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4 El escenario activista

De la descriminalización a la construcción corporal

En este capítulo analizo los cambios en las demandas del activismo travesti, transexual, transgénero y trans argentino (en adelante activismo trans) desde la conformación de los primeros grupos activistas a principios de la década de 1990 hasta la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012.

Sostengo que las reivindicaciones sostenidas desde el surgimiento de las primeras organizaciones del activismo trans hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género pueden desdoblarse esquemáticamente en tres ejes. En principio, la descriminalización de sus identidades y del ejercicio de la prostitución frente a la vigencia de los Edictos Policiales y los Códigos Contravencionales en la Ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias del país. Luego, la demanda por acceso efectivo a los derechos sociales (salud, trabajo, educación y vivienda) y el reconocimiento de la propia identidad por las instituciones estatales. Por último, la demanda de una Ley de Identidad de Género que permitiera el cambio de nombre y sexo registral en los documentos de identidad oficiales sin requisitos médicos ni judiciales y el acceso a las tecnologías médicas de construcción corporal por fuera de los mecanismos patologizantes. En base a la activa presencia de estas organizaciones en el espacio público-político, estas demandas fueron paulatinamente incorporadas a las políticas públicas, con tensiones y matices, a partir de la década del 2000.

El objetivo del capítulo es analizar cómo se reconfiguró la correlación de fuerzas entre los escenarios discursivos analizados previamente a partir de la creciente visibilidad pública de las demandas del activismo trans. Asimismo, se abordarán los distintos sentidos que se produjeron al interior del activismo trans en torno a las posibilidades de construcción corporal ofrecidas por las tecnologías médicas[1].

Las organizaciones trans en el mapa de los movimientos sociales

En Argentina, las primeras organizaciones que se conformaron en torno a la identidad travesti y transexual lo hicieron a comienzos de la década de 1990 (Berkins, 2003; Fernández, 2004; Hiller, 2011a; Cutuli, 2015). Con anterioridad, activistas travestis habían formado parte de las organizaciones que politizaron la identidad homosexual y gay. A partir de la década de 1990, las organizaciones trans fueron multiplicándose y cada una de ellas elaboró sus propias reivindicaciones, demandas y discursos, así como tendió redes con otras organizaciones, partidos políticos, activistas independientes, académicos/as y/o intelectuales.

Con sus características específicas, acordes al contexto político y cultural en el que surgieron y se desarrollaron, las organizaciones trans pueden ser inscritas dentro de los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS). Esta categoría fue utilizada para caracterizar a los grupos que surgieron a finales de la década de 1960 en Europa y Estados Unidos. Los NMS expresaron demandas y reivindicaciones distintas a las formuladas hasta el momento, que se centraban en la transformación de la estructura de clases y la redistribución de la riqueza. Los NMS nacieron en un contexto en que el poder de cohesión social y organización de los partidos políticos y sindicatos tradicionales se había visto debilitado, hecho que dio lugar a nuevas formas de organización política (Touraine, 1982, 1985, 1998; Melucci, 1994; McAdam, 1994; Tarrow, 1995; Tilly, 2000a, 2000b).

La bibliografía sobre los NMS ubica como casos ejemplares a los grupos feministas y de la liberación sexual, las manifestaciones estudiantiles y los grupos ecologistas (Dalton, Kuechler y Burklin, 1992; de Sousa Santos, 2001). Sus reivindicaciones tenían como horizonte un cambio cultural y simbólico. En algunos casos, dicho objetivo se ubicaba al mismo nivel que las demandas por la transformación de la estructura socioeconómica y la redistribución de la riqueza. En otros, las organizaciones priorizaban el “cambio cultural” por sobre el “económico” (Butler, 2008; Fraser, 2008a, 2008b). Desde su surgimiento, los NMS hicieron planteos novedosos tanto en lo que refiere a las formas de hacer política, estructura interna y procesos de toma de decisión -que buscaban la democratización y la horizontalidad- como en el contenido de sus consignas y reivindicaciones.

Siguiendo a Melucci (1994), más que unidades o conjuntos de individuos con estabilidad y permanencia, los NMS son redes de relaciones informales que conectan individuos y grupos. Melucci afirma que se trata de un sistema de intercambios de personas e información en espacios de circulación tales como bares, centros culturales y librerías. En este sentido, la unidad y persistencia de estos grupos o redes es inestable, ya que se encuentra supeditada a los avatares de la coyuntura y los resultados de las acciones desplegadas (1994: 799). En lo que refiere a sus demandas, reivindican la dimensión política de la vida privada y la intimidad. A su vez, se posicionan en contra de un orden cultural moralista y restrictivo. Estas características permiten el surgimiento de demandas en torno al cuerpo y a la identidad, colocando en un lugar central a la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo y el desarrollo de la individualidad (Plummer, 2003).

Frente a la pérdida de vigencia de categorías claves para la acción política, la identidad social configuró el elemento aglutinador necesario para la conformación y cohesión de estos grupos. En muchos de ellos, la identidad también se presentó como un objetivo en sí mismo (Melucci, 1994; Polletta, 1998; Gamson, 2002). Esta característica atravesó fuertemente a las organizaciones feministas y a las posteriormente conformadas organizaciones de la diversidad sexual. Como afirma Gamson (2002), la historia de estos grupos estuvo signada por un proceso de definición, cuestionamiento y redefinición de las categorías identitarias que los cohesionaban o articulaban. En lo que refiere particularmente a las organizaciones trans, uno de los ejes que signó estas tensiones fue el posicionamiento en torno al cuerpo y sus posibilidades de transformación a través de las tecnologías médicas disponibles. Dicha tensión se expresó en las diferencias en torno a reivindicar políticamente la categoría travesti, transexual, transgénero y/o trans.

Siguiendo a Melucci (1994), las estrategias o cursos de acción de los NMS oscilan entre dos polos: la producción y diseminación de nuevos valores culturales y la visibilidad pública mediante movilizaciones y demandas públicas. Para Dalton, Kuechler y Burklin (1992), los NMS no necesariamente desestabilizan las instituciones políticas tradicionales, ya que en ciertos momentos pueden llegar a utilizarlas, o incluso integrarse a ellas.

En Latinoamérica, a partir de la década de 1990 los movimientos de la diversidad sexual adoptaron un discurso permeable a las políticas públicas. Ello sentó las bases para el desarrollo de un “ambiguo proceso de ciudadanización y reconocimiento basado en supuestos de precariedad, victimización y vulnerabilidad” (Pecheny y de la Dehesa, 2010: 39). Como desarrollaré a continuación, en un primer momento las organizaciones trans denunciaron las estructuras estatales represivas y discriminatorias del Estado para luego articular y tender redes con el sistema institucional y representativo de los partidos políticos a fin de concretar sus objetivos. Uno de los más importantes fue la sanción de la Ley de Identidad de Género.

En lo que sigue del capítulo, describiré el proceso de emergencia y fortalecimiento de las organizaciones trans en Argentina. Expondré los principales avances logrados en la lucha contra la criminalización del travestismo y la prostitución, el acceso efectivo a los derechos sociales básicos (salud, educación, trabajo y vivienda) y el reconocimiento de sus identidades por parte del Estado. Si bien me dedicaré a desarrollar separadamente cada una de estas tres demandas, no considero que se trate de un desarrollo lineal y progresivo de reivindicaciones, sino que las mismas estuvieron presentes a lo largo de toda la historia del activismo trans con diferentes intensidades.

Surgimiento y transformaciones del activismo trans en Argentina

En Argentina, una nueva generación de movimientos sociales surgió con la recuperación de la institucionalidad democrática en 1983. El restablecimiento de las garantías constitucionales permitió el resurgimiento de la presencia callejera urbana movilizada con nuevos objetivos político-sociales. Ejemplos paradigmáticos de las nuevas organizaciones fueron los movimientos de derechos humanos, la escena cultural juvenil plasmada en los conciertos de rock y el incipiente movimiento de mujeres (Jelin, 1987; Petracci y Pecheny, 2006). Como afirma Elizabeth Jelin (1987), estos grupos vehiculizaron sus demandas por fuera de los canales institucionales que tradicionalmente detentaban la hegemonía de poder y la representación política en Argentina (la iglesia, los sindicatos y los partidos políticos). En ese contexto, resurgieron también las organizaciones sexo-políticas creadas a fines de la década de 1960 (Brown, 1999, 2002; Pecheny, 2001; Rapisardi y Modarelli, 2001; Meccia, 2006)[2][3].

