Otras publicaciones:

12-2022t

9789877230383-frontcover

Otras publicaciones:

12-2982t

12-3864t

4 El conflicto educativo y las estrategias de acción de Suteba BB (2003‑2015)

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo general caracterizar las estrategias de acción sindical y los procesos de conflictividad llevados a cabo por los docentes estatales agrupados en la seccional de Suteba BB durante el período 2003‑2015[1]. El conflicto en el sector educativo sindicalizado se comprende en el marco más amplio del conflicto laboral (Gentili et al., 2013), en el que se observan cambios en los repertorios de lucha y en las formas de resistencia, procesos de reconversión y disputas intra e intersindicales, y, consecuentemente, distintas estrategias de construcción en relación con otros gremios y con el propio Estado, a partir de la posconvertibilidad (Delfini y Ventrici, 2016).

En una obra clásica sobre el tema, Wright (2000) explica que el poder posicional de la clase (entre distintas fracciones y capas) es el que los trabajadores pueden ejercer a partir de su situación en el sistema económico, mientras que el poder asociativo es el que resulta de la organización colectiva. A su vez, el autor divide el poder estructural en dos subtipos: el poder estructural que deriva de la negociación en el mercado de trabajo (que se vincula a la oferta y demanda) y un segundo tipo denominado poder de negociación en el lugar de trabajo que resulta de la posición estratégica de un grupo particular de trabajadores dentro de un sector industrial clave (Silver, 2005:26-27).

En determinados momentos, y de acuerdo a la disposición de la clase, el poder estructural potencia el poder asociativo y de negociación de los sindicatos que la representan. Como instancias diferenciadas pero articuladas, el poder sindical, entendido como la capacidad de estas organizaciones de influir y generar opciones estratégicas, se relaciona con el de los trabajadores, lo que implica no confundir sindicato con clase. Los indicadores de medición del poder sindical han sido tradicionalmente la tasa de afiliación, la cobertura de la negociación colectiva y la frecuencia huelguística (Kelly, 1998). Sin embargo, distintas falencias en éstos llevaron a una reinterpretación de otras dimensiones que han ejercido una influencia importante en la construcción gremial, como los ciclos económicos, las características del mercado de trabajo y la posición de los trabajadores en el sistema de producción, entre otros, así como aspectos de carácter político‑institucional (el sistema de retribución salarial, el sistema de control, las estrategias patronales, la estructura de la organización sindical y el alcance de la negociación colectiva) (D’Urso, 2018; Frege y Kelly, 2003). La observación de las estrategias permite explicar el poder sindical y la forma en que éste influye en las modalidades de conflictividad, las demandas e intereses de los trabajadores.

El rastreo documental basado en el relevamiento de la prensa local y nacional, junto con los documentos sindicales, volantes, actas y entrevistas, permitió la reconstrucción del ordenamiento diacrónico de la conflictividad y su periodización. A su vez, resultó relevante la observación del desarrollo de las asambleas de Suteba BB para comprender los formatos de organización en la base docente y sus expresiones de protesta.

Los hechos de conflictividad fueron recopilados a partir de la clasificación y análisis de noticias del diario La Nueva Provincia (en papel). Se extrajo y se examinó la totalidad de los hechos generados entre 2003 y 2015 por todos los actores del sistema educativo provincial de la ciudad de Bahía Blanca (sindicatos, comunidad educativa, entre otros), estatal y privado, con la excepción de los auxiliares de educación (porteros, cocineros, entre otros) y sus sindicatos, como también de los trabajadores del ámbito universitario. A su vez, se catalogaron los hechos originados desde el Estado a través de las agencias e instituciones de gestión educativa (CE, SAD, Secretaría de Inspección, etc.) y otras vinculadas indirectamente a la educación local (como el Municipio y HCD). Finalmente, se incluyeron los conflictos que mantuvieron las empresas proveedoras de las escuelas (transporte, alimentos para comedores, entre otras), con el fin de representar de la forma más acabada posible la conflictividad de los diversos actores sociales del sistema educativo.

A partir de esta recopilación, se construyó una base de datos de hechos de conflictividad laboral[2] general en educación[3] y específica de Suteba BB, utilizando la metodología elaborada por el grupo del Seminario de Investigación Sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata[4]. De modo esquemático, se presentan las principales características de la base de datos, a fin de ofrecer una compresión general de su construcción que facilite el análisis de los resultados obtenidos. El trabajo comienza con una breve descripción de la noticia. Luego, cada episodio se identifica y se transcribe a la variable hechos de conflictividad. Aquellos eventos que están relacionados entre sí (en la dimensión espacio‑tiempo) por los actores que los impulsan y por los objetivos que se proponen, así como por las reacciones que generan en otros sujetos y los objetivos que se puedan desplegar en relación con los del inicio, son clasificados como hechos compuestos (HC). En cada acción registrada, el sujeto que la emprende lo hace personificando determinadas relaciones sociales, independientemente de que, como individuo considerado en sí mismo, anude más (otras) relaciones sociales respecto de las que se activan en la acción registrada. Se retoma, en ese sentido, la noción de encuentro como una forma de enfrenamiento o de relación social entre fuerzas (Marín, 1995). Los encuentros son, además, datos concretos que brindan información acerca del grado de desarrollo de la lucha económica, política o teórica, que se encuentran entrelazadas (Balvé et al., 1990).

Cada hecho de conflictividad ha sido caracterizado a partir de las siguientes variables: 1) temporalidad de la acción; 2) tipo de acción normalizada (según criterios comunes); 3) organización/es que llevan adelante el hecho; 4) objetivos y demandas; 5) localización geográfica o territorialidad del conflicto. De esta manera, se articuló el análisis de las estrategias sindicales con la descripción seleccionada de los principales hechos, que, a juicio del investigador de esta tesis, proporcionan una evidencia empírica para comprender los distintos formatos de resistencia llevados a cabo por el sindicato frente a la implementación de determinadas medidas estatales.

El capítulo se divide en tres partes. En un primer apartado, se presenta el análisis de las estrategias sindicales y los principales hechos que justifican su periodización en tres etapas, describiendo cada una. Luego se analizan cuatro variables fundamentales que atravesaron la acción en su conjunto de Suteba BB. Y, por último, se realiza un estudio desagregado de las acciones estatales de tres instituciones representativas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que actuaron decididamente en el entramado educativo de Bahía Blanca: UEGD, el CE y la JID (Jefatura de Inspección Distrital) con su equipo de inspectores por áreas.

Las estrategias sindicales de Suteba BB y su periodización en tres etapas

En el período 2003‑2015, se registraron 1.164 hechos de conflictividad en el sector educativo bahiense. De ese total, Suteba BB realizó 710 acciones de conflictividad, registrándose 171 hechos compuestos y 371 hechos simples[5]. Su relevancia en la conflictividad educativa total de la ciudad fue muy marcada, con picos de intensidad similares en los años 2004, 2007, 2013 y 2014, mientras que 2011 y 2012 fueron años de caída y reflujo en su dinámica, como puede observarse en el gráfico 1.

Durante el período bajo estudio, Suteba BB fue construyendo un posicionamiento estratégico en la disputa por la educación y por los diseños curriculares pedagógicos —aun sin tener poder de negociación en la paritaria como sindicato de primer grado—, a través de la articulación con las comunidades educativas y otros sectores de trabajadores estatales y privados, desde una base que se posicionaba en las escuelas. Esa representatividad se legitimaba con un conjunto de acciones dentro del sindicato y en los establecimientos educativos, que se apoyaba en un modelo y una forma particular de aproximación al docente de base, articulando poder sindical con poder de los trabajadores.

Gráfico 1. Comparación entre conflictividad educativa total y específica de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015)

Los picos de conflictividad (2004, 2007 y 2013) estuvieron relacionados a varios factores explicativos, donde sobresalen la implementación de políticas educativas y los procesos económicos regresivos. En un primer momento, las reformas educativas implementadas (con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo) generaron problemáticas en el trabajo docente, en un contexto de cambios con fusiones de cursos, recategorizaciones docentes, intentos de modificación de los estatutos, problemáticas edilicias y una recomposición salarial, lo que motivó un profundo rechazo a las políticas del gobierno provincial con manifestaciones, paros y jornadas de protesta. En un segundo momento, el asesinato del docente Carlos Fuentealba, en manos de las fuerzas de seguridad de Neuquén en abril de 2007, motivó una importante protesta nacional y un rechazo a las formas de represión estatal, que tuvo repercusión en las bases docentes. El último pico visible fue entre 2013, cuando el movimiento docente reclamó fundamentalmente por el cobro en tiempo y forma de los salarios. En este contexto, el sector docente contestatario reivindicó la lucha contra el gobierno provincial basándose en el pedido de mejoras en las condiciones de trabajo, contra la precarización y obras de infraestructura.

