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7 Impacto en la población privada de libertad

“Fiel a su dimensión técnica, el derecho manifiesta una vez más su aptitud para participar en la invención de nuevas formas de poder y para servir a nuevos ideales”.

– Alain Supiot (2005: 216) 

“Las instituciones del control del delito y de la justicia penal tienen determinadas condiciones de existencia. Forman parte de una red de gobierno y producción de orden social”.

– David Garland (2005: 38)

Introducción

Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, la implementación de la nueva ley penal juvenil durante los años 2008/9 no estuvo exenta de las ya recurrentes “olas” mediáticas y “casos resonantes”, que reactivan discursos de “peligro social” e “inseguridad” centrados en la figura de los “menores delincuentes”, sin duda objeto privilegiado de proclamas de “mano dura” y “tolerancia cero”[1]. Estos discursos exacerban la necesidad de más castigo, más encierro y por supuesto, garantía de neutralización en manos del sistema penal para estos “sujetos-menores-peligrosos-incorregibles-inabordables”, en un claro sentido preventivo-general[2], renunciando progresivamente a las muy añoradas ficciones utilitaristas de la pena, que sin embargo en el caso de los menores de edad parecieran aún persistir (De Leo, 1985)[3]. Así, aún bajo principios jurídicos garantistas o de derecho penal mínimo[4], los marcos normativos que regulan el ejercicio del control penal estatal se imbrican y articulan con un contexto más amplio de expansión e inflación de los sistemas penales en tanto mecanismos de gestión de la exclusión social, en confluencia con una creciente emotividad punitiva (Garland, 2005) que delatan la tensión entre sistema penal-derechos humanos-juventud precarizada.

Este “juego social”[5] en el que se inscribe el derecho debe dar respuesta a demandas notablemente contrapuestas, tal como alecciona el caso de la PBA.

Específicamente, los nuevos Regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil[6] suponen que la privación de libertad (último y más duro eslabón del castigo penal) debería resultar una medida excepcional, de último recurso y por el mínimo tiempo posible para los más jóvenes (UNICEF, 2007; Beloff, 1998; Cillero Bruñol, 2000).

Por ello, el análisis cuantitativo del despliegue de la cadena punitiva sobre dicho grupo desde el inicio del proceso de actualización legislativa da cuenta de las distancias existentes entre la norma jurídica y su aplicación, lo cual expresa la resolución de las tensiones entre demandas punitivas y principios de mínima intervención.

A modo de adelanto de conclusiones, puede afirmarse que, a contrapelo del principio de privación de libertad como medida de última ratio, a partir de la puesta en marcha de la ley 13.634, la cantidad de adolescentes privados de libertad en la PBA se ha incrementado[7]. Asimismo, en este período se ha recrudecido el régimen de encierro, disminuyendo la cantidad de jóvenes en régimen semi-cerrado y aumentando a la par la de jóvenes en régimen de máxima seguridad[8].

Con clausuras de algunos de los lugares de encierro por las deficientes condiciones de detención, las instituciones cerradas han trabajado “a tope” y con sobrepoblación durante todo el período, mientras que el régimen de semi-libertad ha estado permanentemente sub-ocupado. La falta de “lugares” de encierro ha sido una demanda constante del poder judicial durante el período, lo cual triangula y se condice con las cifras obtenidas.

Metodología

En los siguientes acápites se retomará el análisis cuantitativo de tipo estadístico iniciado en el capítulo 5. Como se explicó en el mismo, la decisión metodológica de seccionar los datos cuantitativos en dos capítulos se debió a las diferentes formas de “construcción” de cada uno, a saber: a) aquellos presentados en el capítulo 5 son fuentes secundarias de la agencia policial y judicial y los aquí analizados son datos primarios construidos ad hoc en base a planillas de uso burocrático obtenidas en el organismo técnico, b) el rango temporal que cubre cada uno resultan disimilen en tanto los dos primeros (policía y justicia) resultaban previos a la implementación del Fuero y los aquí trabajados son cronológicamente posteriores, dando cuenta en este último caso de indicadores de impacto.

Por otra parte, se decidió intercalar entre ambos capítulos la descripción y análisis (de corte cualitativo) del proceso de implementación, a modo de “organizar” la presentación de la información en forma coherente para el lector, con arreglo al desarrollo del proceso analizado. En cuanto a la accesibilidad, baste referenciar para éstas cifras las mismas dificultades desarrolladas en el capítulo 5. Adicionalmente, como esta agencia dejó de producir estadística, debió solicitarse la información en crudo (listado de detenidos, denominados “partes diarios”), para construir los datos en forma artesanal. Obtener los mismos requirió un año y medio de gestiones, múltiples estrategias de acceso y presentaciones y, por último y fundamental, una determinante cuota de suerte y azarosidad, desterrada de cualquier principio de racionalidad burocrática.

Se trabajarán dos tipos de datos: 1) en la primera parte se presentará la serie longitudinal sobre cantidad de adolescentes privados de libertad en régimen de semi-libertad y de máxima seguridad (cerrados) durante el primer año de implementación plena del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir, desde Noviembre de 2008 (puesta en funcionamiento de los últimos departamentos judiciales) a Noviembre de 2009.

Se denomina al régimen cerrado como “máxima seguridad” en virtud del diseño arquitectónico de las instituciones y las barreras físicas y de circulación impuestas. Para esta modalidad se trabajará por separado un período más amplio, correspondiente a 2 años (2008 y 2009)[9]. Para construir estas series se sistematizaron los “partes diarios” correspondientes al día 15 de cada mes (mitad de mes) durante todo el período para el caso de los Centros Cerrados, en función de la información remitida por la Dirección de Institutos Penales[10]. En el caso de los Centros de Contención (semi-libertad o semi-cerrados) se ha recibido de la Dirección de Medidas Alternativas un promedio mensual de jóvenes alojados por cada institución para todo el período.

