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Comentarios preliminares

Patricia Barrio y Florencia Rodríguez Vázquez

Este libro reúne estudios que giran en torno a la política social y económica de la provincia de Mendoza durante las décadas de 1920 y 1930, aunque desde distintas perspectivas y rangos temporales. Es el producto final de proyectos de investigación (períodos 2017-2019/ 2019-2021) radicados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y aprobados y financiados por la Secretaría de Investigaciones, Internacionales y Posgrado de esa Casa de Estudios. Estos resultados son signatarios de una línea de investigación iniciada en los años noventa del siglo pasado por Rodolfo Richard-Jorba y Eduardo Pérez Romagnoli, que imbricaba las transformaciones económicas y sociales con los cambios territoriales y del paisaje. Este continuado trabajo reunió y formó un conjunto de investigadores con una matriz multidisciplinaria, algunos de los cuales son autores de esta publicación; otros, más jóvenes, están transitando su tesis doctoral.

En todos los casos, los textos presentados se sustentan en un considerable trabajo documental y están sometidos a una doble operación: por un lado, reconstruir y detectar continuidades y rupturas y, por otro, dialogar con procesos similares de otras zonas para descubrir comportamientos semejantes y particularidades del caso mendocino. Asimismo, es pertinente señalar que los aportes bibliográficos generales referidos a los años veinte y treinta de la provincia han sido construidos a partir de la variable política. Ellos son un libro de insoslayable consulta: el de Celso Rodríguez (1979) sobre el lencinismo, al que se agregan los estudios sobre el radicalismo y el conservadurismo de Pablo Lacoste (1991 y 1994).

Un eje del presente trabajo colectivo es, sin duda, “lo político”, entendido en sentido amplio como escenario de pujas y consensos en el que interactúan diferentes actores (individuales y especialmente colectivos; públicos y privados, estatales y no estatales), que a través del despliegue de estrategias intentan accionar sobre la realidad (institucional y sobre el territorio) para concretar un proyecto, un interés, una idea. Proceso de cambio que, según la etapa y el objeto observado, aparece más acompasado o, por el contrario, vertiginoso.

Una primera etapa de estudio ancla en el ciclo político del radicalismo lencinista (1918-1928) mientras que la segunda parte se focaliza en la Intervención Federal que marcó el fin del lencinismo y anidó la dirigencia de los años venideros: el Partido Demócrata, cuya administración se desenvolvió entre 1932 y 1943.

Se sabe que la década de 1920 anunció la modernización de las urbes y la progresiva transformación de la economía, cuyas características y manifestaciones políticas y económicas han sido analizadas a nivel provincial (Romano, 1988; Lacoste, 1994; Roig, Lacoste y Satlari, 2004; Richard-Jorba, 2013; Richard-Jorba y Rodríguez Vázquez, 2017). En el tránsito de la primera experiencia democrática, la recuperación de la economía en Argentina impactó en la expansión de la urbanización, la ampliación del consumo y el fomento de diversas agroindustrias (algodón, yerba mate, frutas) en distintas regiones del país (Belini y Korol, 2012; Barsky y Fernández, 2008). A su vez, a la luz de una tendencia nacional que colocaba en el centro de las preocupaciones estatales al mundo del trabajo como un campo de derechos y regulaciones (Bonaudo y Bandieri, 2006), esas coyunturas se tradujeron en un derrotero particular en las experiencias de las clases obreras y, por otro lado, fueron objeto de interés por parte de figuras públicas del entorno local. No obstante, la inédita atención estatal de las condiciones de vida de los sectores populares durante los gobiernos lencinistas contrastó con la férrea represión contra las manifestaciones obreras y de los grupos opsitores.

