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5 El escenario parlamentario

Debates públicos en torno al cuerpo y la identidad

A fin de abordar los debates públicos que signaron las posibilidades de reconocimiento de la autonomía corporal de las personas trans en el escenario parlamentario, en este capítulo analizo los sentidos forjados y disputados al interior del Congreso Nacional al debatirse los proyectos de Ley de Identidad de Género entre 2011 y 2012. El debate giró alrededor de dos ejes: la regulación de los procedimientos para el cambio de nombre y sexo legal en los registros identificatorios oficiales y la definición de los criterios de acceso y cobertura de los tratamientos médicos de construcción corporal.

Comenzaré describiendo el proceso de ingreso de las demandas de los colectivos LGBT en la agenda parlamentaria argentina. Haré hincapié en el debate y sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 asumiendo que se trató de un acontecimiento decisivo para el posterior tratamiento de los proyectos de Ley de Identidad de Género en el Congreso Nacional. Seguidamente, compararé los proyectos de ley presentados desde 1995 que tenían por objeto regular el cambio de nombre y sexo registral o el acceso a cirugías genitales voluntarias. Finalmente, me adentraré en el análisis del los debates parlamentarios desarrollados entre 2011 y 2012. Allí, la discusión se orientó a delimitar cuáles eran las corporalidades que podían encarnar legalmente las categorías de varón o mujer y el modo de entender oficialmente los tratamientos médicos de construcción corporal solicitados por la población trans.

Afirmo que, una vez aprobada la Ley de Identidad de Género que legaliza, descriminaliza, despatologiza y desjudicializa el acceso a los tratamientos médicos de construcción corporal, se abrió un marco de disputas y tensiones entre usuarios/as de los servicios de salud y profesionales de la salud para definir el modo en que esos principios legales se llevarían efectivamente a la práctica al interior de los consultorios[1].

Las reglas de producción discursiva del escenario parlamentario

El escenario parlamentario se caracteriza por ser un espacio público de habla y deliberación con reglas y procedimientos específicos para la producción de enunciados válidos. Allí se disputan los sentidos sociales vigentes en torno a distintos asuntos que afectan a la ciudadanía. Como afirma la socióloga mexicana Teresa Carbó (1987), la producción del discurso parlamentario requiere de un proceso ritualizado y regulado acorde a la normativa que rige su actividad. Dicho proceso sustenta, en última instancia, la legitimidad de las decisiones legislativas que de allí emanan:

El debate parlamentario sería el encuentro convenido de adversarios leales e iguales, que se reúnen convocados por la palabra, y que se dedican a trabajar con ellas dentro de ciertas tareas verbales que se consideran propias de la labor parlamentaria: el análisis, la reflexión, la crítica, el debate, la polémica y la resolución racional de los enfrentamientos por medio de la propuesta de las mejores y más justas soluciones (Carbó, 1987: 165).

A diferencia de otros espacios públicos como el mediático, el artístico o el activista, el parlamentario goza de la autoridad que emana de su localización estatal y se diferencia de aquellos por su grado institucionalización, formalidad y capacidad decisoria (Hiller, 2011a; 2011b; Fraser, 1997). Al igual que el judicial, su pertenencia estatal le otorga un valor simbólico específico. En las unidades de control territorial que se rigen bajo una administración centralizada, el Estado concentra el dominio de otros capitales circulantes en el espacio social (económico, cultural, informacional, simbólico y la fuerza física). Ello le otorga al mismo tiempo autoridad y legitimidad. Es lo que Bourdieu denominó “meta-capital” estatal (1993). Pero a diferencia del campo judicial, el parlamentario fue proclamado por el pensamiento político moderno y liberal como el espacio privilegiado del debate democrático. Se configuró alrededor de él un conjunto de presunciones culturales que lo instituyeron como el espacio ideal de deliberación y reflexión crítica, compartido por sujetos libres e iguales que deben velar por los intereses de aquellos a quienes representaban (Carbó, 1987).

La producción legislativa tiene como objetivo dar una respuesta política y técnica a las demandas de los colectivos sociales que logran ser cifradas como asuntos de interés público y, a partir de allí, incluidas en la agenda parlamentaria (Rein y Schön, 1993; Aguilar Villanueva, 1994; Stone, 2002; Fischer, 2003). El contenido de las normas se establece en base al consenso entre puntos de vista divergentes o a la decisión de la mayoría parlamentaria (Marafioti, 2007). La legitimidad de las decisiones allí elaboradas no es incuestionable, depende del modo en que la población perciba y juzgue a la autoridad estatal en cada momento. A su vez, la representación –núcleo central de la definición del espacio y la actividad parlamentaria- nunca es transparente, lineal o exenta de conflictos. Mucho menos cuando se trata de debatir legislaciones que atañen a los intereses de los grupos subalternizados, tales como los pueblos originarios, las mujeres o los colectivos LGBT. Estos “dilemas de la representación” fueron expresados por Renata Hiller en un conjunto de interrogantes en torno al sistema democrático representativo y la idea moderna y liberal de representación en general:

¿Deben representarse los diferentes grupos e intereses (muchas veces antagónicos) que existen en una sociedad? ¿O la representación debe expresar valores y opiniones sobre lo común? ¿Cómo dar curso a la pluralidad de voces existentes en una sociedad, reservando un lugar para los grupos minoritarios? (…) ¿Quiénes pueden ser representantes? ¿Qué significa representar? (…) ¿Cómo se estructura la representación de los grupos minoritarios? (…) ¿se requiere que quien represente un determinado colectivo sea integrante del mismo? Y si es así, ¿alcanza con ello? (Hiller, 2011b: 173-174).

Lejos de erigirse como un espacio de representación transparente de todos los intereses presentes en la sociedad, el parlamentario es un espacio siempre en diálogo, tensión o disputa con otros espacios públicos vigentes y con sus intereses respectivos. Oficia de caja de resonancia de las demandas o conflictos sociales que logran acceder al estatus parlamentario en base a un contexto o correlación de fuerzas favorable. Siguiendo a Pecheny y de la Dehesa (2011), las decisiones parlamentarias no solamente resuelven problemas públicos, también transmiten mensajes y poseen efectos sociales concretos.

Analizar el modo en que se procesan las demandas de los colectivos trans en el escenario parlamentario permite visualizar el proceso por el cual los sentidos sociales en torno a dichos colectivos fueron disputados y dotados de carácter oficial. También permite indagar en las modalidades de producción discursiva de los sujetos que dichas políticas regulan. Estos pueden ser definidos como sujetos de derechos, victimas, sujetos sufrientes, personas vulnerables o miembros de una ciudadanía empoderada que demandan tomar las riendas de su vida y sus cuerpos.

A partir de la última reapertura democrática, las organizaciones sexo-políticas locales hicieron del escenario parlamentario el espacio predilecto donde dar la batalla para promover el respeto cultural de sus formas de vida. A continuación, describiré el contexto y condiciones sociales y políticas para el debate y aprobación de la Ley de Identidad de Género, focalizando en el ingreso previo de las demandas de los colectivos gay-lésbicos en la agenda parlamentaria nacional. Me referiré al proceso de sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario para posteriormente adentrarme en el análisis de los discursos que circularon en el Congreso Nacional al debatirse los distintos proyectos de Ley de Identidad de Género.

El escenario parlamento y las demandas de reconocimiento

Las demandas de los colectivos trans ingresaron en la agenda parlamentaria con posterioridad al ingreso de las de los colectivos gay-lésbicos. La última reapertura democrática implicó el pasaje de una estrategia de confrontación por parte de las organizaciones sexo-políticas a distintas formas de vínculo con la institucionalidad estatal. Se demandaron legislaciones y políticas públicas para revertir situaciones de discriminación, estigmatización, violencia y exclusión social. Una vez derogados los Edictos Policiales, los distintos sectores del espectro de organizaciones sexo-políticas elaboraron sus propias demandas. El acceso igualitario a los derechos, independientemente de la orientación sexual de las personas, fue una de las primeras demandas que logró ingresar en la agenda parlamentaria y tuvo como resultado la sanción de la Ley de Unión Civil (Ley Nº 1002) de la Ciudad de Buenos Aires en 2002. Esta demanda había tenido como principal opositora a la Iglesia Católica. Sumado a ello, predominaba el desinterés de los partidos políticos tradicionales por la problemática del estatus menguado de la ciudadanía de las personas no heterosexuales, cuando no una casi automática alineación a los postulados de la Iglesia. La aprobación de la Ley de Unión Civil se explica, en parte, porque la misma era un indicador de modernidad. Ello contribuyó a que los partidos progresistas de la Ciudad de Buenos Aires ganaran apoyo de las clases medias urbanas definidas históricamente como modernas. Dicha definición incluía una visión amplia en torno a la sexualidad (Pecheny y de la Dehesa, 2011; Hiller, 2009).