2) El segundo tipo de dato que se trabajará corresponde a un corte transversal en cuanto a la variable temporal, es decir, son datos que exhiben la “foto” de los adolescentes privados de libertad en Institutos (Centros Cerrados) al día 25 de Junio de 2009, es decir, a casi un año del inicio de la implementación del Fuero y 6 meses después de su funcionamiento pleno en todos los departamentos judiciales de la provincia. Este dato fue construido de modo artesanal. Se logró obtener la copia del listado de detenidos (denominado “parte diario”) de cada uno de los institutos cerrados de la provincia para esa fecha. Estos listados son remitidos a diario vía fax por cada institución a la Dirección de Institutos Penales (que funciona en la ciudad de La Plata), donde se elabora un parte diario general que concentra la cantidad total de adolescentes bajo su órbita, así como los “movimientos” (traslados, egresos, ingresos, salidas transitorias, comparendos, etc.). Obtenidos estos listados (que discriminan sexo, edad, juzgado, fecha de ingreso, carátula de la causa, departamento judicial y algunos otros datos como condena o situación procesal) se ha construido una base en el programa estadístico para ciencias sociales SPSS, diseñando la sistematización y tabulación de las variables que podían extraerse de dichos listados. Una vez cargados los mismos y depurada la consistencia de la base de avanzó en el procesamiento, obteniendo medidas de estadística descriptiva básica, tal como frecuencias de distribución, cruces bivariados, promedios y rangos o tramos de frecuencia agrupados, que permitirán realizan una lectura más profunda sobre la totalidad (foto) de los jóvenes encerrados en este tipo de institución[11]. Esta lectura permitirá conocer “quienes” son aquellos adolescentes destinados al más duro régimen del circuito penal juvenil, desde el punto de vista sociológico, analizando las variables de clasificación sociodemográfica y judicial disponibles, así como conocer “que hacen” las agencias judiciales con estos adolescentes, en tanto tiempo de permanencia, condena, situación procesal, etc. Esta aproximación “indirecta” al quehacer judicial respecto de los adolescentes es la única forma de conocer que ocurre luego de la apertura de una causa judicial penal. El único dato disponible de dicha agencia -que se ha trabajado en este capítulo- es la cantidad de causas (IPP) abiertas durante el primer semestre de 2009. Se han efectuado múltiples e insistentes pedidos de desagregación de la información, pero la agencia judicial en este período (a diferencia de lo que ocurrió en el precedente, al respecto ver capítulo 5) ha contestado que no cuenta con cifras “consistentes” sobre el mismo, aduciendo que ello se debe al escaso tiempo de funcionamiento del Fuero y a la carga incompleta de los datos por parte de los empleados judiciales en el sistema informático del Ministerio Público (SIMP).

En otras palabras: estos partes de detenidos son la variable proxi más confiable sobre un mundo absolutamente desconocido: que hacen los juzgados con los adolescentes una vez que las causas “ingresan” a las mallas de la justicia[12].

Por otra parte, es importante advertir que para algunas variables el N de casos disminuye, eso se debe a que todas las instituciones no envían el mismo tipo de planilla (si bien coincide en la mayor parte de los campos). Esta “disparidad” en la información remitida a la Dirección Provincial da cuenta del importante margen de maniobra con que se maneja cada institución y la históricamente débil coordinación o lineamientos generales sistemáticos de dicha Dirección en el funcionamiento de los institutos (este punto se desarrollara en el siguiente capítulo).

Por otra parte, es importante señalar que, en términos conceptuales, las cifras aquí presentadas no se equiparan con el volumen total de adolescentes privados de libertad por causa penal en la PBA, sino que representa solo a una parte del universo de instituciones con facultad de recibir adolescentes con este tipo de orden judicial. Las cifras provenientes de Unidades Penales Bonaerenses[13], Comunidades Terapéuticas (públicas o privadas) o de otra índole, no han sido aquí contabilizadas como resultado de la inaccesibilidad a los datos. Por ello, las cifras exhibidas resultan no exhaustivas de la institucionalización privativa de la libertad con arreglo al criterio de la Regla 11b de Beijing y normativas internacionales que estipulan por “privación de libertad” a todas aquellas modalidades en las cuales el/la adolescente no pueda dejar por su propia voluntad un espacio -ya sea éste con mínimas restricciones físicas- por orden judicial o administrativa. Aun cuando pueda flanquear o no existan las barreras físicas, la conceptualización deberá ser la de privación de libertad, aunque necesariamente discriminado a su interior los diversos tipos de regímenes existentes[14].

Asimismo, los datos aquí trabajados no contemplan una modalidad de gestión punitiva para adolescentes aún no reconocida en las cifras brindadas por las agencias del estado como “privativas de libertad”, a saber: el arresto domiciliario. Éste, en general suele resultar más benigno que los regímenes de vida de las instituciones totales carcelarias, pero bajo ninguna circunstancia podría eliminarse como categoría que compone las dimensiones del universo, ya que ello convalidaría suponer que solo aquellos adolescentes “que sufren” estar en el “instituto” pueden ser tipificados bajo esta modalidad[15].

Aún bajo estas aclaraciones, puede señalarse una significativa correspondencia tendencial del comportamiento de las variables abajo presentadas sobre la estructura del universo total. Considero que la información que aquí se presenta asume un valor y riqueza única en términos de investigación social ya que son los únicos datos conocidos de este tipo que existen en el ámbito académico y de las agencias del estado. Así, parafraseando a Marx en la teoría del valor, su valor de cambio no radica en el trabajo incorporado (es decir, por su exactitud estadística), sino en su escasez.

Análisis longitudinal: la voluntad del encierro en cifras

En los cuadros 1 y 1.1 se exhiben en cifras nominales y porcentuales la cantidad de adolescentes promedio que permanecieron detenidos entre Noviembre de 2008 y Noviembre de 2009, es decir, en el primer año del Fuero. En Anexo, el cuadro 2 desagrega el promedio de población por cada Centro de Contención durante el período.

Observando el cuadro 1.1 y el gráfico 1, es dable señalar la tendencia decreciente de la participación del régimen semi-cerrado en los adolescentes con causas penales, ganando terreno sobre el universo el régimen cerrado de máxima seguridad, que pasa de un 73% sobre el total de detenidos en Noviembre de 2008 a un 81% en el mismo mes de 2009, es decir, se incrementa un 8% en el transcurso de 1 año.

Cuadro 1 – Cantidad de NNyA privados de libertad por causas penales (régimen cerrado y semi cerrado) en PBA Noviembre de 2008 a Noviembre de 2009 (*)

7.cuadro1

Cuadro 1.1 – Cantidad de NNyA privados de libertad por causas penales (régimen cerrado y semi cerrado) en PBA en  % Noviembre de 2008 a Noviembre de 2009 (*)

7.cuadro1.1

Gráfico 1 – Porcentaje de NNyA privados de libertad por causas penales según régimen (semilibertad y máxima seguridad). Provincia de Buenos Aires – Noviembre de 2008 a noviembre de 2009

7.grafico1

Fuente: Subsecretaría de Niñez y Adolescencia – Ministerio de Desarrollo Social – PBA.
(*) Sólo Centros de Contención, Cerrados y de Recepción. La fuente no informa este dato para NNyA con causas penales en comunidades terapéuticas u otras instituciones conveniadas.

