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1 El movimiento obrero en Mendoza[1]

Implosión, dispersión e intentos de reorganización (1918-1929)

Rodolfo Richard-Jorba

En 1919 un grave conflicto gremial enfrentó al gobierno de José Néstor Lencinas con los docentes. Agrupados en “Maestros Unidos” (en adelante MU) desde el 26 de abril de ese año, se afiliaron de inmediato a la Federación Obrera Provincial (en adelante FOP) –incorporada, a su vez, a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA IX Congreso)–, integrada por socialistas, anarquistas y sindicalistas, con el predominio de éstos (Richard-Jorba, 2010). Por primera vez, se incorporaban trabajadores de estratos medios al movimiento obrero organizado.

Lencinas era poco afecto a las negociaciones con los gremios y prefería el contacto directo con las masas (Lacoste, 1994) –actitud clásica de los líderes populistas– y los golpes de efecto. Ya había dado prueba de ello cuando intervino la empresa concesionaria del servicio eléctrico y de tranvías, de capital extranjero, para beneficiar a sus obreros en conflicto, aunque la solución final le fuera birlada el 17 de febrero de 1919 por la primera intervención federal a su gobierno[2].

En relación con los docentes, inicialmente la intervención no desplazó al director general de escuelas Enrique Julio, por lo que el conflicto continuó escalando. Aunque luego la intervención federal negoció con MU y desplazó al funcionario, cuando reasumió Lencinas como gobernador, el 26 de julio de 1919, lo repuso, desoyendo los reclamos del magisterio, la FOP y una significativa franja de la sociedad civil, incluso el diario Los Andes único medio no partidario[3]. Frente a los reclamos económicos, Julio promovió un gremio oficialista, la Unión Mendocina de Maestros (en adelante UMM), creado también a fines de abril, lo que implicó una primera división en el magisterio.

Los maestros de MU volvieron a la lucha con diversos paros entre julio y octubre, acompañados por la FOP[4] con dos huelgas generales. El conflicto fue encarado por el gobierno de Lencinas como una guerra, sin concesiones, contra un enemigo a destruir, acusado de promover la revolución social. Se trataba de “defender la Patria y la enseña azul y blanca” contra “el trapo colorado” y los “maximalistas”. El enfrentamiento alcanzó repercusión nacional (Richard-Jorba, 2013, pp. 11-56).

De las huelgas generales, la de agosto (8 días) resultó exitosa, pero la iniciada el 30 de setiembre registró actos violentos (una muerte, un herido grave, sabotajes al servicio de distribución eléctrica, enfrentamientos entre obreros y policías y numerosas detenciones). Diversos gremios cuestionaron las actuaciones de la FOP y, sobre todo, de un delegado enviado por la FORA, Bartolomé Senra Pacheco, quien tuvo posiciones muy cercanas a Lencinas y fue acusado de ser agente gubernamental. El gobierno, además de sostener a la UMM, intentó dividir más al movimiento obrero, acusando a la FOP de participar en un presunto complot organizado por los conservadores para derrocar al lencinismo. Los trabajadores fueron derrotados y sometidos a dura represión, con “deportaciones” de dirigentes obreros, abandonados a su suerte en el desierto mendocino. En cuanto al movimiento obrero, la disputa interna se centró en el cuestionamiento a los dirigentes de ideología sindicalista por parte de los socialistas. También había un claro desgaste de la FOP, además de las diferencias internas, por el recurrente empleo de la huelga general en ese conflictivo 1919, que había arrancado en enero con los tranviarios y seguido con los toneleros, telefónicos y contratistas de viña (Richard-Jorba, 2013a, 2013b, pp. 5-36). Conflictividad que se enmarcaba en un contexto amplio, nacional, signado en buena medida por la Semana Trágica en Buenos Aires.

El año concluyó con la derrota de los maestros y una implosión de la FOP[5]. Muchos gremios se desafiliaron o se disolvieron y la federación quedó muy reducida. Desde entonces, un movimiento obrero desorganizado, gremios desaparecidos[6], otros que surgirían junto con intentos de federarse nuevamente, marcarían el resto de la década lencinista. Esta desarticulación fue aprovechada por el lencinismo para incorporar a su creación, el Departamento Provincial del Trabajo (en adelante DPT) (Richard-Jorba, 2016, pp. 67-96), como actor clave en las relaciones obrero-patronales y, durante el gobierno de Alejandro Orfila (1926-1928), emplearlo en el diseño y aplicación de las políticas sociales de este movimiento político (Richard-Jorba, 2017, pp. 43-83).

No hemos podido encontrar fuentes que ayuden a una reconstrucción amplia de la trayectoria del movimiento obrero, por lo que apelamos fundamentalmente a la prensa no partidaria y a informes gubernamentales para acercarnos a una realidad que aparece muy fragmentaria, aunque en un período caracterizado por una relativa (o aparente) baja conflictividad, más probable por la deficiente o nula organización de los trabajadores que por mejoras objetivas en sus condiciones de vida. Nuestro análisis recorrerá los gobiernos lencinistas y, en menor medida, las intervenciones federales. Nos interesa también aproximarnos a las relaciones entre los tres grandes actores: Estado, patronales y movimiento obrero en el período. El contexto nacional muestra que la problemática de la organización de los trabajadores no constituía una singularidad. En efecto, la FORA 9º Congreso tuvo una gran expansión entre 1915 y 1918, período en el cual pasó de agrupar 51 gremios a 350, con más de 400.000 afiliados, de los cuales un 4% estaba en Mendoza (Godio, 2000, p. 265). La ideología sindicalista era dominante; lo mismo ocurría en Mendoza, como ya fuera expresado. Las dos FORA (5º –anarquista– y 9º Congreso –sindicalista–) tenían serios problemas internos, disensos, divisiones, etc. En el congreso realizado por la FORA 9º, del 29 de enero al 5 de febrero de 1921 en Buenos Aires, hubo

[…] una dura confrontación entre los sindicalistas y los socialistas; mientras que los primeros buscaban consolidar su hegemonía para acentuar su línea de negociación con el gobierno radical, los socialistas se planteaban una FORA enfrentada al gobierno radical, en correspondencia con la línea partidaria de oposición frontal (Godio, 2000, p. 286).

Este enfrentamiento de ambas tendencias se manifestaba también en Mendoza desde tiempo atrás[7], aunque el socialismo, minoritario en la FOP, acompañaba disciplinadamente las diversas acciones gremiales. En este marco, se explica que cuando la FOP hizo implosión luego de las huelgas docentes, el dirigente gráfico Bartolomé Senra Pacheco, sindicalista y subsecretario de la FORA, fuera acusado de connivencia con el gobierno radical de Lencinas.

En 1921, afirma Godio, el movimiento obrero argentino estaba organizado en dos FORA, la “comunista” y la 9º congreso, y en gremios autónomos. “Pero el movimiento está escindido políticamente en cuatro grandes corrientes: sindicalistas, anarcosindicalistas, socialistas y comunistas” (Godio, 2000, p. 289). En Mendoza, los núcleos mayoritarios eran sindicalistas (y, tal vez, anarcosindicalistas) y, en menor medida, socialistas.

Finalmente, en marzo de 1922, un denominado Congreso de Unidad, reunió organizaciones de las FORA 9º y Comunista, así como gremios autónomos. Del mismo surgió la Unión Sindical Argentina (en adelante USA), que no lograría revertir la decadencia. Así, de la antigua FORA 9º, mayoritaria en 1920 –dice Godio–, con unos 100.000 afiliados (un 25% de los que tenía en 1918), llegaba como USA, en 1926, a sólo 15.000 adherentes y 10.400 un año más tarde. “Entre 1923 y 1927 se separan de la USA 117 sindicatos” (Godio, 2000, p. 312). Una huelga general contra la ley de jubilaciones 11.289, sobre la que volveremos, parece haber sido casi determinante para que la USA fuera cuestionada por el socialismo y los gremios afines, que se desafiliaron de la central, cuestionando su antiestatismo y la no aceptación de reformas legales favorables a los trabajadores. En 1925 estos gremios exigieron la aplicación de aquella ley (Godio, 2000, p. 322).

Los anarquistas celebraron la creación de la USA porque con ella recuperaban el uso del nombre FORA. En su noveno congreso ordinario (marzo/abril de 1923), los delegados abolieron el agregado comunista y cualquier atributo al nombre, que quedó sólo como FORA (Abad de Santillán, 2005, pp. 270-271).

Los esfuerzos de reconstrucción

Si bien una ley clave de José N. Lencinas fue la 732 (diciembre de 1918), de salario mínimo y jornada laboral de 8 horas, su no reglamentación impidió su aplicación a los trabajadores privados. Por una parte, el gobierno de Carlos Washington Lencinas (1922-1924) evitó reglamentarla para eludir, así, su confrontación con los poderosos bodegueros, con quienes mantuvo un gran conflicto por su política económica intervencionista (Richard-Jorba, 2015, pp. 129-154). Por otra parte, y sobre todo, por la extrema fragmentación del movimiento obrero, ya mencionada.

Dentro de este contexto, la FOP mostraba su debilidad al convocar a una huelga general, en setiembre de 1923, que fue acatada por un escaso número de gremios adheridos a la entidad: Fideeros, Cocheros, Panaderos, Metalúrgicos y Carpinteros. Otros dos (Gráficos y Tranviarios), harían asambleas para determinar si participaban de la medida (Los Andes, Mendoza, 4 de setiembre de 1923 –en adelante LA–)[8]. Es decir que, dentro de la menguada federación, se planteaban posiciones de cierta autonomía que de hecho disminuían el posible impacto huelguístico. Por otra parte, se formaban gremios nuevos. Fue el caso del Centro Obrero Gobernador Benegas, que reunía a los trabajadores de una empresa grande, la Maltería y Cervecería de los Andes. Esta organización, muy combativa, logró importantes beneficios para sus representados durante una de las intervenciones federales (La Palabra, Mendoza, 17 de diciembre de 1925 –en adelante LP).

Aunque durante la administración de Carlos W. Lencinas la conflictividad obrera fue muy limitada, lejos de las grandes huelgas generales de 1919, cargadas de violencia ideológica, política, física inclusive, no todo fue un mar calmo. El gobernador destacaba en su primer mensaje a la asamblea legislativa que los más importantes conflictos afectaron a siete empresas, cuatro de ellas grandes bodegas, y agregaba que todos fueron resueltos satisfactoriamente para los intereses de las partes (Provincia de Mendoza, 1922, p. 31)[9]. En 1923, el mensaje no hizo alusión a ningún conflicto importante. Sólo mencionó que el DPT, “en su mediación siempre eficaz ha evitado los conflictos que se suscitan entre obreros y patrones […] dando el resultado esperado de concordia entre unos y otros […]” (Provincia de Mendoza, 1923). Esta mirada, muy optimista, se reiteró en el último mensaje: “Como dato halagador, cabe hacer constar que los conflictos obreros han disminuido [habiendo] producídose sólo dos huelgas parciales, sin mayor importancia […]” (Provincia de Mendoza, 1924).

Sin embargo, el mandatario no describió toda la realidad. Por ejemplo, en 1923 hubo una huelga importante de trabajadores molineros en dos empresas del sector en reclamo de aumentos salariales. Participaron los estibadores, peones de máquinas y carreros de la S.A. Molinos Harineros del Río de la Plata, la más importante (85 obreros), y los 25 trabajadores del molino García (LA, 13 de marzo de 1923). Otra huelga significativa fue la de los matarifes, que reclamaban mejoras en sus ingresos, y contó con la solidaridad de la FOP, que decretó una huelga general, cumplida parcialmente, como expresáramos anteriormente (LA, 14 de setiembre de 1923).

