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3 La cartelización de una economía regional: el caso de la Sociedad Vitivinícola de Mendoza[1]

¿Una novedad en la regulación de la vitivinicultura? (1929-1934)

Patricia Barrio

Introducción

Como toda actividad de base agrícola, la vitivinicultura sufre crisis recurrentes que generan numerosas respuestas no sólo por parte de los agentes económicos privados sino, también, por el Estado. La literatura especializada señala que dichas medidas buscaban la reducción de la oferta, el aumento del consumo, la ampliación del mercado del vino, la asociación de los actores más débiles de la cadena productiva; la regulación del comercio, la diversificación agroindustrial, el mejoramiento de la calidad de la bebida, la baja de los impuestos… Las crisis desencadenaban, además, conflictos intrasectoriales y con otras actividades con las que había competencia (Faucher, 1953; Samuelson, 1959; Fernández, 2008; Fernández y Pinilla, 2014). En el caso de Mendoza, durante las crisis que antecedieron a la aquí estudiada se aplicaron algunas de las medidas mencionadas y fue clara la intervención del Estado (Barrio, 2006; 2016; Olguín, 2012).

Sin embargo, la vitivinicultura mendocina tenía características particulares en la etapa de estudio. La más importante era que, a diferencia de los países europeos mediterráneos, el vino se comercializaba en el mercado interno y los intentos de expandir su venta a otras naciones terminaron en fracaso o en logros modestos y temporarios. En segundo lugar, pese a los planes de diversificación, la vitivinicultura era la principal actividad económico-productiva de la provincia y la mayor aportante al fisco. Asimismo, la competencia con la cerveza o el alcohol industrial, observada esta última en España, por ejemplo, tampoco fue relevante hasta fines de la década de 1930. En efecto, las grandes bodegas fabricaban alcohol vínico para corregir la graduación alcohólica de los caldos, y los intentos por utilizar este subproducto para otros usos industriales en competencia con el alcohol de caña de azúcar no alcanzaron mayor éxito (Pérez Romagnoli, 2010). Otra particularidad, que a su vez explica la singularidad de esta experiencia asociativa, era la fragmentación socio-productiva del sector compuesta por viñateros netos, viñateros-bodegueros y bodegueros netos. Entre los elaboradores, a su vez, se distinguían los “trasladistas”, que vendían su producción a granel a otros empresarios locales, y los “exportadores” que comercializaban la bebida fuera de la provincia con marca propia. En esta última categoría se pueden determinar dos subtipos. El primero, numéricamente mayoritario, era el que ubicaba volúmenes medianos y pequeños de vino a través de agentes ubicados en alguna ciudad por donde pasaba el ferrocarril o con clientes estables que hacían el pedido a través del telégrafo y el teléfono. Las investigaciones han permitido determinar una densa red de comisionistas, distribuidores, representantes e intermediarios de vinos en diversas zonas del país y esta forma fue utilizada, por lo menos durante alguna etapa, aún por grandes firmas como Giol, Escorihuela y Arizu (Bragoni, 1999; Mateu, 2010; Barrio, 2010a). Esta dependencia del productor respecto de los intermediarios (Olguín, 2012), correspondería a lo que Tedlow ha caracterizado para un periodo temprano del comercio en los Estados Unidos como la “fragmentación de los mercados, la separación de los productores de los consumidores y la hegemonía de los mayoristas e intermediarios (“el producto era envasado y reenvasado sucesivamente desde la fábrica hasta el consumidor final”) (Valdaliso y López, 2000, p. 299). El otro tipo de productor era el bodeguero exportador integrado que concentraba y comercializaba la bebida. De esta breve descripción surge que el comercio del vino no constituía un oligopolio cásico que concentraba la comercialización de un bien en pocas empresas, como el trigo, por ejemplo. Acá encontramos una multiplicidad de actores y estrategias. Además, había otra importante zona productora de vino, la provincia de San Juan, con quien Mendoza constituía la región de Cuyo. De todos modos, cabe aclarar que, durante la década de 1920, Mendoza fue aumentando su participación en el volumen de vino producido a nivel nacional (del 76% en 1922 al 91%, en 1928) (Provincia de Mendoza, 1931, p. 185), lo que explica el inicio de la crisis de superproducción.

Sin embargo, en este complejo sistema socio-productivo los precios de los bienes no se dirimían por el libre juego de la oferta y demanda. En general, durante los ciclos de estabilidad, los bodegueros acordaban el pago de la uva con los viñateros, según las zonas dentro de la misma provincia, y decidían precios indicativos del vino de traslado y “sobre vagón”; este último a partir de indicadores como el “poder” de la empresa, el tipo, la calidad y uso del envase (casco nuevo/usado, botella) y si iba a ciudad o campaña. Cuando por cualquier motivo la demanda o el precio del vino disminuía, los acuerdos se rompían y comenzaba una negociación para alcanzar una nueva colusión. En este proceso, el rol del Estado como articulador de intereses (incluido el propio) era fundamental, al tiempo que impulsaba medidas para paliar la situación y controlar la producción para evitar su desdoblamiento, práctica muy frecuente. Justamente, buena parte de la construcción jurídica de la vitivinicultura se formalizó al ritmo de los sucesivos momentos críticos. Ejemplo de ello fue la sanción de la ley nacional de vinos, en 1904 –que tuvo una vigencia de más de treinta años–, consecuencia de la primera crisis del siglo veinte (entre 1901 y 1903). También durante esas coyunturas se desarrollaban importantes debates sobre las medidas a tomar para disminuir la vulnerabilidad de la agroindustria, pero la vuelta a la normalidad hacía que muchas de estas ideas solo se concretaran en un pequeño grupo de empresarios (Barrio, 2006, 2016; Olguín, 2012, Rodríguez Vázquez, 2019).

A estos rasgos se agregó, durante la larga crisis ocurrida entre 1914-1918, un fenómeno que, por lo menos en algunos países vitivinícolas de la región, como Chile y Uruguay, y en España[2], no reconoce antecedentes. Se trató de la formación de una empresa privada que buscaba regular la producción y los precios de la uva y del vino hacia adentro de la agroindustria y concentrar la oferta del vino para sostener su cotización en el mercado (Barrio, 2015). La llamada Compañía Vitivinícola Mendoza, que duró solo un año (1917), contó con el respaldo estatal por medio de la sanción de una ley provincial coercitiva que, vía impuesto, presionó para que todos los viñateros y bodegueros de la provincia se incorporaran a la empresa.

En este capítulo abordamos un experimento similar pero posterior al de la Compañía, que se organizó como primera respuesta a un nuevo ciclo crítico, iniciado a fines de los años veinte.

A la salida de la crisis de la Gran Guerra, a partir de 1922, los precios de la uva y del vino fueron rentables y así continuaron hasta noviembre de 1926 cuando se produjo una helada que provocó una fuerte disminución de la cosecha de uva en 1927 (cuadro 1) y una subida excepcional de su precio (cuadro 2), que los bodegueros compensaron con un aumento de la cotización del vino. El problema se desencadenó al año siguiente (1928) cuando se elaboró un 45% más de caldos que en 1926 con una salida similar, superándose el límite de la capacidad de absorción de la bebida por parte del mercado. Comenzaba una crisis de sobreproducción con el excedente de casi un millón y medio de hectolitros de vino (cuadro 1) y una caída del 35% de su precio sobre vagón (cuadro 2).

A fines de 1928 asumió el gobierno de la provincia el interventor federal Carlos Borzani. Su arribo impactó favorablemente en la opinión de los vitivinicultores puesto que el último gobernador radical lencinista, Alejandro Orfila, además de dejar las arcas fiscales exhaustas, había protagonizado un fuerte conflicto con el sector (Barrio, 2018). De todos modos, las expectativas para la temporada de 1929 continuaron negativas por el excedente vínico y la previsión de una abundante cosecha de uva (que efectivamente fue un 11% mayor que en 1928) (cuadro 1 y gráfico 1).

Cuadro 1. Producción de uva y vino, salida de vino y excedente de vino. Mendoza, 1926-1933
Uva cosechada
(en qm)
Vino 
elaborado
(en hl)
Vino elaborado + excedente Salida de vino Consumo local +  desnatu­ralizado Excedente
1926 5.328.777 3.869.637 4.332.650
1927 3.360.993 2.500.214 3.012.340
1928 7.781.034 5.613.942 4.030.008 130.593 1.322.747
1929 8.777.672 6.292.654 7.615.401 4.426.790 176.682 3.011.929
1930 5.425.860 3.924.885 6.936.814 3.999.377 290.935 2.646.502
1931 5.514.412 4.025.541 6.672.043 3.707.525 207.947 2.936.571
1932 511.739 368.302 3.304.873 2.665.347 114.980 524.546
1933 7.772.386 5.788.678 6.313.224 2.743.787 97.203 3.472.234

Fuentes: Provincia de Mendoza, 1936, pp. 179 y 183.

Gráfico 1. Evolución de la producción de uva y vino, salida de vino y excedente de vino. Mendoza, 1926-1933

Fuente: Cuadro 1.

Cuadro 2. Precios de la uva (en quintal métrico) y del vino en traslado y sobre vagón. Mendoza, 1926-1933
Precio qm uva
(en pesos)
Precio litro vino traslado 
(en centavos)
Precio litro vino sobre vagón
(en centavos)
1926 7,5 17 34
1927 19,0 30 43
1928 11,0 11 28
1929 4,5 9 24
1930 4,5 14 29
1931 4,5 15 33
1932 11 a 12 19 35
1933 4,5 13-5 27
1934 1,2 5 22

Fuentes: Provincia de Mendoza, 1936, p. 179. Los Andes,–en adelante LA–, 3 y 5 de marzo de 1929, p. 4; Agrícola, revista del Centro Vitivinícola Nacional, 1935, 359, p. 706 –en adelante ARCVN–.
Aclaraciones: el precio del vino de traslado de 1933 tuvo dos cotizaciones: entre principios de año y mediados de año fue de 13 centavos y el segundo semestre de 5 centavos.

Gráfico 2. Evolución de los precios de la uva (en quintal métrico) y del vino (en litro) en traslado y sobre vagón. Mendoza, 1926-1933

Fuente: Cuadro 2.

La crisis de superproducción se agravó por la debacle mundial de fines de los años veinte, y este periodo continuó hasta 1940 aproximadamente. Este largo proceso ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Patricia Olguín (2012) reconstruye el periodo desde 1914 hasta 1943 y analiza la regulación del Estado en la vitivinicultura; Ana María Mateu (2005) y Silvia Ospital (2005 y 2007) abordan la crisis de la década de 1930 y ofrecen un rico marco general. A su vez Verónica Ferro (2008), y Silvia Ospital y Juan Manuel Cerdá (2016) se han centrado en el accionar de la Junta Reguladora de Vinos que fue la estrategia del gobierno nacional a una crisis que no cedía. Mateu también ha indagado la postura del Centro Vitivinícola Nacional (en adelante CVN) respecto de la Junta (2013). En estos trabajos la perspectiva de análisis es de mediano-largo plazo o se enfocan en el accionar de la Junta Reguladora, mientras que en nuestro caso acercamos el lente de observación para reconstruir la primera estrategia contracíclica de esos años y que antecedió a la Junta, que fue la mencionada Sociedad Vitivinícola de Mendoza. Este ajuste en la escala de análisis despertó nuevas inquietudes. ¿La Sociedad buscaba regular la actividad, como se había intentado anteriormente, o, también, quería sostener la posición de las grandes bodegas en el mercado para apuntalar un consumo decreciente? Asimismo, indagaremos la relación de la empresa con los gobiernos sucesivos; a quiénes perjudicó y benefició su plan, y cómo terminó esta experiencia. Finalmente, respecto del modelo en que se inspiraron sus promotores se encuentra la investigación de Olguín y Mellado (2006) sobre la propuesta e intervención de Alejandro Bunge en la constitución de dicha empresa, trabajo que ilumina esta cuestión.