El cuadro 3 exhibe las cifras de régimen cerrado reconstruidas en base a la información recibida. Las mismas merecen algunas aclaraciones sobre su composición original, pero también respecto de su reconstrucción[16]. En los casos en los que se iluminó la celda y colocó la leyenda “s/d”, remite a la ausencia del dato en la fuente original (no así cuando figura un renglón (-), al respecto ver nota al pie previa). Para los casos en los que no se contaba con el dato, y a fin de no distorsionar el dimensionamiento general del fenómeno, se tomó la decisión metodológica de reemplazar esa ausencia por la cifra resultante de promediar la población en dicha institución durante todo el período disponible. En otras palabras: se reemplazó la falta del dato con el promedio de los existentes, intentando así generar un dato medio. Por ello, se tomará como válido el cuadro 3.1 que obtiene los N totales en base a este recalculo.

Cuadro 3 – Cantidad de NNyA en Centros Cerrados y de Recepción (máxima seguridad) en PBA – 2008 y 2009

7.cuadro3

Cuadro 3.1 – Cantidad de NNyA en Centros Cerrados y de Recepción (máxima seguridad) en PBA – 2008 y 2009 – Recalculado (1)

7.cuadro3.1

Gráfico 2 – Cantidad de NNyA privados de libertad por causas penales (semilibertad y máxima seguridad) – Provincia de Buenos Aires – Noviembre de 2008 a Noviembre de 2009

7.grafico2

Fuente: Subsecretaría de Niñez y Adolescencia – Ministerio de Desarrollo Social, PBA. 
(*) Solo Centros de Contención, Cerrados y de Recepción. La fuente no informa este dato para NNyA con causas penales en comunidades terapéuticas u otras instituciones conveniadas.

Tal como demuestra el gráfico 2, la cantidad de adolescentes en ambos regímenes exhibe una tendencia creciente. Si bien es leve, el rango de tiempo también resulta breve, por lo cual la misma no debe ser desestimada en su dirección, observando los datos con la sensibilidad que la extensión del período requiere. La merma durante los meses de diciembre, enero y febrero posiblemente esté vinculada al desaceleramiento de las agencias propio de la culminación del año, así como de la feria judicial.

Gráfico 3 – Cantidad de NNyA privados de libertad por causas penales (semilibertad y máxima seguridad) – Provincia de Buenos Aires – Noviembre de 2008 a Noviembre de 2009

7.grafico3

Fuente: Subsecretaría de Niñez y Adolescencia – Ministerio de Desarrollo Social, PBA. 
(*) Solo Centros de Contención, Cerrados y de Recepción. La fuente no informa este dato para NNyA con causas penales en comunidades terapéuticas u otras instituciones conveniadas.

En cambio, el gráfico 3 exhibe la desagregación de la cifra total según el tipo de régimen, donde se observa -como ya se mencionó- una tendencia decreciente en el régimen de semi-libertad o semi-cerrado (-25,6%, de 148 en noviembre de 2008 a 110 en noviembre de 2009) en simultáneo al incremento tendencial del régimen cerrado (+13,4%, de 408 en noviembre de 2008 a 463 en noviembre de 2009), de mayor dureza.

Por último, para el gráfico 4, referido a población detenida en régimen cerrado de máxima seguridad, se ha tomado un período más amplio, correspondiente a los años 2008 y 2009. En el mismo se confirma con mayor pronunciamiento la tendencia detectada en los cuadros anteriores, donde la cantidad de adolescentes pasa de 393 en enero de 2008 a 425 en diciembre de 2009, es decir, un incremento del 8,1%.

Gráfico 4 – Cantidad de NNyA privados de libertad por causas penales en régimen cerrado Provincia de Buenos Aires – Años 2008 y 2009

7.grafico4

Fuente: Subsecretaría de Niñez y Adolescencia – Ministerio de Desarrollo Social, PBA. 
(*) Solo Centros Cerrados y de Recepción. 

En síntesis: más y mejor encerrados parecería es la tendencia que exhibe el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en su primer año de vigencia.

A continuación se analizará en forma transversal la composición de la población en institutos para mediados del año 2009.

Análisis transversal: Composición de la población en institutos post-reforma legal

“La prisión, y de una manera general los castigos, no están destinados a suprimir las infracciones, sino mas bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas, que tienden no tanto a volver dóciles a quienes están dispuestos a transgredir las leyes sino que tienden a organizar la transgresión de las leyes en una táctica general de sometimientos”.

– Michel Foucault (1989: 277)

Para Junio de 2009, el total de adolescentes en centros cerrados ascendía a 454. El 2% tenía menos de 16 años, es decir, eran legalmente inimputables pero se encontraban detenidos bajo “medidas de seguridad”, el 57% entre 16 y 17 años, el 32,6% 18 años y el 8,5% restante entre 18 y 21 años. Para el total de la población, la media y moda se ubican en los 17 años.

Cuadro 4                                                                                       Gráfico 5

7.grafico5
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dir. de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la PBA – Junio de 2009.

Según muestra el gráfico 5, el 73% tenía entre 17 y 18 años, es decir, se ubicaba en los “umbrales” del sistema penal de menores. Acaso podría hipotetizarse que esta cercanía etaria al “sistema” de mayores puede definir la mayor probabilidad (en términos de patrones de practica judicial) a ser detenido bajo régimen cerrado, dada su cercanía a la “perdida” de su condición de niño y por tanto la merma en la morigeración del régimen[17].

En cuanto al sexo, el 98,7% eran varones y solo el 1,3% mujeres. Esta proporción no mantiene relación con la tendencia creciente en la participación de mujeres en causas penales que se señaló en el capítulo 5. La notable reducción proporcional puede deberse a un sesgo de género en el uso de la prisión para los varones y la utilización de otro tipo de instituciones (privadas, hogares, clínicas o simplemente la familia), históricamente asociadas a la buena docilización femenina. La falta de datos desagregados del poder judicial deja este razonamiento solo en términos de hipótesis.

 Gráfico 6                                                                                  Cuadro 5

7.grafico6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dir. de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Profundizando en el tipo de régimen, de la sistematización y procesamiento de los datos de los partes diarios, puede sostenerse según exhibe el cuadro 6 y el gráfico 7, que a un año del inicio de la implementación del Fuero y a 6 meses de su funcionamiento en todos los departamentos judiciales de la provincia, el 35,3% de la población estaba en Centros Cerrados, el 2% en alcaldías y el 62,7% en Centros de Recepción. Así, 6 de cada 10 adolescentes presos transcurrían sus días en lugares diseñados para permanencias breve y con la mera función de evaluación y derivación, por lo cual no cuentan en su diseño con espacios para recreación al aire libre, escuela, talleres, instalaciones sanitarias o espacios para visita adecuadas. Si se compara este dato con el tiempo de permanencia desde el ingreso al instituto, puede observarse en el gráfico 15 que solo el 21% de los adolescentes estaban detenidos hacía menos de un mes. Si consideramos -con cierto grado de arbitrario sentido común- que un mes resulta tiempo suficiente para que el equipo técnico “evalúe” y “derive” a un joven a un establecimiento adecuado para sus características y necesidades, estaríamos frente a un grosero uso de estos establecimientos como “depósitos” de adolescentes, ridiculizando cualquier pretensión de verdad de las ficciones evaluativas del sistema penal juvenil.