La Ley de Unión Civil otorgaba algunos de los derechos contemplados en el matrimonio civil, tales como “incorporar a la pareja a la obra social, recibir una pensión, solicitar vacaciones en el mismo período, pedir créditos bancarios conjuntos y obtener el mismo trato que los esposos en caso de enfermedad del concubino/a” (Hiller, 2011a: 109). Esta Ley daba respuestas a algunas de las demandas surgidas en el marco de la epidemia del VIH durante la década de 1990. Si bien representaba un gran avance, resultaba incompleta ya que regía solo en una jurisdicción del país y dejaba por fuera otros aspectos atinentes al matrimonio, tales como la herencia y la adopción.

En base a la continuidad en las demandas y estrategias de las organizaciones gay-lésbicas, entre 2005 y 2009 fueron presentados distintos proyectos de modificación de la Ley de Matrimonio Civil. Tuvieron como firmantes a miembros de distintos partidos políticos tales como el Partido Socialista, el Frente Para la Victoria y el Partido Encuentro Popular y Social. En paralelo, el activismo gay-lésbico local impulsó la presentación de amparos judiciales por parte de parejas conformadas por personas del mismo sexo que solicitaban turnos para contraer matrimonio en el Registro Civil. Estos pedidos eran denegados automáticamente. El objetivo de los amparos era instalar la problemática en la agenda pública y mediática así como generar una sinergia entre el poder judicial y el poder legislativo (Hiller, 2011a).

El primer debate legislativo de los proyectos de ley de Matrimonio Igualitario se desarrolló 4 de mayo del 2010 en la Cámara de Diputados en un contexto que Hiller (2011a) describió como de reacomodamiento post electoral: fue el primer debate de peso desarrollado tras la nueva conformación de la Cámara. La media sanción en la Cámara de Diputados se obtuvo con 126 votos favorables, 110 en contra y 4 abstenciones y así logró su pase al Senado. Durante el mes de julio de ese mismo año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Frente para la Victoria se manifestó públicamente a favor de la aprobación de la Ley. Ello le permitió afianzar una estrategia discursiva iniciada durante la gestión de Néstor Kirchner en 2003 que se hacía eco de las consignas de defensa de los Derechos Humanos elaboradas por los organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales. También afianzó la disputa con la Iglesia Católica que duró hasta la elección del Cardenal de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica en marzo del 2013.

El 14 de julio del 2010, durante su tratamiento en la cámara de Senadores, y contando con una fuerte campaña opositora por parte de la Iglesia Católica, la Ley de Matrimonio Igualitario fue aprobada con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Con la aprobación de esta Ley, el conjunto de las organizaciones sexo-políticas ampliaron su cuota de legitimidad social y sus demandas fueron incorporadas por otras instancias institucionales.

Los discursos a favor de la Ley que circularon durante el debate parlamentario se sustentaron en criterios antidiscriminatorios y de inclusión social. Vale destacar que su sanción implicó un reposicionamiento del país en el mapa global de políticas de reconocimiento hacia la diversidad sexual.

En este contexto, la discusión de una Ley de Identidad de Género profundizaba el proceso abierto con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Las condiciones de posibilidad para su tratamiento estuvieron dadas por el debate público y parlamentario que lo precedió y también por el proceso de instalación pública e institucional de las demandas políticas de los grupos activistas descritas en el capítulo anterior. Las organizaciones trans llevaron adelante una estrategia similar a la delineada para lograr la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (Hiller, 2011a). Dicha estrategia se compuso de distintos ejes. Un primer eje se caracterizó por el “lobby” o “cabildeo” entre los/as legisladores/as nacionales con el objeto de ganar apoyos y promover el ingreso del asunto en la agenda institucional-parlamentaria. Es decir, lograr el tratamiento de los proyectos en las comisiones parlamentarias y, una vez allí, garantizar que la definición del problema público que prevaleciera fuera aquella delineada por las organizaciones. Un segundo eje de la estrategia fue la judicialización, esto es, la obtención del reconocimiento judicial de la demanda de modificación de los documentos de identidad sin pasar por peritajes médicos ni certificación diagnóstica. Esta iniciativa se orientaba a obtener una gran cantidad de fallos estratégicos y así presionar a los/as integrantes del Congreso Nacional para agilizar el tratamiento de los Proyectos. Para ello, los equipos jurídicos del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, la CHA y la FALGBT comenzaron a fomentar y patrocinar la presentación de solicitudes bajo la forma de amparos o medidas cautelares frente a los tribunales del Fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cardinaux, Clérico y Ronconi, 2012). En este marco, a fines del 2010 la actriz Florencia de la V. obtuvo, mediante un fallo de la Jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización para obtener la rectificación de su nombre y su sexo en el DNI. En aquel fallo se tomó como prueba su sola declaración de voluntad y la jueza se abstuvo de solicitar pericias médicas. La actriz tampoco justificó su pedido en la realización de una cirugía genital previa ni se le solicitó comprometerse a realizarla. Este fallo sentó jurisprudencia e inauguró la “Doctrina Florencia Trinidad”.

Los proyectos legislativos

A continuación, repasaré los proyectos legislativos presentados con anterioridad al tratamiento parlamentario de la Ley de Identidad de Género. Analizaré el contenido de proyectos legislativos que tenían por objetivo regular el cambio de nombre y sexo registral y el acceso a cirugías genitales voluntarias a partir de los siguientes ejes: definición del problema público, procedimiento y requisitos para el cambio registral y rol asignado a las intervenciones médicas.

En base al análisis de los distintos proyectos presentados, es posible identificar una primera generación de proyectos para regular el cambio de nombre y sexo registral. Estos fueron el “Régimen para la adecuación física y cambio de identidad civil para los casos de intersexualidad y transexualidad” [2] presentado por el diputado del Partido Justicialista Gustavo Green en 1995, el proyecto de “Derechos personales a la rectificación sexual para transexuales, hermafroditas o seudohermafroditas” presentado en 2001 por el diputado Alfredo Bravo del FREPASO[3] y el “Régimen de derechos personales a la rectificación sexual registral”[4] presentado en 2002 por el diputado Roberto Saredi del Partido Justicialista.

Esta primera generación de proyectos estipulaba que el poder judicial continuara a cargo de la evaluación de los pedidos pero establecía los requisitos necesarios para la resolución judicial positiva a fin de limitar la discrecionalidad de los/as jueces/zas. Los requisitos eran la certificación de los diagnósticos médicos mediante pericias médicas y/o psicológicas y la realización entrevistas con los/as solicitantes a fin de que los/as jueces/zas pudieran “apreciar personalmente la dimensión del conflicto existencial vivido e informar al mismo de sus consecuencias irreversibles” (Expediente 2949-D-1995). En el caso del proyecto de Bravo, se sumaba el requisito de no haber contraído matrimonio ni haber tenido hijos/as al inicio del trámite. En estos primeros proyectos, una vez recibida la autorización, la persona debía someterse de modo obligatorio a una intervención quirúrgica con el fin de adecuar el “sexo físico” al sexo legal peticionado. Solo luego de la intervención los/as solicitantes podían dirigirse al Registro Civil para realizar el cambio registral. En lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas genitales voluntarias, en 1997 el senador de la Unión Cívica Radical Alberto Maglietti presentó un “Proyecto de Ley sobre despenalización de la cirugía transexual”[5] en el que proponía la modificación del Código Penal a fin de que se eximiera de responsabilidad penal a los/as profesionales que las realizaran, siempre que se dejara fehacientemente asentado el consentimiento de las personas solicitantes.

Los fundamentos de estos primeros proyectos presentados entre 1995 y 2002 se sustentaron en una naturalización de los diagnósticos médicos descritos en capítulos previos, entendiéndolos como condiciones no elegidas que ameritaban la intervención del Estado para menguar el padecimiento y la discriminación consecuentes. Estos argumentos estaban en consonancia con los fallos judiciales que los antecedieron y que fueron analizados en el capítulo 3.

En 2003, se inauguró una segunda generación de iniciativas parlamentarias con la presentación del proyecto titulado “Cambio de nombre y adecuación sexual en caso de cambio de sexo o discordancia con identidad o expresión de género”[6] por parte de la entonces diputada por el Partido Socialista, María José Lubertino y un proyecto de “Ley de Identidad de Género”[7], inspirado en la Ley española homónima, presentado en 2007 por la diputada Silvia Augsburger del mismo partido. Esta segunda generación de propuestas buscaban quitarle al poder judicial la potestad para decidir en los pedidos de cambio de nombre y sexo registral. Proponían que el trámite se realizara de modo personal en las oficinas del Registro Civil. Dejaban de lado la retórica biomédica de la transexualidad e incorporaban los conceptos de “identidad de género” y “expresión de género”. No obstante, mantenían el requisito de la presentación de un certificado médico “en el que conste la necesidad o conveniencia de adecuar el nombre de pila a su identidad de género” o bien que la persona “haya cambiado su sexo, a través de intervención quirúrgica o tratamientos hormonales” (Expediente 5954-D-2003), por más que las intervenciones quirúrgicas genitales continuaran siendo ilegales en el país. En estos proyectos la intervención quirúrgica no era obligatoria y tampoco se establecía la prohibición de contraer matrimonio una vez realizado el cambio registral. El proyecto presentado por Augsburger proponía la creación de una Oficina de Identidad de Género cuya función era, entre otras, la evaluación de las solicitudes de rectificación registral del sexo y cambio de nombre que estaría a cargo de un equipo interdisciplinario formado por expertos/as (profesionales de la salud, abogados/as, psicólogos/as y sociólogos/as). El equipo tenía la potestad de decidir sobre la identidad de las personas, rol similar al que ocupaban los/as jueces/zas en las primeras propuestas legislativas.

