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4 Rumbos frutícolas en la provincia de los viñedos (Mendoza, 1918-1943)[1]

Florencia Rodríguez Vázquez

Introducción

La economía regional vitivinícola, con núcleo en Mendoza, se ha centrado en la producción de un vino masivo para abastecer al mercado nacional. Las recurrentes crisis (1901-1903, 1914-1918, 1922, 1929-1935) pusieron en cuestión la excesiva especialización de la matriz productiva en la elaboración de vino común, así como la dependencia de las fluctuaciones a escala nacional y extranjera. Es en ese marco que se comenzó a discutir la implementación de otras actividades productivas.

La historiografía sobre agroindustrias en Mendoza fue prolífica en la conformación de la vitivinicultura de base capitalista (Girbal de Blacha, 1983-1987, pp. 409-443; Richard-Jorba, Pérez Romagnoli, Barrio y Sanjurjo, 2006; Mateu y Stein, 2008, pp. 267-292; Barrio, 2010a). Adicionalmente se sabe que, en Argentina, las actividades agro-productivas en la década de 1930 fueron objeto de una profunda regulación para equilibrar producciones crónicamente excedentes con demandas deprimidas, tal fue el caso de la Junta Reguladora de Vinos, en Mendoza y San Juan, cuyo accionar, a partir de 1935, demostró cómo las políticas de eliminación del vino y extirpación del viñedo fueron los resortes institucionales para solucionar la grave crisis que afectó al sector (Persello, 2006, pp. 85-118; Mateu, 2005, 2014, pp. 134-173; Olguín, 2012; Ospital y Cerdá, 2016).

Aportes posteriores remarcaron también el surgimiento de otras manifestaciones agroproductivas (fruti-, olivi- y horticultura) en el primer cuarto del siglo XX, que cobraron vigor a la luz de un programa provincial de diversificación que se acopló a la política nacional de sustitución de importaciones (Martin, 1992, pp. 172-194; Ospital, 2013, pp. 78-97; Rodríguez Vázquez, 2016 y 2019) tras la crisis internacional de 1929. Esos trabajos detectan las primeras iniciativas estatales –del Ministerio de Agricultura de la Nación y de dependencias provinciales de orientación agrícola– en la década de 1920. Para comprender el impulso a esas manifestaciones es importante tomar en cuenta el antecedente de una política económica de corte interventor durante los gobiernos lencinistas, con el objetivo de alcanzar una mayor autarquía económica (Richard-Jorba, 2013). No obstante, la imposibilidad institucional de concretarlo, esta idea puede vincularse con la diversificación de la producción agropecuaria argentina frente al agotamiento de la frontera productiva (Banzato, Blanco y Perrén, 2018).

Sin embargo, estas iniciativas tuvieron escasa repercusión en Mendoza puesto que, una vez superada la coyuntura crítica, buena parte de los productores retornaban al cultivo de variedades de vitis viníferas, es decir, aptas para la elaboración de vinos. Aún así, alimentaron un proceso de prueba y error, maduración y adaptación cuyo resultado cobró notoriedad a partir de la década de 1930 y permitió que esas producciones trascendieran los límites del autoconsumo familiar y del mercado doméstico para comercializarse en distintos puntos del país. Con base en esas consideraciones, en este capítulo presentamos el comportamiento de uno de esos sectores (el frutícola) y repasamos la atención estatal de la que fue objeto. Del mismo modo, reflexionamos sobre la especialización del Estado provincial para responder a las demandas de una agroindustria cada vez más heterogénea.

La fruticultura fue la actividad que más se extendió en los oasis de la provincia debido a diversos factores. En primer lugar, las condiciones ambientales aptas y la disponibilidad de tierras irrigadas en el Oasis Sur y en el Valle de Uco. A su vez, la imitación de experiencias exitosas contemporáneas y espacialmente cercanas. Por un lado, la tradición frutícola chilena exportadora, consolidada tras años de promoción e intervención estatal (Robles Ortiz, 2010, pp. 91-120; Lacoste, Aranda, Yuri et al., 2013) y cuya vinculación sectorial se había producido a través de la importación de frutas desecadas y secas desde aquel país, pero se interrumpió cuando la provincia de Mendoza se orientó al mercado nacional de la mano de la modernización vitivinícola (1885-1890). Sin embargo, con motivo del I Congreso Frutícola (1924) celebrado en Mendoza, técnicos chilenos asistieron al encuentro y manifestaron “los adelantos en la provincia” (Boletín Sociedad Nacional de Agricultura, Santiago de Chile, 1924, p. 233). La cercanía espacial entre ambas jurisdicciones tornaría esperable el intercambio de diversos productos, propiciado además por la vinculación del Ferrocarril Trasandino que conectaba la Ciudad de Mendoza con la de Santiago de Chile, sin embargo, la orientación mercadointernista de la producción mendocina junto con las barreras chilenas a la importación dificultaron esa relación comercial. A su vez, ambas zonas se proyectaban en las oportunidades comerciales que significaba la contraestación para enviar fruta al hemisferio Norte.

En simultáneo, el despegue productivo de la región conformada por el Alto Valle del Río Negro y Neuquén (1920-1930) puede haber obrado como efecto demostración entre los empresarios y técnicos locales. En efecto, agrónomos mendocinos que prestaban servicio en el Ministerio de Agricultura de la Nación realizaron viajes de estudio a la Patagonia Norte. Allí, bajo el impulso decisivo de la empresa británica Ferrocarril del Sud, se organizaron las etapas de empaque –a través de plantas con alto grado de tecnificación–, distribución y comercialización (Bandieri y Blanco, 1991, pp. 127-142; Landriscini, Press, López Raggi et al. 2007, pp. 93-144). De modo que este sector ha constituido el eje de la organización socio-productiva en esa zona (Miralles, 2015), con presencia de productores primarios que integraron el cultivo con el empaque y formaron empresas frutícolas que abastecían principalmente el mercado externo y, en forma accesoria, el interno.

Para el caso mendocino, también una compañía británica, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (BAP) desarrolló diversas tareas de experimentación y asesoramiento técnico (Marzo e Inchauspe, 1967, p. 395; Revista Mensual BAP en adelante RBAP, 1928, 130). Marcó, así, una diferencia respecto de otras empresas ferroviarias que operaban en la provincia, como el Ferrocarril del Oeste, que desde 1912 conectaba el Este argentino con el Sur de Mendoza, y el mencionado Trasandino).

