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8 El “circuito” de las tumbas de la responsabilidad penal juvenil[1]

Para comprender las evidencias, las características cualitativas y cuantitativas de la criminalidad entre los menores, su significado social y sus funciones, es necesario invertir la perspectiva de análisis y resituar en el centro de la argumentación (sin excluir o negar los demás aspectos del problema) la cuestión de las instituciones penales para menores, esto es, ver como controla la sociedad los comportamientos desviados de los jóvenes a través de sus instrumentos penales”.

 – Gaetano De Leo (1985: 3)

Introducción

Este capítulo presenta, desde la perspectiva cualitativa, la descripción y análisis del “circuito” de instituciones cerradas para adolescentes con causas penales; aspecto abordado en el capítulo precedente desde la dimensión cuantitativa. Para ello, se ha tomado la decisión metodológica de acotar el abordaje al nivel “macro”, es decir, atendiendo a las lógicas subyacentes al circuito general, entendiendo por éste al archipiélago de instituciones de encierro que lo conforman, sus modos específicos de articulación, el contexto de emergencia y sus finalidades generales y particulares[2].

En otras palabras, se propone describir el despliegue de la “administración penal” ejercida por la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia en el marco del proceso de implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2008-2009), analizando fuentes documentales y entrevistas que, trianguladas con las experiencias de campo ya realizadas en institutos de menores, permitan esbozar un panorama del “programa institucional” que subyace como lógica de gobierno intramuros[3].

Tal como se expresa en la nota al pie anterior, esta decisión resulta deliberada en tanto el análisis pormenorizado de dichas instituciones, desde la perspectiva etnográfica y como problema de investigación en sí mismo, será el eje de la futura tesis de doctorado.

Antes bien, el tipo de análisis que se presentará sobre el “circuito” institucional asume un sentido de articulación con los capítulos precedentes, en tanto este último pretende dar cierre al recorrido -en términos de un “proceso” como objeto de estudio- iniciado con el análisis de la reforma legal, para detenerse en el último eslabón de la cadena punitiva: las instituciones de privación de libertad, justamente aquellas que se suponen de uso residual en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Como se ha desarrollado en el capítulo 6, la cartografía sociológica de dicho proceso señala que -paradójicamente- durante los primeros dos años de implementación estas instituciones “residuales” han tenido un “protagonismo” indiscutido en el debate entre actores judiciales, del órgano administrativo y mediático.

Este trabajo ha intentado poner de relieve su “no residualidad” en términos de las prácticas institucionales y de la orientación que asume el sistema penal juvenil, una vez “separados” los adolescentes “delincuentes-victimarios” de los adolescentes “asistidos-victimas”, avistándose por el efecto de dicho tamiz la emergencia de vasos comunicantes con el sistema penal de adultos, que por vías de capilaridad gubernamental articulan un continnum penal, destinado especialmente a determinados grupos[4].

El sentido de dicho movimiento es lucidamente descripto por De Giorgi, quien sostiene que en las sociedades posfordistas, bajo un “clima moral” que media entre las dinámicas de la economía y las prácticas de control, se termina por producir una “división del trabajo” entre welfare y penalidad, reservada ésta última a “disciplinar la carencia” no en forma masiva sino sobre aquellos grupos de individuos que resultan especialmente peligrosos[5], exhibiendo la tensión entre razón jurídica y razón de estado (2006: 76-84)[6]. Para Pitch, lo particular es que el sistema penal juvenil está estrechamente interrelacionado con el sistema administrativo y civil. En esta separación-interrelacionada, dos tendencias opuestas convergen: la de las agencias del welfare de convertir necesidades individuales en derechos sociales y las del sistema penal juvenil sobre la necesidad de la defensa social: Esta interrelación es constitutiva de la justicia juvenil y la razón de ser de su existencia separada. La interrelación entre la tutela y el castigo, entre la intervención con fines “educativos” y la segregación con fines de “corrección” (…) caracteriza a la definición y administración de la condición juvenil (2003: 164). En el caso aquí analizado, el avance de las demandas punitivas centradas en la falta de lugares para el encierro y la necesidad de ampliar tiempos de detención y facultades policiales ponen de manifiesto que la ley penal funciona “mediada” por personas o instituciones que son quienes ejercen la política penal y le imprimen un carácter específico, que es necesario ubicar en su contexto[7]. Antes que su inutilidad, desarreglo a derechos o “distancias” respecto de ideales normativos, el análisis apunta a comprender su materialidad, es decir, sus condiciones concretas de existencia y funcionamiento, partiendo del análisis “productivo” de las mismas (Foucault, 1989), como encarnación de la modalidad contemporánea de castigo penal para adolescentes en la PBA.

En resumen, el propósito es, en el marco del proceso de implementación ya citado, describir las racionalidades[8] así como los efectos y las configuraciones estratégicas[9] puestos en juego dentro del circuito de las instituciones de secuestro (Foucault, 2003: 136). La materialidad de estas prácticas y discursos sobre la “cuestión” penal juvenil perfila los ocultamientos, visibilidades y formas que asume el ejercicio del poder de castigar, en tanto función social compleja (Foucault, 1989) o auténtico artefacto cultural y social (Garland, 2005), allí donde se cristaliza en dispositivos concretos de intervención[10].

En cuanto al estado del arte sobre institutos en PBA, a nivel del “circuito” general el antecedente ineludible es la investigación realizada por Daroqui y Guemureman en “La Niñez Ajusticiada” (2001a) así como posteriores aportes teórico-conceptuales de las mismas autoras (2001b). Asimismo, tanto en Dubaniewicz (2006) como en los Informes anuales del Comité contra la Tortura (2006/7, 2008, 2009)[11] y del CELS (2003)[12] pueden encontrarse informes técnicos de tipo descriptivo que en forma exhaustiva dan cuenta de las condiciones edilicias y programáticas de dichas instituciones. Por último, desde un enfoque etnográfico pero desde un marco teórico diferente al trabajado por las obras ya citadas, Miguez (2003) analiza el caso de un instituto de menores sobre el cual mantiene reserva[13].

Lo “cerrado”: acerca de la técnica del encierro

Específicamente, el encierro se erige como técnica de intervención en el S. XVI, desarrollando tecnologías de poder sobre los cuerpos e inaugurando el dispositivo carcelario como sistema de castigo moderno. Inicialmente éste se concibe como mecanismo de segregación y reparación contractual, para ser luego reinterpretado por la medicina y la psiquiatría hacia un proyecto de curación-rehabilitación que hegemonizó los discursos sobre sus finalidades aunque, como bien señaló Foucault (1989; 1991a), también supo en su aparente “fracaso” hallar su propio “éxito”, separando los ilegalismos de la delincuencia, definida y administrada por el propio sistema penal. En el caso de los niños, el sentido del encierro asume históricamente connotaciones morales, re-educativas, correccionalistas y amorosas, que se acoplan como justificaciones a la práctica de la segregación espacial como forma de gestión de “determinados” niños, tenidos por incorregibles, violentos, peligrosos y necesitados de una respuesta estatal “contundente” o “suficientemente rígida” como demarcación de autoridad o “límite”, traducida en la inculcación de valores culturales burgueses desde lo simbólico y programas de adiestramiento corporal y laboral correspondientes a las clases laboriosas o desposeídas, desde lo físico. Tal como lo demuestran los imprescindibles trabajos de Platt (2001), De Leo (1985) y Albrecht (1990), entre otros, estos dispositivos han intentado ocultar estratégicamente sus funciones de castigo penal, para mostrarse como un mero “hacer el bien”, bajo la intención de “reformarlos”, “reeducarlos” o “recuperarlos” a través del plus eufemístico que confiere en el caso de los más jóvenes el recurso estratégico de la protección (Daroqui y Guemureman, 2001b: 5)[14]. Ancladas en las teorías de la socialización deficiente o de la desviación, estas instituciones encarnan asimismo los preceptos de la defensa social, que exige “destinar” para aquellos niños “ingobernables” el recurso del secuestro legal en instituciones totales[15]. En el discurso de los actores, el encierro se legitima como violencia pedagógica, empapada de un discurso moralizante, pero también de neutralización. Un discurso por veces anclado en la contención “amorosa y benefactora”, en especial signado por una retórica fatalista sobre la “falta” de programas sociales y los procesos de exclusión social, que colocan al sistema penal como la última “oferta estatal”, que podría redundar en un bien para el niño, siempre que éste demuestre suficiente docilidad y obediencia frente al programa institucional. Así, en el caso de las instituciones de encierro para los más jóvenes, el “bien” se funda en derredor de construcciones épicas que retoman elementos vigentes en el habitus de los actores y se los resignifica bajo el discurso de los derechos como necesidad de corrección o por existencia de peligrosidad[16]. Aunque en las décadas previas su función no fue diferente, en la actualidad el “programa institucional” del encierro cumple con notable cortesía la función de neutralización e incapacitación de aquellos adolescentes seleccionados para habitar estos establecimientos. En los siguientes acápites, y sirviéndome del recurso metafórico ferroviario, se desarrollará un breve recorrido por las “estaciones del circuito”, último tramo en las vías del sistema del dolor (Christie, 1989).

Primera estación en el ingreso al circuito penal: La Dirección de Registro y Ubicación

Llegamos a Registro de Ubicación con el Director de Institutos. Me presenta al Director del Registro que también oficia de Director del Centro de Recepción de La Plata, edificio que linda con el mismo y suele ser el primer lugar de detención de un joven (dos semanas antes de visitarlo este Centro alojaba 70 jóvenes siendo su capacidad máxima de 35). “Registro” es una suerte de centro de operaciones y coordinación del sistema de institutos. Allí es el primer lugar al que llega el oficio judicial con el pedido de una vacante en instituto cerrado. Ya que el sistema está permanentemente sobrepoblado y con “falta” de vacantes, al ser detenido, y en muchos casos luego de varias horas de dar vueltas (conocido como “calesita”) en patrullero o comisaria, finalmente se “ubica” al joven donde se pueda encontrar un lugar libre, que puede ser en cualquier instituto de la provincia. Que se otorgue un ingreso también depende de cada institución: hay algunas en las que los propios trabajadores o Directores se niegan a recibir jóvenes por sobre el cupo máximo establecido y otras que si aceptan más jóvenes de lo permitido. Durante los primeros 5 días de detención hasta la audiencia inicial, el adolescente puede ser “ubicado” en alguna de las Alcaldías de la Subsecretaria (las hay en el Almafuerte y en el Nuevo Dique, y aunque no las tengan allí creadas, se cumple la misma función en los Centros de Recepción de Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, y en el Centro Cerrado de Mar del Plata) o directamente “donde se consiga un lugar”.

