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6 ¿Allá era todo viña?[1]

La gestión estatal de hidrocarburos en Mendoza (1930-1943)

Enrique A. Timmermann

Introducción

El Estado nacional, que desde 1907 explotaba el petróleo en Comodoro Rivadavia, profundizó su política hidrocarburífera, primero con la explotación de Plaza Huincul (1918-19) y luego con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (1922) y la llegada de Enrique Mosconi a la Presidencia de la empresa estatal. Por esos años,la provincia de Salta (1924) se sumó a los territorios nacionales en la extracción del oro negro (Gadano, 2006). Mas, Mendoza necesitaría todavía atravesar la década de 1920 para iniciarse en una industria hidrocarburífera que le reportara beneficios económicos y que le permitiera superar una matriz basada exclusivamente en la industrialización de bienes agrícolas y avanzar en proyectos diversificadores truncos.

Efectivamente, durante los gobiernos lencinistas (1918-1928) hubo varios intentos por desarrollar la actividad hidrocarburífera con disímiles resultados. Pero, al final de ese período ninguna propuesta se tradujo en una explotación redituable para los inversores privados ni para arcas provinciales.

El año 1930 en Mendoza significó una nueva etapa en términos políticos, económicos y productivos, definida por la llegada de José María Rosa como interventor nacional del gobierno de facto, encabezado por José Félix Uriburu. El padecimiento de una larga crisis que afectó la principal agroindustria (vitivinicultura) y la política reguladora implementada por el Estado nacional para paliar los efectos adversos, concentraron los esfuerzos de las dirigencias políticas y económicas. Respecto de esta coyuntura, la historiografía económica se ha centrado en la crisis vitivinícola y en el rol que le cupo a la Junta Reguladora de Vinos (Ferro, 2008; Olguín, 2012; Cerda y Ospital, 2016) para controlar una sobreproducción que excedía la demanda. Sin embargo, un aspecto que ha pasado inadvertido por la literatura regional es la acción estatal en materia petrolera durante los gobiernos posteriores al golpe de 1930 (1932-1943). Durante este período se diseñaron e implementaron iniciativas cuya continuidad en el tiempo permiten pensar la posibilidad de una política hidrocarburífera, sustentada en un soporte institucional y técnico que se consolidaba progresivamente. En esta etapa, a su vez, fueron nodales los acuerdos con YPF, a través de los cuales Mendoza se integró al grupo de las provincias petroleras.

En este capítulo desarrollaremos los avances de este sector productivo principalmente en la cuenca cuyana. El interés se centra en que, no obstante, el período crítico que atravesaba la economía provincial, la dirigencia mendocina prestó especial atención al fortalecimiento de un sector que presentaba modestos antecedentes locales pero abría la posibilidad de insertarse en un mercado dominado hasta entonces por la producción patagónica.

La bibliografía especializada sobre el petróleo en Mendoza, en el periodo 1930-1943, como ya se señaló es escasa, marcando un contraste con la disponible para etapas posteriores (Aguilera, 2000; Cerra y Yazbek, 2014; D’Amico, 2012; Ferreyra y Jofré, 2013; Ramirez, 2005; Timmermann, 2016, pp 11-35). Por un lado, Guevara Labal (1936) constituye un valioso documento que presenta un raconto de las acciones de gobierno entre 1930-1934; mientras que el trabajo de Favaro (1994) analiza, desde una mirada sociológica, el paso de una elite gobernante predominantemente vitivinícola a otra que vio en los hidrocarburos una nueva industria y, por tanto, aportó las bases para la expansión del sector.

Por otra parte, la bibliografía general sobre historia de Mendoza menciona algunos rasgos distintivos del período. Cueto (1994) y Martínez (1979) señalan que la industria petrolífera en Mendoza comienza con el convenio firmado entre la administración provincial y la compañía estatal en 1932. Con base en esos antecedentes, el recorte temporal y espacial permite echar luz sobre la proyección estatal de las explotaciones hidrocarburíferas en la provincia, así como la creación de las condiciones institucionales para que ese proyecto rindiera prósperos frutos.

A nivel nacional, para el recorte temporal de este trabajo aportan importantes antecedentes Frondizi (1954) y Gadano (2006), quienes describen los convenios de YPF de 1932 y 1940, aunque no se detienen en un análisis de los fundamentos que motivaron estos convenios. El primer autor, en clave nacionalista, distingue las provincias que apoyaron la acción de YPF de aquellas que no lo hicieron. Mendoza sería del primer grupo con los convenios señalados. Por su parte, Gadano (2006) aporta elementos para comprender el marco institucional y legal en el cual el Estado provincial se embarcó en esta iniciativa: la reglamentación de la explotación petrolera de Comodoro Rivadavia, la designación de funcionarios de un marcado perfil técnico, la ampliación del presupuesto para la exploración y explotación de petróleo, la creación de la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y de YPF. En definitiva, se verificó el fortalecimiento de la explotación estatal del petróleo como estrategia frente al avance de las empresas extranjeras en el país.

También nutren nuestra investigación los abordajes sobre las empresas públicas[2]. En particular, Salerno (2003) puntualiza la incipiente formación del Estado empresario con la Administración General de los Ferrocarriles del Estado (AGFE) y muestra cómo se promovieron distintas acciones para la expansión ferroviaria. A su vez destaca la centralidad de las funciones de contralor del Estado nacional para la consecución de esos objetivos. Desde esa perspectiva, nuestra investigación sugiere que el gobierno de Mendoza delineó similares iniciativas respecto del funcionamiento de YPF en la provincia. A su vez, Belini y Rougier (2008) demuestran que la formación de empresas públicas es una herramienta a través de la cual el Estado intenta responder a las demandas sociales y sectoriales de diversas coyunturas históricas; incluso para avanzar sobre la atención de demandas y servicios que son atendidos de modo deficitario por los particulares. Precisamente, este abordaje resulta de interés porque hasta la década de 1930 en Mendoza no se había podido organizar una explotación privada del petróleo y todos los intentos resultaron fallidos. De manera que la injerencia estatal habría sido nodal para llevar adelante esta industria base de la economía.

En este mismo sentido, Regalsky y Rougier (2015) presentan un Estado enfocado a satisfacer servicios y promover bienes industriales. Como bien señalan los autores, la conformación de YPF en 1922 marcó el inicio de un estado moderador y regulador del mercado (Regalsky y Rougier, 2015, p. 10) De esta manera, la empresa estatal petrolera alcanzó una explotación racional y eficiente de los hidrocarburos en beneficio de un mercado cada vez más solícito de energía. En este sentido también nos aporta insumos el trabajo de Bandieri (2016), quien señala la importancia de la formación de técnicos para el desempeño de la empresa pública.Otra mirada al Estado, como promotor de otras actividades industriales es aportada por Bandieri y Blanco (2012). Las autoras observan el desarrollo estatal de la energía eléctrica en la norpatagonia, señalando que las actividades llevadas a cabo por la empresa pública propiciaron un desarrollo regional vinculado a la hidroelectricidad. En nuestro caso, YPF promovió la creación de pequeñas empresas para satisfacer distintos requerimientos.