Bajo este influjo se verificó, además, la radicación de firmas proveedoras de servicios y comercializadoras de la fruta fresca. Estas iniciales trayectorias resultan desconocidas por la historiografía regional y ameritan su reconstrucción, en tanto que el incremento de la producción primaria trajo aparejado desafíos técnicos –empaque, requerimientos fitosanitarios– y problemas para comercializar la fruta (en fresco e industrializada) en el mercado interno. En un contexto internacional de diversificación de actividades productivas es oportuno detenerse también en los efectos multiplicadores de un sector secundario respecto de una actividad central o estratégica (como la vitivinicultura) en tanto que aporta elementos para valorar su repercusión en un comportamiento regional más diversificado (Cerutti, 2010, pp. 101-112; Almaraz, 2016, pp. 143-176). En efecto, el incremento de la fruta cosechada demandó nuevos equipamientos y servicios, tal el caso de las plantas de acondicionamiento y cámaras frigoríficas, así como los insumos para combatir las plagas de los frutales. La reflexión sobre la incorporación de esos bienes no puede disociarse de un caso de inversión extranjera directa y su repercusión a escala provincial. Sobre la base de la relación entre la recuperación de la crisis del 1930 y el proceso de sustitución de importaciones, en el cual intervinieron capitales extranjeros, Lancioti y Lluch (2015), a nivel nacional pero también provincial, identificaron los itinerarios de empresas extranjeras tras la crisis de 1930, no solo en la denominada etapa de primera modernización, para la explotación de recursos naturales, la inversión en infraestructura y la provisión de insumos y servicios para la agricultura y urbanización. Tanto en este capítulo como en el referido a hidrocarburos detectamos la afluencia de capitales norteamericanos en la provincia.

A diferencia del vino y/o de azúcar, varias regiones argentinas componían la producción frutícola (citrus el noreste, frutas de pepita y carozo en Patagonia y Cuyo, y uvas de mesa en esta última), con particulares requerimientos técnicos de cultivo, cosecha y conservación pero tuvieron en común un problema de base: comercializar un producto altamente perecedero que debía atravesar largas distancias antes de arribar a un mercado metropolitano abarrotado de productos similares. ¿Cuáles fueron entonces las respuestas estatales y empresarias para responder a los cambios en la fisonomía de la matriz productiva provincial?, ¿cuál fue el alcance de las políticas sectoriales para responder a las demandas específicas de un sector que, aunque con dificultades, buscaba posicionarse como otra manifestación productiva provincial?

La atención a estos interrogantes nos permitirá reflexionar sobre la incidencia del Estado provincial en las agroindustrias locales, centrado en implementar políticas anticíclicas para resolver los desajustes de la vitivinicultura, principal fuente de recursos fiscales (Barrio, 2010b, pp. 1-35; Olguín, 2012); y colocar en perspectiva las diversas aristas del desarrollo económico regional sobre todo a partir de la década de 1930, cuando se perfiló una preocupación central: ampliar el mercado interno para otras producciones cuyanas (RBAP, 1941). La inserción de frutas y hortalizas implicaba varios desafíos puestos que no estaba extendido en la dieta de las clases populares (Wetzler, 1942, p. 102). Un editorial de la Revista de la Corporación Frutícola Argentina (–en adelante RCFA–, 1942, 96, pp. 24-25) comentaba que solo las clases adineradas consumían fruta, y eventualmente, como postre; y contrastaba la situación con la de otros países, como Estados Unidos, donde el consumo de frutas era mayor. Por su parte, desde las dependencias técnicas locales se argumentaba que la falta de cuidado en la presentación de la fruta repercutía negativamente en las ventas (Revista Agrícola, 1935). Finalmente, otra postura sostenía que aquellas localidades no servidas por las vías férreas quedaban imposibilitadas de acceder a este producto (Weztler, 1942, p. 107). Lo cierto es que desde el Estado y entidades privadas se impulsó con especial énfasis el consumo de productos agroindustriales nacionales (Girbal y Ospital, 2005, pp. 49-68)

El recorte temporal propuesto permite analizar el paso de una economía centrada en la producción de vinos comunes a otra complementada por agroindustrias de base agrícola. Mientras que las estadísticas indicaban casi tres millones de ejemplares frutales y olivos en 1932, esta cifra se triplicó en una década: se plantaron casi 9 millones de frutales en la provincia (Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1942, p. 36), con una creciente tendencia a la especialización de las unidades productivas (78%) y abandono de los cultivos intercalares (22%).

Es oportuno realizar algunas precisiones sobre las fuentes. En primer lugar, los anuarios estadísticos de la provincia para la década de 1920 contabilizan los frutales de acuerdo con la extensión del área cultivada. En 1925 se inició la publicación sistemática de datos sobre extensión de tierras cultivadas con frutales (has), aunque solo a partir de 1938 la información contabiliza número de frutales por variedad, lo cual impide elaborar series sobre la evolución de la producción. Algunos estudios técnicos realizados durante el período de estudio dieron cuenta de la falta de información estadística, así como también en la escasa precisión en la elaboración de los indicadores (Wetzler, 1942), razón por la cual presentaron datos elaborados ad hoc (Croce, 1933) y alertaban acerca de que la falta de este tipo de información se traducía en perjuicios económicos y técnicos para los fruticultores. Por otro lado, tomar la extensión del área cultivada como indicador de la actividad productiva puede resultar falaz puesto que el principal cultivo era la alfalfa (47.000 ha (República Argentina, 1939, p. 235), que no representaba la actividad económica más importante. En función de estas dificultades, la reconstrucción se basó en el Censo provincial de cultivos de 1942 y las estadísticas de comercialización de la fruta elaboradas por el Instituto Técnico de Investigaciones e Información Económica, discriminando para ello las uvas en fresco, puesto que mayormente se destinaban para elaboración del vino. Otro insumo fueron las publicidades de los proveedores de servicios, indicativas del momento en que comienzan a operar en la provincia y de cuándo instalan filiales de la casa central.

Las frutas en fresco: del autoconsumo al mercado nacional (1908-1938)

De la mano del consenso acerca de que el monocultivo vitivinícola implicaba un panorama sombrío para la economía local surgieron debates sobre la progresiva diversificación del escenario local, sin que ello implicara el avance de unos cultivos sobre los ya existentes sino una complementariedad de una actividad central (la vitivinicultura) con otras de base agroindustrial.

La fruticultura adquirió mayor dinamismo en el Sur provincial (San Rafael y General Alvear), como producto de la extensión de la red de irrigación, el fomento técnico a esta actividad impulsado por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y la conexión ferroviaria directa con el mercado de consumo del Litoral. Mientras que el Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), con amplias extensiones de alfalfa en haciendas, registró una reconversión a montes frutales a partir de operaciones de compra de propiedades por parte de bodegueros[2], probablemente animados por el precio de la tierra, la progresiva expansión de la red hídrica y la inauguración del ramal ferroviario Zapata que conectaba luego con la red troncal.