La reconstrucción se nutrió de la consulta de periódicos y revistas. Hasta el momento, no fue posible acceder a documentación de la firma porque fue inscripta en Buenos Aires, aunque sí a su estatuto, un convenio y algunas memorias y balances. A esta falta de información se agrega que se fundó una empresa “melliza” en la provincia de San Juan que solo ha sido estudiada de manera general por Lía Borcosque (2006).

El proceso de formación de la Sociedad Vitivinícola Mendoza S.A.

Debido al excedente de vino en 1928, el gobierno provincial inició una ronda de consulta con los productores para alcanzar un acuerdo de precios de la uva y al vino, y a tal fin formó una Comisión de seguimiento llamada de “Defensa Vitivinícola” que, sin embargo, no logró un nuevo convenio (LA, 7 de marzo de 29, p. 4). Por su parte, la intervención federal tomó medidas paliativas para los viñateros netos y reforzó el control a la elaboración de vino para evitar su desdoblamiento.

Como había ocurrido en crisis anteriores, se desenvolvió un debate sobre qué medidas adoptar. Entre varias propuestas, se destacó la del exitoso empresario español Manuel Lemos (1929) (Rocchi, 2020, p. 246), con bodegas en Mendoza y en San Juan, que entre otras ideas promovía la formación de una asociación para hacer propaganda al vino. Por su parte, Gerardo Manzitti, representante del CVN en Mendoza, presentó, el 1 de abril, un proyecto para producir una transformación económica de la actividad a partir de tres ejes: la formación de un sistema solidario a través de una “cooperativa”[3], que manejaría la comercialización del vino en forma monopólica con representación de todas las provincias productoras del país y asiento en Buenos Aires; el mejoramiento de la calidad del vino –o parte de la producción–, y la apertura urgente de otros mercados para ubicar el líquido sobrante (LA, 3 de abril de 29, p. 4)[4]. No obstante, la Comisión de Defensa decidió contratar al prestigioso economista Alejandro Bunge quien, entre otros roles, practicaba el de “consultor empresario” (González Bollo, 2012, pp. 58-75)[5], además de ser un conocedor de las economías regionales (Girbal-Blacha, 2018). Como mencionamos, su estudio sobre la situación de la vitivinicultura y su propuesta ha sido reconstruida y analizada por Olguín y Mellado (2006) por lo que solo destacaremos sus aspectos centrales.

Primeramente, él planteó la fundación en Mendoza y en San Juan de dos sociedades anónimas[6] conformadas solo por bodegueros exportadores pues ellos serían los que harían los aportes económicos a las empresas. Estas tendrían múltiples objetivos (aumento del consumo de vino a través de la propaganda, implantación del pie americano, diversificación productiva, disminución de la adulteración…), la mayoría de los cuales –como él mismo reconoció– había escuchado de entrevistas a bodegueros. Más allá del optimismo del diagnóstico de Bunge –realizado antes de la irrupción de la crisis internacional–, lo inmediato del plan era apartar del mercado la oferta vínica sobrante y añejarla con lo que se alcanzaban dos propósitos: reducir el volumen de la bebida circulante y valorizarla. Para esto era esencial mejorar el “utilaje industrial y la construcción de grandes depósitos de reserva”. Con este fin, proponía incorporar inversores privados a través de warrant que podrían colocarse por medio del Banco Nación entre capitalistas argentinos. Con la venta de estos certificados, cada empresa costearía el vino de la reserva, la exportación a bajo costo y la formación de una policía del vino. A su vez, cada bodeguero adherente reservaría el 15% de su elaboración y el resto podría venderlo a la nueva entidad recibiendo un precio que cubriría el costo de elaboración y la uva. Los bodegueros exportadores pagarían a la empresa 2 cts. por litro de vino salido de la provincia (Sociedad Vitivinícola Mendoza, 1929a ). Su receta, entonces, combinaba la contracción de la oferta vínica en lo inmediato con modernización industrial, mejoramiento de la calidad de la bebida e incorporación de nuevos capitales, sin participación activa del Estado y con la menor financiación de los bancos (Llach, 2004, pp. 51-65); destacaba, además, la importancia de los factores sociales y subjetivos. Esta era una propuesta del Bunge consustanciado con el modelo económico de los Estados Unidos de los años veinte anterior a la Gran crisis, que ponía el énfasis en la acción exclusiva de los privados (González Bollo, 2012, p.61), y que difirió de sus análisis posteriores cuando incorporó a sus propuestas la intervención activa del Estado.

Los industriales mendocinos no estuvieron de acuerdo con todo el plan del economista: se opusieron a la financiación con capitales no bancarios (pese a las explicaciones contundentes del consultor) y, lo más importante, en la constitución de la empresa incorporaron a los bodegueros trasladistas y a los viñateros. Esto cambió la filosofía del plan: junto con una estructura oligopólica sui generis se buscaba regular en forma privada todo el sector, tal como había sucedido en las crisis anteriores y en la Compañía Vitivinícola Mendoza de 1917. ¿Por qué? No hemos hallado una explicación de los actores pero es de suponer el peso de una práctica que se aplicaba desde principios de siglo –acordar todos los precios de los bienes–, lo que daba al sector estabilidad, disminución de la competencia y previsibilidad al negocio.

El proyecto quedó plasmado en el Estatuto de la Sociedad Vitivinícola de Mendoza SA, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, el que fue aprobado en asamblea el 27 de agosto de 1929 (Sociedad Vitivinícola Mendoza, 1929c ), con una vigencia hasta el año 1933, incluido. Con su empresa melliza de San Juan, su propósito era formar un oligopolio del vino. Esto quedó en evidencia cuando se decidió un capital social modesto: $2.000.000 dividido en veinte mil acciones de $100 moneda nacional cada una. Al año siguiente, se habían suscrito $1.294.700, que correspondían a 12.947 acciones, aunque las cuotas abonadas sumaban $967.670,88 (Sociedad Vitivinícola de Mendoza SA, 1931). El segundo objetivo era regular los precios de la uva y del vino de traslado. Asimismo se presentaba un plan integral de reforma del sector con fórmulas conocidas: contribuir a la calidad del producto, abaratar el costo de producción, formar reservas vínicas y el añejamiento, construir bodegas para los viñateros netos; diversificar la producción de la uva (productos analcohólicos, vinagres, coñacs, alcoholes vínicos y demás derivados); abaratar y aumentar el crédito; estimular la salida del vino a los mercados extranjeros; trabajar para suprimir los impuestos interprovinciales y bajar el costo de los fletes; enfrentar plagas, extender el pie americano en las nuevas plantaciones para prevenir la filoxera y los controles fitosanitarios, y ejercer el poder de policía en los centros de producción y consumo).

Para ser accionista era indispensable ser propietario, arrendatario y usufructuario de viñedo o bodega o “mandatario, administrador o director de un establecimiento de viña o bodega”. El cuadro 3 muestra los primeros suscriptores. La mención de algunos de ellos da cuenta del peso de la entidad: Ernesto Seippel, presidente de la firma El Globo, cuyo principal accionista era la Leng Roberts[7], y que tenía bodegas en las dos provincias cuyanas, fue elegido presidente de la Sociedad de Mendoza y de San Juan (para fortalecer y aunar el proyecto), mientras que como vice se eligió a un prestigioso dirigente gremial Antonio Scaramella, de la empresa Scaramella Hnos.[8].

Cuadro 3. Nómina de los suscriptores de las primeras acciones de la SVM

Titular

Empresa
Capacidad de bodega (hl) Nº de acciones Categorías
B. Arizú S.A. B. y V. Arizú 340.000 600 A
S. Arizú S.A.B. y V. Arizú 50
H. Gibson S.A.B. y V. D. Tomba 260.000 50
L. Colombo S.A.B. y V. D. Tomba 431
T. Sullivan S.A.B. y V. Giol 260.000 256
A. Morón S.A.B. y V. Giol 200
L. Tirasso B. Suc. Luis Tirasso 200.000 200
E. Seippel D.B. y V. El Globo Ltda. 120.000 115
R. Roberts D.B. y V. El Globo Ltda. 112
P. Olivé S.A.E.V. Escorihuela 100.000 150
G. Julián S.A.E.V. Escorihuela 150
G.Hilbing B. Strittmatter y Hilbing 80.000 180
O. Gabrielli B. Gabrielli y Baldini 73.000 50 B
A. Furlotti B. Furlotti Hnos. y Cía. 66.206 145
P. Pagés Suñol B. y V. Resplandor Ltda. 40.000 150
A. Dumit B. Dumit Hnos. 40.000 100
P. Battaglia S.A. .P. Battaglia Ltda 40.000 20 A
E. Scaramella B. Scaramella Hnos. 38.661 35
A. Scaramella B. Scaramella Hnos 35
E. Levy Bodeguero 38.000 50
M. Fioravanti S.A. Vitivinicola San Rafael 35.000 50
L. Arizú Bodeguero 34.000 130 C
R. Guevara B. Guevara y Biritos 29.000 70 D
J. Villanueva B. González y Villanueva 27.000 33
C. Piccione S.A. Cayetano Piccione 21.697 60 A
H. Meli Bodeguero 15.000 20
J. Videla Leanes Bodeguero 10.550 30 D
F. Arenas Raffo Bodeguero 8.000 20
J.R. Barrios Guevara Bodeguero 6.500 10
J. Carbonell Bodeguero 6.400 5 B
J. Prado Irañeta y Prado 5.500 20 A
P. Elorza Bodeguero 5.000 5
A. Ledesma B. Ledesma Hnos. s/d 20 B
F. Bourdillon B. Ledesma Hnos. s/d 30
H. Cremaschi S.A. Luis Cremaschi Ltda s/d 50 A
J. Brandi S.A.B. y V. Gargantini s/d 50
B. Gargantini (h) Bodeguero s/d 50 C
H. Giol Bodeguero s/d 50
J. Tirasso Bodeguero s/d 50
M. Varaschin Bodeguero s/d 50 A
J. M. Montuenga Bodega H.C. de Montuenga s/d 50
J. Toso B. Pascual Toso s/d 20 A
B. Martínez B. Bernardo Martínez y Cía. s/d 20
A. Cano Viñatero 21 D
J. M. Gutiérrez Viñatero 25
L. A. Bustos Viñatero 6
J. A. Zapata Viñatero 5
F. Calvo Viñatero 5
M. Guerrero Viñatero 4
TOTAL: 49 accionistas 43 bodegueros / 6 viñateros 1.899.514 4.048

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de Los Andes, 22 de diciembre de 1929, p. 18.

