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5 Entidades empresarias
en la fruticultura mendocina[1]

Entre el asociativismo y la intervención estatal (1938-1943)

Ana Laura Silva

Introducción

Como se explicó en el capítulo anterior, la actividad frutícola en la provincia creció producto de la diversificación productiva que se llevó a cabo durante la década de 1920 y se consolidó a partir de la década de 1930. Pero esta dinamización no estuvo exenta de dificultades para conservación y distribución de la producción. Por entonces, los gobiernos de turno recurrieron a una mayor intervención del Estado en la regulación y la orientación de la economía como un modo de paliar los efectos adversos de la crisis de esa década (Ospital, 2013a) y posteriormente, frente a los cierres de mercados y las dificultades para exportar durante la Segunda Guerra Mundial (Bandieri y Blanco, 1191, pp. 127-142).

El objetivo de este capítulo es detectar los principales actores económicos nucleados en torno a la fruticultura regional y, en forma complementaria, conocer el fenómeno asociativo, surgido como consecuencia de la consolidación espacial y comercial de la fruticultura. En virtud de lo expuesto, nos preguntamos ¿se conformaron asociaciones representativas de sus problemas particulares?, ¿cuáles eran sus intereses y demandas?, ¿se comportaban como un bloque homogéneo o había fisuras en sus reclamos?, y, por último, ¿había actores con presencia en distintos sectores productivos?

Estos interrogantes surgen de una numerosa evidencia empírica que demuestra que, en Mendoza, desde finales de la década de 1920 y con mayor intensidad en los años ’30 se multiplicaron las entidades con orientación frutícola, de distinto alcance. Esto nos conduce a preguntarnos si la nueva agroindustria nacía con dificultades de representación. En efecto, la simultaneidad de estas indicaría intereses contrapuestos o, al menos, fragmentarios, que responderían a dos elementos vinculados, por un lado, el lugar que ocupaban los representantes de estas entidades en la estructura productiva, y seguidamente, en la procedencia microrregional. Esta multiplicidad de intereses, así como las crecientes dificultades para la colocación de la producción habrían generado una primera respuesta estatal: la formación de la Corporación Mixta de Fruticultores, considerada una de las primeras empresas públicas agroindustriales en la provincia (Olguín, 2015, pp. 342-374). Este capítulo enriquece ese abordaje, a través de la reconstrucción de los actores involucrados y las motivaciones que llevaron a crearla.

La perspectiva propuesta se nutre en primer lugar de los aportes historiográficos sobre entidades asociativas de diverso tipo (cooperativas, corporaciones, sociedades rurales, uniones industriales) (Olivera, 2006; Girbal-Blacha y Mendonca, 2013) que vinculan su surgimiento a períodos críticos de la economía, durante los cuales las estrategias asociativas incrementaban las posibilidades de imponer sus demandas y/o demostrar sus intereses específicos en función del sector productivo o –producción regional– que representaran (Lenis, 2016). También, han dado cuenta de las sinuosas y cambiantes relaciones que establecían con el Estado en cada período (interventor, regulador, de bienestar), consolidándose los discursos acerca de una mayor intervención estatal en períodos críticos y, por el contrario, de retracción de esa política en etapas de prosperidad. Esta multiplicidad de enfoques coincide en que la participación de empresarios y productores, agrícolas o industriales en estas entidades fue una instancia decisiva para incidir en el diseño de políticas públicas, tendencia que se consolidó hacia la década de 1930, en el marco de una mayor intervención y regulación estatal, y se enfatizó durante el denominado primer peronismo. Asimismo, señalan la heterogeneidad de objetivos e intereses de estas entidades, que lejos de operar en forma compacta, reflejan tensiones, por ejemplo, por los diversos grados de representatividad de cada uno de los sectores que componen las cadenas productivas.

Desde una perspectiva regional, la problemática registra antecedentes en las experiencias que nuclearon a bodegueros y viñateros (Barrio, 2005, pp. 31-70; Bragoni, Mateu, Olguín y Mellado, 2011, pp. 255-178; Ospital, 2013b, pp. 21-36; Mateu, 2014), caracterizadas por la dispersión de intereses en los diferentes actores de la cadena, lo que replicaba en una superposición de entidades locales (Viñateros del Este, Bodegueros Trasladistas, Centro de Bodegueros, entre otros) con dificultades para integrarse con el Centro Vitivinícola Nacional, abocado a la representación de los bodegueros de todas las zonas productoras, los comerciantes y consignatarios. Sin embargo, menor es la atención prestada a las numerosas entidades frutícolas de base regional y nacional. Sabemos que el florecimiento de estas organizaciones no fue privativo del sector o la provincia, sino un fenómeno frecuente desde la primera mitad del siglo XX, pero en el caso de la fruticultura mendocina se puede relacionar con lo señalado por Carini (2015, p. 109) acerca de la organización del empresariado rural en espacios que hasta el momento no habían contado con representación se tradujo y en una proliferación de asociaciones de productores con escaso poder y predicamento.

En virtud de lo expuesto, en este capítulo presentamos un panorama general de las diversas entidades empresarias que convivieron en las décadas de 1920 y 1930, y cuyo complejo funcionamiento devino en un intento estatal por concentrar a todos los actores del sector en una entidad pública: la Corporación Mixta de Fruticultores de Mendoza (CMFM).

Respecto de la información disponible, es importante comentar que no contamos con estadísticas fidedignas acerca del número de fruticultores en Mendoza. La reconstrucción se ha realizado sobre la base de los registros elaborados ad hoc por el Estado con fines fiscalizadores o donde el fruticultor se anotaba voluntariamente, así como también, listados nominales de productores inscriptos en las exposiciones frutícolas. El otro problema que tenemos es que las discusiones legislativas de la provincia, acerca de la creación de la Corporación, no están disponibles; vacío que se ha salvado a partir de su reproducción parcial en los diarios locales.

Los actores económicos de la cadena frutícola

La participación creciente de diferentes actores dentro de la cadena frutícola, principalmente de productores primarios fue la primera consecuencia de la extensión de cultivos frutales en Mendoza y del incremento de su comercialización para consumo interno y, eventualmente, para la exportación. Sobre esta diferenciación de los subsectores intervinientes en la cadena productiva contamos con la reconstrucción realizada para el caso patagónico (Miralles, 2015).

Respecto de Mendoza (figura 1), hemos detectado los siguientes agentes intervinientes en la producción y comercialización de fruta. En la base, el fruticultor neto[2], es decir, el productor y propietario de explotaciones frutícolas. Si bien aún no disponemos de datos estadísticos completos (cuadro 1), este grupo era el más numeroso respecto de los otros.