Una atención especial merece el trabajo de Favaro (1999), quien analiza la acción del Estado en el tema petrolero a través de YPF, aportando algunas reflexiones sobre cómo plantearon los distintos gobiernos (radicales, conservadores y el peronismo) la figura de YPF en el ámbito nacional. Para la década de 1930 señala el fortalecimiento de la empresa estatal en detrimento de la empresa norteamericana Standard Oil Co.

Por último, Dachevsky (2015) refiere cómo el Estado encaró una nueva alternativa económica concentrando la renta petrolera. Para lograr esto, el autor sostiene que YPF obtuvo la constitución de reservas en todo el territorio nacional (territorios nacionales, Formosa, San Juan, Salta, etc.). El acopio de zonas por parte de la empresa estatal, le generó conflictos con particulares y empresas privadas que reclamaron la caducidad que ellas sostenían tener sobre estos espacios. A su vez, generó tensiones entre los gobiernos provinciales y el poder ejecutivo nacional por la concesión o no de la explotación petrolífera, principalmente en las provincias norteñas (Salta y Jujuy) durante la década de 1920 y principios de 1930. Este autor sostiene que a partir de la Ley de Hidrocarburos (1935), el Estado controló prácticamente el upstream y transformó la regalía petrolífera en una cesión del Estado central (gobierno nacional) al Estado provincial (las provincias).

Ahora bien, es importante recordar que durante los gobiernos de la década de 1930 el Estado argentino buscó monitorear algunas actividades productivas en crisis, a través de la formación de comisiones y juntas nacionales reguladoras de la producción. Estas no fueron concebidas como permanentes y, a su vez, se las dotó de una importante autonomía (Belini, 2017). Una excepción a esta tendencia fue la sanción de la primera ley sobre Régimen de Petróleo (n° 12.161) sancionada en 1935 durante la presidencia de Agustín P. Justo (Belini, 2017). Esta normativa establecía que toda actividad hidrocarburífera debía ser regulada por el Estado, el que establecía quiénes podían importar o exportar, explorar o explotar minas, etc. Posibilitó, implícitamente, que la actividad petrolera fuera regulada por YPF, como más tarde sucedió con la venta de combustibles y el acuerdo de su comercialización entre las tres grandes empresas (YPF, Standard Oil y Shell)[3]. Es oportuno explicar que el Código de Minería de 1886 (n° 1.919), en su artículo noveno había establecido pautas precisas para la explotación de los recursos minerales: el Estado nacional o los Estados provinciales no podían llevar a cabo trabajos de exploración o explotación de hidrocarburos, dejando a estos a manos de agentes particulares provinciales, nacionales o extranjeros. Por ende, el gobierno debía estimular la llegada de estos inversores-explotadores pero sin involucrarse de modo directo. Una forma de propiciar ese proceso era a través del diseño e implementación de una legislación que reglamentara la actividad y otorgara incentivos a las empresas. De modo que la ley 12.161 modificó una tradición normativa refractaria a la intervención del Estado sobre la materia.

Por su parte, la provincia de Mendoza sancionó en 1901 la ley 227 que otorgaba potestad exclusiva al Poder Ejecutivo para decidir sobre la concesión de exploración o explotación de minas. Esta ley fue reglamentada en diciembre de 1918 a través del decreto 353 que especificaba los procesos administrativos respecto de las solicitudes de exploración, las unidades de medidas de la exploración y cánones; la pertenencia de las minas descubiertas, entre otros aspectos. Este decreto provincial se ajustó a los lineamientos que planteó la ley nacional 10.273 sancionada al comienzo del gobierno de Yrigoyen. En ambas se establecía el canon a abonar por el poseedor de una mina de petróleo, la sanción por falta de pago, qué tareas debía llevar a cabo en la mina para ser considerada activa, etc.

En virtud de lo expuesto, la reconstrucción que presentamos en este capítulo pretende iluminar los pormenores por los cuales el gobierno de Mendoza fortaleció los vínculos con YPF para la extracción de petróleo y, con ello, omitió la participación del capital privado. En ese devenir, abordaremos las acciones de gobierno de José María Rosa puesto que, durante su intervención federal, por primera vez, se logró vincular a Mendoza con YPF. Luego, analizaremos el primer convenio entre la Provincia e YPF (1932) que permitió en el corto plazo (ocho años) convertir a Mendoza en una provincia hidrocarburífica con la construcción de la destilería de Luján de Cuyo en 1940. En relación con esto, además es oportuno demostrar cómo la empresa estatal completó la cadena de valor en Mendoza, para lo cual se invirtió en la construcción de dos destilerías en el breve lapso de dos años.

Intervención de José María Rosa (1930-1932): proyectos para el desembarco de YPF

El gobierno de facto de José F. Uriburu nombró interventor en Mendoza a José María Rosa, quien designó como Ministro de Industrias y Obras Públicas al ingeniero agrónomo Ricardo Videla, como ya se señaló en el capítulo 3. Este encontró la División de Minas, Petróleo y Geología –dependiente de este Ministerio–, virtualmente paralizada: desde enero de 1930 no tenía director por decisión del anterior interventor radical Carlos Borzani[4], y los trabajos en el área eran nulos. Había muchas minas en vacancia[5] y no se publicaban permisos de cateos en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza (en adelante BOPM). Sin duda, marcaba un contraste respecto de la destacada actividad de la dependencia a comienzos de la década de 1920 (Timmermann, 2016).

En el contexto de fuerte crisis vitivinícola y desocupación, Ricardo Videla propició la diversificación de la matriz productiva de Mendoza. Por eso, entre otras decisiones, procuró reactivar experiencias fallidas de exploración y explotación petrolera, pero con un cambio de visión estratégica al buscar incorporar la provincia al esquema petrolero nacional liderado por las provincias patagónicas y centralizado por YPF. Para ello, necesitaba, en primer lugar, un diagnóstico de los recursos petroleros de Mendoza. Ante el mencionado vacío de la agencia, solicitó al Ministerio de Agricultura de la Nación el envío de técnicos que complementaran la información elaborada por la repartición mendocina en gestiones previas[6]. El Ministerio designó a los geólogos alemanes Walter Schiller y Ricardo Stappembeeck[7] de la Dirección Nacional de Minas. En sus estudios detectaron que había grandes yacimientos de petróleo en la zona de Tupungato (Valle de Uco) y el actual departamento de Malargüe (Sur), en donde la Compañía Atuel S.A venía trabajando hacía varios años.