Este listado incorpora diferentes grupos de empresarios. En la categoría A estaban las bodegas “tradicionales” –algunas de ellas las más poderosas– de Mendoza cuya historia había comenzado entre fines del siglo XIX y principios del XX: Arizu, Giol, Tomba, Tirasso, Escorihuela, Strittmatter e Hilbing, Battaglia, Scaramella, Piccione, Cremaschi, Martínez, Toso, Irañeta y Varaschin; la mayoría de las cuales había tenido participación en el espacio público. El segundo grupo (B) se componía de empresas que comenzaron en la década de 1920 como Gabrielli y Baldini, Furlotti, Carbonell, El Resplandor y Dumit; algunas se destacarían posteriormente. También se puede identificar un conjunto de elaboradores que participaban individualmente pero pertenecían a las familias fundadoras de grandes bodegas como Leoncio Arizu, José Tirasso, Bautista Gargantini y Humberto Giol (C). Finalmente había bodegueros y sobre todo viñateros que portaban apellidos de origen criollo pertenecientes a la elite social y política mendocina como Videla Leanes, Villanueva, Guevara, Biritos, Arenas, Raffo, Zapata, Bustos y Cano (D).

Además de la composición y el funcionamiento de las asambleas[9], se determinó que no se repartirían las utilidades hasta después de reunir una suma que amortizara el pasivo de la Sociedad. El reparto sería: 2% de fondo de reserva legal, 4% al directorio y síndico, “un porcentaje para los empleados y otro para […] sociedades de beneficencia que no excederá cada uno del 2% y el remanente para los accionistas”.

Luego de la constitución de las primeras acciones, que representaban más del 20% del capital social fijado, quedó formalizada la Sociedad Vitivinícola de Mendoza SA, cuyo estatuto fue aprobado por el presidente Hipólito Yrigoyen el 14 de noviembre de 1929.

Por la naturaleza del plan era imprescindible que la absoluta mayoría de viñateros y bodegueros firmara contrato con la Sociedad. Por eso se organizaron comisiones de propaganda y se contó con el apoyo del principal diario de la provincia, Los Andes, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y de la Bolsa de Comercio de San Rafael. El Centro de Viñateros aceptó vender a la Sociedad, durante los cuatro años siguientes, la uva a $4 y $5 el qm según la zona con el compromiso de que si el precio del vino subía, el aumento se trasladara al de la materia prima. Además, se solicitó al Senado Nacional una ampliación de cédulas hipotecarias como alternativa financiera para los productores mendocinos (Sociedad Vitivinícola de Mendoza, 1929b).

Quien más se preocupó por el éxito del plan fue el interventor federal. Carlos Borzani gobernaba una provincia quebrada y sin conocimientos de la economía provincial ni herramientas financieras para aplicar un plan anticíclico. Por eso, proporcionó información sobre los productores a la Sociedad y, lo más importante, coaccionó por medio de la policía y la Dirección de Industria a quienes se resistían a firmar el contrato con la entidad (La Prensa, 1930, pp. 9-11). Además, el interventor acompañó a Antonio Scaramella a realizar numerosas gestiones en Buenos Aires –incluida una audiencia con el presidente Yrigoyen–, la más relevante de las cuales fue conseguir la financiación del plan con un consorcio de bancos encabezado por el de la Nación Argentina[10] por 14 millones de pesos (La Prensa, 1930, p. 8), garantizados con una prenda sobre el vino adquirido. Estos objetivos se alcanzaron en enero de 1930.

No todos los bodegueros estuvieron de acuerdo. Dos figuras centrales de esta oposición fueron el mencionado Manuel Lemos y Domingo Bombal, los que contaron con varios apoyos. La U.C.R. Lencinista denunció que el plan no garantizaba “los intereses de la clase trabajadora, repitiendo así el funesto error de las leyes de emergencia del señor Francisco Álvarez” (LA, 1 de enero de 1930, p. 3), en referencia a la Compañía de 1917; y el CVN y la Federación Agraria Argentina (en adelante FAA) –que por primera vez irrumpió en la política local–, también criticaron la decisión (Centro Vitivinícola Nacional, 1930).

El plan de emergencia

El plan consistía en el retiro de entre el 50% y el 60% de la bebida del mercado para luego reenviarla según demanda, con una cotización de 31 ½ cts. el litro[11], que era menor que en años anteriores, pero todavía rentable[12]. A esta disminución del precio –y siempre que se pudiera vender todo el vino– habría que agregarle el aporte de los exportadores a la Sociedad (4,25 cts. por litro en 1929) lo que suponía un precio real de 27,25 cts. el litro y, por lo tanto, una caída de un poco más del 22%. El retiro se haría por medio de un contrato entre los bodegueros de la provincia y la Sociedad por el cual el primero vendía a la segunda el 60% de la existencia total de vino en bodega de 1929, y el 50% para las temporadas siguientes hasta 1933 inclusive, a 5½ cts. por litro cualquiera fuera el tipo (francés o criollo, blanco o tinto)[13]. El bodeguero podía recomprar a la empresa el vino a 14 cts. el litro de la temporada de 1929 y al precio que el directorio determinara para las cosechas venideras (que no podría ser inferior a 15 cts.). Tenía preferencia de compra el caldo elaborado por él y depositado en su bodega. De esta transacción comercial, la Sociedad ganaba 4,25 cts. por litro para 1929. ¿Qué representaba esta “tributación privada” para un bodeguero “exportador”? Era una erogación mayor que el impuesto provincial al vino de 3,70 cts. el litro (ley 933). Así, cada litro de vino sacado al mercado tenía un desembolso de 7,95 cts. por litro.

Con lo recaudado, la empresa se comprometía, primero, a comprar toda la uva de los viñateros netos, calculada en 2 millones de qm por año, hasta la cosecha de 1933 inclusive, al precio uniforme de $4,5 el qm La cotización promedio entre 1926 y 1928 había sido de $12,5 el qm (cuadro 2 y gráfico 2), por lo que el precio comprometido representaba una caída de más del 64%. El beneficio para el viñatero era que se aseguraba la venta de la uva pero, sin duda, era el subsector más castigado del plan. En segundo lugar, con lo recaudado la empresa compraría el resto del porcentaje de vino al bodeguero trasladista que lo solicitara a 14 cts. el litro para 1929 y para los años siguientes el precio lo fijaría el directorio, aunque no podía ser inferior a 15 cts. el litro. Este grupo, entonces, podía vender la totalidad de su producción a la Sociedad por 9,75 cts. el litro (a valores de 1929), con una caída del precio del 49,5% respecto de lo recibido en el periodo 1926-1928; pero con la ventaja de no quedarse con un stock de la bebida invendible.

Igualmente, los bodegueros podían adquirir uva a la Sociedad a las cotizaciones y condiciones generales señaladas. La nueva firma podría exigir prenda agraria u otra garantía por el vino o la uva que vendiera al bodeguero, y junto con los bancos acreedores tendría el derecho de inspección de las bodegas.

La implementación del plan durante 1930

Una cuestión no atendida suficientemente por los promotores de la Sociedad fue el costo de poner en marcha el plan, que se inició en marzo de 1930 cuando había comenzado la cosecha de uva. La empresa debía controlar prácticamente todo el proceso productivo desde la tasación de la uva hasta las inspecciones de bodegas y la toma de muestras para analizar los caldos. En, Mendoza, había aproximadamente 500 bodegueros exportadores, casi 700 trasladistas y 2.700 viñateros netos. Para esta tarea se resolvió costear un mes los inspectores adscriptos a la Dirección General de Industrias (DGI) lo que creó un solapamiento entre los espacios público y privado. En julio la Sociedad instaló un laboratorio químico, contrató un seguro contra incendio sobre los vinos prendados, las vasijas y bodegas[14]; y montó una oficina en San Rafael. Para todo este trabajo el directorio formó distintas comisiones internas y gestionó un préstamo de 1 millón de pesos en el Banco Provincia de Mendoza. Asimismo, se logró un decreto nacional por el cual los vinos nuevos saldrían al mercado a partir del 1 de octubre; así se ganó tiempo para que los productores vendieran sus caldos viejos; y el gobierno provincial aceptó una prórroga al impuesto a la uva de la cosecha de 1930 (20 cts. por qm) hasta octubre (LA, 1 de enero de 1930, p. 3).

Para impulsar algunos de los otros fines de la Sociedad, el directorio dispuso una prima (1 cent. por litro) a los vinos que se comercializaran en el extranjero (Victoria –en adelante V-, 26 de abril de 1930); la entrega de uva a emprendedores que ensayaran nuevas industrias con la única condición del pago del impuesto provincial. Para producir jaleas y dulces, se pagaría $0,50 el qm y para destilar, $1,50 el qm en cepa. Los interesados debían tener bodegas donde no hubiera vinos y serían fiscalizados por la empresa. Otras acciones fueron la organización de conferencias técnico-industriales con una asociación de productores de uva en fresco (LA, 27 de junio de 1930), un acuerdo con la empresa ferroviaria BAP por el cual esta se comprometía a realizar propaganda al consumo del vino y la venta de la bebida en sus coches; llamó a licitación para construir bodegas con piletas para guardar los vinos de reserva (V, 27 de diciembre de 1930) y comenzó una campaña contra los impuestos al consumo del vino que cobraban numerosas provincias con el fin de ampliar el mercado de la bebida.

El balance de la temporada de 1930 mostró una caída de la producción de materia prima en un 38% (cuadro 2) producto de los eventos climáticos, las plagas (peronóspera y oídio) y de la acción de empresa. Esta compró y dejó en la cepa 1.625.835 qm con un gasto de aproximadamente $7.000.000 (a $4,5 el qm) y el abandono de no menos de 20.000 hectáreas sobre 90.000. De esta manera, se logró un equilibrio entre el vino elaborado y el que salió de la provincia, pero se arrastraba un excedente importante de caldos. El cuadro 4 da cuenta de la operatoria de la empresa[15], antes de comenzar el proceso de recompra de vino por parte de los bodegueros.

Cuadro 4. Operatoria de la Sociedad Vitivinícola Mendoza correspondiente al primer semestre de 1930 y el año correspondiente entre 1-7-1930 y 30-6-1931
Sociedad Vitivinícola de Mendoza 1930 1931
Producto
qm/hl
Costo $
Entrada $
Producto
qm/hl
Costo $
Entrada $
Uva adquirida a viñateros netos (qm) (total)
2.141.326 9.830.885 1.564.764 7.040.191
Uva dejada en la cepa (qm) 1.625.805 1.476.270
Uva elaborada (qm) 347.558
Uva vendida a bodegueros (qm) 167.938 645.881 72.574 333.323
Uva vendida en fresco (qm) 13.116 290.367 236.671
Uva verde vendida (qm) 2.804 1.402
Vino adquirido (hl) 2.100.625 14.55776 2.116.718 15.804.845
Vino elaborado (hl) 251.834 1.007.416
Vino vendido (hl) 572.581 8.006.125 1.549.856 12.657.267
Totales ($) 25.194.077 8.652.006 23.135.403 13.228.663
TOTAL -16.542.071 -9.906.740

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Victoria, 30 de agosto de 1930; Los Andes, 15 de setiembre de 1930; La Prensa, 1930, p. 15, y Sociedad Vitivinícola de Mendoza. 1931.
Aclaraciones: El ítem “vino adquirido en 1930” corresponde, también, a producción de 1929, e incluye el vino de reserva y para destilación. El “vino elaborado” en 1930 corresponde a la uva elaborada. Respecto de 1931, algunos datos son confusos. El rubro “uva vendida en fresco” se refería a las ferias francas de la Capital Federal y del ferrocarril BAP; y el “costo” se refiere a la mano de obra, impuestos y acarreo.