De igual manera, los gremios mendocinos adhirieron a una huelga general nacional realizada contra la aplicación de la ley nacional de jubilaciones 11.289, vigente desde el 1 de abril de 1924, que implicaba un descuento del 5% en los haberes de los trabajadores. En Mendoza el conflicto fue previo y lo iniciaron los Gráficos. Este gremio advirtió, a principios de abril, que si los diarios e imprentas aplicaban la ley estallaría el conflicto. Salvo la Imprenta Ítalo Argentina (diario La Opinión), las empresas resolvieron acatar la ley. El 12 de abril comenzó la huelga y todos los diarios dejaron de editarse. El conflicto se prolongó. El 2 de mayo se inició la huelga general a escala nacional dispuesta por la USA[10]. Relató el diario Los Andes que las casas comerciales que abrieron sus puertas

[…] se vieron obligadas a clausurar sus vidrieras y hasta cerrar los negocios casi por completo, a causa de los desmanes que empezaban a cometer contra ellas algunos elementos huelguistas. Faltó previsión y vigilancia de parte de la policía.
El sábado 3 de mayo continuó el paro, y el comercio semiclausurado. El lunes 5, la huelga general se iba extendiendo en toda la campaña, afectando al comercio, la industria y la agricultura de la provincia (LA, 18 de mayo de 1924).

Ese mismo día hubo un lock out promovido por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza en apoyo a una petición de industriales y comerciantes, dirigida al presidente Marcelo de Alvear, para que se postergara la aplicación de la ley cuestionada.

La huelga fue continuada por los trabajadores, aunque el comercio reanudó sus actividades bajo vigilancia policial y se clausuraron algunos locales obreros. Bancos y administración pública funcionaron normalmente durante todo el conflicto. Esto no llama la atención porque los empleados estatales estaban sujetos a diversas arbitrariedades, en un contexto general de precariedad del empleo, entendida como ausencia de estabilidad. Con frecuencia eran cesanteados cuando cambiaban las autoridades (Richard-Jorba, 2017); y, como en buena medida eran seguidores de jefes políticos, estaban comprometidos seguramente a evitar los conflictos, aun cuando debían soportar tratos discriminatorios como, por ejemplo, cobrar sus salarios con muchos meses de atraso o recibir pagos parciales, de los que estaban excluidos los jefes de reparticiones, amigos y parientes de los políticos lencinistas. El 7 de mayo la USA levantó la huelga a partir del día siguiente, pese a lo cual continuó el paro en Mendoza, pero ya con un notorio desgaste. Los empleados de comercio retomaron su trabajo. Lo mismo hicieron otros gremios, “recobrando la ciudad, en general y la campaña, sus actividades ordinarias” (LA, 18 y 21 de mayo de 1924).

Los tranviarios volvieron a sus labores el día 18 y sólo continuaba en huelga para esa fecha una parte del gremio gráfico del departamento Luján.

La municipalidad de Mendoza hizo importantes esfuerzos para garantizar a la población la provisión de artículos de primera necesidad, concluye la crónica de Los Andes, con lo cual cabe concluir que el paro tuvo un gran impacto en la sociedad mendocina, especialmente en la capital. No obstante, el gobernador, en su mensaje legislativo del 7 de junio, omitió mencionar el conflicto y transmitió sólo un relato de estabilidad, optimismo y ausencia de conflictos, es decir, una realidad construida a partir del ocultamiento de los hechos.

Las Letras de Tesorería, con las que el lencinismo inundó la provincia, funcionaron como cuasi moneda[11] y fueron motivo de conflictos obreros importantes, porque se devaluaban rápidamente, hasta un 40%, pero a los trabajadores se les entregaban con sus sueldos a valores nominales. El lencinismo fue muy criticado por esta situación en la prensa, a raíz de huelgas en reclamo del pago de salarios en moneda corriente, que se produjeron también durante la intervención federal al gobierno de Carlos W. Lencinas (LA, 2 de agosto de 1924 y 1 de octubre de 1924); crítica que se extendió, además, por diversos incidentes ocurridos al momento de efectivizarse los pagos salariales con letras.

Al magisterio se le adeudaban ocho meses de sueldos y, cuando percibían algún importe, era en letras devaluadas. Ese enorme atraso se prestaba a prácticas de especuladores que pagaban a los maestros sus sueldos con amplios descuentos (LA, 23 de noviembre de 1924).

Mientras, la debilidad del movimiento obrero era destacada por el diario La Palabra, órgano del lencinismo, que informaba:

La F.O.R.A. Comunista ha destacado algunos delegados por el interior de la República con el objeto de reorganizar los gremios obreros, que actualmente no dan señales de vida. [En Mendoza el delegado habló con] Los obreros metalúrgicos [que] atraviesan por un período de verdadero achatamiento, por cuya causa su situación económica es aflictiva. En todos los talleres del ramo son víctimas de la usura patronal […] Por ello, un grupo de obreros hace esfuerzos] para reorganizar el sindicato y colocarlo en condiciones de defender los intereses de sus asociados y del gremio […] (LP, 20 de enero de 1925)[12].

Vemos con esta cita cómo la FORA Comunista disputaba con la USA el poder dentro de las organizaciones gremiales; en este caso, el delegado visitante reunió trabajadores metalúrgicos con el objetivo de reorganizar el gremio e incorporarlo a su federación.

Pero no sólo el movimiento obrero padecía desorganización; también el Estado provincial, que desde comienzos del lencinismo oscilaba entre la ineficiencia de los cuadros –muy mediocres– que lo acompañaban (Rodríguez, 1979) y la de las reiteradas intervenciones federales, más preocupadas por destruir a los rebeldes seguidores de José N. y Carlos W. Lencinas que por gestionar una provincia con sus finanzas desquiciadas[13]. Y eso se reflejaba, entre otras cosas, en la rotación permanente de funcionarios y empleados, cuestión manifiestamente contraria a la eficacia de cualquier servicio o gestión estatal. En el tema que nos ocupa, el DPT de la intervención era criticado porque

Los obreros, las mujeres y los menores continúan sin defensa; nos referimos a los que no tienen sindicato de resistencia; y como en su gran mayoría los gremios están desorganizados, es claro que la clase patronal aprovecha la circunstancia para esquilmar a su antojo (LP, 3 de febrero de 1925).

Sin perjuicio de la parcialidad del diario lencinista, interesa destacar que pone en blanco sobre negro la desarticulación de los gremios y la indefensión de los trabajadores.

Luchas y derrotas. Resurgir y desaparecer

Una prueba fehaciente de la indefensión de los trabajadores de la que venimos hablando, basada en la debilidad del movimiento obrero, la da un prolongado conflicto de los tranviarios, que comenzó el 15 de abril de 1925, con un emplazamiento de la asamblea del gremio a la Empresa de Luz y Fuerza para que aprobara un pliego de condiciones que incluía aumentos salariales y otros derechos elementales para los trabajadores (LP, 3 de febrero de 1925; LA, 16 de abril de 1925)[14]. Ante la negativa patronal se declaró la huelga el día 17, incluyendo a los operadores de las usinas eléctricas, aunque fueron autorizados por el gremio a continuar con sus labores para no afectar a la población. Pese a las mediaciones gubernamentales del jefe de Policía y del DPT el conflicto se extendió varios días; transcurrió en relativa paz, sin incidentes relevantes. La empresa reiteró una vieja política y comenzó a contratar personal para reemplazar a los huelguistas. Eran 150 exempleados de Luz y Fuerza con la calificación necesaria para operar los tranvías y hacer su mantenimiento. Esa contratación tan numerosa mostraba, en paralelo, que el mercado laboral era incapaz de absorber cierto tipo de trabajadores en actividades para las cuales se requiriera una formación técnica semejante, razón por la cual constituían un conjunto mantenido por la patronal como reserva disponible para romper huelgas. Eran, muy probablemente, trabajadores que habían perdido su puesto en luchas anteriores; su reincorporación supondría no sólo volver a cobrar un salario mucho mayor sino también una reivindicación personal.

Al promediar la huelga se reunió un Comité Obrero pro Primero de Mayo, integrado por varios gremios[15], algunos de los cuales venían de tradición muy combativa (Richard-Jorba, 2019, pp. 69-98), como los Gráficos. El resto debieron ser minúsculos, como los que agrupaban trabajadores de diversas actividades de una jurisdicción departamental o distrital, así como los que representaban una rama de actividad en esas mismas circunscripciones políticas. La muy escasa fuerza de este Comité quedó expresada en la forma y el contenido de un patético comunicado dirigido a los tranviarios en huelga, ofreciéndoles ayuda. La conclusión reflejaba posiciones ideológico-políticas despojadas de pasión y de convicciones, muy distantes de las luchas obreras de la década anterior:

Me recomienda este comité que os dé una palabra de aliento en la cruzada que habéis entablado, esperando que no desmayéis en la lucha y que daréis alto ejemplo de vuestra capacidad para defender la justicia de que sois poseedores, es que os saludo augurándoos un triunfo completo (LA, 20 de abril de 1925).

Después de ocho días de huelga, crecían las cesantías entre los huelguistas y aparecían apoyos de otros gremios, muy pocos, sólo en el plano moral y con promesas de ayuda económica[16], pese a que los tranviarios reclamaban la solidaridad de los sindicatos organizados (Editorial de LA, 24 de abril de 1925). La FOP estaba inerme, desactivada o inexistente en ese momento. La huelga por tiempo indeterminado, sin apoyos concretos de otros gremios concluyó, luego de trece días, en una gran derrota de los trabajadores. Más del 50% de los huelguistas perderían sus empleos, aunque algunos serían reincorporados después de que la empresa analizara la situación (LA, 29 y 30 de abril de 1925).

La debilidad del movimiento obrero que venimos mostrando se evidenciaba en un comunicado, a dos meses de la huelga, de un “Sindicato de Oficios Varios”, dirigido a los tranviarios. La comisión directiva invitaba a los trabajadores en general

[…] para la asamblea que se realizará hoy domingo a las 15 horas, en su local provisorio […] en la que se tratarán asuntos relacionados con los trabajos que se efectúan pro velada a beneficio de los ex obreros tranviarios dejados cesantes en la última huelga (LA, 28 de junio de 1925).

Es decir, este sindicato, desconocido, y que pretendía agrupar “oficios varios” –lo que habla de su propia debilidad–, convocaba a los trabajadores en general –no a los sindicatos– para buscar los medios de ayudar a los obreros cesanteados.

En este proceso, sin embargo, surgía algún gremio nuevo que obtendría, entre la negociación y el conflicto, el reconocimiento patronal e importantes mejoras para sus afiliados, como el Centro Obrero Gobernador Benegas, que agrupaba a todos los trabajadores de la Maltería y Cervecería de Los Andes.

En su debilidad política el movimiento obrero recibía apoyo y discurso ideológico del órgano del lencinismo La Palabra, con una sección (Vida Obrera) que estaba sin dudas a cargo de uno o más redactores formados en pensamientos de izquierdas, fueran anarquistas (lo más probable), o sindicalistas. Por ejemplo, cuando instaba al Centro Gobernador Benegas a cuidarlo y a comprar “libros y folletos, periódicos que enseñen y propaguen la verdad, porque el Centro debe ser también un templo de moralidad y de educación proletaria” (LP, 17 de febrero de 1925).