Cuadro 1: Provincia de Mendoza. Fruticultores por departamentos y distribución por zonas (1934 y 1940)
Departa­mentos % Total zona

Distribución espacial por zonas

Departa­mentos % Total zona
Ciudad 368
31,70%

Zona Histórica

Cuidad 12 0,90 413
33,8%
Godoy cruz 34 2,90 Godoy cruz 36 2,90
Las Heras 30 2,60 Las Heras 38 3,20
Guaymallén 63 5,40 Guaymallén 95 7,90
Lavalle 11 0,90 Lavalle 17 1,30
Maipú 157 13,60 Maipú 146 11,90
Luján 73 6,30 Luján 69 5,70
Rivadavia 157 13,60 310
26,70%
Rivadavia 151 12,40 313
25,9%
San Martín 41 3,50

 

San Martín 56 4,70
Junín 41 3,50

Oasis Este

Junín 39 3,40
Santa Rosa 61 5,30

 

Santa Rosa 57 4,60
La paz 10 0,80

 

La paz 10 0,80
Tunuyán 63 5,40 123
10,50%

Oasis Centro- Oeste*

Tunuyán 62 5,10 119
9,70%
Tupungato 26 2,20 Tupungato 21 1,70
San Carlos 34 2,90 San Carlos 36 2,90
San Rafael 145 12,60 355
30,10%

 

San Rafael 156 12,80 372
30,6%
General Alvear 201 17,50

Oasis Sur

General Alvear 216 17,80
Malargüe

 

Malargüe
Total 1147 100

 

Total 1217 100

*Más conocido como Valle de Uco.
Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Agrícola –en adelante BA–, Mendoza, 1934, 2 y Guía General de Mendoza, 1940.

Este grupo disponía de menor capital y posibilidades para industrializar y comercializar su producción. Era el eslabón más vulnerable de la cadena productiva puesto que la fruta una vez cosechada entraba rápidamente en descomposición y, sin equipos propios para conservación de la producción, debía pactar con otros agentes. Estos podían ser los distintos tipos de intermediarios, por ejemplo, los consignatarios (que podían ser locales o extrarregionales) y/o los mayoristas ubicados en las principales ciudades del Litoral argentino –Buenos Aires y Rosario– donde funcionaban los mercados de derivación para el resto del país. Los productores primarios también vendían la fruta a empresarios regionales que la empacaban y la comercializaban con marca propia (“Ruano”, “Spina y Armani”); por último, y en menor medida, podían ser adquiridas por los fabricantes de conservas –radicados principalmente en el oasis Norte– y por productores de fruta seca –oasis Sur–. Era frecuente, también, que un fruticultor neto instalara su propio secadero (generalmente artesanal), debido al bajo costo de inversión en bienes de capital que demandaba.

En segundo lugar, estaba el fruticultor relativamente integrado. Era propietario de explotaciones agrícolas, cuya producción seleccionaba y empacaba en establecimientos no mecanizados, y luego distribuía en fresco a partir de un contrato pactado con un intermediario. En varios casos, representaba un avance respecto del fruticultor neto porque incorporaba algún tipo de procesamiento pero no poseía la tecnología del empresario integrado.

Este último empacaba fruta, propia o de terceros, en plantas con grado diverso de automatización. Esto le daba una ventaja competitiva fundamental porque garantizaba el embalaje y etiquetado de grandes volúmenes de fruta, adaptados a las reglamentaciones sanitarias estatales, cuestiones centrales para acceder al mercado de consumo. En forma complementaria, o excluyente, industrializaba (conservas, dulces, jugos). A su vez, estaba estrechamente vinculado con agentes comerciales nacionales –incluso algunos contaban con representantes de ventas exclusivos en Buenos Aires (Victoria, Mendoza, 18 de junio de 1936)– por tanto tenía acceso a mayor información sobre el funcionamiento del mercado.

Figura 1: Actores involucrados en la cadena frutícola

Descripción: Imagen que contiene captura de pantalla  Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2: Provincia de Mendoza. Empresarios frutícolas integrados (1934-1942)

cuadro-2-cap-5_cFuente: Elaboración propia con base en Los Andesen adelante LA–, Mendoza, 18 de marzo de 1934 y Revista de la Corporación Frutícola Argentina en adelante RCFA, Buenos Aires, 1935.

El cuadro 2 presenta a los empresarios frutícolas integrados que hemos identificado, aunque seguramente no eran los únicos. En este registro encontramos al empresario vitivinícola y exportador de frutas Manuel Ruano que, junto a otros como Pedro Benegas, Leoncio Arizu, José B. de San Martín se dedicó al cultivo y exportación de uvas para su consumo en fresco –es decir, no para vinificar–, animados por un contexto internacional que demandaba el producto. Ruano comenzó su actividad económica en la provincia en la firma vitivinícola de Bombal y Melero, en donde accedió a un pequeño capital para comprar explotaciones vitícolas durante la década de 1920. Especializó esos paños con variedades para exportar, principalmente a Estados Unidos, y luego anexó instalaciones de selección y empaque. Esto significó un caso inédito de un empresario que contaba con tecnologías de empaque en varios puntos de la provincia (Rodríguez Vázquez, 2016). Luego, a partir del contexto propicio y las condiciones ambientales idóneas se volcó a la fruticultura, para lo cual invirtió en predios agrícolas y plantas de empaque propias en el Valle de Uco (Tunuyán). Por la calidad de sus producciones obtuvo distinciones en certámenes[3]. Además, invirtió en la construcción de un frigorífico (convirtiéndose en uno de los accionistas mayoritario), que funcionaba en la Ciudad de Mendoza bajo la administración de la Sociedad de Exportadores de Uva de Mendoza[4]de la cual era vocal– y del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Esta pertenencia les garantizaba a los integrantes de la entidad el acceso a la conservación de la producción. Sin embargo, la demanda de frío de uvas para exportación rápidamente saturó la capacidad de este frigorífico, por lo cual otras variedades de fruta en fresco quedaban excluidas de este servicio (LA, 18 de marzo de 1934).

En el Valle de Uco registramos casos de empresarios provenientes de otros sectores de la economía que se incorporaron a la fruticultura mediante una rápida tecnificación. Tal el caso de la firma del empresario constructor Silvestri y Crayón S. A., que hacia 1918 incursionó en la plantación de manzanas y peras, y ciruelas en menor escala, y llegó a explotar hasta 160 has en Tunuyán. Poseía una máquina clasificadora, que separaba las frutas por tamaños, tarea de gran importancia ya que permitía el inmediato empaque de la fruta y evitaba la excesiva manipulación de esta tarea cuando era realizada en forma artesanal. Los cajones eran depositados en el frigorífico que poseía en su propiedad con capacidad para 8000 unidades tipo standard (es decir, destinados al mercado interno), lo que les otorgaba una gran ventaja con respecto a los demás productores. La dedicación de Carlos Silvestri en esta rama de la industria lo llevó a conformar el directorio (presidente) de la Sociedad Frutícola del Valle de Uco, con sede en el departamento donde tenía sus explotaciones. Dicha sociedad se conformó en con los objetivos de “defender los intereses de los fruticultores de la zona y aumentar su cultura agrícola, comercial e industrial” (Rodríguez Vázquez, 2016).