El proyecto presentado por Augsburger retomaba las definiciones de los Principios de Yogyakarta y los avances normativos logrados por las organizaciones trans en distintos ámbitos estatales mencionados en el capítulo anterior, tales como el Fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorga la personería jurídica a ALITT y la Resolución que garantizaba el respeto a la identidad de género en los servicios de salud de la Provincia de Buenos Aires. También citaba documentos producidos por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España utilizados para demandar la Ley sancionada en ese país. Este proyecto volvió a ser presentado en 2009[8] y 2011[9]. A su vez, un proyecto similar al elaborado por Lubertino fue presentado en 2010 por parte de la diputada Silvana Giudici de la Unión Cívica Radical[10].

Una última generación de iniciativas se inició en 2010 con la presentación de proyectos de ley cuya redacción incluyó a las organizaciones trans locales. Estos contemplaban el acceso y cobertura de los tratamientos médicos. Se trató del Proyecto de “Ley de reconocimiento y respeto a la identidad de género”[11] y el Proyecto de “Régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo”[12] presentados por la diputada del Frente Para la Victoria Juliana Di Tullio, así como el Proyecto titulado “Identidad de género. Régimen para su reconocimiento y respeto. Derogación de la Ley 17.132. Modificación de la Ley 18.248”[13] presentado por la diputada Diana Conti del mismo partido. Los proyectos de Di Tullio fueron redactados en conjunto con la Federación Argentina LGBT y contaron con el apoyo del Foro de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Por su parte, el proyecto de Diana Conti fue elaborado por la CHA, ALITT y MAL, organizaciones que posteriormente conformaron el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

En lo que refiere al cambio registral, los proyectos proponían que cualquier persona pudiera solicitar la confección de un nuevo documento nacional de identidad con la rectificación registral del sexo y un nuevo nombre propio presentándose en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, sin necesidad de acreditar ninguna prueba o autorización médica, judicial o administrativa. Atendiendo a sus fundamentos, los proyectos se proponían reducir y reparar la violación constante de los derechos humanos por motivos de identidad de género. Se sustentaban en los principios de no discriminación y eran críticos de la judicialización, la patologización y la medicalización compulsiva de las personas trans como requisito para modificar su documentación. Proponían que las nuevas legislaciones reflejaran los avances teóricos en materia de géneros y sexualidades desarrollados por el feminismo, los estudios de género, las ciencias sociales y las humanidades. Afirmaban concepciones no biologicistas y desnaturalizadoras del género y la sexualidad. A diferencia de los primeros proyectos que se sustentaban en concepciones biomédicas, afirmaban nociones amplias y flexibles de la sexualidad y la identidad. Concebían a la identidad de género como parte de una realidad simbólica, social y cultural antes que biológica.

Sea en un mismo proyecto o por separado, las propuestas de Di Tullio y Conti incluían la regulación del acceso y cobertura de los tratamientos de construcción corporal. Proponían que los mismos fueran cubiertos por parte de los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales). Destacaban la necesidad de garantizar la salud integral de las personas trans, entendida como el “completo bienestar físico, psíquico y social” (Expediente 7643-D-2010). Para ello, se proponían eliminar los requisitos judiciales vigentes en el momento e incorporar la obligatoriedad de dejar constancia del consentimiento informado de la persona, es decir, que los/as profesionales de la salud informaran sobre las características, alcances y posibles consecuencias de los tratamientos practicados.

En resumen, desde 1995 fueron presentados distintos proyectos de ley que tenían por objetivo regular la posibilidad de modificar el sexo y el nombre en el documento nacional de identidad a fin de que el mismo reflejase la identidad de género de las personas. A lo largo del recorrido recién expuesto, fueron transformándose los fundamentos conceptuales de los proyectos así como los procedimientos y requisitos propuestos. En lo que refiere a las concepciones sobre el cuerpo y los procesos de construcción corporal, se pasó de la obligatoriedad de la intervención quirúrgica genital para el cambio de identidad legal, a afirmar su carácter opcional y a disponer su cobertura por parte del sistema de salud.

A continuación, abordaré el tratamiento parlamentario de los proyectos de ley presentados a partir del 2010. Analizaré los discursos elaborados por referentes del activismo trans al exponer sus argumentos en las comisiones parlamentarias. Abordaré los núcleos discursivos utilizados por los/as activistas a fin de disuadir a los/as legisladores/as y disputar los sentidos oficiales impuestos por el campo médico. Luego, analizaré los argumentos forjados por los/as integrantes del Congreso Nacional durante el debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Focalizaré en los ejes de consenso y disenso alrededor del contenido de la Ley en debate.

“Memoria, verdad y justicia sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”[14]. Los discursos de las organizaciones trans en el Congreso Nacional

El 18 de agosto del 2011 se inició el tratamiento de los proyectos de Ley de Identidad de Género en las Comisiones de Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados. Las reuniones de las comisiones parlamentarias tienen por objetivo confeccionar los dictámenes a debatirse en las sesiones parlamentarias. Para ello, son invitados/as a exponer expertos/as en la temática, a fin de ofrecer una mirada técnica del asunto en debate. En una reunión conjunta entre las dos comisiones, se dio tratamiento a los cuatro proyectos de “Ley de Identidad de Género” y un proyecto de “Régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo”[15]. Según consta en la transcripción taquigráfica de la reunión, participaron del debate el diputado Tunessi, presidente de la Comisión de Justicia, las diputadas Diana Conti y Juliana Di Tullio y el diputado Miguel Ángel Barrios como firmantes de los proyectos. En representación de las organizaciones intervinieron Marcela Romero y Claudia Pía Baudracco por la FALGBT, Mauro Cabral y Lohana Berkins por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y Alba Rueda por la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos. También participaron el jurista Andrés Gil Domínguez, el interventor del INADI Pedro Mouratian, el juez del Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Guillermo Scheibler, las diputadas Adriana Puiggrós, Cecilia Merchán, Laura Alonso y Marcela Rodríguez. El 30 de noviembre de ese mismo año, el dictamen fue tratado en la Cámara de Diputados. Tras su aprobación con modificaciones, el expediente giró a la Cámara de Senadores. El 17 de abril del 2012 se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano de dicha Cámara. Según consta en la transcripción taquigráfica de dicha reunión, en dicha oportunidad intervinieron Martín Canevaro en representación del INADI, Mauro Cabral, Diana Sacayán y Blas Radi en representación del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, Lohana Berkins por la Cooperativa de Trabajo “Nadia Echazú”, Esteban Paulón y Marcela Romero por la FALGBT, Alba Rueda en representación de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, César Cigliutti por la Comunidad Homosexual Argentina, representantes de la Agrupación Nacional Putos Peronistas, Tortas, Travas, Trans y Putos del Pueblo y Marlene Wayar. También intervino Matilde Cerruti en representación del Ministerio de Trabajo.

A diferencia del proceso de sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en el que durante los debates en las comisiones parlamentarias las voces expertas fueron encarnadas mayoritariamente por académicos/as (Hiller, 2011a), en el caso de la Ley de Identidad de Género ese rol fue desempeñado mayoritariamente por activistas trans.

A continuación, sintetizaré los argumentos elaborados en ambas reuniones por referentes del activismo trans. Los principales núcleos argumentativos giraron en torno a tres ejes: 1) la caracterización de la población destinataria como un colectivo vulnerable y la necesidad de la aprobación de la legislación para mejorar su calidad de vida; 2) la aprobación de la Ley como un avance en la democratización de la sociedad y la inclusión social; 3) la importancia de que la Ley contemplara la cobertura de las intervenciones médicas para garantizar el derecho a la identidad de género y a la salud integral.

El objetivo de los colectivos trans fue elaborar argumentos eficaces para persuadir a los/as integrantes del Congreso Nacional de la importancia de aprobar la Ley de Identidad de Género, pero también disputar el carácter de verdad de los conceptos médicos y morales vigentes alrededor de sus cuerpos y sus identidades. En lo que refiere al primer punto, los/as referentes activistas expresaron el modo en que la discriminación e imposibilidad de acceder a documentación que reflejara su identidad impedían el ejercicio de los derechos básicos y tenía como consecuencia una disminución drástica de su calidad de vida. En palabras de la activista de ATTTA, Claudia Pía Baudracco:

Quiero decirles que nuestra población tiene una expectativa de vida de 35 años de edad y que es compromiso del Estado revertir esa situación. No es posible que las trans en Argentina tengamos que morir tan jóvenes por no acceder a la salud ni a la educación y por no tener la posibilidad de calificar para un trabajo con los desafíos que hoy tiene el campo laboral (Claudia Pía Baudracco, 18/8/2011).