A partir de la comparación entre la conflictividad general en educación y la conflictividad específica de Suteba BB, pueden visibilizarse algunas cuestiones desarrolladas con más profundidad en los siguientes apartados. En primer lugar, en 2010 se observa un desacople entre la conflictividad general, que alcanza un pico importante (en este caso con reivindicaciones que provienen de otros sectores no sindicales como las comunidades educativas y estudiantes), en disonancia con las acciones de Suteba BB. Este desacople se debe a la situación de reflujo del movimiento docente sindicalizado, donde adquiere visibilidad el conflicto por establecimiento en torno a demandas de arreglos de infraestructura o problemas en niveles específicos (como en el nivel de educación especial o inicial). En segundo lugar, otro dato que surge es la caída pronunciada en 2015 de la conflictividad (con niveles inferiores a 2008- 2009) ante el escenario electoral presidencial y de expectativas por los cambios en educación.

Del ordenamiento de los hechos de conflictividad protagonizados por Suteba BB, las acciones realizadas por trabajadores de la educación a nivel local acompañadas por el gremio, y las estrategias sindicales del período 2003‑2015, surgen tres etapas diferenciadas:

  1. La primera, entre 2003 y 2007, estuvo marcada por una conflictividad docente ascendente, producto de las fusiones de cursos, las dificultades en el acceso a cargos, problemas salariales y de implementación de la reforma educativa (2006), que generaron problemas con el uso del espacio escolar y la aplicación del diseño curricular. En esta etapa, asumió la conducción de Suteba BB una nueva agrupación, la Lista Granate, que retomaba como antecedente los procesos de lucha de la Lista Marrón y de los Docentes Indignados, y que adoptó una estrategia defensiva[6] implementando una táctica sindical de organización de base: los nucleamientos o asambleas por escuelas y el acompañamiento de las familias y la comunidad educativa (2003‑2007). Este naciente proceso de masividad en la lucha fue acompañado de una crítica sustancial hacia el sindicato a nivel provincial.
  2. Una segunda etapa estuvo signada por el reflujo del movimiento docente local (2008‑2011) y la conflictividad centrada en demandas particulares (como las licencias médicas y los problemas con la empresa prestataria del servicio, la falta de cupos en el nivel inicial, los reclamos por la distribución del presupuesto educativo, el cierre de escuelas especiales, la reducción en la contratación de docentes y las deficiencias en infraestructura). Esta coyuntura estuvo atravesada por tensiones internas entre fracciones sindicales que incentivaron diversas modalidades de activismo en las escuelas. La estrategia en esta etapa giró en torno a la contención, la negociación y la reivindicación de determinadas solicitudes docentes en temas gremiales para favorecer el apoyo hacia el sindicato y valorizar el trabajo docente.
  3. Por último, una tercera etapa (2012‑2015) se caracterizó por las luchas masivas con movilizaciones, paros distritales y asambleas por escuelas que llevaron a Suteba BB a tejer alianzas estratégicas con otros sectores de trabajadores estatales (médicos, bancarios, judiciales, auxiliares de la educación), también afectados por el deterioro de las condiciones salariales y de trabajo. Es una etapa caracterizada por las grandes movilizaciones, como las Marchas de los Guardapolvos Blancos, con abrazos simbólicos a escuelas y hospitales; las Marchas de las Antorchas, junto a la comunidad educativa; y las movilizaciones del FGDB, que enlazaron a todos los sindicatos de la educación (a nivel provincial y nacional) contra el Estado. La falta de cobro de los haberes sumado al deterioro de la infraestructura escolar sirvieron como detonantes de una situación que afectó profundamente a los trabajadores docentes. La estrategia de alianzas en frentes sindicales, políticos y sociales más amplios evidenció el carácter vinculante y aglutinante de la docencia con otros sectores obreros. También cobró un interés particular la relación de los sindicatos distritales con los sindicatos provinciales disidentes en medio de tensas disputas por las negociaciones colectivas. La estrategia del sindicato se vinculó en esta etapa al trabajo de militancia activa desde el sindicato combinado con un resurgimiento de las bases docentes en las escuelas.

Las estrategias llevadas a cabo por Suteba BB se organizaron a partir de la vinculación entre dos estructuras internas: por un lado, las asambleas por escuela que posibilitaron a la conducción del gremio realizar una lectura de las experiencias y demandas que atravesaron al cuerpo docente en determinadas coyunturas políticas; y, por el otro, el cuerpo de delegados y las bases en las escuelas, que llevaron sus decisiones y mandatos en diversas instancias democráticas de organización y decisión.

Primera etapa: 2003‑2007. La construcción de un nuevo modelo sindical confrontativo y desde las bases

En los primeros meses de mandato, entre agosto y septiembre de 2003, Suteba BB convocó a diversas huelgas y manifestaciones y acompañó el reclamo de otros docentes estatales. Con la participación unificada dentro de la FGDB (representada a nivel local por Suteba BB, la CEB y SADOP), a la que se sumaba ocasionalmente ADUNS, las demandas se centraron en la recomposición salarial, el rechazo a la LFE, las reformas al estatuto y a los derechos laborales docentes («Casi el 80 %», 2003, p. 7; «En la mitad», 2003, p. 7; «Protesta docente», 2003, p. 6).

A partir de este momento, el conflicto docente experimentó un proceso de masificación en la participación y debate sobre el tipo de acción colectiva que debía desarrollarse. La nueva conducción de Suteba BB se propuso, desde un primer momento, legitimar los reclamos docentes en sus lugares de trabajo, propiciando la práctica organizativa de asambleas por escuela denominadas nucleamientos[7]. Otra manera de acercamiento a la comunidad educativa consistió en la confección de cuadernillos de divulgación de las reformas educativas y de la realidad social de cada institución[8].

Paralelamente, el gremio se solidarizaba con los auxiliares docentes nucleados en ATE y SOEME, que completaron 45 días de huelga durante 2003, en reclamo por la recomposición salarial y mejoras en las condiciones de empleo (Carabajal Figueroa, 2003, p. 5). A estos conflictos se sumaron otros tres: el recorte presupuestario en la rama de educación artística, las dificultades para acceder a cargos docentes y la reforma en la educación especial, a partir de la cual niños y adolescentes con discapacidades neuromotoras serían considerados alumnos regulares de EGB, aunque la Resolución 2543[9] no indicaba de qué manera serían integrados[10] («Debate sobre integración», 2003).

A partir de 2004, un nuevo proceso de conflictividad se abrió para Suteba BB: el rechazo a los cierres y fusiones de cursos, que afectaba no solo la estabilidad laboral de los docentes y su calidad pedagógica en cursos sobrepoblados, sino que también incrementaba indirectamente el abandono estudiantil (Acta de Asamblea extraordinaria, 29 de marzo de 2004, T. 1, pp. 174‑176; «El Consejo rechazó», 2004, p. 6). Algunas acciones de protesta tuvieron éxito, fundamentalmente en la JID y en el CE, deteniendo la modificación de la POF y algunas fusiones o desdoblamientos, e impugnando decisiones en materia de cargos docentes (Acta de Asamblea, 5 de mayo de 2004, T. 1, pp. 197‑ 200). En todo este proceso, el activismo por parte de docentes bahienses y de Suteba BB derivó en acciones de carácter distrital que cobraron mayor relevancia en el repertorio de protesta y fueron apoyadas masivamente en asambleas extraordinarias[11].

La tragedia de Cromagnon[12], en diciembre de 2004, expuso, entre otras cuestiones, la precariedad de la mayoría de las construcciones de uso público. En los siguientes dos años, se llevaron a cabo remodelaciones e inspecciones (de gas, electricidad, entre otras) que dieron como resultado la inhabilitación de numerosos establecimientos escolares o su continuidad bajo condiciones de riesgo. Este proceso se intensificó en 2005, con diversas denuncias por parte de directivos y referentes de Suteba BB sobre la situación edilicia de al menos 30 establecimientos educativos («Normal regreso», 2005, p. 5).

Durante 2005 se amplió el rechazo a los ofrecimientos salariales del Gobierno provincial, decisión ratificada en asambleas distritales de Suteba BB. En muchos casos, además de oponerse a la negociación, se elaboraba un plan de lucha (Actas de Asambleas, 26 de mayo de 2005, T. 2, pp. 32‑37, y 31 de mayo de 2005, T. 2, pp. 38‑39) y medidas de acción con otras seccionales opositoras, enmarcando la protesta local en otra de mayor alcance (Acta de Asamblea, 31 de mayo de 2005, T. 2, pp. 40‑41). A partir de entonces, la lucha docente se intensificó a nivel provincial debido a los descuentos masivos impulsados desde el Estado provincial y a la confección de «listas negras» de docentes que participaban en huelgas, lo que motivó un alto nivel de adhesión a las medidas («Manifestaciones docentes», 2005, p. 3).