Cuadro 6 – Población en institutos penales de la Provincia de Buenos Aires al 25 de Junio de 2009

7.cuadro6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Gráfico 7 – Población en institutos penales según tipo de establecimiento al 25 de Junio de 2009

7.grafico7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

En cuanto a la situación procesal de los detenidos en Centros de Recepción, según exhibe el cuadro 7, de los casos donde se conoce el dato (217 sobre un total de 285) casi el 3% ya se encontraba con sentencia condenatoria, delatando la distorsión entre la tipificación legal de las instituciones y los criterios de “gobernabilidad” penal que marcan estos alojamientos.

Cuadro 7 – Distribución de Jóvenes según situación procesal – Centros de Recepción – Provincia de Buenos Aires (Junio 2009)

7.cuadro7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Gráfico 8 – Distribución de Jóvenes según situación procesal – Centros de Recepción – Provincia de Buenos Aires (Junio 2009)

7.grafico8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Tal como muestra el gráfico 8, la situación procesal del 78% de la población en Centros de Recepción era de “prisión preventiva”, apenas un 8% más que la cifra general para el total de la población. Ello, una vez más, desmiente su tipificación legal en el marco del gobierno de las instituciones y de la ya mencionada “saturación” de plazas disponibles en relación a la demanda de prisionalización judicial.

En términos de la población total de régimen cerrado (todo tipo de institución), la información que pudo reconstruirse presentaba algunas dificultades interpretativas por las diferentes y particulares formas de consignarse, que no en todos los casos podían dar cuenta de la situación procesal con arreglo a la legislación existente. Muchas categorías refieren a instancias o trámites judiciales, otras a institutos legales extintos, etc. Si bien éstas se detallan en el cuadro 8 según la fuente original, en el gráfico 9 se han “agrupado” según fue posible con arreglo a las “etapas” procesales legales. En este gráfico se destaca que el 70% de los adolescentes presos lo están en carácter de prisión preventiva, el 21,4% en la etapa inicial del proceso, post aprehensión, el 3,2% con medidas de seguridad y apenas el 5,4% en proceso de juicio o con sentencia condenatoria. Ello significa que, aún con las imprecisiones de la fuente, el 3% de los adolescentes están detenidos sin poder ser penalmente responsables por sus actos, y bajo un encierro en el cual no se le aplicará un juicio con arreglo a garantías, sino simplemente se los mantendrá encerrados en un claro sentido antijurídico.

Cuadros 8 y 9

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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Gráfico 9 – Población en institutos según situación procesal

7.grafico9

(1) Incluye: Aprehendido, Detenido, Acusación fiscal, Procesado, Alojado, Auto de responsabilidad, Auto de proceso, Clausura de sumario, Cierre de sumario // (2) Incluye: Auto para sentencia, Condena en suspenso, Causa elevada a juicio y Condenado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Por otra parte, y homologando al sistema penal de adultos, el 70%, es decir, 7 de cada 10 adolescentes están presos “por las dudas” o como “adelanto de pena”, en tanto son técnicamente inocentes. El uso extendido e indiscriminado de la prisión preventiva en el caso de los adolescentes, no solo refrenda los peores “vicios” del sistema penal de adultos (abonando con creces la hipótesis que señala su progresivo equiparamiento o similitud) estableciendo un continnum en el uso del sistema penal sobre las poblaciones tenidas por “peligrosas”[18]. Así, al reclamo judicial de más lugares de encierro se le opone necesariamente el uso generalizado en carácter “preventivo” que hace de los lugares de encierro el poder judicial, ocupando en dicha función al 70% de la capacidad de encierro penal.

En otras palabras: a 6 meses del pleno funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (cantidad de meses que equipara el plazo de la prisión preventiva sin prorroga), solo el 5% de la población detenida había sido o estaba siendo sometida a juicio para determinar su responsabilidad sobre los hechos imputados, por lo que desde estos datos no podría señalarse para el caso de los adolescentes un acceso sustancialmente ágil a las garantías procesales en la resolución de las causas, aún bajo privación de libertad, que supone una mayor dosificación de “dolor” (Cohen, 1988) a la inherente de todo proceso judicial.

Para Uriarte: el garantismo penal es un discurso jurídico” y para ver cómo se realiza en la realidad hay que comenzar por salirse de él: “Ninguna institución hace exactamente lo que dice ni dice exactamente lo que hace (…) Andar solo por el campo de los fines explicitados de las instituciones de control social juvenil es caminar por un mundo virtual(2000: 93).

Adicionalmente, pocos argumentos auspiciosos podrían darse al incierto sentido conceptual jurídico-criminológico de este instituto legal para los adolescentes. En la doctrina jurídica y criminológica en la que se sustenta la ley provincial se establece como meta del sistema de responsabilidad penal juvenil la “reeducación” bajo el precepto central de la “responsabilizacion”[19] del adolescente por sus actos. Resulta dable razonar que ninguna persona que no ha sido declarado responsable penalmente por un acto puede “responsabilizarse” sobre el mismo, principio de “reglas claras” que se impuso en los debates sobre la normativa[20]. Ello implica que para el sistema de responsabilidad penal juvenil no existe sentido conferible a la prisión preventiva en relación al proceso del adolescente “frente a la transgresión a la ley”. Se refuerza así la hipótesis acerca del uso generalizado de la prisión preventiva como técnica judicial de segregación y neutralización sobre “determinados” jóvenes, que por sus características se los considera no asimilables a otras medidas. La “ocupación” del 70% de la capacidad institucional estatal bajo esta modalidad delata necesariamente la neutralización “preventiva y selectiva” como sentido hegemónico de la política criminal juvenil. Ello deslegitima el principio de responsabilización y da cuenta del uso “residual” del encierro para los jóvenes formalmente sancionados, es decir, prestos a la reeducación que implicaría responsabilizarse por un acto delictivo judicialmente comprobado. Por el sentido inverso, el nivel de “responsabilización frente a la ley” que pueden exhibir los agentes judiciales queda en este sentido gravemente sospechado. Para Albrecht el uso frecuente de la prisión preventiva en menores debe situarse en las llamadas razones “apócrifas” (escondidas) de la detención (1990: 83).