Las grietas del plan y la oposición

Desde un primer momento, se evidenciaron errores y falta de previsión en el plan. Repasemos algunos casos.

La decisión de no cosechar parte de la uva, con graves consecuencias sociales y económicas, desencadenó una primera crisis en el directorio y uno de sus miembros, Bautista Gargantini hijo (de origen radical lencinista), renunció.

En mayo de 1930, los elaboradores trasladistas se quejaron porque la empresa no había efectivizado la primera cuota del 60% del vino vendido (V, 3 de mayo de 1930). Para poder cumplir, el directorio pidió a los bodegueros exportadores la recompra del vino depositado en sus bodegas pero la mayoría se negó porque el plan era hacerlo según la demanda. Como consecuencia, las bodegas del directorio readquirieron toda su producción para oxigenar financieramente a la Sociedad (V, 7 de junio de 1930).

Confiado en la contracción de la oferta de la bebida, el directorio puso precios al vino más altos que el cálculo inicial, pero los mayoristas de Buenos Aires se resistieron (V, 26 de abril de 1930), muchos bodegueros ofrecieron sus caldos más baratos para poder venderlos y fue imposible disciplinarlos. Pero lo más grave ocurrió cuando, en agosto de ese año, se desencadenó una guerra de precios de las primeras marcas protagonizada por Tomba y Giol. Esto mostró la debilidad de la colusión entre las grandes empresas. La Unión Industrial Argentina (UIA) nombró una Comisión para establecer nuevas cotizaciones por un litro de vino que oscilaron entre los 30 cts. (de tercera marca con casco usado) y 37 cts. (de primera marca con casco nuevo) (V, 16 de agosto de 1930), en el momento en que se anunciaba una caída del consumo nacional de la bebida por la crisis general. Es que el vino era un bien prescindible y reemplazable por bebidas más baratas[16]. En vez de trabajar para rebajar los costos, se apostó a defender la suba de su precio retroalimentando la disminución del consumo. Se advierte, además, cómo la negociación por los precios del vino se trasladó de la Sociedad en Mendoza (que era la que debía determinar los precios) a la UIA, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esa corporación era dirigida por Luis Colombo, hombre de la Leng Roberts y uno de los directores de la bodega Tomba, porque las grandes empresas estaban asociadas a ella y la toma de decisiones se hacía desde Buenos Aires, donde estaba el principal mercado consumidor y distribuidor y donde, además, era posible acordar o negociar con mayoristas. Esto deja en evidencia cierta debilidad de la empresa y la tensión entre el CVN y la UIA.

En ese contexto, reapareció la oposición a la Sociedad. Las cooperativas de pequeños productores que habían adherido a la FAA y no habían firmado el contrato vendían sus caldos a través de esa entidad y se oponían a la decisión estatal que impedía sacar vino nuevo antes del 1 de octubre. En junio de 1930, arribó a Mendoza el presidente de la Federación, el socialista Esteban Piacenza, para remitir vino nuevo desde el ferrocarril. Se preveía la prohibición del gobierno y la elevación de un amparo ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo el respeto a la libertad de comercio (V, 28 de junio de 1930). Otras bodegas que también habían rechazado el contrato con la Sociedad recibieron desde críticas públicas hasta la inmovilización de la salida de sus vinos por parte de la Dirección de Industrias. Si bien los perjudicados elevaron un petitorio al ministro del Interior, la suspensión del despacho de vinos continuó. En setiembre de 1930, cuando llegó José F. Uriburu a la presidencia de la Nación, el CVN y la FAA elevaron un documento al gobierno donde denunciaron que de las 1.800 bodegas solo trabajaban 800, “y de la totalidad de las bodegas que exportaban vinos desde Mendoza hoy lo hacen apenas el 50%” (Centro Vitivinícola Nacional, 1930, p. 4). Pedían la intervención del gobierno nacional porque la Sociedad era un trust que violaba la ley 11.210.

La intervención de José María Rosa y la pérdida del apoyo irrestricto a la Sociedad Vitivinícola

El nuevo interventor provincial, José María Rosa, delegado del gobierno de facto de José F. Uriburu, a partir de setiembre de 1930, designó como Ministro de Industrias y Obras Públicas a Ricardo Videla, especializado en agronomía y ligado a la empresa ferroviaria BAP. El nuevo ministro era, más allá de sus ideas, un técnico. Como tal prometió controlar la elaboración de vino y promover la diversificación productiva provincial, “especialmente la fruticultura”, propuesta que venía incentivada desde las administraciones lencinistas (Rodríguez Vázquez, 2016a y 2016b). Por eso apoyó las iniciativas que en esa línea tomó la Sociedad[17], la más importante de las cuales fue el llamado Plan Elorza, consistente en la reconversión de las viñas viníferas en viñas de uva de mesa –vía injerto–, o directamente el arranque de los viñedos replantando otros cultivos. A cambio, la empresa les abonaría durante 1932 y 1933 el importe de cosechas que hubieran tenido (LA, 27 de mayo de 1931 y 6 de junio de 1931). En agosto de ese año se habían adherido al programa 350 hectáreas (V, 29 de agosto de 1931), una superficie ínfima.

Debido al cambio de gobierno, el directorio se reunió con el nuevo ministro de Hacienda de la Nación, Enrique Uriburu[18] –quien durante la presidencia de H. Yrigoyen había sido el presidente del Banco Nación–, para destrabar los fondos otorgados durante la gestión anterior. Así se logró que el consorcio bancario girara 7 millones de pesos (V, 27 de setiembre de 1930), y un crédito de 7 millones más.

Pese a la crisis que asolaba sobre todo a los pueblos cerealeros de la provincia de Buenos Aires (principales consumidores de la bebida), el directorio puso precios al vino similares a los de agosto. Poco después, por motivos que no se hicieron públicos, Ernesto Seippel renunció a la presidencia de la empresa (V, 15 de noviembre de 1930) y fue reemplazado por Antonio Scaramella y como vice fue elegido Luis Colombo, ambos ligados a la Leng Roberts (V, 13 de diciembre de 1930).

La temporada de 1931

Las perspectivas del sector para 1931 eran decepcionantes. La diversificación productiva era una estrategia de mediano plazo y sus resultados eran todavía modestos; además se esperaba una abundante cosecha con un importante stock del vino, lo que hacía difícil que se pudiera industrializar toda la uva.

La insatisfacción por el resultado del plan desencadenó nuevos conflictos entre los bodegueros y la empresa. Muchos vitivinicultores no compraron uva y solo procesaron la propia o vendieron vino a elaboradores que no estaban asociados para no comerciar con la empresa. Estas conductas originaron conflictos judiciales. Entre los nuevos resistentes aparecieron bodegas importantes como Mosso, Brandi Hnos., Calise, López e Hijos, La Rural, Toso, Benegas, Flichman, Piccioni y Gabrielli y Baldini (V, 7 de marzo de 1931).

A la depresión del mercado se agregó el aumento del impuesto nacional a la bebida en medio centavo (pasó a pagarse 30 cts. por litro) para constituir una policía del vino que persiguiera su falsificación (LA, 15 de febrero de 1931). El nuevo instituto, además de significar un aumento del costo de producción, marcó un avance del gobierno nacional sobre la agroindustria provincial. Por su parte, el consorcio bancario, que había entregado dinero por el vino prendado, apuraba para que esa producción saliera primero al mercado, previendo el desembolso de más capital para la adquisición de uva y de la mitad de los caldos elaborados en esa temporada. También estaba preocupado por la gran cantidad de prendas que se habían renovado (V, 14 de marzo de 1931). Por eso el directorio dio facilidades financieras a los exportadores que recompraran todo el vino en depósito en sus bodegas (V, 28 de marzo de 1931). A estos problemas, se agregaron dificultades subregionales; por ejemplo, los bodegueros del Sur de la provincia, castigados por la peronóspera y los accidentes climáticos, no podían adquirir sus vinos a la Sociedad a un precio mayor que 10½ cts. el litro, aunque no recibieron una respuesta satisfactoria (V, 7 de marzo de 1931).

En 1931 quedó en la cepa un poco menos de uva que en el año anterior. La firma adquirió un 27% menos de materia prima –aunque a mediados de año quedaban alrededor de 400.000 qm no comprados porque las transacciones estaban “observadas”– y no elaboró vino debido al stock existente (cuadro 4). Los datos globales de 1931 (cuadro 2) son muy parecidos al año anterior y no se logró revertir la tendencia adversa. Los primeros resultados de la diversificación productiva (la venta de uva en fresco y la uva “verde” –con la que se quería reemplazar el ácido tartárico que era importado y muy caro–) tuvieron resultados modestos e, incluso, con pérdidas (cuadros 4). Quedaba claro que los procesos de transformación de la matriz productiva eran más lentos que lo que se necesitaba para atenuar la crisis.

Estos indicadores generaron una evaluación negativa del plan. El presidente de la sociedad anónima de Giol, Luis Barragán, reconoció que había sobreproducción, que se había plantado mucha vid y que faltaba mercado para una industria que tenía capitales invertidos por “mil millones de pesos” (V, 4 de julio de 1931).

En una nota elevada a la Sociedad el 10 de agosto, el consorcio bancario señaló que no se habían alcanzado los resultados planeados y, aunque continuaría con la financiación del plan, a partir del 30 de abril de 1932 la empresa debía comenzar a devolver el crédito. Y el veedor de los bancos en la Sociedad, Antonio Cavalli, pidió directamente la intervención del Estado:

[…] a pesar de la acción de las sociedades quienes han contribuido durante dos años a eliminar y pagar un fuerte sobrante de uva que ha quedado sin vinificar, el problema orgánico de la industria no sólo ha quedado sin solución, sino tendido a agravarse. La elaboración y el consumo ha disminuido en las dos provincias pero el sobrante de vino de cada cosecha va en aumento. Aparte de la necesidad de propender al mayor aprovechamiento de la uva que evita la pérdida de ese valor económico, habrá que encarar la mejor orientación del problema mediante el estudio más completo de las condiciones de producción y consumo, coordinando el posible perfeccionamiento de las sociedades vitivinícolas que hoy presentan la organización gremial de bodegueros y viñateros con las medidas de protección, defensa y fomento que pueda dictar el Estado para dar firmeza al desenvolvimiento de la industria.

