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2 El escenario médico

Discursos doctos sobre los cuerpos trans

En este capítulo abordo la emergencia y desarrollo de discursos y prácticas médicas desplegadas alrededor de las iniciativas de construcción corporal trans a fin de analizar los modos en los que en Argentina entre 1966 y 2015 se configuraron las coordenadas de lo decible y lo pensable en torno a los tratamientos médicos de construcción corporal trans. Estos saberes fueron producidos en el marco de estrategias médico-legales primero y clínicas después. Entender dichos tratamientos como una amenaza para el orden natural y moral los colocó en un marco de ilegalidad y en clandestinidad. Visibilizarlos como el abordaje indicado para un trastorno de la identidad acorde a las definiciones de los manuales diagnósticos de circulación internacional, permitió su gestión y control en la esfera de lo clínico y los hizo objeto de cálculos de riesgos.

A partir de la década de 1990, comenzó a formarse en el contexto local un campo clínico específico en torno a los tratamientos de construcción corporal trans cuya práctica se asentaba en tres pilares. En principio, la mirada compasiva y el sentimiento humanitario de profesionales de la salud que asumieron “riesgos profesionales” con el objetivo de paliar el sufrimiento existencial de las personas trans. Luego, la puesta en marcha un dispositivo clínico basado en los protocolos de atención validados internacionalmente cuyo principal objetivo era identificar el riesgo de suicidio. Por último, la judicialización como posibilidad y límite de dichas prácticas clínicas.

Comienzo analizando una serie de artículos publicados en revistas académicas de medicina entre la década de 1970 y de 1980 a fin de abordar los sentidos que al interior del campo médico se les asignó a las prácticas de construcción corporal trans en el período previo a su autorización legal por la vía judicial. Posteriormente, abordo los discursos elaborados por profesionales pioneros en el desarrollo de intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales solicitados por personas trans de modo legal en el país. Analizo su trayectoria profesional en la temática, así como los sentidos que les asignaron a las intervenciones y tratamientos desarrollados. Finalmente, abordo la idea de riesgo que los profesionales entrevistados[1] articularon en torno a dichos tratamientos e intervenciones.

En los capítulos subsiguientes de la tesis abordaré las características que adquirió la interfaz médico-jurídica de gobierno de los cuerpos trans y la progresiva incorporación de discursos que reconocen la autonomía de los/as pacientes para decidir sobre sus propios cuerpos[2].

Travestismo y transexualidad en la medicina legal argentina

En Argentina, la medicina legal y la sexología clínica se constituyeron como los primeros espacios de producción de saberes en torno a las corporalidades trans. A partir de la década de 1970, el incipiente desarrollo de un saber clínico se desplegó en el marco de los dispositivos legales y policiales que penalizaban ejercer la prostitución, vestirse con “ropas del sexo contrario”[3], y a profesionales de la salud, practicar intervenciones médicas que provocaran la esterilización[4].

Las normativas que regulaban el ejercicio de la profesión médica limitaron la consolidación de un campo de saber acerca de los tratamientos e intervenciones para la construcción de los cuerpos trans. Ello no impidió que profesionales de la salud realizaran los tratamientos e intervenciones de manera clandestina. Sí imposibilitó la sistematización, protocolización y circulación de un conocimiento específico en torno a dichas prácticas clínicas. El desbloqueo fue posible recién a fines de la década de 1990 a partir de la intervención del escenario judicial. Este otorgó un marco legal –aunque inestable, ya que dependía de los criterios de cada juez/a- para que profesionales de la salud comenzaran a realizar los tratamientos fuera de la clandestinidad.

Las primeras publicaciones en revistas académicas de medicina sobre las corporalidades trans evidencian la articulación entre el dispositivo policial de control de los cuerpos y el escenario médico. Estos artículos tenían por objetivo poner el conocimiento y las técnicas médicas al servicio de la persecución y penalización del travestismo e imponer límites médico-legales a las prácticas que tenían por objeto transformar la genitalidad de las personas en base a su propia voluntad.

En 1971, el cirujano Arnaldo Yódice[5] escribió en El día médico. Periódico científico e informativo ilustrado un artículo titulado “Aguafuerte quirúrgica”. Allí relató, bajo la forma de una crónica, su experiencia frente al “pedido de extirpación de genitales masculinos” realizado por una persona que, según su relato, en un comienzo “aparentaba” ser una joven mujer. Allí, el médico narró con “asombro” y “estupefacción” los hechos, y luego expresó su interés por desentrañar el motivo de dicha consulta:

No pudimos averiguar el origen de semejante aberración, consecuencia psico-biológica de un error de la naturaleza. Porque estos pobres seres, desviados en el orden sensorial, con una mentalidad cercana a la inconsciencia, pretendían la curación de su mal por medio de la mutilación del atributo de su sexo. ¿Cómo era posible semejante monstruosidad? Era la pregunta que nos hacíamos. (…) ¡Pobres seres! Ellos no tienen la culpa. La biología les hizo una mala jugada (Yódice, 1971: 295).