Cuando la conflictividad del FGDB menguaba, a nivel local se mantenían otras estrategias de lucha, remplazando los paros por jornadas de discusión sobre demandas puntuales (problemas de infraestructura o de cargos en determinadas escuelas). En esta etapa, Suteba BB potenció el crecimiento de los delegados por escuela, y se afiliaron 360 docentes[13] (Acta de Asamblea, 12 de abril de 2005, T. 2, pp. 26‑30). Sin embargo, ese año también estuvo signado por tensiones y disputas internas, tanto a nivel político como en las relaciones vinculares dentro de la conducción, lo que repercutió en su política. El año 2006 marcó un momento crucial en las políticas educativas nacionales y provinciales a partir de la sanción de la LFIE y de la LEN. Suteba BB y ADUNS rechazaron la nueva legislación, cuestionando en especial el condicionamiento del presupuesto educativo al nivel del PBI. Asimismo, se criticó el apoyo explícito de CTERA, SADOP, AMET y UDA a dichas leyes («Reacciones sindicales», 2006, p. 7). Finalmente, se rechazó la declaración provincial de servicio esencial a las funciones de educación, que limitaba el derecho a huelga. Durante ese año, la lucha de los maestros y los profesores a nivel local tuvo una derivación de la acción sindical hacia el trabajo en escuelas, acompañando a las comunidades educativas. No obstante, algunas asambleas visibilizaban cierta «apatía y descreimiento de la lucha docente frente a un escenario complejo» (Actas de asambleas extraordinarias, 28 de febrero, T. 2, pp. 120‑122, y 2 de marzo de 2006, T. 2, pp. 123‑128).

Uno de los problemas con fuerte impacto social fue la falta de cupos para el ingreso al nivel inicial en al menos doce jardines de la ciudad. Además, la apertura de las nuevas escuelas de Educación Secundaria Básica (ESB) evidenció carencias en infraestructura, lo que dio por resultado el que secundarias funcionaran en escuelas primarias, correlato de turnos y direcciones, docentes sin ubicación ni posibilidad de seleccionar horarios o establecimientos, entre otros inconvenientes. Resultaba evidente que los cambios previstos en la LEN se implementaban sin suficiente planificación[14]. La adaptación de docentes reconvertidos al nivel de secundaria, la obligatoriedad de nuevos niveles y la concepción de la política de derechos e inclusión generaron intensos debates y dificultades de asimilación por parte de la comunidad educativa. A su vez, la incorporación de la EGB y los cambios en el nivel primario forzaron los límites espaciales de las escuelas, con consolidaciones edilicias que generaron más perjuicios que beneficios.

Las movilizaciones de Suteba BB de 2006 se realizaron bajo el lema: «Nada está resuelto en educación, salud y justicia». Las críticas hacia la LEN apuntaban en distintas direcciones: desde la amenaza de privatización de la educación (a partir de nuevas formas de financiamiento y gestión del sistema) hasta problemáticas pedagógicas e infraestructurales, y la carencia de espacios de consulta a docentes, entre otros. En disidencia a la política educativa, se realizó un Foro Crítico de Educación, a partir del cual se sistematizaron los conflictos con la LEN («Foro crítico», 2006, p. 7).

En Bahía Blanca, otro de los ejes de la protesta fue la defensa de los Derechos Humanos. El pedido de aparición con vida de Jorge Julio López[15] reforzó el trabajo del sindicato en las escuelas, con material específico para el abordaje áulico de los Derechos Humanos (Acta de Asamblea extraordinaria, 9 de octubre de 2006, T. 2, pp. 160‑164). A su vez, se argumentaba la importancia de acompañar las protestas desde la actividad pedagógica para alertar sobre la continuidad de un aparato represivo ilegal (Acta de Asamblea extraordinaria, 18 de octubre de 2006, T. 2, pp. 164‑170).

Suteba BB cierra la primera etapa de la trayectoria en 2007, siendo éste uno de los años con mayor cantidad de hechos de conflictividad y de procesos de organización. La oferta del Gobierno nacional de aumento del salario básico se asemejaba al pedido de los gremios de CTERA, UDA, SADOP y AMET («Desde marzo», 2007, p. 3). Para Suteba central, el salario mínimo unificado para todo el país sentaba un precedente positivo para la negociación provincial. Luego de varias reuniones, decidió aceptar el ofrecimiento provincial sin discusión previa en plenario general, con la presión de los medios y del Gobierno por comenzar las clases («Hubo acuerdo», 2007, pp. 1-3). En Bahía Blanca, el acuerdo fue recibido como «una enorme traición», con «decepción, bronca e indignación» («Paro de docentes», 2007, p. 3). Se decidió no aceptarlo y mantener un plan de lucha de 48 horas con jornadas de protesta distrital (Acta de Asamblea extraordinaria, 3 de marzo de 2007, T. 2 B, pp. 18‑23). Otros distritos disidentes, como La Matanza, La Plata y Ensenada, tomaron medidas similares.

Pero el contexto cambió radicalmente ante el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en abril de 2007, luego de ser alcanzado por una granada durante una represión a docentes en la provincia de Neuquén. La CTERA y Suteba lanzaron un paro nacional/provincial que fue acatado multitudinariamente, incluyendo una marcha nacional, donde participaron la CGT, la CTA, la CONADU‑H y otras centrales sindicales («Echando lastre», 2007, pp. 1 y 2).

En Bahía Blanca, se convocó a un paro de 24 horas, con una manifestación en el centro que congregó a miles de personas. «Lo mató la policía por luchar y reclamar», «Las tizas están ensangrentadas», «Todos somos Fuentealba» y «Con Kirchner sigue el hambre y la represión» eran las consignas que proliferaban en la Plaza Rivadavia, donde se pronunciaron referentes sindicales, políticos y de Derechos Humanos («Jornadas de marchas», 2007, p. 5; «Somos las maestras», 2007, p. 1). Las jornadas de protesta continuaron con distintas actividades, como la Maratón contra la Impunidad[16], impulsada por la Lista Celeste a nivel provincial y manifestaciones convocadas por Suteba BB («Hoy será otro día», 2007, p. 6; «Jornada de luto», 2007, p. 3).

Luego del receso invernal, se reabrieron las negociaciones paritarias, pero no se llegó a un acuerdo. El malestar se exacerbó cuando el Gobernador expresó «que no había dinero para pagar aumentos salariales a los estatales». A partir de agosto de 2007, Suteba BB, las distritales disidentes (La Matanza, La Plata, Marcos Paz, Ensenada y otras cinco del conurbano) y organizaciones de base convocaron a una serie de paros y jornadas de protesta sin dictado de clases con el objetivo de forzar un paro provincial, ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la falta de respuestas ante problemas de infraestructura, servicio alimentario y transporte escolar («Reinicio de clases», 2007, p. 2). Estas medidas fueron el fruto de un trabajo asambleario con participación de más de 1.200 docentes en múltiples eventos («Todo indica», 2007, p. 5). La estrategia consistía en convocar paros progresivos, posicionándose estas distritales como una alianza del sector combativo «a la vanguardia de la lucha docente en la región».

En el segundo semestre de 2007, la conflictividad fue en aumento. En Suteba BB, se votaron masivamente paros de hasta 72 horas («Por una educación», pp. 1‑3). El factor de ampliación hacia otros distritos opositores a la Lista Celeste posibilitaba huelgas de mayor alcance. En varias asambleas de Suteba BB, fue notoria la participación de la comunidad educativa en apoyo a los docentes, conscientes tanto de sus problemáticas como del efecto de los paros (Acta de Asamblea extraordinaria, 20 de septiembre de 2007, T. 2 B, pp. 84‑87). El descontento de las bases era evidente, y se sumaban los rechazos hacia Suteba central, que había aceptado el ofrecimiento salarial del Gobierno («Ayer fue otro día», 2007, p. 8).

En el proceso de lucha, resulta una marca estratégica de Suteba BB el acercamiento clasista a la problemática de otros colectivos obreros y los pedidos de solidaridad. En múltiples asambleas participaron, además, trabajadores del frigorífico recuperado Industria de la Carne Obrera (INCOB)[17] (Acta de Asamblea, 19 de septiembre de 2007, T. 2 B, pp. 79‑83) y un grupo de cartoneros que narró sus experiencias de lucha por el sostén de su actividad y contra la represión estatal (Acta de Asamblea, 3 de octubre de 2007, T. 2 B, pp. 91‑94)[18]. En todas ellas, se votó por unanimidad el apoyo y la solidaridad del gremio hacia esos reclamos.

Las discusiones internas sobre cómo proseguir en medio de un proceso de desgranamiento en la participación derivaron en dos posturas: la sostenida por algunas agrupaciones de izquierda, de «redoblar la apuesta» y proponer paros de 48 horas, y la de mantener la moderación frente al escaso acompañamiento de las bases docentes, que sostenía la conducción del gremio (Acta de Asamblea, 23 de octubre de 2007, T. 2 B, pp. 113‑119). Finalmente, se impuso la posición más «radical» en una votación reñida («El Suteba parará», 2007, p. 5).