En ese contexto, cobran vigor dos enfoques: por un lado, Rodolfo Richard-Jorba concluye una investigación más de su fructífera trayectoria académica, en la que reconstruye la evolución del movimiento gremial mendocino, cuyos los vaivenes y tensiones tuvieron estrecha relación con la política de un gobierno que, no obstante, los avances en materia de legislación laboral, reveló un destrato hacia las necesidades y requisitorias de este colectivo. De todos modos, Mendoza siguió una tendencia de desmovilización y fractura de la representación gremial similar a lo sucedido en el orden nacional, que contrasta con la conflictividad de los años iniciales del siglo XX. El segundo trabajo, cuyo autor es Andrés Abraham, presenta la trayectoria pública de un intelectual y político. Se trata de Francisco Trianes Díaz, un descendiente español que se distanció del designio familiar de la tradición vitivinícola y emprendió el sinuoso camino de la acción política, involucrándose en las filas del partido, no solo como un profesional liberal que advino funcionario de esa administración sino también como un intelectual. El estudio, además, suma información sobre un fenómeno poco advertido en la historiografía local: que el lencinismo atrajo a personajes del campo profesional e intelectual como al ingeniero agrónomo Leopoldo Suárez y al abogado Manuel A. Zuloaga, quienes integraron las “segundas líneas” de este movimiento provincial, tesis que también desarrolla el autor.

La segunda parte del libro se enfoca en el período 1928-1943, es decir entre el fin del ciclo político y económico para el país signado por el radicalismo y el inicio de un profundo proceso de reformulación de las políticas y atribuciones estatales de cuño nacional, con repercusión en las jurisdicciones provinciales y territorianas, que iba a redefinir las relaciones entre Estado y mercado. La copiosa bibliografía histórica sobre Argentina esos años se ha focalizado en analizar las repercusiones de la crisis internacional de 1929 en el país y las respuestas estatales que cristalizaron en un plan de mayor intervención sobre la economía (Gerchunoff y Llach, 2005; Rapoport, 2000; Belini y Korol, 2012), como por ejemplo las juntas reguladoras de las principales actividades económicas no solo de la zona pampeana sino también de las economías regionales. En ese marco, otro objeto de interés de la literatura especializada fue la reconstrucción y reflexión sobre el rol de las juntas reguladoras caracterizadas por la vinculación de funcionarios políticos y representantes de los diferentes sectores productivos (Persello, 2006, pp. 85-118). En el caso mendocino, el estudio del accionar de la Junta Reguladora de Vinos (Girbal, Ospital y Zarrili, 2007; Ferro, 2008; Ospital y Cerdá, 2016; Olguín, 2014; Mateu, 2005 y 2014) ha soslayado dos aspectos de la agenda de investigación: por un lado, el interregno entre el paso de un ciclo político radical-lencinista, finalizado abruptamente en 1928 por una intervención federal[1] y la asunción de un gobierno de corte liberal conservador, en 1932, en un escenario en que se inicia el corrimiento de los principios económicos liberales, se redefinen los límites de incumbencia entre Estado y economía (Caravaca, 2011) y se discuten y esbozan las posibilidades de una mayor intervención estatal[2]. Entonces, volver sobre este período resulta importante porque, a la luz de la evidencia empírica presentada en este libro, durante esta etapa se convocaron a miembros de la élite local (políticos y empresarios) con un grado relativo de participación pública en la década de 1920 cuya presencia contribuyó a delinear las políticas de los años venideros en la provincia e, incluso, se convirtieron en figuras claves de la escena socioeconómica y de los equipos gubernamentales de los años treinta.

A diferencia de otras experiencias provinciales donde las intervenciones federales procuraron, fallidamente, estructurar un mecanismo de intervención para fomentar la industrialización sustitutiva (Macor, 2005), el caso mendocino parece indicar algunas particularidades. En concreto, la intervención de José María Rosa (h) –cercano al grupo de la Revista de Economía Argentina (Bacolla, 2010, p. 182)– , establecida por el gobierno provisional del General Uriburu, desde septiembre de 1930 hasta febrero de 1932, se configuraría como el espacio para discutir los lineamientos que asumiría el programa económico en la provincia (Macor y Bacolla, 2008-2009, pp. 257-272; Girbal, Ospital y Zarrilli, 2007), en medio de una crisis que asolaba a todos los estamentos socio-productivos y las finanzas provinciales. Se configuró un ambiente propicio para convocar a actores políticos y técnicos a que discutieran y propusieran posibles soluciones frente a la inestabilidad política y económica que subyugaba a la provincia del vino[3]. Entre estos técnicos, el caso paradigmático es el de Ricardo Videla, un ingeniero agrónomo mendocino formado en el extranjero quien, en la década de 1920, se había desempeñado como agente del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y dirigido los ensayos técnicos de exportación de fruta mendocina[4]. José María Rosa lo convocó para dirigir el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, desde el cual se empapó de las principales problemáticas de la provincia y luego, cuando asumió la gobernación en 1932, se abocó a diseñar estrategias que cristalizaron en la progresiva implementación de políticas públicas multidimensionales.