El médico se negó a realizar el pedido solicitado ya que lo concibió como una aberración y monstruosidad, fruto de una enfermedad mental y pérdida de noción de la realidad. No obstante, en su relato el tono de condena moral se entremezclaba con una mirada compasiva y exculpatoria. Las mismas intervenciones que treinta años más tarde serían realizadas en algunos consultorios públicos del país, fueron entendidas por Yódice como mutilaciones.

En base a la lectura del artículo es posible afirmar que, si bien no constituía una práctica regular, los sujetos se presentaban en los consultorios solicitando los tratamientos a distintos/as profesionales de salud. Dichos pedidos no eran considerados como delitos por los/as profesionales, aunque sí se los asociaba a la idea de autoengaño y patología. En continuidad con las teorías de la sexología europea de principios de siglo desarrolladas en el capítulo anterior, Yódice entendió que un pedido de tales características no podía más que ser fruto de una pérdida de sentido de la realidad.

En 1981, la revista La semana médica[6] publicó el artículo titulado “Aplicación del urocitograma en el estudio endocrino de casos de travestismo y transexualismo”. Su autor era Leo, J. Lencioni, titular de la cátedra de Medicina Legal de Universidad Nacional de Rosario y Jefe del Cuerpo médico forense de los tribunales provinciales de la misma ciudad. Lencioni había aplicado la técnica del urocitograma para el identificar valores hormonales diferenciales según sexo a través del estudio del sedimento urinario. Con el objetivo de desarrollar una herramienta pericial se propuso utilizar dicha técnica para producir un conocimiento específico sobre los valores hormonales de personas que presentaran “desviaciones sexuales”. Como se dijo en el capítulo anterior, la medicina forense accedía a su objeto de estudio e intervención por medio de la institución policial y su función era producir conocimiento útil a la institución: prevenir y controlar las conductas delictivas.

Para acceder a sus “casos de estudio” Lencioni se valió de su experiencia como médico forense en el poder judicial:

En el consultorio de los tribunales provinciales de Rosario, pertenecientes a la segunda circunscripción judicial, examinamos en relación a este trabajo a un transexual y cuatro travestis. El primero se trataba de un hombre de 22 años de edad que se había sometido, en el extranjero, a una operación quirúrgica consistente en la amputación del pene y creación de una neovagina. Fue enviado al consultorio médico por un juez en lo civil dado que había iniciado el trámite con el objeto de lograr el cambio de sexo y nombre en los documentos de identidad, lo que finalmente no prosperó. Respecto a los travestis, llegaron a la consulta forense por estar acusados de desorden público y para peritaje psiquiátrico (Lencioni, 1981: 511).

En base al fragmento recién expuesto, vale señalar que dada la prohibición legal local las personas comenzaron a acceder a las intervenciones quirúrgicas de modo clandestino o bien en otros países. En virtud de los interrogatorios practicados, Lencioni encontró que todas ellas “se aplicaban, desde mucho tiempo atrás, altas dosis de estrógenos de depósito por vía intramuscular, los que habían inducido una ginecomastia considerable” (Lencioni, 1981: 511). En base a dichas prácticas de construcción corporal autoagenciadas elaboró la categoría de “hombres con desviaciones sexuales que se aplican voluntariamente estrógenos” y analizó los casos en función de cinco variables: edad, ginecomastia -aumento del busto- (“intensa” o “moderada”), desarrollo genital (“hipogonádico”, “normal” o “vaginal artificial”), valores del urocitograma y observaciones (“travestismo homosexual” o “transexualismo”). Lencioni desarrolló un saber clínico específico en torno a la “desviación sexual” a fin de aportar al conocimiento no solo en lo que atañe a sus dimensiones psicológicas, como lo había hecho De Veyga a principios de siglo, sino también fisiológicas, teniendo en cuenta sus prácticas de construcción corporal.

Un año más tarde, la misma revista publicó “La situación del médico frente al tratamiento hormonal de travestis y transexuales. Consideraciones jurídicas, medicolegales y deontológicas” del Dr. Luis Alberto Kvitko. El artículo versaba sobre el “tratamiento efectuado por profesionales médicos, que prescriben tratamientos hormonales a estos `verdaderos enfermos´” (Kvitko, 1982: 350). Definía a travestis y transexuales como “sujetos que, perteneciendo a un sexo determinado, tienen sin embargo la convicción y el deseo de pertenecer al sexo opuesto (y) buscan la realización de su deseo, sometiéndose a la corrección de la apariencia sexual de su cuerpo por métodos farmacológicos y quirúrgicos” (Kvitko, 1982: 351).