Las primeras organizaciones que en democracia reivindicaron las identidades gay y homosexual fueron la Coordinadora de Grupos Gays conformada en 1983 y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) creada en 1984. En 1987 se fundó la organización Gays por los Derechos Civiles (Gays DC). Esta desarrolló un tipo de activismo que tenía como interlocutoras a organizaciones de derechos humanos, referentes de partidos políticos y funcionarios/as públicos/as. Su objetivo principal era luchar en defensa de los derechos humanos de gays y lesbianas. Adoptaron una retórica de grupo minoritario y reivindicaron los derechos liberales (Meccia, 2006; Bellucci, 2010). Estas organizaciones formularon sus demandas en sintonía con el nuevo marco institucional y generaron alianzas con distintos actores sociales y políticos.

La adopción de la retórica de los derechos humanos fue un factor decisivo en el armado de esas alianzas. También lo fue la epidemia del VIH, que a nivel mundial requirió generar redes internacionales de ayuda y financiamiento y, a nivel local, una respuesta comunitaria a la epidemia. Esa respuesta permitió una progresiva legitimación y acumulación de capital social por parte de las organizaciones homosexuales (Pecheny, 2000, 2001, 2009; Brown, 2002).

La demanda más urgente de estas primeras organizaciones fue el cese de la persecución policial. A partir de la década de 1990, forjaron el reclamo público contra la discriminación, cuya principal estrategia fue la política de visibilidad (Moreno, 2008). Consistía en hacer visible públicamente su existencia como colectivo o comunidad, así como elaborar representaciones sobre las sexualidades no heterosexuales que discutieran con los sentidos estigmatizantes socialmente instalados. De la mano de esta estrategia, en 1992 comenzaron a realizarse las Marchas de Orgullo[4] (Bellucci y Rapisardi, 1999; Moreno, 2008).

En ese marco surgieron las primeras organizaciones que politizaron y elaboraron demandas específicas en torno a las condiciones de vida de las personas trans frente a la sociedad y frente al Estado (Berkins, 2003; Fernández, 2004). En 1991, en la Ciudad de Buenos Aires se fundaron Transexuales por el derecho a la vida y la identidad (TRANSDEVI), liderada por Karina Urbina, y la Asociación de Travestis Argentinas (ATA), creada por María Belén Correa. Más tarde se creó Travestis Unidas (TU), liderada por Kenny De Michelis. Estas primeras experiencias de organización fueron apoyadas e incentivadas por figuras de la militancia homosexual, en especial la de Carlos Jáuregui (Belucci, 2010; 2015). En 1995, se dio una división al interior de ATA[5], originada por el debate en torno a reivindicar públicamente o no la prostitución como un trabajo. De dicha división surgieron OTTRA (Organización de Travestis y Transexuales de Argentina), liderada por la fallecida Nadia Echazú y ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual) liderada por la líder travesti Lohana Berkins, fallecida en 2016. OTTRA se disolvió con la muerte de Nadia Echazú en 2004.

Las demandas por descriminalización y antidiscriminación

Un primer conjunto de demandas se orientó a la descriminalización del travestismo y la prostitución a través de la lucha por la derogación de los Edictos Policiales. Los Edictos Policiales constituían un código normativo urbano vigente en la Ciudad de Buenos Aires que fijaba penas y multas para aquellas conductas que afectaran la convivencia urbana y que no estuvieran especificadas en el código penal. Por ser penas menores, no configuraban delitos sino contravenciones o faltas. La institución policial era la encargada de elaborar, juzgar y aplicar las ordenanzas policiales (Gentili, 1995; Pita, 2004). En 1932, se incorporaron los artículos 2° F y 2° H referidos a “exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario” e “incitarse u ofrecerse al acto carnal” respectivamente (Gentili, 1995). Estas penas implicaban la detención de una duración que oscilaba entre los veinte y treinta días, primero en comisarías y luego en cárceles comunes (Cutuli, 2013). A partir de la década de 1950, las provincias comenzaron a elaborar sus propios Códigos de Faltas e incorporaron figuras similares, delegando en la institución policial el juzgamiento y aplicación de las penas (Farji Neer, 2017a).

Los Edictos Policiales fueron derogados en 1996 con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la adquisición de autonomía de la ciudad en 1994[6]. En reemplazo, se sancionó un nuevo Código de Convivencia Urbana. Frente al espíritu moralista y represivo de los Edictos, el Código se presentó como una forma garantista y democrática de asegurar la convivencia urbana y reducir la corrupción policial. Pese a ello, continuó penalizando aquellos sujetos y prácticas consideradas amenazantes de la moral social. Un punto especialmente conflictivo del nuevo código fue la eliminación, reingreso y posterior reformulación del artículo sobre la regulación de la prostitución callejera[7].

Las organizaciones de travestis participaron de los debates públicos de la Asamblea Estatuyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996 que tenía por objetivo redactar una Constitución para la ciudad. Las organizaciones sexo-políticas demandaron la inclusión del ítem sobre “discriminación por orientación sexual” en el Artículo 11º de “no discriminación”. Las organizaciones de travestis se sumaron a dicha demanda, aunque tiempo después la activista travesti Lohana Berkins expresaría que ese artículo había sido pensado por el activismo para proteger a homosexuales y lesbianas de situaciones de discriminación. Por lo tanto, no era una herramienta legal de utilidad para proteger a su propio colectivo de la violencia institucional. Este hecho, que generó roces con el activismo gay y homosexual, constituyó el puntapié para la elaboración de demandas propias (Berkins, 2003).

Las demandas por derechos sociales

Tras la derogación de los Edictos, las organizaciones trans comenzaron a elaborar una agenda propia de demandas y reivindicaciones. El segundo conjunto de demandas postulaba el acceso efectivo a los derechos sociales tales como educación, trabajo, salud y vivienda, y el reconocimiento de la propia identidad por parte de las instituciones encargadas de garantizarlos.

Las primeras organizaciones reivindicaron la identidad travesti. Con el tiempo, incorporaron otras categorías identitarias, aunque no sin tensiones o conflictos. En sintonía con la estrategia de visibilidad adoptada por el conjunto de las organizaciones sexo-políticas, comenzaron a realizar acciones para dotar de legitimidad a la identidad travesti, históricamente asociada al delito y la prostitución.

ALITT realizó acciones para lograr el reconocimiento al nombre propio y la identidad travesti en las instituciones públicas. Para ello generó alianzas con distintas figuras del feminismo y la academia[8]. En el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, entabló un vínculo con la filósofa feminista Diana Maffía, quien entre 1998 y 2003 estuvo a cargo de la Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Con el sello de ese organismo, en 1999 se realizó el “Informe preliminar sobre la situación de las travestis en la Ciudad de Buenos Aires”[9] que constituyó el primer relevamiento estadístico de las condiciones de vida de la población travesti en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, la Adjuntía había intervenido frente a situaciones de abuso policial sobre la población trans y ofició de nexo entre las organizaciones de travestis y distintos organismos públicos. En 2002, el organismo elevó a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una solicitud para la elaboración de un acto administrativo que tenía por objetivo favorecer el respeto a la identidad de género en los ámbitos educativos. La resolución N° 122 de la entonces Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue aprobada en 2003[10]. La misma sirvió de antecedente para la aprobación de la Resolución N° 2.272 de 2007 del Ministerio de Salud que dispuso lo mismo para las dependencias de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas normativas fueron incluidas en la Ley Nº 3.062 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establecía el respeto a la identidad de género de travestis, transexuales y transgéneros en todas las dependencias pública de la jurisdicción (Farji Neer, 2013; 2017a).

