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7 La política hídrica provincial para usos productivos (1932-1943)[1]

Laura L. Ortega

Introducción

Ante el impacto provocado por la crisis económica que afectó a Argentina durante los años treinta, la dirigencia política conformada hacia 1932, en Mendoza, realizó diversas acciones a fin de enfrentar sus efectos más perjudiciales. Se implementaron así políticas tendientes a fomentar actividades productivas alternativas a la vitivinicultura, como se ha tratado en los capítulos anteriores. Sin embargo, alcanzar estas metas en un territorio de características ambientales semi-desérticas, se volvía una ardua labor y requería de la construcción de importantes obras de infraestructura. No obstante, los gobiernos locales de la década del treinta no podían concretarlas de manera individual ante la insuficiencia de fondos propios y recurrieron a la instancia nacional. En este contexto, amerita preguntarse, primeramente, cómo se desarrolló la relación entre ambas jurisdicciones respecto de la política hídrica en el periodo propuesto.

Durante la etapa independiente (1810-1852), las necesidades y problemáticas relativas al recurso hídrico de Mendoza estuvieron bajo la órbita de las autoridades locales. Posteriormente, cuando Argentina logró dictar su Constitución Nacional bajo el ideario liberal-republicano, en 1853-1860, operó una distribución de competencias entre las Provincias, preexistentes a la Nación, las que se reservaron ciertas atribuciones no delegadas al poder federal. Este fue el caso de la gestión del agua.

Empero, la trayectoria de esta relación entre estas dos jurisdicciones sobre los recursos naturales resultó visiblemente azarosa, con avances y retrocesos a lo largo de los años, incluso en el presente[2]. Se sucedieron así diversos periodos de fuerte tensiones federales ante el avance nacional sobre el dominio originario de las provincias (Spadoni, 2018, p. 169). Asimismo, al primar un enfoque sectorial en cuanto a la administración de los recursos naturales (Martín, y Justo, 2015, p. 22) se produjo una proliferación de normativas provinciales. En el caso del agua, la regulación se dividió según sus usos en abastecimiento humano, riego agrícola, generación hidroeléctrica, fuerza motriz, etc. lo cual generó una “fragmentación sectorial e institucional” que atentó contra la operatividad de la gestión (Gutiérrez, 2011, p. 80). El esquema normativo federal de Argentina hizo mella en el diseño de una política nacional respecto del agua; por el contrario, cada provincia avanzó y organizó de diferentes formas la gestión del recurso hídrico según sus objetivos y posibilidades[3].

Adquiere relevancia entonces indagar no solo cuáles fueron las características que adquirió la política hídrica de los años treinta en Mendoza, qué obras se concretaron, y en qué espacios provinciales se realizaron, etc., sino también identificar cómo se complementaron las jurisdicciones federal y la provincial, qué tipo de vinculaciones primaron (de colaboración o de confrontación), qué margen de actuación tuvieron las agencias para implementar las políticas, etc. en el marco del desempeño de un rol más destacado del Estado nacional. Estos serán algunos de los interrogantes que se intentará responder en el presente trabajo.

Para el estudio se recurrió a fuentes oficiales provinciales como las del Departamento General de Irrigación (DGI), que, si bien han sido conservadas y se encuentran concentradas en repositorios de fácil acceso, con el objetivo de tensionar el discurso oficial se debió confrontar esta información con otras fuentes contenidas en archivos disponibles en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el Congreso de la República, además de la prensa local.

Asimismo, para alcanzar los objetivos propuestos, el análisis intentó complementar estudios normativos de la problemática y buscó determinar el rol que asumió el Estado, cuáles fueron sus objetivos e intereses, etc. Su accionar fue comprendido a través de un “enfoque micropolítico” (Gutiérrez, 2018, pp. 21-23), se consideró al Estado como no homogéneo, reconociendo la multiplicidad burocrática que contiene, las diferencias de objetivos e interés muchas veces inconsistentes y contradictorios entre sí, y entre gobiernos de distinto nivel, etc. En este sentido, se identifican tres tipos de tensiones intra-estatales que pueden encontrarse en un país federal como Argentina: las horizontales entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las verticales (entre niveles de gobierno) y las interburocráticas (es decir en un mismo poder provincial o nacional) (Gutiérrez, 2018, p. 24) y que resultaron útiles en la presente investigación. Igualmente, fueron utilizados los aportes historiográficos que analizan el Estado desde sus dinámicas internas, que identifican múltiples perspectivas y advierten acerca de la existencia de relaciones y tensiones intra-estatales en su accionar, las que no derivan sólo de las determinaciones emergentes de una estructura social clasista, puesto que intervienen también otras lógicas sociales. En síntesis, el accionar estatal es entendido aquí como resultado de múltiples presiones (Bohoslasvsky y Soprano, 2010; Di Liscia, y Soprano, 2017, pp. 9-41, y Rodríguez Vázquez y Raffa, 2016).

Ahora bien, resulta relevante determinar someramente con qué estudios se cuenta respecto del tema. De esta forma se sabe que las investigaciones sobre la gestión hídrica mendocina son numerosas y diversas, tanto por los enfoques escogidos y fuentes utilizadas como también por las aristas priorizadas. Pueden identificarse, así, aquellos trabajos que desde una perspectiva histórica analizaron las gobernaciones conservadoras (1932-1943). Pablo Lacoste (1991) expuso que las mismas lograron crear una imagen de administraciones exitosas en vista del impulso que le otorgaron al gobierno de la cosa pública, entre ellas las obras. Este trabajo, sin embargo, resulta muy escueto en sus aportes sobre la gestión hídrica conservadora. En tanto, Cecilia Raffa (2018, pp. 25-47) sostuvo que el avance estatal a través de las diferentes obras públicas, entre ellas las hídricas, comenzó en la provincia durante los años treinta. Sus resultados abarcan distintos ámbitos del quehacer estatal. Respecto de la política hídrica evidencia la inversión en el territorio.

Por su parte, pueden encontrarse los estudios de Inés Sanjurjo y el de Patricia Barrio. El de la primera autora se enfoca en la trayectoria de las instituciones indianas relativas al uso del agua en la provincia hasta mediados del siglo XIX, es decir, analiza el paso de la cultura jurisdiccional de Antiguo Régimen, consistente en un gobierno de jueces, a la organización bajo la forma republicana (Sanjurjo, 2019, pp. 211-240). En tanto Patricia Barrio (1995) enfocó la mirada en el estudio del sistema de riego mendocino durante el periodo comprendido entre la Revolución de Mayo y la sanción de la Ley de Aguas (1884), conocido como “periodo intermedio”. En este, las autoridades locales organizaron el uso del recurso a partir del establecimiento de reglamentos en distintas zonas de la provincia. Estos serían utilizados como antecedentes cuando se sancionó el ordenamiento jurídico del agua, en 1884, momentos en que se gesta la organización del Estado provincial. Su trabajo permite indagar las particularidades político-administrativas de la etapa previa a la sanción de la Ley de Aguas, de 1884. Asimismo, desde la geografía histórica María E. Furlani (Furlani, Gutiérrez et al., 1992, pp. 125-141) investigó el impacto de las medidas políticas y económicas sobre la red de riego en Mendoza, concretamente su repercusión en la expansión del oasis Norte a partir de la sanción de la ley referida hasta 1910. Su trabajo aporta fundamentos acerca de que esta forma de organización del recurso posibilitó la conformación de los tres oasis productivos, el Norte, Sur y el Centro, base de la producción mendocina y asiento de la población.

Asimismo, sobre las características del ordenamiento jurídico mendocino sancionado a fines del siglo XIX, Edgardo Díaz-Araujo y Armando Bertranou (2000, p. 44) determinaron que se consagraron diversos principios que serían incluidos luego en la Constitución provincial de 1916, los cuales, con algunas modificaciones, mantienen vigencia. El esquema normativo sancionado en 1884 estableció que la concesión del agua se realiza mediante una ley específica; que los regantes participan en el manejo del agua mediante la elección de autoridades de canales, hijuelas y desagües (que componen la red de riego en la provincia); que se crearía un organismo especializado con autonomía, estabilidad política y autarquía financiera (el mencionado Departamento General de Irrigación); se impuso, además, el principio de inherencia por el cual el derecho de riego pertenece al predio y no se puede vender en forma separada; y finalmente, la planificación de las grandes obras hidráulicas (diques, embalses e incluso la impermeabilización de grandes canales matrices o secundarios) deben ser aprobadas por la Legislatura provincial. De modo que este trabajo ofrece recursos valiosos para conocer cómo fue el esquema normativo del recurso hídrico en Mendoza vigente en la década de 1930, los organismos más relevantes, las competencias que poseían, etc. El estudio de Pascualotto (2016) complementa ese enfoque, centrándose en la zona metropolitana de la provincia.

Ahora bien, sobre el periodo comprendido entre 1860 y 1900 aproximadamente, surgieron en los últimos años, un conjunto de estudios que centran su análisis en la variable ambiental. En este sentido, se advierte que el proceso institucional de la Ley del Agua (1884) tuvo como objetivo sentar las bases para el ulterior desarrollo de un nuevo modelo productivo en torno al monocultivo de la vid, pero el mismo generó impactos ambientales en el territorio, y que habían sido “subvalorados por la historia tradicional”. Rosario Prieto y Facundo Rojas (2012, pp. 175-207) determinaron algunas de esas consecuencias como por ejemplo la desecación de importantes ciénagas para incorporar tierras a la economía. En este proceso adquirió un rol preponderante el Estado provincial, el cual a la vez consolidaba su organización a través de la especialización de nuevas dependencias, ejemplo de ello fue la conformación del Departamento Topográfico, luego absorbido por el DGI.

Desde la ecología política, Facundo Martín, Facundo Rojas y Leticia Saldi (2010) publicaron un trabajo que alude a “los domadores del agua”, los cuales proyectaron la nueva identidad territorial mendocina asociada a la una economía agroindustrial especializada, la vitivinicultura. Los investigadores evidencian que estos “domadores” tuvieron una función pública de relevancia en torno a la estructuración del Estado a través del manejo y control de agua para riego, tan necesaria para la consolidación de la principal agroindustria regional. Se produjo entonces una apropiación por parte de poder provincial de la administración del recurso hídrico que, anteriormente, era incumbencia de los municipios. Con el afán de progreso y modernización se sancionó la Ley de Aguas con la que, dirán los autores, se llevó a cabo una concentración territorial donde el agua fluiría, gracias a la “tradición ingenieril”, a los oasis centrales donde residían las élites, mientras que otras tierras y poblaciones fueron afectadas por la escasez de agua, particularmente en el Noroeste provincial.

