la necesidad de alimentación que no logró o fue tardíamente suplida por el gobierno en momentos en que Chile se ubicaba como el país con más contagios por millón a nivel mundial.

En este contexto de fragilidad sanitaria, cuestionamiento al gobierno y temor, en el mes de junio, se hace entrega de nuevos bonos para las personas mayores, y se ejecuta, a nivel nacional, el Plan Solidario de Servicios Básicos, medidas dirigidas a los usuarios que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables y que entregan facilidades y postergaciones para pagar las cuentas de la luz y el agua, así como asegurar la conectividad a internet de los hogares.

El comienzo de la discusión por el retiro del 10% de los fondos ahorrados en las Administradoras de Fondos de Pensiones[13] instaló un intenso debate acerca de sus efectos en las futuras pensiones y sistemas administrativos, pero también reposicionó la discusión sobre el Sistema de Protección Social como eje principal para asegurar la sobrevivencia y dignidad durante la pandemia. En el intento de contención de la propuesta, el gobierno anunció un paquete de medidas para la “clase media”: la postergación del pago de créditos bancarios, nuevas opciones de “crédito blando COVID-19”, la entrega de un subsidio para el arriendo y la ampliación del plazo de las postulaciones al “crédito con aval del Estado” para el financiamiento de la educación superior, otorgó una nueva versión del IFE que amplió el número de familias que recibirían el bono y lo extendió por más tiempo (4 meses).

Pero mientras la Encuesta Social COVID-19, que buscó caracterizar los efectos socioeconómicos directos e indirectos que ha generado la crisis sanitaria en los hogares del país, mostró que un 59,4% de los hogares declaran haber disminuido sus ingresos totales durante la emergencia, el “mes del adulto mayor” (octubre), el gobierno hizo pública la Ley de Envejecimiento Positivo, que contempla un fortalecimiento institucional que busca garantizar los derechos de participación social, la generación de un sistema de ciudades amigables con las personas mayores y la incorporación de derechos laborales con un contrato especial de trabajo. En lo que consideramos un nuevo pero no sorpresivo desacierto, parecen desconocer que las vejeces pueden ser positivas, saludables, activas y/o con bienestar solo en la medida en que se cuente con seguridad económica, que deberá estar provista en la nueva Constitución porque tal como se plantaba en la propuesta social de 1970, el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.

A modo de conclusión

La pandemia ha dejado en evidencia que la manera en que crecemos no solo determina nuestra forma de vida, sino que también dispone de la escenografía para nuestra muerte.

Nuestra forma social actual les está dejando a las estructuras familiares el peso de la atención y el cuidado de nuestras necesidades vitales para una vejez digna. La familia, sostenida por un mercado que extingue la dignidad y una caridad estatal que profundiza la desconfianza y el dolor, nos deja la desazón y la pregunta de si no estamos en un perfecto modelo de limpieza social, en palabras de Bauman (2011), una “baja colateral” de población doblemente “vulnerable: vieja y pobre”. La pandemia expuso a las personas mayores, en un mismo tiempo, a los más grandes temores que solemos escuchar de ellas y ellos: el temor a la soledad, el temor a enfermar gravemente o que una persona querida se enferme gravemente, el temor a que un ser querido fallezca y el temor a tener que depender de otra persona (Fajardo, 2020).

Parece en la línea de la locura pensar que aquellas circunstancias colectivamente apremiantes debieran disponer de estrategias que también colectivicen las medidas de emergencia, que se proyecten sobre una línea base que no se improvise y que incluya dignidad para la vivienda, el sistema de transporte público, el acceso al agua, el derecho a educarse y a atender su salud con un alto estándar, sin necesidad de hipotecar el bienestar financiero de un grupo familiar. El sufrimiento colectivo, social, no tiene cabida, no debiera tener cabida en una mirada ética sobre la humanidad, ni color político, ni siquiera ideológico.

Referencias

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Canal Facultad de Ciencias Sociales UBA (29 de septiembre de 2020). Seminario: Reflexiones sobre el impacto del COVID-19: envejecimiento y curso de la vida [Archivo de video]. YouTube. https://bit.ly/35OOReG.

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Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre los estándares mínimos de seguridad social. N.º 102. 4 de junio de 1952.

Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2010). Los tres grandes retos del Estado de bienestar. Editorial Ariel.