Estos resultados preliminares fueron tan satisfactorios que Ricardo Videla promovió la creación de una Comisión Asesora del Régimen Petrolífero Provincial (decreto 464/30). La misma estuvo compuesta por el ingeniero especializado en petróleo Agustín Rosas, los abogados Arturo Cubillos, Guillermo Cano, Julio Cesar Raffo de la Reta y el asesor de gobierno, Alberto A. Day[8]. Es importante adelantar que los miembros de esta comisión luego formaron parte del gobierno provincial a lo largo de la década de 1930, tanto en la cartera ministerial (Raffo de la Reta) como en el poder ejecutivo (Cano) o legislativo nacional (Raffo de la Reta y Day), lo cual garantizaría que el desarrollo petrolero se convirtiera en una política de estado.

Esta Comisión no solo era técnica sino también jurídica y tenía por finalidad estudiar y diseñar los lineamientos de una política petrolera inédita hasta entonces, asumida por la intervención del gobierno provincial. En este sentido, su objetivo era lograr que se aprovechara la mayor riqueza hidrocarburífera posible, tanto en su estado sólido (esquistos bituminosos), líquido (petróleo) como gaseoso. Su función se extendió hasta que YPF y la Provincia firmaron unconvenio para la explotación de petróleo, el 18 de setiembre de 1932, que fue ratificado por ley. Es decir que, en la práctica, esta Comisión allanó el camino institucional para la entrada de la empresa estatal en Mendoza.

Uno de los primeros dictámenes de esta Comisión aconsejaba frenar la actividad privada sobre el sector. Para ello se basó en decretos que el gobernador de la provincia de Salta había emitido en 1924[9]. Como consecuencia, el ejecutivo suspendió, por el término de cinco años, los permisos de cateos y exploración en la provincia (decreto 304 de 1931). Vale advertir que el decreto protegía esta fuente de energía para la seguridad de la Nación. Este tópico iba de la mano con el robustecimiento de las políticas de defensa militar durante la década de 1930 (Rougier, 2015). Efectivamente, la partición de cateos en un área determinada, que luego confirmara un yacimiento, podía implicar una sobre-explotación y por ende un perjuicio para la Nación (YPF, 1933).

Además de las exploraciones que propiciaba la Provincia, la misma empresa estatal, realizó durante 1931 inspecciones en la zona Sur y en el Cerro Cacheuta Mendoza (Los Andes, Mendoza, 19 de marzo de 1931 –en adelante LA–y Provincia de Mendoza, 1932, p. 34), bajo la dirección técnica del contralmirante Tiburcio Aldao y el ingeniero Enrique Cánepa[10]. Como resultado, se concluyó que la zona Sur de la provincia debía explorarse aún con mayor profundidad, mientras que, en las tierras pertenecientes a la Compañía Mendocina de Petróleo, en Cacheuta, estaban dadas las condiciones para iniciar la etapa de explotación.

En este sentido, el gobierno interventor de José María Rosa promovió que se formalizara un contrato entre YPF y la Compañía Mendocina de Petróleo en 1931[11] que era la dueña de la zona hidrocarburífera de Cacheuta[12]. La compañía era de capitales privados y estaba presidida por Félix Malbrán.

Mediante el acuerdo, YPF se hacía cargo de la extracción de hidrocarburos en la zona minera conocida como Agua del Corral (Cacheuta, Luján de Cuyo) con una superficie de 19.255 hectáreas. También se cedían todas las instalaciones y se le otorgaba a YPF la posibilidad de construir edificios, depósitos, etc. A cambio, la empresa estatal debía abonarle a la firma privada el 6% del valor del petróleo en bruto libre de gastos en concepto de regalía, porcentaje que luego se incrementaría un 2% más. Para la compañía era un buen negocio ya que habían intentado venderla durante la década anterior sin éxito.El contrato también determinaba que YPF debía perforar y explotar al menos nueve pozos nuevos en la zona, además de los ya existentes. A su vez estaba autorizada a construir un oleoducto hasta las zonas de embarque (estación Cacheuta del tren Trasandino). El contrato no especificaba la construcción de ninguna destilería para procesar in situ el petróleo obtenido. Podemos conjeturar, por tanto, que la empresa estatal no preveía que en Cacheuta hubiese un reservorio de petróleo significativo (ver supra).

Este contrato fue transcendental para Mendoza al poner en funcionamiento una nueva industria: la petrolera. A su vez, YPF se aseguraba un yacimiento que le permitió, como veremos a continuación, controlar toda la cuenca cuyana.Un mes después de celebrado, el ministro Videla señalaba que su implementación iba a favorecer la creación de más de 100 puestos de trabajo y que YPF debía invertir en un primer momento una suma aproximada de $500.000 moneda nacional. Apenas iniciados los trabajos se tuvo que sortear un imprevisto técnico que demoró esta etapa: la presencia de sal en el petróleo de varios pozos. Por ello tuvo que adquirir sin licitación previa deshidratadores eléctricos del tipo “DTCRP”[13]. Esto sugiere que los técnicos desconocían el tipo de petróleo a extraer, hecho que no sucedió luego en las otras zonas de explotación.

En síntesis, José María Rosa activó la producción hidrocarburífera en la provincia, en consonancia con la política seguida a nivel nacional.

De la exploración a la destilación: la “gestión” del petróleo durante las gobernaciones conservadoras (1932-1943)

Entre 1932-1938: YPF conoce el potencial de Mendoza

Ricardo Videla asumió la gobernación de Mendoza en febrero de 1932. Durante su breve pero intensa trayectoria al frente del Ministerio de Industrias y de Obras Públicas de la intervención de Rosa advirtió, entre otras cuestiones, el potencial que tenía el petróleo como fuente de riqueza provincial, diversificación productiva y demanda laboral. Por eso impulsó la firma del convenio con YPF y su implementación.

En primer lugar, dispuso la caducidad de todos aquellos cateos paralizados[14]. Más de doscientos expedientes fueron archivados y con ello una gran zona minera quedó a disposición de nuevos inversores. En rigor, se trataba de habilitar franjas mineras para el futuro convenio con YPF[15]. Al respecto, es interesante destacar que no hemos encontrado todavía ninguna demanda de empresas o particulares perjudicados con esta acción. Esto marca una diferencia con lo que ocurrió en otras provincias o áreas nacionales, donde similar medida disparó una gran cantidad de pleitos judiciales (Dachevsky, 2015). La provincia de Salta es un caso emblemático puesto que el enfrentamiento entre el gobierno provincial y la Standard Oil fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cf. Bunge, 1933; Favaro, 1989 y Gadano, 2006).