Observando la escasa información disponible sobre montos de condenas, es notable que sobre 7 condenas conocidas, 3 sean de entre 5 y 6,5 años y las restantes 4, -más de la mitad- aún más extensas: 8, 11, 18 y 24 años (ésta última equiparando a una cadena perpetua). Las dos últimas, inclusive, resultan fieles indicadores de los principios de “defensa social”, otorgando montos de condena a privación de libertad que exceden la cantidad de años de vida de los propios jóvenes al momento de ser condenados, es decir, resultan más longevas que su propio tiempo de existencia en el mundo[21].

Por otra parte, el nivel de sobre-población fue sin dudas uno de los principales temas que signó los debates mediáticos e interinstitucionales entre el poder judicial y el ejecutivo durante el período de implementación aquí analizado, a la vez que impulsó la presentación de habeas corpus colectivos y medidas judiciales de limitación de ingresos a determinadas instituciones, así como una denuncia penal por incumplimiento en este sentido a la Subsecretaria Tabolaro.

Cuadro 10 – Cantidad de jóvenes detenidos según capacidad formal de alojamiento por instituto penal – Provincia de Buenos Aires (Junio 2009)

7.cuadro10

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Desde la perspectiva de los datos obtenidos, se corrobora el alto nivel de sobrepoblación de los institutos. Si bien un promedio general de vacantes en relación a la población detenida da por resultado una sobrepoblación del 1,5% (ver cuadro 10), este dato resulta poco útil para la lectura, distorsionado por los efectos del promedio.

Gráfico 10 – Cantidad de jóvenes detenidos según capacidad formal de alojamiento por instituto penal – Provincia de Buenos Aires (Junio 2009)

7.grafico10

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Antes bien, observar estos datos desagregados por institución resulta más interesante. Según el gráfico 10, sobre un total de 73 personas bajo sobre-alojamiento, la mayoría se concentraba en el Nuevo Dique y en los Centros de Recepción de Malvinas Argentinas y La Plata. En cambio, de las 13 plazas disponibles casi la mitad (6) correspondían Centro Cerrado de Merlo, para población femenina. Otra vacante correspondía al Centro Cerrado de Mar del Plata, pudiendo resultar ésta razonable por su distancia geográfica en relación al resto de las instituciones. En cambio, las 6 vacantes disponibles en el Centro Cerrado Legarra requieren otra lectura “no aritmética” ni “normativa”. Este Centro está radicado en el radio La Plata, donde también se ubican otras instituciones con sobre población según el gráfico (tal como Almafuerte, Nuevo Dique, Centro de Recepción La Plata y Castillito). Si bien la apertura del mismo se había producido pocas semanas antes del relevamiento, las autoridades del organismo técnico comentaron informalmente que deseaban crear allí un instituto “sin cachivaches”[22], es decir, “tranquilo”, donde accedan los adolescentes que demuestren mejor conducta, a modo de beneficio dentro del “circuito penal” que compone el archipiélago de instituciones.

Ello remite a comprender esta vacancia en términos de la construcción de un orden de gobernabilidad interno del sistema, que requiere administrar diferencialmente jóvenes y transformar el acceso a un encierro digno en un beneficio, aun cuando ello implique sostener niveles de sobrepoblación que podrían atenuarse.

En cuanto al órgano judicial del cual dependían los adolescentes detenidos, el 69% estaba bajo Juzgado de Garantías, el 29% de Responsabilidad Penal Juvenil, el 2% en Cámara de Apelaciones y menos del 1% en Tribunal de Menores (denominación del viejo sistema). En otras palabras: los jueces de garantías son aquellos que mantienen mayor proporción de población en institutos, aunque resulta coherente con la proporción de prisión preventiva. Al no contar con la cantidad de causas totales que maneja cada tipo de juzgado este dato no puede ser parametrizado.

Cuadro 11 – Población en institutos según tipo de juzgado a cargo

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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Gráfico 11 – Población en institutos según tipo de juzgado a cargo

7.grafico11

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

En cambio, el cuadro 12 provee información que permite otras lecturas. Esta tabla fue construida triangulando los únicos datos públicos disponibles del poder judicial para dicho período (cantidad total de IPP para el primer semestre de 2009 según departamento judicial) con los datos obtenidos en la sistematización de los partes diarios.

El carácter disímil de ambos en cuanto a la variable temporal (los partes son transversales y las causas longitudinales) se resuelve en tanto la utilización de porcentajes tiene por fin ponderar los pesos relativos de la participación en la utilización de vacantes de privación de libertad y sobre el total de causas para la variable independiente, es decir, según cada departamento judicial. No obstante, es necesario advertir que se están comparando unidades de análisis diferentes, en tanto las IPP cuentan causas -donde puede haber más de un joven implicado- y los partes diarios cuentan personas detenidas -que a su vez también pueden estar implicados en más de una causa-. De todos modos, el último dato disponible de este tipo señala que el promedio era de 1,29 adolescentes por causa penal para el primer semestre del 2008. Suponiendo que en los siguientes 12 meses esta tendencia se mantuvo, podríamos sostener que dicha razón expresa una distancia promedio muy baja, lo cual hace comparable ambos universos.

En línea con las aclaraciones precedentes, es importante destacar que este cuadro se presenta como un ensayo comparativo de datos que permite esbozar señalamientos de carácter hipotético, antes que conferir lecturas estadísticamente exactas.

Cuadro 12 – Población en institutos según departamento judicial e IPP por departamento

7.cuadro12

Fuente: Elaboración propia en base a partes diarios de institutos de menores del 25/06/19 de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y datos del SIMP, Procuración de la SCPBA, Poder Judicial, Provincia de Buenos Aires.

Tal como se mencionó, en el cuadro y gráfico 12 se comparan los porcentajes de participación de cada departamento judicial sobre el total de causas de menores de edad en la provincia y el porcentaje de participación de cada departamento judicial en la ocupación de las plazas de privación de libertad, expresado ello en el porcentaje de jóvenes detenidos a cargo de cada departamento judicial sobre el total de la población en institutos. En esta comparación puede observarse lo complejo y heterogéneo de la práctica judicial de privación de libertad: mientras que Lomas de Zamora, Morón y San Isidro alcanzan respectivamente un 12,4%, 13,5% y 5,6% más de adolescentes detenidos en relación al porcentaje de causas que tramitan, otros departamentos judiciales como San Martín y La Plata mantienen niveles de privación de libertad por debajo del porcentaje de causas que tramitan, 9,1% y 5,5% respectivamente. En esta lectura se da por descontado que la distribución del patrón de detenciones por tipo o gravedad del delito no presenta variaciones entre los departamentos judiciales, máxime los citados que al ser del AMBA comparten similares características. Antes bien, estas cifras demuestran que bajo los nuevos lineamientos normativos aún pervive la constitutiva discrecionalidad de los jueces, sin arreglo racionalidad jurídica procesal para el dictado de la privación de libertad.