En el Este mendocino se registran trayectorias con un importante y particular grado de integración: por un lado, Spina Hermanos[5] eran productores primarios –con 350 has en Junín y Tunuyán– que abastecían al mercado interno y externo (Brasil) con marca propia “El Cardenal”, y desecaban frutas (Junín). También disponían de aserradero y galpón de empaque y frigorífico propios (LA, 18 de marzo de 1934). Esta empresa se asoció con Augusto Armani[6] en 1935 para la construcción de un frigorífico con capacidad de almacenamiento de hasta 90.000 bultos (Revista Mensual BAPRBAP–, Buenos Aires, 1935, 209, p. 36). La nueva sociedad adquirió también explotaciones en el departamento Tunuyán, donde instaló un secadero. También, alquilaban parte de fincas a terceros donde poseían parrales. La prensa de la época manifiesta que “el volumen de la firma Spina Hermanos y Augusto Armani, es quizás el más importante del mercado de la Argentina y del Brasil” (LA, 18 de marzo de 1934).

La familia Von Der Heyde también se destacó por sus explotaciones agrícolas (vitivini- y fruticultura) en el departamento de Gral. San Martín. Alejandro fue el primero de los Von Der Heydeen radicarse en Mendoza (1890)[7], con el resto de su familia adquirió diversas propiedades en el Este y completó su integración hacia adelante cuando instaló una fábrica de conservas alimenticias, con marca propia Arcanco S. A., en el departamento de Godoy Cruz (Corporación Envasadora Argentina/Argentina Canning Corporation), en 1932-1933, bajo la dirección del agrónomo inglés Federico Howards Mathews. En esta fábrica elaboraban tomate y durazno por temporada y poseían la tecnología necesaria para el envasado y enlatado (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018).

En el caso de los hermanos Víctor y Pedro Denis, su producción se vendía principalmente en fresco, para lo cual instalaron equipos mecánicos de clasificación y se encargaron de capacitar a los obreros en técnicas de empaque (LA, 19 de marzo de 1934). Además, en sus establecimientos construyeron cámaras e instalaciones para la elaboración de la fruta seca (BA, 1935, pp. 7-10), así como depósitos adecuados para su conservación.

Finalmente, se ha identificado un caso de integración hacia atrás. Se trata de Carlos Badano quien era distribuidor mayorista de frutas y residía en la Capital Federal. Era, además, el presidente de la Corporación Frutícola Argentina, entidad nacional sobre la que nos referiremos en el siguiente apartado. Este empresario compró 150 has con frutales en el distrito de Cuadro Nacional en el departamento de San Rafael[8], donde construyó galpones de selección y empaque, altamente tecnificados (LA, 1 de abril de 1934). De tal manera, logró controlar toda la cadena productiva y de comercialización. En el mismo grupo se puede ubicar al mencionado Miguel Miranda, con inversiones en distintos puntos del país, quien 1939 compró la firma local Frutícola de Cuyo e integró la elaboración de conservas y provisión de envases de hojalata (LA, 1 de enero de 1940).

La descripción de este panorama refleja el acceso diferencial de tecnologías de selección, empaque, refrigeración y comercialización, factor determinante para la inserción en el mercado consumidor. Como se señaló en el capítulo 4, la fruta mendocina se comercializaba en un escenario con producciones frutícolas con mayores ventajas comparativas, como los duraznos del Delta del Tigre, que se encontraba más cerca del destino o las manzanas y peras del Alto Valle de la Patagonia que poseía canales de distribución más eficaces, controlados por la empresa de capitales británicos Argentine Fruit Distributors, estrechamente vinculada al ferrocarril (Bandieri y Blanco, 1998).

Un actor extrarregional fundamental para el funcionamiento del sector era el intermediario o consignatario, por lo general, mayorista. Estudios recientes aportan material teórico y empírico que dan cuenta de que su participación en la cadena aportaba información importante para garantizar la venta de la producción en condiciones más favorables y su incidencia en la formación de los mercados, por lo general, distantes de las zonas productoras (Lluch, 2015).

En el caso analizado, la prensa local contribuyó a configurar una imagen negativa de este agente, sindicándolo como “el gran mal de esta cadena productiva, obstaculizando el circuito y limitando la participación del productor en el mercado” (LA, 6 de diciembre de 1934, p. 8). Los fruticultores buscaban vender la fruta antes de su madurez, pero las firmas que se dedicaban a llevar la fruta de Cuyo a los mercados de mayor consumo (Buenos Aires y Rosario) eran escasas. Esto permitía a los intermediarios mantener ofertas bajas a los productores, ante el paso del tiempo y la inminente madurez de la fruta. Finalmente, ante esta situación, el productor llegaba a un acuerdo a cualquier precio (LA, 6 de diciembre de 1934, p. 8). Incluso el Estado provincial se hizo eco de esa problemática para justificar iniciativas de intervención sobre la distribución de frutas en los principales mercados de consumo, como se desarrolló en el capítulo precedente.

En efecto, la dificultad para acceder al mercado implicaba para los productores primarios de Mendoza afrontar también altas tarifas en fletes respecto de otras regiones y seguros. Se enfrentaban, así, con enormes desventajas como la distancia, la dificultad del productor para acceder a tecnologías de empaque y refrigeración, indispensables para llegar a los centros de producción y consumo por el carácter perecedero de la fruta (RCFA, 1937, 34). Sin embargo, es importante destacar los servicios de asesoramiento técnico y vagones refrigerados que prestaba el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Las dificultades para la inserción de la fruta mendocina en el mercado nacional colapsaron hacia finales de la década de 1930, cuando la exportación de frutas de la Patagonia se vio interrumpida por la escasa disponibilidad de buques afectados por la Segunda Guerra Mundial. Buena parte de esa producción (peras y manzanas) fue redirigida al mercado nacional, afectó de especial manera a la fruticultura mendocina puesto que las peras y manzanas comercializadas en las metrópolis nacionales encontraron la competencia de similares patagónicas, y agudizó los problemas previos de una cadena de distribución fuertemente dependiente de concesionarios extrarregionales. Comenzó, así, la primer crisis para la fruticultura mendocina, tal lo señaló un diario local “Mucha fruta de nuestra provincia se perdió por la falta de compradores, y en varias zonas muchos fruticultores no pudieron solventar los gastos del año […] el espíritu de desunión continuó dominándolos y se les volvió a ver luchando individualmente” (LA, 1 de enero de 1941, p. 4).

En el marco de esa coyuntura se abrió un debate acerca de las estrategias para solucionarla y el desafío que ello significaba para las entidades sectoriales, sobre las cuales nos detendremos a continuación.

Las vertientes asociativas de los fruticultores

El abordaje de esta cuestión no puede obviar la entidad nacional que nucleaba a productores y consignatarios: la Corporación Frutícola Argentina que, con sede en Capital Federal, fue creada en 1934 con el objetivo de buscar nuevos destinos de comercialización frente al limitado mercado interno y externo de esa época. Formaron parte los más importantes productores de nuestro país y propietarios de galpones de empaque del Alto Valle de Río Negro, y grandes firmas de comerciantes mayoristas –exportadoras e importadoras– de Buenos Aires, como Diego Piñero Pearson, Humberto Canale, José Peluffo y Elio Filomena (Bandieri y Blanco, 1998). Si bien había comisionistas que representaban el interior del país, observamos una fuerte presencia de representantes de Buenos Aires en la comisión directiva. En esos iniciales años de funcionamiento no detectamos empresarios mendocinos, por lo que podemos conjeturar que el grado de vinculación con la entidad nacional fue escaso. Incluso, aquella se mostró refractaria a la intervención estatal sobre la economía (Silva, 2018).