También era fundamental actualizar la legislación provincial sobre el tema. Por eso el gobierno reglamentó algunos aspectos de la ley provincial 227 de 1902 (BOPM, decreto 125, 21 de mayo de 1932), y dispuso que los trabajos de investigación geológica y de exploración requerían la aprobación de la Legislatura provincial y el abono de $2.000 moneda nacional al Estado por expediente. En tercer lugar, se amplió la suspensión de solicitudes de exploración en el territorio mendocino (BOPM, 27 de julio de 1932) Este decreto, a su vez, establecía que el gobierno per se podía otorgar permisos de exploración a privados. También el artículo 2º disponía todo lo concerniente al transporte de petróleo a través de oleoductos en terrenos que no adscribían, según las leyes vigentes, a las concesiones de cateos.

Por último, tras un proceso regulatorio que sentó las bases para la retracción de la acción privada y estableció las reglas de funcionamiento del sector a escala local, se habilitó la gestión estatal del recurso energético. Así, el 29 de julio de 1932 el gobierno provincial y la Dirección de YPF firmaron un convenio, a ratificar por el Poder Legislativo provincial y el Ejecutivo. El Convenio, presentado en la Legislatura mendocina el 1º de agosto de ese año y aprobado, sin objeciones, como ley 966 el 19 de setiembre, apuntaba a que la empresa estatal realizara una exploración metódica y sistemática de todo el territorio mendocino en busca de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.

En la citada presentación, el gobernador narró los pormenores del convenio, repasó la historia petrolera mendocina y refrendó la intervención estatal en la promoción y explotación económica de esta riqueza natural:

El capital privado sería, tal vez, bajo otras circunstancias el más indicado, pero es sabido que él tiene exigencias y serios inconvenientes que no es necesario puntualizar; máxime si es extranjero. Por ello el P.E. se inclinó desde el primer momento a favor de la explotación por el Estado (Provincia de Mendoza, 1932, p. 40)

Este pronunciamiento resulta indicativo de la preferencia de la gestión estatal en materia petrolera. Asimismo, Videla confiaba que esta iniciativa estatal sería una llave para generar eslabonamientos en áreas tales como transporte, siderurgia, construcción, etc. y, con ello, se absorbería mano de obra desocupada y mejoraría la situación económico-social de la provincia[16]. Pero lo más significativo serían los beneficios para Mendoza derivados de los recursos que aportarían las regalías petrolíferas.

El convenio establecía que la empresa estatal se comprometía a abonar el 11% neto de lo extraído en cada zona petrolera. Este canon vinculaba al Estado nacional con el provincial, en una transferencia de renta dentro de un mismo estado producto de una explotación industrial, una particularidad en el sector hidrocarburífero (Dachevsky, 2015, p. 359). Sin embargo, el caso mendocino aporta cierta relatividad a esa afirmación porque los gobernantes provinciales vieron en la empresa estatal la única con posibilidad de explotar la riqueza mineral, en tanto eran, parte también, de un nacionalismo económico al que adherían.

Mapa 1: Áreas de explotación en la cuenca cuyana 1932-1940 y ubicación de la Refinería de Luján de Cuyo

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Fuente: Elaboración propia con base en Provincia de Mendoza, 1940a.

Efectivamente, esta política “estatista y nacionalista” valló la inversión extranjera en hidrocarburos[17] hasta los contratos que firmara Frondizi, en 1958. Esto es una singularidad del caso mendocino respecto de las otras regiones petroleras donde participaron las grandes compañías de capitales foráneos como la Standard Oil o Shell. En efecto, durante la década de 1920 hubo varios pedidos de cateos que nunca avanzaron a la etapa exploratoria. Es posible que estos capitales conjeturaran que sus inversiones no eran rentables debido al probable bajo rendimiento de los pozos a explotar. Los casos de la Compañía Mendocina de Petróleo y Atuel S.A. abonan esta explicación.

En el primer año del convenio, YPF se comprometía a perforar pozos testigos o de exploración. Estos debían comprobar y cuantificar, en la medida de lo posible la napa petrolífera; caso contrario debían ser abandonados y pasarían a ser objeto de posibles cateos por particulares, hecho que nunca sucedió. Si la zona de exploración era redituable, se transformaba en zona de explotación con un área de diez mil hectáreas. En el contrato no se especificaba el plazo de la explotación, solo se mencionaba que el mismo era hasta el “agotamiento” del pozo.

Una de las primeras áreas donde se comenzó a explorar fue en el departamento de Tupungato, debido a su cercanía con Cacheuta. Los terrenos pertenecían a una familia tradicional de Mendoza, Alurralde de Villarroel de la Reta, que tenía diversos negocios en la provincia, uno de ellos eran las bombas de nafta en la vía pública. Esto significa que conocían el tema petrolero por participar de su cadena de valor y explica que esta familia hiciera una presentación jurídica a la gobernación para impedir el trabajode YPF en sus terrenos. No obstante, el Poder Ejecutivo apoyó la labor de la empresa estatal[18].

El primer pozo de producción en Tupungato se perforó el 19 de marzo de 1934, conocido como T-1, aunque lo más interesante de esta etapa exploratoria fue la perforación en Lunlunta (departamento de Maipú). En esta zona no se tenía registro de existencia de petróleo, y luego de una serie de cateos se perforó un pozo testigo (el Nº 2) a 2.476 metros, la más profunda en el país para el momento y una de las mayores en América Latina (Boletín de Informaciones Petroleras, 1937, 160, p. 78 –en adelante BIP–).Estas tareas confirmaron la existencia de una napa con reservorios importantes.

Con respecto al área minera El Sosneado (Malargüe), YPF formalizó las tratativas y adquirió parte de la Compañía Río Atuel S.A. a José Bernardo Eddis (Gadano, 2006, p. 355). Sin mediar tiempo, la empresa estatal envió, vía ferrocarril desde Buenos Aires a San Rafael (estación Pedro Benegas), más de 41.000 kilos de materiales para comenzar la explotación. Sin embargo, esta zona era de difícil acceso y los escasos caminos existentes estaban en muy malas condiciones. El petróleo obtenido era transportado por la Compañía Internacional de Transportes Argentinos (CITA). Esta empresa habitualmente tercerizaba el servicio con dueños de camiones particulares por la constante rotura que tenían sus vehículos de cargas (La Palabra, Mendoza, 23 y 31 de mayo de 1933–en adelante LP–).