Kvitko expuso una mirada de sospecha y desconfianza hacia las posibilidades de transformación corporal por medios quirúrgicos y hormonales, técnicas a las que entendió como un “adelanto avasallador de las ciencias y de la tecnología” (Kvitko, 1982: 351). En su artículo, constataba que los sujetos demandaban tratamientos hormonales a profesionales de la salud, quienes en algunos casos daban respuesta a dichos requerimientos. El objetivo del escrito era establecer si dicha práctica médica podría constituir un delito en base a las normativas vigentes en el contexto local. Es decir, tenía por objeto delimitar el campo de acción de la práctica médica en base a las normas legales, clínicas y morales vigentes en ese momento.

El artículo comenzaba exponiendo las normativas que al momento de producción del artículo se encontraban en vigencia: los Edictos Policiales y las normativas que regulaban el ejercicio de la práctica médica (Código Penal y Ley Nacional de Ejercicio de la Medicina). Luego, retomaba de otros trabajos científicos las posibles consecuencias para la salud derivadas del consumo de estrógenos por parte de personas de “sexo masculino”. Establecía que “son capaces de producir atrofia testicular, así como depresión de la espermogénesis” y que el consumo de altas dosis “pueden originar manifestaciones gastrointestinales tales como nausea, vómitos y diarrea” (Kvitko, 1982: 354). En base a la exposición de argumentos legales y clínicos, afirmaba:

De ninguna manera puede prescribirse a los travestis o trans-sexuales, un tratamiento hormonal, considerando estar obrando ante “un estado de necesidad” ello debido a que no se está en presencia de un mal inminente, de existencia real y objetiva, que constituya una amenaza de peligro concreta, inminente y actual, comprobada con sólida base científica (Kvitko, 1982: 356).

Y proseguía:

La ética, la moral médica, se ven reñidas con la aplicación de estas medidas terapéuticas, que a todas luces contravienen con el espíritu, con el sentido, con el criterio de nuestras normas deontológicas, de necesaria, de imprescindible aplicación, en todos y cada uno de los actos del profesional médico (Kvitko, 1982: 356).

La negativa a dispensar tratamientos de construcción corporal se sustentó en dos argumentos. El primero era un axioma propio de la práctica médica que afirmaba que solo debía intervenirse en la medida en que existiera una amenaza científicamente comprobada a la salud que constituyera el “estado de necesidad” que justificara el tratamiento. El otro era de índole moral: profesionales de la salud debían ajustar sus prácticas a la moral vigente en una época y contexto dado.

Las normas legales y morales que regulaban el ejercicio de la profesión médica bloquearon el desarrollo de un saber específico en torno a dichos tratamientos e intervenciones. Estas prohibiciones no impidieron que los médicos continuaran realizándolas, aunque obstaculizaron la sistematización y protocolización de las prácticas y saberes acumulados.

El desbloqueo de estos saberes fue posible recién a partir de la intervención del escenario judicial. Como se verá en el capítulo que sigue, en 1994 se autorizó por primera vez la realización de una cirugía genital voluntaria en un caso de “pseudohermafroditismo femenino masculinizante”[7]. En base a la constatación clínica de este diagnóstico, los jueces resolvieron que existía el “estado de necesidad” al que refería Kvitko. Ello tornó jurídicamente viable la realización de una práctica médica prohibida por Ley. Este antecedente habilitó la producción de fallos que, valiéndose de los diagnósticos de “Transexualismo” y “Trastorno de la identidad de género”[8], autorizaron los pedidos para acceder a cirugías genitales.

Hasta ese momento, viajar a Chile era la forma más fácil de acceder a una cirugía genital fuera de la clandestinidad. Dado que las normativas de dicho país no las prohibían, las mismas eran llevadas a cabo por un grupo de profesionales desde la década de 1970. Así lo relató una de las entrevistadas:

Yo me hice en Chile mi cambio de sexo en el año 1986, tenía veintitrés años. Me enteré por las revistas, por una chica que se llamaba Patricia, Patricia Bayo, una mujer transexual argentina que salió en una revista, en la “Eroticón”. Entonces busqué y me comuniqué y pude viajar a Chile (…) Llamé al médico, el teléfono me lo dio la chica esta, de un grupo de chicas de Rosario y me comuniqué con el médico y viajé a Chile. Me entrevisté con el médico, (me indicó) un análisis y después pasé al quirófano directamente (Mónica, activista).

A continuación, abordaré los sentidos que los primeros profesionales que desarrollaron los tratamientos de forma legal en el país le asignaron a sus prácticas.

Los pioneros

En base a las decisiones judiciales favorables a los pedidos de intervenciones quirúrgicas, el servicio de urología de un hospital público de la ciudad de La Plata fue el primero en realizar cirugías genitales a personas trans en el país. Con posterioridad, otro servicio de urología de un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a realizar tratamientos hormonales primero y cirugías luego en el marco de un consultorio de sexología. En ambos casos, la atención se inició a partir de los pedidos de los y las trans y el interés personal de algunos profesionales. Los primeros tratamientos hormonales y quirúrgicos se desarrollaron en feminidades trans. La atención de las masculinidades trans se desarrolló posteriormente.