Luego, señaló la imposibilidad financiera de la Sociedad de comprar toda la uva a los viñateros netos y que la cotización de la uva y del vino debía vincularse con el mercado interno de cereales. Además, el veedor defendió que el precio de la uva debía bajar y declaró que los viñateros se hallaban en una situación de privilegio frente a los productores de trigo y lino ya que tenían asegurado un precio mínimo de la uva sin ninguna obligación contributiva para con la Sociedad, ni siquiera en concepto de comisión o gastos. En igual situación, los bodegueros trasladistas tenían un comprador seguro para su vino –sobrante o no– a un precio mínimo proporcional al de la uva. Los exportadores eran quienes habían sostenido el plan en medio de una depresión económica general. Se estaba en la puerta de un quebranto generalizado debido a las ventas desventajosas que muchas bodegas habían tenido que realizar (V, 3 de octubre de 1931).

La observación de Cavalli sobre la necesaria relación de los precios de la uva y del vino con la producción pampeana era una novedad. En este sentido, cabe aclarar, que la vid es un cultivo permanente con un alto costo de mantenimiento (de allí la presencia, durante las crisis, de numerosas plagas por no poder combatirlas), que no permite adecuar la producción a la demanda; mientras que el trigo es un cultivo anual que posibilita a los actores económicos responder mejor al comportamiento del mercado. En segundo lugar, si bien es cierto que los viñateros no contribuían financieramente a la Sociedad, el precio de la uva era mínimo, lo que permitía bajar el costo de la elaboración del vino.

Los bancos esperaban el estudio de las reformas del plan de emergencia y estatutos para la próxima cosecha de 1932, en oportunidad del vencimiento del crédito acordado.

La ruptura del acuerdo de precios del vino

En abril de 1931 disminuyeron los precios de las segundas y terceras marcas de vino (V, 4 y 11 de abril de 1931); pero el problema mayor se desencadenó en el segmento de los vinos embotellados –que eran los más caros–, entre las tres bodegas más grandes: Tomba, Arizu y Giol. En mayo, se denunció que Tomba había “entrado” en la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires con una cotización menor a la convenida. Esa zona, que abarcaba el área de influencia del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, “era” de la bodega Arizu[19], lo que dejaba a la luz el reparto territorial del mercado y la cartelización de este segmento del mercado. En una carta, Arizu explicó que siempre fue norma de la empresa respetar los precios pero que se había violado el convenio. La Sociedad Colombo Limitada, concesionaria de Tomba, negó la acusación y consideró peligrosa la maniobra de Arizu que traía alarma en el comercio y efectos deprimentes en el mercado; Giol, por su parte, anunció que no pensaba cambiar las cotizaciones ya que prefería “luchar en los mercados con calidad y no con precio” (V, 11 de julio de 1931). Aparentemente el conflicto se disipó porque se hizo público que las tres bodegas habían acordado el precio del vino embotellado[20]; aunque inmediatamente se acusó a Giol de eludir el acuerdo. La incertidumbre de estos cambios paralizó la demanda en previsión de una nueva caída de la cotización, por lo que varias bodegas ofrecieron sus productos a precios inferiores lo que les aseguraba pedidos hasta el mes de diciembre (V, 18 de julio de 1931).

A fin de julio, tanto el consorcio bancario como los bodegueros de unas cincuenta segundas marcas pidieron a las “primeras marcas” que restablecieran los precios del convenio de octubre pasado. No obstante, Arizu bajó el precio de sus vinos 4 cts. Su actitud fue motivo de agrias discusiones en el seno de la Sociedad, pero la firma sostuvo que, después de haber mantenido durante ocho años consecutivos la supremacía de los mercados del país, rompía todo compromiso por no haberse respetado el convenio. Señaló que, aún sin lograr utilidades, las fuertes reservas con que contaba y la gran producción propia le permitía librar “una recia batalla” de desalojo de segundas y terceras marcas, así como recuperar la cantidad de venta que había perdido. Giol, entonces, bajó sus precios 3 cts., decisión comunicada “por teléfono y telégrafo a sus agentes”, y Tomba hizo lo mismo (V, 1 de agosto de 1931).

A principios de agosto se reunieron nuevamente en la UIA los miembros del consorcio bancario con los representantes de las bodegas, pero Giol y Arizu no aceptaron firmar el acuerdo (V, 8 de agosto de 1931). Días después, la DGI retomó la política de Borzani: bloqueó la salida de los vinos de Giol con la exclusa de que se mezclaban caldos nuevos y viejos (V, 15 de agosto de 1931). Por supuesto que la empresa lo negó, pero se logró que Giol prestara conformidad al acuerdo de precios sobre vagón que regirían hasta el 30 de setiembre. Estos oscilarían entre 33 cts. para terceras marcas y 34 y 36 cts. para la Capital Federal y la campaña, respectivamente, para las primeras marcas (V, 22 de agosto de 1931).

Después de este acuerdo se notó un mejoramiento en las ventas de vino, pero se volvió a desestabilizar a mediados de setiembre. Si bien en un primer momento se culpó a Tomba, después se achacó de la situación a Giol. De este modo, cayeron las cotizaciones de los vinos de segundas marcas y se paralizó el mercado trasladista.

Como consecuencia, estalló una nueva crisis en la Sociedad y dimitieron su presidente, Antonio Scaramella, y los directores Luis Colombo, Pedro Olivé y Heriberto Gibson. En Mendoza, la DGI negó boletos de embarque a vinos de Giol con pretextos fútiles, bodega a quien se culpaba de la situación la difícil coyuntura. Tomba y Escorihuela denunciaron a esa compañía ante el Banco Nación asegurando tener pruebas de que había roto el acuerdo. Tomba rebajó 3 cts. la cotización del litro de su vino, modificando también los precios Escorihuela. Giol devolvió el golpe confirmando que había vendido su vino como el convenio lo establecía y acusando que habían sido esas dos empresas (Tomba y Escorihuela) las culpables de la ruptura del acuerdo.

Una delegación de Giol[21] fue recibida en audiencia por el presidente de la Nación y su ministro de Hacienda (V, 19 de setiembre de 1931). Uriburu pidió un informe al gobierno y este denunció que Giol había falsificado boletas para el libre despacho de sus vinos, acusación desmentida por la bodega; y un diario sostuvo que el gobierno creyó a una de las partes sin haber realizado una investigación (V, 26 de setiembre de 1931).

El conflicto entre las grandes bodegas, la individualización final de “un solo culpable” y la sanción del gobierno provincial a Giol significó la ruptura del elenco dirigencial de la Sociedad. El conflicto continuó al año siguiente. En mayo de 1932, Giol anunció que iniciaría acciones legales contra la Sociedad Vitivinícola porque había comprado vino que estaba depositado en la bodega de Frank Romero Day y no se lo habían entregado (Archivo General de la Provincia de Mendoza, Protocolo 2801, folio 428-435, 2 de mayo de 1932). En este conflicto entre las empresas Arizu y Tomba, por un lado, y Giol, por otro, debió de operar, también, la agresiva política comercial que la última desplegó a partir de 1931 (programas en la Radio Nacional con publicidades sobre las “bondades de vino” y grandes sorteos en el Luna Park, en la Capital Federal) que mejoró su posición en el mercado y desplazó a Arizu. Indirectamente, esta tensión afectaba a dos firmas: la Leng Roberts, principal accionista de Tomba, y el Banco Español del Río de la Plata, de la bodega Giol y miembro del consorcio bancario que había financiado el plan de emergencia.

La helada del 9 de noviembre de 1931 y la disolución de la Sociedad

El tópico de la necesidad de intervención estatal en la vitivinicultura, mencionado por Cavalli, se convirtió en un pedido explícito. Un grupo de bodegueros de la Sociedad se entrevistó con el interventor nacional Rosa para que implementara un sistema de retención y prorrateo del vino (LA, 16 de setiembre de 1931). Era el reconocimiento del fracaso de la regulación privada. El gobierno accedió y por decreto estableció una retención del 30% de la existencia total de vinos al 1º de octubre último[22]. Pero el texto no era claro y desencadenó dudas y conflictos (la retención del 30%, ¿se computaba al 50% que el bodeguero vendía a la empresa o al 50% libre?).

Este clima de debate se cortó abruptamente el 9 de noviembre cuando cayó una helada que dañó prácticamente el 70% del viñedo mendocino. Era un cambio total en las expectativas para 1932: de superproducción a carestía de materia prima, lo que provocó una suba automática del precio del vino. En este contexto, los viñateros netos no afectados por la helada se opusieron a vender su producción a $4,5 el qm, y entonces el directorio resolvió la venta libre entre los asociados de la escasa oferta de uva, mientras que adquirió 130.000 hl de vino de San Juan para distribuirlo entre los bodegueros (LA, 3 de febrero de 1932). También solicitó al consorcio bancario dar préstamos a los viñateros siniestrados, a razón de $120 por hectárea, pero fue rechazado. Sólo a mitad de 1932 los bancos de la Nación Argentina y el Alemán Transatlántico otorgaron, para dicha operatoria, 1 millón de pesos en 10 cuotas mensuales entre mayo de 1932 y febrero de 1933. La Sociedad haría estos préstamos con sus recursos deduciendo esos valores de las sumas destinadas a amortizar la deuda con los dos bancos citados (LA, 23 de julio de 1932).

Por su parte, el gobierno dejó sin efecto el prorrateo (LA, 16 de enero de 1932), y realizó un cuidadoso el censo de los vinos en bodega, para evitar el desdoblamiento de la bebida (LA, 14-1-1932), y de la uva que estaba en condiciones de cosecharse. Asimismo, como los bodegueros ganarían más dinero por la suba del precio del vino y la Provincia sufriría pérdidas en su principal fuente de ingresos (los impuestos a la uva y sobre todo al vino), lo que afectaría la financiación de la obra pública que daba trabajo a los desocupados[23], Rosa puso un impuesto de emergencia al vino. Los bodegueros se opusieron rotundamente pero el interventor contestó que siempre había apoyado a la agroindustria pero, en ese momento, “como gobernante responsable tengo que mirar los problemas de conjunto y considerar que si hoy los industriales se benefician, una parte le corresponde al trabajador” (LA, 12 de enero de 1932). Al mismo tiempo, implementó un impuesto al sello para las operaciones de vino de traslado (V, 30 de enero de 1932).

En febrero de 1932, asumió la gobernación Ricardo Videla quien había sido un ministro clave del gobierno anterior. No obstante, él tenía una visión de la economía diferente a la del interventor José María Rosa. Sostenía que el Estado no podía “suplantar la iniciativa, la visión, el esfuerzo y el celo privados”. ¿Cuál era su función? “Hacer y distribuir informaciones, investigar los problemas económicos y científicos, indicar el camino hacia el progreso e inspirar y ayudar a los industriales en la reducción del mal uso y despilfarro de la materia prima” (LA, 19 de agosto de 1932).

Su primera decisión fue derogar los impuestos de emergencia de su predecesor, pero mandó a la Legislatura un proyecto, que fue aprobado, por el cual se establecieron gravámenes a la uva para 1932 y al vino para 1932 a 1934 con el fin de enfrentar la desocupación y pagar la deuda pública[24]. Es decir, le dio a la decisión de Rosa la legitimidad y fuerza de la ley. Por supuesto, los vitivinicultores rechazaron la norma.