El presidente de YPF, ingeniero Ricardo Silveyra y una comisión especial viajaron a Mendoza para supervisar estos trabajos[19]. En su visita adelantó dos noticias importantes: estaba en estudio la adquisición completa de las pertenencias mineras en el Sosneado[20] (ver supra) y el geólogo Ricardo Stappembeeck iba volver a la provincia para continuar los estudias de áreas petroleras (LA, 28 y 29 de octubre de 1932).Los informes favorables indujeron a YPF a formar dos comisiones técnicas para confeccionar un plan de trabajo sistemático de exploración y perforación en las zonas de Cacheuta y Sosneado. Es preciso comentar que las visitas de cuadros técnicos formados en la empresa nacional fueron periódicas, debido, principalmente a la escasez de idóneos graduados en la provincia. En efecto, la Facultad de Ingeniería recogió un primer antecedente a fines de la década de 1930 en la limítrofe provincia de San Juan (Escuela de Minas). En simultáneo, en Mendoza, se formó el Instituto de Petróleo, con la misión de organizar el ciclo superior de la carrera, que se iniciaba con un ciclo básico en San Juan y concluía con un ciclo Superior en el mencionado Instituto. Finalmente, en 1967 fue transformado en Facultad de Ingeniería de Petróleos.

En cuanto a las explotaciones petroleras que no estaban dentro del convenio, se trabajó en Cacheuta, tal cual lo señalamos en páginas anteriores. En primer lugar, YPF limpió el pozo Víctor y luego comenzó un pozo exploratorio a 220 metros al Suroeste del anterior. Si bien estos trabajos se hacían con máquinas anticuadas (Star y Pennsylvania) las labores ya indicaban existencia del oro negro. En estas tareas estaban ocupados 80 hombres.

Es importante destacar el trabajo en Cacheuta, puesto que la Compañía Mendocina de Petróleo nunca pudo extraer mineral para su comercialización. Sin embargo, YPF encontró los yacimientos productivos en esta zona y logró una explotación exitosa (pozos C-1, C-2 y C-3), aunque no de buen rendimiento económico. Esto corroboraría por qué la empresa no construyó la destilería que comentamos oportunamente.

El hidrocarburo obtenido se destinó como combustible para las calderas de las perforaciones de Tupungato, Lunlunta y Barrancas. Esta acción le significó un ahorro a la empresa, al no tener que transportar este material hasta la planta de almacenamiento. A su vez, tampoco necesitaba traer combustible para las máquinas perforadoras. Esta práctica era y es usual en las empresas petroleras (Stinco, 2013).

Guillermo Cano, como mencionamos, fue el segundo gobernador en esta etapa. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura en 1935 informó que YPF había perforado hasta ese momento 27 pozos en la provincia. La explotación constaba de varios pozos que no producían significativos volúmenes de petróleo (3 a 4 metros cúbicos por día) pero eran suficientes para abastecer las calderas en los campamentos (Provincia de Mendoza, 1938, pp. 151-152). Esto implicaba que los esfuerzos estatales en ese primer momento se centraron en la etapa exploratoria. Como es sabido, es el momento de mayor riesgo minero y de mayor inversión (Stinco, 2013). Este riesgo minero era alto debido a que si bien se conocía la potencialidad de la zona no había certeza de las reservas a hallar.

Aunque en esta primera etapa no hubo una producción significativa, los trabajos exploratorios de los técnicos de la empresa estatal y los de Stappembeeck iban a permitir la explotación de los grandes pozos de Tupungato y Lunlunta. Para dar continuidad al trabajo ya realizado, y en vigencia de la ley nacional 12.161 referida a minas de petróleo, Cano prolongó la concesión de las reservas petroleras a YPF (BOPM, 17 de junio de 1935). En efecto, dicha ley establecía en su artículo 398 que el gobierno provincial debía dejar expresamente asentada el mantenimiento de la reserva, caso contrario estos territorios eran pasibles de ser solicitados para cateos por particulares.

Entre 1938-1943: De la extracción a la refinación

La segunda etapa comenzó con la explotación del pozo T-19 de Tupungato a mediados de 1938 y se continuó con los pozos de Barrancas y de Lunlunta (ver mapa 1). Estas tres zonas cuadruplicaron la explotación provincial en un solo año (gráfico 1); se inició, así, una tendencia que posicionaría favorablemente a la provincia respecto de otras zonas petroleras. En efecto, la producción mendocina creció 250% entre 1939 y 1940, y luego un 30% más al año siguiente. Se rompió la escasa participación previa de la provincia: mientras que en 1934 sólo representaba el 0,1%, siete años después su producción ascendió al 23,87% del nacional (gráfico 2).

Gráfico 1: Producción de petróleo en Mendoza y República Argentina por YPF (1934-1942)

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín de Informaciones Petroleras, 1934-1942.

Gráfico 2: Porcentaje de producción en 1941 en m3 por distritos mineros

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Fuente: Elaboración propia con base en Boletín de Informaciones Petroleras, 1942 (216).

La producción alcanzada en 1940 posicionó a la provincia como el segundo distrito minero del país, detrás de Comodoro Rivadavia y por delante Salta y Plaza Huincul (cuadro 1). El incremento de la producción de petróleo fue de tal magnitud que, en 1941 debió ralentizarse la extracción de crudo debido a la imposibilidad de transportar tanto volumen a la destilería, así como de refinarlo (BIP, 1941) por lo que fue necesaria la construcción de la Refinería de Luján de Cuyo (ver infra).

Cuadro 1: República Argentina. Principales distritos mineros. Producción en metros cúbicos(1938-1942)
Año

C. Rivadavia

Plaza Huincul Salta

Mendoza

1938 1.279.300 74.133 47.990 29.162
1939 1.316.931 101.862 78.013 128.398
1940 1.346.539 107.379 130.050 399.279
1941 1.452.734 87.413 155.279 531.562
1942 1.556.599 178.005 206.317 504.563

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín de Informaciones Petroleras1938-1942.

Esta demanda absorbió el interés de la administración del entonces gobernador Rodolfo Corominas Segura (1938-1941). En su primer discurso de apertura de las sesiones legislativas, en 1938, no mencionó el tema petrolero, sin embargo, al año siguiente y en ocasión del mismo evento le otorgó una importancia relevante: demostró los avances en la etapa exploratoria realizados por YPF, luego enumeró los volúmenes de petróleo explotado con los números de pozos perforados y finalmente, con una perspectiva más proyectual, informó la construcción de una nueva destilería y, para ello, la necesidad de un soporte legal específico para el sector (Provincia de Mendoza, 1940a, p. 201)

En efecto, la exigencia de contar con agua suficiente para la refinación del petróleo[21] motivó la sanción de la ley 1316 en 1939 que declaró de utilidad pública terrenos ubicados en la margen derecha del río Mendoza, en Luján de Cuyo. Posteriormente, estos terrenos fueron cedidos a YPF para la construcción de la Refinería de Lujan de Cuyo.