Durante el debate en las comisiones parlamentarias desarrollado en la Cámara de Senadores, una activista travesti expresó el modo en que la Ley podía reparar simbólicamente las múltiples experiencias de exclusión y vejación experimentadas por su población, siendo la expulsión familiar y el ejercicio de la prostitución las más significativas:

Primero, somos la nena o el nene de papá y de mamá, y al manifestar nuestro deseo absoluto de construirnos a nosotras y a nosotros mismos, somos excluidas de manera brutal. Las travestis somos puestas en situación de calle, de prostitución, y de niñas tenemos que cambiar sándwiches y Coca Cola por nuestro cuerpo, que es lo único que poseemos. Esta ley no me conforma, pero la comunidad travesti y transexual necesita de ustedes porque será el primer pequeño gesto de amor que este Estado, en sus funciones materna y paterna, nos debe (Marlene Wayar, 17/04/2012).

La politicidad de los argumentos se expresó en la denuncia del accionar represivo del Estado contra la población trans aún en democracia. Con este argumento, los/as activistas buscaban interpelar a toda la ciudadanía, incluidos/as los/as representantes parlamentarios/as, para que el asunto en debate no se definiera como un problema de un grupo minoritario sino de todo el conjunto social. Los/as referentes denunciaron la vigencia de un estado de excepción o régimen dictatorial paralelo para su población. En base a esta idea, tomaron y adaptaron elementos propios de los discursos de los organismos de derechos humanos al demandar por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, tomando nota del contexto institucional y político que reivindicaba dichas consignas:

Estamos buscando la historia, la memoria, la verdad y la justicia sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Esta historia no termina en la dictadura sino que persiste en el proceso de democratización de las instituciones; y cuando devinimos en democracia, nosotras teníamos una democracia paralela, restringida. Me parece que allí hay que hacer mención a todo lo que significó el corpus de criminalización, especialmente a los edictos policiales, a los códigos de faltas, que en sus artículos, a lo largo y ancho de todo el país, criminalizaron la figura del travestismo, con lo cual dejaban la piedra libre para la represión policial (Alba Rueda, 18/8/2011).

En la reunión de comisión desarrollada en la Cámara de Senadores, otro de los expositores expresó que las violaciones a los derechos humanos de la población trans eran implementadas no solo por la institución policial sino también por el poder judicial a través de los requisitos patologizantes impuestos para el cambio registral:

Para cambiar el documento, hasta hace muy poco tiempo, era necesario cumplir con una serie de requisitos que aparecen, en este momento, como violaciones a los derechos humanos (…) Entre esos requisitos se encontraban el diagnóstico psiquiátrico, distintas pericias de salud mental y, en mi caso, ginecológicas; la necesidad de probar que era un hombre heterosexual, algo imposible aunque lo hubiera intentado; la necesidad de pasar por un tratamiento hormonal y por varias cirugías (Mauro Cabral, 17/04/2012)

Como expuso Marcela Romero, referente de ATTTA, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género se buscaba incluir a la comunidad trans en la ciudadanía, acorde al régimen democrático vigente:

Todavía no conozco la democracia. Quiero conocer la democracia como todas mis compañeras. Quiero tener los derechos como todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, porque no queremos ser más las olvidadas de la democracia. Vivimos en este país, vivimos en esta sociedad y necesitamos nuestros derechos, que están y que nos niegan (…) en salud, educación, justicia, trabajo, vivienda, en la cual no podemos acceder por no tener un documento que nos identifique (Marcela Romero, 17/04/2012)

A partir de estos argumentos, las organizaciones formularon y afianzaron el concepto del Derecho humano a la identidad de género. El mismo fue utilizado para solicitar a los/as integrantes de las comisiones parlamentarias el tratamiento de una Ley de Identidad de Género que permitiera que los documentos identificatorios oficiales reflejaran la identidad de género de las personas sin imponer para ello requisitos judiciales ni diagnósticos médicos. Afirmaron que la identidad es una verdad íntima y personal a la que solo pueden acceder los propios sujetos y que el cuerpo constituye una dimensión inescindible de la misma.

Una concepción integral de la identidad de género entendida como un constructo complejo, compuesto por la autopercepción y la corporalidad, requería de una Ley integral. Es decir, una normativa que contemplara los tratamientos y acciones para prevenir o curar enfermedades, pero también para construir y habitar el cuerpo deseado. Se articuló entonces el derecho a la identidad de género con el derecho a la salud y se hizo hincapié en la exposición a severos riesgos para la salud hasta tanto no se incluyera en las políticas públicas el derecho de construir el propio cuerpo. Este argumento fue profundizado por uno de los expositores, quien ubicó en un mismo plano el ejercicio de los derechos básicos (educación, vivienda y trabajo) y el acceso a los tratamientos médicos de construcción corporal. Si del incumplimiento de los primeros el Estado era el principal responsable, de las complicaciones para la salud derivadas de las prácticas de construcción corporal clandestinas también:

¿Cuál es el problema de vedarnos el acceso a procedimientos médicos y quirúrgicos destinados a la modificación del cuerpo? El problema es que las personas trans lo seguimos haciendo, y lo hacemos a espaldas del cuidado del Estado. Es por eso que reclamamos que, así como se tiene en cuenta nuestra dignidad, nuestro derecho a la educación, a la vivienda y al trabajo, al mismo tiempo también se tenga en cuenta que necesitamos la protección del Estado para el cumplimiento de esa identidad de género encarnada, a fin de tener la posibilidad de habitar un cuerpo en el cual podamos reconocernos (Mauro Cabral, 18/8/2011).

La reunión de comisión desarrollada en la Cámara de Diputados duró aproximadamente dos horas y tuvo como resultado la confección de un dictamen de mayoría[16]. Este se componía de quince artículos en los que se establecía que cualquier persona mayor de dieciocho años podía solicitar la emisión de una nueva partida de nacimiento con su nombre y su sexo modificados presentándose en una oficina de registro civil y mediante su sola declaración jurada. Una vez adquirida la partida, podía iniciar el trámite de confección de un nuevo documento de identidad en el que constaran esos mismos datos. Ello no alteraba la titularidad de los derechos ni responsabilidades jurídicas previamente adquiridas. Se establecía la gratuidad de todos los trámites y se disponía que el procedimiento pudiera realizarse una sola vez. En caso de solicitarse por segunda vez, debía darse intervención a la vía judicial. El artículo 5º titulado “Personas menores de edad” establecía que las personas menores de dieciocho años podían realizar los cambios registrales de nombre y sexo en sus DNI en cualquier oficina del registro civil por medio de sus representantes legales y con la expresa conformidad de la persona menor de edad. Solo en caso de que los/as representantes legales negasen el aval se daría intervención al poder judicial. El artículo 11º titulado “Derecho al libre desarrollo personal” disponía que los tratamientos para adecuar la corporalidad a la identidad de géne­ro (intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales) fueran cubiertos por todos los efectores del sistema de salud (público, privado y obras sociales) y establecía como único requisito el consentimiento informado de la persona solicitante. Para el caso de menores de edad, regían los mismos requisitos que en el artículo 5º.

Durante el debate desarrollado en la Cámara de Diputados se realizaron modificaciones al dictamen[17]. Su nueva formulación establecía la obligatoriedad de la intervención del/a abogado/a del/a niño/a[18] en los trámites del cambio registral y en la realización de los tratamientos hormonales en menores de edad. Para las intervenciones quirúrgicas en menores de edad se incorporaba, además, el requisito de la autorización judicial. En la reunión de comisión desarrollada en la Cámara de Senadores se aprobó el dictamen sin ninguna modificación. A continuación, describiré las principales discusiones que atravesaron el debate parlamentario en ambas Cámaras[19].

El debate parlamentario

El 30 de noviembre del 2011, en la última sesión del año antes del recambio de integrantes de la Cámara de Diputados, se debatió la Ley de Identidad de Género. El dictamen de mayoría obtuvo 168 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones[20]. En dicha oportunidad, los proyectos de Ley de Identidad de Género fueron debatidos conjuntamente con otras dos legislaciones que también afirmaban aspectos de autonomía de decisión sobre el propio cuerpo frente al campo médico: la Ley de “Fertilización Asistida”[21] y la Ley de “Muerte Digna”[22]. La Ley de Identidad de Género obtuvo la media sanción, quedando pendiente el voto en el Senado. Finalmente, el 9 de mayo del 2012, la Ley de Identidad de Género tuvo su sanción definitiva en la Cámara de Senadores con 55 votos a favor y una abstención, sin votos negativos[23]. Al igual que en el debate de la Ley de Matrimonio Igualitario, la gran mayoría de los bloques dieron libertad de conciencia para votar (Hiller, 2011a). En el caso de la Cámara de Senadores, la votación fue casi unánime a favor de la iniciativa, con la excepción de la abstención de la senadora Di Perna[24]. En lo que sigue, analizo los principales nudos discursivos que atravesaron el debate, destacando los consensos y puntos de conflicto.