Por otro lado, respecto de la historia de las obras hídricas, Jorge Chambouleyron (2004) realizó una periodización donde identifica que es a partir de 1940 cuando comienza la etapa de las grandes obras hídricas. En este sentido, Iara Mercado dio cuenta en su tesis de grado de las obras de riego entre 1940-1976 y su incidencia en la extensión del área productiva, aunque su mayor énfasis estuvo puesto entre los años 1970-2013 (Mercado, 2014) Ambos trabajos, desde perspectivas distintas, el primero desde la ingeniería y el segundo desde la ciencia política detallan las obras realizadas y su localización, y afirman que las mismas estuvieron enmarcadas en el intervencionismo estatal. No obstante, este capítulo no coincide con esa periodización y pretende enriquecer el análisis histórico-político del periodo.

Asimismo, se cuenta con los aportes que han indagado aspectos de la cuestión hídrica enfocados en espacios no centrales de Mendoza, es decir alejados del núcleo de poder en términos económico, político y social. Entre ellos, el estudio de Carina Martínez analizó los inconvenientes en la red de riego en el departamento de General Alvear (en el oasis Sur), entre1910 y 1925 (Martínez-Jurczyszyn, 2013). Su hipótesis gira en torno a la incidencia que tuvieron los intereses políticos partidarios en la distribución de fondos del Estado para obras de irrigación, con lo cual avanza en la identificación de los factores político y sociales más que los técnicos a la hora de estudiar los problemas del riego, complejizando así la mirada sobre el fenómeno. Útil resulta su aporte al identificar los funcionarios del DGI y su desempeño como empresarios o representantes de bodegas.

Otro espacio analizado ha sido el Este del oasis Norte (departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) durante el primer peronismo. Se identifican las obras que ese territorio logró durante este periodo y la “permeabilidad estratégica” que tuvo el DGI al incorporar los intereses de un sector gremial no asociado a los bodegueros tradicionales, sino a un grupo menos poderosos como fueron los bodegueros trasladista (Ortega, 2016). Para la misma etapa, pero poniendo énfasis en la gestión provincial, se indagan los proyectos y las obras ejecutados. Se retoma y coincide con Iara Mercado (2014) acerca del peso que tuvieron las inversiones en el oasis Sur por sobre el resto de la provincia, pero se ahonda aun más el análisis al exponer la trayectoria de las relaciones entre los niveles interjurisdiccionales respecto de la gestión hídrica. Así, se determinan los diferentes momentos que adquirió la relación entre ambos niveles de gobiernos, algunos más distendidos que otros, las alianzas entabladas, etc. y se propone una nueva explicación acerca del centralismo aplicado durante el primer peronismo (Ortega, 2018). Los resultados de ambos trabajos serán tenidos en cuenta en el presente capítulo.

Por otro lado, existe un conjunto de investigaciones que enfoca la mirada en las problemáticas derivadas del avance de la desertificación, el cambio climático, los conflictos por el uso del agua, etc. Se cuenta así con estudios provenientes de las más diversas disciplinas (derecho, ciencia política, sociología, economía, historia, estudios hidráulicos, etc.)[4], que observan las transformaciones territoriales y económicas que repercuten en la gestión del agua en Mendoza. No se hará hincapié en los mismos debido a que exceden los objetivos de este capítulo, aunque resulta preciso hacer notar que se dispone de una robusta producción de conocimiento por parte de analistas locales referido a cuestiones vinculadas con el agua en esta geografía tan particular.

Si bien no se cuenta con una historia nacional de los recursos hídricos son enriquecedores los aportes referidos a otros ámbitos y con otras problemáticas acerca de la gestión. Para Buenos Aires, Guillermo Banzato (2014, 2015 y 2016) avanzó sobre los problemas que debieron enfrentar las autoridades, entre finales del s. XIX y principios del s. XX, ante el peligro que significaban los insuficientes desagües pluviales, por ejemplo. Valiosa ha sido la perspectiva utilizada por el autor, quien, al evaluar los distintos presupuestos de las agencias técnicas, analizó al Estado desde adentro. En una línea similar, Elsa Pereyra (2009) busca contribuir al conocimiento de las intervenciones públicas relativas a los recursos hídricos también en la provincia de Buenos Aires, entre fines de los siglos XIX y XX. La autora analiza las intervenciones durante los años 30 del siglo XX y destaca procesos muy interesantes como las reformas legislativas y organizacionales, pasibles de similitudes con los que irían a acontecer en Mendoza.

En tanto, respecto de la obra pública durante el conservadorismo en Buenos Aires, Aníbal Jáuregui destaca que las obras de este tipo funcionaron como un elemento legitimador de una cuestionada dirigencia política. Nutre su interpretación a partir del análisis del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, repartición emblemática del régimen conservador y sus dependencias. No obstante, no ha sido estudiada la entonces denominada Dirección Nacional de Irrigación, dependiente del Ministerio señalado, ni su labor junto con el gobierno mendocino (Jáuregui, 2012-2013 y 2014).

Ahora bien, resulta necesario vislumbrar sucintamente cuál ha sido el devenir de la gestión hídrica en otras geografías y realidades contemporáneas dado que también contextualizan los hechos que se analizan en el presente capítulo.

Por la contigüidad geográfica, interesa el caso de Chile. En este sentido se sabe que, ante la situación económica internacional de los años 20, cuando el país estuvo aislado de los mercados internacionales, se amplió el rol del Estado y el desarrollo económico fue orientado hacia el mercado interno. En 1939, el gobierno chileno, tras adoptar la forma de gobierno unitaria, creó la Corporación de Fomento de la Producción, la cual intervino fuertemente en la concreción de obras de infraestructura, entre ellas las hídricas e hidroeléctricas (Bauer, 2002). La entidad diseñó un plan de fomento de la producción nacional por medio del aprovechamiento de los recursos naturales, política que se continuaría en los años posteriores (Corporación de Fomento de la Producción, 1940).

Por las similitudes ambientales con México, resultan enriquecedores los aportes de Mario Cerutti (2019), quien detectó que, entre 1930 y 1970, más específicamente en el Norte de ese país tuvo lugar un considerable incremento de las hectáreas irrigadas gracias a la inversión de fondos en grandes obras hidráulicas a cargo del gobierno federal. Las grandes represas se construyeron en el Norte, territorio de características áridas. Estas obras y la conformación de distritos de riego permitieron la expansión de la frontera productiva y “agriculturizar” el desierto. Al respecto, resulta útil la identificación de un denominador común con otros países, que realizó Cerutti, en el sentido de que los avances que se producían en la ingeniería hidráulica con el uso intensivo del acero y del cemento, sostuvieron tecnológicamente proyectos de considerable envergadura, algo en lo que coinciden también algunos autores locales (Martín, Rojas y Saldi, 2010, p. 173). Otra coincidencia consiste en la certeza de que tan cuantiosas inversiones sólo podían enfrentarlas los gobiernos nacionales; inversiones que fueron acompañadas por la construcción de embalses para la generación de hidroelectricidad, con lo cual quedaban integrados más de un aprovechamiento. Servía de ejemplo también la experiencia de los Estados Unidos, más precisamente durante la presidencia de Franklin Roosevelt (Cerutti, 2019, pp. 21-22; Worster, 1998, pp. 165-168; Rivas Sada y Pérez Gauna, 2013, pp. 119-142, y Pinilla Navarro, 2008, pp. 15-20).

Por último, España constituye otro caso a considerar en vista de que tanto la legislación como la administración del recurso hídrico de ese país influenció en el ordenamiento político-institucional de Mendoza y también de otras geografías como en Chile o Perú (Vergara Blanco, 1991, pp. 170-175).

Joaquín Melgarejo Moreno determinó que, luego del fracaso de las colonias por parte de España en 1898, el “regeneracionismo” buscó en la política hidráulica la clave para salir de la crisis. La modernización de la agricultura a partir de las obras hidráulicas encontraría un punto de coincidencia entre políticos e ingenieros. El ideario regeneracionista exigía así la acción de Estado a través de la realización de obras de riego. De esta manera, en 1911, se sancionó una importante ley que promovía obras hidráulicas con destino a riegos, defensas y encauzamientos, y también al aprovechamiento hidroeléctrico (Melgarejo Moreno, 1988, pp. 34-42). Sería pues con la dictadura de Primo de Rivera y con la creación de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, en 1926, organismos de cuenca, cuando comenzaría a concretase una ferviente política hidráulica, como materialización de aquel ideario “regeneracionista” (Sanchis-Ibor, 2012). De esta forma, esta política de avance estatal, en cuanto al control e intervención de los recursos hidráulicos, adquiriría mayor protagonismo luego de la Primera Guerra Mundial (Melgarejo Moreno, 1988, p. 37). Se proyectó un Plan de Obras hidráulicas (en 1933), atendiendo prioritariamente las necesidades del regadío, incluido los trasvases, y la construcción de embalses hidroeléctricos (Morales Gil, 1988, p. 250). Si bien el Plan no fue aprobado, según los analistas, guió profundamente la política hidráulica española por más de medio siglo (Gil Oncina, 2001, p. 11).

De manera que, más allá de las diferencias políticas existente hacia dentro de los países y regiones aludidas tuvo lugar un denominador común, el creciente intervencionismo económico, con lo cual –dirá Joaquín Melgarejo Moreno–, se pretendió estimular […] la modernización de los sistemas productivos, expandiendo y acrecentando las áreas a cultivar a través de potentes obras el riego (Melgarejo Moreno, 1988, p. 38).

Luego de lo expuesto puede aseverarse que si bien la problemática del recurso hídrico ha concitado la atención de los investigadores aún no se cuenta con un análisis pormenorizado sobre la política hídrica instrumentada durante el periodo conservador en Mendoza. En este sentido, interesa profundizar en el estudio de la relación entablada entre Nación y Provincia en momentos de expansión del rol del Estado, tanto provincial como nacional. Resulta preciso determinar si hubo cooperación entre ambas instancias gubernamentales, proyectos afines o si, por el contrario, se generaron conflictos. A partir de la identificación de las obras que se concretaron (específicamente aquéllas con fines productivos, es decir, las atinentes al riego agrícola y sus desagües, uso hidroeléctrico y defesa aluvionales[5]), su ubicación dentro de la provincia, las agencias e instancias involucradas y demás notas propias de la dirigencia conservadora en Mendoza, se podrán caracterizar la relación entre ambas esferas gubernamentales, y aportar, así, al conocimiento del Estado mendocino en los años treinta; objetivo también del presente libro.