(Registro de Campo, Junio de 2009)

En “La niñez ajusticiada” Daroqui y Guemureman explican que la “Dirección de Registro y Ubicación” articula las decisiones judiciales con las del poder ejecutivo, lo cual: supone además cierta autonomía en prácticas y discursos que producen y otorgan sentido a la política de minoridad (2001a: 137). En el momento en que se efectuó la investigación que devino en este libro, en virtud del marco legal vigente, este Registro aún concentraba la derivación institucional de menores tutelados por causas asistenciales y penales. A partir de la implementación de la ley 13.298 y 13.634 esta Dirección reorientó sus tareas de derivación principalmente en los institutos penales y en muy excepcionales casos en alojamientos en hogares asistenciales, aunque como se desarrollará, la lógica de sus prácticas se mantiene intacta. A su vez, hace una década, este Registro contaba con algunos calabozos que eran utilizados para alojar a los niños durante el período de búsqueda de una vacante; lugar que fue denunciado judicial y mediáticamente desde 1998 por las deplorables condiciones de alojamiento. Actualmente, esos emblemáticos calabozos se han convertido en un “instituto de menores”, precisamente en el Centro de Recepción La Plata.

El trabajo que realiza “Registro de Ubicación” dista de ser una “evaluación” en términos de positivismo criminológico, sino que con un equipo de 5 empleados (algunos profesionales del trabajo social, psicólogos y médicos) su función es autorizar y derivar adolescentes a los distintos lugares de encierro. Esa “ubicación” resulta principalmente operativa: contando con algunos datos del joven (lugar de procedencia, departamento judicial, edad, etc.) se rastrea telefónicamente en los distintos institutos donde hay lugar o que instituto está dispuesto a recibirlo aún sin vacantes disponibles y también la disponibilidad de transporte para efectuar el mismo. Los traslados se realizan en vehículos propios de la Subsecretaria, que suelen ser escasos y el personal del mismo no depende directamente de la Dirección de Institutos sino de la Dirección de Automotores, lo cual dificulta las negociaciones y se constituye en un habitual obstáculo logístico, por lo que muchos traslados terminan efectuándose en patrullero, remís o autos particulares[17].

Los traslados deberían apuntar a la regionalización, pero con lo de las vacantes es imposible decía en una entrevista el por entonces Director Provincial del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. El rastreo de una vacante en algún instituto para “ubicar” al adolescente es una sutil pero instalada práctica en el circuito penal de menores, suerte de “negociación” permanente con estas instituciones. Ello implica un sistema recíproco de concesiones e intercambios con “Registro”, que se transforma en un “valor de cambio” para todo otro tipo de situaciones, como por ejemplo un pedido posterior de traslado, el pedido de envío de un profesional o cualquier otro requerimiento que se presente[18]. A su vez, esta dinámica de negociaciones varía según el peso, antigüedad y posicionamiento de cada Director de instituto con la Dirección Provincial (que trabaja en forma permanente con Registro) y al interior del “campo”, también condicionado por el nivel de conflictos gremiales en cada institución y los acuerdos que puedan establecerse con los diferentes juzgados a cargo de los jóvenes, que pueden resistirse o no al envío de un adolescente a determinado establecimiento, aspecto que también está mediado por otra práctica rutinaria de negociación denominada como “Sistema 1 x 1”. Esta suerte de canje consta de ceder la morigeración de régimen hacia un Centro de Contención (semi-cerrados que suelen estar sub-ocupados) u otorgar el arresto domiciliario o libertad a algún joven detenido a cargo de ese juzgado, a cambio de obtener una vacante para el nuevo joven que deriva ese juzgado (“1 x 1”). Si bien no todos los juzgados pactan de tal modo, una parte importante de los mismos articulan esta práctica con el organismo técnico:

Es el tema del sistema extorsivo, “1 x 1” (…) Tabolaro discutía así con los jueces: “Te voy a cerrar el Almafuerte si vos me seguís metiendo pibes”. “Te lo cierro”. “Bueno, ¿vos me lo cerrás? yo directamente te los paso a sistema penitenciario porque ya no tengo más cupo”. “Ah, ¿cómo no tenés más cupo?” “Y sí, si vos me cerrás, me clausurás, y demás, yo directamente lo que hago es: o logro que se fuguen algunos, para conseguir menos cupos, o te los mando directamente a penal, o en todo caso morigerame” Así siempre, los jueces le pasaban factura por condiciones de detención y ella les devolvía diciendo: “Bueno, vos me hacés eso, mirá lo que te hago… El poder judicial le echa siempre la culpa al poder ejecutivo, y no se hace cargo”. (Entrevista 16 – Abogado – Defensor Oficial del Joven)

Los jueces ordenan internaciones y generan pedidos de vacantes pero a la vez ordenan cerrar pabellones quitando plazas, es un tira y afloje, mandan chicos y cierran pabellones. Nosotros nos podemos rechazarlos pero tampoco exceder el cupo”. (Entrevista 29 – Docente – Técnica de la Dirección Provincial de Institutos Penales)

Así, “Registro” termina siendo un centro operativo de negociaciones rutinizadas sobre la ya permanente falta de vacantes para la demanda del poder judicial: por un lado se negocia con los Directores de los institutos y por el otro con los juzgados, rutina que sin embargo es histórica y ha sido minuciosamente descripta en “La Niñez Ajusticiada” (2001a: 139-140). Lamentablemente, luego de la apertura de otros dos Centros de Recepción en 2006 (Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas) y la consecuente descentralización de las derivaciones (que antes solo se hacían desde La Plata), esta Dirección dejo de producir estadísticas y actualmente no se cuentan con datos que permitan dimensionar los movimientos.

Mientras estábamos en Registro llamó al celular del Director de Institutos un defensor oficial, quien le avisó que presentaría un Habeas Corpus colectivo por unos pabellones en mal estado y por el sobre-alojamiento en el Centro de Recepción de La Plata. El Director conversa con él un rato más y corta. Cuando termina la comunicación se dirige al Director de Registro, comentándole el tema y dice: “A nosotros nos re conviene, nos vienen bien así podemos descomprimir y sacar lugares así después no nos tienen nada que decir si no hay lugares vacantes para pibes. Esto nos conviene”. (Registro de campo, Junio de 2009)

En un segundo nivel de prioridades, lo que “Registro” evalúa para derivar a un joven son las “características” del mismo en relación a su posible “adaptación” a la institución. Lejos de diagnósticos técnicos o profesionales en el área de trabajo social, psicología o psiquiatría, estos criterios se definen a partir de la expertise o “saber práctico” de los actores: si es “tranquilo” o “cachivache”, que delito se le imputa, si ha estado antes en algún instituto y “como se portó”, etc. Una de las empleadas de Registro explicaba en una entrevista informal: Vemos la adaptación a la institución de cada chico, son todas diferentes. El criterio para ubicar a un pibe es la jurisdicción a la que pertenece y la conflictividad o convivencia con los pibes y el tipo de institución, si lo puede recibir.

Mientras estoy conversando con el Director Provincial de Institutos y el Director de Registro aparece una empleada comentado que llamaron desde el Centro de Mar del Plata pidiendo el traslado para un joven allí detenido hacia un instituto de Buenos Aires, donde vive su familia. Inmediatamente el Director de Institutos pregunta: “¿Es muy cachivachón?”, y el Director de Registro contesta: “Si, tiene problemas de convivencia, es quilombero, va a ser problemático”. El Director de Institutos resopla, me mira y le contesta a la empleada: “Bueno, decile que después vemos”. (Registro de Campo, Junio de 2009)

Entre las principales manifestaciones de los empleados de “Registro”, se destaca la queja recurrente sobre los jueces que se “niegan” a pasar a los adolescentes al servicio penitenciario bonaerense, es decir, al régimen penal de adultos una vez que cumplen los 18 años, y colaboran así al “colapso” de las vacantes ocupadas por personas que exceden la edad para la cual están tipificadas esas instituciones[19]. Asimismo, éstos sostienen que los plazos de las prisiones preventivas se “vencen” y los juzgados no resuelven por oficio esas situaciones, aunque no tienen cuantificada dicha situación[20].

Respecto del primer punto, en las entrevistas realizadas a Jueces y Defensores, este tema suele ser problematizado en términos de la nocividad del sistema de adultos. Según argumentan los operadores judiciales, cuando un joven se prevé que estará poco tiempo privado de libertad (no más que algunos meses luego de cumplir 18 años), o aun cuando tiene una condena, se intenta dilatar al máximo posible su pase a penal de adultos para que “no se arruinen” o “no se tumbeen” bajo la certeza de lo irreversible en términos de trayectoria delictiva que supone el paso por un penal de adultos y la fragilidad de los mismos al interior de las unidades penitenciarias[21].