Al año siguiente surgió en la prensa local y nacional (LA, 11 de enero de 1940; La Nación, 14 de enero de 1940 y La Prensa, Buenos Aires, 14, 15 y 16 de enero de 1940) la idea de un supuesto cambio de criterio del gobierno de Mendoza respecto de su relación con YPF, a partir de la posibilidad de eliminar la prohibición de solicitud de cateos en la provincia (vigente hasta 1940). Fue el mismo gobernador el encargado de calificar, públicamente, este rumor como “noticia maliciosa” (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1940, p. 10), y además, intercambió numerosa correspondencia con el presidente de YPF, Ricardo Silveyra con el fin de despejar dudas sobre la actitud del gobierno provincial (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1940, pp. 11-12). Finalmente, la incertidumbre se disipó con la firma de un nuevo contrato entre el gobierno provincial e YPF. Al igual que en el anterior, fue sometido a discusión y sanción legislativa para ser convertido en ley 1388 (BOPM, 27 de setiembre de 1940).

El objetivo principal[22] de la nueva legislación era mantener la relación entre la provincia y la empresa estatal, pero se avanzaba en la especificación de aspectos técnicos y económicos de la cadena de valor: transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos. Para ello, YPF se comprometía a mejorar los caminos provinciales que utilizara, convirtiéndolos “en permanentes” –consolidados o asfaltados–. En cuanto a lo económico, se establecía una regalía del 12% de la producción bruta medida en boca de pozo. El pago podía ser en efectivo o en especies[23] según lo convinieran las partes anualmente.

Cuadro 2: Pozos realizados por YPF en la cuenca cuyana 1932-1943

Lugar

Cant. de pozos
Pozos productivos Producción diario

Cacheuta

27 18 40 m3

Barrancas

2 2 50 m3

Lunlunta

4 3 180 m3

Potrerillos

2 0

Tupungato

23 17 780 m3

TOTAL

58 40 1.050 m3

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín de Informaciones Petroleras (1932-1943)

Hacia 1940 (cuadro2), la zona de mayor explotación en términos de perforaciones era Cacheuta, pero el rendimiento por pozo era muy exiguo, por lo que no eran significativamente explotados. Caso contrario a Tupungato, segundo departamento con perforaciones, pero con una producción muy dispar. Mientras algunos pozos superaban los 100 metros cúbicos de producción, otros solo alcanzaban 2 o 3 metros cúbicos diarios. En tanto en Lunlunta, la producción promedio de los tres pozos era de 60 metros cúbicos, por lo que se transformaba en el área más importante de la cuenca cuyana (Provincia de Mendoza, 1940a).

Inversiones estatales para infraestructuras de refinación petrolera

Tras la refrenda del nuevo convenio, la empresa estatal dispuso nuevas inversiones para responder al crecimiento del sector: la compra de un terreno en el departamento de Godoy Cruz de más de 17.000 m2, a la vera del Ferrocarril Trasandino[24] y en una zona relativamente urbanizada. El objetivo era construir una planta de almacenamiento de combustibles para el despacho a destinos locales y extra-regionales, de allí la estrategia de la cercanía con la vía ferroviaria. Iniciada a fines de 1933[25] , seis meses más tarde la instalación ya estaba operativa.

Sin embargo, debido al volumen y densidad del petróleo extraído (altamente viscoso), el presidente de YPF, ingeniero Ricardo Silveyra, modificó la idea original y en 1936 proyectó la construcción de una destilería junto a la planta de almacenamiento. Guevara Labal (1936, p. 59) remarca que esta decisión fue influida por las proyecciones favorables para la extracción de crudo. A nuestro criterio, también operó una perspectiva estratégico-económica ya que fuera de la pequeña y rudimentaria destilería en el Norte de Neuquén, YPF no contaba con este tipo de instalaciones en el Centro-Oeste argentino, por lo cual los distintos combustibles eran traídos a Mendoza desde las plantas refinadoras de YPF ubicadas en San Lorenzo (provincia de Santa Fe) y La Plata (provincia de Buenos Aires); por tanto, se pensó a Mendoza como un centro de distribución del downstream para toda la zona de Cuyo. A su vez las demandas por el crecimiento urbano e industrial de Mendoza la convertían en un mercado atractivo, en efecto, era la quinta provincia en consumo de naftas y la cuarta en aceites lubricantes para 1935 (Guevara Labal, 1936, p. 63), a su vez, el equipamiento de fábricas de conservas alimenticias incrementó la demanda de combustible. Por último, había un factor logístico: la nueva destilería contaba con abundante provisión de agua. Si bien estaba a la vera del Ferrocarril Trasandino, el traslado del mineral se hizo por camiones: 90 camiones diariamente llevaban el petróleo a la destilería (Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1940, p. 25).

El presupuesto para la construcción de la destilería fue de $590.382, con una sección destinada a cracking[26] debido a la mencionada característica de viscosidad del crudo. Un año después, la planta ya procesaba un promedio de 80 metros cúbicos de petróleo diarios, sin ocupar su capacidad productiva máxima (100 metros cúbicos). Estos volúmenes la convirtieron en la segunda destilería de YPF, adelante de Salta y Neuquén, aunque muy lejos de los niveles de La Plata[27].

Finalmente, el costo total de construcción duplicó el cálculo inicial ($1.050.000). Los equipamientos fueron adquiridos en el mercado local, en el nacional, y en Nueva York y Londres (BIP, 1936, 141, p.140) La magnitud de la inversión denota el esfuerzo estatal por fomentar un sector que tendría efectos multiplicadores. En efecto, la construcción permitió no solo una oferta de trabajo para mendocinos, sino también para las pequeñas empresas metalúrgicas de la zona.

A tan solo dos años de su funcionamiento, la destilería fue ampliada. Sin embargo, el volumen de petróleo extraído en las zonas de Lunlunta y Tupungato hizo que quedara rápidamente obsoleta por su capacidad de refinación. Por ello, la ley provincial 1316 de 1939 autorizó la construcción de la Refinería de Luján de Cuyo en el distrito de Blanco Encalada (distante 19 km de la anterior) y más cerca de los prolíficos pozos de Tupungato. Su edificación comenzó en enero del año siguiente e iba a tener capacidad para procesar 500 metros cúbicos en forma diaria –es decir que quintuplicaba la de Godoy Cruz–. Se inauguró el 20 de diciembre de 1940, con una unidad combinada de topping-cracking, recuperación de gasolina e instalaciones complementarias para su funcionamiento (galpones, salas de auxilios, dormitorios, casas de capataces, etc.). El presupuesto afectado era de más de cuatro millones de pesos. Como se edificaría en un plazo perentorio, el decreto 73.181 de 1939 eludía el mecanismo licitatorio de este tipo de obras y autorizaba la compra de materiales tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La ubicación de la refinería respondía a dos motivos: su posición geográfica y estratégica. Con respecto al primero, esta zona no estaba urbanizada, lo que permitía su crecimiento sin ningún inconveniente a diferencia de la anterior. También estaba dado por su cercanía al río Mendoza y dado que la ley 1316 ya había permitido la utilización de esta zona, solo hubo que expropiar algunos terrenos.