La protección contra aluviones y la construcción de desagües: las urgencias de las primeras gestiones conservadoras

Cuando estos gobiernos asumieron en la provincia en 1932, las medidas para enfrentar la crisis económica demandaban la extensión de la red de riego. Pero además se precisaba consolidar las defensas aluvionales, gestionar eficientemente los desagües y planificar el uso del recurso para generar energía hidroeléctrica.

En la medida que la situación económica provincial lo permitió, en los primeros años de gestión se llevaron adelante algunas mejoras en la infraestructura impulsadas por la urgencia y la extrema necesidad. Este es el caso de las obras aluvionales y la construcción de desagües.

El riesgo aluvional

Los problemas relativos a las crecidas aluvionales afectaron siempre a la población de la ciudad de Mendoza como también a otras zonas productivas del oasis Norte. Estos fenómenos se producían fundamentalmente por dos causas. Las crecientes estivales del río Mendoza que generaban avenidas de agua que desbordaban su cauce y afectaban a diversos departamentos (Luján de Cuyo, General San Martín, Maipú y Lavalle) e, indirectamente, a la ciudad Capital y localidades aledañas, poniendo en peligro obras de infraestructura y el sistema de distribución de agua para riego. Y, por otro lado, los aluviones se generaban también por las lluvias precipitadas en las cerrilladas del Oeste, en el piedemonte, que desembocaban sobre áreas urbanas. En numerosas oportunidades estos eventos castigaron a Mendoza (Páez, Moreiras et al., 2013, 488-498).

En el periodo de análisis tuvo lugar un evento que concitó la atención pública. En el año 1934, se produjo la rotura de un dique natural en uno de los efluentes del río Mendoza (Punta de Vacas). La crecida de agua llegó hasta la localidad de Palmira (Gral. San Martín), dejó inutilizada una estación ferroviaria en la montaña (Zanjón Amarillo), y ocasionó graves daños en la Central Hidroeléctrica de Cacheuta, como así también provocó destrozos en el Hotel Termas de la misma localidad. Este suceso derivó en pérdidas materiales que rondaron los 250.000 dólares, según estimaciones de la época, y se llevó la vida de 20 personas (Vich, Pedrani, Grunwalst et al., 1994, pp. 125-138; Grilli, 2010, pp. 27-50).

El gobernador Ricardo Videla (1932-1935) encomendó al ingeniero Jacinto Anzorena la realización de estudios, fundamentalmente de la zona servida por el Canal Zanjón (actual Canal Cacique Guaymallén), en vista de que se ponía en peligro personas y cultivos en los departamentos de Capital, Las Heras, Godoy Cruz y el distrito de San José (en Guaymallén), lugares atravesados por tan importante canal. El técnico recomendó una serie de obras de defensas aluvionales inmediatas (que insumirían $2.144 m/n) y otras a más largo plazo, pero igualmente necesarias (con una inversión de $5.309.000 m/n)[6]; aunque por inconvenientes en la financiación solo se llevó a cabo parte de lo planificado, durante los primeros años de gestión conservadora. En concreto, el Canal Zanjón, que cumplía una doble función –como cauce de riego y como atenuador de crecientes–, fue desembancado y ensanchado en 7 kilómetros de su recorrido. Como puede observarse en la figura 1, el nivel de profundidad del canal no era muy pronunciado y puede avizorarse al final de la misma figura la existencia de construcciones habitacionales en su margen. De ahí que su embanque, es decir la obturación del normal flujo de agua a través del cauce con material de arrastre (rocas, troncos de árboles, cortaderas y otro tipo de residuos conducido por la creciente) constituía la causa principal de los desbordamientos (especialmente frente a la Capital mendocina). Esta obra permitió que el agua fluyera con normalidad y otorgó mayor seguridad a las poblaciones ribereñas.

Figura 1: Obras en el Canal Zanjón, Mendoza (1936)

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Fuente: Provincia de Mendoza, 1939ª, p. 199.

Asimismo, se proyectó y se llevó a cabo una solución más integral del problema a partir de la construcción de obras en el piedemonte mendocino, al Oeste de la ciudad Capital. Se perfeccionó el dique San Isidro y se realizaron las excavaciones pertinentes para unir los zanjones Pardo (luego conocido como Maure) y Frías.

Como puede observarse también en la figura 2, la importancia de estas obras radicó en que se lograba apaciguar el escurrimiento de las aguas (marcas amarillas), reteniéndola en embalse, para dejarlas descender de forma controlada hacia el Canal Zanjón (delimitación aproximada en color rojo), con lo cual se protegía la Ciudad (zona demarcada por el círculo amarillo) (Barrera y Richard-Jorba, 1973). Lo mismo ocurrió con el emplazamiento en el Dique Cipolletti (río Mendoza), de mejoras en las defensas, con lo cual se procuraban evitar los daños ocasionados por los aluviones como el de 1934 (Provincia de Mendoza, 1939ª, p.197).

Figura 2: Planimetría de Red de drenajes naturales confluyentes en la Ciudad de Mendoza y poblaciones vecinas, 1936 (aproximado)

Fuente: Reconstrucción cartográfica obtenida del Estudio del Ing. Jacinto Anzorena (HCDN.PL, Exp. 577-D-1937 y Exp. 419191-C-1938).

En tanto, la Nación auxilió a la Provincia a través de la descentralización de fondos para la realización de las obras, entre 1935 y 1943. Como puede observarse en la tabla 1, durante los primeros años los montos destinados a las defensas fueron más escuetos que los asignados a partir de 1937, fundamentalmente en lo concerniente a la protección de la Ciudad contra los aluviones. A su vez, no se han identificado mayores inconvenientes en la realización de estas obras, lo cual denota coordinación entre ambos niveles de gobierno. La suma total alcanzada representó un 68% de lo solicitado por el técnico Jacinto Anzorena.

Tabla 1: Montos destinados por la Dirección Nacional de Irrigación (Ministerio Obras Públicas) para obras en el oasis Norte de Mendoza (1935-1943)

Obra

Obras Dique Cipolletti. Cuenca del río Mendoza (Ley 11.922)[7]

Río Mendoza. Obras de protección

Protección de la Ciudad contra Aluviones

Total

Años 1935 64000 64000
1936 80000 30000 110000
1937 s/d 475000 475000
1938 90000 50000 140000
1939 400000 400000
1940 483000 483000
1941 600000 600000
1942 700000 700000
1943 700000 700000
Total invertido 
(1935/1943)
234000 30000 3408000 3672000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 1935-1943.

Los desagües

Por otro lado, las autoridades buscaron que la estrategia de fomento de la diversificación productiva (fruticultura, tomate, olivicultura, petróleo etc.) (Barrio y Rodríguez Vázquez, 2016; Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018 y en los capítulos de Rodríguez Vázquez, Silva y Timmermann en la presente obra colectiva), se localizara en áreas alternativas al tradicional núcleo de la vitivinicultura (oasis Norte). Para ello era imprescindible no sólo la provisión de agua para riego donde no había sino lograr drenar el líquido excedente.

En este sentido, los desagües eran considerados como obras urgentes para la agricultura local pues su mala gestión provocaba, en reiteradas oportunidades, inundaciones de tierras, caminos, con las consecuentes pérdidas materiales y de vidas humanas incluso. Las zonas más vulnerables a estos eventos se localizaban en los departamentos del oasis Sur (General Alvear y San Rafael)[8], y del Este del oasis Norte (General San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa), como también en zonas productivas ubicadas en el último tramo del río Mendoza (Lavalle). Se requería que las obras que se ejecutaran se constituyesen como un complemento de las demás obras de riego en esas jurisdicciones.

De esta forma, como primera medida se tramitó una inversión de $750.000 m/n con fondos provinciales para que las obras comenzaran en los diferentes distritos de las zonas citadas[9].

Asimismo, a partir de la ley provincial 971 de 1932 (Provincia de Mendoza, 1938, tomo II, pp. 481-494) se buscó, durante la gobernación de Ricardo Videla, comprometer a los regantes para que construyeran desagües pluviales en sus predios, pero la medida no redundó en efectos positivos, muy probablemente debido a la complicada situación económica por la que atravesaban los productores. Los magros resultados obtenidos y los escasos recursos provinciales disponibles motivaron que se buscara el concurso de otros actores para atender la problemática.

La oportunidad de llevar adelante trabajos más significativos llegó en 1936. Gracias a las diversas gestiones provinciales, encabezadas por el senador nacional mendocino Rodolfo Corominas Segura, se logró sancionar la ley nacional 12.282, conocida como Ley de desagües.

Este instrumento legal instaba a la Dirección Nacional de Irrigación y a la Provincia de Mendoza a construir desagües por un valor de $6.500.000 m/n. Esta última, por su parte, a través de la ley 1210 de 1936 (Provincia de Mendoza, 1938, Tomo VII, pp. 319-334) creó la Dirección Provincial de Desagües, la cual quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, Obra Pública y Riego (en adelante MEOPyR), la que se financiaría con fondos de la ley nacional y tendría como función realizar las proyecciones y la construcción, fiscalización y mantenimiento de los desagües.

Este procedimiento de articulación entre Nación y Provincia, a partir de la creación de distintas Direcciones, pareció constituir una práctica común durante el periodo; tales fueron los casos de la Dirección Provincial de Vialidad y la de Arquitectura (Raffa, 2016; Raffa y Luis, 2020 y capítulo de Magni de la presente obra).

En el caso de los desagües, desde la sanción de la ley nacional de desagües pasaron cerca de tres años para que, finalmente, se firmara el contrato entre la Nación y la Provincia –por las cifras expuestas–, en 1939, y se iniciara la construcción de los desagües, durante la gobernación de Rodolfo Corominas Segura (1938-1941). Ello implicó desafíos no sólo técnicos sino también de coordinación entre las agencias de las dos jurisdicciones.

Respecto de las zonas beneficiadas, los primeros esfuerzos fueron dirigidos hacia los distritos Lavalle, Gral. San Martín, Junín, Rivadavia, en Santa Rosa y La Paz, en el oasis Norte; Tunuyán, en el oasis Centro-Oeste, y San Rafael y General Alvear, en el oasis Sur (ver tabla 2).