Respecto del colapso en las vacantes como eje “protagonista” del debate instalado entre el poder ejecutivo y judicial durante los dos primeros años de implementación del Fuero, resulta interesante analizar como sustrato empírico la declaración indagatoria (art.308 del CPPPBA)[22] de la por entonces Subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Dra. Tabolaro[23], el 24 de Junio de 2009, es decir, un día antes del registro de campo propio citado ut supra y de la fecha de los partes diarios sistematizados para el análisis cuantitativo del capítulo 7. Esta declaración indagatoria se produce en el marco de la denuncia penal presentada por la Jueza de Garantías del Joven, Dra. Lasca, en la que se le imputa a Tabolaro la autoría del delito de “Desobediencia” (Art. 239 del Código Penal) en tanto se desconoció, a criterio de la magistrada, la orden judicial de cierre de pabellones del Instituto Almafuerte por las deterioradas condiciones edilicias y de alojamiento[24]. En su declaración, Tabolaro expresó:

No puedo referir el hecho concreto, sin ubicarlo en el contexto general sistema de responsabilidad penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires (…) franco y real reconocimiento de la Subsecretaría a mi cargo de la situación coyuntural planteada en relación a la insuficiencia de vacantes en régimen cerrado para dar cumplimiento a las órdenes judiciales de aprehensión, detención y prisión preventiva emanadas del nuevo Fuero de Responsabilidad Juvenil”. (Declaración indagatoria Dra. Tabolaro, 24/6/09)

En cuanto a las vacantes y la demanda de encierro de los juzgados, la funcionaria explicaba con notable sensatez el “Sistema 1 x1”:

Todos los días los centros de recepción tienen una tarea prácticamente artesanal para la búsqueda de vacantes de régimen cerrado que permita dar cumplimiento a las órdenes judiciales emanadas de todos los departamentos de la provincia. Este procedimiento que califico como artesanal significa la búsqueda de cada vacante caso a caso, tratando de que se morigere muchas veces la medida judicial de privación de libertad por una restrictiva o dando aviso a los defensores y solicitando se promuevan los habeas corpus necesarios para lograr la excarcelación por empleo, de jóvenes cuyas plazos de prisión preventiva se encuentran vencidos. Es dable destacar que al mes de abril de 2009, en los Centros Cerrados contábamos con ocho jóvenes no punibles, dos jóvenes mayores de veintiún años, veintisiete jóvenes mayores de dieciocho años con sentencia (…) preocupante permanencia de mayores de edad – en muchos casos, condenados- como así también, a las largas permanencias de jóvenes sin resolución procesal de sus causas instruidas bajo la vigencia del antiguo decreto ley de Patronato 10.067”. (Declaración indagatoria Dra. Tabolaro, 24/6/09)

Por último, respecto de los recursos disponibles para el poder ejecutivo en relación al poder judicial, la funcionaria alegaba en su defensa que:

La implementación del nuevo Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ha significado en la práctica que aproximadamente se triplique la estructura judicial del antiguo Fuero de Menores pero los recursos con que cuenta la Subsecretaría para dar cumplimiento a la ejecución de medidas judiciales se han aumentado en los últimos 120 días en treinta vacantes respecto del año 2007”. (Declaración indagatoria Dra. Tabolaro, 24/6/09)

En una de las entrevistas realizadas, un Director provincial explicaba:

Nosotros lamentablemente estamos resignando calidad institucional porque no podemos resolver la cantidad. La cantidad la resolveríamos si el 50% de los chicos que están en privación de libertad se pudiera resolver sus causas o fuesen derivados por la edad a adultos”. (Entrevista 26 – Director Provincial del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil)

En cuanto a la cantidad de instituciones, a partir de la derogación de la ley de patronato quedaron bajo la órbita de la Dirección de Institutos solo aquellos institutos estatales de carácter cerrado y máxima seguridad. Desde el inicio del proceso de reforma legal y ya sancionada (aunque suspendida) la ley 13.298 (impulsada por la gestión Cafiero-Tabolaro), en paralelo a ese proceso la misma gestión inicia un plan de obras en respuesta a la orden judicial de desalojar comisarías por el fallo Verbitsky, construyendo dos “mega instituciones”: el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y el de Malvinas Argentinas.

Están diseñados como cárceles en donde los pibes no tienen ningún tipo de posibilidad de repensar su historia, de pensarse articulados con otros sujetos, espacios de recreación, rearticulación, reaprendizaje o construcción de potencialidades, y trabajando la responsabilidad penal, o la auto responsabilidad, o trabajando la construcción de otro modelo, otras normativas… están pensados como depósitos. ¿Por qué? Porque de hecho la misma Secretaria, al menos en el 2007, nos decía, “Teníamos que vaciar las comisarías”. Eso era… “tenemos que vaciar las comisarías”. Ahora, para vaciar las comisarías se depositó a los pibes en macro institutos, que muchos violan la normativa internacional, y se llenaron enseguida de pibes”. (Entrevista 23 – Trabajador Social – Integrante de Organismo de DDHH especializado en sistema penal juvenil)

De tal forma, durante el proceso de reforma legislativa se inauguraron dos mega centros de detención que representan el 50% de la capacidad actual de privación de libertad de toda la PBA, diseñados con un sentido espacial notablemente opuesto a lo estipulado para este tipo de sistemas penales juveniles[25]. Tal como lo expresa el entrevistado citado más arriba y habiendo visitado ambas instituciones en el marco del trabajo de campo, es correcto denominarlos como “cárceles de menores”. Ello permite pensar que dicha ampliación no descomprimió la demanda judicial de lugares de encierro, que durante el proceso de implementación se “hizo pública” y se judicializó, situación que pre-existía a la conformación del Fuero, pero que se torna eje central de disputa de poder entre ambos espacios institucionales bajo el nuevo esquema de intervención penal sobre adolescentes. En síntesis, si bien la construcción de estos dos centros encontraba una “justificación manifiesta” en la necesidad de descentralizar para “hacer más eficiente” el sistema y procurar nuevas vacantes que reemplacen el paso por comisaría, si observamos el tipo de construcción y su régimen interno, la justificación latente -oculta- se asemeja más a la necesidad de crear instituciones de máxima seguridad para la gestión incapacitante y neutralizante de los “jóvenes delincuentes”.

Segunda estación del circuito penal: El “instituto” o “colegio”[26]

Una vez que el adolescente “obtiene” una vacante, se lo deriva a algunas de las instituciones de la Subsecretaría, que se dividen en dos tipos[27]:

1) Centros de Recepción: Abarcan un rango etario: hasta 18 años de edad, como límite de ingreso al programa” y tienen por objeto y finalidad: “de régimen cerrado, para el cumplimiento de la detención y de medidas preventivas de privación de libertad ordenadas por los Tribunales en el marco de un proceso penal. Con funciones de evaluación de los jóvenes a quienes se haya impuesto una medida judicial cautelar o sancionatoria restrictiva o privativa de la libertad ambulatoria, y de derivación a establecimiento adecuado”.

2) Centros Cerrados, para un rango etario: hasta 18 años de edad, como límite de ingreso al programa” y tienen por objeto y finalidad: “Establecimientos de régimen cerrado, para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad ordenadas por la Justicia en el marco de un proceso penal”. (Anexo II de la Resolución Ministerial 172 de 2006)

Tal como se pudo comprobar con las cifras trabajadas en el capítulo precedente y en forma elocuente a las necesidades que impone el “Sistema 1 x1”, los Centros de Recepción y Cerrados son utilizados en forma indistinta, cumpliendo al fin de cuentas ambos la primordial función del encierro. A fin de complementar la escueta definición de la Res. 172, puede señalarse que la ley 13.634 regula dichas medidas en los siguientes artículos[28]:

“ARTICULO 81. La privación de libertad deberá ser cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para niños. Durante el período de privación de libertad, incluso para la preventiva, serán obligatorias las actividades socio-pedagógicas.

ARTICULO 83. Son derechos del niño privado de libertad, entre otros, los siguientes:

1.-Tener acceso a los objetos necesarios para la higiene y aseo personal.

2.- Recibir escolarización y capacitación.

3.- Realizar actividades culturales, deportivas y de recreación.

4.- Tener acceso a los medios de comunicación social.

5.- Recibir asistencia religiosa, si así lo deseara y según su credo.

6.- Mantener la posesión de sus objetos personales que no impliquen peligro para sí o terceros y disponer las medidas para su resguardo y conservación.

7.- Tener acceso a la luz solar y al aire libre el máximo tiempo posible en cada jornada”.

Replicando el “deber ser” normativo, un funcionario explicaba los “desafíos” del sistema:

Atento al nuevo paradigma, teniendo en cuenta cual es todo el nuevo sistema procesal es que estamos trabajando para hacer una reforma institucional (…) teniendo en cuenta que la permanencia de los chicos no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana por que antes venia un juez y podía resolver salidas transitorias, permisos familiares, etc. Ahora en cambio sabemos que vamos a tener a un chico 6 meses privado de libertad por lo tanto tenemos que garantizar su educación, formación profesional y que en el marco de la detención estén garantizadas todas las garantías que debe tener acorde a la normativa internacional. Adecuando también desde lo edilicio”. (Entrevista 26 – Director Provincial del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil)

En cambio, al indagar la “organización real” de cada institución se destaca que cada establecimiento se “maneja solo”, es decir, con un amplio margen de maniobra para las definiciones programáticas, siendo escasos y muy puntuales los lineamientos “bajados” de la Dirección de Institutos:

Hace poco desde la dirección se bajó un memo a los institutos con lineamientos generales sobre la requisa pero que era para que a partir de este cada instituto defina y trabaje con su propio margen de maniobra. No hay proyecto institucional, sino que se dirime día a día en cada instituto”. (Entrevista 29 – Docente – Técnica de la Dirección Provincial de Institutos Penales)

Como se mencionó, ello hace que el archipiélago institucional resulte heterogéneo, en especial en cuanto al perfil del Director, la correlación de fuerzas gremiales entre los empleados y la disposición de recursos (actividades, materiales, convenios, voluntariados, etc.) obtenidos por cuenta propia de cada instituto.

El maestro ignorante: cómo se forman los agentes de la pedagogía de la neutralización

En cuanto al personal que se desempeña en este tipo de instituciones, es importante señalar que los Directores no concursan sus cargos, en general son Asistentes de Minoridad con “experiencia de patio”. En la jerga minoril, que alguien “maneje el patio” significa que pueda dominar a la guardia de “maestros”, que ésta le brinde información, es decir, que no se le oculten los hechos relevantes que hacen al “gobierno” del instituto[29]. En la conducción de todo instituto hay un Director y un Sub-director, y a modo de “requisito informal” uno de éstos debe contar con esa experiencia, es decir, “tener patio”, saber práctico anclado en el habitus del circuito minoril. En general, estos puestos son ocupados por Asistentes de Minoridad con antigüedad y en excepcionales casos con formación profesional específica:

Entrevistador: ¿Cuál sería la información que la guardia le niega a un Director?