Amén de estas particularidades territoriales tuvieron en común las condiciones climáticas y ambientales aptas para el cultivo de frutales, la disponibilidad de tierra a menor precio que en el oasis Norte, y el avance en servicios de provisión de riego y de comunicaciones. Por ejemplo, la red ferroviaria conectó primero el Oasis Norte (1885) y luego el Sur (1903) con el Litoral, pero llegó tardíamente al Valle de Uco (1927), y entre esta subregión y San Rafael hay un poco más de 100 km desérticos y sin asentamiento humano. Precisamente, para la década de 1930, la extensión de la red caminera iba a potenciar la comunicación interdepartamental y favorecer la comercialización con el mercado nacional, como han analizado Raffa y Luis (2020) y Gabriel Magni en este libro.

Así, ya en 1908 y con mayor énfasis en la década de 1920, la superficie con frutales pasó de 5.839 hectáreas a 14.000 en 1937, con más de seis millones de plantas frutales en asiento y producción (Censo Nacional Agropecuario, 1937, p. XLV; Gráfico 1), con el consecuente incremento de los envíos de fruta fresca hacia el mercado nacional (Gráfico 2). En efecto, Capital Federal consumía el 65% de la fruta mendocina –donde confluían, además, mayoristas, consignatarios y frigoríficos–, Santa Fe, el 16% y Córdoba, el 8% (Wetzler, 1942, p. 34).

Gráfico 1: Provincia de Mendoza. Plantaciones frutales (1932-1943)

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Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1942, p. 36.

Gráfico 2: Provincia de Mendoza. Envíos de fruta fresca, en tn
(excluye uvas)

Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1943 (5), p. 145
Aclaraciones: Los años comerciales son de julio de un año a junio del siguiente. Para el período 1939-1940 el cálculo es diciembre de 1939 puesto que en el verano de 1940 el granizó en el Sur mermó considerablemente la cosecha. Para las temporadas 1934-35 a 1939-40 la estimación es aproximada.

Casi el 50% de la producción se destinaba al consumo en fresco en el mercado nacional, frente a un exiguo 1% para exportar y un 11% para industrializar (Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1943, 11, pp. 146-148). En el primer grupo, los escuetos envíos de la segunda mitad de la década de 1920 fueron sucedidos por un aumento global del 176% entre 1931-1932 y 1937-1938 (Gráfico 2), destacándose los duraznos y peras característicos del oasis Sur, y manzanas del Valle de Uco, por sus idóneas condiciones ambientales. Nótese que peras y manzanas eran también las principales producciones que se exportaban desde Río Negro y Neuquén. Para principios de la década de 1940 la tendencia creciente en la comercialización se mantuvo, mostrando los primeros rasgos de sobreproducción con respecto a la capacidad de consumo de un alimento que no estaba extendido en la dieta de la población. Es llamativo, además, que la fruticultura mendocina no alcanzó la tendencia de boom que otrora había registrado el vino y, en función de ello, nos preguntamos por los persistentes intentos estatales para fortalecer al sector.

Los intentos estatales para uniformar la comercialización: hacia la sanción de la ley provincial de fruticultura

Junto con el incremento de los volúmenes de fruta se evidenciaron una serie de problemas técnicos y económicos: la escasez de conocimientos para prevenir y controlar plagas, la exigua capacidad de los frigoríficos para almacenar un producto altamente perecedero y, finalmente, la convergencia en el mercado nacional de otras producciones similares que ya habían logrado posicionarse, como las peras y duraznos provenientes del Alto Valle de Río Negro y del Delta del Tigre, respectivamente. En efecto, esas frutas debían atravesar una distancia considerablemente menor que las de Cuyo para llegar a destino, por lo que eran más económicas, y su colocación estaba garantizada por una red de intermediarios vinculada con el ferrocarril británico, que conocía el mercado y participaba activamente en los centros de acopio y distribución de Buenos Aires. Fue a partir de la temporada 1938 que se evidenciaron los primeros signos de desajuste entre la sobreproducción de ciertas variedades –tal el caso de las peras Williams– y las posibilidades de consumo. Respecto de la cercanía espacial con Chile, la posibilidad de ofertar frutas en ese mercado estaba vedada, primero, porque ese país también abastecía el consumo de frutas con producción propia y, luego, porque a partir de la especialización vitivinícola, el comercio provincial se orientó exclusivamente al Litoral argentino, marcó una clara dependencia respecto de esta región y se diluyeron, así, las relaciones comerciales con aquel tradicional mercado (Richard-Jorba, 1998, p. 170).

Atento a ello, el Estado provincial encaró, por un lado, la promoción de nuevas industrias, con un grado diverso de eficacia en su implementación. Se otorgaron exenciones impositivas a los primeros proyectos que se volcaran a industrias nuevas, o con escaso desempeño en la provincia: fábricas de cemento portland, de productos químicos para minería y enología (ácido tartárico), ganadería, desecación de frutas, plantación de bosques de álamos; usina para pasteurización de la leche (Provincia de Mendoza, 1938). El especial interés del entonces gobernador Ricardo Videla por estimular agroindustrias distintas a la vitivinicultura se fundamentaba en su concepción de que el monocultivo implicaba una sujeción a padecer crisis cíclicas (Provincia de Mendoza, 1934); y en la expertise adquirida durante su formación en agronomía en el extranjero y como agente de ventas del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (coordinó ensayos de venta de frutas frescas en Estados Unidos y Europa entre 1922 y 1926). Además, colaboró en la Revista de Economía Argentina (Girbal-Blacha, 2018). En relación con la fruticultura este corpus de leyes repercutió de modo favorable para la formación de bosques de álamos, que surtirían a los aserraderos y fábricas de cajones, como desarrollaremos más adelante. Menor repercusión tuvo en la extensión de los secaderos de frutas.

En forma complementaria, las políticas de corte técnico-regulador de la industria frutícola formaron parte de las prioridades de las administraciones de la década de 1930. Para su implementación, durante la gobernación de Videla se ampliaron las funciones de la de Dirección de Fomento Agrícola e Industrial (Ministerio de Industrias y Obras Públicas, 1937)[3], dirigida por el bodeguero Frank Romero Day e integrada por especialistas en distintas áreas, una de ellas la fruticultura, tal el ejemplo ingeniero Francisco Croce, graduado de la Escuela de Vitivinicultura (Mendoza) y perfeccionado en California (Rodríguez Vázquez, 2010, pp. 156-157). Este nombramiento da cuenta del objetivo de transformar una dependencia que, desde su primer antecedente en 1907, había funcionado casi exclusivamente como organismo de contralor de la vitivinicultura (Barrio, 2010b). Estas iniciativas fueron una réplica de otras impulsadas por el Estado nacional para la extensión de cultivos en diversas provincias, que resultaron funcionales al programa diversificador impulsado durante los gobiernos de la década de 1930[4]. Además, se distribuyeron plantas frutales (Ley 1018, 1934) entre propietarios de fracciones mayores a media ha y menor de 5 ha, árboles frutales por $75.000 a pequeños propietarios –pagaderos entre 5 y 8 años, con un 7% de interés–. Luego se diseñaron sucesivas reglamentaciones sobre capacidad y tipo de envases para el traslado de la fruta (LA, 23 de septiembre 1932).