De víctimas, mensajes a la ciudadanía y una naturaleza en disputa

En los debates de ambas Cámaras primaron los consensos. Ello se explica, en parte, por el fuerte apoyo social que tuvo la Ley de Matrimonio Igualitario. Las posiciones que predominaron fueron las de la corrección política, es decir, exposiciones que se esforzaban por evitar aquellos lugares del discurso públicamente reconocidos como discriminatorios (Hiller, 2011a). No obstante ello, distintos/as legisladores/as expusieron sus diferencias en lo que respecta al contenido de la Ley. Los aspectos más debatidos fueron los requisitos para el cambio registral en menores de edad y la cobertura de las prestaciones médicas (artículos 5º y 11º).

A continuación, analizo de modo conjunto los debates desarrollados en los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores al dar tratamiento a los dictámenes elaborados en las reuniones de comisión correspondientes. Focalizo en los consensos y discrepancias en torno a los siguientes ejes: 1) misión de la ley y sus destinatarios/as; 2) noción de identidad; 3) límites legítimos para el derecho a la identidad de género en personas menores de edad; 4) concepciones sobre los tratamientos médicos de construcción corporal y sus criterios de cobertura por el subsistema público, obras sociales y planes de medicina prepagos.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la mayoría de los/as legisladores/as cifró el asunto en términos de derechos de minorías, políticas antidiscriminatorias y derechos humanos. Circuló con fuerza la idea de la Ley tenía por objeto revertir la discriminación de un grupo social específico y promover el respeto a la identidad de las personas trans y su autonomía para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, en consonancia con otros avances normativos en el plano local e internacional. Así lo expresó la diputada Ibarra[25] al abrir la sesión:

Quiero empezar defendiendo este dictamen de mayoría diciendo que estamos pidiendo el voto para aprobar un proyecto de ley que permita a las personas trans desarrollar su propio plan de vida acorde a su identidad de género y respetando la dignidad de las personas, tal cual lo establecen el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos incluidos en el texto constitucional (…) Nosotros estamos recogiendo aquí de manera muy fuerte todo lo que se refiere a la autonomía de la voluntad y a la posibilidad de diseñar nuestro propio plan de vida sin interferencias en aquello que decidimos vivir respecto de nuestro cuerpo, de nuestra identidad y de nuestra vida (Dip. Ibarra, 30/11/2011).

Desde esta perspectiva, la Ley cumpliría varios objetivos. No solamente representaría una política pública destinada a un grupo social específico, sino que también tendría la potencialidad pedagógica de transmitir un mensaje de inclusión social y no discriminación hacia el conjunto de la sociedad. Redundaría así en un mejoramiento de la calidad institucional y social. Así lo expresó otra legisladora:

Este es un debate de derechos. Este es un debate profundamente constitucional que afecta la vida no sólo de una minoría sino de toda la sociedad argentina que desea, que quiere y que anhela ser una sociedad abierta e igualitaria. Es un debate que nos compete a todos y es un debate por el cual tenemos que hacer docencia, explicar, sumar, discutir y conversar, tratar de convencer, persuadir (Dip. Alonso[26], 30/11/2011).

En consonancia con la estrategia llevada adelante por los/as referentes de las organizaciones al exponer en las comisiones parlamentarias, se entendió al colectivo destinatario de la Ley como una población históricamente vulnerada en el ejercicio de sus derechos básicos, que requería de una atención particular por parte del Estado. Esto fue expresado por el diputado Barrios[27] cuando ubicó a las personas trans en el primer puesto de un “ranking de vulnerabilidad” de la diversidad sexual. Así también lo hicieron otros/as legisladores/as al explicitar el modo en que se sintieron interpelados/as al escuchar los relatos de los/as referentes de las organizaciones trans en las reuniones de las comisiones parlamentarias:

Nos han llevado a emocionarnos (…) los relatos sobre la larga lucha de años y años contra la persecución, la discriminación, la ridiculización social, la estigmatización y el sometimiento. Han sido minorías sometidas en este país bajo el estigma de que son diferentes, que no se las toleraba, que se las obligaba durante mucho tiempo a pasar por procesos muy desgarradores y dolorosos desde el punto de vista social (Dip. Tunessi[28], 30/11/2011).

En ese mismo sentido, otra senadora afirmaba:

El colectivo de personas trans en nuestro país está muy expuesto a vulneraciones de sus derechos desde la niñez: encuentran obstáculos para acceder a la educación porque el sistema no las reconoce, lo que a veces trae como resultado que ni siquiera puedan completar sus estudios primarios o secundarios, con lo cual también quedan imposibilitadas de acceder al mercado laboral, a una vivienda digna, a la alimentación, etcétera. De esta manera, se han visto privadas de los derechos básicos que son necesarios para una vida digna, y no debemos permitir que esto suceda dentro del marco de un estado de derecho (Sen. Itúrrez de Cappellini[29], 9/5/2012).

La estrategia discursiva desplegada por referentes de las organizaciones trans en las reuniones de comisión fue efectiva, ya que interpeló y promovió el involucramiento emocional de parte de los/as legisladores/as. Otros/as participantes consideraron que la Ley oficiaría de reconocimiento estatal a la trayectoria de las organizaciones de travestis, transexuales, transgéneros y trans locales como parte del movimiento organizaciones que un año antes había logrado la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. El reconocimiento al accionar militante implicaba la celebración de una ciudadanía activa y la vigencia de una cultura democrática. Según la senadora Luna[30]:

Vaya mi agradecimiento a todas las organizaciones que en estos años dieron muestras de perseverancia y produjeron cambios significativos a través del aporte de conceptos, experiencias y marcos jurídicos, de la construcción de políticas sociales y comunitarias, y de la generación de antecedentes muy importantes en la Justicia y de teorías y de saberes que nos enriquecen como sociedad (Sen. Luna, 9/5/2012).

Más allá del objetivo inmediato de la sanción de la Ley -la posibilidad de cambiar de nombre y sexo registral mediante un trámite personal y acceder a tratamientos de construcción corporal- muchos/as legisladores/as consideraron que eran otros los fines de la Ley, sea de índole reparatorios, de reconocimiento o de transmisión de valores sociales de igualdad y no discriminación al conjunto de la población.

Saliendo de estos puntos de consenso, tanto las posturas críticas como las más favorables señalaron los “efectos colaterales” que podría tener la Ley una vez aprobada. Dichos señalamientos afirmaban que las categorías de varón y mujer eran centrales para el orden jurídico-institucional. El senador Cabanchik[31] destacaba la necesidad de adecuar otras legislaciones y procedimientos una vez sancionada la Ley en debate:

Quiero dejar asentado que acá va a ser necesaria mucha nueva legislación que se amolde a esta que se está por sancionar, porque la distinción femenino-masculino u hombre-mujer permea un montón de cuestiones del régimen legal argentino; desde la distinción entre nombres de hombres y nombres de mujeres; la cuestión de las cárceles de hombres y las cárceles de mujeres; los agravantes acerca del femicidio, asunto sobre el que estamos trabajando; la cuestión del cupo femenino para las cámaras de Diputados y de Senadores. O sea, hay un montón de consecuencias que se deberán tener en cuenta al dar este paso que estaríamos efectuando hoy, porque están unidas en una lógica sistémica de la legislación, que tiene que ver con prácticamente la regulación completa de la vida en sociedad (Sen. Cabanchik, 9/5/2012).

Por su parte, la senadora Di Perna consideraba que autorizar la emisión de una nueva partida de nacimiento consignando un sexo distinto al asignado al nacer representaba la adulteración de un documento público. En su argumento, la partida de nacimiento, en tanto que documento médico-jurídico, articulaba dos matrices de regulación de los cuerpos que se verían desafiadas con la aprobación de la Ley de Identidad de Género:

Este proyecto propone la adulteración de un documento público, como es la partida de nacimiento. Sabemos que este no es el único documento que acredita el sexo y la identidad en un recién nacido. También lo hacen la historia clínica perinatal, la planilla identificatoria del recién nacido, la libreta sanitaria y los libros de parto que se llevan en maternidades y hospitales. Los datos de estos registros los aportan profesionales que tienen también una responsabilidad penal ante los mismos, y deben ser coincidentes con los datos de la partida de nacimiento (Sen. Di Perna, 9/5/2012).

A fin de debatir con las posturas contrarias al contenido de la legislación en debate, los/as participantes favorables al dictamen se vieron obligados a realizar una definición conceptual de identidad que sustentaría la noción de derecho humano a la identidad de género. El diputado Tunessi lo expresó del siguiente modo:

La identidad estática está conformada por el genoma humano, las huellas digitales, los signos distintivos; la identidad dinámica se refiere a los despliegues temporales influidos por la personalidad, construidos a partir de los atributos y características de cada persona, desde los éticos, religiosos y culturales, hasta los ideológicos, políticos y profesionales (Dip. Tunessi, 30/11/2011).

Adscribiendo también a la diferenciación conceptual entre los aspectos estáticos y los dinámicos de la identidad, la senadora Di Perna afirmaba:

Es posible modificar los caracteres sexuales secundarios. Es posible inhibir la función de los órganos sexuales primarios mediante tratamientos hormonales. Pero no se puede alterar el genotipo de sexo de un individuo presente desde la concepción, en el núcleo de cada célula del organismo (Sen. Di Perna, 9/5/2012).