La entidad también puede asociarse a experiencias similares pero referidas a otras actividades como la Corporación Argentina de Productores de Carnes, más conocida por sus siglas como la CAP (1934), y la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA) (1936). Se trató en todos los casos de estrategias asociativas e intervencionistas para paliar los efectos de la crisis económica que comenzó a fines de los años veinte y se prolongó en la siguiente década (Saccomanno, 2014).

Es oportuno mencionar que la Corporación editaba un órgano de difusión, en donde expresaba la intención, al menos discursiva, de constituir un bloque en el que confluyeran todos los fruticultores de la Argentina y en que se representaran sus intereses y demandas. Como veremos a continuación, este llamado no es menor, si tenemos en cuenta lo efímera de las asociaciones sectoriales de Mendoza. Sin embargo, no era tarea simple si tomamos en cuenta las diferencias tanto de producción como de comercialización de las provincias productoras que integraban la CFA (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, Mendoza, San Juan y Tucumán), lo que derivaba en una multiplicidad de intereses no siempre complementarios o convergentes.

Ahora bien, la tendencia asociativa entre los fruticultores locales reviste algunas particularidades. La primera fue la distribución territorial de los productores frutícolas. En efecto, a diferencia de la vitivinicultura que desde su nacimiento y durante una buena etapa se concentró en el oasis Norte y en los departamentos alrededor de la ciudad capital provincial, en la fruticultura se conformaron tres polos productivos distanciados entre sí (cuadro 1). El primero, y más importante, era el oasis Sur que reunía el 30,1% de los productores, contaba además con autarquía comercial debido al entramado ferroviario (empresas Gran Oeste y Buenos Aires al Pacífico) que lo conectaba directamente con el mercado de consumo nacional, ubicado en el Litoral (figura 2). Esta preeminencia subregional quedaba evidenciada en un pedido de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael al Ministerio de Agricultura de la Nación, en 1934, que sostenía que:

La zona de Sur de la provincia de Mendoza (San Rafael y General Alvear), cuenta con 7.500 hectáreas de frutales, según censo al 30 de junio de 1933, habiéndose plantado desde esa fecha durante el invierno del mismo año alrededor de 300.000 plantas más de distintas variedades comerciales, las que reducidas a hectáreas dan otras mil más, o sea un conjunto de 8.500 hectáreas, contra 5.215 del resto de la provincia y 3.455 hectáreas de San Juan, según el mismo censo; lo que demuestra que la zona que representamos es eminentemente frutícola e indiscutiblemente la de más importancia y tiene por lo tanto más interés que ninguna otra en defender su riqueza (LA, 1 de agosto de 1934).

Otra zona con fruticultura fue el Este del oasis Norte de la provincia, en donde la actividad vitivinícola fue duramente afectada por la crisis de 1928-1934. Finalmente, un número importante de productores se ubicaba en Maipú, Guaymallén y Luján, tres departamentos ubicados alrededor de la Ciudad Capital de Mendoza y fuertemente asociados a la vitivinicultura, por lo que podemos anticipar que varios empresarios vitivinícolas invirtieron en el cultivo frutales como una forma de diversificar sus producciones y disminuir la vulnerabilidad económica.

El segundo factor fue que en Mendoza había una tradición asociacionista de la vitivinicultura desde principios de siglo que, incluso, impulsó la formación de una asociación a nivel nacional tempranamente (1904), llamada Centro Vitivinícola Nacional (Barrio, 2005, pp. 31-70; Bragoni, Mateu, Olguín, Mellado, 2011, pp. 255-178; Ospital, 2013b, pp. 21-36). De tal modo que los bodegueros que también se dedicaron a otras actividades como la fruticultura a principios del siglo XX, promovieron el asociacionismo gremial o productivo. Tal fue el caso de la cooperativa de venta “Sociedad de Fomento Frutícola de Mendoza”, en 1913, integrada por políticos y empresarios vitivinícolas. Su conformación da cuenta del interés de algunos vitivinicultores en diversificar su producción frente a los tiempos difíciles que atravesaba la provincia en esos años. Observamos esta tendencia aún durante la década del ’40, donde gran cantidad de bodegueros y/o viñateros declaraba ser, además, fruticultor. Por ejemplo, José Blengini (bodeguero y fruticultor), Francisco T. Calise (bodeguero y fruticultor), Benegas Hnos. y Cía. (Bodeguero, fruticultor, viverista y fábrica de hielo), Luis Filippini S. A. (bodeguero y fruticultor), entre otros (Guía General, 1940).

Pero a lo largo de la década de 1920 se produjo la extensión de los cultivos frutales en Cuyo y la formación “explosiva” de asociaciones, integradas solo por fruticultores sin otra actividad productiva previa o complementaria. Una primera característica de este fenómeno fue la representación microrregional, explicada por la existencia de los polos productivos separados entre sí, y en donde la vitivinicultura no era la actividad central. Ejemplos de este fenómeno fueron la Sociedad de Exportadores de Frutas Frescas (1921), la Sociedad Mixta de Fruticultores (1928) y la Sociedad de Fruticultores del Valle de Uco (1928)[9], que además de operar a escala microrregional estaban dinamizadas por empresarios integrados. Al mismo tiempo, algunos integrantes de estas entidades formaron parte de otras como la mencionada Asociación de Productores de Uva de Exportar.

En la década siguiente surgieron asociaciones de diverso tipo. Algunas representaron casos de agremiación empresaria, como la Consolidada de Cuyo[10] (1936) que agrupaba a los fruticultores de la ciudad de Mendoza y de San Rafael; y la Sociedad Frutícola Andina[11](1937) de General Alvear. Por otro lado, entidades asociativas de segundo grado que procuraban nuclear al mayor número de productores, como la Federación de Fruticultores (1938). En la década del 40’ encontramos a la Asociación de Productores de Frutas Frescas (1941) (LA, 16 de enero de 1938; 17 de marzo de 1938 y 15 de junio de 1941) compuesta por fruticultores netos y, principalmente, algunos empresarios con mayor grado de integración. Por otro lado, asociaciones con una fuerte raigambre territorial, como el Centro de Fruticultores de Santa Rosa (1941) donde “una de las finalidades principales que persigue la agrupación es la defensa de la producción frutícola del Departamento” (Boletín Oficial de la Provincia de MendozaBOPM–, 27 de mayo de 1941), y la Sociedad de Fomento y Defensa de la Industria y Producción de General Alvear (1942) (RCFA, 1942, 93, p. 8).