Estos avances pueden interpretarse como una respuesta estatal a los pedidos de la sociedad civil por “mejoras o apertura de caminos en zonas rurales como también la construcción de puentes que mejoraran la conectividad o permitiera nuevas articulaciones sobre todo interdepartamentales”, investigados por Gabriel Magni e incluido en la presente obra. Concretamente el autor detectó la construcción de numerosos “puentes ubicados principalmente en zonas del Este y Centro de la provincia, […] sobre canales, arroyos, hijuelas y zanjones”, los que eran necesarios refaccionar porque habían sido destruidos o afectados por las diferentes avenidas de agua o desbordes de canales. Esto permite demostrar en cierta medida la interrelación entre los proyectos llevados a cabo por las agencias y oficina públicas específicas como también el objetivo de fomentar el desarrollo en otros territorios (Raffa, 2018, p. 34).

Ahora bien, la política de dotación de infraestructura de este tipo en el Sur provincial resultó más compleja. Si bien se proyectaron desagües en esta zona no se tiene evidencia acerca de la concreción de estas obras. En General Alvear, como se expuso anteriormente, se logró aprobar la construcción del Colector Bowen-Los Ángeles y del Colector Noroeste. Pero otras obras construidas como el desagüe Fornatti constituyeron un serio problema tanto para agricultores como para las autoridades. Algunos de esos inconvenientes se relacionaban con el contratista y el incremento de los costos de materiales (del 80% a 1941), por ejemplo. Para fines de 1942, la Dirección Nacional de Irrigación intervino las obras y asumió la apertura de los desagües sureños de La Marzolina, Fornatti y Bowen, en General Alvear, y en Monte Comán, y solucionado en parte los problemas en Arroyo Medio y Las Malvinas, en San Rafael.

Tabla 2: Desagües y colectores realizados por la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas, Mendoza (1939, estimativo)
Oasis Departa­mento Distrito Hectáreas benefi­ciadas Presupuesto aprobado (en $) Ejecución Estado de la obra
Norte Lavalle Jocolí 20.567 234.819,44 Contratada por la Provincia Finalizado 1935
Villa 16.426 327.745,48 Contratada por la Provincia (1935) Finalizado 1939
El Pastal 2.870 95.759,86 Contratada por la Provincia (1937) El contratista a finalizado. Obras aun no recibidas
Costa de Araujo y Gustavo André 16.500 848.147,75 Contratada por la Provincia (1937) En trámite de recepción
Rivadavia La Central s/d 129.181,39 Contratada por la Provincia (1937) Sin terminar a 1939
Junín Barriales y Chimba s/d 524.310,87 Contratada por la Provincia (1937) Sin comenzar
San Martín Nueva California, El Central y Tres Porteñas s/d 1.603.000,00 Contratada por la Provincia (1938) En ejecución
Sur Gral. Alvear Colector Bowen-Los Ángeles 7.000 274.555 s/d s/d
Colector Nor-Oeste 2.200 137.000 s/d s/d

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Provincia de Mendoza, 1942b, Tomo I y HCDN.PL, Exp. 15221-C-1939.

La confrontación de diversas fuentes permite observar que la ejecución de las obras no estuvo ajena a inconvenientes. No obstante que la nueva agencia, la Dirección de Obras Hidráulicas de la Provincia, estuviera dirigida por destacados técnicos, fracasó a la hora de llevar adelante algunos de los desagües. Si bien esto debe ser profundizado, se tiene conocimiento acerca de denuncias por la construcción de desagües en las localidades de Jocolí y Costa de Araujo, en el departamento de Lavalle (Noreste), como también en General Alvear, en el Sur provincial. Los problemas consistieron en que “habían sido proyectados en oficinas y nunca se constataron con la realidad”. En algunos parajes “la construcción del desagüe transitaba por encima del nivel por donde bajaba el agua” (Mathus Hoyos, 2013, pp. 165-206).

Estas falencias generaron acalorados reclamos ante las autoridades por parte de los regantes que eran recogidos por la prensa local. Esto motivó que los legisladores mendocinos solicitaran informes a las oficinas nacionales. Así lo ejemplifica el informe del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a las autoridades de la Dirección de Nacional de Irrigación; concretamente se buscaba saber cuánto dinero se le había aprobado a Mendoza para la construcción de los desagües, cuál era el estado de las obras, su ubicación y la cantidad de tierras saneadas. La respuesta emitida por la agencia nacional permite conocer el mecanismo por el que se realizaron las obras. Según las autoridades nacionales, los presupuestos de las obras eran preparados por la Provincia y elevados a la Dirección Nacional de Irrigación. Esta oficina los aprobaba u observaba. En caso de darse la primera situación, eran remitidos a Contaduría General de la Nación para que se efectivizase el pago a cuenta de la ley nacional 12.282. Ahora bien, la repartición expuso que no pudieron supervisar o controlar la contratación y/o evolución de las obras en el territorio dado que “[…] esta intromisión no se previó en el contrato celebrado entre la Nación y la Provincia” (HCDN.PL, Exp. 15221-C-1939). Es decir que más allá de estar insertos en un contexto de mayor centralismo por parte del Estado nacional, en dicho contrato no se previó el control y supervisión de la agencia nacional sobre la provincial. Se pueden observar entonces fallas en la coordinación vertical entre ambas jurisdicciones.

Asimismo, la discrecionalidad que ejerció la Provincia se manifestó cuando se licitaron y realizaron algunas obras con cargo a la mencionada ley, principalmente las ubicadas en el oasis Sur. Igualmente, el gobierno de Mendoza estimó que, previo a la realización de las obras, se debía proceder a confección de los anteproyectos, proyectos, replanteos, publicaciones llamando a licitación, adjudicaciones y contratos, inspecciones, etc., es decir, condiciones administrativas insoslayables para concretar exitosamente las obras. Estos trabajos previos serían financiados también con fondos de la ley nacional 12.282, y para estas tareas, la Comisión mencionada (1932) llevaría a cabo todas estas gestiones. Puede deducirse entonces que, no obstante, la dependencia respecto de la Nación en materia de fondos, la Provincia encontró la forma de gestionar la construcción de otras obras, lo cual sería indicativo, a la vez, de cierta debilidad de las instancias técnicas nacionales a la hora de ejercer control en espacios no centrales.

La relación entre ambas jurisdicciones se tensó alrededor de 1941 cuando la Nación no acompañó la decisión de Mendoza de que fuera deducido de los fondos de la ley de Desagües los gastos administrativos que conllevaba la construcción de estas obras y el mantenimiento de dependencias locales. La Provincia argumentó que tampoco disponía de los recursos para hacer frente a los costos para el mantenimiento de la Dirección de Desagües. Como consecuencia, el gobierno provincial cesanteó al personal y traspasó todos sus bienes, instrumentos, etc. al DGI. Por lo tanto, puede observarse que la relación entre ambos niveles de gobierno atravesó algunos momentos de colaboración y, otros, de desacuerdo.

Esta coyuntura, que puede interpretarse como una pérdida de poder del gobierno mendocino, tuvo, sin embargo, un claro ganador: el DGI que quedó, nuevamente, como protagonista indiscutido en las cuestiones hídricas. Ahora bien, cabe preguntarse por el rol que desempeñó este organismo en el periodo, algo que será dilucidado más adelante.

El episodio comentado remite, asimismo, a otro tema como es el del nivel de complejidad que abarca el quehacer estatal, para nada unívoco, y que se manifiesta en los conflictos internos, por ejemplo, en cuanto a la superposición de funciones y tareas (ver tabla 2). Respecto de nuestro tema, la política hídrica local, las autoridades recurrieron a diferentes recursos organizacionales acorde con las sucesivas necesidades y coyunturas. Así, en un primer momento, cuando la urgencia volvía primordial resguardar a la población de las avenidas de agua, se creó una Comisión de Estudios de Desagües y Obras Hidráulicas (1932) por medio de la ley 971[10]. Más tarde, las tareas se tornaron más arduas por la multiplicidad de objetivos, por lo que las autoridades crearon una agencia centralizada y dependiente del poder ejecutivo provincial, la Dirección Provincial de Desagües y Obras Hidráulicas (1939), que funcionó en forma simultánea a la Comisión mencionada. Hasta la extinción de ambas, a comienzos de 1941 debido a la falta de financiamiento nacional que coincidió con la finalización del mandato del gobernador Rodolfo Corominas Segura, funcionaron a cargo de un experto en la materia procedente de Buenos Aires, el ingeniero Ludovico Ivanissevich, quien ya se había desempeñado en la gestión del agua en Mendoza en 1920 como Superintendente General de Irrigación. Gracias a este comando unificado, las tareas de la Comisión giraron en torno a los estudios y proyecciones, y la Dirección constituyó el brazo ejecutor de aquellos planes.

Con todo, la figura más relevante del marco institucional de la gestión hídrica de la provincia era, por mandato constitucional, el DGI. A esta organización, instituida en 1884, no se le avizora una presencia destacada entre 1932 y 1941, muy diferente al rol que ocupó la Dirección Provincial de Desagües, la cual además colisionaba con las competencias propias del DGI. Una pregunta obligada consiste entonces en indagar cuáles pueden haber sido los motivos de esta situación. Emergen así ciertas evidencias acerca de “tensiones interburocráticas”, entre entes de un mismo poder provincial (Gutiérrez, 2018, p. 24).

Diversos elementos alimentan esta idea de tensión. En primer lugar, desde 1932, el DGI tuvo una situación presupuestaria deficitaria, principalmente, porque la crisis económica de los años treinta había vuelto insostenible el pago del canon que debían abonar los regantes[11]. Solo a partir de 1935-36 se inició un proceso de recuperación financiera. Por otro lado, el carácter autónomo y autárquico del organismo hacía que su desempeño quedara por fuera de las autoridades provinciales. Esta autonomía explicaría la decisión del gobierno de crear la Dirección de Desagües bajo la directa dependencia del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (en adelante MEOPyR), sin déficit, y mucho más expedita, pues sorteaba los procedimientos administrativos y técnicos del DGI.