Pero lo más contundente fue la sanción de una ley específica (nº 1165) para estandarizar criterios, y a su vez, orientar técnicamente a los agentes involucrados en la cadena (Ministerio de Industrias y Obras Públicas, 1937). La propuesta no descansaba tanto en mecanismos para equilibrar la oferta con la demanda sino en dispositivos institucionales y normativos para organizar los envíos en fresco, lo cual, se pensaba, iba a eliminar del mercado aquellas variedades que no se ajustaran a la norma y, a su vez, favorecer el consumo de las frutas de mejor calidad. Incluso avanzó sobre un intento de denominación de origen a través de un etiquetado específico (“Provincia de Mendoza” y el departamento de origen y del productor). Ajustada a través de sucesivas disposiciones reglamentarias conforme lo demandaba la experiencia, otorgó un lugar pionero a la administración pública provincial, puesto que similar norma de alcance nacional fue proyectada en varias oportunidades, pero nunca sancionada, al menos en el período en estudio.

Aportó, así, un primer marco regulatorio para un sector productivo que cobraba trascendencia y movilizaba recursos puesto que atendía a un conjunto de necesidades emanadas de la organización de la producción y comercialización. En efecto, puso énfasis en cuatro aspectos concatenados: asistencia técnica para la prevención y tratamiento de plagas (a través de créditos) (Hirschegger, 2018, pp. 111-134), control de la producción, uniformidad del embalaje y organización comercial, pues la atención de estas cuestiones redundaría en “la clasificación perfecta y una presentación impecable que constituya una garantía para el comprador” (Provincia de Mendoza, 1937, p. 95). Así, lo había anticipado el gobernador Guillermo Cano en diversas oportunidades:

Lucha colectiva contra las enfermedades y estaciones cooperativas de empaque son dos elementos que la fruticultura mendocina necesita para subsistir y que este gobierno tiene el firme propósito de implantar […] Fomentando el establecimiento o instalando directamente estaciones de empaque modernos, regionales, donde todos tengan la oportunidad de acondicionar su producción en forma impecable (Boletín Agrícola, Mendoza, –en adelante BA–, 1935, 20, p. 9).

Estos postulados demuestran los objetivos estatales de regular y organizar no solo la producción y comercialización frutícola sino también avanzar sobre la prestación de los servicios, en donde ya operaban empresarios frutícolas locales –como se observará en el capítulo siguiente– y agentes extraprovinciales (intermediarios, el ferrocarril BAP, capitales extranjeros). Para lograrlo, la ley propiciaba el financiamiento “[…] de cooperativas de empaque… para que aún los pequeños productores [una parte importante de la cadena] puedan adecuarse a la estandarización de la producción” (Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 21 de enero de 1936)[5]. La propuesta de organizar ese tipo de instalaciones fue considerada como un “verdadero factor de adelanto y progreso en fruticultura” (RCFA, 1935, 1, p. 32)[6] y sucedida por una intensa discursividad sobre su conveniencia para avanzar en la sanidad, uniformidad, acondicionamiento y presentación de la producción, requisitos demandados por los consignatarios.

Sin embargo, no tuvo repercusión entre los empresarios que ya contaban con plantas propias, ni entre los productores, quizá por las dificultades de consensuar criterios en torno a la formación de la cooperativa. Finalmente, se concretó un llamado a licitación para construir una estación de empaque, en 1936[7], que fue ganada por la empresa norteamericana Casprayco (California Spray Company Argentine) en un probable intento por competir con su par inglesa, Argentine Fruit Distributors, instalada en San Rafael. Finalmente, la firma estadounidense no concretó el proyecto.

Otro de los objetivos de dicha ley fue controlar las condiciones de higiene y genuinidad de la fruta, en cualquiera de sus formas: fresca, seca (nueces, almendras, avellanas), desecada (duraznos, ciruelas, peras, manzanas) o conserva, con envases que indicaran la procedencia y el departamento de origen y del productor. Para implementarlo, la Dirección de Fomento Agrícola e Industrial, en primer lugar, conformó una sección de Inspección y Control de Futas, con equipos técnicos en las zonas productoras y de expedición, y registros de fruticultores/exportadores, difundidos en diversos medios locales. Las plantillas de inspectores eran conformadas anualmente con personal técnico y administrativo durante la temporada de mayor tráfico (BOPM, Dtos. 257 y 476, 30 de junio de 1936 y 14 de noviembre de 1936). Las mayores infracciones tenían que ver con anomalías en la registración del productor –condición necesaria para comercializar la fruta– e incumplimiento de la norma de “cajón perdido” (1937)[8]. Con posterioridad, se dictaron reglamentaciones que especificaban el material y tamaño de los cajones de acuerdo con el mercado local o extranjero y diferenciaciones respecto de si las variedades de fruta eran comunes o finas (Extra Fancy, Fancy –para exportación–, Choice y Estándar –para mercado interno y con menores requerimientos técnicos en cuanto a preparación y presentación–). Más tarde, en 1938, el decreto 496 –tributario de la ley 1165– extendió controles en los establecimientos de producción y empaque, vehículos de transporte, estaciones de embarque, y, lo más novedoso, avanzó sobre viveros y secaderos. Este énfasis respondía a las sostenidas demandas de un grupo de empresarios exportadores, acerca de implementar controles –o hacer más eficientes los existentes– en las zonas productoras antes de que la fruta llegara al puerto, de modo de evitar la salida de mercadería en condiciones deficientes[9]. También se estableció una tasa de inspección provincial para la fruta comercializada en el mercado interno, con excepción de la producción para exportación puesto pagaba una tasa similar de jurisdicción nacional (BOPM, 15 de febrero y 27 de junio de 1936). En este proceso, el incremento de la producción de frutales habría significado una nueva fuente de recursos fiscales.

Por otra parte, la normativa preveía créditos para la adquisición de pulverizadores[10] e insumos –generalmente importados– para el control de plagas, que puede entenderse como una respuesta al petitorio de la Cámara de Comercio, Producción y Agricultura de San Rafael para suprimir derechos aduaneros sobre productos químicos (Victoria, Mendoza, 27 de octubre de 1934, p. 6). Con respecto a este sistema crediticio, tuvo una exigua demanda, por un lado, por las disposiciones formales a las que no muchos aplicaban (plantaciones en plena producción; garantía prendaria, arrendamiento no menor a 4 años, entre otros) y por el otro, que estos equipos se vendían en comercios locales, introductores de insumos y equipamientos de fabricación nacional e importada, que financiaban la compra con menores requisitos[11]. A su vez, también ya se registraban casos de fabricación local[12].