La simultaneidad de estas entidades a lo largo y ancho de la provincia permite advertir intereses contrapuestos o, al menos, fragmentarios, así como la fragilidad de sus bases organizativas para elaborar un proyecto que se sostuviera en el tiempo. Pero, sin duda, eran los fruticultores netos los más vulnerables por la dependencia que tenían respecto de los intermediarios:

En San Rafael, y en general en todo el sud de la provincia, son muchos los pequeños productores de frutas y de chacras cuyos intereses están indefensos, no sólo porque individualmente ninguno de ellos posee recursos para mover comercialmente su producción, asegurarle un precio adecuado y colocarla en buenas condiciones en los mercados de consumo, sino –y esto es lo peor– porque colectivamente todos dan asidero a la anarquía y a la desorganización comercial, cuyo fenómeno es la consecuencia de la precipitación, de la impaciencia y, desde luego, de las necesidades financieras y económicas que experimentan (LA, 19 de marzo de 1938, p. 10).

Por eso, se proponía el cooperativismo que era impulsado por el gobierno provincial con vistas a fortalecer la situación de los fruticultores netos en el mercado consumidor, pero con escaso éxito:

Los Productores de San Martín y de toda la zona Este deben agruparse en cooperativas de acuerdo a la ley que las fomenta y que las ampara. […] Es evidente que la dependencia de agentes comerciales que encarecen los precios de la fruta y ralean, por ello, el consumo, comporta un factor negativo para el productor, sobre todo cuando se trata de agricultores que carecen de apoyo y de consejo atinado para lograr la defensa de sus intereses (LA, 15 de abril de 1941, p. 6).

De allí que uno de los objetivos de estas diversas asociaciones de base microrregional, local y regional (hubo algunos intentos por nuclear a empresarios de Mendoza y San Juan) tuvo que ver con organizar los canales de distribución y venta de la fruta. Recordemos que la fruta debía estar en un excelente estado para su despacho. Esto suponía tener modernas instalaciones para seleccionar, acondicionar y empacar –adecuándose a la ley 1165– puesto que debía atravesar un largo tramo hasta llegar a destino, lo que implicaba más riesgos o dificultades para conservar las condiciones óptimas y asegurar las ventas esperadas. En segundo lugar, este acondicionamiento de la fruta era sumamente caro para el productor primario.

Frente a estos problemas de organización comercial y de ventas, las soluciones propuestas por la prensa, los técnicos y el Estado se inspiraban en las experiencias de agroindustrias con mayor centralidad: una, era la organización de cooperativas; otra, la constitución de gremios para negociar con las empacadoras, el ferrocarril y los comerciantes extrarregionales. Este último camino fue el ensayado por los productores durante las décadas de 1920 y 1930, sin embargo, el carácter efímero de estas experiencias indicaría que su objetivo no pudo ser cumplido, porque lo que se necesitaba era una entidad con una escala de representación provincial.

La formación de una entidad con esas características habría sido impulsada por un gobierno provincial que buscaba intervenir y regular sobre los diversos aspectos de la economía provincial.

Las relaciones entre el Estado provincial y empresarios frutícolas

El Estado provincial no permaneció ajeno a las políticas nacionales de mayor intervención y regulación a la economía, tal como fue abordado en el capítulo tres para el caso de la industria vitivinícola. En relación con la fruticultura el gobierno provincial implementó diversas iniciativas, sobre todo para resolver el mencionado problema de la distribución de la fruta. Así, por ejemplo, a mediados de la década del treinta, el gobierno proyectó instalar estaciones cooperativas de empaque, a fin de que la mayor parte de los fruticultores netos de la provincia accedieran a un servicio que solo era prestado por un núcleo de empresarios integrados y compañías extrarregionales (Provincia de Mendoza, 1935, p. 89). Ya se señaló en el capítulo anterior que este plan no se concretó.

Otro camino fue la ley sancionada en 1939, que promovía la formación de cooperativas mediante la ayuda financiera del Estado, pero libraba la formación de las mismas a la iniciativa privada (LA, 1 de enero de 1941, p. 16). Esta normativa tampoco habría tenido mayor alcance entre los productores locales. Al menos en el período analizado no detectamos aún entidades que respondieran a esta figura.

Pero, además, como ya se adelantó, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, disminuyó el transporte marítimo y la pérdida de mercados consumidores afectaron las exportaciones en el sector agrícola. La prensa mendocina alertaba sobre el nuevo contexto: “los mercados europeos que se habían venido ganando con tesón en los últimos años, quedaron prácticamente cerrados a nuestra producción, debido al bloqueo” (LA, 1 de enero de 1941, p. 4). Así, una gran cantidad de fruta se perdió por la saturación de la oferta en las grandes ciudades. Como consecuencia, se denunciaba un panorama sombrío para los productores primarios, y se proponía, una vez más, la vertiente asociativa como una estrategia para avanzar en la resolución de las dificultades. “[…] [entre los fruticultores prevaleció] el espíritu de desunión y se les volvió a ver luchando individualmente frente a la demanda” (LA, 1 de enero de 1941, p. 4). Esta inicial fragmentación habría motivado entonces el interés estatal de aglutinar representaciones y posicionamientos dispares.

Frente a este difícil panorama y la debilidad de los agentes económicos para agruparse a través de una entidad que nucleara intereses y demandas, el gobierno de la provincia de Mendoza intervino de manera contundente sobre el sector, a través de la implementación de una figura inédita en la provincia. Durante la gestión del gobernador Corominas Segura, más precisamente en septiembre de 1940, fue presentado ante la Legislatura un proyecto de ley[12] sobre creación de una entidad corporativa de fruticultores, con el objetivo de vincular a todos los actores de la cadena. Con esta iniciativa, se buscaba, por un lado, involucrar al mayor número de actores, incluidos aquellos agentes fuertemente vinculados con los canales de distribución, pero, también, afianzar el control estatal sobre el sector. La presentación del proyecto estuvo acompañada de una significativa búsqueda de apoyo público. Por ejemplo, fruticultores de General Alvear y la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael –principal polo productor de frutas– respaldó públicamente el proyecto presentado por el Estado (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1941, p. 527), lo cual confirma el intento de la entidad para lograr el mayor número de adherentes. Sin embargo, no prosperó en el recinto legislativo.

El Poder Ejecutivo Provincial, bajo la égida de Adolfo A. Vicchi, presentó otro proyecto para la formación de una Corporación Mixta de Fruticultores en 1941. En el art. 1º del mismo se advierte que la formación de dicha entidad sería “bajo el régimen legal más ventajoso de acuerdo con las necesidades y conveniencias de la fruticultura” (Provincia de Mendoza, 1941, p. 267). Sin embargo, finalmente, devino en Sociedad Anónima (Olguín, 2015), como explicamos más adelante. En forma simultánea a la presentación del proyecto, un grupo de empresarios frutícolas que progresivamente alcanzaban prestigio económico y social como el mencionado Augusto Armani y otros procedentes del sector vitivinícola como Enrique L. Day, Cayetano Piccione, Melitón González, Ángel Furlotti, entre otros, elevaron una nota al Presidente de la Cámara de Diputados en la que expresaba su “anhelo porque ese proyecto sea sancionado todo lo antes posible para dar lugar y tiempo a la organización de la Corporación, a fin de hacer frente, en la próxima temporada frutícola, a los vastos y graves problemas que se han de presentar” (LA, 4 de noviembre de 1941, p. 9). Según la misma fuente, dicha nota había sido suscripta por 619 de los 790 fruticultores inscriptos en el registro respectivo de la Dirección General de Industrias y Fomento Agrícola de la Provincia[13]; es decir, que un 78% apoyaba el proyecto (LA, 2 de septiembre de 1941, p. 9). Sin embargo, este número es sensiblemente menor respecto de los 1477 productores identificados en 1934 o los 1217 de 1940 (ver cuadro 1). Si bien es probable que no todos los productores se registraran ante el Estado, sí es indudable que quienes apoyaron el proyecto de ley no representaban el alto porcentaje mencionado por la prensa. Finalmente fue aprobado por la Legislatura provincial y promulgado como ley 1447 (BOPM, 15 de noviembre de 1941).