Tabla 3: Agencias provinciales con funciones en materia de desagües e hidráulica (Mendoza, 1932-1943)
Agencia Año 
(creación)
Normativa provincial Finalidad de la normativa Autoridad Autoridad superior Orienta­ciones de la política pública provincial
D. General de Irrigación 1884
1905
1916
-Ley 1884
-Ley 332
-Const. Prov.
Super­intendente Autónomo
Autárquico
Todos los tópicos concer­nientes al agua
Comisión de Estudios de Desagües y Obras Hidráulicas 1932 971 Obligato­riedad de construc­ción de desagües pluviales o drenajes en la provincia Cuerpo Colegiado (5 regantes, Super­intendente y 1 represen­tante de un Consejo de Irrigación)
Director Técnico: Ludovico Ivanissevich
Autónoma del Poder Ejecutivo Provincial, responde al Legislativo. Defensa contra aluviones y desagües
Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas 1936 1210 Control de ejecución de obras, realización de estudios, proyectos, presupues­tos, licitación y fiscalización de la ejecución de obras sanea­miento y drenaje, obras de defensa contra aluviones. Ludovico Ivanissevich Ministerio de Industrias y Obra Pública de la provincia
1939 1374 Subordi­nación financiera Dir. Nac. de Irrigación Ampliación de la red de riego/ sistemati­zación de ríos/ Generación de energía hidroeléc­­trica
1941 1451 Convenio de traspaso de la agencia entre Gobierno Provincial y el DGI Departa­mento General de Irrigación

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, cuando la dependencia encargada de los desagües fue traspasada, como se dijo, al DGI, a partir de 1942, el Superintendente de Irrigación Ing. Francisco Gabrielli señaló que la actuación tanto de la Comisión de Estudios de Desagües como de la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas había sido deficitaria (Departamento General de Irrigación, 1942, p. 8). En el mismo documento dio mayores explicaciones. Así, en referencia al ing. Ivanissevich, dijo que

[…] le dio una nueva orientación a los problemas hidráulicos pues habían pasado 50 años que nada nuevo se había realizado. Su labor fue importante pero no se realizaron ordenadamente. Los desagües construidos no prestaron los servicios para los que habían sido construidos. Tampoco se contempló la conservación de las obras terminadas ni la coordinación de los desagües de los sobrantes de riego, etc. (Departamento General de Irrigación, 1942, p. 9)

De manera que, si bien se obtuvieron algunos resultados positivos el tema de los desagües no fue una experiencia del todo exitosa, de ahí que lo más coherente fuera que el DGI concentra nuevamente esas funciones pues nunca había perdido esas competencias. Al respecto el Superintendente Gabrielli expresó también:

[La labor llevada a cabo en 1942 por el DGI ha sido] muy fructífera y marca una nueva orientación técnica en su actividad que agrega a la netamente administrativa y de por sí sola muy importante –distribución y control de uso público de aguas– […] le han dado al Departamento el verdadero carácter que debe tener […] [Pudo ser llevada a cabo] por tener bajo su dirección y control todos los problemas inherentes a la distribución y uso de las aguas públicas con sus secciones complementarias, Obras Hidráulica y Desagües, que antes formaban secciones independientes y que son partes integrantes e indispensables para que esta Repartición rinda los beneficios [que de ella espera] el agro mendocino […]
Un año de prueba han demostrado el acierto de la medida. Su labor ha sido mayor y mejor ordenada y el costo de mantenimiento de estos servicios se ha reducido a menos de una tercera parte con respecto a las inversiones que ellas demandaban como organismos independientes […]
Existe en la práctica múltiples ejemplos que demuestran que la iniciativa de poner bajo la dirección y control del DGI todos los problemas que tienen relación directa con el riego, su distribución y utilización, ha sido una solución eficaz y no debe cometerse para el futuro ese error (que si bien tuvo origen en un deseo de activar la ejecución de obras hidráulicas muy demoradas y de inmediata necesidad) de separar del DGI, seccionen que trabajen independientes, cuando el buen sentido y la práctica determinan que siendo labores que tienen igual finalidad, deben coordinarse y no independizarse. Por otra parte, así lo dispone la Constitución Provincial y las leyes vigentes […] (Departamento General de Irrigación, 1942, pp. 9-10).

De lo expuesto puede observarse al menos dos cuestiones: por un lado, que en periodos de constricción presupuestaria o de cambios políticos, el precepto de la Constitución mendocina acerca de las competencias del DGI, al que le concierne todo lo atiente al riego, se interpretó como excluyente de toda intervención del Poder Ejecutivo Provincial. Se conciliaban así las tareas de Juez de Aguas, es decir mediar en los conflictos entre usuarios, típicas del DGI, con actividades técnicas más intensas. Asimismo, permite constatar tensiones internas dentro del gobierno provincial, “tensiones interburocráticas” en términos de Ricardo Gutiérrez (2018, p. 24), es decir entre los entes que encararon las tareas hidráulicas, resolviéndose a favor del organismo técnico decimonónico.

A la vez, la solución dada por la Provincia colisionaba con otra línea de pensamiento de técnicos y que se expresaba por ejemplo en encuentros como en el I Congreso Argentino del Agua (MEOPyR, 1941) que avizoraban que

[…] cada día era más difícil para las entidades autárquicas realizar los estudios, ejecutar las obras, etc. o para emprender programas de largo alcance, siendo necesario centralizar todo en una sola Dirección Provincial de Hidráulica dependiente del Ministerio de Economía, Obra Pública y Riego, y no separadamente (MEOPyR, 1942, p. 380)[12].

No obstante, se puede afirmar que el DGI sería posteriormente fortalecido al lograr la sanción de la ley provincial 1420 (en 1941), denominada Fondo Permanente de Obras (Departamento General de Irrigación, 1942, p.11), por la cual al aporte regular que realizaban los regantes se instituía una contribución obligatoria igual al monto total de los regantes por parte del erario provincial. Estos fondos permitieron al DGI a partir de entonces implementar una política de obras mucho más intensa y, a la vez, gozar de amplia autonomía.

La continuación del sueño hidráulico: la sistematización de los ríos de Mendoza

La pretensión por regularizar los cursos de aguas más importantes con las que contaba Mendoza acompañó a las autoridades políticas provinciales desde finales del siglo XIX. Emilio Civit en 1907 encomendó al ingeniero Carlos Wauters el estudio y proyección de obras en los ríos Tunuyán, Diamante y Atuel. Estos trabajos serían posteriormente retomados y mejorados por otros especialistas como el ingeniero Hamilton Kennedy. Previo al periodo que es analizado en este capítulo, es decir durante las gobernaciones lencinistas, el ministro de Industrias y Obras Públicas Leopoldo Suárez continuó con aquella ambición. Buscó desarrollar el oasis Sur a partir de la construcción de un dique de embalse sobre el río Atuel y robustecer la oferta de agua en el oasis Norte mediante la construcción de un dique de grandes dimensiones en la localidad de Uspallata, sobre el río Mendoza (Gobierno de Mendoza, 1924; Barrio, Rodríguez Vázquez, 2016, pp. 78-107). No obstante, la inestabilidad política de la provincia y la carencia de fondos postergaron tales obras.

Ahora bien, los gobiernos mendocinos que actuaron en los años treinta retomaron aquel anhelo ingenieril, una vez atendidas las urgencias en cuanto a obras de desagües y construcción de defensas aluviones. Eran necesarias grandes obras como diques distribuidores, embalses, canales y su correspondiente impermeabilización de forma de incrementar la oferta de agua tanto en zonas tradicionales como fuera del oasis Norte o en sus extremos. Y, a diferencia de la gestión anterior, se contaba con una política de obras públicas de cuño nacional y provincial (Raffa, 2018) y con la disponibilidad de cemento y acero para concretarla.

Para materializar los objetivos planteados el gobierno provincial recurrió nuevamente a Comisión de Estudios y Obras de Riego e Hidráulica (1938-1941), encargada de actualizar los estudios y trabajos realizados en otros periodos, y a la Dirección de Hidráulica, bajo la órbita del Ministerio de Economía. De esta manera, y para fomentar el avance de una agricultura más diversificada, se decidió extender las zonas cultivables comenzando por el Valle de Uco (oasis Centro). En este valle, hasta entonces caracterizado por las haciendas, se pretendía consolidar la fruticultura que avanzaba tímidamente, por lo que se construyó un dique derivador de aguas en el tramo Alto del río Tunuyán (denominado dique Valle de Uco, ver figura 3)[13], que benefició a los regantes de las jurisdicciones de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Esta obra resultaba importante porque si bien el régimen del río Tunuyán era más uniforme en cuanto a caudales que el resto de los ríos mendocinos –gracias a numerosos manantiales que lo alimentan– sí presentaba dificultades en la distribución de las aguas por las tomas irregulares (no declaradas) y rudimentarias (pie de gallos) que poseía en gran parte de su curso, más precisamente en el tramo alto. De manera que los regantes ubicados en los tramos medio y bajo del río citado valoraban positivamente las obras emprendidas.

Asimismo, al Este del oasis Norte se ubicaba una pujante zona productiva que era irrigada mayoritariamente por las aguas del río Tunuyán. En este tramo la situación respecto a la distribución equitativa del riego aumentaba en su conflictividad debido a la mayor cantidad de regantes involucrados. Por esta situación las autoridades decidieron modernizar los diques Medrano y Phillips[14], aguas abajo del dique Valle del Uco. De esta forma se regularían los caudales y aumentaría la afluencia de agua a los tramos medio y bajo del río que era donde había más tierras cultivadas.

Como resultado de estas administraciones se evidencia la intervención sobre todo el curso del río Tunuyán, con el consecuente mejoramiento y ampliación de la oferta hídrica a partir de la concreción de importantes obras (Ver mapa 1).

Figura 3: Obras de riego del Alto Tunuyán iniciación de los trabajos de construcción del dique derivador

Fuente: Departamento General de Irrigación, 1941.

En tanto, en el oasis Sur las obras de riego, desde fines del siglo XIX, habían avanzado por el concurso de inversiones privadas y de los propios regantes. Tampoco hubo aportes públicos en las primeras décadas del siglo XX, como ha investigado Carina Martínez (2013, p. 32). De ahí que resultaran inéditos y auspiciosos los planes estatales sobre la materia para este oasis. Se quería construir un dique, es decir una gran obra hidráulica, por lo que se continuaron realizando proyecciones que tuvieron como base los trabajos realizados con anterioridad por distintos especialistas. Así, por ejemplo, para el río Atuel (oasis Sur) se contaba con los trabajos del ingeniero Hamilton Kennedy, sobre la base de los aportes del ingeniero Carlos Wauters (Gobierno de Mendoza, 1924). Obras que, por su magnitud, enfrentaban serios desafíos no solo técnicos sino también presupuestarios. Se contrató al Instituto Geográfico Militar para que realizara relevamiento fotométrico de las zonas de influencia de los ríos sureños, en una clara coincidencia de objetivos entre las autoridades nacionales y las locales.

El Embalse El Nihuil (1940)

Un problema de dimensión nacional era el déficit energético de Argentina. La mayor demanda de energía se concentraba en la zona del Gran Buenos Aires, y las empresas generadoras de energía térmica eran de propiedad de capitales extranjeros, los que ofrecían un servicio considerado oneroso. Como consecuencia se generó una discusión entre los técnicos sobre la posibilidad de aprovechar otras fuentes de energía, discusión que se planteaba también en otras geografías fuera del país.