De modo que la ley 1165 inauguró un período de implementación de controles y reglamentaciones que se profundizó de la mano del crecimiento de las hectáreas cultivadas con frutales y de la comercialización de su producción. El Estado funcionó más como regulador que promotor del sector, dado que estas medidas se adoptaron para organizar y controlar una actividad que entraba en una etapa de expansión. Como producto del incremento notable de la materia prima, estas políticas oscilaron entre la reglamentación de la producción con vistas a hacerla competitiva en un escenario con producciones similares (del Delta del Tigre, Patagonia argentina y desecados importados) y la promoción de industrias, con vistas a procesar el excedente que no se podía comercializar. Para el primer caso, la aplicación de criterios técnicos fue, además, una consecuencia de la complejización estatal burocrática (contratación de expertos, elaboración de información estadística, refuncionalización y especialización de dependencias) que caracterizó a estas administraciones para responder a diversas demandas de un sector productivo atravesado por crisis, pero a su vez en proceso de transformación.

Es oportuno señalar que la búsqueda de respuestas estatales a los requerimientos del sector trascendió el ámbito provincial y estimuló la presentación de diversos proyectos de ley en el ámbito nacional (Ospital, 2013). En febrero de 1938 los diputados mendocinos Rodolfo Corominas Segura y Raúl Godoy presentaron un proyecto para crear una red de galpones de empaque y frigoríficos (cinco en zonas frutícolas y tres en zonas de embarque)[13] (Archivo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Patrimonio Legislativo (en adelante HCDN.PL), Expediente (Exp.) 312-d-1938). Se apuntaba a canalizar una demanda sobre la instalación de frigoríficos en distintas provincias para ampliar el mercado –concentrado en el principalmente en Buenos Aires–, garantizar la conservación y distribución de frutas por todo el país (V, 9 de mayo de 1936) y, así, equilibrar la producción a la demanda. De modo que el interés estatal en este tipo de instalaciones se asocia a la función regulatoria de una oferta creciente frente a una demanda que no seguía igual ritmo. Preveía también la creación de oficinas de estadística, de asesoramiento técnico, escuelas de empaquetadores y obreros especializados. En sintonía con la legislación mendocina consideraba que “[…] el Estado no solo debe estimular, sino que debe –como ya lo ha hecho– obligar al productor a cuidar el correcto empaquetamiento, para salvaguardar el prestigio de la producción argentina” (LA, 30 de enero de 1938). Este proyecto no alcanzó discusión parlamentaria.

En junio de ese año, el empresario azucarero y diputado nacional por Tucumán Simón Padrós (Partido Demócrata)[14] presentó uno similar sobre creación de frigoríficos regionales[15], con vistas a controlar eventuales sobreproducciones. Según la propuesta, Cuyo sería la región más beneficiada, con cuatro de estos establecimientos en Mendoza (San Rafael, Tunuyán, San Martín y Ciudad de Mendoza con capacidad de 100.000 cajones de 20kg) y uno en San Juan, dos para Río Negro y Buenos Aires (Tigre). Esto animó el respaldo de productores de todo el país, por ejemplo, en Mendoza se organizó una comisión para solicitar la pronta sanción[16]. Hasta el momento no encontramos la discusión parlamentaria del proyecto. Dilación que podría explicarse bajo dos supuestos: la provisión de este servicio estaba monopolizada por una red de consignatarios nacionales y empresas extranjeras concentrada en Capital Federal (22) y provincia de Buenos Aires (7) (HCDN.PL, Exp. 312-d-1938, p. 53), reticente a la intervención estatal, tal como se expresó en diversas oportunidades la Corporación Frutícola Argentina, entidad que nucleaba a estos agentes. Los mencionados proyectos podrían romper ese monopolio puesto impulsaban la construcción de frigoríficos en diversos puntos del país, ampliando así la oferta del servicio y evitando que Buenos Aires fuera el paso obligado de toda la fruta. Incluso, la ampliación de la red vial significaba la conexión con aquellas localidades no abastecidas de modo directo por el ferrocarril. Por otro lado, debe tomarse en cuenta la onerosa inversión que significaba para las administraciones provinciales la compra de equipos de refrigeración importados, aún más en el contexto bélico mundial. Casi en simultáneo se presentó otro proyecto que ampliaba el número de frigoríficos y consideraba la construcción de galpones de empaque cooperativos, como una alternativa a las compañías ferroviarias que compraban la producción a los fruticultores netos. Se fundamentaba que los galpones organizados bajo esa modalidad iban a ser un instrumento para evitar legislaciones que restringieran la compra de fruta o fijaran precios mínimos, así como un instrumento antidumping (HCDN.PL., Exp. 312-d-1938, p. 3). Por último, hacia 1941 estaba en discusión el proyecto del diputado radical por Mendoza Edmundo Leopoldo Zara (HCDN.PL., Exp. 505-d-1938), con el objetivo de organizar la producción de frutas “[…] que no puede librarse exclusivamente a los particulares… porque ya en algunos casos nos han demostrado su falta de conocimiento cabal de los factores que intervienen para ello” (Victoria, 15 de junio de 1940). Ninguno de estos proyectos se concretó, pero son reflejo del interés estatal en avanzar sobre la prestación de un servicio para un amplio sector productivo. Finalmente, al menos para el caso local, la oferta de refrigeración continuó en manos privadas: en 1945 se instaló el frigorífico Aconcagua S.A. (departamento Godoy Cruz, en las inmediaciones de la estación ferroviaria), bajo la dirección del empresario y exportador frutícola vinculado al gobierno provincial Bruno Della Santa, con capacidad de un millón de cajones (Marzo e Inchauspe, 1947, p. 468), lo que implicaba concentrar buena parte de la prestación del servicio.

Las demandas de la fruticultura y sus efectos multiplicadores

La dinamización de la fruticultura de la mano de la comercialización de la fruta en fresco generó nuevas demandas de bienes y servicios (de acondicionamiento, de cajones, de traslado, de refrigeración), tal como presentamos en el siguiente esquema. Firmas nacionales y extranjeras, así como empresarios locales se involucraron en la atención de esas demandas. En ese contexto, la radicación local de compañías extranjeras puede tomarse como un indicador de los eslabonamientos que generaba el sector.

Figura 1: Cadena de producción y comercialización de la fruticultura

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Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, la formación de montes frutales especializados requirió tareas de experimentación, primero, y distribución, después, de variedades frutales aptas a las condiciones ambientales. Esto motorizó la instalación de viveros, privados –tal el caso de la firma nacional Costantini e hijos (en Luján y San Carlos)[17] y de fruticultores locales que conformaron viveros para abastecimiento propio y de terceros[18]– y estatales, para selección y ventas de semillas e insumos agrícolas. Desde el punto de vista técnico, estos establecimientos eran funcionales a una fruticultura que respondiera a estándares de tipificación varietal, sanitarios y de las demandas de los consumidores. Otro de los agentes que formó parte activa de este proceso fue el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, no solo porque concentró el traslado de la mercadería desde la principal zona productora (Sur provincial) sino también como experimentador y difusor de técnicas novedosas que periódicamente eran divulgadas en su revista mensual.