A partir de 2007, la desafiliación comenzó a presentarse como una opción para un sector de la docencia, situación que la Lista Granate interpretó como una «estrategia derrotista» frente a la posibilidad de resistencia ante las decisiones de Suteba central. Durante ese año, la estrategia de convocar paros distritales entre regionales de «Sutebas disidentes» permitió sostener la suspensión de clases mediante el uso de la licencia gremial que establece el artículo 115 b3 del estatuto docente (Acta de Asamblea extraordinaria, 2 de noviembre de 2007, T. 2 B, pp. 129‑136). No obstante, se aplicaron descuentos en los haberes, que representaban entre el 4 y 6 % del salario básico (nivel inicial, sin antigüedad). Ante esta situación, Suteba BB interpuso acciones de amparo, realizó una toma simbólica del edificio del CE y una manifestación hacia el HCD («Protesta docente por los descuentos», 2007, p. 6; «Reclamos docentes», 2007, p. 1)[19].

A partir del consenso alcanzado por el Gobierno con los sindicatos docentes bonaerenses y la CTERA, y de una paritaria que facilitó la contención del conflicto, se produjo un quiebre en la hegemonía de las conducciones sindicales (fundamentalmente de Suteba), con el surgimiento de seccionales disidentes, como fue el caso de Bahía Blanca. Esto implicó un reposicionamiento «desde abajo» de las conducciones regionales, fomentando las decisiones por asamblea, los cuerpos de delegados y la conformación de encuentros y acuerdos mutuos a nivel provincial. La estrategia de Suteba BB durante esta primera etapa estuvo signada por un alto grado de movilización, combinando huelgas periódicas y asambleas por escuela. En este sentido, el lugar de trabajo se convirtió en un locus de organización (Upchurch y Mathers, 2012) y conflicto que adquirió relevancia en cuanto vía para promover los intereses de los docentes y revitalizar la acción sindical.

La agencia de los militantes y del cuerpo de delegados de Suteba BB fue uno de los aspectos determinantes de los conflictos. Hubo un fortalecimiento notorio en este sentido[20]. A diferencia de los años anteriores, cuando los docentes autoconvocados actuaban de modo cuasiespontáneo, en una dinámica de retroceso, la disposición del activismo sindical estuvo vinculada íntimamente a las problemáticas cotidianas de los docentes. El conflicto se articuló con las comunidades educativas, concibiendo el problema educativo como un problema político, relacionado con la implementación de las reformas educativas y la disputa por la negociación salarial. En palabras de un dirigente sindical,

para no reducir el trabajo del sindicato a una lucha corporativa, [hay que] generar conciencia que el ataque es a la escuela pública, donde están involucrados todos. Si la función sindical se comprime a ser meros reclamadores de sueldos y condiciones de trabajo, se está perdiendo la pelea (extracto del Balance de la CD, documentación interna, 2007).

En este sentido, resurgió un sindicalismo de base en Suteba BB que desarrolló sus estrategias de lucha en términos de reivindicación clasista, solidarizándose con otros conflictos obreros y reclamando la democracia sindical y la independencia política partidaria, en contraposición a Suteba central. Estos elementos contribuyeron al incremento en sus niveles de afiliación, el apoyo de las escuelas y la revitalización de las bases en las decisiones de protesta. El desacople entre las resoluciones y acuerdos logrados por Suteba central y las demandas de movilización de la base docente con el sindicato a nivel local provocaron procesos de participación hasta entonces solo experimentados durante los escuelazos de 2001. Las estrategias de reafirmación de demandas concretas también estaban presentes en cada hecho de conflictividad. Además, las reivindicaciones giraron en torno a otros ejes que fueron puntales de su política sindical, como los aspectos económicos, políticos y culturales de la educación, hasta su incumbencia en los procesos pedagógicos[21].

Segunda etapa: entre la estrategia de contención, las disputas internas y la conflictividad selectiva (2008‑2011)

Hacia 2008, el modelo de crecimiento económico iniciado a fines de 2002 (basado en un tipo de cambio alto y competitivo y bajos salarios reales en dólares) comenzó a mostrar signos de agotamiento (Cantamutto, 2017; Schorr, 2017). Ese año, la tasa de inflación se duplicó (respecto de 2007), y el PBI per cápita dejó de crecer. Asimismo, la tasa de empleo no registrado pasó de un 50 % en 2003 a un piso difícil de perforar de alrededor de un 35 %, guarismo relativamente alto, que da cuenta de que las políticas laborales no fueron suficientes para revertir los problemas del sector informal[22].

En el sector docente de la provincia de Buenos Aires, los salarios mostraron una evolución similar respecto del promedio nacional. En 2008, a partir de un acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremios Suteba, FEB, UDA, SADOP y AMET, se obtuvo un incremento salarial en términos reales del 25 %. No obstante, Suteba BB expresó su disconformidad respecto del acuerdo y expuso la inacción del Gobierno provincial ante el empeoramiento de otros aspectos del sistema educativo: problemas edilicios[23]; falta de pago/fondos para transportes escolares, comedores, entre otros; cese de servicio de establecimientos rurales; insuficiencia de cupos en el nivel inicial; aumento de casos de «violencia escolar»; escasez de cargos docentes; entre otras condiciones laborales (Actas de Asambleas extraordinarias, 20 de febrero de 2008, T. 2 B, pp. 151‑155, y 29 de febrero de 2008, T. 2 B, pp. 155‑160; «El Suteba denunció», 2008, p. 6; «Multitudinaria audiencia pública», 2008, pp. 1-3).

Luego del receso invernal, la reapertura de paritarias se convirtió en una demanda habitual, con paros de 24 y 48 horas convocados por el FGDB («Docentes movilizados», 2008, p. 5). A fines de septiembre, la aceptación de la oferta por parte de este hizo resurgir las denuncias locales contra el gremio central («Los docentes rechazaron», 2008, p. 6). La respuesta fue una serie escalonada de paros distritales y manifestaciones (Acta de la Asamblea, 23 de septiembre de 2008, T. 2 B, pp. 117‑122). La lucha se dio en unidad con trabajadores estatales, fundamentalmente por la reforma del IPS[24]. El Gobierno provincial respondió con el envío de telegramas y la aplicación de descuentos («Suteba. Derechos y amenazas», 2008, p. 5).

No obstante, el año 2008 se caracterizó indudablemente por las repercusiones que tuvo el conflicto originado por la Resolución 125[25]. El posicionamiento de la conducción de Suteba BB fue resignificar la perspectiva de la clase trabajadora por encima de las disputas por la apropiación de la renta agraria. Se criticaba el accionar de las corporaciones exportadoras de cereales y productos agroquímicos, «que negocian con el derecho básico del pueblo a alimentarse», y también al Gobierno nacional, por «no utilizar la renta agraria para una verdadera redistribución de la riqueza, sino para el pago de la deuda externa, y la realización de un pacto social para congelar salarios» (volante «Conflicto agrario. Una posición desde los trabajadores de la educación», Lista Granate, 24 de junio de 2008).

Para la conducción de Suteba BB, este conflicto generó serias dificultades en la definición de la estrategia que se presentaría ante el gobierno kirchnerista. La simpatía que despertaban algunas de las medidas y su narrativa progresista dividieron a militantes y a docentes que participaban del sindicato, llegando a determinar su ausencia en asambleas o en acciones gremiales, hasta incluso su alejamiento del gremio. Se retoman dos testimonios de miembros de la CD de Suteba que narran esas experiencias:

Con las políticas progres del kirchnerismo, algunos compañeros que habían militado con nosotros empiezan a simpatizar con el Gobierno, y eso nos va a generar problemas, y muchos dejan de militar, les costaba mucho pararse en el Suteba y estar contra el Gobierno… 2008 y 2009 fueron los momentos más difíciles para nosotros. En el debate, muchos compañeros de base, no de la militancia, nos vinieron a decir: «¿por qué, si el Suteba está en todas las movilizaciones, por esto y por lo otro, por qué no está con el campo?». Ahí empieza un debate más ideológico […]. Más bien, el sector progresista de la docencia, no el militante político, el que simpatiza con algunas ideas, empieza a visualizar que algunas cosas están bien y empiezan a ver contradicciones… Gente que había estado muchos años con nosotros se va, y eso fue doloroso […]. Con el tema kirchnerismo, fue bastante difícil para nosotros desde qué política pararse; claramente, nos posicionamos desde la izquierda […]. En ese momento, empezamos a ver algo de lo que incide en el 2008, que acá, en Bahía —más que en Buenos Aires—, hay un comienzo de descontento hacia Cristina muy fuerte, muy escindido socialmente, pero que no tenía una orientación política definida. Se podía criticar desde derecha, que después se va a ver, y que nosotros estamos disputando ideológicamente el contenido de ese descontento desde otro lugar, lo cual no era tan fácil, que eso, en algunas movilizaciones antes de que gane Macri, empieza a verse […] (entrevista a E. G., 18 de julio de 2019).