Como pioneros en el desarrollo de los tratamientos, los profesionales invocaron valores humanitarios y compasivos al relatar los motivos que los llevaron a incursionar en los tratamientos. Refirieron que la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno los llevó a tomar el desafío legal y profesional de realizar los tratamientos. También afirmaron que lo hicieron por audacia e interés profesional frente a la oportunidad de indagar en un tema desconocido. Uno de los médicos urólogos entrevistados relató el proceso del siguiente modo:

En el año 1997 ingresó una paciente, Juana, con una autorización judicial para ser reasignada… sus genitales. Era una paciente biológicamente masculina (…) tenían que ser reasignados sus genitales a femeninos. Venía dando vueltas por diferentes hospitales no sólo de la Provincia (de Buenos Aires) sino del país porque era de Mendoza y había estado por distintas provincias y lo que se le decía es que esa cirugía aquí no se realizaba (…) nosotros le dijimos que tampoco la hacíamos, pero éramos jóvenes, teníamos treinta y pico de años, cuando todavía uno era joven y tiene cierta audacia y tiene ganas de aprender cosas y de cambiar las cosas, entonces le dijimos que si nos daba tiempo para formarnos, que era viajar al exterior porque aquí no se hacía, la íbamos a operar, sabiendo el riesgo que implicaba que ella fuese la primera persona que íbamos a operar (Germán, médico urólogo).

Junto a otro médico cirujano, Germán viajó a Chile a fin de entrevistarse con los profesionales que realizaban dichas cirugías en el país trasandino desde 1976. Se trataba de Guillermo Mac Millan Soto y Antonio Salas Vieyra. El caso fue descrito en el libro Juan/a. La angustia de vivir en un cuerpo equivocado (Sívori, 1998). El libro incluía un artículo de Mac Millan Soto (1998) titulado “Experiencia quirúrgica del transexualismo”. Allí, el cirujano chileno sostenía que los tratamientos quirúrgicos constituían la terapéutica indicada para los casos de “transexualismo”, haciendo uso de las definiciones presentes en el DSM III descritas en el capítulo anterior:

Clínicamente, el paciente transexual se presenta como una persona sin trastorno del juicio quien desde su niñez siente pertenecer al sexo opuesto con constante y persistente convicción, y que, progresivamente asume el rol de su sexo psicológico en totalidad. (…) la función del psiquiatra es decisiva a fin de estudiar la idoneidad de los enfermos para su posible cirugía de reasignación sexual dirigiéndolos en todo su programa de rehabilitación (Mac Millan Soto, 1998: 137).

Mac Millan definió a la intervención quirúrgica como la terapéutica indicada para esos casos, siempre que existiera una evaluación clínica y psicológica previa que permitiera evaluar a los/as candidatos/as al tratamiento. Sustentaba sus concepciones en las nociones de “rehabilitación” y “adaptación”. Las intervenciones quirúrgicas oficiarían de paliativo y permitirían la “rehabilitación” ante la imposibilidad clínica de cura:

Desgraciadamente, la psiquiatría y la psicoterapia no han logrado solucionar el problema de estos enfermos. Ha sido imposible obtener un cambio psíquico en estos pacientes, por lo que en los últimos veinte años se ha aceptado que la mejor forma de rehabilitar a estos pacientes es intentando adaptar su anatomía a su sexo psicológico, incluyendo tratamientos hormonales, cirugía plástica de la cara, mamas y plastía de genitales (Mac Millan Soto, 1998: 138).

A su vez, para el cirujano chileno la adaptación de la anatomía por medios quirúrgicos permitía neutralizar el carácter moralmente peligroso de las personas trans. De este modo, afirmaba: “el paciente transexual constituye un problema socio-moral únicamente mientras no es tratado y operado” (Mac Millan Soto, 1998: 138).

Estos eran los sentidos con los cuales las técnicas de construcción corporal trans comenzaron a desarrollarse localmente: como medios de rehabilitación social y minimización del carácter peligroso de las personas que los solicitaban.

En el hospital ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un psiquiatra coordina desde 2005 un grupo interdisciplinario de profesionales compuesto originalmente por dos endocrinólogos, una ginecóloga y el mencionado psiquiatra. El mismo refería que a partir de 2004 surgió la “demanda trans” de modo espontáneo primero, y luego por derivación de profesionales y grupos activistas. El psiquiatra afirmaba que se vio interpelado y sensibilizado por esa demanda. Su formación en la temática fue autodidacta y se centró en el estudio de los protocolos de la WPATH. Expresó que en un marco institucional y profesional signado por el temor, el desconocimiento y el desinterés, fue el primero en llevar adelante acciones para que las personas que lo requerían pudieran acceder a los tratamientos:

Los médicos antes de la Ley de Identidad de Género no prescribían tratamientos hormonales porque tenían miedo que se les hicieran juicios… operar ni qué hablar, sólo con una orden judicial, pero tampoco entendían muy bien de qué se trataba… un cirujano plástico tampoco iba a hacer una mastectomía si un juez no lo avalaba o yo, de alguna manera, firmaba que esa persona lo necesitaba (…) El único que firmó absolutamente todo fui yo (Jorge, psiquiatra).