Es oportuno dar cuenta de algunos pormenores de la discusión legislativa previa a la sanción de la norma.

Uno de ellos referido al grado de representatividad del organismo. Inicialmente, para la formación de la Sociedad se requería la adhesión del 30% de los productores. No obstante, la comisión consideró excesivo ese porcentaje por lo que fue reducido a solo el 20%. Es probable que esta decisión se basara en las dificultades para lograr el apoyo masivo de los productores primarios.

Pero el aspecto más álgido de la discusión refirió a la figura jurídica que debería asumir el organismo, es decir, si era una sociedad anónima o una cooperativa. Por un lado, el diputado radical y abogado Leopoldo Suárez Civit[14], se manifestó en contra de la formación de una asociación estructurada como sociedad anónima, ya que entendían que “la única forma de hacer factible la defensa de los productores de frutas y en especial modo del pequeño fruticultor es la organización jurídica de la sociedad sea cooperativa” (LA, 8 de octubre de 1941, p. 7). Esta postura también alcanzó amplio respaldo en otros miembros del sector radical que manifestaron que: “[…] lo que convenía era que el P.E. ayudar a los fruticultores en la creación de una cooperativa y no en la formación de una sociedad anónima destinada a ser un organismo sin vida propias, es decir, una nueva dependencia del Estado”[15]. Este cuestionamiento habría anidado en los reparos y críticas a la regulación estatal sobre la agroindustria vitivinícola y significó un álgido punto de discusión legislativo entre los promotores de una entidad cooperativa y entre quienes propiciaban una entidad estatal.

Otra perspectiva, afín al gobierno de Rodolfo Corominas Segura, impulsaba la figura de la Sociedad Anónima con participación estatal. Como modo de zanjar las dilaciones que impedían un acuerdo, se concluyó que sería función del Directorio establecer “el verdadero carácter de la sociedad” mediante la aprobación del correspondiente Estatuto (ley 1447). Una vez sancionada la norma, fue enérgica la retórica acerca de los fines que alentaron la formación de la Sociedad y que se vinculaban con un clima de época acerca de la mayor intervención del Estado en las actividades productivas “…para ayudar con los recursos del Estado a la formación de un organismo que defienda a los fruticultores contra los obstáculos de orden económico y comercial” (LA, 23 de diciembre de 1941, p. 10).

Así fue, que, no obstante, la discusión que se planteó durante los debates legislativos en torno a la formación de la Corporación, la entidad finalmente devino en empresa pública (BOPM, 2 de mayo de 1942, p. 1912) y se convirtió en “la primera experiencia de asociación entre el Estado de Mendoza y los actores económicos con el fin de gestionar una empresa industrial” (Olguín, 2015, p. 351).

Bajo esa perspectiva la norma establecía como finalidad de la entidad –y de sus asociados– la resolución de los principales problemas que por entonces afectaban al sector, y que giraban en torno a tres tópicos claves: asistencia técnica a los productores primarios, sistematización y difusión de criterios técnicos en torno a la selección, embalaje y distribución de la mercadería, es decir que su objetivo final era mejorar toda la cadena productiva de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley de fruticultura 1165.

La racionalización y defensa de la producción en cuanto a la selección, clasificación y cultivo de los frutales, y en la lucha contra las plagas, riesgos o siniestros en forma de asesoramiento y al fijar las normas a que deberá someterse la fruta destinada a la Corporación;
La selección, empaque, tipificación, conservación, elaboración e industrialización y desecación de la fruta; y
Su distribución y comercialización en el país o en el extranjero en forma que asegure la colocación y el precio de la fruta considerando los costos, retribución por la mano de obra y régimen de trabajo y sobre la base de promover la difusión del consumo de la fruta, y la conquista de nuevos mercados consumidores (BOPM, 15 de noviembre de 1941).

En definitiva, una vez más, el Estado provincial procuraba intervenir sobre áreas sobre las cuales había incursionado con escaso éxito, como lo registran los antecedentes del capítulo anterior. En esta oportunidad, se buscaba la anuencia de empresarios y productores, en el marco de un discurso de época que promovía la regulación estatal de las producciones crónicamente excedentes (RBAP, 1942, 301, p. 10).

Para el cumplimiento de los objetivos arriba mencionados, la Corporación daba preferencia a los productores que poseyeran hasta tres hectáreas de frutales. No obstante, con respecto a los asociados, llama la atención, que entre ellos se detecte no solo a fruticultores, sino también a mujeres, bodegueros e importantes sociedades anónimas vinculadas a la industria vitivinícola[16]. Esta presencia confirma que la fruticultura se consolidaba cada vez más como una agroindustria alternativa para los empresarios vitivinícolas frente a posibles periodos de crisis.

El 5 de noviembre de 1941 se designó un directorio provisorio, integrado por empresarios, funcionarios y técnicos destacados en la escena local: tres pertenecientes a la esfera estatal –designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado–, y tres del sector empresarial –elegidos por los socios de la empresa–, lo cual confirma los estrechos vínculos entre ambas esferas y la incorporación a un ente estatal de empresarios que hasta entonces no habían participado en él (ver cuadro3). En esa oportunidad el entonces gobernador de la Provincia, Adolfo A. Vicchi, expresó que la ley había dejado sin acordar la forma de sociedad que debía adoptarse; por lo tanto, el Directorio provisional estaba en absoluta libertad para resolver este punto, pero para ello era necesario toma en cuenta la opinión y los intereses de los fruticultores de Mendoza. Los directores, empresarios designados por el Ejecutivo provincial y por tanto afines a sus concepciones políticas y económicas, manifestaron que [] para resolver el tipo de sociedad que se debía adoptar, estudiarían asimismo los antecedentes de las sociedades constituidas anteriormente en Mendoza, a objeto de no incurrir en errores similares cuando ellas hubieran fracasado” (BA, 1941, 10, 11 y 12, pp. 466-467). Sin duda, era un reparo al antecedente fallido de la Sociedad Vitivinícola, por entonces, en proceso de liquidación.