También, con mucha frecuencia, La Palabra denunciaba a empresarios individuales, calificándolos de “burgueses explotadores” por no cumplir con la legislación obrera sancionada por el lencinismo (LP, 2 de octubre de 1925), a la par que criticaban la permisividad con que actuaba el DPT de la intervención federal.

El Centro Obrero Gobernador Benegas inició una huelga en la cervecería a fines de diciembre de 1925 a raíz de que la empresa se negaba a suscribir el convenio de trabajo para el año siguiente. La propuesta incluía mejoras salariales progresivas sobre una base ya existente, que colocaba a los obreros entre los mejor pagados de la provincia (LA, 27 de diciembre de 1925)[17]. El rechazo patronal se fundaba, además –y esencialmente–, en la exigencia gremial de que tanto los obreros de la plantilla como los que ingresaran a futuro deberían ser afiliados al Centro, sin cuyo aval no podrían ser admitidos por la gerencia, inclusive si la empresa adquiría o instalaba nuevas fábricas. Lo mismo exigía para los despidos y suspensiones, entre otras cuestiones. Este planteo gremial tenía por objeto, obviamente, fortalecer la organización obrera y controlar la totalidad de la plantilla de trabajadores con una cuasi cogestión con la empresa. Esta se opuso sistemáticamente porque algunas cláusulas del pliego “afectarían de un modo irremediable los derechos y atribuciones que son inherentes a los propietarios del establecimiento […] que no pueden renunciarse sin comprometer principios sin los cuales no podrían subsistir el concepto de propiedad ni la disciplina” (LA, 18 de febrero de 1926).

Paralelamente, con una política destinada a debilitar al gremio, declaraba que estaba dispuesta a retomar 60 obreros de los 150 que mantenían la huelga. Como sucede generalmente, las huelgas prolongadas que carecen de apoyos de otros sectores obreros, terminan en derrota. Y este conflicto no fue la excepción. La huelga fue extensa; en el camino quedaron obreros cesantes, reemplazados por otros aspirantes, seguramente deseosos de recibir salarios no habituales en el mercado laboral mendocino. Hubo violencia entre los huelguistas y los nuevos trabajadores, inclusive con el empleo de armas de fuego, aunque sin consecuencias graves (LA, 15 de enero de 1926 y 14, 18 y 23 de febrero de 1926).

Pero ya se había ingresado en una nueva etapa política. En efecto, el 6 de febrero de 1926 el triunfante lencinismo había recuperado el gobierno e iniciado su último turno antes del ocaso definitivo. Este cambio fue aprovechado tanto por la empresa como por el lencinismo. Su órgano partidario reforzó la táctica divisionista aplicada al movimiento huelguístico. Por una parte, culpó a la dirigencia gremial de estar controlada “desde el primer momento por los representantes del Partido Socialista[18], sin que lograran ningún éxito […]”; por la otra, sostuvo que la empresa había dado por terminado el conflicto y los dirigentes socialistas “dejaron librados a los obreros a sus propias fuerzas, presentándose éstos ahora al Departamento del Trabajo para que […] intervenga y gestione la reincorporación de los desplazados” (LP, 18 de febrero de 1926).

Es decir, el lencinismo se presentaba ahora como el defensor de los huelguistas a través de una agencia estatal, el DPT, que venía a sustituir a una dirigencia socialista en retirada. La prensa no partidaria reconocía la derrota obrera y señalaba, días después, que los huelguistas abandonaban la violencia “y la mayoría busca, por medios pacíficos, de ser admitida nuevamente en la fábrica”. Concluía que la empresa reincorporaría unos pocos trabajadores “seleccionados cuidadosamente entre los más capaces y menos revoltosos” (LA, 23 de enero de 1926). Resulta extraño, sin embargo, que los socialistas no registraran este conflicto en su medio de prensa, como si no hubiera existido[19]. La huelga prolongada, sosteniendo posiciones irreductibles, era una herramienta empleada habitualmente por dirigentes obreros más radicalizados que los socialistas, que no sólo eran minoritarios sino inclinados a la negociación. De modo que el ataque lencinista al socialismo debe ser considerado en este contexto, porque el PS era un enemigo a destruir en tanto representaba un competidor electoral, lo que no sucedía con los sindicalistas o los anarquistas. Los conflictos de los cerveceros y los tranviarios, o el de los gráficos que hemos mencionado, sugieren que esos gremios estaban controlados por sindicalistas o anarcosindicalistas. Muchos dirigentes de estas tendencias se acercaron al lencinismo, algunos integrándose a sus filas y otros negociando a través del DPT, agencia a la que le supieron reconocer en esta fase final del lencinismo, una auténtica disposición a defender al obrero y poner límites a los patrones.

En efecto, desde el comienzo del gobierno de Orfila el DPT tuvo un enorme protagonismo, no sólo en los conflictos, sino en el diseño y aplicación de políticas sociales de avanzada para la época[20].

El gremio de tranviarios quedó prácticamente disuelto luego de la derrota sufrida en el conflicto con la Empresa de Luz y Fuerza reseñado más arriba. Se profundizaba así la debilidad generalizada del movimiento obrero, porque si los gremios cuyos miembros tenían la mayor conciencia de clase (y los mejores salarios), lo que los predisponía a sostener sus reivindicaciones sobre bases ideológicas, sufrían derrotas, deserciones por temor a perder el empleo, o pérdida de afiliados por despidos definitivos, quedaban, en el mejor de los casos, reducidos a su mínima expresión. Ello posibilitaba el avance de las patronales sobre los trabajadores, intimidados, desorganizados, indefensos, cuestión que el gobierno de Orfila buscó revertir empleando todo su poder de presión para equilibrar las relaciones capital-trabajo y, de paso, capitalizar la empatía que generaba el lencinismo con los obreros y sus organizaciones, restándole poder a las dirigencias gremiales de izquierdas. El órgano partidario acompañaba estas acciones. Y en el caso de los tranviarios, los instaba a reconstruir su entidad: “Lo exigen razones de humanidad y de ética moral. Saben demasiado que los capitalistas no reconocen derechos sino deber a los proletarios […]” (LP, 4 de marzo de 1926).

El propio gobernador explicaba la situación y definía sus políticas:

En el año en curso se han suscitado numerosos conflictos entre obreros y patrones […] La Dirección General del Trabajo ha intervenido en todos ellos, propendiendo a armonizar los intereses de ambas partes, dentro de la equidad y de la justicia.
No ignora V.H. que se nos ha combatido, imputándosenos propósitos de demagogia, por sustentar estos principios de justicia social, y de defensa y amparo al proletariado. Pero ha debido advertirse [que] ni mi gobierno ni mi partido, van contra el capital en sus relaciones con el trabajo. Procede atinadamente […] en defensa de la tranquilidad pública y en procura de la concordia y armonía de las dos fuerzas que se complementan en el desarrollo económico de los pueblos: el capital y el trabajo [Resaltados nuestros] (Provincia de Mendoza, 1926).

Otro de los gremios fuertes de la década anterior, el de los docentes (Richard-Jorba, 2014), que había desaparecido, comenzó a reconstituirse –de un modo que desconocemos– sobre bases tan débiles como las de otras agremiaciones, casi limitado a presentar notas y reclamos ante las autoridades del gobierno. Su nombre: Federación Provincial de Maestros[21]. Los maestros estaban sumidos en una situación de enorme precariedad, con un promedio de ocho meses de salarios adeudados y sometidos a la voracidad de especuladores que pagaban esos sueldos con fuertes descuentos, ante la absoluta inoperancia gubernamental, tanto de los gobiernos lencinistas como de las intervenciones federales[22]. También agravaba el problema el hecho de que los salarios, cuando se abonaban, se entregaban en letras de tesorería devaluadas. Y el Estado sólo ofrecía asegurar que los docentes recibieran sus salarios sin intermediarios y sin comisiones, mediante giros o letras bancarias, pero anunciando que esto se podría concretar sólo cuando el gobierno dispusiera de recursos monetarios (LA, 23 de noviembre de 1924). Es decir que todo quedaba en un limbo de promesas.

El gobierno de Orfila prometió normalizar los pagos. En junio de 1926 había logrado cancelar salarios de noviembre y diciembre del año anterior, de enero y –parcialmente– de febrero del año que corría, además de abonar algunos haberes de 1924 (LA, 25 de junio de 1926). Luego continuó en la misma dirección a través de variados recursos pero, aún a mediados de 1928, transcurridos más de dos años del inicio de su administración y pese a algunos avances, persistía el problema (Provincia de Mendoza, 1928a). En efecto, cuando poco después se trataba en el Congreso el proyecto de ley para intervenir la provincia, la situación de los docentes formó parte de los argumentos para justificar la extrema medida que se proponía. El diputado nacional Isidro Maza (UCR) expresaba que:

Los maestros está sitiados por el hambre, porque no se les paga sus haberes sino con muchos meses de retardo. Para cobrar tienen que buscar recomendaciones entre las personas influyentes del lencinismo, o entregarse a los usureros o intermediarios, los únicos que tienen facilidades en la Dirección de Escuelas, y que hacen un descuento de 20 y de 30 por ciento (Cámara de Diputados de la Nación, 1928, p. 675).

El propio Maza citó un documento elaborado por el interventor en la Dirección General de Escuelas (en adelante DGE) Leopoldo Suárez, que reconocía la grave situación de la educación en general y de los maestros en particular, pero hacía una interpretación muy especial de la situación, que irritó al legislador:

Es tan grave como el hambre de los maestros, el pauperismo de la escuela de campaña, su decadencia, su misérrima condición de templo en ruinas y sin dioses […] La escuela primaria cumple en forma muy precaria y deficiente su misión civilizadora y de redención, y el maestro se ha dejado contaminar por las influencias malsanas de que está saturada la moderna sociedad, sufriendo su espíritu y su labor la desviación perniciosa de las ansias desmedidas de lucro y predominio para la satisfacción de los goces menos espirituales del individuo […] (Cámara de Diputados de la Nación, 1928, p. 675)

Concluyó Maza: “¡Qué cinismo! ¿Qué puede lucrar un maestro cuando no tiene nada en el estómago […] porque no le pagan sus haberes atrasados en meses y a veces en más de un año?” (Cámara de Diputados de la Nación, 1928, pp. 675-676).

Al margen de la seguramente inoperante y tal vez efímera Federación de Maestros (no disponemos de registros posteriores), en agosto de 1926 comenzó a funcionar, elegida por una asamblea, una Comisión de Maestros que fue reconocida como interlocutora válida por el interventor en la DGE ingeniero Leopoldo Suárez. La comisión peticionó la reincorporación de maestros cesanteados “sin sumario previo”, una contradicción del gobierno porque, en paralelo, promovía una nueva ley de educación que aseguraba la estabilidad del personal docente. También solicitaron la cesantía de quienes ejercían funciones de maestros sin poseer título (LA 20 y 22 de agosto de 1926).

La comisión avanzó y organizó varias asambleas, cada vez más nutridas, indicativo de un creciente malestar del magisterio, a punto tal que en la tercera de estas reuniones (1 de setiembre de 1926), se criticó abiertamente al gobernador por incumplir la palabra de cancelar las deudas con los docentes y, además, se convocó a un “gran acto de protesta por la falta de pagos”. También se envió telegramas al presidente de la República, ministro de Hacienda y cámaras del Congreso para imponerlos de la situación de los maestros, con una deuda salarial acumulada de 12 meses (LA, 2 de setiembre de 1926).

