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Reflexiones sobre estigmatización social, desinformación y COVID-19 en México

Beatriz Irene Sánchez Trampe

La determinación social asociada a COVID-19 en México devela, en primera instancia, el deterioro de las condiciones de vida de la población producto de las políticas neoliberales de los periodos de ajuste estructural y modernización del Estado (1983-2018), el desmantelamiento del sistema de salud público como efecto de la privatización en salud, así como la preocupante intensidad de una epidemia de enfermedades crónico degenerativas vinculada, principalmente, a la emergencia de la dieta neoliberal (Otero, 2018) impuesta por el capitalismo de las corporaciones y agudizada con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En segunda instancia, COVID-19, en tanto proceso históricamente determinado, pone al descubierto desigualdades estructurales construidas, sostenidas y disputadas a partir de los lugares que los distintos grupos sociales ocupan en las relaciones de explotación y de dominación de las que forman parte. Dichas relaciones, si bien configuran de manera diferenciada condiciones de vida y condiciones de salud a partir de mecanismos operados para mantener los privilegios de aquellos grupos dominantes, tienen carácter dinámico y flexible que permite, a su vez, cuestionar la legitimidad que sostiene dichas opresiones. Durante la pandemia asociada a COVID-19 se observa un conjunto de procesos de estigmatización (Corrigan et al., 2010; Ottati et al., 2005; Overton y Medina, 2008) asociados a estereotipos y prejuicios contra determinados grupos sociales. Dichos procesos, en algunas circunstancias, contribuyen a profundizar aquellas desigualdades derivadas de la explotación y de la dominación y, por lo general, además de expresar su concreción en la negación y/o limitación de derechos y/o de política pública, acuden al orden simbólico para legitimar su acción.

La presente reflexión, en consecuencia, aborda la construcción de procesos de estigmatización contra colectividades asociadas de una u otra forma a COVID-19 en México. La infodemia y la desinformación participan activamente de la estigmatización y sus responsables, principalmente dueños de los grandes medios de información, lejos están de jugar un papel neutral en la disputa política por capitalizar la enfermedad y, mucho menos, por reconocer su determinación social. La estigmatización de la que aquí se da cuenta no solo fortalece y crea estereotipos negativos, también contribuye a entorpecer la respuesta social organizada frente a COVID-19.

Finalmente, se ubican algunas acciones que pueden contrarrestar la construcción de estereotipos negativos y su posible discriminación. Se reconoce, además, que el compromiso político de la Salud Colectiva por transformar desigualdades e inequidades sociales a través de cambios estructurales en la política económica y en el ejercicio del poder resulta hoy más vigente que nunca.

Proceso de estigmatización

Estigma, en tanto categoría de análisis, hace referencia a características atribuidas a personas y/o colectividades socialmente identificadas como negativas. Su definición textual proviene del latín y, en términos de la Real Academia Española (RAE), alude al “desdoro”, a la “afrenta”, a la “mala fama”, a una “marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como signo de esclavitud” (Real Academia Española, s.f., definiciones 2 y 4). A lo largo del tiempo, las sociedades han simbolizado lo considerado como inferior, y dichas simbolizaciones representan metafóricamente no solo lo considerado marginal, sino también a las propias sociedades donde se generan y se transmiten las valoraciones (Goffman, 2009; Marichal y Quiles, 2000).

Estigmatización, en tanto proceso social, inicia cuando una marca o etiqueta es colocada en colectividades con el fin de significar características presumiblemente negativas, a partir de nociones culturalmente aceptadas, y así catalogar a aquellas colectividades que representan o pueden representar una amenaza para los intereses de los grupos dominantes. A quienes se estigmatiza se les viste con creencias y expectativas que configuran, de este modo, estereotipos. Los estereotipos, en tanto representaciones almacenadas en la memoria de las personas, se aprenden y comparten en grupos de convivencia. Cuando no existe mayor juicio analítico en los sujetos, los estereotipos configuran prejuicios que, poco a poco, se naturalizan y se interiorizan.