En el caso de Mendoza, los especialistas destacaban que era posible desarrollar energía hidráulica más barata que la térmica a partir de la utilización de los ríos. Con ello se podía realizar un gran aporte capaz de cubrir, incluso, las necesidades del litoral. A su vez, identificaban que la explotación de usinas hidroeléctricas por parte del Estado traería grandes ventajas y beneficios al público, como ocurría en los Estados Unidos (Büchi, 1945, p. 5).

Mendoza contaba con muy pocas usinas hidroeléctricas[15], y los gobiernos locales de los años treinta, conocedores de esta situación, estudiaron las posibles obras a realizar a través de la Comisión de Obras de Riego e Hidráulica, y nuevamente, concentraron todo lo relativo a estudios y proyecciones. Como se sabe, el potencial hidroeléctrico fue mayormente explotado en Mendoza a partir del primer peronismo (Chambouleyron, 2001; Mercado, 2014 y Ortega, 2018), pero fueron los gobiernos conservadores estudiados aquí los que sentaron las bases para el avance sobre el río Atuel.

El proyecto del embalse en El Nihuil contaba con gran apoyo de las poblaciones mendocinas que se servían del río citado. En forma sistemática, vecinos, regantes y asociaciones de diverso tipo solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación la pronta concreción de la ley de construcción del dique en la localidad citada[16]. La importancia de la obra estribaba no sólo en su potencial hidroeléctrico sino en la posibilidad de irrigar 60.000 hectáreas nuevas. Existían 132.636 hectáreas con derechos de riego pero sólo se podían irrigar 71.000 hectáreas aproximadamente. Asimismo, fue valorado como sumamente positivo porque fue la primera vez que se acordó una obra nacional de estas características en la provincia, y en condiciones ventajosas al estimarse un reembolso en cincuenta años sin intereses (Vitali, 1941. HCDN.PL, Exp. 365-194-, 1940, p. 10)

No obstante, resulta preciso señalar que la firma de este convenio y posterior concreción de la obra del embalse referido constituiría un episodio relevante en la “discontinua trayectoria del conflicto” (Barbosa, 2017) por el agua del río Atuel con la gobernación de La Pampa, aún sin solución. El problema se debe a la apropiación que realiza Mendoza en los tramos superiores del río Atuel, lo cual afecta la disponibilidad del recurso en las poblaciones río abajo[17].

De las conclusiones de la mencionada comisión se resolvió que para “[…] la unidad y el progreso de la Nación es preciso el estudio orgánico por el Gobierno Nacional de todos los ríos interprovinciales o interterritoriales, como base para distribución equitativa de la riqueza hidráulica […]”. Asimismo debido a las particularidades de la problemática se instaba a la Nación a instituir un organismo técnico especializado para que atendiera la cuestión (ADGI, Gobierno de Mendoza, I Congreso Argentino del Agua, 1941, pp. 177-179) No constituye tema de esta investigación analizar el conflicto que comenzaba a erigirse entre Nación, Mendoza y La Pampa, sin embargo se coincide con la interpretación de Juan Micheli (2015) acerca de que se daba una asimetría de poder entre ambos territorios y una llegada dispar a la instancia nacional que finalmente facilitó el avance sobre el río Atuel (Michelini, 2015, p. 2)

Más allá del justo malestar de una parte de los involucrados, tanto Mendoza como la Nación llevaron adelante no sólo la firma del convenio respectivo (durante la gobernación de Rodolfo Corominas Segura, en 1940) sino que iniciaron las obras (1941), las que serían puestas al servicio en 1948.

Mapa 1: Obras hídricas sobre el río Tunuyán (1932-1943)

Fuente: Diseño de Andrea Cantarelli.

El proyecto de Código de Aguas (1940)

A pedido del gobernador Corominas Segura, en agosto de 1940, los abogados Alberto Corti Videla y Miguel Marienhoff, y el ingeniero Ludovico Ivanissevich (Garrigoz de Von Der Heyde, 1972, pp. 98, 129 y 254)[18] presentaron en la legislatura provincial un proyecto Código de Aguas para su tratamiento. El objetivo perseguido era modernizar la Ley de Aguas de 1884. A la misma se la caracterizaba de “antigua”, “desactualizada” en vista de que había sido sancionada para otro contexto. Los actores entendían por modernizar la ley que la misma recogiera criterios más acordes a los métodos y técnicas de la ingeniería hidráulica. Técnica que en otros lugares del mundo había permitido la construcción, por ejemplo, de grandes obras hidroeléctricas, las cuales eran a la vez indicadores del poderío de las naciones.

Este no era el primer intento por ordenar en forma íntegra la administración de las aguas provinciales. Durante el lencinismo también se había avanzado en una propuesta de elaboración de Código de Riego, en 1922, con la finalidad de aunar en un único cuerpo legal la profusa cantidad de disposiciones que reglan el sistema hídrico mendocino. Igualmente, los encargados de llevar adelante esta tarea fueron el abogado Alberto Corti Videla y el ingeniero Ludovico Ivanissevich (Barrio y Rodríguez Vázquez, 2016, p. 88).

Ahora bien, la iniciativa propuesta durante el conservadorismo de los años treinta fue diferente a la planteada en el lencinismo, fue más completa. Si bien el texto del proyecto de código no tuvo tratamiento legislativo, interesa saber cuáles fueron sus características generales para conocer, así, las principales ideas que sobre la gestión hídrica tuvieron las autoridades. Cabe aclarar que esta iniciativa no pretendió modificar aspectos estructurales del sistema jurídico-institucional del agua en Mendoza, plasmado en la Constitución Provincial de 1916. Se buscaba, más bien, legislar nuevos usos vinculadas con las grandes obras que Mendoza necesitaba y así aprovechar al máximo su potencial hídrico e hidráulico (MEOPyR, 1940, p. 49).

Algo similar ocurrió en la Provincia de Buenos Aires por la misma época. Allí fue presentado un proyecto en 1939 que tampoco prosperó y en cuya redacción, al igual que en el caso de Mendoza, se conjugaron dos ramas del saber consideradas relevantes para la cuestión hídrica: derecho e ingeniería (Pereyra, 2012, p. 9).

En el proyecto mendocino, entre las innovaciones a destacar se encuentra el rol que se le otorgó al Estado en la construcción de las grandes obras de embalses y captación, como también en el revestimiento de cauces, considerándolo bajo el sistema de obras de fomento (reembolsables posteriormente por los beneficiados). También avanzó en una determinación mucho más pormenorizada con respecto a los usos del recurso hídrico (abastecimiento humano, riego, fuerza motriz e industrial) (MEOPyR, 1941, p. 52).

Por otra parte, si bien en este trabajo no se ha avanzado respecto del abastecimiento de agua para el consumo humano, resulta interesante destacar que los autores del código explicitaron este uso del recurso y establecieron que toda población que careciera de agua se le debía abastecer de la misma, asegurándosele una cantidad de 100 litros diarios de agua por persona; considerándose por población urbana a toda aglomeración de más de 2.000 habitantes, con lo cual varias localidades mendocinas se beneficiarían con esta innovación y se dejarían atrás otras formas de abastecimiento como las tomas de los ríos o de pozos surgentes (MEOPyR, 1940, p. 65).

Otro problema objeto de arduas discusiones giró en torno a las concesiones de agua a predios posteriormente abandonados. El proyecto de Código de Agua pretendía declarar caducas las concesiones que no hubieran usado el recurso durante los últimos cinco años, o no hubieran cultivado los predios. Como se sabe, debido a la escasez hídrica, las tierras con concesión de agua adquieren un valor mucho más importante que aquella que no lo posee, de ahí el abandono de los predios generaba conflictos que el proyecto de código buscaba una solución (MEOPyR, 1940, p. 65).

Como se sabe, el sistema hídrico mendocino posee dos partes interconectadas pero de diferente gestión. Hasta el momento se ha desarrollado las que tuvieron como principal responsable a las autoridades, ya sean las del Ministerio de Economía como del DGI. Pero existen otros ámbitos de decisión más modestos –a nivel de canales terciarios e hijuelas–, que, no obstante, resultan decisivos para garantizar la distribución del recurso y que quedan al arbitrio de los regantes congregados en las Inspecciones de Cauces. Estas instituciones disponían de autonomía financiera con respecto al DGI, dictaban sus propios presupuestos y elegían sus autoridades anualmente. Según el régimen vigente, el Inspector de cauce debía ser elegido por los regantes para controlar la distribución del agua en una porción territorial del sistema, pero frecuentemente, el DGI no respetaba la autonomía de las Inspecciones de Cauces y nombraba, a través de resoluciones del Tribunal Administrativo, a los inspectores, interfiriendo así con el derecho de los regantes de elegir sus propias autoridades. Igualmente, el sistema institucional establecía que, ante la falta de pago del canon de riego, se inhabilitaba al regante para ejercer ese derecho al voto. Esta restricción contribuía a desprestigiar a las instituciones del gobierno del agua a nivel de organismo de usuarios, por lo que los regantes muchas veces incumplían con la obligación del pago del canon en señal de descontento con el estado de cosas imperante.

En este sentido, el proyecto estableció que la falta de pago no inhabilitaba al regante para postularse como Inspector, como así también instaba a las autoridades del Tribunal Administrativo del DGI a intervenir en las inspecciones sólo cuando existieran serios inconvenientes, a los efectos de realizar un urgente llamado a elecciones (MEOPyR, 1940, p. 65).

Asimismo, operaría en la práctica otra restricción. Entre los requisitos solicitados para ser inspector de cauce se debía contar con la titularidad de una concesión de riego. El proyecto de código proponía que el candidato fuera titular de una concesión de aguas y no solamente de riego. Es decir que, bajo este nuevo ordenamiento, podría haber sido inspector el concesionario de cualquiera de los usos reconocidos por el mismo (abastecimiento de agua potable, industrial, hidroeléctrico, etc.). Esta modificación ampliaba entonces el sistema de representación al incluir a los titulares de otros usos del agua, lo cual también puede interpretarse como un avance sobre el tradicional poder de los regantes vitivinícolas, que eran los de más arraigada representación en esos espacios participativos.

El texto contenía otras innovaciones en cuanto al mecanismo de cobro por el servicio agua a los usuarios. Se buscaba consolidar un sistema de control de los presupuestos de cauces y de la inversión de sus rentas, donde el costo real de los usos del agua no fuera superior a lo indispensable. Se aseguraba, además, que la contribución de los regantes fuera aprovechada total y exclusivamente por el cauce del que se sirve y no fuera derivada hacia obras de otras inspecciones.