Con motivo de la creación de dicho organismo, el director de Frutas y Hortalizas del Ministerio de Agricultura de la Nación, agrónomo Adrián V. Olliver expresó al presidente de la Corporación, Dr. Enrique A. Pontis, mediante telegrama su apoyo a la nueva organización: las tareas que realizarán “serán difíciles y complejas si no se vence la apatía de los productores, reacios a la agremiación activa en defensa de sus propios intereses. Considera que la iniciativa mendocina es un ejemplo que deben seguir otras provincias”. Su apoyo fue reproducido por la revista de la Corporación Frutícola Argentina (1941, 84, p. 11), lo cual resulta indicativo de la afinidad de objetivos entre ambas organizaciones, una estatal y la otra, empresaria; la cual habría estado motorizada por la doble pertenencia institucional de algunos de sus integrantes, como Augusto Armani.

Cuadro 3: Directorios de la Corporación Mixta de Fruticultores,
Mendoza (1941-1942)
  Directorio Provisorio 1941 Procedencia institucional-empresaria Directorio Definitivo 1942 Procedencia institucional-empresaria
Presidente Dr. Enrique A. Pontis Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción. Banco de la Provincia de Mendoza. Ex Ministro de Hacienda. Dr. Enrique A. Pontis
Directores Dr. Carlos E. Aguinaga Dirección de Industrias y Fomento Agrícola Director de la Primera y Segunda Zona: Juan Alberto Román
S/D
Ingeniero agrónomo 
Alfredo Godoy
Director de la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola Director de laTercer Zona: Augusto Armani
Fruticultor/ Empresario
Dr. Alfredo Cano Fruticultor/ Empresario Director de la Cuarta zona: Alfredo Tani Latuada
S/D
Roberto T. Saravia Fruticultor/ Comerciante Síndico titular: Ismael Reig
S/D
Augusto Armani Fruticultor/ Empresario Síndico Suplente: Luciano Villanueva
S/D

Fuente: Elaboración propia a partir de Los Andes, 1941 y Boletín Agrícola, 1941.

La función de este Directorio Provisorio sería la organización de la Corporación, para la implementación de la ley 1447.El cuadro anterior corrobora que los miembros del directorio tenían estrechas vinculaciones con el Estado provincial, lo que facilitó la conformación de la empresa pública, pero con un carácter mixto. Por un lado, el presidente de la Corporación formó parte de los gobiernos conservadores desde el comienzo del ciclo en Mendoza, puesto que había sido Ministro de Hacienda durante el gobierno de Ricardo Videla (1932-1935) y al momento de presidir la entidad, ocupaba el mismo cargo en el Banco de Mendoza (desde 1937). Por su parte, Aguinaga integraba el Partido Demócrata provincial[17], mientras que el sector técnico estaba representado por el director de la Dirección de Fomento Agrícola e Industrial.

El sector empresario estaba representado por el mencionado Augusto Armani, fruticultor con extensas propiedades agrícolas en del Este de Mendoza. También era delegado por Mendoza en la Corporación Frutícola Argentina. Esta participación en dos entidades (una provincial y otra nacional) puede responder una estrategia de actuar en diferentes frentes a la vez, de modo de participar en varios procesos de toma de decisión y estrategias colectivas (Lattuada, 2006, p. 21). Roberto Saravia se presentaba como “comisionista”, por lo que es probable que fuera productor primario y agente de ventas. De modo que aportaba su expertise comercial para el funcionamiento de la entidad. Junto con otros empresarios, desde 1938 había buscado adhesiones territoriales e institucionales para concretar este proyecto[18].

Sin embargo, este nivel de adhesión no fue igual en todas las zonas productoras. En efecto, en marzo de 1942, parte del Directorio de la entidad se trasladó hasta San Rafael, principal centro frutícola, para realizar reuniones entre los productores con el evidente objetivo de convocar adherentes a la entidad, y a su vez se crearon subcomisiones para facilitar la labor de los encargados de suscribir las acciones necesarias para el desenvolvimiento financiero. Para ello, también se formaron comisiones distritales (Las Paredes, Rama Caída y Cuadro Benegas; Cañada Seca; Cerrito; Monte Comán; La Llave; Goudge y General Alvear) (LA, 11 de marzo de 1942). Este tipo de acciones se desplegaron por todo el territorio provincial.

Imagen 1: Solicitada de adhesión a la Corporación Frutícola de Mendoza

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Fuente: Los Andes, 12 de diciembre de 1941.

Finalmente, el 2 de mayo se convocó la asamblea de accionistas en la sede de la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola, con el objeto de elegir a las autoridades definitivas. Según la prensa la reunión se vio concurrida por gran parte de los productores accionistas, haciéndose representar los ausentes por poder” (RCFA, 1942, 89, p. 15). Además, se aprobó la reforma propuesta por el gobierno (art. 25) en el sentido de que los miembros del directorio gozaran de remuneración mensual. Posteriormente, se llevó a cabo la votación para designar al directorio definitivo (ver cuadro 3) (LA, 4 de mayo de 1942, p. 5). Es probable que la división por zonificación respondiera a las microrregiones productivas, de los oasis Norte –dos zonas–, Valle de Uco y Sur. Es posible que la cuarta zona, tuviera que ver con el sector Sur, ya que su director, Alfredo Tani Latuada (RCFA, 1942, 93, p. 9), era al mismo tiempo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael. A su vez, una estrategia para designar representantes de la base de la cadena agroindustrial –es decir, pequeños productores primarios con escaso grado de integración en la cadena productiva y de comercialización– para lograr más adeptos y/o simpatizantes en ese estrato, tradicionalmente, poco afecto a integrar entidades con intervención estatal. En efecto, en varias oportunidades el órgano de difusión del BAP se señalaba que las entidades cooperativas “[…] debían formarse por la acción espontánea de los productores […] mientras que la función gubernamental debe circunscribirse a facilitar y a proteger” (RBAP, 1942, 299, p. 18).

A pesar de los esfuerzos de los productores frutícolas por lograr una posición más afianzada en nuestra provincia a través de la creación de esta Corporación, se observa que los resultados económicos de los primeros años no fueron acertados. A tan solo un año de su nacimiento ya arrojaba pérdidas, y al año siguiente los accionistas rechazaron el balance presentado, lo que demandó una investigación contable (Olguín, 2015, p. 12). Si bien, dicho estudio acerca del desempeño de la entidad determinó que la misma había actuado de forma adecuada, en el mismo se sugiere “que deben reglamentarse las funciones del Directorio y Gerencia, contemplando la posibilidad de reducir el sueldo de los Directores” (RCFA, 1944, 110, p. 4). Esto muestra los ineludibles conflictos internos con los que nacía esta entidad, las dificultades para la representación de sus integrantes y la imposibilidad de nuclear a las numerosas entidades locales, reflejo del panorama fragmentario de la fruticultura provincial (RBAP, 1942, 299, p. 19), y lograr, así, el ansiado programa regulatorio que pudiera controlar una oferta crónicamente excedente.

Consideraciones finales

Las propuestas para diversificar la producción agroindustrial en Mendoza fueron un emergente de las crisis vitivinícolas recurrentes. En ese marco, la fruticultura avanzó posiciones en el panorama agroproductivo local, con nuevos actores que comienzan a intervenir en la escena política y económica, y generaron demandas específicas, como producto del mayor dinamismo de la actividad.