Entrevistada: El motín se genera en el patio, en general… lo generan los propios maestros, les pone fichas a los pibes, propician que alguna puerta quede abierta, le hablan a los pibes y les llenan la cabeza para el lado que ellos quieren, los llenan de fichas a los pibes, en general por problemas con el Director del instituto. El único temor que tiene un Director al entrar a trabajar es a los Asistentes de Minoridad, ahora hay algunos más piolas, antes eran tremendos”. (Entrevista 29 – Docente Técnica de la Dirección Provincial de Institutos Penales)

Entre el personal profesional, los institutos cuentan con equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales, que en general tienen un contacto escaso con los adolescentes y se abocan principalmente a contestar oficios y hacer gestiones burocráticas de rutina. Asimismo, tanto el director como el equipo técnico no ingresan a los pabellones, sino que manejan la economía de sus contactos con los jóvenes siempre en espacios tales como oficinas y gabinetes, es decir, fuera del “sector” o “módulo” (denominación que se le confiere al conjunto de celdas) y por su propia voluntad en cuanto a la frecuencia.

En cambio, quienes están en contacto permanente con los adolescentes son los autodenominados “maestros”, técnicamente tipificados como “Asistentes de Minoridad” según el nomenclador de cargos del poder ejecutivo de la PBA (código 4-0030-VI-1-13). Éste es el único documento que tipifica sus funciones y jerarquías. Estos pueden ser de tipo A, B, C, o D, todos ellos de agrupamiento “4. Personal técnico”. Para los A, B y C se requiere título secundario[30]. Estos puestos son ocupados por personal que en la mayor parte de los casos no reúne dichos requisitos, sino que al ingresar se “nutre” del saber institucional (habitus) del circuito:

“Nosotros, peleamos mucho por el estatuto, no tenemos ni estatuto, por lo tanto no está reglamentado nuestro trabajo. Nuestro trabajo es… “¿Qué hacés? ¿Qué es lo que hacés vos?”, y vos le decís… al que te pregunta qué hacés, “No, mi laburo es esto, esto y esto”, pero no tenés reglamentado el laburo. Por eso se rigen mucho las reglas internas, y la puja, digamos, de las dos visiones, o más, de las cosas. Porque no hay un estatuto que diga “Vos tenés que hacer esto”(Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

La jerarquización de nuestro trabajo tiene que ver con que se tenga en cuenta el criterio, que se tenga en cuenta el trabajador como… de distintos roles, no simplemente un operario que abre y cierra candados, sino que a vos… a nosotros cuando nos convocaron hablamos de educación no formal, hablamos de talleres, de un montón de posibilidades que nosotros podíamos brindar, no como carceleros. Pero los compañeros después se institucionalizan laburando como carceleros”.(Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Estos “maestros” no reciben capacitación alguna al ingreso a la institución ni durante el transcurso de sus trayectorias laborales. Antes bien, el “saber práctico” y la falta de profesionalización de la tarea es reconocida por funcionarios y referenciada por los propios Asistentes de Minoridad:

No tenemos capacitación formal, siempre la reclamamos (…) Ahora ingresó gente nueva; esta gente nueva quedó en manos de esta gente, estos coordinadores, que fue Subdirector, que son bastante jodidos, y ellos… a enseñarles. A mí, cuando yo entré a laburar, la capacitación fue “Bueno, entrá al pasillo, vos tenés que agarrar el candado, poné la patita trabando la puerta porque si vos abrís el pibe te puede empujar la puerta y te la pega contra la cara. Entonces vos ponés el pié, la trabás y el pibe no te puede madrugar” (…)”Que salga el pibe, no cruces más de dos en el pasillo, sale a fumar este, que estén siempre pegados a la reja para que no vayan y pasen fuego a la pieza de otro… Esa es la capacitación”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Dentro de este conjunto, si bien no homogéneo, puede identificarse un consolidado dominio de aquellos que responden a la “vieja guardia” o “patota”, caracterizados por el ejercicio abierto de la intimidación y violencia física como técnicas educativas de subordinación:

Un asistente de minoridad, que es un tipo muy violento, es un barra brava de Racing, tiene mil denuncias por todos lados, en la calle, adentro, por los pibes. ¡Un desastre! Ahora se lo volvió a denunciar… encima este nuevo Director lo dejó ir a la huerta, para que no labure en los módulos, fue y acuchilló a un perro, porque el perro le mató los pollitos de la huerta, lo agarró, lo acuchilló frente a los pibes. Los pibes lo vieron! Es una locura”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Cuando el pibe ingresa… se ha metido en enfermería, él, a hacer el ingreso, y los ha maltratado a los pibes, los ha asustado mucho. Después el enfermero también denunció y me ha contado que él estaba atrás, en enfermería, que tiene dos compartimentos, éste no se dio cuenta, le pegó al pibe, le estaba pegando al pibe y el enfermero estaba asustado, no intervino porque tenía miedo, pero lo grabó. Dice que este tipo le pegaba, con vejación, digamos, le decía cosas, ¿viste?, entre que le pegaba al pibe… Este tipo está laburando”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción)

En el instituto donde trabajaba antes tenía un compañero que era Asistente de Minoridad que era terrible, cuando llegaba un pibe nuevo estaba encargado del ablande. Cuando llegan están 5 días en la celda. Durante esos días este maestro les hablaba por el pasaplato sobre el régimen de vida, después entraba, le pegaba una piña en el estómago, según él “para que el pibe entienda”, siempre hacia lo mismo, en el ablande les hacían el bocho para que se asuste con todo lo que le iba a pasar, salían del ablande aterrorizados. Este compañero siempre hacia lo mismo, era como un protocolo que tenía…”(Entrevista 29 – Docente Técnica de la Dirección Provincial de Institutos Penales)

Este personal no recibe formación para el uso mínimo de la fuerza ni control sobre el ejercicio de la violencia física, instalándose un amplio margen de tolerancia a los “excesos” que pudiesen cometer, que en el más grave de los casos deriva en un traslado de funciones a otra institución del mismo tipo:

Me acuerdo una vez… un chico con buena conducta, que se le permitía colaborar en la cocina del instituto por lo cual cobraba un peculio pequeño, con el cual se había comprado una Coca-Cola. Entra un Asistente y le toma la Coca-Cola, el pibe le dice bien, con respeto que la Coca es suya, el Asistente lo empieza a insultar, el pibe lo insulta también y el Asistente termina pegándole al pibe. El pibe no le pegó, el Asistente le pego varias veces. Quedo sumariado pero no lo sacaron porque no tenía antecedentes y reconoció su falta y que estaba nervioso ese día”. (Entrevista 29 – Docente Técnica de la Dirección Provincial de Institutos Penales)

Específicamente son los “maestros” quienes deben “enseñar” las reglas de la “pedagogía del gobierno interno”. Para ello resulta imprescindible la “palanca estratégica” (Goffman, 1998: 26) del manejo entre el mundo habitual (extramuros) y el institucional (intramuros). Para este autor, ello se refleja principalmente en los procedimientos de admisión, que suelen ejercer el moldeado y clasificación inicial para ingresar en la maquinaria institucional, suerte de “test de obediencia” y lucha para quebrantar la “voluntad reacia” (1998: 29). Esta “bienvenida” es un rito de iniciación donde se despersonaliza al joven, se confiscan sus objetos personales (“se las guardamos y cuidamos explicaba un Director), se los uniformiza y requisa, produciendo una “desfiguración personal” (Goffman, 1998: 32), punta de lanza del principal efecto de las instituciones totales: la mortificación del yo, basada en la sumisión y donde se profanan las encarnaciones del yo” (1998: 35).

El régimen sobre-la-vida: vivir engomado

El “régimen de vida” que los “maestros” deben imponer a los jóvenes detenidos, denominado por Albrecht como “economía de la jaula” (1990: 86) consta de permanecer por prolongados períodos dentro de las celdas, que tienen una duración de 18 a 36 horas corridas sin salir de la misma. Las celdas, denominadas “habitaciones” son receptáculos de 2 x 3 mts. con uno o dos camastros de metal, una mesa de cemento y un compartimento sin puerta, a modo de baño, con una bacha debajo de la cual se ubica la letrina. Durante el día se les “retira” el colchón de la celda y no se les permite tener objetos personales o recreativos, a excepción de algunas cartas:

Lo que te baja la institución, es que se les saques las zapatillas, que… todas las cosas que tienen hecho con palitos y las biromes, porque pueden hacer elementos cortantes… No sé, no hay nada tan estricto, digamos, pero se les saca… se les puede dejar las cartas, algún libro… Pero también, hay mucha gente que les saca las cartas… es una barbaridad… los naipes no se les puede dejar porque se ponen a jugar a las cartas y (…) porque molestan, en realidad son cosas que molestan a alguna gente (por los maestros) y lo han instalado como que las cartas y naipes hay que sacárselos”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Se les retiran las pertenencias por su propia seguridad, es todo por el bien de ellos, por su seguridad, para que no pase nada”. (Comentario informal de Subdirector de instituto penal luego de una inspección acompañando al Comité contra la Tortura)

Durante los períodos de “recreación”, término con el que se designa al “desengome” o salida de la celda, los adolescentes permanecen en un SUM (Salón de Usos Múltiples) que antecede a la reja de entrada al pasillo donde se apuestan de ambos lados las filas de celdas. En general, el SUM es de una superficie reducida, equivalente al tamaño de 4 celdas aproximadamente. En el mismo se emplazan mesas y bancos de cemento y, eventualmente, algún televisor.