Los estereotipos pueden ser positivos o negativos. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) ha identificado que, en México, el color de piel clara, así como las profesiones de la salud y las relacionadas a los ámbitos de la docencia e investigación, se valoran socialmente como positivas. Cualidades como honestidad, compasión, compromiso o cuidado son esperadas de personas con estas características.

El miedo constituye la principal emoción asociada a la producción de estereotipos y prejuicios negativos. El rechazo y la discriminación, en tanto comportamientos sociales, reflejan la respuesta a dicha emoción. La discriminación puede provocar respuestas sistemáticas reforzadas por actitudes de rechazo o exclusión colectiva. Dicha exclusión se refleja en la desigualdad de oportunidades para el acceso a servicios públicos como educación, salud, procuración de justicia, entre otros. Las diferentes manifestaciones de discriminación se relacionan a características como pertenencia étnica, edad, enfermedades, género, origen étnico, apariencia corporal, orientación sexual, entre otras (Corrigan et al., 2010; Goffman, 2009; Ottati et al., 2005).

Se han observado acciones discriminatorias vinculadas a estereotipos y prejuicios (Figura 1) asociados a COVID-19, como parte del proceso de estigmatización del que aquí se da cuenta, durante los primeros ocho meses de la emergencia sanitaria en México.

Figura 1. Proceso de estigmatización social asociado a COVID-19 en México

Fuente: Elaboración de Beatriz Irene Sánchez Trampe a partir de Corrigan et al. (2010), Ottati et al. (2005), Overton y Medina (2008).

Amenaza, miedo y desinformación en la construcción de la estigmatización

COVID-19 ha sido globalmente identificada como amenaza directa contra personas y comunidades enteras. Por la incertidumbre de su origen y de su manejo, por la facilidad de contagio del virus que la desencadena y por su rápida propagación mundial, COVID-19 ha sido catalogada como una enfermedad peligrosa e incontrolable. Instancias internacionales de salud como la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como diferentes instituciones universitarias y de investigación, han emitido recomendaciones de prevención y de manejo social de la enfermedad.

En paralelo a la información oficial, medios de comunicación nacionales y extranjeros han generado una peligrosa infodemia y desinformación cuyos contenidos incluyen estereotipos negativos para referirse a COVID-19. La infodemia masiva, definida por la OPS como “una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan” (2020, p. 2), se inscribe, además, en los terrenos de disputa financiero-comercial y político-electoral. Jenaro Villamil, quien encabeza el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reconoce que la infodemia representa un grave problema que genera miedo, desconfianza y polarización. Adicionalmente, relaciona los ataques contra trabajadoras y trabajadores de la salud a la infodemia: “tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios, para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien” (Alís, 2020).

El miedo, desmesuradamente infundido y asociado a la enfermedad producida por SARS-CoV-2, ha generado emociones negativas en la población. Sentimientos de rechazo y expresiones de exclusión irracional, asociadas a dicho miedo, se pueden observar en contra de personas relacionadas con la enfermedad; entre otras, personas con comorbilidades asociadas a las formas graves de COVID-19, trabajadoras y trabajadores de la salud, familiares de pacientes con diagnóstico positivo para COVID-19, así como las y los propios pacientes (OPS, 2020; Sotgiu y Dobler, 2020; Zarocostas, 2020).

La estrategia de distanciamiento físico establecida en México, primordial y acertada en su finalidad de tratar de minimizar el número de personas infectadas y evitar el colapso del sistema de salud en su capacidad de atención hospitalaria, ha enfrentado diversos obstáculos, como el manejo mediático denigrante hacia COVID-19. A la infodemia se le han sumado las noticias falsas o fake news[1] que, en conjunto, han intensificado el miedo y la incertidumbre en la población. Este reforzamiento perverso de discursos de miedo desmesurado y ataques mediáticos ha fortalecido el estereotipo de “amenaza” o “peligro” relacionado a pacientes, familiares y trabajadoras/es de la salud (Bagcchi, 2020; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020; Sahoo et al., 2020; Sotgiu y Dobler, 2020).