Con esos antecedentes, en 2005 ALITT elaboró y publicó el “Informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina” (Berkins y Fernández, 2005). Este informe fue realizado con el apoyo y asesoramiento de varias académicas. Entre ellas, la antropóloga feminista Josefina Fernández, quien fue la primera investigadora del país en escribir y publicar su tesis de maestría en la que analizaba las prácticas y representaciones de género de las travestis. Amén del interés intelectual y teórico que movilizó dicho trabajo, en aquel momento la producción académica en torno al travestismo permitía hacer visible las problemáticas que atraviesa dicha población y constituir las demandas de los colectivos trans como un asunto de interés social y político. En 2006, se publicó el “Informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros”[11] que ampliaba geográficamente la muestra del estudio anterior. El objetivo de los informes era hacer del colectivo travesti una población identificable y cuantificable por medio de indicadores sociodemográficos para demandar políticas públicas al Estado (Berkins, 2007).

ALITT delineó una estrategia vinculada a la creación de oportunidades de trabajo en consonancia con su planteo abolicionista de la prostitución. En junio de 2008, quedó inaugurada formalmente la primera cooperativa de trabajo textil de travestis y transexuales, presidida por Lohana Berkins (Cutuli, 2015). Previamente, la organización había solicitado a la Inspección General de Justicia (IGJ) la obtención de la personería jurídica para poder solicitar su reconocimiento formal por parte del Estado. Tras la negativa de la IGJ, la organización inició una demanda judicial. En 2006 la Corte Suprema de Justicia, organismo máximo del poder judicial, dispuso su aprobación[12].

ATTTA, por su parte, fue una de las primeras organizaciones en darle a la salud un lugar prioritario en las demandas y acciones del activismo trans, a fin de reducir la prevalencia del VIH en su población[13]. Tendió redes con distintos hospitales y servicios de salud, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego en la Provincia de Buenos Aires, bajo la estrategia de los servicios o consultorios “amigables” para la población trans[14]. El objetivo era favorecer la accesibilidad de esta población a los servicios de salud, principalmente a partir de la prevención del VIH. Una de las dependencias públicas con las que ATTTA inició este trabajo fue la Coordinación Sida de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 2002 y 2003, la Coordinación llevó adelante un proyecto financiado por la agencia de Cooperación Alemana GTZ (Barreda, Isnardi y Alarcón, 2003). Lo realizó en conjunto con la Fundación Buenos Aires Sida y la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Casal y Pugliese, 2009). La intervención consistía en un espacio de reunión semanal denominado “Grupo Tacones” dentro del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”. Este era coordinado por profesionales de la Coordinación Sida y una promotora de salud perteneciente al colectivo trans. En paralelo, integrantes de la organización comenzaron a acercarse a la sala de internaciones del mismo hospital para ofrecer apoyo a las trans internadas.

Posteriormente, la organización tendió vínculos con el Servicio de Inmunocomprometidos del Hospital de Agudos “José María Ramos Mejía”, otro hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2008, ese servicio elaboró un proyecto de acceso de las personas trans al sistema de salud. Con subsidios del Fondo Global de la Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, el servicio formó un grupo de promotoras de salud trans para fomentar el testeo del VIH entre sus pares y acompañarlas en el circuito intrahospitalario de examen básico de salud.

La participación en las políticas de prevención del VIH promovidas por distintas agencias internacionales generó tensiones al interior del activismo, ya que en dichos programas el colectivo trans era englobado bajo la categoría HSH (“Hombres que tienen Sexo con Hombres”)[15]. ALITT rechazó dicha categorización por considerar que violentaba sus identidades, mientras que ATTTA se incorporó a los programas con el fin de luchar contra la principal causa de muerte de su comunidad (Cutuli, 2011).

ATTTA se constituyó como una red nacional con líderes distribuidas en todas las provincias del país y es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (REDLACTRANS). Fue una de las organizaciones que en 2005 conformó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)[16]. Ello le permitió trabajar unificadamente con otras organizaciones en distintas provincias del país, proponiéndose una extensión a escala nacional. La FALGBT se orientó en estructura y objetivos bajo el modelo de las Federaciones de España y de Brasil. Como señala Renata Hiller (2011a), el objetivo de esta organización fue “generar una estructura a nivel nacional que potenció la proliferación de organizaciones en aquellas provincias donde previamente no las había, o estaban escasamente desarrolladas” (2011: 98).

Otra de las organizaciones, conformada con posterioridad a la derogación de los Edictos Policiales, fue el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Esta agrupación se formó en 2002 por iniciativa de Diana Sacayán, líder travesti asesinada en 2015. Focalizó sus actividades en el trabajo territorial desarrollado en La Matanza, partido del Gran Buenos Aires. Contó en sus orígenes con el apoyo del Partido Comunista que cedía sus locales para la realización de los encuentros. Entabló vínculos con el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Paroissien” del partido de La Matanza, donde también promovió la creación de un “servicio amigable para la diversidad sexual” focalizado en la atención de la población trans (Diana Sacayán en Página/ 12, 01/07/2011). Su trabajo en el acceso a la atención sanitaria fue el puntapié para la aprobación de la Resolución N° 2.359/2007 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que garantizaba el respeto a la identidad de género en todos los efectores sanitarios de la provincia. Avanzando en su trabajo territorial y de articulación con las agencias estatales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la organización demandó la creación del Programa de Inclusión en Educación de la Provincia de Buenos Aires, y junto con otras organizaciones[17], la Ley Provincial Nº 14.783 de cupo laboral para personas trans. Esta fue aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires[18].

Por su parte, en 2007, se formó Futuro Transgenérico, organización creada por Marlene Wayar, vinculada al arte y la cultura. La misma integró la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe “Silvia Rivera” y gran parte de sus actividades se realizaron en el marco del área Tecnologías de Género del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas dependiente de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, la organización produjo “El Teje”, el primer periódico travesti latinoamericano[19] (Bevacqua, 2011).

A partir del camino abierto por estas organizaciones pioneras, con el correr del tiempo fueron surgiendo nuevas agrupaciones que focalizaron sus demandas en el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda tanto una mirada territorial o bien apostando a la federalización de sus reivindicaciones.

Políticas de la identidad

Un último conjunto de demandas se orientó a promover la sanción de una Ley de Identidad de Género que permitiera el cambio de nombre y sexo registral en los documentos de identidad oficiales y el acceso a las tecnologías médicas de construcción corporal por fuera de los mecanismos impuestos hasta ese momento por el campo judicial. El punto de inicio de esta estrategia puede ubicarse en 2007, año en que ATTTA presentó junto al Partido Socialista un proyecto de Ley de Identidad de Género que tomaba como modelo la Ley española sancionada ese mismo año[20]. Este proyecto perdió sucesivamente estado parlamentario al no ser tratado por las comisiones correspondientes. La estrategia de demandar a los/as integrantes del Congreso Nacional la discusión de una Ley de Identidad de Género se revitalizó tras la sanción de la extensión de los derechos del matrimonio civil para parejas conformadas por personas del mismo sexo[21] (en adelante Ley de Matrimonio Igualitario) en el mes de julio de 2010.