Para el directorio de la Sociedad, la helada de noviembre de 1931 constituyó la oportunidad de reformar el plan de emergencia, pero para un grupo de 262 accionistas, que representaban más del 20% del capital suscripto, la opción era liquidarlo definitivamente y para ello pidieron convocar a una Asamblea general extraordinaria. Las dos posturas eran, entonces, “la reforma o suspensión del plan” (LA, 21 de enero de 1932). Una encuesta sobre el tema realizada por la empresa mostró la desorientación reinante: más de la mitad de los productores no contestó (2.675); y del resto, la mayoría votó por la finalización del programa (1.258) frente a un número que se opuso (575), y otro que pidió la desactivación solo para el año 1932 (233). Esta última opción fue la que defendió el Centro de Viñateros (LA, 6 de marzo de 1932).

La Asamblea se reunió el 9 de mayo, en Buenos Aires. El orden del día era el pronunciamiento sobre la interrupción del plan de emergencia para 1932 y 1933, y en caso afirmativo, la autorización al directorio a tomar las medidas conducentes a ese fin. En la votación, 4.600 votos apoyaron su finalización contra 2.356 que querían que se suspendiera solo en 1932. Pero esta decisión no era vinculante, tal como expresó el representante de la bodega Tomba, quien señaló que:

[…] se reserva[ba] todos los derechos que emergen de los estatutos de la Sociedad Vitivinícola y de los contratos recibidos de acuerdo a los mismos para reclamar ante quienes corresponda los daños y perjuicios que le ocasionen en caso de que así ocurriese por la suspensión del plan en el año 1933[25].

En efecto, para desactivar el plan, se requería la desvinculación voluntaria de cada firmante del contrato y por eso se dio tiempo para rescindirlo hasta el 31 de julio, sin restricciones ni exigencias, quedando en total libertad para disponer sus uvas y vinos en las temporadas de 1932 y 1933. Aquellos que no lo hicieran al 1 de agosto, continuarían con el plan[26]. No hemos hallado el número de contratos efectivamente anulados pero la decisión no fue unánime.

Videla, por su parte, propiciaba la continuación de la Sociedad. En una carta enviada a su presidente, el gobernador señalaba que a fines de año la empresa tendría una utilidad mínima de 15 millones de pesos, que no debía “admitirse la desarticulación total del organismo” y que faltaba aplicar el resto del programa incorporado en los estatutos. Estaban los problemas del subconsumo, el de las reservas y su almacenamiento, la volatilidad de los precios, la competencia desleal, la calidad de los caldos, la defensa de los pies francos contra la filoxera, entre otros (LA, 19 de agosto de 1932). Por su parte, Scaramella, en una entrevista al diario porteño La Razón, afirmó que la empresa podría continuar a condición de que entraran todos los productores porque los que se habían desvinculado y los que habían quedado afuera constituían una competencia “funesta” y que se diseñara otro contrato que “aligerara” la contribución de los bodegueros y que los viñateros concurrieran con un aporte para sostener la empresa. Pero, a diferencia de la opinión del gobernador, argumentó a favor de la intervención del Estado apelando a diversos ejemplos: Italia, Francia y España defendían sus industrias a través de consorcios y corporaciones obligatorias controladas por el Estado. La ley de vinos de Francia establecía la retención y el prorrateo que tantas críticas habían generado en Mendoza. Esto último, aplicado durante la acción de la Compañía Vitivinícola Mendoza, en 1917. En Estados Unidos, continuaba Scaramella, bajo el control y financiación de organismos federados se habían destruido grandes extensiones de plantíos para mantener el equilibrio de la oferta con la demanda y evitar el derrumbamiento de los precios. Y continuaba:

Es indispensable, pues, que exista un organismo capaz de regularizar el mercado, de estabilizar los sobrantes, de hacer propaganda a favor del consumo de vino, de fomentar la creación de nuevas industrias para el aprovechamiento de la uva y de obtener de los gobiernos, entre las muchas medidas que son de su resorte, el pago de primas a la exportación de nuestros vinos al extranjero (LA, 5 de setiembre de 1932).

Y adelantaba que, de no mediar una acción inteligente y oportuna, la situación de la industria sería más crítica que la que determinó la constitución de la Sociedad. Nuevamente se presentaban las dos opciones: la regulación a través de acuerdos entre los productores o la intervención del Estado. Paradójicamente la primera opción era defendida por el titular del gobierno provincial y la segunda, por algunos directivos de la Sociedad. Este giro “ideológico” no es un dato menor. Scaramella, además de presidente de la Sociedad, formaba parte del equipo de técnicos y productores que había redactado un proyecto de ley de vinos, presentado por el ejecutivo a la Legislatura durante ese mismo mes.

Al mismo tiempo, el directorio tomó medidas para aumentar su stock de vino cuya cotización estaba en alza y así capitalizarse[27], y llamó a una Asamblea General Ordinaria para el 27 de setiembre de 1932 para leer y aprobar la Memoria y el Balance de la empresa del tercer ejercicio social vencido el 30 de junio. Esta información no se publicó, ni siquiera en forma parcial en los diarios, como en años anteriores. Se sabe que estuvieron representados 4.009 accionistas, aunque con la ausencia de las bodegas Giol y Arizu. Asistieron el representante del Banco de la Nación y el inspector nacional de justicia.

En la reunión se explicó que las utilidades (cuadro 5) se debían a la acumulación de vino “cuya colocación [había sido] activada por la pérdida de la última cosecha”. Si bien se había previsto su distribución, por una objeción del Banco de la Nación (representante del consorcio de bancos), se decidió que dichas utilidades se harían en forma periódica, una vez hechos efectivos los beneficios y cumplidos los requisitos previos establecidos en los estatutos conformándose una cuenta denominada “Fondo especial disponible” (LA, 28 de setiembre de 1932).

Cuadro 5. Utilidades de la Sociedad Vitivinícola Mendoza
(1-7-1931/30-6-1932)

Las utilidades del tercer ejercicio

$9.037.344

2% para reserva legal

$180.746
4% para directores y síndico $361.493
2% para el personal $180.746
Fondo de socorros para el personal $20.000
1% para sociedades de beneficencia $90.375
10% para fondo de previsión $903.734
Reserva para impuesto a los réditos $206.549
Para reserva extraordinaria $3.200.000
Dividendo a distribuir a razón de $300 sobre 12.979 acciones $3.893.700

Fuente: Los Andes, 28 de setiembre de 1932.

Quedaba pendiente, sin embargo, el problema de la suspensión del plan de emergencia para el año siguiente. El directorio nombró una comisión de estudio bajo la supervisión de Pedro Olivé y Arturo Furlotti, y se llamó a una nueva Asamblea General Extraordinaria, reunida el 28 de octubre. El representante del directorio argumentó a favor de mantener el plan de emergencia para 1933 modificando la parte de la contribución del bodeguero exportador. Sin embargo, después de un debate extenso se decidió autorizar la libre rescisión de los contratos de compraventa de uva y vino, y que el directorio tomara las medidas necesarias para que en la temporada de 1933 se vinificara toda uva de los asociados que no se pudiera vender o la destinara a la elaboración de otros productos. Esto debido al rechazo que había ocasionado dejar uva en la cepa en las dos temporadas anteriores.

Luego de la asamblea, una enorme mayoría de los bodegueros exportadores (incluidos miembros del directorio) rescindió el contrato, decisión que desfinanciaría la Sociedad que debía adquirir el vino de los trasladistas y la uva de alrededor 2.200 viñateros –que representaban 23.000 hectáreas– que no rescindieron el contrato (LA, 29 de octubre de 1932, V, 5 de noviembre de 1932). Además, el directorio aprobó el cobro del 4% de las utilidades y el 2% para los empleados del balance de 1932 (cuadro 5), pese a la oposición del Banco de la Nación Argentina. Como los bancos no descontaron los pagarés a 180 días, los beneficiados se repartieron vino (LA, 21 de diciembre de 1932). Esto generó una ola de indignación, abigarrada por otros temas[28].

Varias bodegas asociadas elevaron una nota al presidente de la empresa, el 23 de diciembre de 1932, en la que consideraban improcedente la conducta asumida[29] y solicitaron el reintegro de las sumas repartidas que debían quedar en cuenta nueva, afectadas al cumplimiento de las obligaciones de 1933. Entre los firmantes había bodegueros medianos, pero también poderosas empresas como Toso, Gargantini hijo, Herwig, Calise, Filippini y, la más importante, SA Bodegas y Viñedos Giol (ARCVN, 1933, 329, pp. 293-295; LA, 14 de enero de 1933)[30]. A fines de enero de 1933, el CVN pidió la intervención de la Inspección de Justicia de la Sociedad o directamente el retiro de su personería jurídica (LA, 21 de enero de 1933). La defensa del directorio sólo se encontraba en dos publicaciones de circulación restringida como La Libertad y Victoria, mientras que las denuncias continuaban en Los Andes[31] y en El Diario de Buenos Aires.

El clima de tensión no sólo se debía a la Sociedad. A fines de 1932, en previsión de que la crisis emergería nuevamente en 1933, el ejecutivo elevó a la Legislatura un proyecto de ley con un plan para enfrentarla, pero fue tal la oposición de los bodegueros –porque continuaba vigente el impuesto extraordinario al vino– que el texto fue retirado. Como consecuencia, no se creó ninguna herramienta anticíclica para la próxima cosecha, que se preveía abundante.

Comenzó la recolección de uva y sucedió lo previsto: la producción fue muy similar a 1928 pero la salida de la bebida, un 31,9% menor que ese año, por lo que el excedente de la bebida fue el más alto desde el inicio de la crisis (cuadro 1 y gráfico 1). Sin la presencia del Estado provincial, las únicas medidas regulatorias fueron las implementadas por la Sociedad. Compró 1.682.658 qm de uva a viñateros asociados y vendió para vinificar y como fruta 538.128 qm Con el resto de la materia prima (1.100.176,53‬ qm), en cumplimiento de la disposición emanada de la asamblea de octubre anterior, elaboró 527.828,18 hl (11% del total provincial), y lo hizo a través de dos modalidades: a cuenta de terceros[32] y mediante el alquiler de bodegas; a excepción de dos pequeñas cantidades de uva[33]. A esto se agregó la aplicación del Plan Elorza (40.000 qm) y la compra de vino a San Juan para distribuir entre los bodegueros, lo que dio un total de costo de más de 10 millones de pesos (cuadro 6).

Por su parte, el gobierno nacional decretó el permiso para elaborar vino fuera de las provincias vitícolas, y así dar salida al excedente de uva (LA, 16 de marzo de 1933)[34].

En junio, la Sociedad canceló el préstamo de 23 millones de pesos facilitados por el consorcio de bancos, razón por la cual el interventor bancario Antonio Cavalli dio por terminadas sus funciones (LA, 16 de marzo de 1933).