Solo en algunas ocasiones los jóvenes pueden salir durante la “recreación” a un patio descubierto, con rejas en el techo, a modo de grandes leoneras. La regla general en los institutos es que no existan actividades recreativas como talleres, cursos, deportes, etc. La única “actividad” para realizar durante la recreación es la elaboración de manualidades con palitos de helado y papelitos de colores que adquiere y provee con cierta discrecionalidad cada institución, aunque en general es provisto por los familiares de los detenidos:

A los pibes se les da también elementos para artesanías, generalmente. Teóricamente siempre se les dio palitos de helado, para que hagan los barquitos, hojas rayadas o lisas, brillantina, los taquitos los que utilizan ellos ¿viste?, los de colores, y gracias, hilo. Cada vez les dan menos y esas cosas, y ellos hacen magia, pobres, los pibes (…) Juntan palitos durante varias semanas, una vez a la semana se les da tres tabletitas de palitos de helado”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

El acceso a la escuela es irregular, y de baja intensidad (dos veces por semana, una hora y media cada vez), conformándose “grupos” de diferentes niveles. En cuanto a la propuesta programática, podría sintetizarse como “nada para hacer” durante largas horas.

Por ahí ahora lo que estamos haciendo es sacarlos para… no sé, el pibe te dice “Te ayudo, ¿querés que limpie?”, qué sé yo, el pibe por salir… ¿viste?, o ayuda en el mismo levante nuestro, quieren ayudar. Siempre es tratar de buscarle la vuelta para que tenga un poco más de salida, sobre todo el pibe que ese día tiene que estar engomado sin salir, porque no le toca recreación hasta el día siguiente”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Aun cuando se realiza un estricto control y limitación de la posesión de objetos en manos de los jóvenes, se realizan a diario entre 1 y 3 requisas de cuerpo con desnudo total, exhibición de genitales y flexiones:

La requisa personal es: el chico se tiene que desnudar, delante de todos nosotros, hace una flexión, ¿viste? por si tiene… se metió cosas, ¿viste? en la cola; y levantar el pie, mostrar la planta del pie”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

Las medidas de seguridad, por ejemplo, son que el pibe esté… que el movimiento de los pibes sea muy estricto. Que sea esta recreación sola, que éstos se queden encerrados, que salgan dos a fumar y entren, nada más, no se los cruce, no sean más de dos en el pasillo, que no saques acá si no le corresponde. Nosotros sacábamos a los pibes, corriendo determinados riesgos… el otro día tuvimos a todos los pibes afuera. Se “se violan” entre comillas, ¿no?, medidas de seguridad, pero los hechos fueron comprobando que se fueron bajando los niveles de violencia cuando vos empezás a generar espacios de libertad. Vos generás espacios de libertad, los sacás para ver una película, y hacés una charla debate, baja muchísimo, los pibes tienen la cabeza en otro lado”. (Entrevista 30 – Asistente de Minoridad de Instituto Penal -Centro de Recepción-)

En caso de “quebrantar” alguna norma, por lo general informales y sin respaldo en un reglamento conocido por todos (aunque existen formalmente en algunos casos) se aplican sanciones de aislamiento prolongado en celda (“engome”) y reducción del acceso a cigarrillos, como regla general e indistintamente para una gama muy amplia de infracciones, tal como gritar por el pasaplato, patear la puerta, contestar mal o agredir físicamente a otra persona.

Así, los “maestros” encarnan la ejecución de la economía social de la pena que vigoriza un tipo específico de lazo punitivo entre éstos y los jóvenes, manteniendo “desactivado” cualquier eventual conflicto a costas de un régimen de vida orientado a la desactivación, inhabilitación y neutralización conductista sobre los cuerpos adolescentes, sujetos al encierro. A continuación, se analizará un documento institucional que coadyuva a la descripción del “circuito” en términos de su lógica securitaria y de neutralización.

Última estación: Boceto ilustrativo de la vida en el encierro, notas acerca de la “pedagogía de la neutralización”

Siguieron dos Tumbas más. Iguales y distintas. Otros sistemas, otros métodos. Nuevos compañeros. Pero al fin y al cabo todo lo mismo”.

– Enrique Medina, Las Tumbas

En este acápite se analizará un documento oficial denominado: “Normativas de funcionamiento para establecimientos de Régimen Cerrado – Subsecretaria de Minoridad, Provincia de Buenos Aires”. Éste, de elaboración previa a la puesta en vigencia de la nueva normativa, es el único que pudo obtenerse sobre la regulación general de los institutos de menores. Resulta interesante que en su fundamentación convoca -y en forma constante a lo largo del documento- a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para Menores Privados de Libertad, citando algunos articulados y reinterpretándolos en directrices para los Centros Cerrados. Es importante señalar que este documento no se obtuvo a través de vía en formal en las entrevistas o requerimiento de información a la Subsecretaría, sino que se accedió al mismo de modo informal, a través del equipo técnico de un Centro Cerrado. Dicha inaccesibilidad no se debió a la voluntad de ocultar el mismo por parte de los funcionarios, sino simplemente por su desconocimiento y falta de uso en el “quehacer diario” de estas instituciones, que se manejan por la inercia del habitus y pactos no regimentados formalmente. De allí que la trama de normas que regulan la interacción entre los actores se nutre de prácticas históricas (parcialmente modificadas en el transcurso del tiempo) que, a modo de capas geológicas, se ensamblan en la reproducción institucional. No obstante, si bien el “gobierno” de cada instituto es relegado en buena medida a su Director y a las prácticas institucionales sedimentadas en cada establecimiento, de todos modos es posible identificar a nivel macro-general una forma de funcionamiento común a todos los institutos, que este documento refleja cabalmente por lo que su “escritura” se reconoce como un emergente en clave de “compilación” de las prácticas y discursos que “hacen” la vida cotidiana del gobierno intramuros de los institutos[31].

Renunciando a las especificidades y profundización que se realizara en la etapa doctoral, se decidió trabajar con este documento como sustrato empírico de análisis, por ser suficientemente representativo de los institutos provinciales. Éste se divide en los siguientes capítulos: 1) Del ingreso y admisión, 2) De los procedimientos de contención y seguridad generales, 3) De los procedimientos de contención y seguridad (repite la mayor parte de los articulados del cap. 2), 4) De los motines y situaciones irregulares, 5) De los traslados de menores: principios fundamentales, 6) De la custodia y contención de los jóvenes, 7) De la utilización de la fuerza, 8) De la alimentación de los jóvenes, 9) De las visitas, 10) De la atención médica, 11) De los libros de registros, 12) Procedimientos especiales, 13) De la educación y capacitación laboral, 14) De las normas de funcionamiento institucional.

Como principales emergentes se destaca que todo el documento exhibe una lógica securitaria, orientada a la “desactivación” de potenciales conflictos y al resguardo de la reclusión como principio central. Se utilizan apelativos penitenciarios tal como “adiestramiento del personal” y “disciplina positiva”.

Respecto del ingreso, en el Capítulo 1 sostiene La comprensión y colaboración del joven en el desarrollo de la internación resulta fundamental (art.1) El ingreso de un menor a un establecimiento es de vital importancia para que luego el desarrollo del abordaje del joven resulte positivo (…) En tal sentido el menor debe percibir claramente el funcionamiento de la institución y que además la misma resguarda también sus derechos”. Estipula la necesidad de comunicar el reglamento interno, la revisación médica y la entrega de vestimenta y ropa de cama.

Sobre los procedimientos de contención y seguridad, los Cap. 2 y 3 establecen los usos de los libros de novedades (art. 5), de visitas (art. 6), prohibición de entrar con armas (art. 7), la guardia perimetral policial (art. 8), control de llaves y puertas (art. 9), puertas y seguridad (art. 10), control de herramientas (art. 11), control de elementos de cocina (art. 12), control de elementos de lavandería y ropería (art. 13), suministro de medicación (art. 14), revisión de ingreso o salida (art. 15), revisión de áreas y dependencias (art. 16), inspección por turnos (art. 17), inspección de rejas, cerraduras y alambrado (art. 18), planes de emergencia (art. 19) y regímenes de visita (art. 20).

En la mayor parte de los articulados se establece un riguroso y sistemático procedimiento burocrático de registro escrito sobre los movimientos y novedades de todo aquello que acontece respecto de cada joven (identificación de las visitas, fechas, vínculo, duración, autolesiones, marcas, transformaciones en el cuerpo, etc.), estipulando la necesidad de asentar toda novedad y acción por escrito, lo cual produce un corpus de información y control burocrático exhaustivo. Se detalla la existencia, utilización y funciones de una amplia cantidad de soportes burocráticos administrativos para asentar todo tipo de movimiento, novedad y registro. A lo largo del documento se detallan 6 tipos de “libros”: de visita, autoridades, guardia, enfermería, requisa y personal.

Asimismo, varios de los articulados estipulan el exhaustivo conteo y relevamiento de insumos (inventario de cubiertos y prendas, chequeo de ingesta de medicamentos, etc.), controlando que no sean apropiados por los jóvenes. No obstante, es de especial interés detenerse en algunos artículos, en especial aquellos que regulan la circulación y el control de la espacialidad:

El control de las llaves y puertas de un establecimiento cerrado es un factor de vital importancia para la seguridad del mismo (…) A cualquier hora del día o de la noche, el sistema de control debe indicar donde se encuentra cada llave y en poder de quien se halla”. (Art.9)

Todas las puertas y rejas deben permanecer siempre cerradas, aunque el lapso que permanezca abierta sea breve. Cuando un Asistente de Minoridad se dirige hacia el sector delantero con un menor deberá previamente anunciarse ante el control para que sepa de la necesidad y éste se cerciore de que permanezcan cerradas las puertas hacia el exterior u otros sectores que no se permita el ingreso a menores”. (Art. 10)

Los articulados asumen como imperativo del control la maximización de las medidas de restricción y cercenamiento espacial en pos de evitar las fugas. El lugar central que tendrá la prevención de las evasiones o fugas se destaca a lo largo del documento.