Animarse a incursionar en la temática y asumir los riesgos legales y profesionales –ser descalificado por sus colegas, por ejemplo- constituyó parte del relato del pionero que lo posicionaba como autoridad no solo técnica en términos de conocimiento y trayectoria, sino también moral.

Como se afirmó previamente, las intervenciones quirúrgicas sobre la genitalidad de las personas que no tenían indicación terapéutica se encontraban explícitamente prohibidas salvo que mediara una autorización judicial. Otras prácticas quirúrgicas -como mastectomías o cirugías estéticas- y tratamientos hormonales se emplazaban en un terreno de indefinición legal. Ninguna norma establecía explícitamente su prohibición. Sin embargo, los/as profesionales eran reticentes a su realización frente a posibles demandas judiciales.

Al relatar su incursión en el desarrollo de los tratamientos, uno de los endocrinólogos entrevistados refería su preocupación sobre la responsabilidad legal:

Lo primero que hicimos fue buscar asesoramiento legal. Como endocrinólogos no sabíamos qué podía pasar si había alguna complicación o alguna demanda. Averiguamos con los abogados del hospital y lo que nos dijeron era que si había un aval del servicio de salud mental nosotros podíamos tratarlos (…) Entonces lo que hicimos fue elaborar las normas de trabajo y atención (Matías, endocrinólogo).

En lo que atañe a las prácticas que no intervenían directamente sobre la genitalidad, los manuales de diagnóstico y tratamiento así como los protocolos médicos internacionales les permitieron correr las fronteras de la responsabilidad médico-legal. En base a las directivas del hospital, el servicio al que pertenecía uno de los profesionales entrevistados seguía muy minuciosamente las normas y etapas clínicas estipuladas por los protocolos que, como se dijo, se componían de un proceso de diagnóstico con psicoterapia y luego tres etapas progresivas y obligatorias: tratamiento psicológico, terapia hormonal y cirugía genital. Así lo describía el entrevistado:

Había un protocolo, que era el protocolo clásico, el Standard of Care seis, antes de que saliera el siete y lo que me exigían era que trabaje, si se quiere, científicamente (…) es decir que había que hacer un diagnóstico… a partir de eso, experiencia de vida real, a partir de eso hormonación y, bueno, la persona hacía un juicio y el informe judicial que iba al juez, el juez exigía un informe avalando que la persona era transexual y que básicamente necesitaba esta operación (Jorge, psiquiatra).

En el hospital de la ciudad de La Plata, los tratamientos hormonales eran realizados de modo informal como parte de un conjunto de respuestas locales a una demanda sobre la que los profesionales no poseían suficiente conocimiento clínico. Así lo expresaba uno de los entrevistados:

(Era) muy under… lo realizábamos por un tema de que las pacientes venían y solicitaban tratamiento y nosotros no teníamos cómo canalizar ese tema. Porque cuando hablábamos con endocrinólogos, lo que nos decían era “yo no le voy a dar hormonas masculinas a una mujer ni hormonas femeninas a un hombre, es una locura, es ilegal, vamos a ir todos presos”. Entonces conseguimos a una ginecóloga que hacía ginecología endocrinológica para que nos ayude y nos dé una mano… porque la mayoría de las pacientes se automedicaba y eso era venenoso. Entonces le dijimos “mirá, pediles los estudios y orientalas, aunque no sea algo legal, que lo anoten ellas” así empezamos a armar como podíamos pero la idea era que no se automedicaran y que tuvieran controles médicos (Germán, médico urólogo).

En un primer momento, el urólogo especialista en cirugía genital reconstructiva del hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue reticente a la realización de las vaginoplastías frente a la posibilidad de generar daños en personas que no sufrían de ninguna patología que, según los criterios médicos vigentes en ese momento, justificara clínicamente la intervención. El conocimiento de los protocolos le permitió ubicar las intervenciones dentro de la terapéutica indicada para un trastorno. El “acondicionamiento de la genitalidad” –y no ya la “mutilación”- podría aliviar el sufrimiento e incluso “resolver el problema”. Los daños o riesgos posibles de la intervención empezaron a formar parte de un cálculo de costo-beneficio similar al de otras prácticas médicas:

Cuando Jorge vino hace bastante tiempo y nosotros estábamos cómodos sacando riñones, operando próstatas, uretras, o lo que sea, dijimos “¿Por qué vamos a empezar a hacer esto y meternos en algo que no sabemos y que podemos generar daño con el bisturí? Básicamente empezaron a picar algunos bichitos dentro de la cabeza del equipo. Vino Jorge diciendo que había un factor psicológico o psiquiátrico y que en realidad con el bisturí podíamos llegar a acondicionar a estos pacientes y que podíamos resolver algo (Rodrigo, médico urólogo).