Ingresó en un terreno de disputa la definición del aspecto de la identidad que debía primar legalmente. En ambas Cámaras la mayoría sopesó la autonomía, la autodeterminación y la protección de la intimidad por encima de los aspectos estáticos de la identidad. También se señaló la importancia de construir un Estado que limite su potestad para juzgar o evaluar las decisiones de las personas, sus cuerpos y sus vidas. Estas ideas fueron condensadas bajo el concepto del “derecho a ser uno mismo”. Para el senador Petcoff Naidenoff[32]:

Esta decisión de construir la autobiografía pertenece a ese ámbito personalísimo en el marco de la libertad y del derecho a la intimidad, que es absolutamente infranqueable tanto para terceros como para el Estado mismo y que está amparado tanto por el artículo 19º de nuestra Constitución Nacional como por los tratados con jerarquía constitucional. A partir de esta decisión, en el marco del estado de derecho ya no son pertinentes las intromisiones a la libertad y a la privacidad, pues esta ley se suma a garantizar la oportunidad de vivir y ejercer el derecho a ser uno mismo. Es decir que reafirmamos el derecho a ser uno mismo (Sen. Petcoff Naidenoff, 9/5/2012).

Pero para otros/as legisladores/as, debía ponderarse el aspecto estático e inmodificable dictado por ley natural o por ley divina, en especial en lo que refiere a la sexualidad de las personas. Según el diputado Olmedo[33]:

Dios creó la naturaleza y también al hombre y a la mujer (…) desde mi punto de vista no podemos ir en contra de la naturaleza. No me cabe en la cabeza que de acuerdo con esta propuesta cuando un niño tenga tres o cuatro años el padre le pueda preguntar a su hijo si quiere ser varón o mujer, si se quiere vestir de una u otra forma o si se quiere seguir llamando Pedro o de otra manera (Dip. Olmedo, 30/11/2011).

Para el diputado De Marchi[34]:

Es hipócritamente discriminatorio alentar el ocultamiento de la realidad. Entonces lo primero es reconocer con claridad, sin prejuicios y sin ambigüedades, que existe una realidad que debe ser amparada. Pero el amparo no viene de la mano de igualar géneros, que son naturalmente y mucho más allá de nuestra voluntad, desiguales. Como decíamos recién, eso no es igualar sino profundizar la desigualdad (…) No es con demagogia como se es vanguardista. No es serio alentar la ilusión de que por el mágico imperio de una ley dos géneros opuestos se igualen (De Marchi, 30/11/2011).

Las afirmaciones contrarias al dictamen de mayoría consideraban que modificar las leyes inapelables de la naturaleza por medio de leyes mundanas constituía un mensaje falso e hipócrita a la sociedad, diseñado con fines demagógicos por parte de la mayoría parlamentaria para obtener el apoyo de aquellos sectores de la población más progresista. Sostenían que ello redundaría en un perjuicio para las personas implicadas ya que instituiría con la fuerza de ley una ficción o una fantasía: para estos/as legisladores/as los cuerpos y los sexos son lo que son, más allá de la voluntad de las personas, la legislación o las tecnologías biomédicas disponibles. En resumen, en el debate quedaron representadas tanto las posiciones no esencialistas como las biologicistas respecto al sexo y la identidad, aunque estas últimas hayan tenido una presencia minoritaria en el debate.

Los ejes del disenso I: cuerpos menores, sujetos de riesgo

Incluso entre los/as legisladores/as favorables a la sanción de la Ley en general, dos artículos generaron discrepancias: el artículo 5º referido a los cambios registrales en menores de edad y el 11º sobre la legalización y cobertura de los tratamientos de construcción corporal. Las controversias llevaron a realizar una votación en particular de dichos artículos en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, el voto por la positiva se redujo: de 168 (85.5%) votos afirmativos en la votación general se pasó a 121 (71.2%) por el 11º y 117 (65.7%) por el artículo 5º. En la Cámara de Senadores, por su parte, en la votación en general se registró solo una abstención, mientras que en la votación en particular de ambos artículos se pasó a tres.

En lo que atañe al primero de los artículos controvertidos, para algunos/as legisladores/as existía la posibilidad de que la decisión del cambio registral fuera resultado de la acción de personas adultas con la intención de provocarles daño a los/as menores, o bien, que se tratase de una decisión apresurada, ya que por ser menores podrían no tener el desarrollo racional y madurativo necesario para una decisión de tal magnitud. Nuevamente ingresaba en terreno de debate la definición de la capacidad o incapacidad de las personas menores de edad para decidir sobre sus cuerpos. Así lo expresaba un diputado:

Me parece que con la intención de favorecer algo que es indiscutido, como es el derecho a la autodeterminación, estamos yendo en contra de la protección de los derechos de esos menores. (…) Si lo que se dice es que se necesita el consentimiento de los padres, ese es un pésimo argumento. Todos saben –y más que nadie lo sabe el LGBT- que la mayor violencia física y psicológica se ejerce en el interior de las familias (Dip. Iglesias, 30/11/2011[35]).

A fin de prevenir esas situaciones, proponían incorporar al dictamen el requisito de la intervención del poder judicial. En este caso, recaía sobre la familia una sospecha en lo que refiere a la capacidad de velar por los intereses y el cuidado de los/as menores. Siguiendo a algunos/as legisladores/as, dicho riesgo sería paliado únicamente con la intervención de los/as jueces/zas, de los/as cuales se daba por sentada su idoneidad y capacidad de proteger dichos intereses. Sin embargo, la intervención del poder judicial en asuntos de identidad iba en contra de la definición del derecho a la identidad de género sostenida por las organizaciones y plasmada en el dictamen de mayoría: que nadie excepto las propias personas –incluidas las menores de edad- tiene la potestad decidir sobre su cuerpo y su identidad.

En lo que refiere al artículo 11º, se expusieron dos tipos de objeciones. En una primera instancia, se debatió el carácter de los tratamientos, su reversibilidad o irreversibilidad, los riesgos de su realización y los requisitos que debían ser incorporados al texto de la Ley para minimizarlos. Luego, se discutieron los criterios y fundamentos para su cobertura por parte del subsistema público de salud, las obras sociales y los planes de medicina prepagos.

En lo que respecta al carácter de los tratamientos médicos, el diputado Ferrari[36] afirmó que por tratarse de una decisión trascendental para la vida de las personas, debía diseñarse algún tipo de protocolo específico para asegurarse que esas intervenciones se condigan con las verdaderas necesidades de las personas:

Evidentemente el cambio de sexo implica una decisión trascendental de cada persona, sobre todo cuando importa tratamientos quirúrgicos irreversibles. Por lo tanto, ella debe darse en un marco que asegure que sea la más adecuada para cumplir con el fin último del interesado y el fin último de la norma, es decir, su pleno y sano desarrollo social, psicofísico y sexual (Dip. Ferrari, 30/11/2011).

La diputada Rodríguez[37] debatió la idea de “decisión trascendental”, afirmando que se trataba de procedimientos –tanto los reversibles como los irreversibles- dispensados rutinariamente por los/as profesionales de salud a personas cisgénero, sin necesidad de cumplir con ningún requisito legal o certificación de diagnóstico clínico. Sobre los tratamientos reversibles (principalmente hormonales) afirmaba:

Cualquiera de las mujeres aquí presentes sabe, sobre todo las de nuestra generación, que las pastillas anticonceptivas no son ni más ni menos que un tratamiento hormonal, y nos las prescribían cuando éramos bastante chicas. Ahora las provee cualquier hospital o establecimiento de salud que cuente con atención ginecológica juvenil (Dip. Rodríguez, 30/11/2011).

Y sobre los irreversibles, generalmente quirúrgicos:

Existen otro tipo de intervenciones que luego no se pueden modificar, que igualmente se realizan sin exigirse ningún tipo de autorización. Incluso, hay intervenciones quirúrgicas en menores de edad que tampoco requieren autorización judicial. Por ejemplo, cuando un bebé nace con seis dedos se lo interviene quirúrgicamente para separar el dedito o para cortar el metacarpo. (…) Cuando las gónadas no bajaron a los escrotos, también se hace una operación de rutina que tampoco requiere de autorización judicial (Dip. Rodríguez, 30/11/2011).

Los argumentos de la diputada Rodríguez, de larga trayectoria feminista, buscaban visibilizar que estos tratamientos, al ser solicitados por personas trans, generaban una preocupación de índole moral antes que médica. La diputada también destacaba que, para el caso de los tratamientos hormonales, se trataba de intervenciones probablemente experimentadas por muchas de las participantes del debate en algún momento de sus vidas, discutiendo con la idea de que se trataba de prácticas excepcionales.