En cuanto a lo estratégico, la nueva destilería se ubicó a una distancia simétrica con respecto a las zonas de explotación de la cuenca cuyana hasta entonces conocidas (mapa 1), para tratar el hidrocarburo obtenido en todo el territorio de la provincia, bajo la experiencia obtenida con la destiladora en Godoy Cruz. Además, su construcción permitía una rápida ampliación para duplicar la refinación.

Los destilados que se podían obtener en forma anual eran: 94 millones de litros de nafta, 13 millones de litros de kerosene y agricol, 11 millones de litros de combustible para motores diesel y 35 toneladas de fueloil, además de una cantidad estimable de gas seco que podía ser utilizado como supergás y empleado como combustible doméstico, lo cual era una novedad por entonces. La producción permitió abastecer el consumo de todo el centro oeste argentino: Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y parte de Córdoba. (Mendoza, 1940). Este dato no es menor si se toma en cuenta el crecimiento del parque automotor urbano y de transporte de carga pesada (camiones)[28].

El Convenio de 1932 solo establecía la construcción de una planta de almacenamiento. La construcción de la destilería de Godoy Cruz no estuvo dentro de los planes iniciales como tampoco la de Luján de Cuyo. Estos cambios nos hacen pensar en una falta de previsión, más si tenemos en cuenta que el lugar elegido para la primera refinería (Godoy Cruz) era una zona de crecimiento urbano. Si bien el terreno permitía una ampliación, tal cual sucedió, esta no podía ser de envergadura para el petróleo obtenido.

Conclusión

La intervención a Mendoza en los albores de la década de 1930 significó un momento disruptivo en materia petrolera para la tierra del “buen sol y del buen vino”. No obstante, los antecedentes de los gobiernos lencinistas-radicales para impulsar las actividades minera y petrolera; las administraciones de la década del ’30 entablaron un continuum respecto de las políticas económicas e hidrocarburíferas proyectadas por el Estado nacional, y en orden a ello, habilitaron las condiciones jurídicas e institucionales para el desembarco de la empresa estatal.

La sucesión temporal de las políticas llevadas a cabo a nivel nacional con la correspondiente a nivel provincial se verificó en múltiples instancias. Las áreas de reserva de prospección pueden marcar un indicio en este sentido. Una de las primeras medidas de Justo fue mantener la decisión de Marcelo T. de Alvear sobre el tema y también incluir la provincia de Tierra del Fuego. En Mendoza se llevó a cabo algo similar. Primeramente, Agustín Rosa suspendió los cateos por cinco años, luego el gobierno de Ricardo Videla dio de baja a aquellos que no se ajustaran a la reglamentación vigente. Luego, Guillermo Cano y Rodolfo Corominas Segura prolongaron la prohibición por igual plazo. Mediante este mecanismo, YPF concentró la acción hidrocarburífera en detrimento de las empresas privadas. La mayor certidumbre, en este sentido, se dio con los convenios entre la empresa estatal y la Compañía Mendocina de Petróleo y las empresas de José Bernardo Eddis.

Como resultado, en el lapso de una década fue posible transformar ideas difusas en la implementación de acciones muy concretas y conducentes a la gestión de recursos energéticos: los cateos en pozos exploradores –incluso en zonas de difícil acceso y sin la infraestructura adecuada– y luego, en la explotación del crudo. Es decir, la atención e inversión estatal resultó nodal para incorporar a la provincia a un esquema productivo diferente. Para ello se diseñó un corpus de reglamentaciones que luego le iban a permitir a YPF completar y controlar toda la cadena de valor. Como resultado de la gestión de YPF, en solo ocho años –si se toma como referencia la firma del Convenio de 1932– Mendoza se posicionó como segunda productora nacional de petróleo, a partir de su extracción en tres zonas mineras: Cacheuta, Lunlunta-Barrancas, y Tupungato. En el primer caso significó recuperar un sitio cuyo devenir había resultado trunco, en el segundo y tercero, emprender un trabajo sistemático que nunca había sido llevado a cabo.

Por otra parte, el trabajo de la empresa estatal trajo como consecuencia una diversificación productiva basada en un producto industrial pesado, lo cual modificaba ostensiblemente la matriz económica provincial sustentada hasta entonces en la industrialización de alimentos y bebidas para abastecer las demandas del mercado nacional. A partir de ese momento los hidrocarburos comenzaron a significar una fuente de trabajo para muchos mendocinos, pero también para acrecentar las arcas estatales, con regalías petroleras. Estos elementos permiten comprender la continuidad entre las políticas nacionales y provinciales.

A diferencia de otras experiencias agroindustriales regionales, en la que el Estado provincial operó como promotor o regulador, o bien, conformó empresas públicas para resolver quiebres financieros, en este caso, la acción del Estado como empresario se tornó ineludible para potenciar y poner en marcha un sector estratégico de la industria y la economía que iba a servir a las necesidades de desarrollo regional y nacional.