De acuerdo con el amplio consenso historiográfico que sostiene que las políticas públicas son el resultado de múltiples intereses, en donde conjugan las motivaciones, demandas y argumentaciones de actores estatales y de la sociedad civil (intelectuales, vecinos, entidades sectoriales) (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Berrotarán y Pereira, 2011; Bohoslvasky, 2014), este libro también recupera y analiza las demandas de los agentes económicos (productores netos, empresarios agroindustriales, regantes) y de la sociedad civil, así como el devenir conflictivo en la implementación de esas políticas. Se complementa así con trabajos previos que abordan esta coyuntura como el germen de la renovación de los vínculos políticos entre gobierno nacional y el empresariado regional (Cerdá, 2018)[5].

La mencionada atención en el desempeño estatal sobre las demandas y necesidades económicas y poblacionales de la provincia es un aspecto solo recientemente abordado por la bibliografía disponible. En efecto, los estudios han avanzado sobre el rol del Estado nacional para mitigar los efectos de la crisis vitivinícola pero poco se sabe de la atención del Estado provincial sobre este grave problema y sobre otras áreas de la economía y producción. En este sentido, los aportes sobre relaciones entre el Estado provincial y los empresarios para fomentar nuevas industrias de base agrícola y acoplarse así al proceso de sustitución de importaciones (Martín, 1992; Barrio y Rodríguez Vázquez, 2019, Rodríguez Vázquez, 2020), y el avance del Estado sobre el territorio a través de obras públicas de salud, vivienda y hotelería permiten complejizar la visión sobre el rol de estas administraciones (Raffa, 2018; D’Agostino, 2018), extendidamente cuestionadas por los mecanismos electorales fraudulentos. Resulta paradójico que esta dirigencia “liberal” respondiera a las urgencias socioeconómicas con proyectos que demandaban un progresivo grado de regulación, primero, e intervención después sobre la economía y la producción. Respuestas en las que buscaron su legitimidad de ejercicio.

Si bien este libro no se propone indagar sobre la reconfiguración del Estado provincial en su conjunto, sí analiza algunas de sus agencias, o competencias, para mejorar las condiciones productivas y de vida de segmentos poblacionales a partir de la discusión acerca de prioridades objeto de atención por parte del Estado, y de la consecuente definición de las políticas públicas, en la cuales –cabe reafirmar– el Estado cobró un protagonismo inusitado. En este proceso, el actor principal fue el Ministerio de Industrias y Obras Públicas (Raffa y Rodríguez Vázquez, 2020) debido a su multifuncionalidad para fomentar no solo la diversificación productiva agrícola y agroindustrial, sino, también, promoviendo una actividad estratégica como fue la petrolera[6] (y otras que no son tratadas en este libro como el turismo), así como obras de infraestructura.

Con respecto a la actividad principal de Mendoza, la vitivinicultura, Patricia Barrio reconstruye y analiza en “corto tiempo” la primera estrategia contracíclica inspirada en, todavía, las recetas del pensamiento económico de los años veinte y fijada en el modelo norteamericano de regulación privada. Se trató de la Sociedad Vitivinícola SA que junto con otra empresa melliza formada en San Juan pretendían conformar un oligopolio del vino en el mercado nacional. Como se intentará mostrar, esta experiencia sufrió importantes corrimientos respecto del modelo original, ideado por Alejandro Bunge, debido al peso de las prácticas institucionalizadas entre los distintos agentes económicos intervinientes en la cadena productiva del sector.

A la persistente idea de una mayor regulación de la vitivinicultura, se sumó otra que fue cobrando forma y límites definidos: la diversificación de la economía, para eximir a la provincia de los vaivenes que generaba la dependencia a una sola actividad productiva. En esta oportunidad se presta especial atención a dos manifestaciones de ese programa mayor, aunque nunca esbozado como tal, y que alcanzaron un grado desigual de expansión en los años siguientes: la fruticultura y el petróleo.