Para mí fue algo impactante en lo personal, con la crisis del campo, la base docente con una conformación bastante antiperonista nos presionaba […] muchos compas nos decían: «¿cuándo vamos a salir a apoyar al campo?»… nosotros dijimos en una asamblea que, si ustedes quieren salir, salgan, pero nosotros renunciamos a los cargos porque estamos convencidos de que apoyar al campo es estar en contra de los intereses de la clase… salir a una marcha con el campo era renunciar, pero había una base que discutía mucho y en reuniones de delegados era tremenda… Nosotros teníamos muy clara nuestra independencia de partidos, gobiernos y patrones; siempre defendimos los intereses de los trabajadores de la educación […]. Por otro lado, las paritarias no generaron en Bahía un apoyo mayoritario, y Baradel siempre fue una figura refractaria para Bahía […]. El tema del kirchnerismo fue un momento complicado y mucho más con el conflicto del campo, aunque lo pudimos sobrellevar (entrevista a G. D., 24 de septiembre de 2019).

La estrategia confrontativa de la primera etapa daba paso a un momento de tregua, que significaba comprender los procesos de la base docente y sus acercamientos políticos. A pesar de estas dificultades, y de la «pasividad» de las estructuras gremiales provinciales y nacionales, Suteba BB mantuvo una fluida relación de apoyo mutuo con otros gremios estatales (del sector médico y judicial) agrupados en la CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego[26]. Sus demandas se aunaban en el pedido de un salario equivalente a la canasta familiar, una ley que evitara despidos y suspensiones, jubilación mínima equivalente al 82 % del SMVM, y mayor presupuesto para educación, salud y justicia, entre otras. Entre los integrantes de esta alianza sindical, se encontraban ATE, Suteba BB, ADUNS, AJB y CICOP («Más de 43 mil chicos», 2009).

En la comprensión de las estrategias sindicales, resultan relevantes las discusiones sobre reflujo docente, que se evidenciaban en falta de participación en asambleas o en movilizaciones, aunque paradójicamente las huelgas presentaban un gran nivel de acatamiento. Para algunos de los docentes consultados, esta situación se relacionaba con la falta de conciencia política, con la insuficiencia de mecanismos de participación en el sindicato o bien con el rol distorsivo de los medios de comunicación sobre el conflicto docente. El sector alineado con el kirchnerismo planteaba que las huelgas y manifestaciones «le estaban haciendo el juego a la derecha», argumento central de la Lista Celeste contra el posicionamiento de las conducciones opositoras (Acta de Asamblea, 30 de marzo de 2009, T. 3, pp. 21‑28).

En este contexto, la contención del sindicato hacia la clase se verificó en un incremento del trabajo en cuestiones gremiales, un apoyo a demandas concretas en distintos niveles (iniciales, especiales y adultos) y a reivindicaciones de salud laboral (contra la prestataria médica y el IOMA). No fue sino hasta fines de 2009 cuando la protesta cobró una dinámica diferente a nivel local, con métodos directos de acción colectiva impulsados por el proyecto de creación de jardines municipales, que funcionarían en contraturno en sedes de jardines provinciales. Un sector de docentes y directivos de nivel inicial advirtió que la municipalización exponía la falta de presupuesto provincial para la construcción de jardines y la apertura de cargos. Esta situación motivó una enorme movilización al HCD de docentes y directivos de nivel inicial, Suteba BB, la CEB e incluso inspectores[27] («Fuertes reparos», 2009, p. 6; «Más de 70 mil alumnos», 2009, p. 6).

A fines de noviembre de 2009, la tercerización del control de licencias médicas en empresas prestatarias privadas implicó un aumento de los requisitos y procedimientos para su otorgamiento (Cuchereno, 2009, p. 6). En los años siguientes, el conflicto entre Suteba BB y la prestataria de salud se incrementó[28]. Una de las exsecretarias de Salud de Suteba BB expuso los problemas en el servicio de salud a trabajadores docentes:

Cuando empezamos a interactuar con las prestatarias, fue, desde el comienzo, una lucha constante. Pasamos de la desidia total al control férreo y sin sentido […]. Con IOMA tuvimos una acción similar, pero mucho no hemos logrado… salvamos los casos particulares, las luchas individuales, eso de ir por un caso particular y lucharlo y pelearlo hasta lograr algo […]. En ese momento, no encontrabas un médico que te atendiera si no pagabas un plus; hacías la denuncia, y nadie te solucionaba, terminabas pagando para ser atendido […]. El tema de IOMA es un tema muy particular de Bahía Blanca, ya que no existe en ningún otro lugar de Buenos Aires que te cobren el plus […]. El bono de IOMA lo hemos denunciado mil veces a esto, y no hay forma de sanearlo; te cobran por arriba de la obra social, y es algo sistemático, es una lucha de no acabar (entrevista a S. A., 11 de octubre de 2019).

En 2010 Suteba BB denunció con documentación respaldatoria a la firma Dienst Consulting por sus prácticas discriminatorias, la desaprobación sistemática de licencias por días de reposo o la disminución de los días prescriptos por un médico particular («Suteba, contra la prestataria médica», 2010, p. 5). Más adelante, estas protestas se engarzaron con el conflicto generado por las nuevas disposiciones acerca del uso del servicio 911 en las escuelas[29]. No obstante, la situación de reflujo y desmovilización docente a nivel provincial se hacía cada vez más evidente. A nivel local, se debatía sobre qué medidas resultarían más «contundentes»:

Siempre fue un punto de discusión cuál es la medida más efectiva, cuál es aquella que expresa el sentimiento docente en su mayoría… es por eso que hay que manejarse con la certeza que, en este caso, es solucionar los problemas laborales y salariales acompañando hasta donde la acción de los compañeros nos va a acompañar. La medida debe ser concreta y general, y buscar la masividad, la contundencia y apreciar la realidad de los compañeros… los paros administrativos han sido un fracaso y el FGDB está intentando apaciguar las aguas (G. D., miembro de la CD de Suteba, en Acta de Asamblea, 5 de febrero de 2010, T. 3, pp. 94‑95).

Durante 2010 las problemáticas de las comunidades educativas transitaron por cuatro carriles: la falta de provisión de agua en las escuelas[30]; la reducción de un 25 % de los cupos de comedores escolares para el almuerzo[31]; la falta de fondos para el pago del alquiler de los inmuebles (lo que motivó mudanzas repentinas de escuelas y problemas de reorganización)[32]; y la reforma del subsistema de educación especial (Acta de Asamblea extraordinaria, 25 de noviembre de 2010, T. 3, pp. 135‑141). Por su parte, se rechazaban los cambios en el Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia y su incidencia en el control del trabajo docente («Los maestros ratificaron», 2010, p. 5).

En agosto y septiembre de 2010, retornaron las asambleas masivas en Suteba BB y se comenzó a generar un apoyo concreto alrededor de la CTA Bahía Blanca ‑ Cnel. Dorrego[33], fuertemente direccionada a denunciar la precarización laboral del empleo público («Viejas costumbres», 2010, p. 3). En esas asambleas, se votaron por unanimidad el apoyo a las luchas de otros trabajadores estatales (judiciales y médicos), el pedido de nuevas paritarias, el reclamo por medidas de fuerza a Suteba y CTERA y la aprobación del «82 % móvil» para los haberes jubilatorios (Acta de Asamblea extraordinaria, 26 de agosto de 2010, T. 3, pp. 111‑116). A partir de la coconducción de los integrantes de la CD de Suteba BB en la CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego, se decidió el acompañamiento a los paros nacionales convocados por la CTA y la CGT.

En 2010 el asesinato del dirigente de la FUBA y militante del PO Mariano Ferreyra[34] impactó sobremanera en la militancia en general. A nivel local, el fallecimiento de un operario de Solvay Indupa (Juan Cruz Manfredini), quien trabajaba en condiciones de gran precariedad[35], reabrió la discusión sobre las condiciones laborales y las muertes obreras evitables. Durante meses, las luchas docentes se recobraron en manifestaciones y huelgas masivas. El acatamiento docente a los paros fue casi total, adhiriendo también el sector de la docencia privada (SADOP) y la FEB.

El año 2011 registró la cantidad más baja de acciones de conflictividad locales. En ese año, se llevaron a cabo elecciones ejecutivas a nivel nacional, provincial y distrital, en un contexto de desaceleración del crecimiento económico e inflación creciente. El agravamiento de las condiciones económicas repercutió fuertemente en los salarios docentes. Esta situación, sumada a las tensiones en el interior del peronismo, provocó rupturas y desacuerdos entre los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca, la expresión de descontento con el accionar de Suteba central se tradujo en jornadas de protesta y paros distritales.

