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Conclusiones

En la tesis analicé las transformaciones en los discursos públicos en los que se producen y disputan sentidos acerca de los tratamientos médicos de construcción corporal trans en Argentina en el período comprendido entre 1966 y 2015. Hice foco en las regulaciones sobre las intervenciones quirúrgicas genitales y tratamientos hormonales. Sostuve que las prácticas de construcción corporal desarrolladas por la población trans que requieren del conocimiento y las tecnologías médicas son un objeto en disputa cuya regulación no le atañe exclusivamente al campo médico, sino que se despliega en una interfaz conformada por distintos discursos. Aunque no son los únicos discursos plausibles de ser analizados, en esta tesis seleccioné los discursos médicos, judiciales, activistas y parlamentarios. El análisis segmentado en sus correspondientes escenarios fue una decisión metodológica y expositiva pero también teórica. Me interesó abordar las reglas de producción y circulación específica de cada uno de los discursos analizados, para elaborar luego una mirada global sobre el modo en que en determinados momentos unos u otros escenarios configuraron las coordenadas de lo decible y lo pensable en torno a los tratamientos médicos de construcción corporal trans. También focalicé en el modo en que ciertos núcleos de sentido atravesaron los distintos escenarios.

En un primer momento, los tratamientos médicos de construcción corporal trans fueron concebidos como una amenaza para el orden natural y social, y las personas que los demandaban fueron caracterizadas como peligrosas tanto para sí mismas como para el orden social. Ello colocó a los tratamientos en un marco de ilegalidad y clandestinidad. A partir de la década de 1990, el ingreso de las llamadas cirugías de “reasignación sexual” en la esfera de lo legal solo fue posible tras entenderlas como parte fundamental del tratamiento indicado para un trastorno. Ello propició el despliegue de una compleja maquinaria de producción de pruebas judiciales. Informes periciales, estudios clínicos y testimonios tenían como fin corroborar presencia de un trastorno de la identidad para justificar legalmente las intervenciones solicitadas. Se consolidó entonces una interfaz médico-jurídica de gobierno de los cuerpos trans, atravesada por una tensión entre la idea de genitalidad “natural” en posición a la idea de genitalidad “artificial”. Si bien esa distinción permaneció vigente a lo largo del tiempo, fueron variando los discursos que la contenían, transformando también su sentido: discursos sexológicos o psiquiátricos, de la bioética, de los derechos humanos o de los derechos personalísimos.

La intervención del campo judicial para autorizar las cirugías genitales voluntarias permitió la conformación de un incipiente campo clínico de saberes y profesionales pioneros abocados a la realización de esas y otras intervenciones y tratamientos. La aparición del activismo trans en el espacio público argentino en la década de 1990 propició las condiciones para la paulatina transformación de los discursos públicos sobre los procesos de construcción corporal de las personas trans. La trayectoria y logros del activismo trans a nivel global y del activismo sexo-político argentino a partir del 2010 reconfiguró los límites y coordenadas del debate en torno a los derechos de las personas trans en general y las condiciones de acceso a los tratamientos médicos de construcción corporal en particular. La demanda de acceso sin requisitos diagnósticos ni judiciales cobró peso tras la adhesión local a campañas internaciones y ante la posibilidad de formular una Ley de Identidad de Género acorde a las necesidades de la población trans. Las organizaciones demandaron una Ley que incluyera tanto la regulación del cambio de nombre y sexo en los registros legales como el acceso a las intervenciones médicas sin requisitos patologizantes ni judicializantes.

Un aspecto que expuse en la tesis fue el carácter moral de los discursos sobre los tratamientos médicos de construcción corporal trans. A lo largo de los cuatro escenarios, las definiciones de lo bueno y lo apropiado para los sujetos en relación con sus cuerpos adquirieron la forma de discursos clínicos, legales, humanitarios, económicos y/o políticos. Al debatirse los proyectos de Ley de Identidad de Género en el escenario parlamentario, la discusión en torno a los criterios de acceso y cobertura de los tratamientos médicos de construcción corporal acarreó el despliegue de discursos morales bajo investiduras económicas con el objetivo de que los mismos no sean realizados en cualquier caso, sino que instancias evaluadoras –clínicas o judiciales- permitieran velar por las arcas del Estado y los cuerpos de los/as ciudadanos/as. En el escenario parlamentario, los discursos activistas pasaron de la periferia al centro a la hora de definir los saberes legítimos y autorizados en lo que refiere a los cuerpos e identidades trans en detrimento de los médicos y los judiciales.