Respecto de la inhibición a situaciones que posibiliten que los jóvenes dispongan de objetos no permitidos (que a criterio de las autoridad son prácticamente todos los objetos posibles a excepción de cartulinas y papelitos de manualidades durante el día) el articulado expresa que debe revisarse: A la entrada y salida de cualquier tipo de prenda de dichas áreas se deberán revisar cuidadosamente por parte de personal de la guardia de Asistentes de Minoridad a fin de controlar que dentro de las mismas no se entreguen elementos extraños a los menores (art.13). Así, el control del espacio y los objetos resulta el eje central de la “gobernabilidad intramuros” diseñada en el documento. Todo desplazamiento que exceda los límites de la celda será controlado: “Todo menor que ingrese o salga el establecimiento o de un área a otra deberá ser sometido a revisación. Dicho procedimiento quedará asentado en el libro de novedades estableciéndose que personal la realiza, horario y novedades al respecto. El examen incluirá el cuerpo del joven, las prendas y elementos con los que ingrese o egrese (art. 15).

Además de las requisas sobre los cuerpos, todo el espacio institucional debe ser controlado y vigilado en forma permanente: Todos los días se procederá a la revisión detallada de cada área y dependencia en la que se hallen o deambulen jóvenes” (art. 16) “Cada una hora como máximo los jefes de turno deberán recorrer las áreas que alojen menores comprobando la normalidad en la situación del establecimiento. Dichas recorridas no deberán ser regulares e incluirán pabellones, habitaciones, comedores, escuela, talleres y gimnasio (art.17) El personal de mantenimiento deberá realizar constantes revisiones de cerraduras, rejas y alambrados como mínimo una vez por semana quedando las mismas registradas en el libro de guardia correspondiente (art.18).

En cuanto a los planes de emergencia, el art. 19 los considera parte del adiestramiento del personal en tanto las situaciones críticas se encuentran intrínsecamente ligadas a la seguridad en sí mismo del establecimiento”. Las visitas solo podrán ser de 2 mayores por joven y un menor de 12 años, los sábados para el pabellón izquierdo y el domingo para el derecho (art. 20).

El capítulo 4 ahonda en las situaciones irregulares y de motines, continuando con la lógica de seguridad penitenciaria que tiñe todo el documento. Por ejemplo, advierte la necesidad de mantener una vigilancia permanente” sobre los jóvenes: “Una observación impropia e inadecuada de las situaciones que acontecen en el establecimiento generan como resultado la producción de motines, riñas, fugas, etc.”. Se estipula que los procedimientos de actuación deben ser parte del “adiestramiento” del personal y figurar por escrito. Asimismo, establece los pasos a seguir en situaciones de conflicto, refiriéndose a “población” (término del sistema penitenciario de adultos) y estipulando la clausura de puertas y accesos. Respecto de los mismos sostiene: La evaluación de la importancia del hecho crítico depende de la conducción del establecimiento (…) la formación adecuada y la experiencia son elementos fundamentales que deben contar los agentes mencionados (art. 34). Así, la experiencia, conocida en la jerga como “tener patio” es reconocida como la portación de un saber táctico clave para la gobernabilidad intramuros.

El documento continua pautando algunas reglas de procedimiento (no distraerse, no discutir con los menores, focalizar los incidentes) y agrega: “El elemento fundamental para abordar una situación de alboroto es la sorpresa. Esta se logra por una acción imprevista, vigorosa y rápida. Ello no implica aplicar la medida en el momento inadecuado, es preferible esperar el momento justo con el objeto de ser contundente(art. 37) conaplomo, calma y firmeza (art. 38).

Con una curiosa comparación, que replica el mundo de eufemismos y disciplina doméstico-familiar que permea las representaciones y léxicos del sistema minoril, el documento establece la necesidad que el personal conozca el procedimiento como: La similitud del conocimiento de los planes puede asociarse al desplazamiento por el interior de nuestra casa a oscuras. En determinadas ocasiones nos desplazamos por nuestro hogar a oscuras sin tropezar y hasta ubicando objetos sin generar desordenes por el conocimiento que tenemos de la misma”.

En el capítulo 5 se avanza sobre las condiciones de los traslados, sin precisar que sea obligatoria la realización del mismo por parte del personal de la Subsecretaría, estipula que deberá usarse esposas” y que “previamente se debe revisar el funcionamiento de las esposas abriéndolas y cerrándolas dos veces cada vez. Mientras el joven permanezca esposado se deberá revisar el estado de las mismas periódicamente (art. 40). En el capítulo 6 se detalla la “custodia y contención” de los jóvenes. Con un claro y univoco sentido otorgado a estos términos en clave de control segregativo, incapacitación y dominio absoluto de la economía de la acción de los jóvenes, explica: Muchos de los fracasos con respecto a la custodia son el resultado de una vigilancia descuidada e inadecuada. La calidad del control vigilante es la mejor garantía para la prevención de fugas.

En cuanto al perfil necesario de los “maestros” estipula:

El asistente de minoridad trabaja con factores humanos intangibles, trata con personas y su comportamiento, lo que le exige habilidades y conocimientos definidos. Es necesario se halle atento a los cambios emocionales de los jóvenes y ser conocedor de sus propias emociones y sentimientos con respecto a los menores y como se relacionan ellos con estos. El propósito final de la disciplina es obtener cooperación, en lugar de la sumisión inspirada en el temor, a la autoridad debidamente constituida. Este es un proceso de educación, el cual se encuentra incluido en un programa general de rehabilitación social que el establecimiento persigue”. (art. 41)

Además de una concepción pseudo educativa ligada a la pedagogía de la obediencia y cooperación, como fin de la “rehabilitación” y posible a través de una mirada profunda y minuciosa sobre la emotividad de los jóvenes que permita calcular el riesgo de sus potenciales acciones, el documento prosigue en la definición del observador de conductas: El asistente de minoridad debe ser observador y analítico, si quiere prevenir peleas, motines, relajamiento de la disciplina (art. 42).

Disciplina, obediencia y control permanente se constituyen como triada elemental para las tácticas de gobierno internas. Esta regulación debe ser siempre y claramente emanada desde el personal hacia los jóvenes de modo asimétrico y unidireccional, estipulando claramente quienes “mandan” y quienes “obedecen”. Las estrategias para lograrlo deben concentrarse en la reducción al máximo de las posibilidades del joven de disponer de algún margen de maniobra corporal, espacial o sobre objetos imprevistos para el personal, cercenando bajo este objetivo cualquier posibilidad de contingencia, intimidad o singularización. Constreñido al control total y exhaustivo, se lograrán alcanzar los objetivos securitarios, de neutralización y desactivación. Ello es posible a partir de la instrumentación de una caja de herramientas simbólicas (Ponce, S/F) tal como el aislamiento, la información fragmentada, la regimentación unidireccional del uso del tiempo, el dominio sobre la economía de la acción y sobre la propia disposición del cuerpo, todos ellos “saberes institucionales” que logran resolver la “tensión inmanente” de los “colegios”, entre el mandato del castigo y la resocialización.

Así prosigue: Los menores que colaboren en tareas de limpieza realizarán dichas actividades en forma individual y en horarios que los otros menores se encuentren en sus habitaciones y siempre con la presencia atenta de un asistente de minoridad(art. 42).

La vigilancia y el control exhaustivo de los cuerpos adolescentes debe ser una tarea permanente, parte de un continnum custodial:

Resulta necesario la constante recorrida de los pabellones en horarios nocturnos sin afectar el sueño de los jóvenes pero sin disminuir la atención a ante cualquier situación extraña en resguardo de la integridad psico-física de los menores o de la organización y seguridad del establecimiento. En caso de tener que ingresar a uno de los dormitorios en ningún caso se concretará con un solo Asistente de Minoridad sino que ello se realizará al menos con un número superior a dos”. (art. 43)

Sintetizando las ideas latentes en los articulados, el documento asume que: La disciplina del establecimiento se debe basar en la ejecución de un dispositivo positivo hacia la continencia, en lugar de constituir un forzamiento o un sistema del temor (art. 45).

En el art. 46 estipula que las sanciones deben ser individuales, salvo en casos “muy excepcionales” en las cuales podrán ser colectivas. En el art. 75 (cap. 13) agrega que el pedido de las mismas debe ser remitido a equipo técnico para que permita el descargo del joven, luego de lo cual el Director aplicará o no la misma, que será asentada en el libro de novedades para conocimiento del personal y además deberá integrar al legajo del menor aunque dependiendo de su magnitud será o no remitida al tribunal. Estos pasos denotan por un lado un amplio margen de discrecionalidad, en la posibilidad o no de aplicación de sanciones, jugándose el encadenamiento de distintos actores y relaciones de poder desde su pedido hasta su posible (o no) aplicación. Asimismo, resulta muy interesante que en el estricto registro burocrático la sanción queda “asentada” en el legajo del menor y en el libro de novedades, aunque su comunicación al juzgado es una posibilidad, no una obligación, lo cual genera un margen de negociación y maniobra entre los jóvenes y la institución que elude al actor judicial en el gobierno intramuros[32]. En línea con la racionalidad de una custodia y disciplina “positiva” y en dirección a la “pedagogía de la neutralización”, el capítulo 7, sobre “la utilización de la fuerza” estipula: Los métodos inhumanos e indefensibles se oponen a la disciplina positiva anteriormente planteada, generando resentimientos, falta de cooperación, dificultades en el mantenimiento del control y de la custodia y un desajuste general del establecimiento (art. 49). Sobre el uso de la fuerza física sostiene:

Bajo ningún concepto se aplicarán castigos corporales a los menores internados en el establecimiento. El uso de la fuerza no se relaciona conceptualmente con el castigo y solo debe utilizarse para lograr su propósito y en aquellas emergencias que la demanden, y por lo tanto, la justifiquen”. (art. 50. El resaltado es propio)

En el art. 51 se establece que en las “situaciones críticas” lasmetodologías y elementos permitidos son el uso de agua a presión por parte del Director o Subdirector, los escudos antimotines y “en el caso que un menor intente agredir o impida el cumplimento de la presente normativa se lo podrá contener físicamente con la fuerza necesaria para que el mismo no se dañe a sí mismo ni a terceros”.