Hubo respuesta inmediata de Orfila desde Buenos Aires, afirmando que seguía gestionando fondos; y de Suárez desmintiendo al magisterio. Según este funcionario, “sólo casos aisladísimos de maestros se encuentran en tales condiciones”, de un año de atraso. Es decir que había deudas impagas, aunque remarcaba que gran parte de los maestros ya había cobrado marzo y abril. Sin embargo, reconocía que se adeudaban siete meses de sueldos de 1924 y culpaba a la anterior intervención federal de haber generado el problema. A continuación, venían los ataques y presiones que siempre caracterizaron a los gobiernos lencinistas: “Llama sobremanera la atención el hecho de que la mayoría de los organizadores del actual movimiento de protesta esté al día con sus sueldos […], lo cual quiere decir que no es leal el móvil a que obedece semejante actitud” (LA, 3 de setiembre de 1926).

Si esto hubiera sido realmente así, según Suárez los dirigentes no tendrían derecho a reclamar por sus representados porque eso constituiría una deslealtad. ¿Deslealtad a quién? ¿Había un arreglo previo con la dirigencia docente para no avanzar nuevamente hacia conflictos como el de 1919? No podemos saberlo, pero sí resulta obvio que si les permitieron a los maestros hacer asambleas generales en sedes escolares, alguna “garantía” debe de haber tenido el gobierno lencinista de que el conflicto no escalaría. O, tal vez, una concepción de lo que hoy consideramos populismo, que caracterizó al lencinismo, haya llevado a Suárez a creer que los maestros debían lealtad al caudillo Carlos W. Lencinas y algo a Orfila o a él mismo como director de escuelas y no a quienes representaban como agremiación.

Suárez continuaba su respuesta señalando que la crisis financiera debía ser resuelta reduciendo el costo de la educación, agrupando grados para tener un promedio de 30 alumnos en cada uno, lo que implicaba eliminar personal docente. Pero, además, de las recriminaciones de Suárez, venía a continuación un comunicado del Fiscal del Crimen Alejandro Zaldarriaga remitido al diario Los Andes, que amenazaba directamente a los maestros e, indirectamente, al medio de prensa:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de representante de la acción pública, encareciéndole informe al suscrito quién o quiénes son los firmantes de una declaración aparecida en el periódico que Ud. dirige, en el número de hoy, y que según la crónica del mismo, ha tenido origen en la reunión llevada a cabo por el magisterio en el día de ayer, por surgir de la misma ‘prima facie’ el delito de desacato, contra el primer mandatario de la provincia (LA, 3 de setiembre de 1926).

Los Andes se limitó a publicar el comunicado, pero no tenemos constancia de que haya contestado esa requisitoria; una probable posición de defensa de la libertad de prensa y de su condición de medio independiente o no partidario.

Al día siguiente, en un duro editorial a dos columnas criticó al ingeniero Suárez. Cuestionó las cifras de la deuda dadas por el funcionario, pero se centró en el núcleo de la problemática educativa:

Hay que proceder con energía, agrega el interventor escolar, a fin de reducir el costo de la enseñanza primaria. Esto no quiere decir otra cosa, que el propósito del interventor consiste, principalmente, en suprimir cuatrocientos maestros […] porque se consideran innecesarios. He aquí dos errores fundamentales. Olvídase que los intereses de la cultura pública no tienen la culpa de que existan presupuestos atrabiliarios, sin la noción real de las necesidades de la educación común de la provincia y piérdese, asimismo, la visión exacta de las cosas, cuando se piensa en suprimir maestros por considerarlos superfluos. Hay en la provincia más de veinte mil niños que no concurren a las escuelas. Siendo esto así, parece inconcebible que se acuda a la supresión de maestros, cuando habría que aumentarlos si el gobierno cumpliese con el más elemental de sus deberes, que es el de obligar a la población infantil a que reciba la enseñanza común […] Mendoza ha hecho abandono casi absoluto de sus deberes en materia de obligatoriedad de la enseñanza primaria. El Estado es el responsable de la despoblación en las aulas. No son los maestros (LA, 4 de setiembre de 1926).

En este sentido había una clara línea en el lencinismo de no prestar atención a la educación, que había inaugurado José N. Lencinas cuando convino con la nación transferirle escuelas provinciales con la promesa de construir 100 nuevos establecimientos. El acuerdo nunca se cumplió y todo indica que sólo perseguía reducir el gasto (Rodríguez, 1979), o bien, destinar los recursos a otros fines.

Por su parte, los maestros de la Comisión desmintieron a Suárez y expresaron que el reclamo del magisterio era masivo y espontáneo en defensa de sus derechos, porque la realidad era que las deudas existían. Y que tenían sobre la política “el convencimiento, expresado repetidas veces, de que nada se espera ni debe esperarse de ella” (LA, 4 de setiembre de 1926).

En su comunicado detallaban, y con ello desmentían a Suárez, las deudas que la DGE mantenía con los miembros de la comisión, que se remontaban –en algún caso– a un mes de 1922; en, otro, un mes de 1923; el resto, en promedio, siete meses de 1924, etc. Y detallaban, también, casos de varios meses de sueldos cedidos al Banco de la Provincia, con lo cual quedaba muy claro que no había ningún complot ni desacato sino un reclamo fundado y decidido democráticamente por una asamblea.

Para sintetizar, el gobierno pidió un préstamo a los grandes bodegueros para pagar salarios docentes a cambio de no incrementarles los impuestos (LA, 9 de setiembre de 1926), continuaron los reclamos del magisterio y las promesas de los funcionarios, pero los atrasos en los pagos persistieron. Trabajando con balances oficiales de la DGE, Los Andes descubrió que el organismo adeudaba salarios desde 1920 hasta 1926 inclusive por $1.430.000 (LA, 2 de febrero de 1927)[23], es decir salarios de hasta 7 años de antigüedad. Se hacían evidentes las consecuencias de la gran derrota sufrida por el magisterio en 1919 y la implosión que desarticuló y dejó prácticamente exánime al movimiento obrero organizado.

Esta situación se mantuvo en sus grandes líneas sin variantes hasta el final del lencinismo, cuyo gobierno fue intervenido en octubre de 1928, sin que el conflicto traspasara los límites de la protesta representados por asambleas, notas, telegramas a las autoridades nacionales y provinciales y apoyo de la prensa[24]. Era otra muestra de la debilidad de ese sector laboral.

En paralelo con sus políticas distributivas, todo el período lencinista –y de las intervenciones federales– se caracterizó por una gestión descontrolada de los recursos del Estado. Se utilizó, por ejemplo, como último presupuesto aprobado por ley, el de 1916 (gobierno conservador), prorrogado y ampliado por decretos-acuerdos hasta 1922 inclusive, de muy difícil reconstrucción y seguimiento, salvo por los datos incluidos en los Anuarios Estadísticos (Provincia de Mendoza, 1928b y 1931); todo en un contexto de un fenomenal descalabro financiero, que incluía la circulación de moneda espuria devaluada (Letras de Tesorería), recibidas por el Tesoro provincial a su valor nominal, salarios pagados con estos instrumentos, etc. (Barrio, 2017). Luego del período de Carlos W. Lencinas y de la intervención de Enrique Mosca, el gobernador Orfila expandió el gasto público con nuevos aumentos salariales al personal estatal, lo que incrementó el déficit presupuestario. En 1927 no hubo presupuesto, y en diciembre de ese año se aprobó el de 1928 (ley 933).

Los trabajadores del Estado, por su parte, reclamaban por nuevos derechos alentados por políticos lencinistas[25], pero demostraban, además, sus padecimientos, en especial el atraso con que recibían sus salarios (LA, 15 de octubre de 1926 y 30 de enero de 1927), también afloraban situaciones de mayor gravedad. Era el caso, por ejemplo, de los peones de diferentes seccionales de Puentes y Caminos. El diario Los Andes recogía denuncias de estos agentes que cuestionaban “la política obrerista” del lencinismo, no sólo por adeudarles cinco meses de sus “exiguos salarios”, sino por pagarles parcialmente con “vales insignificantes que se dan para algunas proveedurías oficiales”. Y hacía una demoledora crítica, equiparando las acciones gubernamentales con las de los gobiernos oligárquicos al decir que no sería exagerado afirmar que estos peones

[…] no gozan de los beneficios económicos y sociales blasonados por el gobierno, al punto que puede conceptuárselo como muestras del antiguo régimen de explotación, cuando la vida y la hacienda eran privilegios de otros hombres, de otras costumbres y de otros gobiernos (LA, 2 de febrero de 1927).

Esta denuncia hacía visible una realidad en un sector de trabajadores estatales: la de recibir parte de sus salarios en especies, algo que el DPT perseguía en la actividad privada, como hemos mostrado en otra investigación (Richard-Jorba, 2017). Hubo, por ejemplo, conflictos serios con empresas que construían obras de extensión del servicio ferroviario[26]. Esto ponía de manifiesto la heterogeneidad del Estado, con agencias y actores que no establecían direcciones o prácticas unívocas (Suriano, 2014; Soprano, 2007, pp. 19-48), sino que podían representar intereses diversos y hasta contrapuestos. Y en este sentido, mientras el DPT defendía el interés obrero, otro sector del gobierno lencinista apelaba a una práctica frecuente: la cesantía de trabajadores ante cualquier atisbo de “deslealtades” o críticas.

En el caso que comentamos de Puentes y Caminos, el gobierno de Orfila aprobó por Decreto-Acuerdo del 26 de abril de 1927 un proyecto para seleccionar el personal de ese organismo a fin de lograr “un rendimiento efectivo”. El argumento central indicaba que al entrar en vigencia el 1 de mayo el nuevo salario mínimo “se ha decidido conservar 1.200 obreros de los 1.900 que componían la sección Puentes y Caminos, los que serán seleccionados de acuerdo al criterio expuesto” (LA, 27 de abril de 1927). Ignoramos si se trató de una represalia por las críticas al gobierno, aunque es verosímil pensarlo. Pero es claro que un sector del gobierno eliminaba 700 puestos de trabajo (un tercio de la repartición), en nombre de lo que hoy denominaríamos falta de “productividad”. Es sugerente que se haya prescindido de tantos obreros a sólo 25 días de haber recibido críticas de esos trabajadores. No hemos encontrado registro alguno que muestre el presunto análisis de ineficiencia laboral de los despedidos[27]. También puede pensarse que estos despidos estuvieran en línea con las propuestas de eliminar maestros formulada por. Suárez en la DGE. ¿Se trataba de represalias en ambos casos, o sólo se buscaba controlar el desmedido gasto público? ¿O se producía una combinación de ambas cuestiones? Es un tema que amerita ser investigado con mayor amplitud.

La crisis existente con sus trabajadores por deudas y atrasos salariales era inocultable, pero el gobernador Orfila, tal vez muy condicionado desde el comienzo de su mandato por el caudillo Carlos W. Lencinas[28], solo atinaba a procurar recursos extraordinarios (impuestos, préstamos) sin dejar de incrementar el gasto. Por ejemplo, el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de salario mínimo, que mencionaremos en el apartado sobre las políticas sociales lencinistas, que actualizaba valores de la ley de 1918, fijaba sustanciales incrementos salariales para estatales y privados, pero no establecía con qué recursos se haría frente a las nuevas erogaciones.