Este médico urólogo comenzó tratando personas que habían sido intervenidas previamente en otros países y que se presentaban en el servicio con complicaciones post operatorias. Ello permitió eludir el requisito judicial, dado que la intervención ya había sido realizada. En base a estas prácticas, los/as profesionales del servicio acumularon conocimiento necesario para realizarlas “desde cero”, con la autorización judicial requerida. Así lo relataba el entrevistado:

Como venían ya, entre comillas, amputadas y venían a un centro reconstructivo de referencia, teníamos el aval o el permiso -o la gambeta judicial- para poder empezar a hacer este tipo de cirugías. Hasta que un día hablamos con Jorge y nos sentimos bastante preparados y dijimos “bueno, empecemos nosotros a realizar estas cirugías, de novo”, y fue así que empezamos con toda esa transición judicial, de hacerle juicio al Estado para que nos autorice y vinieron las autorizaciones de la Corte Suprema ordenándonos realizar la cirugía de readecuación (Rodrigo, médico urólogo).

Cuerpos que importan

Con el correr del tiempo, a los tratamientos hormonales y vaginoplastías se agregaron otras prácticas e intervenciones: cirugías estéticas, faloplastias, colocación de prótesis mamarias, testiculares y peneanas, mastectomías, histerectomías, tratamientos fonoaudiológicos, entre otros. Los objetivos de dichas intervenciones se encontraban guiados por presunciones culturales acerca de cómo son los cuerpos sexuados y qué tipo de prácticas deseantes llevan a cabo (Lavigne, 2009; Kessler, 1990).

En lo que respecta a los tratamientos hormonales, los endocrinólogos entrevistados mencionaban distintos tratamientos. Uno de ellos era reversible y era indicado a comienzos de la adolescencia para retrasar la aparición de los signos corporales asociados a la pubertad. El otro, aplicado a adultos/as, era el llamado “tratamiento hormonal cruzado”. Se trataba de un tratamiento parcialmente reversible: a más tiempo de tratamiento, menos reversibilidad. Su objetivo era el de “suprimir los caracteres sexuales secundarios del sexo original y procurar que la persona adquiera los del sexo deseada en la mejor medida y forma posible” (Matías, endocrinólogo). El tratamiento hormonal era utilizado para lograr efectos “feminizantes”, tales como disminución de grasa, vello, fuerza y masa muscular, mayor suavidad en la piel, aumento mamario, reducción del volumen testicular y del eyaculado. En el caso del tratamiento hormonal para generar efectos “masculinizantes” los cambios aspirados más importantes eran el cese de las menstruaciones, el engrosamiento de la voz, el crecimiento del vello facial y corporal y el aumento de masa y fuerza muscular.

En lo que refiere a los tratamientos quirúrgicos sobre la genitalidad, el objetivo de las vaginoplastías era el de construir una vulva y una vagina similar a las vulvas y vaginas “nativas” en términos estéticos, funcionales al coito heterosexual y sensibles. En el caso de las faloplastias, la técnica constaba de distintas intervenciones. Las expectativas de mímesis con la genitalidad “natural” no siempre alcanzaban las expectativas de profesionales y usuarios/as. Uno de los médicos urólogos entrevistados refería al respecto:

La vaginoplastía es perfecta desde el punto de vista de lo que es estética, función, placer, es perfecta… la vaginoplastía, si no sos médico, es casi imposible de darte cuenta. En cambio, la faloplastia vos la ves y te das cuenta de que hay algo que no va, es un pene que le permite tener relaciones, desde el punto de vista placentero no es tan placentero porque es tejido, pero tampoco es un tejido sensible y desde el punto de vista de la erección necesita prótesis (Germán, médico urólogo).

A diferencia de la vaginoplastía, que podía ser realizada en una única intervención, la faloplastia incluía varias intervenciones que debían ser realizadas en distintos momentos. Las intervenciones eran: histerectomía, faloplastia, escrotoplastia, uretroplastia, colocación de prótesis testicular y peneana. El objetivo de su realización era lograr un “falo cosmético con capacidad sensitiva y eréctil” (Germán, médico urólogo). Al realizar estos tratamientos, la expectativa era la de alcanzar un grado de similitud tal con la genitalidad “natural” que ningún/a observador/a externo/a pudiera reconocer que se trataba de una corporalidad producida por medios quirúrgicos.

Los profesionales entrevistados proyectaban una corporalidad ideal no solo en términos morfológicos y de apariencia sino también deseantes y performantes: penes que pudieran penetrar vaginas naturales” y vaginas que pudieran ser penetradas por penes naturales”. Se trataba de tratamientos que tenían por objetivo “restituir” artificialmente una naturaleza definida en términos ideales y normativos. La noción de éxito y fracaso se definía en función de la posibilidad de crear cuerpos que se acercaran a dicho ideal.