La Ley de Identidad de Género estableció dos innovaciones respecto a los criterios legales anteriormente vigentes. En primer lugar, las cirugías genitales dejaron de ser requisito para el cambio de nombre y sexo registral. Al no existir instancia evaluadora que indague en la corporalidad de las personas, la identidad legal se escindió de la apariencia corporal. De este modo, se transformaron los criterios médico-legales de asignación sexo-genérica basados en la genitalidad: ya no es requisito tener vagina para que una persona sea legalmente asignada al género femenino ni pene para que sea asignada al masculino. En segundo lugar, la Ley legalizó las intervenciones quirúrgicas genitales anteriormente ilegales en base al Código Penal y la Ley de Nacional de Ejercicio de la Medicina. A su vez, estableció que las intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para “adecuar” el cuerpo a la identidad de género fueran cubiertos por los efectores de los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales) sin necesidad de acreditar autorización judicial o administrativa. En su expresión formal, tanto la Ley como sus decretos de reglamentación recogieron gran parte de las demandas del activismo trans en lo que refiere al acceso a las intervenciones médicas de construcción corporal. Sin embargo, ni la Ley ni sus decretos de reglamentación hicieron mención al proceso de adaptación del sistema de salud (registro de datos, elaboración de estadísticas y criterios de atención) a la presencia de varones con vagina, útero y trompas de Falopio y mujeres con pene, testículos y escroto.

En base al recorrido realizado, a continuación propongo cuatro ejes que resumen los principales resultados de la tesis: 1) la permeabilidad del escenario médico a los discursos del escenario judicial, el activista y el parlamentario, 2) las tensiones entre posiciones constructivistas y biologicistas respecto al sexo, el género y la identidad presentes en los cuatro escenarios abordados 3) los sentidos en disputa en torno a la autonomía de decisión de las personas trans sobre sus cuerpos y 4) la reconfiguración de la noción de riesgo asociada a los tratamientos médicos de construcción corporal trans.

El despliegue de los capítulos de la tesis siguió un recorrido circular, o mejor dicho, espiralado: comenzó y terminó en el escenario médico. Pero este escenario no permaneció estático o invariable, sino que se reconfiguró a partir de las mutaciones y transformaciones no necesariamente lineales ni progresivas de los discursos de los escenarios judicial, activista y parlamentario.

En Argentina, las prácticas médicas se encuentran reguladas legalmente. Los cambios en dichas regulaciones se encuentran en consonancia con procesos de transformación social más amplios. Existen prácticas médicas permitidas y prohibidas, así como hay legislaciones que garantizan los derechos de los/as pacientes en relación con las instituciones y las prácticas de salud, condicionando o modelando el accionar de sus profesionales. La Ley de Identidad de Género fue resultado de iniciativas de personas y grupos que elevaron pedidos a la justicia, formularon proyectos legislativos, dieron a conocer públicamente sus reclamos y entablaron lazos y redes con otros grupos y personalidades públicas. Entre otras demandas, por medio de la Ley de Identidad de Género el activismo trans se propuso garantizar el acceso a las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales sin que ello implicara entenderlos como la respuesta a una patología. En respuesta, los/as profesionales de la salud reivindicaron la potestad del escenario médico para desarrollar sus propios mecanismos de control y regulación. Es decir, reclamaron su autonomía respecto de los restantes escenarios, tanto del judicial como el parlamentario y el activista. La especificidad de su práctica, caracterizada por un saber y experiencia clínica entendidas como únicas e insustituibles, fue el argumento que sustentó esa posición. Sin embargo, en lo que refiere a los tratamientos médicos de construcción corporal trans, las iniciativas y necesidades de los/as trans fueron la condición de posibilidad para el desarrollo de un campo de prácticas y saberes médicos específicos. Por otro lado, frente a la prohibición legal, la intervención del escenario judicial permitió y al mismo tiempo impuso límites a ese desarrollo. Es decir, lo co-configuró. Los pedidos debían ser evaluados por jueces/as, quienes se valían de pericias médicas para elaborar sus decisiones. La producción de sentidos humanitarios permitió disputar otros argumentos morales que establecían la inviabilidad de dichas prácticas en caso de no existir un “estado de necesidad” que las justificara clínica y legalmente.