En 2011, Suteba BB adhirió a varias convocatorias de la CTA nacional y local[36]. El lema principal de las campañas fue: «el hambre es un crimen social», ante índices de pobreza que habían alcanzado los dos dígitos, con menor dinamismo en la economía, con un efecto reducido de los programas de cobertura social (Salvia et al., 2015, p. 24). A nivel local, participaron de manifestaciones organizaciones como ADUNS, la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, los Jubilados del Cono Sur y Trabajadores Precarizados Municipales. Por su parte, la crítica situación edilicia complicaba el inicio de las clases a nivel local. Los delegados de Suteba BB relevaron más de 20 instituciones denunciadas por falta de calefacción y de aulas, problemas eléctricos y en techos, y hasta por la utilización de aulas de chapa (escuelas container)[37]. El relevamiento fue desestimado en varias oportunidades por el CE, que responsabilizó por las pérdidas materiales a hechos de vandalismo.

Hacia fines de ese año, se presentó un proyecto de ley para reformar el subsistema de educación para adultos (Centros Educativos de Nivel Secundario [CENS]) que implicaba un recorte presupuestario, cambios en la conformación del nivel (con el ingreso de estudiantes de 16 años) y una mayor precarización laboral (a partir del Plan FINES, de contratación temporal de docentes) (Asambleas extraordinarias, 15 de septiembre de 2011, T. 3, pp. 164‑170, y 23 de septiembre de 2011, T. 3, pp. 171‑175; «Otra reforma educativa», 2011, p. 2). Esta situación derivó en varias reuniones y movilizaciones al CE y al HCD («Hoy habrá más», 2011, p. 7; «Movilización, asamblea y paro», 2011, p. 2).

Como un preanuncio del activismo de la siguiente etapa, algunas asambleas de Suteba BB llegaron a convocar a más de 800 personas, y se votaron medidas de lucha distritales escalonadas en rechazo a la paritaria nacional, calificándola de «estafa que colocaba un techo a las negociaciones» (Acta de Asamblea, 5 de octubre de 2011, T. 3, pp. 184‑190; «Profundización. Asamblea docente», Eco Días, N.º 384, octubre de 2011, p. 4). Las medidas votadas estaban en línea con los planes de otras seccionales opositoras, como Quilmes, Berazategui, Marcos Paz y Escobar, entre otras. En esta segunda etapa, las listas internas de izquierda dentro de Suteba BB, como la Corriente 9 de Abril (Partido de los Trabajadores Socialistas [PTS]), Tribuna Docente (PO) y Organización, Unidad y Lucha (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado [PSTU]), plantearon enérgicos debates criticando a la conducción por el «vaciamiento de las asambleas y la creciente importancia de los asuntos gremiales por sobre los debates políticos» (entrevista a G. C., 30 de octubre de 2019). Las interacciones entre estas fracciones se volvieron virulentas, exponiendo la disyuntiva entre medidas de acción radicales y moderadas. Asimismo, también se generaron problemas dentro de la propia conducción que derivaron en divisiones dentro de la Lista Granate. Si bien la relación con los afiliados no se vio afectada, impactaron en las discusiones sobre el rumbo que debía tomar el sindicato, acentuando su carácter confrontativo o como mero prestador de servicios[38].

Tercera etapa (2012‑2015): conflictividad en alza y acción desde las bases

Entre 2012 y 2015, las reuniones paritarias entre el FGDB y el Gobierno provincial estuvieron mediadas por diferentes circunstancias que generaron situaciones conflictivas. En algunos casos, el Gobierno provincial cerró unilateralmente la paritaria y fijó aumentos por decreto que se pagarían en cuotas. Esta práctica comenzó a naturalizarse en los años posteriores y fue rechazada unánimemente por los gremios («El gobierno no acordó», 2013, pp. 1‑3; «El paro docente», 2012, p. 1). En tres oportunidades, se decretó la Conciliación Obligatoria («Baradel», 2014, pp. 5‑6), con descuentos a los gremios disidentes («La justicia ordenó», 2014, p. 4). En 2015 la coyuntura electoral impulsó la rápida aceptación de un acuerdo («Una oferta bien vista», 2015, pp. 5‑6). Ese año, la disidencia de la FEB a nivel provincial, el quiebre del FGDB y su no acatamiento a la conciliación obligatoria permitieron aplacar la conflictividad local de Suteba BB y de la CEB («Marcha de estatales», 2015, p. 5). Finalmente, el desgranamiento y las dificultades de mantener el paro obligaron a «volver a las aulas, continuar con el reclamo, pero sin hacer paros» («Docentes: resolvieron seguir», 2015, p. 3).

Las negociaciones del FGDB generaron fricciones con las seccionales disidentes de Suteba, que, a diferencia de otros años, no acataron los acuerdos y obligaron a las centrales a retomar medidas de lucha luego de haber cerrado las negociaciones y al propio Estado provincial a decretar repetidas conciliaciones obligatorias o aplicar descuentos. Por su parte, Suteba BB convocó en diferentes ocasiones a asambleas de emergencia antes del comienzo del ciclo lectivo para discutir posibles acciones junto con las seccionales opositoras. Varios de sus reclamos, como la universalización de las asignaciones sociales, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el pedido de aumento salarial mayor a la inflación proyectada, la eliminación de las sumas «en negro», el «82 % móvil» para las jubilaciones, las mejoras en las condiciones de empleo y los problemas de infraestructura (Acta de Asamblea extraordinaria, 27 de febrero de 2015, T. 4, pp. 388‑393) no fueron discutidos en ninguno de los acuerdos paritarios (Actas de Asambleas extraordinarias, 6 de marzo de 2012, T. 4, pp. 46‑49, y 3 y 14 de marzo de 2012, T. 4, pp. 50‑56).

Dos temas concretos impulsaron el alza de la conflictividad docente a nivel local: el no cobro de haberes y la falta de presupuesto para infraestructura. El CE y el Municipio funcionaron como ejes territoriales de la protesta, y los lugares de trabajo (establecimientos educativos) recobraron el impulso de la primera etapa. El cobro de haberes se percibía con atrasos de entre tres y cinco meses luego de tomar posesión de un cargo, a veces en cuotas o desdoblados (Acta de Asamblea extraordinaria, 4 de junio de 2012, T. 4, pp. 59‑63). La DGCYE argumentaba que se trataba de un problema «técnico‑administrativo», lo que le generó serios cuestionamientos por parte de Suteba BB, que señalaba al ajuste económico como el verdadero motivo de esta situación. En un comienzo, el gremio sugirió la retención de servicios, pero la imposibilidad de obtener información sobre el cobro provocó un malestar generalizado que rápidamente se trasladó a las calles, con medidas de acción directa.

Los problemas de cobro, el fraccionamiento del aguinaldo y la suspensión de las prestaciones de IOMA fueron motivo de repetidas demandas en distintas jornadas de lucha durante varios meses. En algunos casos se apeló directamente a la toma del CE como medida simbólica para exponer diversos problemas, medida que en algunas oportunidades fue acompañada por otros gremios estatales («Los docentes, no obstante», 2013, p. 6). Las acciones tuvieron el apoyo de otros distritos, como La Plata, Marcos Paz, Quilmes y Tigre, con los que se entregaron petitorios conjuntos a IOMA por la atención cada vez más deficitaria («Fuerte reclamo», 2013, p. 7). Las diversas medidas de lucha generaban una participación oscilante pero constante de docentes. Desde marchas, sentadas y asambleas abiertas frente al Municipio, petitorios entregados a la JID o al CE («Una nueva protesta», 2013, p. 7) hasta paros distritales progresivos con manifestaciones intersindicales, el activismo del gremio local alcanzó un nivel de intensidad muy elevado (Acta de Asamblea extraordinaria, 10 de octubre de 2013, T. 4, pp. 229‑236).

La estrategia de Suteba BB en esta etapa consistió en crear y reforzar alianzas sindicales que permitieran el crecimiento en número de manifestaciones y el acatamiento a los paros provinciales y distritales. Este entramado de alianzas posicionó a Suteba BB como una organización que dirigió la lucha de otras asociaciones de empleados estatales (judiciales, ATE, CTA local) y de otros sindicatos docentes (como la CEB‑FEB). La explicación de esa centralidad deriva de su capacidad de aglutinar fuerza de base y generar consenso social alrededor de sus reclamos (a partir de la cercanía a la comunidad educativa), solidarizándose con las medidas de otros gremios.

Este esbozo de alianza con trabajadores médicos (Asociación de Profesionales del Hospital Penna) y estatales (ATE y AMET), junto con docentes de la CEB, derivó en una unidad estratégica de fracciones obreras golpeadas por la situación económica y la precariedad laboral. Las movilizaciones callejeras concretadas conjuntamente en la Marcha de los Guardapolvos Blancos tuvieron un eco positivo en la opinión pública, que percibió estas manifestaciones como parte de un reclamo «justo y necesario». La Marcha de los Guardapolvos Blancos significó el punto más alto de la conflictividad local en repetidas oportunidades entre diciembre de 2012 y 2013, con abrazos solidarios a establecimientos educativos y de salud públicos («Bahía: amenaza docente», 2013, p. 7; «Bahía Blanca, otra vez», 2013, p. 4; «Por la educación y la salud», 2013, p. 6), expresándose bajo el lema: «Docente luchando también está enseñando» (Actas de las Asambleas extraordinarias, 3 y 5 de junio de 2013, T. 4, pp. 190‑198). Esta marcha fue replicada en 2014 y en 2015 con muestras importantes de participación sindical y vecinal («Docentes y médicos», 2014, p. 5; «Nutrida marcha de antorchas», 2014, p. 7; «Por las ratas», 2015, p. 4) y con jornadas distritales y asambleas (LNP, «Suman 26 los paros», 9 de septiembre de 2015, p. 6; «Se pronunció Suteba», 3 de noviembre de 2015, p. 6; «Suteba local pidió…», 12 de noviembre de 2015, p. 4).