Enfocar la culpa y las acciones de cuidado de la salud exclusivamente en las personas significa descontextualizar la dimensión social del proceso salud-enfermedad. El estado de salud de la población en México al inicio de la epidemia COVID-19 era el resultado de la configuración de sociedades contemporáneas cuyos Estados no garantizan el derecho a la salud. Las políticas neoliberales han despojado de derechos a la población. Problemas de desnutrición y altas tasas de obesidad, por ejemplo, reflejan la ausencia de políticas alimentarias realmente efectivas. El Estado debe asumir su responsabilidad sobre aquellas políticas que favorecieron el ambiente obesogénico en México que, en coherencia con los intereses de las grandes corporaciones de la alimentación procesada, afectaron los objetivos de preservar la salud de la población y su derecho a la seguridad alimentaria. Dichas políticas condicionan estados de salud a través de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión u obesidad) al representar, frente a la patogénesis de COVID-19, una seria desventaja (Alberga et al., 2016; Brownell, 2010; Carra et al., 2020; Lange et al., 2020; Nunes, 2016; Petrova et al., 2020; Rosengren y Lissner, 2008).

Además de las implicaciones clínicas, las personas que viven con obesidad sufren las consecuencias sociales de la estigmatización de peso y de talla que afecta, directamente, sus posibilidades de acceso a los servicios de salud y sus derechos en la sociedad. Las acciones sociales de discriminación que sufren las personas con obesidad son más significativas en las áreas laboral y de la salud. La discriminación sistemática que padecen afecta su derecho a la salud y limita su bienestar en la vida cotidiana (Major et al., 2014; Mattos y Luz, 2009; Puhl, 2009; Rtveladze et al., 2014).

La influencia y la fuerza que representan los medios masivos de información en la conformación de imágenes negativas estereotipadas y prejuiciosas, relacionadas a distintas enfermedades, ha sido ampliamente documentada. Los medios generan representaciones publicitadas de personas con enfermedades y exaltan, mediáticamente, características de comportamiento y corporales que aumentan significativamente los prejuicios hacia diversos grupos poblacionales. A las personas con obesidad, por ejemplo, se las estigmatiza como personas descontroladas, descuidadas, irresponsables, torpes y con apetito incansable. Se acota una culpabilización individualizada al comportamiento “desenfrenado” e “irresponsable” de las personas y no se habla del entorno obesogénico y su determinación. De manera similar, a través de diferentes representaciones difundidas en medios de información se exalta la peligrosidad y el riesgo de interacción física con personas diagnosticadas con COVID-19 y con sus familiares. Se les atribuye irresponsabilidad, falta de cuidados, querer hacer daño, y se genera, de este modo, la idea de peligrosidad, rechazo y miedo, lo que ha provocado exclusión y agresiones (Chopra y Arora, 2020; Moreno y Toro, 2009).

Durante los primeros meses de la pandemia observamos contenidos informativos donde se identificaban focalmente espacios de atención médica como hospitales, consultorios y salas de espera ‒incluyendo imágenes del personal de salud‒ mientras se expresaban narrativas de peligrosidad asociadas a COVID-19. Las narrativas inclusive incluían un presunto riesgo inminente de muerte. Así, se generó una imagen colectiva que identificó a trabajadoras y trabajadores de la salud, pacientes y familiares de pacientes como las personas centrales inmersas en la cadena de infección. No se aclaró que, en los espacios de atención médica, así como en las actividades asistenciales del personal de la salud, se siguen protocolos estrictos de higiene y desinfección rutinarios para la prevención de diversas infecciones. Estos reportes descontextualizados motivaron un temor generalizado alusivo a una “gran peligrosidad de contacto” en contra de pacientes, familiares y personal de la salud. Generaron un miedo irracional alejado de la prevención comunitaria y de las acciones sociales en torno a la enfermedad.

Diferentes reportes de la prensa han dado cuenta de ataques violentos contra trabajadoras y trabajadores de la salud, particularmente enfermeras/os, médicas/os y personal de limpieza y seguridad. La Cruz Roja Internacional y la Asociación Médica Internacional emitieron, a finales de mayo de 2020, una declaración que condena los más de 200 incidentes de violencia a nivel mundial relacionados a COVID-19 contra el personal de salud y contra las instalaciones de salud. Los ataques descritos van desde insultos, negación de un servicio o producto en los locales de venta, así como el negar el ascenso al transporte público. Palabras como “infectada” y “asesina” son parte de los insultos que han recibido las víctimas de estas agresiones. Han llegado a presentarse casos donde les vierten a la cara o al cuerpo café caliente, cloro o agua; en otros les propinan golpes (Bagcchi, 2020).