La legalización de los tratamientos médicos de construcción corporal, dispuesta a través de la Ley de Identidad de Género, “liberó” a los/as profesionales de la salud de la autorización judicial para llevar adelante sus prácticas. Pero también sentó las condiciones para la conformación de una interfaz médico-activista en la que se puso en juego el corrimiento de los límites para el ejercicio de la autonomía de decisión sobre sus cuerpos por parte de los y las trans. Frente a las demandas de mayor participación en las decisiones sobre el curso de los tratamientos y la evaluación de los riesgos, los/as profesionales reaccionaron con argumentos clínicos y de ética médica.

Algunos de los tratamientos de construcción corporal llevados a cabo en el país poseen carácter experimental. Esto limita o pone en tela de juicio el discurso de la autoridad de los/as profesionales sobre la evaluación de los riesgos en los tratamientos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad de los y las trans, vulnerabilidad que escapa incluso a las posibilidades de acción de los/as profesionales. Dado que toda práctica médica se despliega en un escenario de incertidumbre respecto de sus resultados -mayor o menor en función del tipo de intervención o tratamiento-, los argumentos clínicos tendieron a solapar el carácter moral de los discursos que refuerzan la autoridad médica.

Los derechos reconocidos formalmente se ejercen en contextos que son más complejos que lo que un fallo judicial o una normativa pueden contemplar. En lo que a la atención de la salud respecta, la relación entre profesionales y usuarios/as se encuentra condicionada por las lógicas burocráticas de las instituciones o subsectores de salud en la que se inscribe, el vínculo desplegado entre profesionales y usuarios/as en cada caso particular, los recursos económicos y simbólicos con los que cuentan los/as usuarios/as, etc. En este sentido, la sanción de la Ley de Identidad de Género no representó la culminación del proceso histórico y por ende dinámico de gobierno de los cuerpos trans, sino una nueva etapa en la que se pusieron en juego nuevas y viejas tensiones, intereses en pugna, correlaciones de fuerzas y equilibrios inestables entre las personas trans y los/as profesionales de la salud, mediadas a su vez por otros discursos públicos.

En los cuatro escenarios abordados se identificaron tensiones entre las posiciones constructivistas y biologicistas respecto al sexo, el género y la identidad. A lo largo del período abordado en la tesis, se dio un pasaje en el reconocimiento oficial de argumentos que afirman el carácter estático e inmodificable del sexo, a otros que sostienen que el sexo no tiene esencia y que las personas pueden construir su identidad independientemente de su corporalidad. En el escenario judicial y parlamentario, estos argumentos adquirieron legitimidad y fueron formalmente reconocidos al abrigo de la incorporación de los discursos bioéticos, los estudios de género, el feminismo y la expansión de la órbita del discurso de los derechos humanos a asuntos que atañen al género y la sexualidad. En el escenario médico, fueron subsidiarios de la reconfiguración de la autoridad médica, las nuevas dinámicas de la relación médico-paciente y la emergencia de la corriente de la humanización de la atención en salud. La trayectoria de las organizaciones sexo-políticas y la afirmación de sus demandas en un clima político e institucional permeable a discursos progresistas promovieron políticas públicas sustentadas en definiciones constructivistas del género y la sexualidad. Ello no implicó, no obstante, que posiciones esencialistas que afirman que la verdad última del género y la sexualidad se ubica en el cuerpo perdieran validez.

En el escenario parlamentario circularon argumentos que afirmaban que las legislaciones debían adecuarse a las leyes divinas o a las de la naturaleza y que la emisión de nuevas partidas de nacimiento contemplada en la Ley de Identidad de Género adulteraba documentos públicos.

En el escenario activista, donde predominan discursos constructivistas en torno a la identidad, existieron posiciones encontradas en torno al vínculo entre cuerpo e identidad. Ciertos posicionamientos sostenían que el cuerpo -y sus posibilidades de transformación- ocupaba un rol fundamental en el proceso de construcción de la identidad. En base a este modo de concebir la relación entre cuerpo e identidad, se elaboró el concepto de derecho humano a la identidad de género que requiere, para su completa realización, el acceso y cobertura de los tratamientos médicos de construcción corporal. Otras posturas afirmaron que identidad y cuerpo no van necesariamente asociados. Observaron con desconfianza el deseo de intervenir el propio cuerpo por medio de las tecnologías biomédicas disponibles. Algunas posiciones sustentaron esta desconfianza en la reproducción de los estereotipos de género inherentes a dichas intervenciones. Otras lo hicieron visibilizando los posibles riesgos para la salud física derivados de su realización. Apelando a distintos marcos de sentido, afirmaron que la corporalidad no intervenida es la corporalidad legítima. Un mismo argumento fue utilizado para sustentar posiciones conservadoras o bien disruptivas del orden de los géneros. Su sentido se terminó de construir en función del escenario en el que circuló y los encadenamientos discursivos a los que se acopló.