Otra forma de protesta de este tercer período fueron las Marchas de las Antorchas, que concentraban a miles de personas portando velas («Fue masiva la marcha», 2013, p. 6) y también se organizaban desde los sindicatos con participación de la comunidad educativa («Se multiplican las marchas», 2014, p. 7). En estas movilizaciones, Suteba BB repartía volantes explicativos de la situación de la educación y la salud públicas, con el fin de informar, concientizar y promover la solidaridad (Cartas a las familias de nuestra escuela, documento volante, 2014).

Las asambleas intersindicales se convirtieron en mecanismos de organización efectiva y masiva para continuar la lucha y tuvieron numerosas continuidades a partir de 2013, en su doble aspecto de organización y de acción de conflictividad (Acta de Asamblea, 5 de marzo de 2013, T. 4, pp. 150‑153). Estas asambleas entre gremios docentes y estatales (Suteba BB, CEB, AMET, SADOP, ADUNS y la CTA local) ampliaron el conjunto de demandas y reflejaron el poder de convocatoria y organización de Suteba BB en una coyuntura compleja (Acta de Asamblea extraordinaria, 25 de febrero de 2013, T. IV, pp: 139- 146; «Docentes. Las luchas» 2013, p. 3; «Nueva movolización», 2013, p. 5; «Tras la huelga», 2013, p. 5).

En términos de acción colectiva, desde febrero a octubre de 2013, se contabilizaron 23 asambleas extraordinarias realizadas por Suteba BB, varias de ellas con la participación de más de 1.000 docentes con protagonismo colectivo en la toma de decisiones. Además, se realizaron 13 movilizaciones y un corte de ruta ante la presencia del Gobernador, una toma del CE y varios actos y festivales. En general, el elemento destacable de ese año fue la alianza con el sector de profesionales médicos y trabajadores estatales, en defensa de la salud y la educación públicas (Balance del Consejo Ejecutivo de Suteba BB, 9 de diciembre de 2013).

Particularmente, en una asamblea intersindical, las palabras de la Secretaria General de la CEB dieron cuenta de un cambio en los supuestos y acciones que habían sustentado tradicionalmente la FEB‑CEB, a través de un discurso de carácter más combativo, influido por su relación con Suteba BB:

Hay muchos docentes aquí, pero también muchos trabajando… también sabemos que este conflicto está muy trabado… la negociación en paritarias no avanzó… es el momento de luchar, de estar presentes, de estar unidos; y no debemos desaprovecharlo, siempre en pos de los derechos de los docentes con un único patrón, expresamos propuestas de la asamblea para ver cómo seguimos… Con la marcha debemos hacer visible la fuerza y que cada persona se haga presente cada vez que la convoquen (Irma De la Cruz, Acta de Asamblea, 26 de febrero de 2013).

Por último, la conflictividad estuvo mediada por la coyuntura política y adoptó, en determinados momentos, una propuesta diferente a la huelga, con jornadas de protesta (con licencia gremial), asambleas por escuela y manifestaciones callejeras que intentaron legitimar el reclamo con la participación de otros actores de la comunidad educativa, trascendiendo la mera reivindicación salarial. La principal preocupación era visibilizar el reclamo y lograr consenso social (Acta de asamblea extraordinaria, 15 de marzo de 2013, T. 4, pp. 157‑162). Las movilizaciones frente a la falta de cobro y por mejoras en las condiciones de trabajo fueron contundentes, fundamentalmente durante 2013 y 2014. En algunos casos, superaron las 5.000 personas, con la participación de docentes a nivel regional («La voz de los maestros», 2013, pp. 1 y 6) o de médicos y estatales («Masivo reclamo», 2013, pp. 1 y 8). Las demandas, metas y objetivos del conflicto estuvieron relacionados con la situación del trabajo educativo y sus reformas, la intensificación de la explotación en un contexto de degradación de las condiciones materiales de trabajo y el aumento de la carga docente en todos sus aspectos.

Otra práctica implementada por Suteba BB para expandir el alcance de la protesta fue la recorrida de escuelas, en las que se explicaba a las comunidades los problemas de la educación y, en particular, de la negociación docente, apelando a la «unidad de los trabajadores y la defensa de la educación y la salud públicas» (entrevista a G. D., 24 de septiembre de 2019). En general, las familias manifestaban su apoyo al reclamo docente, pero también pedían la continuidad de las clases («Docentes explican», 2013, p. 6). Esta etapa se caracterizó por una vuelta a las asambleas por escuela, en una remembranza de los nucleamientos de años anteriores, donde docentes y referentes sindicales se reunían con las comunidades educativas, con el objetivo de comunicar los motivos de las medidas de fuerza (Acta de Asamblea extraordinaria, 14 de marzo de 2014, T. 4, pp. 276‑281).

Desde el segundo semestre de 2012 hasta fines de 2014, la conflictividad laboral ascendió en todos los sectores de trabajadores estatales, a partir de convocatorias a paros generales («Fuerte respuesta local…», 27 de marzo de 2014, p. 3) por parte de la CGT (Moyano), la CGT Azul y Blanca y la CTA Autónoma (Marticorena, 2015a).

La coyuntura en la Argentina se tornó aun más desfavorable cuando, a principios de 2014, una fuerte devaluación impactó sobre el poder de compra de los salarios (Manzanelli y Basualdo, 2016, p. 24). El aumento de la desocupación y la pobreza se convirtieron en los mayores problemas de la clase trabajadora (Varela, 2015).

A nivel local, se replicaron los paros convocados por las centrales sindicales nacionales, como la Marcha del 20N, por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que se repitió en diferentes ocasiones, en 2014 y 2015. No obstante, esta medida convocada por la CGT provocó tensiones dentro de Suteba BB, evidenciadas por las múltiples discusiones de delegados y asambleas extraordinarias. La dirigencia expresó que el reclamo docente databa de mucho tiempo y que la adhesión debía interpretarse como una medida de unidad de los trabajadores, «no para hacerle seguidismo a Moyano» en su disputa con el Gobierno nacional. La Lista Celeste no acompañó el reclamo, y se generó una división entre los docentes de base.

En el análisis de esta última etapa, las causas profundas de la dinámica ascendente del conflicto deben buscarse en el deterioro de las condiciones salariales y de trabajo y en el descontento de la base docente con la situación económica. Como expresaba E. G.,

El 2014 es el último momento de auge, encuentro y participación. Te lo grafico en una foto: en una asamblea en la Técnica 2, con 600 personas, proponemos que se empiecen a hacer asambleas en las escuelas con la participación de los padres […]. Se vota nuestra línea, y nos quedamos sorprendidos; hay como veinte círculos de maestras organizando esas asambleas. Habían tomado la iniciativa como propia y la estaban llevando adelante a tal punto que no nos alcanzaban los compañeros para ir a todas las asambleas; se repitió ese movimiento de las mismas características del 2001, una marea latente. En el 2014, la Celeste de Baradel aparece detrás, en la cola de ese proceso, lo encarama, después lo conduce, pero, una vez que, por abajo [desde las bases], lo obligaban a ese lugar. Hay una movilización en La Plata, que después agrupa muchos docentes, pero ellos no querían mostrarse en contra de Kirchner […]. Sin embargo, cuando ese proceso terminó, nosotros hacemos el balance y pensábamos en conseguir 100 delegados más, cosa que no pasó: se formaron algunos delegados que los podés contar con los dedos de la mano… El proceso no sedimentó en un activismo nuevo; habría que ver las causas o explicación para eso, pero hubo mucho voto posterior al macrismo (entrevista, 18 de julio de 2019).

En 2015 las huelgas generales de las centrales sindicales menguaron debido a la posibilidad de ocupar espacios en las listas de candidatos en un año electoral. El impuesto a las ganancias, así como la situación salarial general fueron algunas de las peticiones de la CGT y la CTA Autónoma para la convocatoria a un importante paro el 30 de marzo de 2015. Antes del cierre de listas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en junio de 2015, la CGT (Moyano), la CGT Azul y Blanca (Barrionuevo) y CTA Autónoma (Micheli) realizaron un nuevo reclamo al Gobierno por paritarias libres, suba del mínimo del impuesto a las ganancias y aumento de haberes jubilatorios. Suteba BB adhirió con otros gremios al paro y volvió a movilizarse en el Centro, con escaso acompañamiento. A nivel local, el año 2015 estuvo atravesado por el conflicto generado por la invasión de ratas[39] en las escuelas y las protestas por las condiciones de infraestructura, problemas de difícil resolución en el corto o mediano plazo. Las denuncias dieron cuenta de al menos 40 escuelas afectadas por plagas.