Gráfico 12 – Población en institutos según departamento judicial e IPP por departamento

7.grafico12

Fuente: Elaboración propia en base a partes diarios de institutos de menores del 25/06/19 de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y datos del SIMP, Procuración de la SCPBA, Poder Judicial, Provincia de Buenos Aires.

Para analizar la distribución de delitos imputados para la población adolescente se han tomado dos fuentes. Para dimensionar el universo total se ha tomado de la fuente judicial la distribución de IPP totales por tipo de delito (cuadro y gráfico 13). En cambio, de la fuente propia construida a partir de los partes diarios, se ha construido el dato sistematizando la carátula de cada detenido, en los casos en los que se contaba con el mismo (cuadro 14). Esta última cifra, a diferencia de los datos globales del poder judicial y aún con sus limitaciones, da cuenta de la distribución de imputación de delitos de la población adolescente “destinataria” de régimen cerrado.

Gráfico 13 – Causas judiciales penales – Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil – Primer semestre 2009

7.grafico13

No discrimina entre tentativa o consumado.
Fuente: SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), datos preliminares del primer semestre 2009.

Según las cifras judiciales[23], los delitos contra la propiedad concentran el 47% (31,5% entre robo y hurto y 10,6% robo calificado por el uso de arma), mientras que los delitos contra las personas el 15%. Desagregando este ítem se observa que los delitos de homicidio (en grado de consumación o tentativa) suman el 0,95% del total de delitos cometidos por personas menores de edad[24], siendo el restante 14% lesiones u otros. Los delitos contra la integridad sexual representan un 2,6% del total y 7,2% aquellos contra la libertad (principalmente concentrados en “amenazas”). Por último, el ítem “otros delitos” concentra el 28,2%, principalmente en “delitos contra la seguridad pública”, referidos en su mayoría a infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes[25].

Cuadro 13 – Causas judiciales penales – Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil – Primer semestre 2009

7.cuadro13

El análisis de los delitos imputados a la población “destinataria” del régimen cerrado (cuadro 14) se realizó por separado, en virtud de la construcción de ambos datos, que los hace incomparables[26].

Cuadro 14 – Población en institutos según tipo de delito agrupado

7.cuadro14

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Se observa que de la población “destinataria” de la privación de libertad, el 89% se concentra en delitos de robo, hurto y homicidio, representando los que solo atentan contra la propiedad (robo y hurto) el 58,7%, los que atentan contra la vida el 21,1% y los que combinan ambos tipos el 9,2%. Así, y bajo una comparación muy general, se observa un sobre-dimensionamiento en los ámbitos de privación de libertad cerrados de dichas categorías, que en el total de IPP de la PBA apenas alcanzan el 43,12%[27]. En otras palabras: quienes atenten contra la propiedad y/o contra la vida serán preferencialmente destinatarios del encierro en su modalidad de máxima seguridad; en una suerte de tratamiento horizontal donde ambos tipos de delitos reconocen una misma respuesta punitiva.

Acerca del tiempo y del “uso” de la prisión preventiva

En cuanto al tiempo de permanencia en el instituto (calculado en base a la fecha de ingreso, que no contempla el tiempo de permanencia en otros institutos en caso de haber sido trasladados) se destaca que el 43% lleva entre 6 y 90 días de detención, el 20% entre 9 meses y 1 año y el 11,4% hace un año o más, cifra por encima del porcentaje de condenados (4,3% según cuadro 8), lo cual exhibe una vez más las ficciones de las garantías procesales en el despliegue “real” de las agencias penales juveniles.

Cuadros 15 y 16

7.cuadro1516

Gráfico 14 – Cantidad de días desde el ingreso al instituto

7.grafico14

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

En los gráficos 14 y 15 se agrupa por tramos el tiempo de detención, en el primero con ajuste a los procesales que marca la normativa. En éste se destaca que el 32% de población lleva más de un año en privación de libertad (tiempo máximo estipulado para que cese la prisión preventiva o se le realice juicio y aplique condena) cifra notablemente por encima del casi 5% de condenados o sometidos a proceso de enjuiciamiento.

En la agrupación trabajada en el gráfico 15, el 31% de los adolescentes se encuentran detenidos hace mas de 6 meses, el 48% entre 1 y 6 meses y el 21% menos de un mes.

Gráfico 15 – Cantidad de meses desde el ingreso al instituto

7.grafico15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Al analizar el tiempo de detención en relación a la instancia judicial a cargo, se observa que del 100% de los detenidos a cargo de juzgado de garantías, el 19% lo está hace más de un año, en claro exceso de los tiempos procesales para esta instancia (1 año como máximo).

Cuadro 17 – Población en institutos según instancia judicial y tiempo de permanencia en institutos a Junio de 2009

7.cuadro17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

Gráfico 16 – Población en institutos según instancia judicial y tiempo de permanencia en institutos a Junio de 2009

7.grafico16

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

En este mismo sentido, pero analizando el tiempo de detención en relación al dato sobre situación procesal, el cuadro 18 exhibe desfasajes entre ambos. A modo de ejemplo, un 10,7% de la población detenida bajo prisión preventiva lo está hace más de un año, dejando en evidencia de tal modo el retraso o incumplimiento de los plazos para algunos adolescentes, resabios quizás de la discrecionalidad que algunos operadores judiciales sostienen haber perdido en manos de los plazos procesales.

Cuadro 18 – Población en institutos según momento procesal y tiempo de permanencia en instituto

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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

En el gráfico 17 se observa que en la distribución de los diferentes tipos de situaciones procesales en relación a los tiempos de detención. En el caso de la prisión preventiva, más de la mitad (52%) se concentra en el rango de entre 91 y 360 días, es decir, del plazo de prorroga “extraordinaria” que prevé la ley para esta figura. Ello implica sostener que el poder judicial bajo la nueva ley penal juvenil no solo utiliza en forma abusiva y generalizada el sistema de encierro para privación de libertad “preventiva”, sino que, dentro de ella, exhibe un uso abusivo de la prorrogación de las prisiones preventivas, ampliando los plazos de prisionalización durante el proceso. Antes que agilizar las causas, el uso de esta modalidad (que por veces funciona en la práctica “como” el tiempo de evaluación del ex tratamiento tutelar) delata el tipo de uso que se le da al juego de opciones procesales. Si a este 52% se suman las preventivas de 361 y más días de detención, la cifra asciende al 63%. Ello significa que el uso estratégico del poder judicial para la figura de la prisión preventiva se concentra en su mayoría sobre “determinados sujetos adolescentes”, permitiendo la demora en la resolución de las causas y burlando así en la práctica los principios y garantías legales por detrás de esta figura[28]. Así, aun cuando ningún juez niega que los derechos de los niños deben existir, ser reconocidos y protegidos; para el núcleo duro de los “menores”, es decir, para aquellos “destinatarios” del régimen de encierro, el acatamiento procesal resulta más formal que sustantivo[29].