A principios de octubre, otra Asamblea General Ordinaria presentó la Memoria y el Balance correspondiente al año comprendido entre mediados de 1932-1933 y reeligió a las autoridades[35]. En ella, también se pronosticó “un quebranto” para el ejercicio que se iniciaba por cuanto no habría dinero para pagar la uva ni adquirir el 50% de los vinos de los bodegueros trasladistas (a $10,25 el hl), a lo que se unía la pérdida de valor del vino en existencia al 30 de junio (941.505,90 hl) que alcanzaba un 35,4% (de $9.489.704 a $6.129.694) (LA, 8 de octubre de 1933).

Cuadro 6: Operaciones de compra de uva, destino de la misma y su costo, temporada de 1933
Operación Volumen qm
Costo $

Uva comprada

1.682.658,83 7.524.991,47

Elaborado por cuenta de la Sociedad

970.297,63 473.729,14

Elaboración propia en bodegas alquiladas

129.878,90 203.685,78

Plan Elorza

40.000,00 206.389,83

Total

8.408.796,22

Fuente: Sociedad Vitivinícola de Mendoza. 1933, p. 10.

No obstante, estas perspectivas, la empresa comenzó la compra de los vinos de traslado a los asociados. Se pagaría, como en años anteriores, una parte al contado y el resto en cuatro pagarés hasta diciembre de 1934. Solo adquiriría vinos elaborados con uva propia del bodeguero, de viña asociada o con uvas adquiridas a la Sociedad (V, 29 de julio de 1933). Al mismo tiempo lanzó la venta de 303.420 hl de vino de temporadas anteriores a un precio entre $0,101/4 a $0,13 pagadero a tres, seis y nueve meses (V, 1 de julio de 1933).

Hacia fin de año, el directorio solicitó a los pocos bodegueros asociados que recompraran el vino que tenían en bodega pagando, en parte, con los mismos documentos de la Sociedad. La idea era ventajosa porque la empresa rescataría sus papeles que se depreciaban, ahorraría varios costos (alquiler de vasija, seguros, mermas…), y se vaciarían las bodegas para la nueva temporada. Pero, finalmente, decidió no aplicar esta medida cuando se necesitaba capital para pagar la uva y el vino (V, 2 de diciembre de 1933). Un periódico se quejaba porque:

Cuando vengan los vencimientos, cuando haya que devolver a las instituciones bancarias el valor de las prendas, cuando se reclamen los documentos a vencer después de enero, y se necesite realizar el vino en existencia, surgirán entonces en forma gravísima las dificultades que han de provocar el derrumbe de una situación falsa, obra de la incapacidad administrativa y de la imprevisión de los dirigentes (V, 16 de diciembre de 1933).

A partir de ese momento, la información sobre la Sociedad es discontinua y escasa porque perdió su rol regulador y el periodismo puso el foco en el gobierno y en las organizaciones representativas del sector.

En enero de 1933, ofreció vino aunque sin publicar su precio, mientras que en abril lo vendía a solo ¡5 cts. el litro! (LA, 22 de abril de 1934), indicador de la depreciación de la bebida. Es que era urgente conseguir dinero para cumplir con los documentos comerciales. En efecto, en junio vencía una de las cuotas y el directorio tramitó un préstamo ante los bancos en Buenos Aires, pero estos sugirieron la conveniencia de liquidar la empresa como condición para apoyarla financieramente. Ese fue el motivo por el que se llamó rápidamente a una asamblea el 11 de junio, en la cual se decidió la liquidación de la Sociedad (LA, 19 de junio de 1934). De todos modos, a mediados de ese mes no pudo levantar los documentos dado que la Comisión liquidadora en Buenos Aires no alcanzó a recibir el préstamo. El problema se agravó porque varios documentos habían sido descontados en los bancos locales y como no pudieron abonarse, quedaron protestados. Se calculaba que eran unos 330 bodegueros afectados y la suma era de $600.000 (LA, 16 de junio de 1934). La Comisión liquidadora logró que los documentos representativos del 80% del monto protestado fueran renovados 120 días (LA, 21 de junio de 1934).

El Banco de la Nación acordó un préstamo de $4.000.000 pero para pagar el pasivo por los pagarés de los vendedores de uva, pero no para los bodegueros. La institución, por boca de uno de sus directores, Pedro Etchegaray, sugirió que la solución debía proceder de un arreglo entre los acreedores de la Sociedad que eran sus propios componentes. Señalaba que los bancos privados aceptarían la renovación de los documentos y aconsejaba que los trasladistas recibieran de retorno el vino que vendieron a la Sociedad; incluso esta podría pagar los costos de alquiler de las bodegas en vino. Con esto cerraban el apoyo a la empresa (LA, 19 de junio de 1934).

La Comisión liquidadora comenzó con el cierre de la empresa que continuó durante un largo proceso, tal como había ocurrido con la Compañía Vitivinícola Mendoza.

A modo de conclusión

Desde fines del siglo XIX, el Estado provincial intervino en las sucesivas crisis vitivinícolas con diferentes estrategias para atenuarlas, promoviendo, además, cambios en el sector. A la respuesta estatal se sumó, en 1917, la regulación privada mediante una empresa, la Compañía Vitivinícola Mendoza, que se impuso como última ratio frente al fracaso de las medidas tomadas por el gobierno provincial.

La siguiente crisis comenzó en 1928, es decir un año antes de la debacle de la economía norteamericana, y se debió a la superproducción de vino. En esta oportunidad, como consecuencia de una profunda inestabilidad institucional, con un gobierno sin herramientas financieras ni estrategias para revertir la coyuntura, la dirigencia bodeguera contrató al economista Alejandro Bunge para que diseñara un plan anticrisis. Él propuso, de acuerdo con las prácticas corrientes, la constitución de trust por medio de la fundación de dos sociedades anónimas –una en Mendoza y otra en San Juan–, de las que participaran solo los bodegueros exportadores de ambas provincias. Efectivamente se formaron ambas empresas, pero, en el caso mendocino, los promotores, siguiendo el modelo de la Compañía Vitivinícola Mendoza de 1917, incorporaron a los bodegueros trasladistas y a los viñateros. Se combinó así un oligopolio con la regulación de todo el sector con el propósito de sostener no solo el precio del vino que salía de Mendoza sino, también, la cotización de la uva y del vino de traslado, tal como que se hacía en los períodos de normalidad económica.

No obstante, como se sabe, los acuerdos de precios diseñados en momentos de estabilidad tienden a romperse en las crisis. Y la Sociedad, que intentaba restaurarlos e institucionalizarlos, no fue una excepción. En efecto, la indagación sobre su accionar confirmó las dificultades para sostener los precios del vino y, además, dejó en evidencia otras aristas interesantes. La primera fue que el segmento de los vinos embotellados estaba cartelizado –fenómeno que la historiografía del sector no había detectado– entre tres grandes bodegas. La ruptura de este acuerdo de precios, y la competencia que se desencadenó entre ellas, impactó en los otros segmentos del mercado de vinos (las llamadas segundas y terceras marcas), diluyó la cohesión interna del directorio de la Sociedad –lo que marcaría su decadencia–, e incorporó al conflicto al gobierno provincial. Como en ese proceso quedó como “culpable” la bodega Giol, aquel no dudó en apoyar al directorio y hacer denuncias –probablemente falsas– para aplicar herramientas legales que perjudicaran a Giol con el fin de “disciplinarla”. Esta disputa tuvo una dimensión nacional puesto que enfrentó indirectamente a la Leng Roberts –uno de cuyos “hombres” era el presidente de la UIA– con el Banco Español. Sin embargo, esto no pareció afectar a la empresa perjudicada, la que continuó con una estrategia comercial agresiva, ampliando su mercado.

Con el declive de la empresa se dio la paradoja de que el gobernador Ricardo Videla alentara su permanencia mostrándose cercano al paradigma liberal (de abstención del Estado en la misma línea del proyecto inicial de Bunge) mientras los dirigentes de la Sociedad solicitaban el salvataje del Estado argumentando con los casos europeos y norteamericanos, adelantándose a los mismos políticos.

Cabe señalar, finalmente, que con la Sociedad finalizaron los ensayos de regulación privada de la vitivinicultura de Mendoza sucedidos entre la primera guerra mundial y principios de los años treinta. Fue seguida por el último intento de plasmar una política anticíclica provincial representada por un conjunto de leyes que sancionó la legislatura mendocina entre 1933 y 1934 –no presentadas en este capítulo–. Sin embargo, esta instancia no pudo evitar los profundos cambios que generaron en la administración del Estado provincial las leyes de unificación de los impuestos internos y la que formó la Junta Reguladora de Vinos. En rigor, esta nueva agencia diseñó y aplicó estrategias que habían sido discutidas y propuestas durante estos tumultuosos años, incluso por los miembros de la Sociedad, como ha quedado demostrado. Esto explicaría por qué su presidente, Antonio Scaramella, pasó a ocupar un lugar en el nuevo ente nacional. En todo caso, la novedad de la Junta fue, en un principio, la “federalización” de las decisiones sobre el sector.