En cuanto a las lesiones que cometen los jóvenes sobre sí mismos, estipula que deben ser comunicadas al Subdirector, solicitar en forma “inmediata” una pormenorizada evaluación por parte de un médico, que deje asentado en el libro de enfermería y en un informe la situación, a la vez que debe remitirse un informe al juzgado a cargo. Si la agresión es entre jóvenes, adiciona al procedimiento la realización de la denuncia penal ante el juzgado de turno de La Plata en caso de ser menores de 18 años, o ante la fiscalía en caso de ser mayores de edad.

Es especialmente interesante observar en la “cartografía” del documento, que sobre una extensión total de 84 artículos analizados más arriba, que definen las normas de “funcionamiento” de los Centros Cerrados, tal como reza su título, recién en el artículo 80 se define que: La educación y capacitación laboral forman parte del abordaje integral que debe brindar el establecimiento”. No obstante, la continuación en la redacción del mismo resulta reveladora:Independientemente que el menor se halle sancionado no se lo privará de acceder a la escuela y talleres del instituto, salvo en situaciones excepcionales las cuales podrá decidir las más altas autoridades del establecimiento en prevención de situaciones de graves consecuencia” (art. 80).

En otras palabras: la educación y capacitación laboral se mencionan en forma residual, como “parte” del abordaje y solo a efectos (como lo señala el último extracto del artículo) de señalar que la “pedagogía de la obediencia, subordinación y neutralización” o tal como lo denomina el documento, la “disciplina positiva” no debe restringir su acceso, salvo situaciones “excepcionales”[33].

En resumen, la excepción como significante indefinido permite que un discrecional margen de maniobra para el mantenimiento del “buen gobierno de los cuerpos”. Parafraseando al principio de “disciplina positiva” y remitiéndonos al análisis del poder que realiza Foucault, es sin dudas una disciplina positiva en tanto produce sujetos neutralizados, anulados y cercenados en la economía de su acción y de la disposición de sus cuerpos, limitando al máximo la soberanía corporal y las posibilidades de subjetivación[34]. Así, se “produce” bajo el lazo socio-punitivo del encierro el arrasamiento o mortificación del yo, bajo un esquema de control basado en rutinas de subordinación desactivante para aquellos los adolescentes destinados a constituirse en sujetos al encierro.