Pareciera que desde el poder político se percibía una realidad muy distorsionada y se actuaba espasmódicamente. Mientras, se reanudaban las sempiternas protestas del magisterio, ahora a través de un nuevo gremio en ciernes, el Círculo de Maestros, se organizaba un acto para reclamar por los atrasos salariales y las promesas incumplidas, contando con apoyos varios (LA, 19 y 23 de junio de 1927)[29]. La oposición conservadora, por su parte, requería –sin éxito–, informes al Poder Ejecutivo sobre deudas totales con el personal estatal, insistiendo en conocer cuántos agentes del PE, del Poder Judicial y de organismos descentralizados, existían dentro y fuera del presupuesto, etc. Y sus legisladores exigían, antes de votar el nuevo salario mínimo, que apoyarían porque “el obrero está mal remunerado”, que se aseguraran previamente los recursos[30].

Este pedido ponía en evidencia una práctica del lencinismo de designar personal estatal por fuera de la plantilla prevista en los presupuestos, lo que impedía cualquier intento de equilibrar los ingresos con los gastos del Estado. El rechazo de la mayoría frustró la posibilidad de obtener la información que echara luz sobre el descontrolado gasto público.

En este contexto, el gobernador se referiría, muy livianamente, sobre este año 1927: “Afortunadamente no ha habido huelgas que requieran una mayor atención policial. Esto significa que todas las leyes obreras se cumplen en la Provincia […]” (Provincia de Mendoza, 1928a). Es decir que, en su visión, el conflicto sería sólo aquel que demandaba intervención policial, tal vez un eufemismo por represión.

Desde el movimiento obrero, en su marco de extrema debilidad, también había percepciones alejadas de la realidad, atravesadas por las ideologías de sus dirigencias que, además de no involucrarse en los conflictos descriptos, mantenían o profundizaban las divisiones existentes, aunque por momentos emprendieron acciones de conjunto. Esto se hizo muy evidente cuando, en Estados Unidos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti culminaban su extenso proceso judicial y serían finalmente ejecutados. En adhesión al movimiento de solidaridad extendido en la Argentina y en muchos países, los gremios mendocinos recurrieron, una vez más, a las huelgas generales. Por un momento lograron cierta unidad de acción, en torno al objetivo de pedir por la vida y la libertad de Sacco y Vanzetti, pero no pudieron ocultar las profundas divisiones que atravesaban al movimiento obrero.

En efecto, la FOP y Local Mendocina inició las acciones con un paro general por tiempo indeterminado desde el 6 de agosto de 1927. La convocatoria la firmaban sólo tres gremios: Carpinteros y Anexos, Panaderos y Oficios Varios. Otros, “que desarrollan sus actividades en forma manifiestamente autónoma”, todavía no resolvían qué actitud adoptarían (LA, 6 de agosto de 1927)[31]. Las denominaciones de algunos gremios, como los “Obreros Unidos”, que reunían trabajadores de diferentes sectores en determinados departamentos de la provincia, reiteran la endeblez gremial fuera del ámbito capitalino.

Este paro comenzó sin impacto significativo, aunque se agregaron los Repartidores de pan, Cocineros, Pasteleros y anexos a los convocantes. Los Gráficos adhirieron a partir del día 8, con efecto desde el 9, cuando dejaron de editarse los diarios; también se realizaría un acto público organizado por la Asociación de Prensa (LA, 7 de agosto de 1927).

El paro fue levantado el 11, debido a la suspensión de la ejecución de los condenados. Los Andes hizo una buena crónica sobre el desarrollo y alcances de la protesta, muy importante en la capital, destacando que transcurrió sin incidentes significativos, en un clima pacífico. Sin embargo, resulta notoria la división entre las formaciones gremiales.

A las escasas organizaciones agrupadas en la FOP y Local Mendocina se sumaban los gremios autónomos, que operaban individualmente. Los Gráficos, como queda dicho, fueron al paro desde el día 8, decisión adoptada por una asamblea previa que analizó “la actitud que debían tomar como entidad organizada en el concepto sindicalista […]” (LA, 12 de agosto de 1927). Este es uno de los muy pocos casos en que se identifica ideológicamente a un gremio.

Mientras otros gremios continuaban estudiando su adhesión, los tranviarios aprovechaban la situación para reconstruirse después de las derrotas sufridas en 1919 y 1926. En efecto, abandonaron el trabajo por tiempo indeterminado “constituyéndose […] en sindicato, pues hacía algún tiempo que no estaban organizados como entidad obrera, ni federados tampoco” (LA, 12 de agosto de 1927). Este caso es destacable porque el gremio se reorganizó después de que los principales dirigentes y activistas fueran cesanteados en 1926; y lo hizo en oportunidad de una huelga solidaria con trabajadores condenados en Estados Unidos y no por un conflicto clásico que lo enfrentara con su patronal. El día 9 se plegó el resto de los gremios “a este acto de protesta popular […] que según se cree es universal” (LA, 12 de agosto de 1927), que contó con la adhesión del comercio y la industria en la capital y departamentos vecinos. Los gremios ferroviarios de tracción y talleres (Confraternidad Ferroviaria) fueron al paro por 24 horas; otro gremio del sector lo hizo sólo por 15 minutos.

En otro artículo del mismo día 12, Los Andes reconocía la contundencia de la huelga

[…] que las fuerzas obreras […] han hecho sentir su poderosa influencia como entidades organizadas, sin ejercitar para ello la violencia […] No obstante esto, se ha podido notar que el desarrollo del movimiento obrerista ha carecido de una dirección única, que en cierto momento diera orientación firme a las medidas de orden general que debían adoptar los gremios tanto en el paro como en la reanudación de actividades (LA, 12 de agosto de 1927).

Pocos días después, ante la confirmación de que Sacco y Vanzetti serían ejecutados, la FOP Local Mendocina volvió a decretar la huelga general desde el 22 de agosto, pero con una duración de sólo 24 horas. Nuevamente tuvo éxito porque la capital se paralizó “casi por completo”, aunque el comercio permaneció abierto y los ferroviarios pararon simbólicamente sólo 5 minutos. En San Rafael, sin embargo, el paro fue total (LA, 21 y 24 de agosto de 1927).

Las huelgas generales pueden desgastar a quienes las promueven, en especial si son reiteradas, salvo que la relación de fuerzas y las condiciones resulten favorables a la acción de los trabajadores. El movimiento obrero lo había experimentado con la derrota sufrida al apoyar a los maestros en 1919, que terminó en la implosión de la FOP, anteriormente mencionada, y pese a que en ese momento la lucha era por un problema concreto en tanto se trataba de la educación de los hijos de los trabajadores. El movimiento huelguístico de 1927 era en solidaridad con dos condenados situados a muchos miles de quilómetros de distancia y tuvo que acotar la duración de los paros. Sin embargo, transcurrida casi una década desde las grandes huelgas durante el primer lencinismo, la conciencia obrera parecía haberse conservado más allá de dirigentes y activistas. Y esto resulta claro, aun dentro del proceso, lento por cierto, de reorganización gremial. En efecto, un grupo numeroso de albañiles recreó el gremio del sector en una asamblea que resolvió:

Permanecer autónomo de las distintas federaciones gremiales, hasta tanto no se atenúen las divergencias de métodos ideológicos que dividen al proletariado del país; Prestar la colaboración a todo movimiento gremial que propenda a conseguir y a reafirmar conquistas económicas y a la emancipación de los trabajadores […] (LA, 18 de setiembre de 1927).

Es decir, en el sentido que venimos sosteniendo, los albañiles cuestionaban lo que a todas luces aparecen como excesos de acciones gremiales basadas, más en posiciones ideológicas que en las necesidades reales de los trabajadores, poniendo a éstas en primer lugar y aquellas en un plano secundario.

Al lencinismo le resultaba propicia la fragmentación obrera en tanto mantenía dividido un potencial frente opositor que le había planteado fuertes conflictos. Además, buscó la formación de organizaciones gremiales adictas; y si bien ese objetivo (no explicitado) no fue alcanzado, tuvo algún logro. El primero, durante la intervención al gobierno de José N. Lencinas, fue la organización, de efímera duración, de una “Unión Gremial” en el sureño departamento de San Rafael, con clara identificación partidaria. Esta organización fue acusada por el socialismo de intentar incorporar a diversos trabajadores, en especial contratistas de viñas, de modo más o menos compulsivo. El rechazo se materializó en la creación de “7 sociedades de resistencia adheridas a la FOP” (ES, 25 de mayo de 1919).

Hasta la asunción del gobernador Orfila, como hemos mostrado, el movimiento obrero estaba débil, dividido y muchos trabajadores carecían de entidades que los defendieran; el conflicto social no aparecía como un problema relevante para el gobierno. Con este gobernador, el DPT operó eficazmente, como veremos más adelante, y muchos gremios de clara orientación de izquierdas, “revolucionarios” en palabras de Orfila, se acercaron al gobierno buscando protección y apoyo. En otro plano hemos detectado, además, la creación de una entidad gremial lencinista, el Sindicato Mendocino de Conductores de Coches, cuyo asesor letrado era el mismísimo caudillo Carlos W. Lencinas. Esta nueva organización significó la división de un gremio ya existente que representaba a estos trabajadores (LA, 7 y 19 de noviembre de 1927)[32].

En fin, otras dos huelgas generales fueron decididas por la Federación Obrera Local, de orientación sindicalista. Una, poco antes de la intervención federal a Orfila, el 23 de agosto de 1928, para conmemorar el primer aniversario de las ejecuciones de Sacco y Vanzetti (LA, 22 de agosto de 1928)[33]. No disponemos de información sobre su acatamiento. La segunda, en adhesión a una huelga general decretada por la F.O.R.A. para el 14 de noviembre de 1928 (LA, 13 de noviembre de 1928), a fin de exigir la libertad de Simón Radowitzky. En este caso se plegaron algunos gremios autónomos (LA, 14 de noviembre de 1928)[34]. Estas campañas solidarias por Sacco y Vanzetti y luego por Radowitzky, con las huelgas generales mencionadas, son destacadas como verdaderos triunfos del anarquismo por el autor libertario Abad de Santillán[35].

No obstante, casi patético puede parecer que el segundo aniversario de la ejecución de Sacco y Vanzetti se conmemorara con un “festival” convocado por la Federación Obrera Local Mendocina (LA, 28 de agosto de 1929). Un indicio, quizás, de que la solidaridad obrera ya no alcanzaba para nuevos paros generales.

Una síntesis de la principal legislación social del lencinismo

Al lencinismo se lo puede analizar críticamente desde varios puntos de vista: el abuso de autoridad, el avasallamiento de las instituciones, la persecución a sus enemigos políticos, etc., cuestiones que escapan a este trabajo. No es posible, sin embargo, dejar de resaltar la legislación social claramente dirigida a la protección de los trabajadores, varones, mujeres y menores y a una mejora en las condiciones de vida de los sectores populares. En este sentido reseñaremos brevemente los principales instrumentos legales a los que apeló para alcanzar sus objetivos, implementados por el Departamento Provincial del Trabajo con eficacia desde la administración del gobernador Orfila.

La ley 731, de diciembre de 1918, creó la Inspección General del Trabajo (luego se llegaría a su nombre definitivo de Departamento Provincial del Trabajo-DPT). Esta ley fijaba funciones de la entidad, la habilitaba como policía del trabajo y regulaba el trabajo de mujeres y menores. Como complemento fundamental, se promulgó en la misma fecha de ley 732, que tornaba operativo lo dispuesto por la Constitución provincial de 1916 (Art. 45) y fijaba un salario (jornal) mínimo de $2,50 para los trabajadores estatales y aquellos que sirvieran en empresas contratistas de obras públicas. Los trabajadores privados, en cambio, serían retribuidos con $2 por día. Establecía, asimismo, la jornada máxima de labor en 8 hs diarias, pero aclaraba que se aplicaría a los estatales; los privados recibirían el beneficio cuando se reglamentara la ley. Esa reglamentación quedó congelada por muchos años –hasta la gobernación de Orfila– y dio paso a numerosos conflictos, ya tratados en otras investigaciones (Richard-Jorba, 2013a, 2013b, 2016, 2017).