Gráfico 17 – Población en institutos según momento procesal y tiempo de permanencia en instituto

7.grafico17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Institutos Penales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de PBA – Junio de 2009.

A continuación, se presentara el último capítulo, que retomando el análisis cualitativo intentará dar cuenta de algunas características del “circuito de los institutos de menores”.


  1. Estas tensiones sociales se construyen frente a la emergencia y permanencia de “otras” inseguridades, que junto con la exacerbación de los principios de defensa social y peligrosidad se constituyen en tecnologías de poder en el pasaje del Estado Social al Estado Penal (Wacquant, 2000). Para Castel, existen dos grandes tipos de protecciones: las civiles (libertad, seguridad, propiedad, asociadas al estado de derecho) y las protecciones sociales, que cubren los riesgos de degradación de los individuos frente a enfermedades, desventajas estructurales, etc. En las últimas décadas éstas protecciones sociales entran en crisis, así como el rol del estado en tanto reductor de riesgos: La seguridad y la inseguridad son “relaciones” con los tipos de protecciones que asegura -o no- una sociedad, de manera adecuada (2004: 13).
  2. Estas teorías entienden que la función de la pena logra un efecto preventivo general sobre todo el conjunto de la sociedad (en sus corrientes negativas y positivas) para lograr el acatamiento a las normas jurídicas, ya sea por coerción y disuasión o por construcción de expectativas de consenso para su cumplimiento.
  3. La existencia de la “cárcel para menores” diferente de la de adultos, en tanto institución “especial” que ficcionalmente reeduca con normas y maestros, para De Leo, permite salvarla de la nominación de penalidad (y por ende de construcción de delincuencia). La existencia de instituciones “especiales” permite salvar esta “falsa conciencia”.
  4. Al respecto ver Ferrajoli (1995).
  5. Creo en efecto que el derecho penal forma parte del juego social en una sociedad como la nuestra y que esto no hay que ocultarlo(Foucault, 1996: 55).
  6. En la matriz jurídico-conceptual, el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil (Beloff, 1998) presenta una concepción tendiente al respeto de las garantías procesales y al cumplimiento del “plus” de derechos que supone la especial condición de sujetos de derechos y personas en desarrollo, lo cual determina la necesidad de reducir al máximo la aplicación de la pena privativa de libertad así como del tiempo de reclusión, maximizando a su vez las adecuadas condiciones institucionales de detención. Ello supondría un desplazamiento del derecho de autor al derecho penal mínimo y garantista:Se trata de diseñar legalmente un sistema basado en la responsabilidad por el hecho y no por las condiciones del autor con pleno respecto al principio de legalidad(Cillero, 2000: 249). En relación a la particular combinación de los derechos del niño con el sistema penal, Cillero sostiene que el “interés superior del niño” no puede fundamentar nunca una pena o ser una justificación para determinarla judicialmente. Para este autor, ello implicaría un acercamiento al razonamiento tutelar a la vez que confundiría el por cierto indefinido “interés superior” o beneficio del niño con una sanción, habilitando un “fraude de etiquetas”. Por su contrario, dichos sistemas se espera que actúen como barrera para la restricción de derechos que caracteriza al sistema penal y la imposición de límites a la acción punitiva del estado en el otorgamiento de garantías sustantivas y procesales.
  7. El tiempo de permanencia se vio ampliado por la rigidez de los plazos procesales de la prisión preventiva. Bajo la discrecionalidad del sistema de patronato, estos plazos quedaban a mera consideración del juez.
  8. Realizando una lectura estricta de los principios normativos de la nueva ley penal juvenil, el solo hecho que no haya descendido la cantidad de jóvenes detenidos da suficiente cuenta del nulo impacto de las mismas en relación a las prácticas judiciales vigentes antes del cambio de ley, máxime cuando la cantidad de causas exhibe una tendencia decreciente en los últimos años (al respecto ver capítulo 5).
  9. La disposición de rangos temporales diferentes se debe a que ambos tipos de instituciones (semi-libertad y régimen cerrado) dependen de Direcciones distintas, que han remitido la información con criterios propios y por cierto creativos en cuanto ninguno de ellos se ajustó a lo solicitado formalmente. Por eso, es sensato reconocer que se trabajará con los datos que se han podido obtener, y no los deseados por el investigador.
  10. Aun cuando la decisión metodológica de tomar el 15 de cada mes emanó del empleado del organismo técnico que armó el pedido de información; triangulando la misma con las entrevistas efectuadas al poder judicial puede sostenerse que éste resulta un criterio adecuado en tanto al inicio y final de cada mes la cifra de detenidos suele estar “distorsionada” en uno y otro sentido por la expansión o retracción de las fuerzas policiales en las aprehensiones efectuadas, ligado esto a la producción de estadísticas policiales de cada seccional.
  11. Universo y unidad de análisis: Todos los/as adolescentes alojados en institutos penales cerrados, de recepción y alcaldías, dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la PBA al día 25 de Junio de 2009. Estas cifras no son comparables con las trabajadas en el capítulo 5 (Gráfico 16) en tanto las mismas referían a “órdenes judiciales de internación” que no siempre se concretan por la disponibilidad de plazas y a su vez las mismas contemplaban todo tipo de institución (comunidad terapéutica, unidad penal, etc.) y las aquí trabajadas solo refieren a institutos.
  12. Lo que estas cifras podrán “mostrar” sobre la agencia judicial es la voluntad internativa de cada departamento judicial, la aplicación de prisión preventiva en relación a la población detenida, el tiempo de permanencia, etc. Indicadores de justicia elementales para cualquier régimen democrático también serían, por ejemplo: cantidad de sentencias, años de condena, absoluciones, remisiones, suspensión de juicio a prueba, régimen de cumplimiento, etc. Al respecto ver los 15 indicadores señalados por UNICEF en capítulo 5.
  13. A partir del cumplimiento de los 18 años y hasta los 21 el juez puede decidir (o no) solicitar el traslado de un adolescente a una unidad penal “de adultos” del servicio penitenciario bonaerense. Se desconoce la cantidad de adolescentes bajo juzgado de menores que se encuentran alojados en estas unidades.