Complementando esa postura, el diputado Tunessi sostenía que el requisito de la autorización judicial para acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas modificaba la esencia de la propuesta en debate, centrada en las condiciones para el ejercicio de la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo. A su vez, exponía que no habría riesgo ni daño posible en la medida en que fueran decisiones voluntarias tomadas por las propias personas:

Se parte de la idea equivocada de que detrás de la rectificación registral y cambio de sexo puede existir un daño. ¡No hay un daño! ¡No hay mutilación! ¡No existe intervención que pueda ser dañina para las personas! Se trata de una decisión de la propia voluntad, que debe ser respetada como tal (Dip. Tunessi, 30/11/2011).

Tanto los argumentos a favor como en contra del acceso a los tratamientos médicos sin requerimientos diagnósticos simplificaban el tema en debate. Dicha simplificación obedecía a una modalidad característica de la discusión parlamentaria, compuesta por intervenciones acotadas que sintetizan las opiniones de sus participantes. La afirmación tajante del diputado Tunessi de que ninguna de las intervenciones tendría por qué provocar un daño puede ser complejizada, sin por ello apelar a la idea de mutilación. La realización de procedimientos médicos irreversibles que intervienen sobre aquellos aspectos de la corporalidad asociados a la expresión de género de las personas despliega un amplio abanico de alternativas posibles en los que la mutilación y la plena autonomía conforman solo dos polos. La idea de que pueda existir plena conciencia y autonomía respecto a la realización de tratamientos médicos que, como toda intervención médica, posee grados de incertidumbre respecto a sus resultados y consecuencias para la salud física o emocional, concibe a la autonomía de decisión como una experiencia dada, pura e incuestionable. Al mismo tiempo, imprime sobre el campo médico una ficción de control pleno sobre los efectos de sus técnicas e intervenciones. Pero proponer, en cambio, que esas decisiones sean evaluadas por un agente externo para velar por la salud e integridad de las personas, coloca a menores y personas trans en un nivel de autonomía diferencial y menguada respecto del resto de las personas que cotidianamente toman decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.

La tensión entre la imposición y la plena elección forma parte de las paradojas de las “políticas del reconocimiento”. Wendy Brown (2000, 2003) analizó dichas paradojas y afirmó que se sustentan en los mecanismos regulatorios del derecho y la identidad. En la medida en que los derechos tengan por objeto proteger o amparar una identidad subordinada particular, deben afirmar el carácter definido, fijo y estable de esa categoría identitaria. Es decir que, para protegerla de los mecanismos que la constituyen como vulnerable, deben definirla previamente como tal. Al mismo tiempo, se sustentan en una noción de identidad soberana. Como afirma Leticia Sabsay (2011), se basan en una idea de sujeto que debe ser “capaz de realizar demandas de derechos sobre la base del establecimiento de fronteras que estabilizan su identidad” (2011: 78). Es un sujeto que para devenir sujeto de derecho precisa ser autónomo, autoconsciente y autocentrado con una identidad estable. Estas concepciones dejan de lado el hecho de que no es posible pensar un sujeto que tome sus decisiones escindido de los marcos históricos de relaciones de poder-saber que lo producen como tal.

Acorde al clima de época cultural en general, y parlamentario en particular, se priorizó una noción abstracta de autonomía por sobre las características inherentes a toda intervención médica. La medicina puede, en el mejor de los casos, garantizar procedimientos, no así resultados. La discusión acerca de los tratamientos médicos adquirió nuevas aristas al momento de debatir su cobertura por parte del sistema público de salud. Allí, los argumentos de los riesgos para la salud física y mental fueron reemplazados por los de la razón financiera.

Los ejes del disenso II: economías morales y financieras

El artículo Nº 11 del dictamen de mayoría no solamente eliminaba requisitos diagnósticos y judiciales para el acceso a los tratamientos médicos, sino que también establecía su cobertura por parte del sistema de salud público, obras sociales y planes de medicina prepagos. Algunos/as de los/as participantes del debate se opusieron a aprobar dicha cobertura. Argumentaron que existían asuntos más urgentes en materia de salud en los cuales era menester destinar el dinero del Estado o de las obras sociales y que su incorporación en los planes prepagos aumentaría la tarifa para el conjunto de sus usuarios/as. El diputado Obiglio[38] consideraba que “en la Argentina hay otros temas prioritarios para ser cubiertos con fondos públicos o por las obras sociales; hay ciertas patologías concretas que deberían ser cubiertas y que en este momento no lo son. En continuidad con dichas concepciones, la senadora Di Perna consideró que, de aprobarse, la Ley daría tratamiento a un asunto extraordinario y marginal, utilizando para ello unos fondos públicos limitados: “No debiera ser posible obligar al sistema a brindar prestaciones extras con iguales recursos”. La discusión en torno a las fronteras de intervención legítima del propio cuerpo fue traducido al lenguaje de la asignación racional de recursos del Estado. Posiciones intermedias consideraron que dicho financiamiento debía otorgarse, pero no de modo universal e irrestricto. Así, el diputado Ferrari afirmaba:

Con respecto al artículo 11, por el cual se garantizan tratamientos hormonales y quirúrgicos gratuitos, la inteligencia que me inspira es la misma, es decir, no negarse a esa prestación sino tratar de que efectivamente haya una adecuación para que no ocurra en cualquier caso. Digo esto porque se propone incluir en el sistema de salud la posibilidad de asegurar prestaciones, que en mi opinión tendrían que estar delimitadas (…) trataremos de que no se dé un abanico de posibilidades de tratamientos estéticos o de cualquier otro tipo, sino que se determine con precisión cuáles son los tratamientos de los que el Estado se tiene que hacer cargo, porque obviamente no puede ser cualquiera (Dip. Ferrari, 30/11/2011).

Para el diputado Ferrari era necesario “actuar con prudencia” frente a los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas para que estas no se realicen siempre que sean solicitadas. Demandó una diferenciación entre las necesidades profundas y aquellas entendidas como estéticas. Proponía “que se establezca la previa evaluación médica, clínica y psicológica para acceder a tratamientos médicos en servicios públicos, prepagos u obras sociales” (Dip. Ferrari). Desde esta perspectiva, la evaluación médico-judicial que regía hasta ese momento permitía poner en práctica una racionalidad no solo sanitaria sino también financiera. Sin embargo, dejaba en manos del campo médico y judicial los criterios para diferenciar intervenciones estéticas (por ende, entendidas como superficiales y prescindibles) de aquellas médicamente necesarias, reduciendo la autonomía de decisión de las personas en torno a su cuerpo y su identidad.

Para la senadora Di Perna el requisito para que una prestación fuera cubierta por el sistema de salud era que estuviera indicada para el tratamiento o prevención de una enfermedad: “Se dice que las personas que padecen este conflicto entre sexo y percepción de género no son enfermos, pero sin embargo se cargan sobre el sistema sanitario tratamientos quirúrgicos y hormonales con los mismos recursos”. Desde su perspectiva, era contradictorio que el sistema de salud cubriera prestaciones que no tuvieran por objetivo la intervención frente a una enfermedad potencial o preexistente. Se puso de manifiesto que la despatologización poseía puntos problemáticos a ser sorteados cuando se demandaba la cobertura de tratamientos médicos por fuera de los propios protocolos del campo médico (Cabral en Página/12, 17/10/2014; Butler, 2006a). El desafío era instalar la idea de que la realización de tratamientos médicos de construcción corporal constituía un modo “biotecnológicamente mediado de expresión de sí” (Cabral en Página/12, 17/10/2014) y no la respuesta clínica a una enfermedad ni el capricho por acceder a intervenciones estéticas haciendo uso de fondos públicos o colectivos. Es decir, entenderlo como un derecho, no como un privilegio, y como tal, poner a disposición los fondos públicos necesarios.

Un diputado afín al dictamen de mayoría retomó los conceptos desarrollados por referentes activistas en las reuniones de comisión y argumentó la importancia del cuerpo en la construcción de la identidad. Afirmó que el acceso y la gratuidad para construir esa corporalidad era un factor imprescindible para revertir la desigualdad y la inequidad entre las personas por motivos de identidad de género:

No sería operativo reconocerles a las personas un derecho si no tenemos en cuenta también la autonomía de la voluntad en el manejo de su propio cuerpo (…) La gente tiene derecho a adecuar su cuerpo a la identidad que esa persona percibe o cree percibir. No hay derecho si no existe el mismo reconocimiento en las obras sociales. Si no existe reconocimiento en estas últimas, no hay acceso igualitario al derecho que tienen las personas. Entonces, toda prestación está contemplada, porque queda incluida en el Plan Médico Obligatorio para hacer verdaderamente efectivo este derecho (Dip. Tunessi, 30/11/2011).

La doble inscripción del cuerpo en la esfera de lo natural y de lo social y cultural -y el modo en que las técnicas médicas de construcción corporal trazan un puente entre ambas dimensiones- se hizo explicito en esta intervención. La senadora Escudero[39], por su parte, retomó los argumentos financieros pero destacó su bajo impacto en comparación con los grandes beneficios para la inclusión social que la aprobación de su cobertura podría traer:

Si las cifras nos muestran que el 95 por ciento de estas personas están fuera del acceso de los derechos, me parece que lo menos que podemos conceder es este derecho. Y digo esto, porque en términos económicos el impacto es ínfimo, pero en términos de acceso a los derechos, el impacto es enorme (Sen. Escudero, 9/5/2012).