Con José Néstor Lencinas también fueron sancionadas dos leyes claves; la que creaba la Caja de Jubilación y Pensiones para los empleados estatales (ley 716, 30 de julio de 1918) y la que hacía lo propio con los docentes y miembros de la DGE (Caja de Jubilaciones y Seguro de Vida, ley 717, 30 de julio de 1918).

Una importante creación de Carlos Washington Lencinas, a través de la ley 854 (26 de noviembre de 1923), fue la Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez, un enorme avance social en tanto protegía a todos los trabajadores mayores de 65 años o enfermos e inválidos que carecieran de “rentas, jubilación o subsidios de cualquier naturaleza”. Las pensiones ascenderían a $50 mensuales, previo cumplimiento de determinados requisitos. La Caja se financiaría con impuestos denominados de “Previsión Social”, que incluían aportes del Estado, empresas, patrones y particulares por cada empleado que tuviesen; otro, con tasas progresivas a los propietarios de bienes raíces partiendo de valuaciones desde $200.000; un impuesto a la propiedad raíz con derecho de agua que permaneciera inculta. Por último, un impuesto de 5 centavos por quintal de uva que se cosechara en el territorio provincial. La Caja funcionó muy bien y otorgó centenares de pensiones y fue superavitaria hasta que el Poder Ejecutivo, con su dispendioso gasto público comenzó a retener los aportes y apropiarse de los recursos. También se constataron irregularidades y corrupción, tratadas en las investigaciones mencionadas sobre el Departamento del Trabajo.

En el gobierno de José Néstor se hicieron mejoras en los servicios de salud pública. Continuó y terminó obras hospitalarias iniciadas por los gobiernos conservadores que buscaban la descentralización geográfica de las prestaciones y proyectó la construcción de un hospital para atender enfermedades infecto-contagiosas y la tuberculosis, que hacía estragos en la provincia. En la gestión de Carlos W. Lencinas se crearon nuevos centros de atención en diversos departamentos y se amplió el número de camas para internación. En hospitales existentes (San Antonio y Provincial) se establecieron nuevos servicios, un instituto de bacteriología y el primer laboratorio de anatomía patológica de la provincia, entre otros. Se terminó y habilitó en el sur provincial, el Hospital de San Rafael, único en esa extensa zona, y se terminó y puso en servicio el Hospital José Néstor Lencinas, especializado en enfermedades infecto-contagiosas, como ya expresáramos (aún en funcionamiento). También se creó la Cantina Maternal y dispensario de Lactantes con la que se prestaba apoyo alimentario a las madres de los sectores populares, se hacía un seguimiento en la evolución de los lactantes y se enseñaban normas de higiene personal, de los niños y de manipulación de alimentos. Y, si bien no se logró una sustancial reducción de la mortalidad infantil y hubo oscilaciones, fue clara una tendencia descendente. En efecto, si en 1914 la mortalidad alcanzaba el 146 por mil y aumentó a 180,8 en 1917 (período conservador), desde 1918 descendió hasta llegar a 143,4 por mil en 1924 y 138,9 en 1925, con la provincia ya intervenida por el poder central (Richard-Jorba, 2011, pp. 31-62).

La gobernación de Orfila contó con un equipo más comprometido con lo social, el ministro de Gobierno Manuel Zuloaga y el director del DPT Aldo Pecchini. Una ley casi revolucionaria, nº 916 del 30 de diciembre de 1916, otorgó estatus de trabajadores a todos los empleados del servicio doméstico, un colectivo extremadamente numeroso dentro del mercado de trabajo pero absolutamente invisibilizado. Se fijaba un salario mínimo mensual de $30 aun cuando los trabajadores recibieran casa y comida. Y obligaba a los patrones a darles descanso hebdomadario, entre otros derechos. Reglamentada en abril de 1927, comenzó a aplicarse pero de modo muy limitado, pues el DPT creó una oficina especial dedicada al servicio doméstico, con un jefe, cuatro inspectores y un administrativo para toda la provincia, cantidad absolutamente insuficiente para hacer cumplir la ley.

Por decreto 436 bis, del 15 de julio de 1926, Orfila reglamentó varios artículos de la ley 731 y obligó a los empresarios a suministrar asientos con respaldo a obreras y empleadas. El 2 de febrero de 1917 reglamentó los artículos 1 a 9 de la ley 731 fijando atribuciones y deberes al DPT, habilitándolo para inspecciones, vigilancias, mediaciones en conflictos individuales o colectivos, elaboración de estadísticas para conocer las condiciones de vida de los sectores populares y que permitieran conocer diversos aspectos del mercado de trabajo, etc.

Mediante decreto 233/1927 se crearon las Juntas de Subsistencias, destinadas a intervenir en el mercado de los alimentos básicos para abaratar precios, en actuación conjunta con el municipio capitalino, instalando puestos de venta fijos en diferentes barrios. Estas Juntas habían existido, de modo muy efímero, en 1924 y fueron pensadas para vender mercadería a bajos precios a los sectores populares que recibían sus ingresos en letras de tesorería devaluadas, las que serían recibidas a valor nominal. A diferencia de las de 1927, en 1924 las ventas se hacían directamente con camiones que recorrían la ciudad (LA, 4 de junio de 1924)[36].

La ley 922, del 26 de julio de 1927, de salario mínimo, actualizaba los valores aún vigentes desde 1918 ($4 para los trabajadores privados y $4,80 para los estatales). La ley era bastante compleja, fue aprobada sólo por la mayoría lencinista en la Legislatura y sufrió fuerte rechazo de las fuerzas empresarias y de la oposición política, que cuestionaba la falta de recursos presupuestarios para hacer frente a los nuevos salarios. Planteos judiciales encarados por empresarios bodegueros terminaron con la declaración de inconstitucionalidad en 1929 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo se aplicó en el ámbito estatal.

Finalmente, varios proyectos quedaron truncos: Higiene y seguridad industrial; Vivienda obrera para el trabajador rural; y Viviendas urbanas en alquiler para los pensionados de la Caja Obrera de Pensión e Invalidez. De acuerdo con lo comentado, esta obra se inició pero no avanzó porque el gobierno retenía los recursos de la Caja y la desfinanciaba.

Las condiciones de vida de los sectores populares

En este apartado final haremos una reseña cualitativa de información publicada en la prensa porque aporta una buena aproximación a la realidad de una parte mayoritaria de los trabajadores y sus familias: la ausencia de higiene, el hacinamiento, la promiscuidad, etc.

Durante la gobernación de Orfila, tanto el municipio capitalino, primero, como el vecino Godoy Cruz, después, comenzaron a hacer inspecciones a los numerosos conventillos que se expandían en ambas ciudades[37]. Posteriormente esas inspecciones se ampliaron con la intervención de la Dirección General de Salubridad (DGS). De allí se extraen claramente imágenes del modo en que se veían obligados a vivir los sectores populares; surgen contradicciones flagrantes de estas inspecciones, pero también multas y cierto rigor aplicado a los propietarios.

Una inspección al conventillo de Santa Fe 157 determinó que tenía 7 habitaciones y 19 inquilinos. El propietario fue emplazado a construir lavandería con piso y techo “de acuerdo a la ordenanza, blanqueo general de la casa y embarre de techos, construcción de muro divisorio que amenaza derrumbarse, construcción de cocinas al frente de las habitaciones […]” y numerar los cuartos. Se le daba 15 días de plazo y concluía “Estado sanitario e higiénico, bueno”. Claramente contradictorio el emplazamiento con el presunto buen estado de higiene y sanidad. Fórmula que se repetía habitualmente (LA, 17 de marzo de 1926).

Otras inspecciones, más rigurosas se registraron en Av. Del Este 722. Reunía 9 piezas para 5 familias. Fue emplazado el propietario a “demoler el cuarto de baño y w.c. construyendo nuevos, construir lavandería, arreglo de las cocinas, calzar el muro del costado norte de las habitaciones, embarre de techos, blanqueo general, piso a la galería y cielo raso a todas las habitaciones”. Se le daba 15 días de plazo “o en su defecto el desalojo de la propiedad por estar en malas condiciones de higiene y seguridad. Estado sanitario bueno. Estado higiénico, malo” (LA, 23 de marzo de 1926). Es decir que 5 familias disponían de un único baño e inodoro, carecían de lavandería y demás deficiencias apuntadas.

En calle Salta 940, se inspeccionó un conventillo de 13 piezas habitado por 42 personas. Se emplazó en 15 días al propietario a conectar

[…] las aguas al pozo sumidero, blanqueo de las habitaciones y embarre general, por carecer de limpieza y lloverse alguna de las piezas, construir techo y caño de ventilación al w.c. del departamento Nº 946, arreglo de los pisos de las cocinas, poner en condiciones el baño y el w.c, como asimismo el desagotamiento de lo último y colocarle puertas y blanqueo del techo de la galería (LA, 23 de marzo de 1926).

Señalemos aquí la existencia de un único baño (ducha) y un w.c. para el uso de 42 personas.

Otras inspecciones estaban a cargo de la DGS, que aplicaba multas o, directamente, clausuras por el pésimo estado de la higiene en que convivían las familias alojadas (LA, 20 de mayo y 23 de julio de 1926; 5 de enero, 9 de enero y 16 de febrero de 1927). En muchos conventillos, los habitantes convivían con perros y animales de corral, lo que violaba la normativa vigente y motivaba multas y clausuras o amenazas de clausuras (LA, 1, 9 y 23 de setiembre de 1927). Resultaba obvia la contradicción entre la higiene ambiental y personal de los inquilinos con la necesidad de mantener animales que les proporcionarían huevos y carnes, imprescindibles para compensar sus magros ingresos, en buena proporción absorbidos por el exorbitante alquiler que se les cobraba[38]. Por eso, la Caja Obrera comenzó a construir las viviendas, ya mencionadas, que alquilaría a los pensionados a $8 por mes, pero el proyecto fue frustrado porque el PE se apropió de los recursos financieros. También hubo un proyecto del ministerio de Gobierno con la misma finalidad, destinado a construir 160 viviendas para obreros, pero no pasó de los papeles (LA, 8 de junio de 1916).

En fin, los nuevos barrios al oeste de la capital que crecían de modo exponencial, carecían de agua potable y se surtían de agua de regadío extraída de acequias y canales, con el consiguiente peligro de enfermedades, sobre todo gastrointestinales (LA, 6 de noviembre de 1926).