En esa misma época, comenzaron a formarse agrupaciones centradas en las demandas de las masculinidades trans. Estas también participaron activamente de la demanda de la Ley de Identidad de Género. Uno de los primeros agrupamientos que reivindicaron la identidad trans masculina fue el grupo Teatro de Operaciones[22], desarrollado en 2006 por Mauro Cabral y Joaquín Ibarburu (Teatro de operaciones, 2009). Años más tarde, en el marco de los debates parlamentarios de la Ley de Matrimonio Igualitario en el Congreso Nacional se conformaron nuevas organizaciones. En virtud de la investigación realizada para la elaboración de la presente tesis cuyo trabajo de campo culminó en 2015 puede afirmarse que en algunos casos fueron desprendimientos de grupos ya existentes que para varios de sus integrantes no incorporaban las demandas de las masculinidades trans a sus programas políticos. Tal es el caso de Hombres Trans Argentinos de la Ciudad de Córdoba, desprendimiento de “Encuentro por la Diversidad”. En otros casos, integraron las organizaciones o federaciones ya existentes. Ese es el caso de ATTTA Trans Masculinos y RITTA (Red Intersexual, Transgénero y Transexual Argentina). Ambas organizaciones integraron la FALGBT. Algunos activistas trans conformaron la organización Capicúa que, si bien no centró su programa político en las masculinidades trans, incorporó sus demandas. Otros desarrollaron su activismo de modo independiente o dentro de partidos políticos de izquierda. Estos grupos y activistas compartían gran parte de las reivindicaciones del activismo previamente constituido pero poseían planteos políticos propios. Algunos criticaban la sobrerepresentación de las demandas de las identidades trans femeninas en el espacio del activismo trans y la escasa presencia de personas trans como portavoces de los colectivos sexo-políticos con mayor presencia pública y mediática. También reclamaban la inclusión de los derechos sexuales de las masculinidades trans (derecho al aborto y al acceso a tecnologías reproductivas) en la agenda de las organizaciones sexo-políticas (Sfeir en Página/12, 20/06/2014). Las demandas de las organizaciones que nucleaban a las masculinidades trans se dirigían al Estado y al campo médico pero también buscaban interpelar, producir cuestionamientos y modificar las prácticas activistas de las organizaciones sexo-políticas en general y de las trans en particular.

Hasta aquí, el capítulo expuso el proceso de surgimiento y desarrollo de las organizaciones trans y las principales demandas sostenidas hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012. A continuación, profundizaré en dos de los ejes que atravesaron el proceso recién descrito: las disputas en torno a la definición de su identidad política y la reivindicación de la construcción corporal como un derecho o bien su denuncia como una imposición médica y cultural. Ahondaré en los solapamientos entre ambas dimensiones a partir de las tensiones entre las distintas organizaciones en torno a la reivindicación política de la categoría travesti, transexual, transgénero y/o trans.

“Tenemos que construir la identidad, tenemos que construir y cuestionar la corporalidad”[23]

Entre las organizaciones trans pioneras pueden rastrearse diferencias y tensiones alrededor de las posibilidades de transformación y construcción corporal. Estas se vincularon, a su vez, con las categorías identitarias que cada organización eligió reivindicar políticamente.

Desde su surgimiento, ALITT reivindicó la identidad travesti y con el correr del tiempo se definió como una organización feminista. En base a este posicionamiento, concibió a la identidad travesti como alternativa al binarismo dominante, es decir, ni masculina ni femenina, y antipatriarcal. Lohana Berkins, referente de la organización, afirmaba: “Aunque yo tengo pene y tetas no soy varón, pero tampoco soy mujer” (Berkins, 2008: 24). Para esta referente, la categoría travesti tenía la potencialidad de desestabilizar las categorías dicotómicas varón-mujer, mientras que las categorías transgénero y transexual tenderían a reafirmarlas, reproduciendo el orden normativo instituido. La reivindicación del travestismo les permitía inscribirse dentro de una genealogía local y regional de organizaciones que se identifican con la misma categoría y des-inscribirse de las norteamericanas y europeas que adscribían a la identidad transgénero. ALITT reivindicó la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo. También fue crítica de las aspiraciones por encajar en la norma corporal sexual y de los protocolos impuestos por el campo médico para ingresar a los tratamientos de construcción corporal:

Las travestis vivimos circunstancias diferentes respecto de las que atraviesan muchas transgéneros de otros países, quienes a menudo recurren a cirugías de reasignación de sexo y tienen como objetivo reacomodarse en la lógica binaria como mujeres o varones. Gran parte de las travestis latinoamericanas reivindicamos la opción de ocupar una posición fuera del binarismo y es nuestro objetivo desestabilizar las categorías varón y mujer (Berkins, 2006: 2)

El antropólogo brasilero Bruno Cesar Barbosa (2013) afirma que las distinciones entre las categorías travesti, transexual, transgénero y trans son polisémicas, ya que sus sentidos dependen de las situaciones y momentos en las que son utilizadas por las personas, sea para referirse a sí mismas o a otras. Si bien hay una continuidad de experiencias y vivencias del cuerpo y la identidad entre quienes se identifican como travestis, transexuales, transgéneros o trans, al reivindicar políticamente una u otra categoría se destacan sus diferencias con el objetivo de tomar una posición específica en el espacio público en general y en el activismo sexo-político en particular.

Cada una de estas categorías posee, a su vez, su propia historia local de circulación y apropiación subjetiva. La antropóloga Soledad Cutuli (2013; 2015) realizó una genealogía de la categoría travesti en los sectores populares en Argentina. Afirmó que la misma empezó a circular en el contexto argentino en un sentido identitario a partir de la década de 1960. En un comienzo, estuvo ligada a la escena teatral del under porteño en espectáculos de vedettes que adoptaban una performance femenina durante los shows. Una vez que las tecnologías médicas de construcción corporal –tales como siliconas y hormonas- comenzaron a estar disponibles para las personas que integraban los ámbitos artísticos, algunas de estas vedettes adoptaron la categoría travesti en su vida cotidiana fuera de las tablas. Las herramientas biotecnológicas de construcción corporal se sumaron al conjunto de prácticas y saberes de construcción y recreación de la feminidad compartido con maricas, mariconas y locas[24] de mayor edad. Estas prácticas eran el corte y confección, el maquillaje y otras técnicas de montaje transmitidas de generación a generación. Como afirman Soledad Cutuli y Joaquín Insausti:

Hacerse travesti implicó una experiencia corporal cualitativamente diferente a la de las maricas de la generación anterior, por la aparición de nuevas tecnologías para feminizar los cuerpos de forma permanente, circunstancia que contribuyó a afianzar la consistencia en el uso del femenino para referirse a sí mismas y a otras travestis. No obstante, (…) se enmarcaron en una serie de experiencias previas que implicaron la transmisión de saberes y expectativas concretas, ligadas a la circulación en el ambiente teatral y carnavalesco (Cutuli e Insausti, 2015: 32).

El desarrollo y acceso a las tecnologías médicas de construcción corporal en los sectores populares fue central para la posterior configuración de la identidad travesti como categoría diferenciada de la de gay u homosexual. Ello se dio por fuera de los discursos médicos o judiciales. No obstante, Cutuli e Insausti (2015) resaltan la continuidad de experiencias y construcciones identitarias entre travestis y mariconas: circuitos de yire urbano, carnavales, teatros y espacios de detención como cárceles y comisarías.

Tras la finalización de la última dictadura cívico-militar, el resurgir de la democracia y el avance del neoliberalismo, el número de travestis que comenzaron a migrar de las provincias a la Ciudad de Buenos Aires fue en aumento y pasaron de integrar el espacio artístico teatral a ejercer la prostitución. Esta actividad se constituyó como principal medio de subsistencia pero también como espacio de desarrollo y afianzamiento de la identidad travesti (Cutuli, 2015). Como también señala Cutuli (2013; 2015), hay un origen de prácticas y sentidos comunes entre travestis y maricas, aunque con el correr del tiempo cada una de las identidades que conforma la sigla LGBT haya delineado relatos, experiencias y demandas políticas propias. Ello se dio al compás del afianzamiento -tanto al interior de las disciplinas clínicas como de las humanidades y las ciencias sociales- de los conceptos de orientación sexual e identidad de género como dimensiones diferenciadas.

La identidad transexual estuvo presente solo de modo marginal en términos políticos. Con excepción de Transdevi (Transexuales por el derecho a la vida y la identidad) fundada por Karina Urbina, el término formó parte de las siglas de las organizaciones aunque no fue reivindicado políticamente. El modo en que las distintas categorías ingresaron al mapa identitario y político local fue relatado por una de las activistas entrevistadas para esta tesis del siguiente modo:

Muchas veces nos hicieron creer que nosotras nos identificábamos como travestis, los travestis, una persona vestida de mujer. Después vinieron las personas transexuales… pero no es que vinieron, empezamos a tener contacto con mujeres transexuales, las primeras que se operaban en Chile, Argentina… Empezamos a ver toda esa diversidad dentro de nuestra comunidad… como aparecieron las personas transgénero. Es una palabra de Estados Unidos, no una palabra nuestra. Que viene de allá y nos metieron acá… porque nos metieron, académicamente, nos metieron ahí (Mónica, activista).