Junto con esto, y muy importante, fue la propuesta de control del derroche del recurso en un contexto de escasez ocasionado no solo por factores climáticos sino, también, por la concurrencia de pérdidas de agua por infiltración en los canales o anegamiento por exceso de agua, etc. Para evitar estas situaciones, la idea era que el canon a pagar fuera proporcional al volumen de agua que consumiera el usuario, aunque no precisaba acerca de qué tecnología se aplicaría para medir el consumo de agua de cada predio (MEOPyR, 1941, p. 58).

De todos modos, este proyecto no fue aprobado como tampoco el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires. Elsa Pereyra estima que en esa provincia fracasó, entre otras causas, porque impulsaba un fuerte centralismo lo que acarreó el desacuerdo de las principales entidades empresariales y, también, por conflictos intra-burocráticos en los organismos provinciales con competencia en materia de recursos hídricos (Pereyra, 2009, p. 6).

En el caso de Mendoza, la explicación sobre el fracaso de la aprobación del nuevo Código de Aguas gira en torno a que fue presentado en el marco de un intento de avance político de los conservadores por reformar la Constitución Provincial. Incluso, la Honorable Convención Constituyente trabajó alrededor de los preceptos oportunamente presentados en el anteproyecto (Departamento General de Irrigación, 1942, p. 11). No obstante, el arribo de la Revolución de Junio de 1943 echó por tierra todos los avances alcanzados en aquél cuerpo deliberativo.

El Primer Congreso Argentino del Agua (Mendoza, febrero de 1941): hacia la discusión de un plan de obras hidráulicas

Un aspecto de la relación entre la Nación y las Provincias respecto a obras hídricas puede ser aprehendido a través de la distribución de fondos para la realización de obras. Las mismas requerían importantes desembolsos y fueron objeto de interés por parte de la Nación a través de la ley nacional de riego 6546, de 1906, y de fomento de estas 5559, de 1908. Sin embargo, la tabla 4 y el mapa 2 muestran que Mendoza hasta 1939 avanzó en la concreción de infraestructura hidráulica sin esperar el concurso nacional, y marcó una diferencia respecto de otras provincias o territorios nacionales como Río Negro, Córdoba, Catamarca, Tucumán, entre otros. En efecto, Mendoza llegó a quintuplicar la inversión llegada de la Nación entre 1909 y 1939. De manera que la organización del Primer Congreso Argentino del Agua (Provincia de Mendoza, 1942b, p. 123) constituyó una oportunidad también para exponer los logros que había alcanzado la “provincia del regadío”, producto de su esfuerzo (Ballester, 1941, p. 1).

Tabla 4. Total de Inversión en obras hidráulicas en Argentina (1909- 1939)
Localidad Nación Provincia
Buenos Aires 266000 50.000.000
Córdoba 24338000 12000000
Mendoza 2287000 10000000
San Juan 5417000 8000000
Tucumán 5622000 7000000
Santa Fe 88000 6000000
S. del Estero 12409000 3000000
S. Luis 11118000 1000000
Rio Negro 58483000 0
Jujuy 16432000 0
La Rioja 16160000 0
Salta 15481000 0
Catamarca 14784000 0
Neuquén 3066000 0
Corrientes 440000 0
Chubut 51000 0
Entre Ríos 47000 0
Misiones 38000 0
Los Andes 10000 0
Tierra del Fuego 8000 0
Otros 2074000 0
Total 188.619.000 97.000.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Volpi, 1941, p. 76.

El Congreso organizado por la Comisión de Obras Hidráulicas durante la etapa de finalización de la gestión de Rodolfo Corominas Segura, propició, además, un debate profundo entre los expositores (técnicos, especialistas y funcionarios provinciales y federales). Los temas tratados en las diferentes comisiones giraron en torno a inquietudes acerca de la hidrogeología, registro y medición de los cursos de las aguas superficiales y subterráneas; la agricultura, la industria, el agua como fuente de energía, como también su vinculación con la salubridad, la economía, los aspectos legales y la cultura del agua, etc.

En relación con el estudio aquí propuesto, un aspecto de gran interés durante la reunión fue hacer público la necesidad de contar con una nueva ley de obras hidráulicas y un plan general para el país (ver tabla 5) (Volpi, 1941, p. 35) enmarcado a la vez en un contexto nacional e internacional de mayor protagonismo estatal. En tanto, para Mendoza, resultó relevante por el apoyo y las recomendaciones recibidas para la construcción de obras mayores, y por la cuota de legitimidad al plan que había delineado la Comisión de Hidráulica local.

De esta manera, y no obstante las tensiones señaladas entre las dependencias estatales de distinta jurisdicción, el gobierno de Mendoza en coordinación con la Dirección de Irrigación de la Nación diagramaron un plan de construcciones de obras mayores y menores a realizarse en el lapso de diez años, dividido en dos etapas (algunas con cargo de la Nación y otras por parte de la Provincia) con una inversión total de $60.000.000 (Departamento General de Irrigación, 1941, p. 245). La Nación buscaba avanzar en el control de las aguas y la producción hidroeléctrica del Sur provincial donde construiría (en los primeros cinco años) dos embalses (El Nihuil y Laguna Diamante), defensas aluvionales sobre el río Diamante y otras obras de riego también sobre el mismo río ($6.500.000), por un total de $14.500.000 m/n. En tanto, el gobierno de Mendoza, en el mismo periodo, abriría desagües ($2.000.000), impermeabilizaría canales y electrificaría compuertas, colocaría aforadores y construiría una cámara desarenadora. Para estos trabajos se comprometía a invertir una suma de $15.280.000 m/n.

Para la segunda etapa, la Nación se comprometía a realizar un embalse sobre el río Diamante, defensas aluvionales, y obras fundamentalmente en los ríos del Sur (Atuel, Diamante, Malargüe, Barrancas y Grande), por un valor de $15.000.000 m/n. Por su parte, Mendoza preveía construir obras por $14.000.000 m/n con la finalidad de sistematizar canales y realizar defensas contra crecidas en los ríos Tunuyán y Mendoza. De modo que, al menos en la planificación, las dos jurisdicciones compartían visiones comunes con proyectos coordinados y complementarios, lo cual constituyó un hecho novedoso para la ejecución de obras hídricas e hidroeléctricas. Se podría manifestar que lo señalado constituye un hecho novedoso por la envergadura de las obras planificadas, como también porque involucró a los diferentes territorios de la Provincia.

Mapa 2. Inversiones totales acumuladas al 31 de diciembre de 1939

Fuente: Volpi, 1941, p. 51.

Tabla 5. Plan Nacional de obras hidráulicas (primera etapa de 10 años)
Provincia Invertido por Total $ m/n
Nación Provincia
Mendoza 30.000.000 30.000.000 60.000.000
Córdoba 30.000.000 30.000.000 60.000.000
Buenos Aires 24.000.00 16.000.000 40.000.000
San Juan 30.000.000 10.000.000 40.000.000
Santa Fe 10.000.000 5.000.000 15.000.000
Tucumán 30.000.000 5.000.000 35.000.000
San Luis 22.000.000 22.000.000
Santiago del Estero 40.000.000 40.000.000
La Pampa 13.000.000 13.000.000
Neuquén 5.000.000 5.000.000
Río Negro 15.000.000 15.000.000
Chubut 17.000.000 17.000.000
Santa Cruz 1.500.000 1.500.000
Tierra del fuego 200.000 200.000
Jujuy 25.000.000 25.000.000
Salta 20.000.000 20.000.000
Catamarca 20.000.000 20.000.000
La Rioja 15.000.000 15.000.000
Los Andes* 100.000 100.000
Corrientes 5.000.000 5.000.000
Chaco 2.000.000 2.000.000
Formosa 3.000.000 3.000.000
Misiones 200.000 200.000
Entre Ríos 1.000.000 1.000.000
Dirección Nacional de Obras Hidráulicas 25.000.000 25.000.000
Administración y conservación obras de la Nación 20.000.000 20.000.000
Totales 404.000.000 96.000.000 500.000.000

Fuente: Volpi, 1941, p. 76; Ministerio de Obras Públicas, 1943, p. 29.
Nota: * Gobernación de Los Andes, ubicada al Norte del país y de existencia institucional entre 1909 y 1943.

El Plan quedó trunco, entre otros motivos, debido a eventos externos como la Segunda Guerra Mundial, y conflictos internos, como la inestabilidad política a partir de la Revolución de 1943. Pero, al menos para Mendoza, debe destacarse que dicho plan sería retomado y perfeccionado durante el primer peronismo (Ortega, 2018). Esto demuestra la continuidad del proyecto no obstante el notorio cambio de gobierno y el marcado intervencionismo estatal y centralismo federal que se instituyó a partir de 1946.

Por otro lado, lo sucedido con el Plan acordado en el Congreso del Agua, fue similar a otras propuestas surgidas por entonces. Como se expuso, tanto en España como en Chile y en México la planificación de este tipo de obras, es decir las de mayor envergadura, demandó tiempo, y debieron reajustarse y adaptarse a las condiciones políticas propias de cada geografía, siendo el denominador común en todos los casos la aspiración por parte de los Estados nacionales de fomentar y dirigir el crecimiento de sus economías, a través del incremento de las superficies cultivables y la producción de energía hidroeléctrica, cimentados fuertemente en los avances alcanzados por la ingeniería hidráulica.

Conclusiones

Entre 1932 y 1943, en Mendoza se concretó una serie debates, proyectos, normativas y obras que definieron el perfil e identidad de la política hídrica para usos productivos de los gobiernos conservadores. La misma tuvo como objetivo principal abastecer de agua para incrementar la superficie cultivada de los tres oasis mendocinos.

Para alcanzar tal meta se debió hacer frente, primero, a cuestiones de urgencia, como fue el tema de los aluviones, por lo que todos los esfuerzos fueron dirigidos a dotar de seguridad a la ciudad de Mendoza y los departamentos aledaños. En un segundo momento, las tareas se dirigieron a dar respuesta a problemáticas de antaño en ciertos espacios productivos periféricos, es decir, la construcción de desagües y colectores; y también dotar de diques a algunas zonas prioritarias (como el Valle de Uco) y modernizaron otros para el beneficio de todo un espacio de producción alternativa. Posteriormente, se preparó un Plan de Obras de largo plazo, orientado a la consecución de grandes obras de embalse. Esto, a la vez, posibilitaría explotar la energía hidroeléctrica.