Tanto en el escenario médico como en el judicial se dio una disputa por definir los límites legítimos a la autonomía de decisión de los y las trans para intervenir sus cuerpos por medio de tratamientos e intervenciones médicas en gran medida irreversibles. La noción de autonomía sostenida en un primer momento se basaba en el supuesto de que las personas tendrían el derecho de decidir sobre todo lo que refiera a su propia vida siempre que sus elecciones no afectaran directamente la vida de otros/as y que una mirada clínica certificara que se encontraban en condiciones físicas y psicológicas de llevarlas a cabo. El sufrimiento y el riesgo -definidos clínica y judicialmente- permitieron poner en práctica todo un andamiaje de tecnologías de poder en el que la voluntad expresa de las personas trans para intervenir su propio cuerpo no era suficiente argumento para acceder a las intervenciones solicitadas. Un régimen médico-legal de autonomía menguada de las personas trans permitió la realización de los tratamientos médicos bajo la órbita de la legalidad, aunque en carácter de excepción.

Durante el debate parlamentario de los proyectos de Ley de Identidad de Género, la autonomía y las condiciones para acceder a los tratamientos volvieron a ocupar un lugar central, en particular al debatirse el artículo del dictamen de mayoría que estipulaba la cobertura pública de los tratamientos médicos de construcción corporal. Dado el carácter irreversible de los tratamientos quirúrgicos -y en algunos casos también los hormonales-, se consideró que debía diseñarse un protocolo específico para asegurarse que esas intervenciones se condigan con las “verdaderas” necesidades de los sujetos. Posturas afines a los discursos de las organizaciones afirmaron la plena conciencia y autonomía de los sujetos respecto a la realización de tratamientos médicos que, como toda intervención médica, posee grados de incertidumbre respecto a sus resultados y consecuencias para la salud física o emocional.

El recorrido de la tesis permite sostener que en la medida en que la noción de autonomía invocada en los discursos públicos que reivindican la gestión individual de los riesgos coincida con aquella tributaria del liberalismo individualista y racionalista se encontrará con puntos ciegos, dado que toda autonomía requiere de otros y otras para tornarse efectiva y siempre acarrea un carácter conflictivo. Una noción de autonomía que le haga justicia a las experiencias concretas de las personas difícilmente puede partir de la racionalidad, especialmente cuando lo que se encuentra en juego es el vínculo entre los sujetos y sus cuerpos. En este campo no existe la plena autonomía de decisión o dominio ya que toda decisión corporal que implique la intervención de tecnologías médicas es tomada en un marco de vulnerabilidad e incertidumbre.

Al compás de las transformaciones en los discursos acerca de la autonomía de decisión de los y las trans sobre sus cuerpos, se dio un corrimiento de los sentidos asociados a la noción de riesgo. Estos pueden ser caracterizados en base a tres dimensiones: a) el sujeto u objeto en riesgo: la sociedad y sus normas morales, los/as profesionales de la salud al realizar prácticas ilegales, o bien la salud de las personas directamente implicadas en los tratamientos; b) la situación de riesgo a controlar: la posibilidad de arrepentimiento o bien una multiplicidad de situaciones indeseadas, tales como daños para la salud física causados por los tratamientos o para la salud psíquica originada por la no realización de los mismos. Otro riesgo, introducido en el escenario activista, fue el de reproducir y reforzar del orden binario de género a través de la normalización de los cuerpos; c) la gestión del riesgo: externa, por parte de médicos, jueces o legisladores/as, o bien interna. Esto es, una gestión individual del riesgo asociada a una idea abstracta de ejercicio de la autonomía.