Por su parte, los insumos químicos para la prevención y control de plagas eran provistos por laboratorios especializados radicados en Capital Federal –como Bayer– cuyos productos distribuían representantes comerciales locales ya instalados en la provincia, puesto que abastecían a la vitivinicultura y otras especializadas en la industria de conservas. Pero es importante destacar que esta demanda estimuló, luego, la llegada de capitales extranjeros a la provincia (Duperial), en el marco de la expansión de la industria química nacional a partir de inversiones extranjeras en el país. La multinacional de origen británico, ubicada en Palmira (San Martín) desde la década de 1940 fabricó insumos químicos para industrias de alimentos y bebidas, siendo su principal producto el ácido tartárico[19] (para vinificación).

En forma complementaria, se requirieron vagones refrigerados, debido a que las altas temperaturas del verano mendocino atentaban contra la adecuada conservación de un producto altamente perecedero. En el caso local, entre 1931 y 1943 solo funcionaron dos frigoríficos. El primero, en la Ciudad de Mendoza, era gestionado por la Asociación de Exportadores de Uva y el BAP. Su capacidad de 44000 cajones estaba lejos de cubrir la creciente demanda de este servicio. De modo que el ferrocarril fue un agente clave para el desarrollo de la industria del frío en Mendoza, aplicada a las demandas de la producción frutícola. Más tarde, el mencionado frigorífico Aconcagua (Godoy Cruz) abría ampliado la oferta para los productores del Oasis Norte. Por su parte, solo algunos empresarios contaban con cámaras de pre-enfriamiento propias para conservar la fruta por un lapso reducido[20], con lo cual se evidencia la deficiencia en la cobertura de este servicio y se justifican los proyectos legislativos para atender esa demanda.

La distribución de la fruta fue la etapa que más servicios movilizó. La demanda de cajones madera se vio impulsada por los requerimientos de traslado de un volumen creciente de frutas pero también por la mencionada disposición estatal que obligaba a utilizar solo una vez cada cajón, con vistas a evitar la propagación de plagas. Vale destacar el fomento estatal al cultivo de árboles con destino industrial (Ley 1008 y Dto. 196/13 de agosto de 1935[21]) que significó el notorio incremento de las plantaciones forestales: de solo 300.000 árboles registrados en 1932 se superó el millar anual, al menos durante el período de estudio (Provincia de Mendoza, 1942, pp. 35-36). Asociado a ello, la mecanización de aserraderos para surtir los crecientes envíos[22]. Hacia 1939, poco más de 50 establecimientos fabricaban cajones “fruteros”, dando trabajo a 400 operarios y con alrededor de 800 motores eléctricos, datos que solo eran superados por la provincia de Buenos Aires (República Argentina, 1942, p. 276). Para abastecer esta demanda también se registran casos de integración hacia adelante, como el aserradero y fábrica de cajones “El Escorial”, inaugurado en 1933 en el sur provincial por los fruticultores W. de Jong y Canale (LA, 1 de enero de 1934).

Imagen 2 y 3: Insumos para el sector frutícola

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Fuente: Los Andes, 1934; Revista de la Corporación Frutícola Argentina, 1942.

La reconstrucción presentada aporta un panorama preliminar de la transformación del escenario económico en la provincia compuesto, por un lado, por empresarios y viñateros que intentaban sortear la larga coyuntura crítica al amparo estatal; y por el otro, empresarios locales, grupos económicos y agentes extraprovinciales proveedores de bienes y servicios que se interrelacionaron de modo variable entre sí y habrían conformado un tejido productivo para abastecer las nuevas demandas e otorgar soluciones novedosas a los primeros problemas que implicaba esa transformación.

Del auge frutícola al mercado “saturado” (1939-1941)

Es conocido el descenso de exportaciones por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de comercio exterior y las consecuencias en la actividad interna, entre ellas, la acumulación de productos y la profundización de medidas de corto plazo (como la compra de cosechas) (Gerchunoff y Llach, 2003). En ese marco, a partir de 1939 se agudizaron las complicaciones para la colocación de la fruta, en especial de peras y manzanas, por la entrada en producción de los frutales y el cierre de los mercados extranjeros que eran surtidos por las frutas patagónicas. Bajo estas circunstancias, el gobierno provincial y asociaciones empresarias locales ensayaron iniciativas para fijar un precio mínimo y colocar la fruta mendocina en un mercado saturado. Los instrumentos para sortear esas dificultades fueron poco novedosos: por un lado, un marcado discurso acerca de la necesidad de eliminar la figura de los intermediarios (“parásitos”) para reducir costos y con ello acrecentar las posibilidades de venta, y, por el otro, la formación de cooperativas de venta bajo tutela estatal, lo cual supondría otra modalidad de regulación, en la que intervinieron las jurisdicciones provincial y nacional. Otra iniciativa procuró nuclear a productores netos y empresarios integrados, tal como se analizará en el siguiente capítulo.

Hacia 1939, bajo un pronóstico de sobreproducción de peras variedad Williams, el gobierno provincial firmó un convenio con la Sociedad de Agentes Distribuidores de Frutas Argentinas (SAFDA) (BOPM, Dto. 1022, 14 de diciembre de 1938; Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1941, p. 341) para vender frutas a un precio más barato. La Sociedad tenía amplia experiencia en la comercialización de la fruta del Alto Valle de Río Negro. Además, desde 1938, controlaba el Frigorífico “Los Cuatreros” en el Puerto Galván (Bahía Blanca). Es probable que el gobierno provincial viera en esta vinculación la posibilidad de exportar parte de la producción. La iniciativa se sustentaba en el intento de la Sociedad por avanzar en la representación comercial de productores mendocinos y se esperaba incrementar la venta de fruta entre sectores populares. Sin embargo, resultó fallida por numerosos motivos, por un lado, la baja aceptación de las variedades de peras y el incumplimiento en el precio de referencia (20 centavos por kg) (V, 18 de marzo de 1939). Varios empresarios manifestaron su disconformidad por la intervención del estado en la formación de precios. Al respecto en una entrevista realizada al empresario frutícola Güerino Spina declaró: “[…] todo lo que tienda a disminuir los precios reduce la capacidad de adquisición que necesariamente debe crear toda actividad útil […] Abaratando la fruta lo que queda al productor margina utilidad alguna, de manera que en realidad tendría que sacrificarse debiera ser la tarifa de transporte” (RCFA, 1939, 50, p. 20). De modo que esta iniciativa marcó un punto de tensión con los productores y consignatarios acerca de la regulación de precios mínimos. A su vez, se superpuso con un plan similar, organizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación que apuntaba a igual objetivo de regular un precio promedio de la fruta pero distribuyéndola en “localidades del interior del país” (V, 28 de enero de 1939, p. 4) vinculadas por el ferrocarril.