Fajardo, A. (22 de julio de 2020). La tragedia de los adultos mayores en Chile: de 7 mil a 10 mil fallecidos por COVID-19. El Mostrador. https://bit.ly/2IWsQ4V.

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  1. Repetimos la denominación de estallido social porque es la forma más usada en redes sociales, aun cuando tiende a poner énfasis en la violencia de las manifestaciones. Consideramos que los procesos a los que dio pie constituirán en la historia una revolución, en la medida que han tensado el cambio de la constitución política vigente desde 1980, que se escribirá por primera vez por personas especialmente electas para ello guardando paridad de género.
  2. El Estado de Excepción Constitucional es un mecanismo que permite alterar la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas por razones extraordinarias y graves.
  3. Respecto a las cifras, Fiscalía Nacional en su último reporte contabiliza 8.827 casos de violencia institucional, de los cuales 1.362 son denuncias por menores de edad, 24 por ciudadanos mapuches y 32 por pertenecer a diversidades sexuales.
  4. Los dispensarios entregaban atención ambulatoria. Además, en el mismo período se inauguraron los primeros cementerios y un lazareto en 1909.
  5. Sismo ocurrido el 24 de enero de 1939, que tuvo una magnitud estimada de 8,3 Ms con epicentro cercano a Chillán. Se estima que murieron 30.000 personas y dejó una gran destrucción de la zona centro-sur del país, una de las más prósperas económicamente en la época.
  6. Los municipios en Chile corresponden a la unidad administrativa del Estado de menor tamaño, que durante la dictadura se transformó en administrador de la Atención Primaria en Salud y de la red de establecimientos educacionales primarios y secundarios.
  7. Período comprendido entre 1990 y la actualidad, que hace referencia a la salida de Augusto Pinochet de la presidencia, el restablecimiento del Poder Legislativo y las elecciones mediante votaciones populares, pero que no transformó la dinámica de la dictadura cívico-miliar. Sobre la base de la “lógica de los acuerdos” ha perpetuado la injusticia por violaciones a los DD.HH., ha negado el respeto a los pueblos originarios, ha permitido la consolidación de un modelo económico y ha mantenido una constitución política que, escrita en 1980, es una plataforma solo para mantener privilegios.
  8. Encuesta realizada a nivel nacional, con periodicidad trianual, para conocer la situación socioeconómica de los hogares y la población del país. Los últimos datos disponibles corresponden a 2017.
  9. Órgano contralor y autónomo, que en representación del Estado vela por el funcionamiento correcto del sistema de pensiones, denominadas en Chile “Administradoras de Fondos de Pensiones” (AFP), empresas privadas creadas en 1980 que administran los ahorros de toda la población, obligada por ley a cotizar mensualmente, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas, que mantienen un sistema paralelo y exclusivo.
  10. La Región de la Araucanía, junto a la Metropolitana, ha sido uno de los territorios más afectados por el número de contagios. Se incluye en este grupo también la Región de Magallanes, Los Lagos y por el extremo norte del país, la Región de Arica y Parinacota. Aun cuando carecemos a la fecha de una explicación suficiente, oficial y el gobierno se niega a reconocer una vinculación directa del fenómeno con condiciones socioeconómicas de los territorios, en estas regiones se concentran los números más elevados de pobreza, migración irregular y matriz productiva extractivista.
  11. El seguro de cesantía es un ahorro paritario (persona trabajadora y empleadora) y obligatorio en una empresa privada. El seguro entrega protección económica en caso de desempleo del trabajador. El Estado lo presenta como un instrumento de seguridad social, no obstante, permanece solo hasta el límite de los recursos ahorrados.
  12. Se corresponde con una idea de alimentación colectiva, propia de sectores populares y pobres que, nacida en época de la colonia, consiste en la provisión, preparación y distribución de porciones de alimento para varias personas, que se involucran en el proceso.
  13. La iniciativa consistió en la autorización de retiro del 10% de lo ahorrado en las Administradoras de Fondo de Pensiones, bajo la lógica de que la emergencia social requería medidas extraordinarias. Con gran éxito mediático, la discusión giró por una parte sobre la falta de respuestas del Estado ante la crisis y la absorción a cargo individual de los costos de un problema colectivo y por otra parte, sobre la evidencia que dejaba el sistema de capitalización individual, en la medida en que el efecto del retiro no se vería reflejado al momento de la jubilación, especialmente por la baja rentabilidad de los fondos.


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