Del peligro al riesgo

En 2011, la Revista de la Sociedad argentina de endocrinología ginecológica y reproductiva publicó el artículo titulado “Trastorno de identidad de género (TIG), un enfoque integral”, escrito por el médico endocrinólogo Uriel Marcelo Pragier. El artículo condensó el conocimiento acumulado en la temática en el ámbito local y un cambio de perspectiva en los discursos validados al interior del escenario médico en torno a los tratamientos de construcción corporal trans. Comparando su contenido con el de los artículos publicados en la década de 1970 y 1980, del peligro social y el delito se dio paso a una noción amplia de riesgo con sus matices y gradaciones. En ese artículo se le otorgaba particular importancia al riesgo de suicidio de las personas trans, previo y con posterioridad a la realización de los tratamientos. El mismo sostenía que los tratamientos reducirían la tendencia de suicidio. En la medida en que respondieran a un “verdadero” deseo por la transición, su realización reduciría fuertemente la angustia experimentada por los/as pacientes. Por el otro, en los casos en los que el diagnóstico no hubiera sido realizado de forma correcta, podrían desencadenar situaciones de crisis que podrían conducir, en los casos de mayor gravedad, al suicidio. Frente al temor por la posibilidad de que los/as pacientes cometieran suicidio con posterioridad a los tratamientos, el artículo afirmaba que el trabajo interdisciplinario ofrecía un resguardo clínico y profesional necesario para minimizar las posibilidades de aparición de efectos no deseados. En este mismo sentido, uno de los endocrinólogos entrevistados afirmaba:

La angustia y la ideación suicida se reducen inmediatamente después de iniciado el tratamiento, se produce una apertura y se alivia la angustia aunque hay un pequeño porcentaje que presenta un empeoramiento después de la transición y por eso nosotros insistimos en que el equipo de salud tiene que acompañar todo el proceso en forma permanente (Matías, endocrinólogo)

Como ya se dijo, en ese período las intervenciones quirúrgicas genitales debían contar con una autorización judicial para ser realizadas. Dichos procesos debían contar con una serie de pericias médicas y psicológicas a fin de corroborar los criterios diagnósticos de los manuales internacionales. Como afirmaba el artículo recién mencionado, un diagnóstico correcto minimizaba el riesgo de arrepentimiento. Pero por tratarse de un riesgo de vida, la posibilidad de arrepentimiento era entendida por los profesionales en términos éticos y de deontología profesional, antes que como un problema de índole netamente legal. Uno de los cirujanos afirmaba:

Como médico no es agradable operar a alguien y en vez de solucionarle el tema, complicarle la vida. La mayoría de los mensajes que tenemos son “doctor, gracias, usted me cambió la vida”, no es muy agradable recibir “doctor mi hermano se mató por lo que ustedes le hicieron”. Entonces no pasa por un tema legal, pasa por un tema médico y de que uno hace las cosas para mejorarle la vida a la gente, no sería muy agradable saber que uno operó a alguien, que es irreversible y que esa persona se arrepiente (Germán, médico urólogo).

Este entrevistado establecía una diferenciación entre lo legal y lo médico. Lo médico, al decir del profesional, tendría por objetivo “mejorarle la vida a la gente”. En virtud de esta distinción, los/as profesionales se guiaban por los procedimientos protocolizados que les permitían minimizar el riesgo o la incertidumbre de generar malestar en los/as pacientes.

Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, los primeros saberes elaborados en torno a la corporalidad trans tenían por objetivo controlar una porción de la población entendida como peligrosa. En dicho esquema interpretativo lo que debía ser resguardado y protegido era el orden social y la moral pública. No había grados posibles de intervención de la corporalidad si ello contradecía las normas binarias de género. La prohibición médico-legal era taxativa. Cuando los tratamientos de construcción corporal trans comenzaron a ser realizados en un marco de semi legalidad se dio paso de una noción de peligro social a una de riesgo individual. El suicidio era el principal riesgo a ser gestionado por los profesionales pioneros en base a los indicadores presentes en los protocolos internacionales que permitían identificar la probabilidad de aparición de casos de tendencia al suicidio en función de indicadores pre-definidos. En base a la cuantificación y medición de un conjunto de casos se correlacionaban ciertas características individuales (edad, antecedentes psiquiátricos, inserción laboral, inserción social, vínculos familiares, etc.) con la tendencia al suicidio (Pragier, 2011).