“Invasión, caos y horror” en un hospital de Ecatepec

En Ecatepec, Estado de México, una historia sobre “invasión”, “caos” y “horror” ilustra cómo operó la estigmatización y la desinformación durante los primeros meses de la pandemia. Ecatepec es la entidad municipal con el mayor índice de pobreza urbana en México, y la segunda más poblada del país (1,677,678 habitantes) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2016). La mitad de sus habitantes se encuentra en situación de pobreza (42.7%) o pobreza extrema (4.9%) (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020). El 92.8% de su población mayor de 18 años se siente insegura en dicho territorio, que se convirtió, en septiembre de 2020, en el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país (INEGI, 2020). En esa misma medición y con un apoyo solo del 12% de sus habitantes, Ecatepec ocupó el antepenúltimo lugar a nivel nacional respecto a la confianza que las y los habitantes de una alcaldía o de un municipio les otorgan a sus autoridades.

El 1 de mayo de 2020, y rebasando todo límite ético periodístico, Ecatepec y sus habitantes fueron objeto de sensacionalismo desmedido. Ese día, se difundió ampliamente un video donde personas desesperadas por conocer el estado de salud de sus familiares irrumpen en las instalaciones del Hospital General “Las Américas”, ubicado en Ecatepec. En el video se aprecian imágenes de camillas con bolsas para cadáveres; voces que describen, entre gritos y llantos, la búsqueda de pacientes; denostaciones a trabajadoras y trabajadores de la salud. Se observa a familiares de pacientes emboscando a personal de salud al interior del nosocomio y se escuchan, además, expresiones de miedo, rechazo y violencia asociadas a la enfermedad, así como discursos negacionistas de la existencia de COVID-19. Inclusive, una persona narra presuntos daños intencionales de personal médico contra pacientes a través del suministro de supuestas inyecciones.

La difusión del video en medios informativos y en redes sociales se realizó sin ningún tipo de contextualización y sin medidas de contención que evitaran la generación de miedo y pánico. Las etiquetas de difusión en redes fueron perniciosas. Durante las transmisiones no se hizo un llamado profesional y ético a mantener la calma, no se emitieron recomendaciones para buscar fuentes de información oficiales que ayudaran a resolver las dudas sobre COVID-19. Telemundo, por ejemplo, optó por el sensacionalismo. Colocó un cintillo durante su transmisión televisiva con la frase: “Invasión, caos y horror en hospital de México” mientras mostraba imágenes de familiares de pacientes. Recurrió a subtítulos solamente en aquellos momentos donde el sentido del discurso se prestaba a la polémica: “Sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo (que) para matarme a mi hijo” (Noticias Telemundo, 2020, 50s), reclamó M. D. C., madre de A. Como si no bastara, en el canal Youtube de Noticias Telemundo el nombre asignado a la nota fue: “Hallan cuerpos en camillas y bolsas en hospital de Ecatepec”.

La estigmatización contra familiares de pacientes del Hospital General “Las Américas” alcanzó también a pacientes y personas fallecidas una vez que, solícitos de nota, algunos medios indagaron en vidas personales para atribuir culpas. Así sucedió con A. G. y su familia. Imagen Televisión inclusive se atrevió a entrevistar a C., hermana de A., para preguntarle si su familiar había ido a una fiesta posterior a su presunta liberación tras haber dejado la cárcel. C. prefirió callar. Sin embargo, el conductor Nacho Lozano desde el estudio televisivo, ataviado de traje y de corbata, señaló:

No nos quiso decir, pero la información que se ha publicado es que este joven había estado en la cárcel. Salió a finales de marzo, obligado a un arraigo domiciliario, y hay varios testimonios que apuntan a que estuvo en una fiesta y que después terminó en el hospital con síntomas de COVID (Imagen Noticias, 2020, 1m18s).