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  1. Investigación desarrollada en el marco del PIP CONICET Agentes estatales, trabajadores y empresarios en las transformaciones políticas, económico-sociales y territoriales en la provincia de Mendoza entre el lencinismo y los albores del peronismo.
  2. Sin pretender exhaustividad, hemos revisado para el caso chileno a del Pozo, 1999; para Uruguay, a Bonfanti, 2015; para España, Pan Montojo, 1994; Maldonado Rosso y Ramos Santana, 2000; Maldonado Rosso, 2001.
  3. En esa época el concepto de cooperativa no era unívoco y solía usarse para cualquier tipo de asociación comercial de los productores.
  4. La postura de Manzitti quedó oficializada en un documento público de la institución (Centro Vitivinícola Nacional, 1929a, pp. 480-510).
  5. La vinculación de Bunge con la provincia no se agotó en este asesoramiento. A fines de la década de 1930 organizó el Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción, dependiente del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego de la Provincia de Mendoza (Cf. D’Agostino, 2019).
  6. Si bien en un primer momento, Bunge mencionó la organización de “asociaciones” sin definirlas, luego especificó que debían ser sociedades anónimas.
  7. La Leng Roberts también tenía una participación minoritaria en Arizu SA (Mateu, 2013).
  8. Antonio y Eugenio Scaramella (Scaramella Hnos.) se iniciaron como comerciantes de vinos en Buenos Aires, pero ya en 1903 se integraron hacia atrás, comprando una bodega en Mendoza. Antonio estaba radicado en Mendoza y su hermano en Buenos Aires desde donde manejaba la comercialización de sus vinos. Ganaron varios concursos (en 1905 y en 1910) posicionándose como productores de calidad. Asimismo, Antonio se insertó en la elite bodeguera mendocina participando en varias asociaciones representativas del sector, a partir de la fundación de la Bolsa Vitivinícola en 1907. Fue el primer presidente de la Sociedad de Vitivinicultores de Mendoza, en 1911.
  9. El directorio quedó formado por 21 accionistas directores titulares e igual número de suplentes. La distribución en el directorio sería así: 6 directores con un mínimo de 50 acciones; 6, con un mínimo de 20 acciones; 6, con un mínimo de 5 acciones; y 3 directores viñateros con 1 acción por lo menos. Los suplentes tendrían las mismas condiciones y en igual proporción. Las Asambleas necesitaban la representación de la mitad más uno de las acciones, y cada acción tenía derecho a un voto pero ningún accionista podía representar más del 10% de los votos conferidos por todas las acciones suscriptas, ni más del 20% de los votos presentes en la asamblea. Con esto se pretendía evitar que un solo accionista impusiera su decisión, pero sí era posible el acuerdo entre varios accionistas (Estatuto, 1929).
  10. El Banco de la Nación aportaba el 35%; el Anglo Sud Americano, el 21,1%; el de Londres y América del Sur, el 23,3%; Trasatlántico Alemán, el 9,1; y Español del Río de la Plata, el 11,5% (La Prensa, 1930, p. 37).
  11. Se calculaba 1 litro de vino salido de bodega, 14 cts., gastos de administración, preparación y acarreo a la estación, 2 cts.; impuestos provincial, nacional y derecho de análisis, 4 cts.; flete ferroviario, 6 cts., envase (promedio), 5,5 cts. Total: 31,5 cts.
  12. Entre 1926 y 1928 el precio promedio del litro de vino sobre vagón fue de 35 cts.
  13. Si no se cumplían ciertos indicadores enológicos, el precio del vino se bajaba de acuerdo con una escala establecida por el directorio. Se abonaría en cuatro cuotas, aunque podría descontar hasta el 80% del total al 8% de interés anual.
  14. La obligación de asegurar el vino, las vasijas y las bodegas contra incendio produjo una demanda de seguros que expandió este sector. Hay indicios que sugieren que algunas empresas de seguros y bodegas tenían los mismos dueños. Por ejemplo, el presidente de la Compañía de Seguros San Martín, que operaba en Mendoza desde 1925, era Ernesto Seippel lo que sugiere que pertenecía a la Leng Roberts, principal accionista de la Bodega El Globo (Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 29 de febrero de 1929). También Balbino Arizu tenía acciones en dicha aseguradora, y es probable que otros bodegueros tuvieran el mismo patrón empresarial: hacer pequeñas inversiones en emprendimientos no vitivinícolas (Mateu, 2010).
  15. Las fuentes utilizadas para construir este cuadro mencionan el informe oficial de la Sociedad que no hemos hallado.
  16. En 1917 se consumían 4.120.000 hl de vino y 787.000 hl de cerveza mientras que en 1928, 5.985.000 de vino y 1.901.000. Es decir que mientras el consumo de vino aumentó un 47%, el de cerveza, un 140% (La Prensa, 1930, p. 43).
  17. En mayo, la empresa vendió materia prima a bajos precios para la fabricación de jaleas, pasas, dulces y destilación (LA, 12 de mayo de 1931). También estudió la inserción de los vinagres vínicos en la Capital Federal y en Mendoza (V, 31 de octubre de 1931; 7 de noviembre de 1931). Se estimuló la industria pasera, la colocación de la uva en los molinos forrajeros y la elaboración de productos como mostos concentrados, jugos de uva y productos analcohólicos… Pero el proyecto más importante fue la promoción comercial de las uvas de mesa (moscatel blanca y rosada, cereza, sanjuanina, torrontés balancín y las fantasía): se licitó la provisión de 600 mil a 1 millón de cajas de madera, recibiéndose más de 30 propuestas con firmas de Mendoza y Capital Federal (V, 5 de setiembre de 1931); se programó la instalación de frigoríficos para almacenar uva y surtir el mercado todo el año. Se anunció que llegaría al consumidor debidamente acondicionada y en buen estado gracias al refuerzo de los coches frigoríficos del BAP. También se propusieron acuerdos para vender uva a hospitales de la Capital Federal, ferias francas, el ferrocarril y buques de ultramar con cámaras frigoríficas. También promovió la venta de uva en fresco. Sin embargo, esta política tuvo escaso impacto; por ejemplo, la venta de uva fresca fue (entre mediados de 1930 y de 1931) de solo 13.000 qm. (cuadro 5).
  18. Primo del presidente, era profesor de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas, presidente de la SA B y V Francisco Uriburu de San Juan, miembro del directorio del Frigorífico Armour y de otras entidades importantes y fuerte ganadero. Fue nombrado director del mismo banco Pedro Benegas, también de la Sociedad, aunque siempre fue crítico del convenio.
  19. Arizu tenía viñedos y bodega en el Sur provincial y podía abastecer ventajosamente esa zona por la terminal que esa línea ferroviaria tenía en el departamento de General Alvear.
  20. Los vinos embotellados en envases de litro puestos en casa del comprador se venderían $5,40 la docena con diversas bonificaciones de acuerdo con el monto de la venta.
  21. La delegación se componía del presidente del directorio de Giol Ramiro Fernández de Villota y de los directores Jorge Santamarina y Samuel Ortiz Basualdo, dos conspicuos miembros de la elite económica y social de Buenos Aires.
  22. Se calculaba una retención de 5.763.762 hl. La Sociedad solicitó al gobierno que se prohibiera la venta de vinos de prensa y borra elaborados en 1931 (366.000 hl), y que declarara libre de prorrateo los vinos de reserva y de anteriores cosechas que estaban en poder de la Sociedad. Esto era fundamental porque necesitaba vender estos caldos para abonar los compromisos financieros (V, 3 de octubre de 1931).
  23. “Los desocupados organizaron ayer una manifestación. Gestionaron de las autoridades de la provincia se les diera trabajo” (LA, 19 de enero de 1932).
  24. La ley 935 creaba un impuesto adicional de 2 cts. por litro de vino que se elaborara, consumiera y expendiera hasta el 31 de diciembre de 1933; monto que bajaría a 1,75 cts. durante 1934. También se gravaba la uva que se cosechara y elaborara durante 1932 a razón de 1,3 cts. por kilo. Se exceptuaba del impuesto anterior a los vinos que se exportaran al Sur de la República. Una parte de lo recaudado sería para un “Fondo para combatir la desocupación” y otro “Fondo de previsión para el servicio de la deuda pública” (Provincia de Mendoza, 1938, t. II, pp. 113-129).
  25. El motivo de la actitud de esta firma es que estaba en serios problemas financieros, mientras que para la mayoría de los miembros del directorio esta era la oportunidad de finalizar con un plan que había mostrado numerosas falencias.
  26. Los bodegueros debían entregar el 50% de sus vinos a la Sociedad Vitivinícola a 5,5 cts. el litro y los viñateros entregarían el fruto de sus viñedos de la cosecha de 1933 a la Sociedad a entre 4,50 y 5 pesos el qm. según zona. Estas uvas serían revendidas a los bodegueros que las solicitaran al mismo precio (LA, 10 de mayo de 1932).
  27. Dispuso que los exportadores que tuvieran vino de la Sociedad tendrían tiempo a adquirirlo pagándolo en cuatro cuotas mensuales (a partir del 31 de octubre) y si extendían los plazos debían pagar interés. A partir del 30 de setiembre dejaba de abonar cuidado y conservación de los vinos en bodega y el alquiler de esta última sería abonado hasta el 28 de febrero de 1933. Los asociados que no aceptaran estas condiciones perdían el derecho de recomprar el vino que tenían en sus bodegas procediendo la Sociedad al retiro del vino (LA, 25 de setiembre de 1932).
  28. Se pueden leer en publicaciones locales como el periódico Victoria y en el diario Los Andes y en el Boletín del CVN. El primero, por ejemplo, señalaba que dentro del directorio había una “mesa chica” que era la que tomaba las decisiones, la cual había antepuesto “sus intereses personales y mezquinos a los generales de la industria y de los asociados” (V, 9 de noviembre de 1932). Los Andes acusó al director gerente Furlotti por mal manejo de la administración de la empresa (LA, 13 de noviembre de 1932). El Boletín del CVN, por su parte, denunció que mientras que las empresas del directorio hacían un gran despliegue propagandístico de sus productos, el directorio no se había comprometido con una campaña para aumentar el consumo del vino lo que debía ser un “esfuerzo […] común y general para que sus resultados sean efectivos” (Bombal, 1932).
  29. En la nota señalaban que los dividendos debían distribuirse simultáneamente a miembros del directorio, empleados y accionistas, y porque el cálculo de las utilidades había sido optimista ya que no se habían considerado las obligaciones pendientes de 1933 (la compraventa de uva y vino de los que no quisieran liberarse del contrato), cuyo cumplimiento podría sobrepasar la utilidad del tercer ejercicio; y también había dudas respecto de algunos deudores que ocupaban el “activo exigible”. La nota mostraba indignación con algunos directores que habían pedido reembolso por la tarea cumplida en la formación de la empresa cuando, en verdad, en aquel momento ellos habían invocado que hacían ese esfuerzo por el “patriotismo, el interés colectivo, la solidaridad gremial, el espíritu de sacrificio” (ARCVN, 1933, 329, pp. 293-295).
  30. Cf. también LA, 5, 14, 15 y 17 de enero de 1933.
  31. El diputado provincial Lettry dijo que el gobierno debía tomar medidas rápidas para no permitir que se jugara con los intereses de miles de obreros y familias entera (LA, 10 de febrero de 1933). Bautista Gargantini hijo hizo otras declaraciones incendiarias: “La Sociedad Vitivinícola o sus similares que solamente han servido para apuntalar situaciones insostenibles […] deben desaparecer definitivamente”. Lo haría “entre el repudio de la mayoría de sus sostenedores”. Y enarbolaba el argumento de Manuel Lemos: “Necesitamos vender barato y bueno si queremos recuperar el terreno perdido. Para conseguir este objetivo debemos obtener rebajas en los fletes, disminución en las cargas impositivas y hacer llegar a los consumidores directamente o con el menor número posible de intermediarios nuestros caldos generosos” (LA, 7 de marzo de 1933).
  32. El sistema era pagar a cada bodeguero $4 por hl de vino elaborado (utilizando 138 kilos de uva por hl), con todos los gastos incluidos (cosecha, acarreo e industrialización, conservación y seguro de los caldos hasta el 18 de febrero de 1934). Se pagaría con vino cotizado a razón de $10,25 el hl.
  33. Una parte de esa uva no pudo ser vinificada por el granizo y otra parte se destinó a la producción de zumo de uva verde para reemplazar el ácido tartárico en el proceso de fermentación.
  34. La prohibición de elaborar vino fuera de las zonas productoras se había impulsado y logrado desde Cuyo para evitar una competencia desleal sobre todo en los grandes centros urbanos.
  35. El directorio fue reelecto: presidente, Antonio Scaramella; vicepresidente primero Luis Colombo; vicepresidente segundo, Fermín Bourdillón; secretario, Manuel Guerrero, prosecretario, Pedro Elorza; tesorero Balbino Arizu y protesorero, Leoncio Arizu. Los vocales reelegidos fueron Arturo Furlotti, Esteban Barbier, Juan a. Zapata, Cayetano Piccione, Heriberto Gibson, Macedonio Varaschín, Alberto Cano, Frank Romero Day, Juan Prado, Octavio Gabrielli, Leoncio Arizu, Francisco Calvo, Pablo Pagés Suñol, José Guevara, Enrique Boireau; nuevos miembros fueron Ernesto Moretti y Alberto Faviola y como síndico titular quedó Carlos Güiraldez (LA, 26 de octubre de 1933).


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