La categoría travesti era entendida por la entrevistada como aquella impuesta por la policía para perseguirlas y reprimirlas, luego reapropiada por las organizaciones para denunciar estas prácticas represivas. La categoría transgénero aludiría a un término importado e impuesto desde la academia y el activismo estadounidense[25]. Por su parte, la categoría transexual identificaría a aquellas que atravesaron intervenciones quirúrgicas genitales, generalmente realizadas en Chile, tal como se mencionó en los capítulos anteriores.

Acerca de los sentidos diferenciados con los que circulan socialmente los términos travesti y transexual, Barbosa (2013, 2015) afirma que hay estilos corporales y lenguajes que marcan la adscripción a una u otra categoría identitaria. Siguiendo al antropólogo brasilero, quienes adscriben a la identidad transexual suelen dominar las categorías y retóricas médicas. Vale destacar que para acceder al dominio del léxico del campo médico es necesario haber accedido previamente a la escolarización y otros bienes simbólico-culturales. Estas narrativas serían reapropiadas para explicar deseos y sentimientos, y también oficiarían de mapa para la construcción corporal. Desde el campo médico, la transexualidad fue definida como mesurada y recatada a fin de diferenciarla de los modelos corporales exuberantes ligados al ambiente teatral y prostibulario en el que se desplegaba la identidad travesti.

Para las organizaciones que no la reivindicaban, la identidad transexual expresaba la posición de aquellas personas que deseaban acceder a las tecnologías médicas para construir sus cuerpos y así ajustarse a los imperativos de género impuestos por la cultura patriarcal. Durante una charla debate realizada en 2009 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Marlene Wayar -referente de Futuro Transgenérico- refirió al deseo de transformación corporal como la internalización de los mandatos normativos sobre los cuerpos, contra la que debía lucharse con la misma intensidad que contra las representaciones discriminatorias y estigmatizantes:

Tenemos que quitarnos al enemigo que tenemos dentro (…) Si alguien quiere transexualizarse está en su derecho, y el Estado tendría que brindar las formas posibles. También estamos las que decidimos no hacerlo. No quiero imponer el “no te intervengas quirúrgicamente”, no es mi objetivo, pero me parece que hay que plantearlo. Hay allí un tema a trabajar y que tiene que ver con el enemigo interno que nos dice “que estamos mal” y que tenemos que ser hombres y mujeres “puros y perfectos” (Álvarez en Página/12, 23/10/2009).

Las críticas también hacían foco en las prácticas de construcción corporal desarrolladas al interior de la comunidad travesti, argumentando que estaban motivadas por los estereotipos de género propios del ambiente prostibulario y que eran realizadas en condiciones de precariedad. En este sentido, Berkins afirmaba:

Hay una exigencia que pasa por una puesta en escena remarcada, reforzada; cuanto más grandes tengamos la tetas, la boca o la cola, mejor, puesto que esa femineidad, en nosotras tiene que quedar completamente evidente (…) nos hace experimentar cosas tales como que todas tenemos que ser rubias, tener el mismo labio, la misma nariz, la misma prótesis del mismo cirujano, que por cierto son todas cirugías clandestinas (Berkins, 2004: 22 – 23).

Algunos de los referentes de las organizaciones de masculinidades trans entrevistados para esta tesis no ponían en discusión la decisión de intervenir el propio cuerpo sino más bien la apropiación de las retóricas diagnósticas -en especial la metáfora del “cuerpo equivocado” vinculada a los discursos médicos- para explicarse a sí mismos. En este sentido, un entrevistado afirmaba:

El término transexualidad, como estuvo inventado por el sistema médico yo lo discuto y si me decís transexual me estás ofendiendo, así te lo digo. Soy tajante con eso. No creo ni en el cuerpo equivocado, ni en el cerebro equivocado ni nada de eso, no lo creo y si hay una persona trans que me viene a decir que nació en el cuerpo equivocado le daré la discusión. Ningún cuerpo equivocado. Es tu cuerpo, lo tenés que cuidar y es el que va a convivir con vos. Después que lo puedas cambiar como a vos se te cante, buenísimo (Nicolás, activista).

En el marco de estas discusiones, algunas organizaciones comenzaron a utilizar el término trans para diferenciarse tanto de aquellas que reivindicaban la identidad travesti como de las que reivindicaban la transexual. Una activista entrevistada refirió que la adopción de categoría trans por parte de su organización le permitió negociar estas tensiones e incluir una amplia gama de posibilidades identitarias y aspiraciones corporales. Afirmaba que reivindicar una sola categoría las hubiera llevado a posicionarse en un lugar de vigilancia de los cuerpos y diferenciar entre “operadas” y “no operadas”. Por ello afirmaba “somos todas trans, no podemos andar por la vida bajándonos las polleras y mostrando si somos transexual, que la otra no es transexual y es travesti… No. Somos trans” (Mónica, activista).

En definitiva, la adopción de las categorías travesti, transexual, transgénero o trans a nivel subjetivo y/o político formó parte de un proceso más amplio de circulación teórica e identitaria entre los campos activista, médico y legal a nivel local, regional y mundial.

A pesar de las diferencias en el modo de concebir los tratamientos de construcción corporal por parte de diferentes organizaciones y activistas, fue posible reivindicar la despatologización trans y demandar una Ley que legalizara y garantizara el acceso a los tratamientos médicos de construcción corporal por fuera de requisitos patologizantes. A continuación, expondré el recorrido por el cual se incorporó la demanda por la despatologización al repertorio de reivindicaciones de las organizaciones trans locales. La misma comenzó a ser adoptada públicamente a partir del 2009 en el contexto de las discusiones públicas que antecedieron la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la mano de la campaña internacional Stop Trans Pathologization 2012.

Las demandas al campo médico de aquí y de allá

La campaña internacional Stop Trans Pathologization 2012 (en adelante STP 2012) fue un movimiento global lanzado en octubre de 2007 en Barcelona por la Red Internacional por la Despatologización Trans. En un primer momento, se conformó para oponerse a la sanción de la Ley de Identidad de Género española cuyos requisitos para realizar el cambio de sexo registral incluían “el tratamiento terapéutico del proceso transexualizador al menos dos años antes de la solicitud, avalada ésta por un médico o psicólogo clínico, además de la adecuación de las características físicas al género reclamado” (Zerolo, 2012: 292-293). Luego, comenzó a demandar la retirada del diagnóstico de “Trastorno de identidad de género” de los manuales diagnósticos, en especial del DSM cuya 5º edición se publicaría en 2012. El movimiento por la despatologización trans buscaba generar un movimiento social similar al que en la década de 1970 consiguió la eliminación de la categoría de la homosexualidad del mismo manual.

En principio, la campaña se dirigió al campo médico, denunciando los protocolos coercitivos que reproducían un modelo corporal exclusivamente binario. Luego, a los Estados que imponían el requisito del diagnóstico para modificar el nombre y sexo legal en los registros identificatorios. Desde la perspectiva de la campaña, ambos mecanismos formaban parte de una misma lógica social que limitaba la autonomía de decisión de las personas trans para decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas.

La campaña estuvo influenciada por la emergencia a nivel mundial de un movimiento de crítica al sistema médico hegemónico y el afianzamiento de la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional (Suess, 2011). La principal crítica dirigida a la producción de los diagnósticos psiquiátricos y sus protocolos de intervención focalizaba en que estos no prestaban atención a las condiciones sociales que provocan el malestar psíquico. Los/as detractores/as de los manuales de diagnósticos referían que con cada revisión aumentaba exponencialmente el número de comportamientos catalogados como desórdenes mentales. De hecho, de las 130 páginas de la primera edición del DSM, su 5° versión pasó a 947 (Hacking, 2013). Las sucesivas revisiones, lejos de facilitar el trabajo de médicos/as o terapeutas, ensanchaban el campo de beneficio para las compañías farmacéuticas que desarrollaban drogas específicas para cada uno de los trastornos en catálogo. Asimismo, respondían menos a las necesidades de los/as usuarios/as que a los intereses de la industria farmacéutica y las burocracias del sistema sanitario (Di Segni, 2013; Hacking, 2013).