El pasaje de la gestión y evaluación externa de los riesgos a su manejo individualizado se vincula con la introyección de los mecanismos de gobierno de los cuerpos por parte de los sujetos. Esta modalidad forma parte de cambios recientes en el campo de la salud, cuyas principales características son la erosión de la autoridad médica y mayor participación de los/as usuarios/as en los tratamientos, la mercantilización de la atención y la incorporación de los avances científico-tecnológicos al campo de la salud (Conrad 2007). La mayor implicación de los/as usuarios/as en sus tratamientos se desarrolla a la par de una producción de sentidos morales acerca de la responsabilidad sobre su propia salud y la emergencia de una ética somática en la que el sujeto se concibe a sí mismo como un emprendedor de su propia vida (Rabinow, 1996; Rose y Novas, 2003; Novas, 2006).

En base al trabajo realizado, emergen nuevas aristas de interrogación plausibles de ser abordadas en futuras investigaciones. La primera es el rastreo de discursos sobre el uso de las biotecnologías por fuera de los relatos médicos o del ejercicio de la ciudadanía. Un ejemplo de ello puede ser, tal como sugirió uno de los entrevistados, el uso de hormonas con fines exclusivamente recreacionales o de búsqueda de placer, o las cirugías como formas de experimentación corporal cyborg o queer. Al respecto, surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué discursos públicos pueden englobar estas experiencias y bajo qué términos? El deseo de transformación o experimentación corporal, despojado de la retórica humanitaria de la necesidad o el sufrimiento, ¿puede ser contemplado dentro del derecho humano a la identidad de género?

La segunda línea de indagación refiere a las reconfiguraciones del activismo trans tras la sanción de la Ley de Identidad de Género. A partir de su aprobación, algunos grupos reorientaron parte de su estrategia a promover cambios en las representaciones y prácticas médicas. También se crearon espacios para promover el diálogo e intercambio de experiencias o dudas sobre los tratamientos de construcción corporal. Estas acciones e iniciativas poseen puntos de contacto con otros activismos de usuarios/as del sistema de salud que no demandan la atención en calidad de víctimas ni enfermos/as, sino como ciudadanos/as que conocen sus derechos y reclaman el cumplimiento de la legislación vigente en las mejores condiciones. Afirman su autonomía y capacidad decisoria en el curso de los tratamientos y asumen su pertenencia a una comunidad de pares con experiencias, aspiraciones corporales e interrogantes compartidos.

Un aspecto emergente de esta investigación refiere entonces a las implicancias políticas de la demanda por la construcción del propio cuerpo frente al campo médico y el acceso a la atención en el sistema de salud en sentido amplio. Un interrogante que emerge es en qué medida estas demandas tienen la potencialidad de politizar el escenario médico y profundizar la revisión de la autoridad médica por parte de los/as mismos/as profesionales. Al respecto, considero que el desafío más grande es el de reducir las barreras de acceso de la población trans al sistema de salud, sobre todo entre quienes no desean acceder a tratamientos médicos de construcción corporal. Es allí donde radica la politicidad del sistema de salud, al definir qué cuerpos logran acceder a los servicios, en qué condiciones y bajo qué posibilidades de escucha, dialogo, atención y ejercicio de la autonomía.

Una última dimensión emergente refiere a la reconfiguración del campo médico a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género y los sentidos que los/as profesionales de la salud producen en torno a sus prácticas en relación con la autonomía de los/as usuarios/as del sistema de salud. A la luz de este eje sería de interés indagar en la incorporación de nuevos/as profesionales a los tratamientos de construcción corporal trans, sus trayectorias, procesos de formación y vínculo con profesionales pioneros y con grupos activistas. También la realización de jornadas de capacitación, articulación entre servicios e instituciones, sistematización de saberes, estudios de nueva casuística, surgimiento o consolidación de espacios de debate e intercambio profesional, así como diálogos y tensiones entre profesionales y funcionarios/as públicos/as tanto de nivel nacional como jurisdiccional encargados/as de diseñar los programas necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el artículo Nº 11 de la Ley de Identidad de Género.

El problema de la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo es el gran eje analítico-político que atraviesa la tesis y se encuentra presente en un sinnúmero de demandas actuales frente al Estado, a los/as profesionales de la salud y a la sociedad en general. Considero que el trabajo realizado permite sostener que la autonomía se emplaza en un terreno de negociación entre distintos colectivos, instituciones y discursos que definen qué decisiones pueden ser concebidas como autónomas, como inconvenientes pero tolerables o bien, como imposibles. Dicha frontera no está definida de una vez y para siempre. Va corriéndose al compás de las dinámicas históricas y de los sentidos articulados por los sujetos acerca de sus propias vidas.



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