Siguiendo a Foucault (1999), ambas formas de gestión de riesgo -la del peligro social y la del riesgo individual- constituyen estrategias biopolíticas que se vinculan con las mutaciones en las prácticas y discursos médicos como estrategia de gobierno de los cuerpos (Foucault, 1999). Para Mitchell Dean (1998), el riesgo es una forma de ordenar una realidad caótica e imprevisible a fin de tornarla interpretable, medible y proyectable, en definitiva, gobernarla. Esta mutación en las formas de gestión del riesgo en los tratamientos de construcción corporal trans es inherente a la constitución de un dispositivo clínico de la transexualidad (Bento, 2006). Se trata de un dispositivo normalizador que tiene en su horizonte la construcción de un saber positivo en torno a su objeto, en base a las reglas de formación discursiva de la medicina moderna.

Entender el desarrollo de los tratamientos médicos de construcción corporal trans exclusivamente como una amenaza para el orden natural, moral y social las arrojó a la ilegalidad y clandestinidad. Visibilizarlas como un trastorno, por el contrario, las tornó legibles –en el sentido de la inteligibilidad cultural, pero también de su ingreso dentro de lo judiciable y legislable- y gestionables en la esfera del gobierno de lo clínico. Al momento de realizar las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales los profesionales entrevistados proyectaban una corporalidad ideal en términos morfológicos, deseantes y performantes en base a las representaciones normativas imperantes respecto a cómo deben ser y qué funciones deben realizar vaginas y penes naturales.

Recapitulación y conclusiones

En este capítulo abordé la emergencia y desarrollo en Argentina de discursos y prácticas médicas desplegadas en torno a sujetos cuyas identidades y corporalidades desafiaban las normas de género dominantes. Los primeros saberes producidos en torno a las corporalidades trans fueron elaborados en el marco de la medicina legal y forense. Tenían por objetivo controlar un sector de la población entendida como peligrosa. En ese esquema debía ser resguardado y protegido el orden social y la moral pública, en base a un ideal de verdad natural. No había grados posibles de intervención de la corporalidad si ello contradecía las normas binarias de género. La prohibición médica, legal y moral era taxativa.

Cuando los tratamientos de construcción corporal trans comenzaron a ser realizados en un marco de semi legalidad en base a las autorizaciones judiciales, se dio paso de una noción de peligro social a una de riesgo individual, centrado en el riesgo de suicidio. Dejó de operar entonces una distinción tajante entre lo permitido y lo prohibido. Se desplegó un proceso de una evaluación individual, minuciosa y pormenorizada en cada uno de los casos. Al relatar el proceso que los llevó a incursionar en esos tratamientos, los profesionales pioneros invocaron sentimientos humanitarios tales como valentía (frente a los riesgos profesionales y legales que asumieron) y compasión (al verse interpelados por la necesidad de las personas trans).

Las condiciones para el desarrollo de un saber específico sobre los tratamientos médicos de construcción corporal trans obedecieron a la habilitación judicial de dichas intervenciones. Los/as jueces/zas a cargo de la evaluación de los pedidos procuraron responder la pregunta sobre quién poseía el legítimo derecho de decidir en torno al uso de las tecnologías médicas disponibles de transformación corporal y cuál era el límite de la autonomía de los sujetos para decidir sobre sus cuerpos.

Como se verá en los capítulos que siguen, dicho límite fue corriéndose en base a las demandas de los propios sujetos y a la presencia del activismo en el espacio público. En el escenario judicial particularmente, los discursos que sustentaron esos corrimientos fueron los de la bioética, los derechos humanos y los derechos de los/as pacientes. Estos lograron instalar nuevas miradas y sentidos sobre los tratamientos médicos de construcción corporal trans en el escenario judicial.


  1. Dado que los profesionales que iniciaron los tratamientos en el país son en su totalidad varones cisgénero, en este capítulo me referiré a las personas entrevistadas utilizando siempre el género gramatical masculino
  2. Partes de este capítulo fueron publicadas en Farji Neer (2018b; 2018c; 2020b).
  3. En virtud de los Edictos Policiales que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo a través de los artículos 2° F y 2° H. Estos penalizaban “exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario” e “incitarse u ofrecerse al acto carnal”, respectivamente (Gentili, 1995).
  4. El Código Penal en el Libro Segundo, capítulo II sobre “Lesiones” (Art. 91) establecía que “se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro de la palabra o del uso de la capacidad de concebir”. A su vez, la Ley Nacional 17.132 de Ejercicio de la Medicina de 1967 establecía la prohibición por parte de profesionales de la salud de “aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido presentados, considerados o discutidos o aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos del país” y “practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los órganos reproductivos”.
  5. Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital de Agudos “Cosme Argerich”, hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 1944 y 1966.
  6. Revista de la Asociación Médica Argentina fundada en 1894.
  7. Fallo de la Cámara 1º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás del 11 de agosto de 1994, cuyo contenido se analiza en el capítulo 3.
  8. Anteriormente, estas intervenciones se realizaban en un marco de clandestinidad. Los/as profesionales de la salud corrían con el riesgo de ser penalizados/as legalmente. Un caso de acusación penal a un médico por realizar una vaginoplastía de modo clandestino será analizado en el capítulo 3.


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