Previo a la conformación de la campaña STP 2012, distintos colectivos y activistas a nivel global utilizaron el lenguaje de los derechos humanos para promover el desarrollo de políticas públicas que elevaran la calidad de vida de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, trans e intersex. Como parte de dicha estrategia, en 2006 un conjunto de especialistas de distintos lugares del mundo redactaron los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género. Estos fueron considerados parte del soft law del derecho internacional en materia de derechos humanos ya que no poseían carácter vinculante para los Estados. Sin embargo, su elaboración permitió promover la celebración de acuerdos y consensos internacionales a fin de que su contenido fuera cumplido en cada uno de los países (Maffía y Berkins, 2014). Estos condensaron una conceptualización de la identidad de género distinta a aquella establecida por el campo médico-psiquiátrico. La definieron como:

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género; incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Principios de Yogyakarta).

Los Principios de Yogyakarta constituyeron un plexo normativo internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Propusieron estándares de trato digno a ser cumplidos por parte de los Estados basados en el principio jurídico del reconocimiento de la identidad de género. Entre los veintinueve principios se incluyó el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la protección contra abusos médicos, entre otros.

En línea con los principios bioéticos que sustentaron algunos de los fallos analizados en el capítulo anterior, el objetivo de la campaña fue lograr que se les otorgara a las personas un rol activo en los procesos de decisión sobre sus tratamientos y que se reconozcan las múltiples posibilidades de vivencia de la corporalidad acorde a sus deseos y respetando su autonomía de decisión. Es decir, que los tratamientos médicos no se limitaran a un único modelo lineal y progresivo cuya culminación fuera indefectiblemente la intervención quirúrgica de la genitalidad (Coll Planas, 2010).

En vistas al proceso de revisión del DSM originalmente previsto para 2012[26], los eventos públicos estuvieron acompañados de declaraciones y manifiestos producidos desde el campo activista. Se demandaba la incorporación a los manuales y protocolos de formas no patologizantes de entender y codificar las formas de vida trans y los tratamientos médicos de construcción corporal. Sin embargo, existían diferencias entre quienes sostenían que debía eliminarse toda categoría que refiriera a las identidades trans y quienes consideraban necesario mantener de modo estratégico algún tipo de mención en los manuales a fin de asegurar el acceso y cobertura de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales por los sistemas de salud (Butler, 2006, Cabral, 2010). Estos últimos no renunciaron a la crítica de los mecanismos que hacen necesario que esas categorías existan. Como afirmó Mauro Cabral (2014):

Las personas trans seguimos estando atrapadas en una versión u otra de la enfermedad mental, y seguimos siendo catalogad*s como una especie de sufrientes. Y hay que recordar que los diagnósticos provistos por ese Manual siguen siendo condición imprescindible en muchos países del mundo para acceder a derechos tales como el reconocimiento legal y las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas en este marco, e indefectible, como el “tratamiento” indicado para un sufrimiento diagnosticado, y nunca como un modo biotecnológicamente mediado de expresión de sí (Página/ 12, 2014, octubre 17).

En el marco de la campaña STP 2012, en octubre de 2007 se celebró el “Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans”. Este evento fue ganando adhesiones en distintas ciudades del mundo[27] y obteniendo eco en la comunidad médica internacional. Tal como fue desarrollado en el capítulo 1, la 5° versión del DSM eliminó la categoría de del “Trastorno de la identidad de género”, que fue reemplazada por la de “Disforia de género”. Dicha versión dejó de entender la “No conformidad de género” como un trastorno y estableció que solo corresponde indicar tratamiento psicológico en caso de que las personas experimentaran alguna forma de sufrimiento psíquico.

La campaña logró instalar la problemática a nivel global, definir un lenguaje común de demandas y coordinar acciones simultáneas en diferentes países a lo largo del mundo.

A partir del 2009, estas consignas se incorporaron a los discursos de las organizaciones locales. El modo en que los colectivos locales la retomaron no se centró exclusivamente en denunciar los protocolos y categorías diagnósticas sino, como instancia previa, necesaria y urgente, demandar al Estado el acceso efectivo a los derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a la salud.

Los informes elaborados por ALITT anteriormente mencionados mostraban que las personas trans evitaban acudir a la consultas sanitarias debido a las burlas y maltratos sufridos en los ámbitos sanitarios por parte de profesionales y del personal administrativo (Berkins y Fernández, 2004; Berkins, 2007). Este hecho se sumaba a las barreras burocráticas ocasionadas por no contar con un DNI que reflejase la propia identidad y generaba el escaso o nulo control de la salud. Llevaba al ingreso a un circuito precario y clandestino de prácticas de construcción corporal (implantes, cirugías estéticas e inyección de aceite de siliconas) así como al consumo de hormonas sin supervisión médica (Berkins y Fernández, 2004; Berkins, 2007). Los informes también expusieron trayectorias de vida signadas por la expulsión de los marcos familiares, educativos y laborales (Berkins y Fernández, 2005; Berkins, 2007). Las organizaciones responsabilizaron al Estado de estos procesos de exclusión tanto por acción como por omisión.

Antes de adherir a la campaña internacional STP 2012, las críticas a las categorías diagnósticas no tuvieron como interlocutor al campo médico, sino al judicial. El activismo local se encargó de denunciar los mecanismos excluyentes del derecho para el acceso a los documentos de identidad y los tratamientos médicos, tales como pericias y procesos diagnósticos desarrollados en el capítulo anterior. La principal exigencia al campo médico era el acceso a una atención sanitaria. La demanda por la construcción corporal resultaba marginal frente a la gravedad de la exclusión casi total del sistema de salud.

En 2009, las organizaciones locales se sumaron a las acciones públicas de la campaña STP 2012[28]. La demanda de descatalogación del diagnóstico de “Trastorno de la identidad de género” del DSM y la CIE sostenida por la campaña se sumó a los repertorios reivindicativos históricos de las organizaciones trans locales. Estos incluían la denuncia de los Códigos de Faltas criminalizantes del travestismo y la prostitución aún vigentes en algunas provincias del país y el reclamo por el acceso a derechos sociales como trabajo, educación, vivienda y salud (Página/12, 22 de octubre de 2010). Ese año, en la Ciudad de Córdoba se realizaron actividades públicas y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se organizó la charla debate titulada “Otro mundo es posible. Para terminar con la patologización de la transexualidad” (Álvarez en Página/12, 23/10/2009). En junio de 2010, la referente del MAL, Diana Sacayán, viajó al Primer Congreso Internacional de Identidad de Género y Derechos Humanos desarrollado en Barcelona e impulsado por activistas pertenecientes a la Campaña STP 2012 (Sacayán en Página/12, 18/06/2010). El 23 de octubre de ese mismo año, se realizaron actividades públicas, marchas y festivales en Buenos Aires y Córdoba cuya consigna fue “Por la Despatologización, Descriminalización y Desestigmatización de las Identidades Trans”[29]. Las actividades convocadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyeron escraches[30] en las casas de las provincias que mantenían vigentes la criminalización del travestismo y/o la prostitución en sus Códigos de Faltas. Estas acciones también tuvieron como objetivo impulsar el debate parlamentario de los proyectos de Ley de Identidad de Género, teniendo en cuenta la ventana de oportunidades abierta por el debate público y discusión parlamentaria de los proyectos de Ley de Matrimonio Igualitario.

Estrategias del activismo trans por una Ley de Identidad de Género

En julio de 2010, el Congreso Nacional aprobó la ampliación de los derechos del matrimonio civil a parejas conformadas por personas del mismo sexo. Esta era una demanda histórica de las organizaciones gay-lésbicas locales. A partir de este logro militante, las organizaciones trans se orientaron a mancomunar esfuerzos y entablar vínculos con distintos partidos políticos y legisladores/as nacionales a fin de conseguir a la sanción de una Ley de Identidad de Género.