Para la realización de todas estas actividades, las autoridades se valieron de diversos instrumentos. Dictaron normas de gran importancia para asignar fondos, recursos técnicos y agilizar procedimientos. Así, por ejemplo, ante la carencia de recursos por parte de la Provincia se celebraron convenios (ley nacional 12.282) con agencias nacionales, para la realización de desagües, o para la construcción de dique El Nihuil. Asimismo, la ley provincial de creación del Fondo para Obras Menores también fue de una importancia gravitante, no sólo por el concurso de los regantes en la financiación de las obras sino por la participación obligatoria del Estado provincial en el mismo. La creación de nuevas agencias, como la Comisión de Desagües y la Dirección de Hidráulica también fue nota distintiva. Por otra parte, proyectaron un nuevo Código de Aguas que pretendió dar respuesta a diversas problemáticas vinculadas con el riego e incorporar nuevos usos del recurso. A la vez se celebró el Primer Congreso Argentino del Agua constituyéndose en una instancia para discutir y consensuar un Plan de Obras Hidráulicas para el país y la provincia.

Ahora bien, la identificación de las características que adquirió la política hídrica conservadora por estos años como, también, la individualización de las obras que se concretaron y los espacios intervenidos invitó a discutir acerca de cómo se dieron las relaciones entre jurisdicciones de diferente nivel (relaciones verticales) y las que se dieron dentro de un mismo poder (relaciones intraburocráticas). Subyació a esto una concepción acerca del accionar de lo estatal como no homogéneo y se reconoció la multiplicidad burocrática que contiene su actividad. En este sentido, se pudo constatar que las relaciones entre la esfera nacional y la provincial, entre 1932 y 1943, atravesaron por diversos momentos. Así, en materia de obras de defensa aluvional, se pudo observar una relación coordinada. No obstante, respecto de los desagües pluviales, la Dirección de Irrigación de la Nación y la Dirección de Obras Hidráulicas de Mendoza tuvieron momentos de colaboración, pero, a partir de 1939, las diferencias en cuanto a las concepciones técnicas y legales de las obras tensionaron esa relación. Resulta interesante observar que, si bien los fondos eran otorgados por la instancia nacional, esta no lograba controlar la correcta aplicación de dichos fondos. Esto sugiere que la intromisión del nivel nacional en el territorio provincial aún no adquiría los contornos que sí presentaría algunos años después, durante el primer peronismo.

No obstante lo anterior, a partir de 1941, las vinculaciones entre Nación y Provincia retomaron la coordinación y cordialidad, cuya expresión máxima fue la coincidencia de proyectos entre las autoridades políticas y técnicas respecto de las obras hidráulicas necesarias, dando lugar así a un plan a largo plazo.

Por otro lado, también se observó un accionar estatal provincial diverso y hasta contradictorio. Esto se evidencia en la existencia efímera de algunas agencias mendocinas (concretamente, la Comisión de Desagües y la Dirección de Hidráulica), y, también, en el rol secundario que desempeñó el organismo técnico extra-poder encargado tradicionalmente de las cuestiones hídricas, el DGI. Se constataron inconvenientes o fallas de coordinación entre este último y las nuevas agencias técnicas dependientes del Ministerio de Economía. La actuación de la Provincia para con este organismo denotó ciertas similitudes con lo que sucedía en el contexto internacional, nacional y provincial respecto a la emergencia de un creciente centralismo, caracterizado por la asunción de nuevos y más intensos roles por parte el Estado. Sin embargo, luego de las diferencias entre la Dirección de Irrigación de la Nación y el gobierno provincial por los desagües, a partir de 1941, el DGI resultó fortalecido. Pasó de tener un papel supletorio a concentrar todas las funciones y competencias del agua para usos productivos. Esta centralidad favoreció la autonomía provincial respecto del recurso hídrico, y un retorno a las fuentes originarias del derecho de aguas en Mendoza.

Finalmente, fue posible advertir que subyace a todo lo anteriormente expresado una continuidad. El Estado en sus diferentes niveles y orientaciones políticas, desde fines del siglo XIX y hasta 1943 inclusive, basaba el progreso económico en las posibilidades que otorgaba la vertiente hidráulica de la ingeniería en el dominio de la naturaleza, capaz de sostener tecnológicamente gigantescos proyectos. Queda por dilucidar en futuras investigaciones qué cambios técnicos, administrativos, legales, etc. implementó el DGI entre (1932-1943) para asumir los nuevos desafíos relacionados con la hidráulica, en consonancia con el proceso de profesionalización y multiplicación de funciones del Estado, en vista de que amplió su tradicional función de juez de aguas hacia otras áreas lo que debió suponer una política de rediseño institucional en sus áreas de gestión.

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  1. Parte del presente capítulo fue expuesto para su discusión en: I Jornada Provincial de Investigadores enHistoria Regional, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, septiembre de 2017; y en el I Coloquio IDEHESI El Estado: problemas, debates y perspectivas. Encuentro multidisciplinario de investigación IDEHESI-CONICET, FFyL, UNCu, Mendoza, en setiembre de 2018.
  2. En el año 2003, bajo otro paradigma, fue sancionada una Ley Nacional de Gestión Ambiental de Aguas 25.688. Algunas provincias, como Mendoza, han demandado su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la misma arbitra sobre competencias provinciales. Esto es una demostración de que el tema continúa generando controversia.
  3. En la actualidad se cuenta con Principios Rectores de Política Hídrica, promovidos por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, sancionados en el año 2003, que implican una guía para la gestión interjurisdiccional de las cuencas hídricas.
  4. Para antecedentes sobre el tema hídrico en Mendoza desde un enfoque actual ver Montaña, Torres, Abraham et al., 2005; Wagner, 2010; Grosso Cepparo y Raffani, 2013.
  5. Se entiende por crecida o creciente aluvional, a una descarga de agua, es decir, un determinado volumen del líquido en un tiempo determinado, por encima de sus valores normales de escurrimiento (Guisasola, Infante, Magistocchi et al., 2011).
  6. Las obras de ejecución inmediata requeridas por el técnico Jacinto Anzorena contemplaban el desembarque y rectificación del Canal Zanjón en 28 kilómetros; la construcción de un desripiador cerca de la toma; la construcción y reparación de saltos y revestimiento del canal zanjón entre las calles Brasil y Ayacucho de ciudad. Estas obras implicaban la sistematización de los zanjones Frías, Pardo, Chacras de Coria y Sosa; otro dique en el río Seco de Papagayos con su canal de descargue hacia el río seco del Challao; un canal colector desde el cerro de la Bodega; otro dique en la cuesta de San Isidro, etc. (Archivo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Patrimonio Legislativo (en adelante HCDN.PL, Expediente – Exp.-, 577-D-1937, p. 65).
  7. La ley nacional 11.922, sancionada en el año 1934, contemplaba las obras del dique Cipolleti en el rio Mendoza para su defensa contra los aluviones o crecidas extraordinarias (Boletín Oficial de la República Argentina. 24 de octubre de 1934).
  8. Para un período anterior, el problema de los desagües en Gral. Alvear, ha sido investigado para otro periodo por Carina Martínez-Jurczyszyn, 2013.
  9. Gobierno de Mendoza, Mendoza, 1934.
  10. Las atribuciones de esta comisión eran: administrativas de todo lo concerniente a las obras (preparación de licitaciones y llamado a oferentes, etc., elaboración de planes de acción de obras, preparación de presupuestos, etc.); de fiscalización (vigilancia, control y recepción de las obras, informes y certificados), y finalmente debía organizar el proceso licitatorio, informar, certificar obras y designar sub-comisiones auxiliares ad-honorem, en cada lugar afectado por las obras (Provincia de Mendoza, 1938, tomo II, pp. 481-494)
  11. El organismo poseía un déficit acumulado de $1.500.000 (Provincia de Mendoza, 1939a, tomo I, p. 187.
  12. Mendoza tuvo una Oficina de Hidráulica independiente (en 1889) dirigida por César Cipolleti. Luego fue unificada en la por entonces sección de Topografía e Irrigación en el Departamento de Irrigación.
  13. Las leyes provinciales implicadas en estas obras fueron las 1236 (1937), 1329 y 1349 (1939) (Provincia de Mendoza, 1942a, tomo VIII, p. 599, y Provincia de Mendoza, 1942b, tomo III, pp. 685 y 700).
  14. Las autoridades estimaban que la modernización de este dique permitiría mejorar el riego de 4.000 hectáreas más sobre las 8.923 hectáreas que en ese momento eran regadas. En tanto las mejoras en el dique Medrano conllevaría a mejorar alrededor de 58.967 hectáreas (Provincia de Mendoza, 1942b, tomo III, p. 700).
  15. En el río Mendoza las usinas existentes eran la de Cacheuta, otra denominada Luján y el Complejo Eléctrico Los Andes-Energía Hidráulica en el Departamento de Godoy Cruz. Se le sumaban pequeñas usinas en el Parque Gral. San Martín y otra en Potrerillos. Por último, en el río Atuel la Estancia Sosneado y el Hotel del mismo nombre poseían pequeñas usinas (Büchi, 1945, p. 38).
  16. Los vecinos que hicieron llegar sus petitorios pertenecían a las colonias de La Llave, Atuel Sud, San Pedro del Atuel, Las Malvinas, Tabanera, Rama Caída-Rincón Atuel, Gral. Alvear, La Escandinava, entre otros, (HCDN.PL, Exp. 365-1940, p. 8).
  17. Antecedentes de la disputa pueden rastrearse en reclamos pampeanos alrededor de la década del ́20 relacionados con los perjuicios económicos que padecían y la falta de agua para abastecimiento poblacional. En el año 1949, la Nación emitió una Resolución 50 donde se le encomendaba a Mendoza entregarle a La Pampa una dotación anual para que la misma hiciera uso de las aguas. (Barbosa, 2017, p. 15 y 2019, p. 98) Asimismo, algunos trabajos destacan que alrededor de 1950 se fueron conformando algunos movimientos de protesta en la localidad señalada. Sin embargo, se han detectado antecedentes, durante la conducción conservadora en el país. En este sentido, la Gobernación de La Pampa participó en el I Congreso Argentino del Agua, realizado en Mendoza en 1941, y del cual se hará referencia más adelante en este mismo capítulo. No obstante, vale señalar que se dejó constancia de que el tema sobre los ríos interprovinciales generó un extenso debate en la comisión sobre Legislación de Aguas, aunque aún no se ha podido acceder al contenido de la ponencia.
  18. Miguel Marienhoff provenía del ámbito jurídico especializado en legislación de aguas y Ludovico Ivanissevich se desempeñó como Director técnico de la Comisión de Estudios y Obras de Riego e Hidráulica. Los Andes, Mendoza, 3 de junio de 1946.


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