Florencia Rodríguez Vázquez ubica el derrotero de la agroindustria frutícola local, como la convergencia de políticas públicas de fomento y regulación, y la progresiva incorporación de inversores, locales y extrarregionales. Demuestra que el dinamismo del sector estuvo determinado por los efectos multiplicadores que generó, a partir de demandas de servicios.

Como resultado de ese proceso, Ana Laura Silva verifica la explosión de entidades de diverso grado que intentaron representar los intereses de los fruticultores, productores netos y empresarios, aunque la debilidad de estos emprendimientos y la crisis del sector con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, llevó a formar una entidad pública-privada: la Corporación Mixta de Fruticultores de Mendoza. En el marco de las mencionadas discusiones sobre el grado de intervención estatal sobre la producción, la entidad puede concebirse como el corolario de un intento estatal por captar a todos los actores de la cadena y las dificultades sectoriales para comercializar en los mercados metropolitanos.

Por su parte, Enrique Timmermann avanza sobre la explotación hidrocarburífera en Mendoza, última región en la cadena de productores que se inició a principios de siglo en Comodoro Rivadavia; industria a la cual, por su inversión, rentabilidad y su carácter de estratégico, confluyeron intereses provinciales y nacionales. Se logró, así, en un breve lapso explorar, perforar pozos, producir crudo y refinarlo.

Se sabe que la expansión de sectores productivos, estratégicos y auxiliares, demanda bienes y servicios. Para esto se requiere personal técnico especializado –tanto para las empresas y dependencias estatales (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Dirección Provincial de Vialidad y de Fomento Agrícola e Industrial) como para la dirección de proyectos privados. La tercera parte de este libro se enfoca en esa dirección puesto que esta transformación económica implicaba la formación de peones y obreros capacitados en labores agrícolas, tareas de selección y empaque de frutas; equipamientos y tecnologías específicas para la fruticultura, para el petróleo; para el mejoramiento y refuncionalización de la red hídrica y la extensión de la red vial.

Estos cambios de la estructura económica provincial atenuaron pero no lograron terminar con los efectos sociales devastadores del campo mendocino inmerso en la crisis vitivinícola que continuó a lo largo de los años treinta. Este contexto echa luz sobre otra innovación de la política provincial enfocada, esta vez, en el servicio educativo. Sobre este tema versa la contribución de Ivana Hirschegger. Específicamente, trata sobre reformas en los planes de estudio de las escuelas primarias que tenían un claro objetivo social al dotar a las afectadas poblaciones rurales de herramientas técnicas para explotar los terrenos cultivables, y en forma complementaria, lograr la radicación de las familias en las extensas zonas escasamente habitadas del paisaje rural mendocino y, así, disminuir la migración hacia las ciudades.

Por otra parte, redes hídricas y viales son un elemento nodal para acompañar el fortalecimiento de los sistemas productivos; y ese vínculo hizo mella en el diseño de políticas públicas en los gobiernos de la década de 1930. Laura Ortega se concentra en la política de mejoramiento de la red hídrica, que contempló obras menores para la refuncionalización y extensión de los cauces, y sentó las bases para la ejecución de las grandes obras hídricas del primer peronismo. En forma complementaria, Gabriel Magni analiza los orígenes de una política de expansión de la red vial durante la gobernación de Ricardo Videla, entre 1932 y 1935. Si bien estudios recientes (Raffa y Luis, 2020) demuestran el grado progresivo de implementación de esa política durante las administraciones de los años 30, el autor recupera los agentes de la sociedad civil que participaron en la formulación de esas demandas y las primeras obras realizadas durante esa gestión gubernativa. A través de esa reconstrucción el autor resalta que las carreteras, caminos y puentes cumplieron un doble objetivo: primero, inter-conectar poblados agrícolas más distantes de los núcleos urbanizados y, segundo, fortalecer las comunicaciones con los mercados consumidores, hasta entonces abastecidos por las empresas ferroviarias. En ambos casos se constata una preocupación por “recuperar” obras muy deterioradas más que por enfrentar grandes obras, aunque, como se ha dicho, estos trabajos fueron la plataforma desde la cual se pudieron pensar y llevar a cabo trabajos de mayor envergadura.