Los argumentos del costo-beneficio en un sentido económico fueron esgrimidos sin recurrir a datos certeros sobre cuántas personas trans efectivamente demandaban estos tratamientos y cuál sería el costo de los mismos. Ello permite arriesgar que las críticas al artículo en cuestión apelaron a argumentos financieros para solapar las consideraciones morales en torno a las posibilidades de transformación corporal de las personas trans.

En definitiva, en el debate se tensionaron dos tipos discursos. Por un lado, el discurso de la inclusión ciudadana por medio de la ampliación de derechos, por otro, el de la necesidad de velar por la racionalidad financiera del Estado. En lo que refiere al carácter simbólico de la Ley, pocos miembros del Congreso Nacional establecieron objeciones, pero cuando fue momento de discutir el financiamiento público de ese derecho, muchas voces salieron al cruce. Como afirman Holmes y Sunstein (2011), todos los derechos precisan del financiamiento público para ser efectivos, de lo contrario constituyen meras declaraciones de principios. Es decir, tienen impacto concreto en la vida de las personas únicamente en la medida en la que haya fondos públicos que los sostengan. En tanto que derechos a ser ejercidos, tanto el cambio registral como el acceso a prestaciones sanitarias requerían del financiamiento público, aunque en diferente medida.

La Ley finalmente aprobada estableció que las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales orientados a construir una imagen corporal conforme a la propia identidad de género fueran cubiertos por los efectores de los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales) sin necesidad de acreditar autorización judicial o administrativa. El texto legal no definía ni el monto ni el origen de esos fondos. Dichos aspectos serían fijados posteriormente en su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Tras la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género comenzó una nueva etapa signada por la demanda aprobación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que reglamentara el artículo 11º. Dicho artículo fue reglamentado en 2015, tres años después de la sanción de la Ley.

En el capítulo que sigue, abordaré las tensiones entre el activismo y el campo médico desarrollados a partir de la sanción de la Ley en torno al ejercicio de la autonomía de decisión al interior de los consultorios y la puesta en práctica de la perspectiva de la despatologización por parte de los/as profesionales de la salud.

Recapitulación y conclusiones

En este capítulo analicé el proceso de ingreso de la demanda de una Ley de Identidad de Género despatologizante y desjudicializante en el Congreso Nacional entre los años 2011 y 2012.

Abordé las reglas de producción discursiva del escenario parlamentario e inscribí el debate de los Proyectos de Ley de Identidad de Género en una trayectoria previa de ingreso de las demandas de los colectivos gay-lésbicos en el parlamento nacional a partir de la última reapertura democrática. Afirmé que la Ley de Matrimonio Igualitario fue la ventana de oportunidades que propició el debate parlamentario de la Ley de Identidad de Género. No obstante, el mismo fue resultado de las estrategias y acciones llevadas adelante por el activismo trans.

Expuse los argumentos que circularon durante el tratamiento parlamentario de la Ley y analicé los sentidos en disputa en torno a la legalización y cobertura de las intervenciones médicas de construcción corporal trans. El debate giró alrededor de dos ejes, en primer lugar, la regulación de los procedimientos para el cambio de nombre y sexo legal en los registros identificatorios oficiales, y en segundo, la definición de los criterios de acceso y financiamiento de los tratamientos médicos de construcción corporal.

Se trató de un debate con un alto nivel de consenso en torno a la importancia de la aprobación de la legislación. Sin embargo, se señalaron los “efectos colaterales” que podría tener la Ley una vez aprobada. Dichos señalamientos afirmaban el modo en que las categorías de varón y mujer eran centrales tanto para el orden jurídico como para el médico. A su vez, a lo largo del debate quedaron representadas tanto las posiciones no esencialistas como las biologicistas en torno al sexo y la identidad, aunque que estas últimas hayan tenido una presencia minoritaria.

Dos artículos generaron discrepancias incluso entre legisladores/as que eran favorables a la sanción de la Ley. Estos fueron el artículo 5º “Personas menores de edad” y el 11º “Derecho al libre desarrollo personal”. La inclusión del artículo sobre la cobertura de los tratamientos médicos de construcción corporal abrió un debate sobre los criterios de acceso y cobertura pública de los mismos. Para algunos/as legisladores/as, era necesario actuar con prudencia frente a los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas, dado el carácter irreversible de estas últimas y porque se utilizarían los recursos financieros del Estado para cubrirlas en el sistema público de salud.

La Ley finalmente aprobada dispuso que las intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad de género fueran cubiertos por los efectores de los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales) sin necesidad de acreditar autorización judicial o administrativa. Tras la sanción de la Ley se abrió el interrogante sobre las condiciones necesarias para que la despatologización se haga efectiva al interior de los servicios de salud. A su vez, comenzó un una nueva etapa para las organizaciones trans signada por la demanda de aprobación del decreto de reglamentación del artículo 11º por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En el capítulo que sigue abordaré las emergentes tensiones entre el activismo y el campo médico a partir de la sanción de la Ley.


  1. Partes de este capítulo fueron publicadas en Farji Neer (2014, 2015, 2016a).
  2. Expediente 2949-D-1995 “Régimen para la adecuación física y cambio de identidad civil para los casos de intersexualidad y transexualidad”.
  3. Expediente 2249-D-2001 “Derechos personales a la rectificación sexual para transexuales, hermafroditas o seudohermafroditas”.
  4. Expediente 1877-D-2002 “Régimen de derechos personales a la rectificación sexual registral”.
  5. Expediente 1622-S-97 “Proyecto de ley sobre despenalización de la cirugía transexual”.
  6. Expediente 5954-D-2003 “Cambio de nombre y adecuación sexual en caso de cambio de sexo o discordancia con identidad o expresión de género”.
  7. Expediente 5259-D-2007 “Identidad de género”.
  8. Expediente 1736-D-2009 “Identidad de género”.
  9. Expediente 1879-D-2011 “Identidad de género”.
  10. Expediente 7243-D-2010 “Derecho a la identidad de género. Régimen. Modificación de las leyes 17671, 18248 y 26413”.
  11. Expediente 7644-D-2010 “Ley de reconocimiento y respeto a la identidad de género”.
  12. Expediente 7643-D-2010 “Régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo”.
  13. Expediente 8126-D-2010 “Identidad de género. Régimen para su reconocimiento y respeto. Derogación de la ley 17.132. Modificación de la ley 18.248”.
  14. Frase acuñada por Alba Rueda, 18/8/2011.
  15. Expedientes 7643-D-2010, 7644-D-2010, 7243-D-2010, 8126-D-2010, 1879-D-2011.
  16. Orden del día Nº 2913. Comisiones de Legislación General y Justicia con fecha 22 de noviembre de 2011.
  17. Expediente CD-75-11-PL “Proyecto de Ley en revisión de derecho a la identidad de género”.
  18. Acorde a lo dispuesto en la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
  19. A lo largo de este capítulo, al mencionar a los/as legisladores/as nacionales se especificará los bloques parlamentarios que integraban al momento de debatir los proyectos analizados.
  20. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2011/129OE07_04_R10.pdf .
  21. Ley N° 26.862/13 de Reproducción Medicamente Asistida.
  22. Ley 26.742/2012 de modificación de la Ley N° 26.529 que estableció los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud.
  23. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/09-05-2012/05/downloadTac
  24. Graciela Di Perna, senadora del Frente por la Integración por la Provincia de Chubut.
  25. Vilma Ibarra, diputada del Frente para la Victoria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  26. Laura Alonso, diputada de la Alianza PRO-Propuesta Republicana por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  27. Miguel Ángel Barrios, diputado de la Concertación Cívica por la Provincia de Santa Fe.
  28. Juan Pedro Tunessi, diputado de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Buenos Aires.
  29. Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini, senadora del Frente Cívico por Santiago por la Provincia de Santiago del Estero.
  30. Mirtha Luna, senadora del Frente para la Victoria por la Provincia de La Rioja.
  31. Samuel Cabanchik, senador de la Alianza Coalición Cívica por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  32. Luis Petcoff Naidenoff, senador de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Formosa.
  33. Alfredo Horacio Olmedo, diputado de la Alianza Salta Somos Todos por la Provincia de Salta.
  34. Omar De Marchi, diputado de la Alianza Frente Partido Demócrata – PRO por la Provincia de Mendoza.
  35. Fernando Adolfo Iglesias, diputado de la Coalición Cívica por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  36. Gustavo Alfredo Horario Ferrari, diputado de la Alianza Unión PRO por la Provincia de Buenos Aires.
  37. Marcela Virginia Rodríguez, diputada de la Alianza Acuerdo Cívico y Social por la Provincia de Buenos Aires.
  38. Julián Martín Obiglio, diputado de la Alianza PRO-Propuesta Republicana por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  39. Sonia Margarita Escudero, senadora de la Alianza Partido Justicialista – Frente Justicialista para la Victoria por la Provincia de Salta.


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