En 1941, ante similar coyuntura, la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola intervino en la comercialización de la fruta, participando esta vez como intermediaria. Para que el plan prosperara calculaba reunir al 30% de la producción de esa temporada, y para lograrlo, se formó una comisión ad hoc integrada por los fruticultores Manuel Ruano, Augusto Armani, Francisco Reina, Emilio Roby y Carlos Steindl (LA, 16 de enero de 1941), es decir, empresarios locales –los cuatro primeros vitivinícolas– con amplio conocimiento de los circuitos comerciales. El plan fue complementado por tarifas diferenciales del BAP para peras Williams (RBAP, 1941, 279, p. 30), mientras que el gobierno gestionaría descuentos en el traslado y el permiso para utilizar cajones fruteros de retorno con vistas a abaratar costos. Sin embargo, escasos productores se plegaron a la propuesta (LA, 27 de enero de 1941; V, 15 de febrero de 1941). Esto se explicaría por el pésimo antecedente de la acción conjunta con SAFDA y la posibilidad de colocar en mejores condiciones la fruta, acordando para ello en forma directa con mayoristas de las grandes metrópolis. En efecto, algunos productores manifestaban que preferían vender su cosecha a mayoristas de “la Capital, aún cuando reciba en cambio precios menores” (Wetzler, 1942, p. 116) por las dificultades para negociar con diversos compradores de otras localidades y ante la falta de frigoríficos en las zonas productoras. En este sentido, la vinculación con consignatarios y representantes comerciales en el mercado mayorista resultaba crucial para garantizar la venta, puesto que disponían de un elemento del que carecían los productores y gobierno local: información actualizada y privilegiada para operar comercialmente.

En forma complementaria, desde el Ministerio de Agricultura de la Nación se avanzó en medidas sobre selección de calidad de peras y venta de frutas a precios económicos (RBAP, 1941, 281, pp. 8-9). No obstante, las contingencias climáticas que afectaron a la provincia en diciembre de 1942, al año siguiente continuaron los problemas para la colocación de la fruta. En ese contexto, el Estado nacional, a través de la Dirección de Frutas, inauguró una política de control de precios de la fruta, generando con ello el desacuerdo de los empresarios locales.

Esta superposición de iniciativas entre el Estado nacional y provincial indicaría un conflicto de intereses por controlar una importante franja de la comercialización. Finalmente, intervino el Ministerio de Agricultura de la Nación estableciendo que las actividades de comprador y consignatario eran incompatibles (BORA, Dto. 17115, 21 de diciembre de 1941). Esta sucesión de intentos fallidos, además, refuerza el supuesto de que serían más rentables los convenios de venta con consignatarios metropolitanos, así como los conflictos sectoriales entre los estados provinciales, productores regionales e intermediarios para controlar el mercado de ventas frutícola a escala nacional (V, 13 de agosto de 1938, p. 6). En efecto, la Corporación Frutícola Argentina cuestionó en múltiples oportunidades la intervención del Estado en la organización del comercio frutícola así como la regulación de la distribución, control de cambios para exportación, fijación de precios máximos a la fruta (BORA, Dto. 118.913, mayo de 1942)[23]. En efecto, los intermediarios y consignatarios cuestionaban estas iniciativas estatales su grado de injerencia en la producción: “[…] el fruticultor carece de fe en la intervención estatal, en los organismos encargados de negociarle la fruta […] Esta clásica desconfianza en una “burocracia lerda e incompetente es el principal factor de alejamiento de los intereses particulares cuando interfiere el Estado entre ellos y el mercado[24].

Conclusión

La década de 1930 coincidió con una etapa de reconstrucción y reconfiguración de la economía provincial, al amparo de una dirigencia de corte conservador en materia política y bajo una nueva orientación económica del Estado (dirigista/regulador). Una de las manifestaciones de ese proceso fue la expansión de la fruticultura, como respuesta a la combinación de programas regulatorios nutridos por el Estado nacional e inversiones empresariales, de procedencia local, nacional y extranjera con un doble objetivo: uno, poner en producción amplios espacios y, el otro, satisfacer las nuevas demandas y servicios que generaba la actividad. Esos derroteros resultan indicativos del dinamismo del sector, así como también de la paulatina transformación de la matriz productiva, mediante el florecimiento de actividades agroindustriales que iban a complementar a la vitivinicultura y que hasta entonces habían tenido un desempeño muy acotado.

Atento a los desafíos que imponían el sector y el grado de competitividad en un mercado altamente concentrado, el Estado provincial aplicó instrumentos para el mejoramiento técnico de toda la cadena productiva. Principalmente, se enfocó en el fortalecimiento de la comercialización de las variedades en los mercados más tradicionales y en la apertura a nuevos destinos. En esa alternancia de iniciativas detectamos, por un lado, la superposición con medidas impulsadas desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, así como también, la búsqueda de consenso entre los empresarios que lideraban el sector.

Finalmente, la concreción de esas iniciativas estuvo supeditada a factores técnicos y extrarregionalas entre los que se destacaba las dificultades para insertarse en el mercado de comercialización, concentrado en el litoral argentino por la infraestructura de comunicaciones, primero, ferroviaria y, luego, caminera; pero también por la disponibilidad en esa zona de tecnologías de refrigeración. Se identificaron, asimismo, la pluralidad de actores que participaron de la inserción de la fruticultura mendocina en el mercado nacional, aún con las dificultades señaladas esos derroteros son indicativos del crecimiento del sector.

De modo que esta dinámica introdujo nuevas posibilidades para el escenario agroindustrial, pero también problemas específicos que animaron la formación de entidades sectoriales para dar voz a esas dificultades, como se desarrolla en el siguiente capítulo.