Si consideramos que la capacidad estatal es el resultado de las decisiones adoptadas por los gobiernos que tienen diferentes incentivos y restricciones según las instituciones políticas relevantes[7], esta obra colectiva permite dar cuenta del enorme esfuerzo de un Estado provincial que debió de superar diferentes adversidades. Por un lado, la falta o debilidad de políticas de Estado sobre las cuales sostenerse y trabajar en razón de los avatares institucionales ocurridos en la provincia desde 1918 con cuatro intervenciones federales; por otro, las dificultades financieras que venían del lencinismo y que se agudizaron por la crisis que afectó a la principal agroindustria de Mendoza, principal fuente de financiamiento fiscal (Barrio, 2016). Pese a estos problemas, el Estado provincial respondió a las demandas de su entorno y avanzó en la extensión y prestación de servicios en algunas localidades olvidadas por el potente Estado nacional. Para ello, entre otras estrategias, recurrió a una reorganización de base técnica e institucional.

A partir de esos derroteros, es importante señalar que la inclusión de profesionales técnicos no estuvo constreñida al dominio de un saber específico, sino que operó mediada por vínculos con las élites conservadoras, aún antes de su retorno a la gobernación provincial. Por otro lado, la convergencia de respuestas para resolver, en el mediano plazo, las señaladas dificultades con el diseño de políticas públicas que se iban a implementar progresivamente durante la década de 1930[8]. Sin duda que la recuperación de la actividad económica fue tema de agenda prioritario para la dirigencia política provincial y su abordaje contempló desde el fomento estatal a la diversificación productiva y las nuevas industrias, así como de la producción hidrocarburífera, pasando por la organización de los servicios que facilitarían esa expansión (red de agua y vial, enseñanza agrícola) y, por tanto, los efectos de esas medidas serían palpables en el mediano plazo.

Finalmente, las editoras, autores y autoras de este libro expresamos nuestro agradecimiento a la geógrafa Andrea Cantarelli por el asesoramiento técnico y al personal de archivos e instituciones públicas que gentilmente abrieron los reservorios y estuvieron atentos a consultas específicas: Archivo General de la Provincia de Mendoza, Hemeroteca de la Biblioteca Pública San Martín, bibliotecas Nacional y Torquinst, Museo del Agua del Departamento General de Irrigación. Y, por último, dedicar este libro a la memoria de nuestra querida Carina Martínez, quien nos acompañó en los vericuetos de la historia de Mendoza.

 

Mendoza, agosto de 2020

Bibliografía

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  1. El ciclo lencinista en la provincia de Mendoza fue interrumpido por cuatro intervenciones federales, producto del distanciamiento progresivo de su líder, José Néstor Lencinas, con Hipólito Yrigoyen.
  2. Si bien trabajos previos entienden que fue en la década de 1930 cuando los empresarios solicitaron mayor intervención sobre la economía (Cerdá, 2018); también hay historiografía que ha demostrado este comportamiento en coyunturas críticas previas (Barrio, 2016).
  3. De acuerdo con lo señalado por Bohoslavsky (2014) el estudio del Estado desde adentro implica dos momentos claves: por un lado, identificar los problemas de mayor gravedad y, en función de ello, seguidamente, definir sus causas, los actores que deben involucrarse para su solución y los recursos financieros e institucionales que se requieren para alcanzar alguna mejora de la situación. No es menor señalar que la memoria de la intervención de Rosa fuera titulada Intervención nacional del Dr. José María Rosa: Resurgimiento de un pueblo, en Mendoza, desde septiembre de 1930 hasta febrero de 1932. Documentación complementaria.
  4. Los informes técnicos sobre estas experiencias regionales de exportación fueron publicados en la Revista Mensual del BAP en la década de 1920 (Videla, 1922 y 1926).
  5. Estos vínculos han sido de diverso tenor e intensidad en las distintas coyunturas políticas y económicas, y no han estado exentos de conflictividad (Barrio, 2010).
  6. Claudio Belini (2010) ha señalado que las propuestas de ingenieros y economistas para el despegue industrial del país en las décadas de 1920 y 1930, versaban sobre el impulso a industrias de base agrícola pero también mineral.
  7. Cárdenas (2010, p. 62) explica cómo las desigualdades políticas y económicas en Latinoamérica, así como el alto grado de conflictividad interna, configuraron estados débiles.
  8. Para el caso de la obra pública, ya se ha señalado el alto grado de continuidad en el diseño y ejecución de las políticas en el período 1932-1943 (Raffa, 2018).


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