  14. Según datos de la Dirección de Medidas Alternativas, para septiembre de 2008 un total de 1.729 adolescentes se encontraban cumpliendo medidas ambulatorias judiciales por causas penales en los Centros de Referencia. En un cálculo aproximado, si se suman los 556 adolescentes en régimen de cerrado o semi-cerrado a noviembre de 2008 (Cuadro 1), ello daría un total de 2.285 adolescentes bajo órbita del sistema penal en sus diferentes modalidades, representando la privación de libertad el 24% del total. No obstante, esta cifra resulta incompleta ya que no se tienen datos de comunidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas, unidades penales y arresto domiciliario. Asimismo, el dato debe relativizarse en tanto el sistema de encierro se encuentra colapsado y trabajando en forma permanente “a tope”, lo cual hace bastante relativo el análisis de la privación de libertad como ultima ratio. En términos experimentales/hipotéticos, ello podría medirse con mayor exactitud en caso de existir un sistema con mayor cantidad de vacantes, que permita que “sobren”, si es que ello es posible de cara al contexto actual, es decir, si la agencia judicial dejaría plazas “disponibles”. Para Pitch: La naturaleza ambigua del rechazo al encarcelamiento, la resistencia al desarrollo de una política de despenalización, junto con la coexistencia de aspectos reeducativos y asistenciales, hacen a la justicia juvenil vulnerable a las oscilaciones en relación a los cambios en el clima prevaleciente del control y la defensa social (2003: 180).
  15. La modalidad, uso y efectos de la prisión domiciliaria en el caso de los adolescentes (tanto en cuanto al impacto en el adolescente así como en los “juegos judiciales” que se conforman en torno a ella) merecería el desarrollo de una investigación en sí misma.
  16. El Centro de La Matanza solo exhibe cifras para Noviembre de 2008 ya que luego de pocas semanas de funcionamiento fue cerrado, el Legarra fue abierto en Junio de 2009 y el Centro de Recepción de Mar del Plata en Agosto del mismo año, por lo cual ambos comienzan a registrar datos a partir de esos meses. Una situación similar, en términos de cambio de tipificación ocurre con el caso de Dolores, a partir de marzo de 2009. Asimismo, debe aclararse que la fluctuante merma de la cantidad de detenidos en el Centro de Recepción de La Plata está condicionada a la sentencia del Juzgado de Garantías del Joven Nro. 2 de La Plata sobre el Habeas Corpus colectivo presentado por el Comité contra la Tortura, la cual limita y prohíbe el ingreso de adolescentes a dicha institución hasta tanto se llegue al cupo máximo permitido, establecido en 35 vacantes. Por último, la cifra reiterada de 112 detenidos en el Centro de Lomas de Zamora desde febrero de 2009 en adelante no responde a un error de registro sino que esa es su capacidad máxima. En este caso particular, los trabajadores de minoridad no permiten el ingreso de jóvenes por sobre el cupo, a expensas de paro de actividades, por lo cual permanece “a tope”.
  17. Este punto merecería el desarrollo de una investigación ad hoc.
  18. Al respecto del uso de la prisión preventiva en el Fuero Penal Juvenil ver Axat (2008).
  19. Lejos de cualquier asepsia ideológica, el término es utilizado por diferentes corrientes, por ejemplo las norteamericanas y las europeas, con sentidos divergentes. Aun cuando se asocia a una forma de castigo, la doctrina intenta negarlo, acercándolo a una lógica de corregir-castigando que hace del castigo un fetiche.
  20. Si situamos la búsqueda de responsabilidad en el juego recíproco de las diferentes agencias que, se supone, deben cuidar al joven, entonces su propia responsabilidad debería buscarse en las relaciones que establece con las agencias: la independencia como una función, más que lo opuesto, de la dependencia. Y si decidimos que preferimos limitar tanto como sea posible el recurso no sólo al encarcelamiento, sino también a cualquier otra forma de segregación, custodia, aislamiento o asistencia totalizante, la responsabilidad central por parte de los operadores y, sobre todo, de la magistratura, deviene -además de aquella de minimizar la producción de abandono- en la sanción consciente del riesgo de producir inseguridad social: la tarea, es decir, de ampliar y extender los límites de compatibilidad y de tolerancia del sistema social (Pitch, 2003: 187).
  21. Sobre aspecto sería sumamente interesante plantear una investigación que profundice en el seguimiento de las sentencias condenatorias, tanto en el monto de las penas como en el discurso ‘jurídico” que las avalen.
  22. En la jerga carcelaria se denomina “cachivache” al detenido tenido por conflictivo, o que no respeta ciertos códigos de comportamiento hacia el servicio penitenciario u otros detenidos. En el sistema de “menores” esta jerga se utiliza de igual modo.
  23. Es importante advertir que estas cifras contabilizan solo el primer delito ingresado al sistema informativo por el operador judicial, lo cual puede estar sujeto a diversas contingencias, además de no registrar el “concurso real”, es decir, la infracción sobre más de un bien jurídico. Para el caso de delitos sensibles, es importante tener en cuenta que las cifras no discriminan entre el grado de consumado o tentativa que, solo a modo de ejemplo, en el caso de “homicidio” puede significar que la víctima permanezca o no con vida.
  24. A su vez, comparando estas cifras con el total de IPP de la provincia (adultos y menores) para el mismo período, se destaca que la participación de las causas de adolescentes sobre el total provincial es del 4%.
  25. Actualmente se debate a nivel nacional la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sino dudas una importante “puerta de entrada” de los adolescentes al sistema penal.
  26. La construcción de estos cuadros, previa a la existencia de la cifra judicial (publicada escasos días antes del comienzo de redacción de esta tesis) se elaboró armando categorías que combinaran los bienes jurídicos afectados en cada caratula en caso de concurso real. Dado que el criterio de la agencia judicial fue otro (ver nota al pie anterior) no resultan comparables.
  27. Este cálculo es el resultado de sumar las IPP por homicidio, robo y hurto (en todas sus variantes).
  28. Comentando un informe de la justicia de EEUU de 1976, Platt analizaba: La introducción del proceso debido en el tribunal para menores no ha afectado a la aceleración mecánica de la justicia en la corte ni el carácter penal de las instituciones para menores” (2001: 197).
  29. Como entre el lenguaje y el mundo, entre la norma y su aplicación tampoco hay ningún nexo interno que permita derivar inmediatamente una de otra(Agamben, 2002: 56).


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