Fuentes

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  1. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las XXVI Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de La Pampa-Asociación Argentina de Historia Económica, 2018. Agradecemos los aportes de Claudio Belini y Matías Kulfas.
  2. Hay que tener presente que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Administración General de Ferrocarriles Estatales (AGFE) y Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fueron las tres grandes empresas estatales a principios del siglo XX.
  3. Acta 2180 del 28 de junio de 1937 (Ministerio de Agricultura de la Nación, 1938, primer tomo, p. 1236), con vigencia hasta 1940 y con posibilidad de prorrogarse un año más en caso de que no fuera denunciado.
  4. La Dirección quedó acéfala y se designó solo a un administrativo para que cumpliera la función de despacho. Los argumentos para esta decisión fueron la falta de presupuesto y de un plan de gestión. Ver BOPM, 13 de enero de 1930.
  5. En diciembre de 1929 existían en total 41 minas vacantes, de las cuales 10 eran de petróleo y el resto de esquistos bituminosos. La mayoría de las minas de petróleo se encontraban en el sur mendocino. BOPM, 2 de mayo de 1930.
  6. BOPM, 7 de octubre de 1930. Existían varios estudios geológicos sobre Mendoza, los más completos fueron los de Anselmo Winddhausen de 1916 y las Memorias de la Dirección de Minas presentadas por Guillermo Hileman en 1923.
  7. Leanza (2015) señala que estos dos geólogos formaban parte de un selecto grupo de los 20 mejores científicos. Stappembeeck en la década de 1910 había recorrido todo el sur provincial, para la Compañía Petrolífera Chileno-Argentina de Neuquén. De esta exploración elaboró un informe específico sobre el Río Barrancas. Para conocer sobre otras tareas desarrolladas en Argentina por Ricardo Stappembeeck ver Tineo (2008).
  8. Agustín Rosas dirigió esta Comisión, tras desempeñarse como jefe de explotación en Comodoro Rivadavia. Luego fue miembro del directorio de YPF (1941). Alberto Day y Arturo Cubillos eran prestigiosos abogados del ámbito mendocino y fueron, junto a otros letrados, quienes formaron el Colegiode Abogados en 1917. Ambos ocuparon la presidencia y vice, respectivamente, del primer directorio de esta institución. Julio C. Raffo de la Reta entre 1927-1928 fue uno de los mayores defensores del proyecto de nacionalización del petróleo en la Cámara de Diputados de Nación. Durante la década de 1930 fue Director de Escuela, cuya gestión puede consultarse el capítulo de Ivana Hirschegger en este libro. Por último, Guillermo Cano, quien también participó en la creación del Colegio de Abogados, era un reconocido político mendocino: concejal, diputado, etc. Durante la gobernación de Ricardo Videla (1932-1934) fue su ministro de Hacienda.
  9. Provincia de Mendoza (1932, p. 11).La prohibición de cateos y la creación de reservas no era novedosa en la historia petrolera argentina. El gobierno nacional lo había realizado en 1907, 1918 y 1924. Para ampliar estos temas consultar a Frondizi (1954) o Gadano (2006).
  10. El contraalmirante Tiburcio Aldao era parte del directorio de YPF, llegando a ser su presidente a fines de 1931. Formaba parte del grupo de militares nacionalistas con respecto al petróleo. Enrique Cánepa tuvo un destacado trabajo en el campo petrolero: fue quien descubrió el mineral en Plaza Huincul y organizó la Destilería de La Plata, entre otros. Para conocer en detalle la obra de Cánepa, consultar su biografía (1973).
  11. Convenio entre YPF y la Compañía Mendocina de Petróleo, agosto 7 de 1931 (Ministerio de Agricultura de la Nación. 1938, primer tomo,pp. 402-408). Este convenio fue sugerido por la Comisión para que de esta manera toda la cuenca cuyana fuera explotada por YPF.
  12. La reactivación de los pozos petroleros en Cacheuta era esperada por Mendoza desde hacía muchos años cuando, el gobernador Alejandro Orfila dio instrucciones a su ministro de Industrias y Obras Públicas para lograr la reactivación de esa zona. Los pozos petroleros de Cacheuta fueron unos de los primeros en el país en producir petróleo, logrando más de ocho millones de metros cúbicos (Díaz Araujo, 1968).
  13. El proceso de deshidratación es imprescindible en la industria porque el petróleo siempre viene acompañado de cantidades variables de agua. En algunos casos, el agua es muy salada por su origen geológico y contamina de sales al petróleo. Es por esto que, en los campos de explotación se debe acondicionar el petróleo para poder transportarlo y destilarlo. Para eso se usan los equipos deshidratadores, que son di diferentes modelos según caudal, porcentaje de agua, tipo de petróleo y otras condiciones. Para ampliar ver Stinco (2013).
  14. Decreto 23 del 25 de febrero de 1932 (BOPM, 2 de marzo de 1932). Como podemos observar los primeros actos de gobierno de Videla sobre materia petrolera complementaron el decreto 304 de 1931 sancionado durante la gestión interventora.
  15. Muchos cateos databan de 1920 cuando se produjo en Mendoza un boom de exploraciones (Timmermann, 2016, p. 42). Varios de los entonces permisos caducos pertenecían a argentinos, mientras que los solicitantes extranjeros (principalmente norteamericanos y chilenos) todavía tenían activos sus expedientes. Esto demuestra que la actividad petrolera en Mendoza, si bien era mínima, se mantuvo por la acción foránea.
  16. Esta argumentación puede vincularse con la idea de la relación entre inversión estatal o empresa pública y desarrollo regional que se pretendió llevar a cabo con la construcción de Chocón-Cerros Colorados (Bandieri y Blanco, 2012).
  17. Es importante destacar que entre 1920 y 1940 una sola empresa de capitales argentino-extranjero explotó hidrocarburos. Fue la Compañía Atuel S.A. que extraía petróleo en San Rafael y tuvo una pequeña destilería en El Sosneado.
  18. Ver por ejemplo, Provincia de Mendoza, 1938, pp. 786-788 y 1108-1109. En 1936 el gobierno de la Nación autorizó la compra de estos terrenos, de mil hectáreas.
  19. La presencia del presidente de la empresa estatal, junto a algunos directivos de la misma, fue una constante durante toda la década de 1930. Cada nuevo pozo explorador, cada nueva bomba de nafta, etc., contó la visita de Ricardo Silveyra, acompañado por las autoridades provinciales. Esto nos deja entrever una buena relación provincia-estado nacional en todo momento, diferente a las tensas relaciones en materia irrigación analizadas en este libro por Laura Ortega.
  20. José Bernardo Eddis era el representante de tres compañías que trabajaban conjuntamente el área de El Sosneado: Compañía Río Atuel Limitada, Piedras de Afilar Land Company Limited y Sociedad de Estancias y de Industrias Argentinas Compañía Limitada. Comprendían una extensión de 897.532 hectáreas (Ministerio de Agricultura de la Nación, 1938, segundo tomo, pp. 714-715). Sin embargo, esta operación finalmente no se llevó a cabo debido a que no se encontró petróleo en la zona de propiedad de Eddis.
  21. En varias etapas de la destilación del petróleo se utiliza agua. Por ejemplo, al momento de extraer la sal contenida en el crudo, en el fraccionamiento complementario denominado stripping, etc. (Kaindl, 2011).
  22. Con una vigencia de cincuenta años, y con renovaciones o adaptaciones cada diez.
  23. El término de especies indicaba que YPF podía entregar petróleo, otros minerales que buscara para la extracción del hidrocarburo (como por ejemplo bentonita), etc.
  24. En la actualidad, funcionan el Club YPF y dependencias policiales provinciales.
  25. Los diarios locales testimonian los llamados a licitación para la construcción de diversas edificaciones. Ver, por ejemplo: LP, 5 de julio de 1933.
  26. El cracking es el proceso químico por el cual el petróleo se descompone o fracciona en compuestos más simples. El craqueo es llevado a cabo por métodos térmicos o catalíticos y es parte de la destilación secundaria. La primaria se llama topping.
  27. La Plata podía producir hasta 3000 m3 diarios, en tercer lugar estaba Vespucio (Salta) con 80 y por último Huincul (Neuquén) con 60 (Gadano, 2006).
  28. En Mendoza el parque automotor prácticamente se duplicó desde 1932 (8.867 vehículos) cuando surge el convenio hasta 1940 (16.129) con la construcción de la Destilería. La provincia ocupaba la sexta posición en cantidad de automotores. Provincia de Mendoza, 1940b, p. 256.


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