Como expondré en el capítulo que sigue, los proyectos de Ley de Identidad de Género presentados hasta 2010 referían mayoritariamente a los mecanismos legales para el cambio de nombre y sexo registral. En 2010, a través de la diputada Juliana Di Tullio del Frente Para La Victoria, ATTTA presentó un proyecto que regulaba el cambio de nombre y sexo registral y también el proyecto titulado “Régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo” que disponía la legalización y cobertura de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales, eliminando el requisito de la autorización judicial previamente vigente. En 2010, se conformó la coalición de organizaciones denominada Frente Nacional por una Ley de Identidad de Género integrado por las agrupaciones Putos Peronistas, ALITT, Cooperativa “Nadia Echazú”, Hombres Trans Argentinos, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgenérico, Encuentro por la Diversidad (Córdoba), MISER, Antroposex, Viudas de Perlongher, Jóvenes por la Diversidad, Escénica Arte y Diversidad, Cero en Conducta (Santiago del Estero), ADISTAR-Salta, Comunidad Homosexual Argentina, Apid, Crisálida (Tucumán), Ave Fénix, AMMAR Córdoba y activistas independientes. Algunos/as de sus integrantes también formaban parte de organizaciones internacionales que trabajaban en pos de los derechos humanos de las personas trans e intersex. También lo integraron abogados/as actualizados/as en derecho internacional en materia de orientación sexual e identidad de género. En 2011, a través de la diputada Diana Conti del Frente Para la Victoria, el Frente presentó un proyecto que incluía en un mismo proyecto tanto artículos referidos a los procedimientos de cambio de nombre y sexo registral y como artículos que contemplaban al acceso gratuito y libre a tratamientos médicos de construcción corporal.

El 5 de noviembre de 2010, el Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) -equipo de investigación perteneciente al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires- organizó una charla debate titulada “Hacia una Ley de Identidad de Género”. Allí, referentes trans locales dialogaron y expusieron sus preocupaciones y expectativas en torno a la discusión de una Ley de Identidad de Género en el Congreso Nacional. Algunos/as expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la Ley fuera debatida y aprobada sin que las voces de los/as directamente implicados/as fueran escuchadas. Remarcaron el hecho de que miembros del Congreso Nacional hayan presentado proyectos sin consultar con las organizaciones sexo-políticas o bien que se vincularan con referentes de movimientos sociales que no eran trans y que, por lo tanto, no conocían de modo encarnado las necesidades de dicha población. Otro modo en el que se ponía de manifiesto el problema de la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo y la propia vida era ser o no autores/as de los proyectos de ley que, en caso de aprobarse, regularían los mecanismos para acceder al cambio de identidad legal y a los tratamientos médicos de construcción corporal. En aquel encuentro, la abogada de una de las organizaciones explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión de presentar dos proyectos por separado: uno contemplaba el cambio de nombre y sexo registral y el otro el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Estos motivos se sustentaban en una interpretación particular de la mecánica legislativa. La demanda de atención sanitaria integral implicaba inversión de presupuesto público, por ello se preveía que el proyecto se vería sujeto a un sinnúmero de objeciones. Este fue el motivo por el cual, explicó, optaron por presentarlo separadamente del que solo refería a los cambios registrales que requerían menor inversión pública.

Para uno de los entrevistados, presentar los proyectos por separado era coherente con un modo particular de entender el vínculo entre la identidad, el cuerpo y el reconocimiento jurídico. Una Ley de Identidad de Género no tenía por qué ser evaluada por representantes de la comisión de salud o por expertos/as en temas sanitarios ya que, desde una perspectiva despatologizante, la identidad no debía vincularse necesariamente a lo corporal. El riesgo de presentar un proyecto que unificara lo identitario y lo corporal era que la mirada médica hegemonizara el debate y se perdiera de vista la importancia de que el Estado reconociera la propia identidad sin imponer requisitos corporales ni intermediarios médicos.

Para las organizaciones que incluyeron ambos aspectos en un mismo proyecto, escindir las demandas era desaprovechar el momento político abierto por la Ley de Matrimonio Igualitario favorable a la discusión de una Ley de Identidad de Género. A una ley se llegaría mientras que a la otra no. Por ello formularon un proyecto que incluía ambas dimensiones desde una perspectiva despatologizante.

En la charla debate, muchos/as activistas advirtieron sobre limitaciones intrínsecas a cualquier tipo de Ley de Identidad de Género, aun la más completa. Una activista se preguntaba en qué medida tener documentos que acreditaran su identidad de género le evitaría las situaciones de discriminación y estigmatización experimentadas diariamente. La misma afirmaba: “el documento no va a cambiar nada y se nos va a seguir aplicando la exclusión que se nos aplica no sólo por ser travestis, sino por la evidencia de ese ser travesti” (Registro de campo, 5 de noviembre de 2010). Otro sector consideraba que debía demandarse que los documentos identificatorios agregaran un tercer casillero en la categoría sexo para incluir la letra “T” ya que, de mantenerse el binario, normativo y mutuamente excluyente “varón” o “mujer”, las personas trans aún iban a tener que adecuarse al binomio, aplazando la posibilidad de ser reconocidas en su identidad travesti, transexual, transgénero o trans.

Este era el contexto de debates que atravesó el activismo trans al momento de demandar la Ley de Identidad de Género. Con el avance del tratamiento parlamentario de los distintos proyectos de ley vigentes en 2011, las organizaciones sexo-políticas se agruparon bajo la demanda de una ley unificada que incluyera tanto el cambio de los registros legales como el acceso a las intervenciones médicas. Ello fue posible luego de que al interior de las organizaciones trans se consensuara que la demanda por el acceso a los tratamientos médicos de construcción corporal era intrínseca e inseparable al reclamo por el reconocimiento de la propia identidad históricamente reclamado. Esto es, concebir la identidad como inseparable de la corporalidad y el acceso a las tecnologías de transformación corporal como un derecho humano fundamental.

Recapitulación y conclusiones

En este capítulo analicé las reivindicaciones de las organizaciones trans locales sostenidas desde su emergencia a comienzos de la década de 1990 hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012.

Incluí a las organizaciones trans dentro de los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS) considerando que una de sus características es que los procesos de definición, cuestionamiento y redefinición de las categorías que los definen son inherentes al modo de entender y poner en práctica lo político. Entre las organizaciones trans locales, uno de los ejes que travesó estas tensiones fue el posicionamiento en torno al cuerpo y sus posibilidades de transformación a través de las tecnologías médicas disponibles. Dicha tensión se expresó en la disputa por la reivindicación política de la categoría travesti, transexual, transgénero y/o trans. Argumenté que la adopción de estas categorías a nivel subjetivo y/o político forma parte de un proceso más amplio de circulación teórica e identitaria entre los campos activista, académico, médico y legal a nivel local, regional y mundial.

Tras describir la historia de las primeras organizaciones trans y el recorrido de sus demandas, analicé las tensiones presentes entre ellas en torno a la definición de la identidad política y la reivindicación del acceso a los tratamientos de construcción corporal, o bien su cuestionamiento como imposición médica y cultural. A pesar de las diferencias en el modo de concebirlos, fue posible demandar una Ley de Identidad de Género que legalizara y garantizara el acceso a dichos tratamientos.