Milenio, una de las principales cadenas informativas en México, otorgó poco más de 14 minutos a una nota televisiva que tituló: “Desinfectan exterior del Hospital General ‘Las Américas’ en Ecatepec” (Milenio, 2020a), difundida el 4 de mayo de 2020. Un día después, el mismo medio “informó” a su teleaudiencia que A. G. estuvo preso en el penal de Chiconautla, Ecatepec, acusado de robo con violencia. El 11 de marzo de 2019, indicó Milenio a través de la conductora Azucena Uresti, un juez le habría permitido salir con un brazalete en su tobillo para cumplir su condena en arresto domiciliario,

pero A. [abreviación de la autora] nunca cumplió esta regla, ni siquiera durante esta pandemia. Una de sus frecuentes salidas fue el 5 de abril cuando su novia, C. L. [abreviación de la autora], hizo una fiesta con todo y mariachis. Veinticinco días después, A. [abreviación de la autora] presentó síntomas de COVID y fue ingresado al Hospital de Las Américas en Ecatepec, Estado de México. Es precisamente ella, C. [abreviación de la autora], una de las personas que agredió a médicos, enfermeras y vigilantes el viernes pasado. Cerró su cuenta en redes sociales luego de ser identificada por vecinos. Ahora lo que preocupa es que las personas que tuvieron contacto con los cadáveres se hayan infectado y se desate un brote (Milenio, 2020b, 36s).

Los medios de información en México, principalmente televisivos, históricamente se han caracterizado por su poco o nulo compromiso con el combate a la discriminación, a la injusticia, a la desigualdad. Muy lejos están de autorregularse, de comprometerse con la producción de contenidos apegados a valores de inclusión puesto que han funcionado, prácticamente desde su creación, como brazo ideológico para la reproducción de la dominación.

Lo que se observa en el manejo informativo sobre las protestas de familiares de pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Hospital General “Las Américas” es: 1) ausencia de contextualización para la audiencia sobre las condiciones materiales lacerantes en un municipio donde la negación de derechos por muchos años ha sido la norma; 2) invisibilidad del evidente malestar popular ante el abandono del Estado traducido en que solo 12 de cada 100 habitantes de Ecatepec confían en su autoridad; 3) vinculación de la pobreza a acciones irracionales y violentas; 4) ridiculización de familiares al tacharlos de ignorantes en lugar de preguntarse las causas profundas del rechazo a un diagnóstico clínico; 5) llamado a la confrontación entre distintos grupos de una misma colectividad al linchar mediáticamente a M. D. C. y a C. L., caricaturizándolas como irresponsables, peligrosas y contagiosas; 6) violación a la dignidad de A. G. al difundir detalles de su preliberación y de vincular dicha condición a sus “frecuentes salidas” y convertirse en “foco de infección”; 7) nula importancia a la condición de las y los trabajadores de la salud del nosocomio a pesar de que sobre ellos cayó una agresión que, desde un mirar estructural, lejos está de reducirse a una acción individual.

Estas acciones no contribuyen a construir procesos informativos que, en una pandemia tan delicada como la que nos convoca, tendrían que ser la prioridad mediática en lugar de una desinformación sustentada en la producción de estigmatización, estereotipos negativos y prejuicios contra una población carente de derechos.

Alternativas ante la estigmatización, la infodemia y la desinformación

Durante la contingencia sanitaria asociada a COVID-19 en México se ha puesto de manifiesto la persistencia de estereotipos negativos sobre ciertos grupos sociales, como aquellos subordinados en las relaciones económicas de explotación. Además, se han generado otros nuevos. Dicha persistencia y generación de estereotipos negativos ha propiciado manifestaciones de discriminación enmarcadas en profundas inequidades de salud. El desmantelamiento del sistema de salud público a partir de la reestructuración neoliberal (1983) ha deteriorado las condiciones de salud de la población; mientras que la banalización y la negación de derechos humanos, como el derecho a la salud, han caracterizado a las políticas de corte neoliberal (Almeida y Silva, 1999; Cueto, 2020; López-Arellano y Jarillo-Soto, 2017).