  1. Como es evidente, el término “las tumbas” refiere al título de la homónima novela de Enrique Medina.
  2. Respecto de la “historia de los pensamientos criminales” ver la excelente obra homónima de Anitúa (2005).
  3. Estas “experiencias de campo” refieren a las visitas que he efectuado acompañando al Comité contra la Tortura perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de las inspecciones periódicas que éste realiza sobre institutos de menores, cárceles y comisarias provinciales. Durante el año 2009 he visitado 3 veces el Centro de Recepción de Lomas de Zamora, y en 1 ocasión el Centro de Recepción La Plata y los siguientes Centros Cerrados: Mar del Plata (Batancito), Legarra, El Castillito, Almafuerte, Nuevo Dique y Merlo (mujeres). Parte de las mismas se han plasmado en el Informe Preliminar del sub-proyecto de investigación que he coordinado, titulado: “Engomados. Situación de los Adolescentes en Institutos de Menores de la Provincia de Buenos Aires. Violencia y circuitos institucionales de administración del castigo penal minoril”. Este proyecto es una sub-dimensión de una investigación más amplia dirigida por la Lic. Alcira Daroqui en el marco del acuerdo interinstitucional entre el Gespydh y el Comité contra la Tortura, denominada: El “programa” de gobernabilidad penitenciaria: un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”. Los resultados de la primera etapa pueden consultarse en: “El sistema de la crueldad IV – Informe Anual 2008/9 del Comité.
    Asimismo, he triangulado permanentemente los datos relevados en los institutos de menores con otros datos provistos por “informantes claves”, tanto en entrevistas extra-muros como en situaciones imprevistas de campo, tal como charlas informales, pequeñas interacciones observadas en pasillos o espacios institucionales, comentarios casuales, reuniones o actividades inter-institucionales sobre la temática en las que he participado como investigadora del Instituto Gino Germani, vínculos y contactos personales, etc. La apertura de dicho organismo para el acompañamiento en sus inspecciones me permitió confeccionar extensos registros de campo observacionales y mantener entrevistas en privado con los adolescentes detenidos y con el personal de la institución (Directores, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes de minoridad, enfermeros), así como recorrer libremente y sin restricciones las instalaciones de los institutos, cuestión de suma dificultad en el desarrollo del trabajo de campo en cualquier agencia de control social, sin dudas uno de los principales obstáculos de la tarea investigativa en este área. Dicho material será utilizado para la siguiente etapa de mi beca doctoral, donde a partir de este trabajo de campo (aún en curso) se retomarán cuestiones de esta tesis y se profundizará en el análisis de las instituciones de encierro desde una perspectiva etnográfica y atendiendo a la problematización específica de la privación de libertad. Por ello, para esta tesis solo “complementa” la mirada del investigador y el diálogo con los materiales documentales, que mantendrán una mirada “macro”.
  4. Aquí es interesante la metáfora de “circuito” desarrollada por Pitch (2003) como contrapunto de la idea de la bifurcación de Baratta, como dinámica que se establece entre las formas blandas (relocalización-comunitaria) y duras de control socio penal (segregación-desactivación) en la modulación-circulación de las clientelas.
  5. La peligrosidad social (…) funciona ahora como una legitimación para la incapacitación, como el criterio de clasificación dentro de la prisión misma y entre las estrategias custodiales como tales y las políticas de control “blando (Pitch, 2003: 55. El resaltado es propio).
  6. En esta línea, para Platt: Decir (…) que el sistema de tribunales para menores no ha logrado reducir la delincuencia, rehabilitar a los delincuentes ni reforzar el sentido de justicia no es atinado, porque es dar por supuesto, indebidamente, que el tribunal de menores estaba hecho para cumplir tales cosas (2001: 200). Para este autor es imposible concebirlo como un organismo de “rehabilitación” y de igualdad social en una sociedad injusta, sexista, desigual, etc. (en esta línea coinciden Resta, Albrecht, Pitch, entre otros).
  7. La organización social de la pena, oportunamente investigada, no nos informa solamente la manera como las instituciones responden a la criminalidad, sino que representa, la más auténtica y la más original de las fuentes para comprender como se genera, se propaga y se define la criminalidad misma (…) la ley, la policía, los tribunales, la cárcel, la criminología y la cultura producen realidad social (De Leo, 1985: 1-2).
  8. Según Foucault, para el análisis de una institución existen tres elementos centrales: 1) su racionalidad o su finalidad (los objetivos que propone y los medios de que dispone para conseguirlos: el programa formal de la institución); 2) los efectos (que pocas veces coinciden con la finalidad); 3) el uso (no previsto pero producto del efecto, aunque comporta un sentido y una utilidad a la institución).
  9. Una estrategia (de poder) es: la totalidad de los medios puestos en funcionamiento para implementar o mantener el poder de forma efectiva (…) los mecanismos usados en las relaciones de poder en términos de estrategias (Foucault, 1982: 13) Las configuraciones estratégicas se dan: a partir de esos usos en cierta medida imprevistos, nuevos y pese a todo buscados hasta cierto punto, se pueden erigir ciertas conductas racionales que sin estar en el programa inicial responden también a sus objetivos, usos en los que pueden encontrar acomodo las relaciones existentes entre los diferentes grupos sociales (…) Las configuraciones estratégicas con frecuencia no están claras incluso para aquellos que ocupan un puesto en la institución y juegan en ella un determinado papel” (Foucault, 1996: 148-149).
  10. Todo dispositivo de control ensambla un conjunto de prácticas, de estrategias y de discursos que dan cuerpo a una economía interna y a una específica racionalidad de dominio (De Giorgi, 2006: 144).
  11. En los informes anuales del Comité pueden rastrearse las denuncias judiciales realizadas y las principales problemáticas de dichas instituciones desde la óptica del monitoreo del cumplimiento de los DDHH en los lugares de detención.
  12. Este último solo describe en detalle al Instituto Almafuerte. En sus conclusiones, el informe señala que lo primordial no resulta lo edilicio sino el régimen de vida y que: Las instituciones totales (…) resultan, por sus propia concepción, ajenas a la normativa internacional. Esto significa que su concepción y funcionamiento son contrarios a la CDN y, por lo tanto, la existencia de estas instituciones es absolutamente inconstitucional (CELS, 2003: 156).
  13. En este artículo, Miguez acepta la hipótesis de Wacquant en términos generales, pero discute el carácter de “control social” de las instituciones minoriles de la PBA. En su argumento opone que en éstas puede reconocerse una suerte de palimpsesto organizacional con prácticas contradictorias. En él se superponen distintas culturas institucionales resabios de diversas políticas minoriles y agentes institucionales de varias generaciones” donde “lo que prima es un comportamiento caótico (…) anómico en el que priman intereses particulares (2003:158). Por los argumentos ofrecidos en el texto, se desconoce por qué estas características, atendibles y observables en el sistema minoril provincial le quitan el carácter de control social a las mismas, término que ni siquiera es definido por el autor. Éste analiza en forma “asociada” las variables de pobreza, desempleo y delito juvenil, a la vez que enuncia un aumento de la violencia de los jóvenes y su mayor peligrosidad como un nuevo escenario (…) en el que debieron desempeñarse las instituciones de minoridad (2003: 159). Esta mirada, claro está, desconoce el carácter selectivo y performativo de las agencias penales y toma las cifras como datos que reflejan la realidad que se denuncia (sin problematizar su construcción y la persecución de determinados patrones de conductas y autores por parte de las instituciones). En sus conclusiones, el autor sostiene que el “mal funcionamiento” o el “incumplimiento” de las funciones de este instituto se debe a la falta de profesionalización y educación formal del personal y que la mantención de esta situación es sostenida por la presión de los gremios. Señala el crónico incumplimiento de las funciones, lo cual hace distar la práctica del reglamento, donde el contacto con los jóvenes es mínimo y azaroso por parte de los directivos. También analiza el rol de los asistentes de minoridad y los mecanismos de reciprocidad internos, como parte de las practicas adaptativas en razón de la tensión entre funciones complejas y niveles de calificación escasos (2003: 202). Este trabajo no puede ser considerado dentro del campo de los estudios sobre control socio-penal, ya que omite los ejes de análisis y debates teóricos del área de conocimiento.
  14. Las razones expuestas para la pena, la retórica oficial, las teorías del derecho penal, varían de tanto en tanto y de lugar en lugar (…) Las teorías penales modernas son el reflejo de los intereses del estado y de la visión del mundo (Christie: 1989, 127).
  15. Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente(Goffman, 1998: 13). Éstas actúan centralmente sobre el tiempo y el espacio. Las actividades son regimentadas, obligatorias, programadas y secuenciales, ajustadas a un plan “burocrático racional” según sus objetivos y una organización jerárquica y asimétrica de conglomerados humanos que controlan (desde una minoría) y administran restrictivamente la información. Entre las principales consecuencias de las instituciones totales se destacan las agresiones o mortificaciones del yo, como deterioro subjetivo que produce el desbaratamiento del dominio sobre el mundo social y la mutilación de economía de la acción (efecto looping).
  16. Hasta la cárcel logra sobrevivir legitimándose, en el menor de los casos como un “mal menor” (…) de tal modo la punición carcelaria (para los menores cambia simplemente de nombre y se llama instituto), con algún sentido de culpa y argumentos que se autoproclaman realistas, continúa por sobrevivir (Resta, 2008: 95).
  17. Como dato de color puede señalarse que la primera audiencia del primer juicio desarrollado en el marco del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (departamento judicial de Quilmes) debió ser cancelada por que la Subsecretaría manifestó no contar con vehículo para transportar al adolescente imputado en la causa.
  18. Según los datos relevados en los institutos de menores, los traslados “entre institutos” posteriores al “ingreso inicial” al sistema, suelen negociarse en gran medida entre los propios directores de los institutos, en forma horizontal. Ello no implica que no se dé aviso a Registro una vez pactado un pase, pero una vez dentro del sistema los traslados suelen negociarse entre las instituciones, generando una red de intercambios y alianzas específicas. Cada institución suele “manejarse sola” con un amplio margen de maniobra para las definiciones programáticas, siendo escasos y muy puntuales los lineamientos “bajados” de la Dirección de Institutos. Ello hace que el archipiélago institucional resulta heterogéneo y muy particular, en especial en cuanto al perfil del Director, la correlación de fuerzas gremiales entre los empleados y la disposición de recursos (actividades, materiales, convenios, etc.) obtenidos por cuenta propia de cada instituto. El análisis desagregado de los diferentes “marcos de gobernabilidad intramuros” se desarrollara en la tesis de doctorado.
  19. En el Anexo II de la Resolución Ministerial 172 se establece la edad máxima para el “ingreso” de un adolescente a una de estas instituciones a los 18 años, no obstante, se ha rastreado toda la normativa y en ninguna de ellas se establece la “edad máxima” hasta la que puede estar un adolescente bajo juzgado del fuero penal juvenil. Asimismo aclara la necesidad de alojar a los adolescentes “priorizando” la cercanía al lugar de residencia de su familia y debiendo articular con instituciones de salud los tratamientos por adicciones.
  20. Resulta interesante compararlo con los datos trabajados en el capítulo anterior.
  21. La mayor aplicación de violencia institucional sobre el grupo de los jóvenes puede visualizarse con claridad en los resultados del relevamiento cuanti-cualitativo realizado por el Gespydh y publicado en la Revista Observatorio de la Juventud de Chile (2009).
  22. Según reza el acta judicial analizada, la audiencia se realizó en Ciudad de La Plata, en la Sede de la Fiscalía de Instrucción Nro. 6 a cargo del Dr. Marcelo Carlos Romero.
  23. Esta funcionaria reasumió su cargo (ejercido antes entre mayo de 2002 y diciembre de 2007) nuevamente en noviembre de 2008, luego de la escandalosa salida de la gestión de su antecesora, Martha Arriola, bajo duras declaraciones mediáticas sobre el colapso del sistema y la desatención financiera de la provincia hacia las mismas, así como por el clima mediático-punitivo desatado luego del caso Barranechea.
  24. Esta causa meses después fue “cerrada” por el fiscal del caso (el 4 de Julio de 2009), sobreseyendo a la Subsecretaria, por entender que resultaba insignificante el litigio en términos del sistema penal. El oficio del fiscal rezaba: en el día de la fecha se ha dispuesto el archivo los autos del rubrado, con arreglo a lo normado por el art. 268 4to párrafo del Digesto Ritual. Dios Guarde a V.S.-”.
  25. Tal como sostiene De Leo, se formulan peticiones paradójicas a la cárcel, objetivos en abierta contradicción: que funcione bien como una cárcel y querealice los fines reeducativos exigidos por la leypero que al mismo tiempo garantice vigilancia, orden, que asegure un clima humano y abierto pero que evite incidentes y fugas (1985: 4-5).
  26. El campo de “minoridad” no está exento del conocido léxico eufemístico que rodea al mundo institucional infantil. Así, en la PBA a los institutos de menores se los denomina como “colegios”, a los empleados que asisten a los adolescentes y procuran que no se escapen se los llaman “maestros”, a las celdas “dormitorios” o “habitaciones”, al pabellón “módulo”, al “desengome” se lo llama “recreación”, etc.
  27. También existen las Alcaldías, que son calabozos colectivos anexos a los centros cerrados o de recepción. Existen una en el Almafuerte, otra en el Nuevo Dique y otra en el Centro de Recepción de La Plata. Las mismas no se encuentran definidas por ninguna normativa que haya podido ser ubicada. Según los registros obtenidos, se utilizan para el tiempo de detención inicial (que puede ser de horas, días o hasta meses).
  28. La privación de libertad para personas menores de edad esta delineada por la normativa internacional en los Art. 17, 25, 37, y 40 de la CDN, estableciendo que debe ser utilizada en hechos “excepcionalmente graves o violentos”, como último recurso (y cuando otros mecanismos hayan fracasado) y por el menor tiempo posible. También refieren al tipo de régimen la regla 26.3 de Beijing, la 8d de las “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” y la 10.2b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destacando entre éstas que debe mantenerse separados a condenados de cautelares. También puede consultarse la sentencia de la CIDH del 2/9/05 en el caso “Instituto de Reeducación del Menor en Paraguay”.
  29. Para Foucault (1982) gobernar es estructurar el posible campo de acción de los otros.
  30. Para los A y B además se requiere “Conocimientos básicos de pedagogía y psicología. De organización de tareas y asistencia social”. La descripción de sus tareas es la de coordinar y organizar las guardias de los preceptores diurnos, nocturnos y serenos”. Y también “Orientar, guiar y apoyar a los menores tutelados encauzando su conducta dentro de las normas disciplinarias que contribuyan a la formación de su personalidad. Supervisar el control que se efectúa sobre la conducta del menor, sus entradas, salidas y visitas. Colaborar en las tareas tendientes a lograr una adecuada integración del tutelado. Controlar diariamente la población del instituto y al personal de que él depende en cumplimiento de sus actividades. Para los B se requieren de: pedagogía y psicología, de problemática social del menor de edad y de las técnicas de prevención y recuperación del mismo. Eventualmente de primeros auxilios. De puericultura. Sus tareas se describen como: controlar los roles que el tutelado cumple en sus distintas manifestaciones (…) guiar el comportamiento del tutelado (…) confeccionar información sobre el desenvolvimiento de cada menor para su posterior evaluación, comunicando toda novedad que se produzca (…) llevar a los menores a las escuelas y acompañarlos en sus paseos. Vigilar su higiene y vestimenta (…) Fomentar a los tutelados principios morales y sociales, buenas costumbres y modales (…) Vigilar durante la noche los dormitorios velando el sueño de los tutelados. Observar su comportamiento en baños, dormitorios y demás dependencias (…) controlar el aseo de los tutelados al levantarse”. Para los de tipo “D”, en cambio, solo se requiere tener “Conocimientos elementales de puericultura. Sus tareas son: “velar por el buen comportamiento de los menores y asistirlos en su actividad cotidiana (…) vigilar su aseo, y otras tareas operativas (comida, medicamentos, vestimenta, etc.).
  31. Sostendré -hipotéticamente- que es muy probable que su redacción haya estado en manos de “maestros con patio” que plasmaron allí sus saberes sobre cómo “se hacen las cosas” en los institutos. En efecto, la fecha de elaboración del documento coincide con el período de gestión de la Dirección de Institutos a manos de un conocido “maestro de patio” de la “vieja escuela”. Este refleja el “deber ser ideal” de un maestro de patio, que en la práctica diaria sufrirá ajustes y adaptaciones. No obstante, renunciando al análisis etnográfico y a fines de abordar el nivel de análisis propuesto para este capítulo vía técnica documental (Valles, 2000), el mismo resulta un insumo analítico de suma pertinencia y capacidad explicativa.
  32. En las unidades penales de adultos, todos los partes disciplinarios (sanciones) deben ser remitidos obligatoriamente al juzgado a cargo de cada detenido.
  33. Resulta imposible no señalar que, en las diversas visitas a institutos de menores acompañando al Comité contra la Tortura durante en 2009 se ha corroborado que los adolescentes sancionados no son “llevados” a la escuela durante los días que dure la sanción. Si bien el personal de las instituciones niega este hecho en forma sistemática, mi afirmación se basa en el relato de los propios jóvenes y también en el hecho de haber ingresado y permanecido durante estas inspecciones a las celdas de adolescente sancionados, que se encontraban allí durante el horario escolar de un día hábil.
  34. Todo cuerpo expresa una dimensión de lo social. El control corporal constituye una expresión del control social: a un control social fuerte corresponde un control corporal igualmente estricto(Douglas, 1988: 96).


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