  1. Parte de este capítulo fue publicada en Farji Neer (2016b).
  2. Las organizaciones pioneras fueron Nuestro Mundo y, posteriormente, el Frente de Liberación Homosexual, disuelto con el inicio de la dictadura militar (Sebreli, 1997; Rapisardi y Modarelli, 2001).
  3. Utilizaré el término organizaciones sexo-políticas para referirme a las agrupaciones que se organizan con el fin de denunciar y revertir la invisibilización, discriminación y estigmatización a la que gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, trans –en definitiva, personas cuyas prácticas y deseos se distancian de la norma heterosexual y el régimen binario de género dominante- se ven permanentemente expuestos/as. Incluyo en este conjunto a las agrupaciones feministas, dado que en su surgimiento se orientaron a denunciar las formas de control y opresión de las mujeres cisgénero basadas en un régimen de heterosexualidad obligatoria que presupone la disponibilidad de sus cuerpos para los varones cisgénero.
  4. “En 1992 se realizó la primera marcha gay lésbica en Buenos Aires, convocando a unas 300 personas y con cobertura de los medios de comunicación. Desde entonces las Marchas del Orgullo se dan año a año y constituyen el momento de mayor visibilidad del movimiento en una acción pública contenciosa (Jones, Libson y Hiller, 2006). Las Marchas del Orgullo y su organización previa evidencian la existencia de redes entre personas y colectivos, y entre distintas organizaciones” (Hiller, 2011: 82).
  5. La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) incorporó la segunda “T” a su sigla en el año 1996 y en el 2001 la “T” correspondiente a “transgénero”.
  6. Hasta 1994, conforme a la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires era gobernada por un/a intendente municipal designado/a por la Presidencia de la República. La reforma constitucional de ese año estableció en el artículo 129º que la Ciudad tendría un régimen autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, con un/a jefe/a de gobierno elegido/a por el pueblo.
  7. En la primera versión, el Código eliminó las figuras de “prostitución” y “exhibirse en la vía pública con ropas del sexo contrario”. En una segunda versión, se agregó el artículo 71º sobre “Alteración a la tranquilidad pública”, reintroduciendo la prohibición de la prostitución bajo las figuras de “ruidos molestos” y “alteración al orden público”. En 1999, la Legislatura porteña reformuló el artículo 71º prohibiendo completamente “Ofrecer o demandar para sí u otras personas, servicios sexuales en los espacios públicos”. El artículo 81º del Código aprobado en 2004 autorizó la oferta y demanda de sexo solo en espacios públicos específicos.
  8. En una entrevista realizada en noviembre de 2008 para el Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos, la referente de ALITT Lohana Berkins, destacaba en el proceso de formación de su organización el vínculo con el grupo “Ají de Pollo”, el “Grupo Eros” y el “Área Queer” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También a académicos/as como Diana Maffía, Dora Barrancos, Silvia Delfino, Josefina Fernández, Mauro Cabral, Mario Pecheny, Alejandra Sardá y Flavio Rapisardi (Berkins, 2008).
  9. Se trató de un estudio exploratorio realizado sobre una muestra de 147 encuestadas que fueron seleccionadas por su condición de travestis residentes en Ciudad de Buenos Aires. En la encuesta se relevaron datos sociodemográficos y exposición a situaciones de violencia y discriminación.
  10. Resolución Nº 122/GCABA/SED/03. En su artículo 1º la misma establecía “Recomiéndese, a todos los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean éstos de gestión pública o privada, así como a todas las instancias administrativas dependientes de la Secretaría de Educación, para que en el ámbito de sus competencias, se garantice el respeto por la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales”. Un Análisis de dicha normativa fue realizado en Farji Neer (2013).
  11. El informe se basa en una encuesta realizada en 5 ciudades de territorio nacional (Córdoba, Salta, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Neuquén) en base a una muestra de 257 casos de un rango etario entre 16 y 63 años. El cuestionario relevó los ejes de educación, vivienda, vínculos familiares, ingresos, salud, violencia y migraciones (Berkins, 2007).
  12. “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Lucha por la Identidad Travesti – Transexual c/ Inspección General de Justicia”: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia del 21 de noviembre de 2006.
  13. Según el documento titulado “Salud, VIH y personas trans. Atención de la salud en personas travestis y transexuales. Estudio de seropevalencia de VIH en personas trans” (2008) elaborado por Ministerio de Salud de la Nación, ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y la Fundación Buenos Aires Sida (FBAS), en 2006 la prevalencia del VIH entre personas trans en Argentina era del 34,47%.
  14. Siguiendo a Barreda, Isnardi y Alarcón (2003) los consultorios amigables son “aquellos servicios que, sin modificar sus prácticas y rutinas habituales, han podido responder a las situaciones concretas de esta población en relación con sus problemáticas de salud (horarios, turnos, llamado por su apellido en sala de espera y por su nombre femenino en la consulta, etc.)” (2003: 58).
  15. “La categoría HSH surgió en el contexto de la epidemiología (o en un sentido más amplio, de los enfoques sociales sobre la epidemia) con una finalidad descriptiva, clasificatoria y mensuradora. Es decir, surgió para describir una categoría de individuos (una categoría que se define por un cierto número de propiedades y es siempre arbitraria); para poder clasificar (es decir, ordenar) a los individuos que estaban siendo afectados (infectados, enfermos o fallecidos) por el VIH; y para poder saber cuántos y en qué proporción lo estaban” (Pecheny, 2012: 129-130).
  16. Esta estuvo conformada originalmente por las organizaciones ATTTA (Asociación de Travestis Transgéneros y Transexuales de Argentina); La Fulana (organización de mujeres lesbianas y bisexuales de Buenos Aires); Nexo Asociación Civil (organización gay de Buenos Aires fundada en 1992); VOX Asociación Civil (organización LGBT de la Provincia de Santa Fe fundada en 1998) y la Fundación Buenos Aires Sida (Hiller, 2011).
  17. Las organizaciones que propusieron y participaron de la redacción del proyecto fueron MAL, la Agrupación Jóvenes Por La Diversidad, ALITT y Futuro Transgenérico (liderada por Marlene Wayar). Entre los espacios adherentes, se encontraban la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans Región Latinoamérica y el Caribe (ILGA-LAC), Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex), Cooperativa Trans Escuela Nadia Echazú, Cooperativa de Trabajo Trans Silvia Rivera, Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Asociación Marplatense por la Igualdad, Área de Diversidad Sexual del Municipio de Lanús, Consultorio de Salud Inclusivo con Perspectiva de Diversidad Sexual de Lanús, Morón y La Matanza, la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación Argentina LGBT.
  18. En su artículo 1º establece que “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, deberá ocupar, en una proporción no inferior al uno (1) por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
  19. https://elteje.com
  20. Expediente 5259-D-2007 titulado “Ley de identidad de género: objetivos, creación de la oficina de identidad de género en el ámbito de la secretaria de derechos humanos, rectificación registral del sexo y cambio de nombre”.
  21. Ley Nacional Nº 26.618.
  22. Teatro de operaciones fue un “proyecto lúdico-político de activismo masculino trans e intersex” (Teatro de operaciones, 2009: 145)
  23. Frase acuñada por Lohana Berkins (2008: 3).
  24. Categorías utilizadas para referirse a varones homosexuales afeminados que no intervenían su cuerpo de modo permanente.
  25. El término “transgenderist” fue acuñado por la activista estadounidense Virginia Prince en la década de 1970. Esta formuló el término para referirse a aquellas personas que, al igual que ella, vivían de forma íntegra en un género distinto al asignado al nacer sin el deseo de modificar su genitalidad quirúrgicamente. Prince buscaba valerse de un término que discutiera con las categorías médicas del transexualismo y el travestismo (Valentine, 2007).
  26. Finalmente fue publicado en 2015.
  27. Según la página oficial de la campaña, en 2015 se realizaron “más de 100 acciones por la despatologización trans en 45 ciudades de diferentes regiones del mundo“ www.stp2012.info/old/es/noticias
  28. http://www.stp2012.info/old/es/prensa
  29. http://www.stp2012.info/old/es/prensa
  30. Los escraches son modalidades de protesta comunitaria ideadas en la década de 1990 por agrupaciones de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Con el correr del tiempo esta modalidad de acción colectiva se instaló dentro del repertorio de acciones de protesta y fue utilizado por distintas organizaciones para reivindicar consignas que exceden las demandas por memoria, verdad y justicia de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Siguiendo a Sergio Gradel (2011) el escrache “se originó con el propósito de constituir una identidad propia basada en la realización de una justicia colectiva, una condena social realizada a nivel barrial y comunitario” (2011: 291).


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