La desigualdad social que marca a las sociedades modernas es la epidemia transversal que no se visibiliza; por lo tanto, de la que no se habla. Es imperceptible el vínculo atemperado entre las catástrofes epidemiológicas y las líneas del poder social. Las epidemias no son solamente de bacterias o de virus, son escenarios de una lucha de dominación, de grupos sociales que dominan a otros en desventaja. La desigualdad, intrínseca a la estructura social neoliberal donde se ha perdido la solidaridad y la humanidad, resulta tan peligrosa como cualquier epidemia y conlleva a la segregación social.

A partir del brote del virus SARS-CoV-2, grupos sociales han estado inmersos en incidentes discriminatorios y de estigmatización por atributos que responden más al orden social que al biológico. Por otro lado, las acciones de salud han participado de una marea política y mediática donde confluyen intereses económicos constitutivos de un escenario que ha favorecido la generación de la estigmatización. La estigmatización social relacionada a COVID-19, para su mitigación, requiere ser visibilizada y analizada permanentemente dada su complejidad y los daños que provoca (Serrano-Cumplido et al., 2020; Spinelli, 2020).

El proceso de estigmatización, incrustado en un contexto cultural amplio, encuentra su determinación en la existencia de estereotipos que definen la naturaleza de la discriminación contra grupos sociales estigmatizados. El contexto cultural condiciona la forma en que diferentes grupos aceptan o rechazan a otros. El manejo mediático resulta sustantivo en la construcción y en la modificación de estereotipos. Se reconocen elementos críticos del contexto social y colectivo que son determinantes en el proceso de estigmatización. Las imágenes y los discursos de los medios masivos de información rectifican (modifican) o contrarrestan los estereotipos populares; mientras que las redes sociales colectivas son un mecanismo para alterar los estereotipos culturales. Los estereotipos deben ser respaldados o rechazados para convertirse en un prejuicio, ya sea positivo o negativo. Los prejuicios positivos no generan conductas discriminatorias. Aunque se tenga un estereotipo negativo (creencia negativa), si se realiza una acción reflexiva e informada donde no se respalde de manera negativa la creencia, se pueden generar prejuicios positivos como la compasión o cortesía hacia las personas portadoras de los atributos rechazados o negativos (Corrigan et al., 2010; Goffman, 2009; Ottati et al., 2005; Overton y Medina, 2008; Pescosolido et al., 2008).

Si bien se ha visto que hay una fuerte relación entre prejuicio y comportamiento discriminatorio, no sucede lo mismo con los estereotipos. Es decir, los estereotipos no conducen necesariamente a un comportamiento discriminatorio. Prevenir la discriminación requiere, por tanto, de una estrategia con múltiples frentes donde la contención de la desinformación y la difusión generalizada de información científicamente documentada, y respetuosa de los derechos humanos, dé paso a la sensibilización (Corrigan et al., 2010; Goffman, 2009; Ottati et al., 2005; Overton y Medina, 2008; Pescosolido et al., 2008).

A manera de conclusión e inspiración

La convicción de la Salud Colectiva por modificar el orden económico y político para transformar las desigualdades e inequidades en salud, y garantizar el derecho humano a la salud, resulta hoy más vigente que nunca. Tejer alianzas entre pueblos y colectividades más allá de las fronteras, práctica que desde su emergencia ha caracterizado al pensamiento latinoamericano crítico en salud, precisa de revaloración.

La fiabilidad y la precisión de la información se convierten en cuestión de derecho internacional en la “Nueva Normalidad”. Las acciones fácticas de los Estados parecen orientadas a ser “mi país primero”; sincrónicamente, hay acciones que apuntan a que “estamos juntos en esto”. Pocos problemas son tan globales como las pandemias, y las respuestas nacionales a las dimensiones globales marcan una sustantiva diferencia.

Referencias

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  1. Fake news, señala De Backer (2019), hace referencia tanto a 1) las noticias falsas que tienen como objetivo influir en las elecciones o en la toma de poder en general, como a 2) noticas manipuladas de forma más sutil para influir en la opinión pública a mediano y largo plazo.


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