Si bien desde fines de 1920 detectamos indicios de asociacionismo empresario en el sector, este fenómeno se intensificó sobre todo en la década de 1930 con el fin de combatir los problemas de comercialización que enfrentaban los productores locales, los elevados costos para acceder a la tecnología necesaria para conservar un producto altamente perecedero y la lejanía al mercado de consumo. Dicho fenómeno fue constante en el tiempo en pequeños productores (aquellos que no poseían un capital elevado o planta de empaque tecnificada propia) y tuvo una marcada base microrregional (fruticultores del Este, del Valle de Uco, del Sur). Por el contrario, los productores y empresarios, con un mayor grado de integración, (Manuel Ruano en el Valle de Uco, Spina en el Este, Denis Hnos. y Carlos Badano en San Rafael) se sumaron a estas entidades, en su mayoría, cuando las condiciones críticas se agudizaban, por ejemplo, con la pérdida de mercados ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencias de esta coyuntura bélica, las debilidades de un sector relativamente nuevo se agudizaron puesto que buena parte de la fruta que tradicionalmente se exportaba confluyó en el mercado nacional con la procedente de regiones mercado-internistas. Son estos condicionantes los que explicarían el intento estatal de promover una entidad sectorial.

La investigación ha permitido constatar otros aspectos interesantes del comportamiento empresarial de la época. La Corporación cuyana, creada desde el Estado, y a pedido de varios fruticultores, reunió a un grupo heterogéneo de empresarios, pertenecientes no solo al sector frutícola, sino también al vitivinícola. La creciente participación de empresarios vitivinícolas en la entidad señalaría que los mismos habrían comenzado a diversificar sus explotaciones seducidos no solo como reaseguro ante las crisis cíclicas que padecía la vitivinicultura, sino también probablemente animados por el incremento de los envíos al Litoral desde comienzos de los años ’30.

A partir de estas consideraciones, es necesario conocer si el grado de adhesión de los empresarios y productores locales se mantuvo en el tiempo, y cuáles fueron los canales de acción de la entidad para dar respuesta a las demandas de los diferentes sectores que la componían. Interrogante que se vincula con el análisis de las políticas públicas sectoriales y cuya repercusión debe estudiarse a partir del cambio del orden político del año 1943.

Fuentes

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Provincia de Mendoza. 1935. Memoria de gobierno del Dr. Guillermo Cano. Mendoza: Imprenta Oficial.

Provincia de Mendoza. 1941. Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Adolfo A. Vicchi a la Honorable Legislatura. Mendoza: Imp. Oficial.

Revista de la Corporación Frutícola Argentina (RCFA). Buenos Aires.

Revista mensual BAP (RBAP), Buenos Aires.

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  1. Investigación desarrollada en el marco del PIP CONICET Agentes estatales, trabajadores y empresarios en las transformaciones políticas, económico-sociales y territoriales en la provincia de Mendoza entre el lencinismo y los albores del peronismo.
  2. El grado de dispersión y vinculación entre agentes económicos de la vitivinicultura de base capitalista, con epicentro en Mendoza, ha sido trabajado por Richard-Jorba (1998).
  3. En la Tercera Exposición de Frutas Frescas realizada en Mendoza obtuvo el primer premio en uvas, manzanas y peras empacadas. Además, obtuvo premio al mejor conjunto de frutas y uvas, consistente en una plaqueta y diploma de honor otorgado por el Ministerio de Agricultura de la Nación (Silva, 2018).
  4. Esta Sociedad se formó en 1928 y estaba integrada por empresarios interesados en la producción de uvas vinas para exportación. Su primer directorio estuvo presidido por José B. de San Martín (Rodríguez Vázquez, 2016).
  5. Guerino Spina era miembro de la Comisión Directiva de la Corporación Frutícola Argentina y Tesorero del Comité de Exportadores, perteneciente a una familia que por tradición se ha consagrado al ejercicio del comercio de frutas. Su padre don Miguel Spina, se radicó en el país en 1908 después de haber actuado por espacio de muchos años como remitente de frutas en el extranjero (RCFA, 1935,5, pp. 23-25).
  6. Presidió la Federación de Fruticultores, creada en 1938.
  7. Inicialmente, Alejandro trabajó con Juan y Mateo Clark Torres, constructores del Ferrocarril Trasandino. Ese desempeño le sirvió de escenario para contactarse con empresarios tradicionales de la sociedad mendocina como Pedro y Tiburcio Benegas Blanco, Enrique Day, entre otros (Garrigós, 1972).
  8. En la ciudad de Concordia (Entre Ríos) también poseía plantaciones de mandarinas y pomelos.
  9. Una particularidad de esta asociación es que estuvo impulsada por el Estado provincial, pero no detectamos más datos de su accionar en años posteriores.
  10. En 1938 se abrió una filial de esta entidad en Palmira, departamento de Gral. San Martín, llamada La Consolidada de Cuyo Ltda. con el fin de propiciar la unión entre los productores. En marzo de ese mismo año quedó constituida una comisión para que se encargara de la organización en los departamentos del sur provincial y la suscripción de acciones de la filial.
  11. Desarrolló sus actividades en el departamento de Gral. Alvear, incluso alquiló a la Empresa del F. C. O. un galpón de empaque. Al respecto una crónica periodística ilustraba “está dirigida por técnicos japoneses que en Real Padre tienen una colectividad dedicada especialmente a la fruticultura” (LA, 16 de enero de 1938, p. 10).
  12. Con la colaboración del por entonces recientemente creado Instituto Tecnológico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción, dependiente del Ministerio de Economía, Riego y Obras Públicas.
  13. Los registros de productores, empresarios y distribuidores fueron constantes durante el ciclo neoconservador en la provincia, como una herramienta para identificar a potenciales contribuyentes del erario público.
  14. Hijo del enólogo Leopoldo Suárez, férreo promotor de las ideas mutualistas en la provincia y funcionario de las administraciones lencinistas.
  15. Parte de esta discusión fue reproducida en la prensa de la época (LA, 7 de octubre de 1941, p. 7).
  16. A modo de ejemplo, María Luis Villanueva, Adela Escorihuela de Escorihuela, Boudron Sociedad Anónima Limitada, Sociedad Bodegas y Viñedos Pelegrina LTDA, Establecimiento Vitivinícola “Las Acacias”, Bodegas y Viñedos Dumit S. A., Leoncio Arizu y José B. de San Martín (exportadores de uva fina), y los empresarios integrados Manuel Ruano y Spina y Armani, Luis Tonelli Limitada S. A., Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Ángel Furlotti Ltda., entre otros.
  17. Además, fue miembro de la junta directiva del Banco de la Nación Argentina 1936-1939, presidente de la comisión asesora de la junta de control de vinos 1937-1939, entre otros cargos en el gobierno nacional. Esto confirma la fuerte influencia política de la Corporación.
  18. Comisión integrada por Roberto Saravia, José Bombal, Pedro Denis, Roberto L’ Ocombre y Ernesto Reyna (Victoria, Mendoza, 12 de noviembre de 1938).


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