Estas inspecciones fueron una política comenzada con el gobierno de Orfila, seguramente motivadas en la sensibilidad del ministro Zuloaga y otros funcionarios. Pero, además, cuando concluía la intervención federal para dar paso al nuevo gobierno, debió causar impacto un editorial a toda página de Los Andes sobre el tema conventillos, parte del cual decía:

Gran parte de la población de Mendoza, la que vive y no sale de sus habituales correrías de la ‘elite’, por lugares de diversión, plazas, paseos y confiterías, ignora seguramente la existencia de una Mendoza triste y decadente, de población compacta y numerosa, de una Mendoza que muere, sucia […] y miserable […] Forman esta Mendoza […], más prolífica y poblada, miles de familias obreras, proletarios de toda clase y condición, cuya existencia, al margen de la vida higiénica y progresista de la ciudad, hace de ella el Far West […] mendocino […] una vergüenza y un verdadero mal social. Esa Mendoza es la que, indudablemente, da a las cárceles y hospitales el mayor porcentaje de enfermos y perseguidos por la ley. Es también […] la que da a las escuelas su mayor contingente de niños y a la patria el de sus conscriptos.
Es la Mendoza abandonada y olvidada del pueblo y del gobierno, cuya existencia radica no solamente en la sección Este de la ciudad, de fama despectiva y vida regresiva (se refiere a la prostitución y el alcoholismo), sino que también y quizá en forma más alarmante, tiene sus manifestaciones en la sección Oeste, a pocos pasos del centro y cerca de chalets suntuosos y de manifestaciones sociales de vida moderna y progresista.
Es la Mendoza de los conventillos y de los inquilinatos, de la vida antihigiénica y promiscua [Allí…] encontrará el lector la vida del conventillo […], llena de peligros para la salud pública y privada […] y una constante amenaza para la moral y las buenas costumbres (LA, 16 de enero de 1926)[39].

La posición del diario tiene aspectos altamente positivos, en tanto describe con precisión la diferenciación brutal existente en el territorio urbano mendocino, aún pequeño, y la enorme distancia social que separaba a esos espacios en cuanto a calidad de vida, ingresos, salud, vivienda, etc. Hay una dura crítica a la elite y su indiferencia ante los padecimientos de la mayoría de la población, aunque no deja de mostrar las ideas dominantes en la época, que centraban más su preocupación frente a la cuestión social con el temor que representaba para las clases propietarias y acomodadas en términos de peligro para la salud privada y la pública. Pero también criticaba duramente a un municipio que dictaba ordenanzas que no hacía cumplir y sobre todo a las damas de la Sociedad de Beneficencia:

El día en que la beneficencia, buceando en los males sociales, deje de ser una fiesta de lujo y de exhibicionismo, para ser fiel a su verdadero objeto; el día que ella no sea el privilegio de una clase social, única y distinguida, que encuentra en su ejercicio un deporte, más o menos de buen gusto, sino un deber de todos y un deber moral, se habrán remediado muchos males físicos y muchas miserias morales (LA, 16 de enero de 1926).

Concluyó haciendo un llamado al gobierno, a la beneficencia y a toda la comunidad para rescatar a esas 2.000 familias que vivían en conventillos para que tuvieran una vivienda digna.

Síntesis conclusiva

No nos vamos a extender en este trabajo porque consideramos que el contenido desarrollado es suficientemente explícito; sería redundante retomar lo que no ha incluido planteos teóricos, ni discusiones o interpretaciones que ameritarían otro tipo de conclusión.

Nuestra intención sólo se limitó a elaborar una reconstrucción histórica de la situación del movimiento obrero organizado durante una década política e institucionalmente muy complicada para Mendoza, pero también para las organizaciones obreras en todo el país que, obviamente, tuvieron su incidencia en la provincia.

El movimiento obrero tuvo relaciones muy variadas con el lencinismo, desde enfrentamientos muy duros con fuertes represiones hasta acercamientos casi amistosos, pasando por ciertas negociaciones, en un contexto de lentas implementaciones de políticas sociales que buscaban beneficiar a los trabajadores y sus familias. En el último turno lencinista (1926-1928) es cuando más se avanzó en estas políticas llamadas “obreristas”, pero los resultados globales fueron muy parciales y ciertamente efímeros, pues a la caída definitiva del lencinismo y la cercana restauración neoconservadora hubo retrocesos significativos. Pero eso es otra historia.

La información cualitativa seleccionada como una pequeña muestra final sirve para ilustrar que las condiciones de vida que debía sobrellevar una porción considerable de la población de la ciudad capital integrada por 2.000 familias ocupantes de 190 conventillos, estaban caracterizadas por la falta de higiene, hacinamiento, promiscuidad, etc., cuestiones que hemos tratado en investigaciones ya mencionadas, que exhiben más una permanencia que grandes cambios en la situación de pobreza de los sectores populares; y no sólo de los habitantes de conventillos, sino también de los múltiples barrios obreros que surgían espontáneamente en cinturones que rodeaban a la todavía pequeña ciudad de Mendoza, integrada por poco más de 72000 habitantes (Provincia de Mendoza, 1931, tomo I, p. 13)[40].

Fuentes

Cámara de Diputados de la Nación. 1928. Órdenes del Día, Nº 1 a 103, Año 1928, Buenos Aires: Imprenta y Encuadernación de la H. Cámara de Diputados.

Diario El Socialista (ES), Mendoza.

Diario La Palabra (LP), Mendoza.

Diario Los Andes (LA), Mendoza.

Provincia de Mendoza. 1922. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Carlos Washington Lencinas, leído ante la Asamblea Legislativa al inaugurarse el período, 1º de junio de 1922. Mendoza: Talleres Gráficos de la Escuela Alberdi.

Provincia de Mendoza. 1923. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Carlos Washington Lencinas, leído ante la Asamblea Legislativa al inaugurarse el período, 1º de junio de 1923. Mendoza: Imprenta Italia, s/p.

Provincia de Mendoza. 1924. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Carlos Washington Lencinas leído ante la Asamblea Legislativa al inaugurarse el período, 7º de junio de 1924. Mendoza: Imprenta Italia, s/p.

Provincia de Mendoza. 1926. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Alejandro Orfila leído ante la Asamblea Legislativa al inaugurarse el período, junio de 1926. Mendoza: Imprenta Italia, s/p.

Provincia de Mendoza. 1928a. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Alejandro Orfila leído ante la Asamblea Legislativa al inaugurarse el período, junio de 1928, Mendoza, s/p.

Provincia de Mendoza. 1928b. Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1926. Buenos Aires: Talleres Casa J. Peuser.

Provincia de Mendoza. 1931. Síntesis de los Anuarios de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza, correspondiente a los años 1927, 1928 y 1929. 3 tomos. Mendoza: Impresores Flores & Chesak.

Bibliografía

Abad de Santillán, Diego. 2005. La FORA. Buenos Aires: Libros de Anarres.

Barrio, Patricia. 2018. Finanzas públicas y vitivinicultura durante el lencinismo. Mendoza, 1923-1928. Folia Histórica del Nordeste (31). Recuperado de: https://bit.ly/3f6DRdX

Carminatti, Andrés. 2006. Enero de 1919, el conflicto social en Mendoza y Rosario. Escuela de Historia-UNRosario (mimeo).

Godio, Julio. 2000. Historia del movimiento obrero argentino. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

Lacoste, Pablo. 1994. La Unión Cívica Radical en Mendoza y en la Argentina, 1890-1946. Mendoza: Ediciones Culturales de Mendoza.

Marianetti, Benito. 1970. Las luchas sociales en Mendoza. Mendoza: Ediciones Cuyo.

Richard-Jorba, Rodolfo. 2010a. Empresarios ricos, trabajadores pobres. Vitivinicultura y desarrollo capitalista en Mendoza. 1850-1918). Rosario: Prohistoria Ediciones.

Richard-Jorba, Rodolfo. 2010b. Conflictos sociales en Mendoza entre dos crisis, 1890-1916. Una larga lucha de los trabajadores por la conquista de sus derechos laborales. Prohistoria, (13), pp. 69-98. Recuperado de: https://bit.ly/3060k6N

Richard-Jorba, Rodolfo. 2013a. “Los frutos del viñedo deberían ser para todos”. Depresión y resurrección de la vitivinicultura y aumento de la conflictividad social en Mendoza (Argentina), 1919-1920. Estudios Sociales, (45), pp. 71-101.

Richard-Jorba, Rodolfo. 2013b. Nuevas condiciones políticas y extensión de los conflictos sociales en Mendoza. Las huelgas de los contratistas de viña y trabajadores vitivinícolas en 1919 y 1920. Estudios del Trabajo, (46), pp. 5-36

Richard-Jorba, Rodolfo. 2013c. Somos el Pueblo y la Patria. El populismo lencinista en Mendoza frente al conflicto social y la prensa: discursos, representaciones y acciones, 1917-1919. Revista de Historia Americana y Argentina, 48 (1), pp. 11-56. Recuperado de: https://bit.ly/2CUwr0d

Richard-Jorba, Rodolfo. 2014. El relato populista y la realidad. La primera y mayor huelga del magisterio mendocino, 1919. En Florencia Rodríguez Vázquez (Coord.). Gobernar la provincia del vino. Agroproducción y política entre la regulación y la intervención (Mendoza, 1916-1970). Rosario: Prohistoria ediciones, pp. 91-129.

Richard-Jorba, Rodolfo. 2015. Conservadores y lencinistas. Intervención estatal en la economía vitivinícola de la provincia de Mendoza (Argentina), 1914-1922. Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, (13), pp.129-154. Recuperado de: https://bit.ly/32XvSxj

Richard-Jorba, Rodolfo. 2016. Hacia un estado más complejo. El Departamento Provincial del Trabajo en Mendoza, durante el lencinismo y las intervenciones federales 1918-1926. Travesía-Revista de Historia Económica y Social, 18 (1), pp. 67-96. Recuperado de: https://bit.ly/2Xh3C5p

Richard-Jorba, Rodolfo. 2017. El Departamento Provincial del Trabajo durante la década lencinista. Mendoza, 1918-1928. Participación de una agencia estatal en el diseño y aplicación de políticas sociales. En Florencia Rodríguez Vázquez y Cecilia Raffa. Profesionalizando un Estado provincial Mendoza, 1890-1955. Mendoza: Instituto de Historia Americana y Argentina, Facultad de Filosofía y Letras/ Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado de: https://bit.ly/39u1oo0

Rodríguez, Celso. 1979. Lencinas y Cantoni. El populismo cuyano en tiempos de Yrigoyen. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Soprano, Germán. 2007. Del Estado en singular al Estado en plural: Contribución para una historia social de las agencias estatales en la Argentina. Cuestiones de Sociología, (4), pp. 19-48. Recuperado de: https://bit.ly/30TE3Ie

Suriano, Juan. 2014. La formación de las instituciones laborales en la Argentina: la difícil relación entre la nación y las provincias. En Rodolfo Richard-Jorba y Marta Bonaudo (Coords.). Historia Regional. Enfoques y articulaciones para complejizar una historia nacional. La Plata: UNLP-FaHCE, pp. 215-227.

Uliana, Hernán; Cesaretti, Fernando y Mauro, Diego. 2005. Representaciones, prensa y conflicto social. Estrategias complejas en el diario La Capital, mayo-julio de 1928. En Marta Bonaudo (Dir.). Imaginario y prácticas de un orden burgués. Rosario, 1850-1930, tomo I. Rosario: Prohistoria ediciones, pp. 125-146.

Vega, Jacinto de la. 1997. Huelga en Mendoza. Mendoza: Ediciones Culturales de Mendoza.