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  1. Investigación desarrollada en el marco del PIP CONICET Agentes estatales, trabajadores y empresarios en las transformaciones políticas, económico-sociales y territoriales en la provincia de Mendoza entre el lencinismo y los albores del peronismo.
  2. Solo a modo de ejemplo, el exportador de uvas Manuel Ruano, en Tunuyán (Archivo General de la Provincia de Mendoza. Protocolo notarial 2938 –Álvarez–, esc. 87, 20-8-1934, f. 348); el bodeguero Elías Villanueva (48 ha, San Carlos) (PN 3402 –Correas–, esc. 193, 7-11-1939, f. 692-700v).
  3. Esta organización resultaba tributaria de administraciones previas (1918-1928). Durante la primera gobernación lencinista se creó una dependencia que, aunque con resultados modestos, estudió el aprovechamiento de la tierra de acuerdo con las condiciones naturales de cada subzona, de modo de emprender científicamente la diversificación agrícola con productos de calidad. También se perfeccionó el sistema de riego. (Rodríguez Vázquez, 2016b). Al asumir su cargo, Romero Day explicitó que el programa del ministerio apuntaba no solo a la regulación de la vitivinicultura sino también al fomento de las industrias derivadas de ella y de la fruticultura, es decir, que continuaba con el programa anterior.
  4. Por ejemplo, mediante la ley nacional 11.643 (1932) en varias provincias del Oeste argentino se distribuyeron plantas de olivos para impulsar la elaboración de aceite (Olivera, 2001).
  5. Las estaciones de selección y empaque de base cooperativa, habían sido impulsadas por primera vez en 1934 cuando Videla presentó un proyecto para entregar primas de $10.000 para su construcción. Provincia de Mendoza, 1938.
  6. Además de la entidad nacional, reputados agrónomos, por caso, Adrian Olliver, expresaron su acuerdo (BAP, 1935, 206; LA, 1 de enero de 1936).
  7. Los recursos provendrían, en parte, de los productores que pagarían 20 centavos por cajones de manzana y pera para exportar (calidad superior e inferior), y 5 centavos los cajones de durazno para el mercado interno. Cuando los ingresos acumularan un 60% de participación en el capital conformarían una sociedad con el concesionario. Finalmente, cuando cancelaran el total de la inversión, iban a formar una cooperativa. (BOPM, Dtos. 21 de enero de 1936,15 de febrero de 1936,17 de octubre de 1936).
  8. Normativa del Ministerio de Agricultura de la Nación que disponía la no reutilización y destrucción de los cajones que trasladaban frutas de pepita y de carozo, a fin de controlar la propagación de plagas (Boletín Oficial de la República Argentina –en adelante BORA–, Dto. 100.143, 9 de febrero de 1937). Si bien hay antecedentes de esta reglamentación desde 1933, solo a partir del mencionado decreto se aplicó de modo integral a todas las variedades y tipos de frutas de distintas regiones del país. Fue resistida por los productores de todo el país puesto que implicaba mayores costos. Incluso en 1940 el Estado provincial solicitó que no se aplicara, excepción que no fue concedida.
  9. “El trabajo de inspección en el puerto debería concretarse en el control de certificados de origen; pero para esto es indispensable que las inspecciones en las zonas de producción se efectúen en la forma más completa, empezando por los cultivos y continuando hasta el empaque”. Informe presentado por el empresario-exportador de uvas Manuel Ruano –delegado de la Sociedad Frutícola de Mendoza– al Ministerio de Agricultura (Reproducido parcialmente en LA, 12 de julio de 1934, p. 5).
  10. La difusión de estos equipos fue complementada con la elaboración de calendarios de pulverizaciones, de acuerdo con la plaga y el tipo de frutal. En 1938, el Banco de la Nación otorgó créditos similares, de hasta $3000, a tres años, con un interés del 5 ½% anual (V, julio de 1938).
  11. La difusión de estos equipos puede considerarse como una novedad pues una publicidad de la firma importadora informaba quiénes eran los productores mendocinos que las habían adquirido (LA, 9 de julio de 1936).
  12. A modo de ejemplo, en 1934, el taller de Luis Bucolini (Maipú) ofertaba un pulverizador para líquidos de doble acción, cuyo costo era mucho menor que los similares importados (V, 15 de septiembre de 1934).
  13. Para el caso patagónico, la integración de las cámaras frigoríficas con los galpones de empaque se habría producido en la década de 1970 (Miralles, 2015, p. 169)
  14. Padrós tenía un amplio conocimiento del mercado nacional y profundas vinculaciones con empresarios de distintas ramas a partir de su desempeño en la industria azucarera, y luego, en la química (Atanor).
  15. Inspirado en el modelo norteamericano, la construcción de frigoríficos regionales apuntaba al preenfriamiento en origen de las partidas.
  16. Integraron la Comisión Sociedad de Exportadores de Fruta Fresca de Mendoza, Rotary Club, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Unión Agrícola e Industrial de San Rafael, Cooperativa Frutícola de Tunuyán. (LA, 25 de agosto de 1938). Varios productores del Sur enviaron telegramas de adhesión al proyecto y solicitando su pronto tratamiento, bajo el argumento de que la instalación de un frigorífico evitaría los desajustes en la colocación de la pera variedad Williams. Productores de Neuquén y Río Negro se manifestaron en la misma dirección. (HCDN.PL., ExpS. 1049-p-1938, 1656-p-1938).
  17. El vivero de Luis Costantini lideró la distribución de semillas y plantas, en el país y en la región. Hacia 1934 empresas radicadas en la Patagonia (Rossaner) también intentaron instalarse en la provincia, aunque sin éxito (V, 28 de abril de 1934). En 1936 la firma metropolitana compró terrenos en el Valle de Uco, en un probable intento de integrarse en la fase primaria de la actividad.
  18. Establecimiento frutícolo y vivero de los Hnos. Polimeni & Maida (Las Heras). (LA, 9 de septiembre de 1939). Esta práctica se hizo extensiva en la década de 1940 y se avanzó, así, en un servicio que solo habían prestado las dependencias estales y empresas ferroviarias (BA, 1943, XI).
  19. Firma multinacional (alianza de British Imperial Chemical Industries, la americana DuPont y Anilinas Alemanas) que representó un caso de empresas conjuntas que operó en el país desde 1939 (Lanciotti y Lluch, 2015, p. 193). Luego de un fallido antecedente de producción local de ácido tartárico, fue la primera fábrica de tartárico con continuidad operativa hasta la actualidad. Su producción es acompañada actualmente por la de otros establecimientos, puestos en marcha en décadas posteriores, uno de ellos, Orandi y Massera (1968) (Pérez Romagnoli, 2006).
  20. Información proporcionada por Rafael e Ignacio Reina en entrevista realizada el 13 de febrero de 2020.
  21. Establecía la distribución de estacas de álamos destinados a la fabricación de cajones fruteros.
  22. El industrial José García, luego de instalar una fábrica de conservas, incorporó también la fabricación de cajones para traslado de frutas, con madera importada desde Chile. Abastecía la demanda propia y de terceros. V, 13 de abril de 1935. La firma fue adquirida en 1939 por Miguel Miranda, industrial de capital nacional que ya había invertido en fábricas de tomate en el Sur de la provincia. Disponía, además, de fábrica de envases de hojalata en Capital Federal (V, 2-12-1939). Sus inversiones revelaron el alto grado de diversificación puesto que elaboraba leche, tomate, fécula, papa y, además, era propietario de una litografía (LA, 1 de enero de 1942, p. 4).
  23. Una síntesis de esta postura y sus argumentos puede consultarse en RCFA, 1941, 79, pp. 13-15.
  24. El plan de emergencia fue enérgicamente cuestionado por la prensa local (La Libertad, 28 de enero de 1941) y nacional, tal el caso de La Prensa (8 de febrero de 1941) que tituló “El fracaso aleccionador del plan oficial”. La RCFA (1941, 73) adoptó igual línea editorial. La entidad, además, criticó las políticas de control de cambio por considerar que afectaban la exportación de frutas.


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