  1. Investigación desarrollada en el marco del PIP CONICET Agentes estatales, trabajadores y empresarios en las transformaciones políticas, económico-sociales y territoriales en la provincia de Mendoza entre el lencinismo y los albores del peronismo. El autor agradece los valiosos comentarios y observaciones de Nicolás Iñigo Carrera.
  2. Una buena síntesis de este conflicto puede consultarse en Carminatti, 2006; y Richard-Jorba, 2013, pp. 71-101.
  3. Los Andes, fundado en 1882, en Mendoza, (en adelante LA) era el único medio moderno, organizado con criterio empresarial. Es decir, se trataba de lo que comúnmente denominamos “prensa independiente” o “prensa seria”. Prensa seria “es aquella que se considera a sí misma, y es considerada por sus pares […] como referente en la orientación de una opinión por encima de los conflictos intraelite, una opinión pública” (Uliana, Cesaretti y Mauro, 2005).
  4. En 1919 la FOP era una organización poderosa. Marianetti da una lista, incompleta, de 27 gremios federados y agrega un etcétera. Ellos eran: Albañiles, Carpinteros, Asociación de Telegrafistas y Empleados Postales, Unión de Telefonistas, Unión General de Mozos, Artes Gráficas, Sociedad de Panaderos, Conductores de vehículos, Conductores y propietarios de carretelas, Repartidores de pan, Cortadores de carne, Centro de Chauffeurs, Electricistas y operadores cinematográficos, Unión Tranviarios, Metalúrgicos, Empleados de comercio, Contratistas de viñas, Oficiales sastres, Unión carniceros, Maestros Unidos, Talabarteros, Hojalateros, Plomeros, Sindicatos de Trabajadores del Ferrocarril, Repartidores de licores y anexos, Toneleros, Obreros Varios, etc. (Marianetti,1970, p. 69).
  5. Sobre el conflicto del magisterio véase De la Vega, 1997; y Richard-Jorba, 2014, pp. 91-129.
  6. Por ejemplo, Maestros Unidos, el gremio oficialista corrió la misma suerte.
  7. El socialismo criticaba al sindicalismo y al anarquismo por sus posiciones y modos de plantear los conflictos. Véase el órgano partidario El Socialista, Mendoza, 1918-1920 -en adelante ES.
  8. Compárese este número de gremios, con los afiliados a la FOP de 1919 (Nota 3).
  9. Las huelgas fueron en las bodegas Tomba, Calise, Baudrón y Manen; en la Cristalería Caiman, en la empresa de Tranvías y en Vitale y Cía.
  10. Godio (2000, p. 315) critica la huelga porque “la USA, fuertemente impregnada de resabios antiestatistas y verbalistas revolucionarios, no pudo entender el verdadero significado progresista de esta ley y sólo pudo responder con un comportamiento de rechazo abstracto a esa medida”.
  11. A diferencia de los gobiernos conservadores, que emitieron letras con respaldo de leyes y cuyos fondos fueron destinados a la realización de obras públicas, el lencinismo (y las intervenciones federales) las empleó como medio de pago a sus trabajadores y proveedores; y su emisión no contó con respaldo legislativo sino que fueron autorizadas por decreto. Inicialmente funcionó, pero la emisión descontrolada y, además, una gran falsificación de letras durante el gobierno de Carlos W. Lencinas, rompió cualquier equilibrio. Las letras perdieron rápidamente valor, como ha sido explicado en Barrio, 2018.
  12. Resaltados nuestros. Obsérvese que se continuaba hablando de FORA Comunista, pese a lo que hemos señalado que afirmaba Abad de Santillán (2005, pp. 270-271).
  13. Por ejemplo, la ausencia de presupuestos entre 1916 y 1922. El último presupuesto aprobado por ley fue el de 1916. El lencinismo, desde 1918 se manejó con prórrogas de aquel e incremento de partidas por decreto. Por otra parte, la ya mencionada emisión descontrolada de letras de tesorería y los agobiantes retrasos en el pago de salarios a trabajadores estatales y proveedores.
  14. Exigían, por ejemplo, que la empresa pagara los días de huelga y que cubriera con medio jornal a los trabajadores que se enfermaran, entre otros reclamos.
  15. Sociedad de Artes Gráficas, Unión Pintores, Repartidores de Comercio, Unión de Tranviarios, Carpinteros y Ebanistas, Obreros Fideeros, Unión Vendedores de Diarios, Obreros del Mimbre, Obreros Silleteros, Obreros de Rivadavia, Toneleros de Luján, Obreros de Maipú (departamentos de Mendoza), Toneleros de Gutiérrez (distrito del depto. Maipú) y Centro Obrero Gobernador Benegas (cerveceros).
  16. Eran los Ebanistas y Mimbreros, y los Mozos (LA, 24 de abril de 1925).
  17. Tomando como referencia los $2 vigentes como salario mínimo (ley 732 de 1918), 70 peones cerveceros cobraban $3,60 diarios; 85 obreros, entre 3,80 y 4,80; 9 medios oficiales, 5 a 5,60; 17 oficiales, 6 a 8,80; los repartidores, $145 por mes y los choferes de camiones, $200. La propuesta gremial pedía elevar durante 1926 los jornales mínimos a razón de $0,05 por cuatrimestre y por hora, de modo de llegar en un año a $4,80 diarios.
  18. El gran enemigo del lencinismo. Los socialistas, por su parte, siempre atacaron a los Lencinas achacándoles prácticas políticas que no educaban ni dignificaban al obrero, sino que hacían pura “política criolla” (Rodríguez, 1979 y ES, en sus ediciones desde 1918 a 1928).
  19. En El Socialista no aparece en este período ninguna mención a los cerveceros. Inclusive en el número del 6 de febrero hay propaganda comercial de la Cervecería de Los Andes.
  20. Este protagonismo estuvo a cargo del ministro de Gobierno Dr. Manuel Zuloaga y del primer director del DPT del nuevo gobierno, el Dr. Aldo Pechini, de origen anarquista, incorporado al lencinismo y, posteriormente, al cantonismo en San Juan.
  21. En octubre de 1924 la Federación se reunió con el interventor federal Enrique Mosca y solicitó que “se procure arbitrar los medios conducentes a regularizar la situación económica de los maestros”. El funcionario sólo prometió ocuparse del tema (LA, 15 de octubre de 1924).
  22. LA, 21 de mayo de 1924 y 30 de octubre de 1924, denuncian la compra de sueldos a empleados del Estado.
  23. Se adeudaban, además, alquileres de escuelas y casas de directores, aportes jubilatorios y otros gastos que, sumados a los salarios, superaban los $2.200.000.
  24. Los Andes dio permanente información sobre la problemática de los docentes y un apoyo contundente y fundado a sus reclamos salariales, tal como lo había hecho en el conflicto de 1919.
  25. En un petitorio elevado al Senado, 1.500 empleados solicitaron la aprobación de un proyecto de ley de José Trianes que establecía aumentos de sueldos a los agentes casados con más de dos hijos menores (LA, 21 de setiembre de 1926).
  26. Véase, por ejemplo, la huelga de obreros que construían el ramal ferroviario Espejo-Lavalle, a cargo de una empresa contratista del FC Buenos Aires al Pacífico (BAP). Pedían aumento de jornales y pago de horas extras, la aplicación de la jornada de 8 hs, instalación de un botiquín y la “Supresión de la proveeduría y del pago de los salarios mediante vales por mercaderías”. El BAP tuvo que admitir ante el DPT la justicia de los reclamos y reconocer que la “contratista” era una pantalla. Con apoyo del DPT, los huelguistas obtuvieron todos sus reclamos (LA, 24, 25 y 27 de febrero de 1926). Hubo otros casos similares.
  27. Véase, además, Richard-Jorba, 2016. Hubo casos de cesantías amplias y no justificadas; alta rotación del personal del DPT, así como una preocupación del ministro de Gobierno Manuel Zuloaga por asegurar estabilidad a sus empleados, precisamente contra esas arbitrariedades.
  28. Era generalizada la percepción de que Orfila estaba sujeto a los dictados del caudillo. Véase, por ejemplo, “Quién es el gobernador”, en ES, 13 de febrero de 1926. También son elocuentes en este sentido los discursos de los diputados nacionales –y los hechos referidos en ellos–, en ocasión del tratamiento del proyecto de intervención federal a Mendoza. Son particularmente explícitos los discursos de los diputados Isidro Maza (UCR) y Julio C. Raffo de la Reta (Partido Liberal) (Cámara de Diputados de la Nación, 1928, pp. 655-757).
  29. Participarían del acto la junta ejecutiva del Círculo, delegados de la Confederación Nacional de Maestros, de la Asociación Ley 4874 y de la Asociación de Jubilados. Habría oradores del Círculo, delegados estudiantiles del Colegio Nacional, Escuela Normal, Universidad Popular, del Círculo de Periodistas, etc.
  30. El texto completo del pedido de informes fue transcripto en LA, 15 de julio de 1927.
  31. Esos gremios eran los de Artes Gráficas, Cocheros, Mosaístas, Mozos, Ladrilleros, Tranviarios, Cocineros, Pasteleros, Obreros Unidos de Godoy Cruz y de San Martín, Fideeros, Chauffeurs, y algún otro.
  32. La existencia de ambos gremios de choferes la registra el diario a raíz de una convocatoria del DPT a las dos organizaciones para fijar el valor de algunos viajes.
  33. La orientación sindicalista de la FOL la señala LA, 31 de julio de 1929. En general estas Federaciones eran anarco-comunistas (Información verbal de Nicolás Iñigo Carrera, julio de 2018), por lo que ignoramos cuál era efectivamente la orientación ideológica de esta central.
  34. Adhirieron el Centro Protección de Chauffeurs, la Unión Tranviarios y el Sindicato de Artes Gráficas.
  35. Destaca que la lucha obrera supuso enormes gastos afrontados en conjunto por valor de millones de pesos, sumando “los gastos de periódicos, manifiestos, murales, delegaciones, pérdida de jornales por las huelgas solidarias […]” (Abad de Santillán, 2005, p. 279).
  36. Esta es la única información de que hemos podido disponer, por lo cual desconocemos la duración del emprendimiento gubernamental. Suponemos que la intervención federal de Enrique Mosca, que desplazó a Carlos W. Lencinas en octubre de 1924, debió suprimir estas Juntas, recreadas por Orfila tres años después. Esta presunción se corrobora en una entrevista al Intendente interino en 1925, en la que afirma que se proyecta instalar ferias francas para abaratar el precio de la carne para los sectores populares; y que si dieran resultados, se incorporarían otros productos, como el azúcar (LA, 7 de agosto de 1925).
  37. Una estadística de la capital mendocina determinó la existencia de 190 conventillos e inquilinatos en las cuatro secciones de la ciudad, que albergaban 2.000 familias. En la tercera sección residían 538 familias en 49 conventillos; 222 familias en los 26 de la cuarta. El resto correspondía a 95 conventillos en la primera sección y 10 en la segunda (LA, 16 de enero de 1926).
  38. Los alquileres habituales llegaban a 24 pesos mensuales por pieza (LA, 7 de enero de 1927). El presupuesto de una familia integrada por la pareja y dos hijos de 8 años, sin escolaridad por falta de recursos, ascendía a $103,23 mensuales, de modo que casi una cuarta parte del ingreso se destinaba al alquiler (Rodolfo Richard-Jorba, 2010a, p. 255).
  39. Faltaban días para la asunción de Orfila en la gobernación. El diario describe un gran conventillo en calle Las Heras, que terminaría clausurado por el nuevo gobierno. Habla de “los estigmas de degeneración” en los niños, vida promiscua, borracheras, etc., que crean seres que pierden los sentimientos más elementales, “que distinguen al ser humano de la animalidad inferior”.
  40. Si en un cálculo conservador estimamos un mínimo de 5 personas por familia, sólo los habitantes de conventillos superaban largamente el 10% de la población de la ciudad.


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