La conflictividad de Suteba BB continuó con altibajos, producto de las ambivalencias en el movimiento docente. Con el lema: «Nada está resuelto en educación. Ningún docente sin cobrar», se llevaron a cabo asambleas, paros distritales y movilizaciones para exponer públicamente los graves defectos de las políticas educativas y exigir la renuncia del Director General de la DGCYE provincial por su responsabilidad frente al no cobro de haberes («Clases afectadas», 2015, p. 5; «La libreta de trayectoria», 2015, p. 5). Las manifestaciones y jornadas sin clases fueron realizadas junto con otras seccionales disidentes para denunciar la precarización laboral (Suteba BB, Comunicado de la CD contra el ajuste en educación, junio de 2015) y el retraso en el cobro de haberes en instancias institucionales, como el HCD o el CE («Otra vez sin clases», 2015, p. 6; «Pocos legisladores», 2015, p. 7).

En 2015 Suteba BB llevó a cabo varios paros: tres en el marco de las convocatorias de la CTA Autónoma a nivel nacional, junto con trabajadores estatales, y seis junto con las seccionales opositoras, con eje en el reclamo por el pago en tiempo y forma de los salarios. Las jornadas de protesta dirigidas específicamente a agencias estatales fueron más de diez, e incluyeron movilizaciones con la CEB, permanencias en el CE, reclamos en el HCD, asambleas populares con clases públicas y abrazos solidarios a las escuelas junto con sus comunidades, en reclamo por mejoras en infraestructura y contra la precarización laboral en las políticas educativas y la enseñanza en la modalidad de adultos (CES Suteba BB, «A modo de balance», diciembre de 2015).

De esta manera, cerró el proceso de activismo sindical de 2015, con un augurio negativo sobre el porvenir, ante la avanzada de la patronal sobre los derechos laborales y las condiciones de trabajo en general. Mauricio Macri (2015‑2019) y María Eugenia Vidal (2015‑2019) resultaron electos como Presidente de la Nación y Gobernadora de la provincia de Buenos Aires respectivamente, por el partido Cambiemos. En la ciudad de Bahía Blanca, Héctor Gay (PRO y excandidato de De Narváez) conseguía un triunfo rotundo frente al FPV («Se impuso Héctor Gay», 2015, p. 11)[40]. La ratificación del rumbo de la lucha docente evidenciaba la postura del sindicato local de continuar levantando las banderas de un sindicalismo combativo, en medio de un apoyo docente bastante amplio y la certeza de un cambio en las correlaciones de fuerza, marcado por el avance de las acciones patronales.

Variables de análisis de la conflictividad: tipos de acciones, demandas principales, territorialidad de la protesta y densidad afiliatoria

El análisis de los datos muestra que la conflictividad y las estrategias de Suteba BB atravesaron tres etapas distintivas y que se desarrollan en conjunción con otros factores, vinculados con el contexto político y económico. Una de las interpretaciones que se confirma es que la conflictividad y las formas de organización gremial muestran una correlación significativa: cuanto más amplia es la convocatoria y la organización de las acciones gremiales, más cantidad de hechos de conflictividad se generan. Aun así, estos procesos de correlación son contradictorios, no lineales y oscilantes en determinadas coyunturas (Cohen, 2011).

La cuestión de la conflictividad resulta entonces un tema particularmente relevante, siendo los sindicatos docentes un sector gremial significativo dentro del conjunto asalariado estatal en la realización de huelgas y movilizaciones (Gentili et al., 2013). Los sindicatos van construyendo, de acuerdo a sus formas de organización, una metodología de lucha relacionada con una tradición sindical heredada (Aiziczon, 2018), pero a su vez se corresponde con las modalidades de participación que propicia la organización con sus bases. La periodización de las acciones y las estrategias de Suteba BB se complementa con el examen de cuatro variables de análisis que permiten comprender el modelo de sindicalismo desde la base de Suteba BB: los tipos de acción predominantes, las demandas, la territorialidad de los conflictos y, por último, los cambios en la densidad afiliatoria de la entidad local producto de la conflictividad.

Tipos de acción predominantes: asambleas, manifestaciones y paros

Para el abordaje de los tipos de acciones efectuadas por el sindicato, se analizan tres de las más representativas y numerosas[41], que caracterizaron los métodos de lucha de este gremio: las asambleas (tanto las llevadas a cabo en las sedes sindicales como en las escuelas, así como las reuniones de delegados), los paros (a los que Suteba BB adhirió o convocó como paro distrital) y las manifestaciones. Las últimas incluyen las denominadas «callejeras», que tienen lugar en las calles y plazas, como marchas, concentraciones, actos, clases públicas y cortes de calles (los cortes de rutas o accesos se describen aparte por su relevancia); y las «no callejeras», como entrega de petitorios o informes de situación a autoridades, consultas, encuestas, expresiones artísticas, abrazos simbólicos, tomas de edificios, sentadas, etc. Los paros comprenden los convocados en todos los niveles (local, provincial y nacional), con o sin asistencia a los lugares de trabajo y las retenciones de servicio. Las acciones comunicacionales (244), que incluyen conferencias de prensa, entrevistas, declaraciones y denuncias públicas, distribución de volantes y material explicativo, etc., no fueron incluidas en este análisis. La evolución temporal de estas acciones se muestra en el gráfico 2. El movimiento relacional entre asambleas y paros constituyó la forma de conflictividad modular del movimiento docente bahiense desde Suteba BB.

Julián Gindin explica que las huelgas docentes tienen una valoración distinta de las efectuadas por otros gremios obreros[42]. El principal «costo» de éstas para los gobiernos es en términos de la desvalorización de su imagen ante la sociedad. Ante esta situación, la disputa se torna inmediatamente pública, con una lucha entre ambas partes (docentes y el Estado) por influir favorablemente sobre la población (Gindin, 2007)[43]. En el mundo docente, la huelga, retención de tareas o paro con movilización han tenido un rol preponderante, y el Estado los ha enfrentado a través de una consigna clásica: «las negociaciones con los chicos en la escuela». En este sentido, los medios masivos de comunicación han coadyuvado a la demonización del paro docente, mezclando el carácter moral, «apostólico» y vocacional del maestro o profesor como artífice de una «educación ciudadana en riesgo», al dejar a los estudiantes sin la posibilidad de aprendizaje.

Gráfico 2. Evolución de las principales acciones de conflictividad de Suteba BB: asambleas, paros y manifestaciones (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015)

El gráfico 2 da cuenta de una alta correlación entre el proceso asambleario de Suteba BB y las medidas de acción adoptadas, particularmente los paros. Las huelgas docentes necesitan consenso social para ser llevadas a cabo porque el paro afecta a la organización de las familias, a su tarea productiva y reproductiva en torno al cuidado de niños y adolescentes, que, en parte, se encuentra a cargo de la institución escolar. Por este motivo, las asambleas por escuelas que llevó a cabo Suteba BB tuvieron un efecto inmediato sobre la comunidad educativa, que acompañó las acciones en mayor medida cuando éstas se vinculaban directamente con sus demandas. Se comprenden las asambleas no solo como espacios de organización y decisión, sino también como métodos de lucha.

Por eso, si bien las huelgas fueron importantes entre las acciones de conflictividad de Suteba BB (contabilizando un total de 206 entre jornadas de protesta sin asistencia a clase, retención de servicios, paros provinciales, nacionales y distritales), no fue menor el proceso asambleario y la voluntad de activismo «en la calle» para expresar las demandas con mayor «contundencia» y generar consenso en las bases. Esta perspectiva de la lucha cobró mayor relevancia ante la disminución de la intensidad de los paros a nivel provincial y nacional como consecuencia de las vinculaciones y adhesiones de las centrales sindicales a las políticas públicas o por sus relaciones ambivalentes con el Gobierno, fundamentalmente a partir de 2006.

Gráfico 3. Tipos de paros efectuados por Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015)

En el gráfico 3, puede observarse la cantidad total de huelgas desagregadas en tres: provinciales (decretadas por el FGDB o Suteba), nacionales (paros de la CGT, la CTA Autónoma o la CTERA junto con gremios nacionales) y, por último, el paro distrital, que, en algunas ocasiones, fue acompañado por los Sutebas disidentes de la provincia. La relevancia del paro distrital fue notoria y revela en determinados períodos o años puntuales (2007‑2011, 2013 y 2015) un uso particular de esta medida en contra de la línea de Suteba central. Esta estrategia específica de acción sindical fue el resultado de la decisión de las bases de llevar adelante el conflicto ante la pasividad de las centrales. En 2011, año particularmente regresivo en términos de movilización, este recurso de protesta se limitaba a marcar una diferencia puntual con el Gobierno provincial, prácticamente sin participación callejera.

Gráfico 4. Asambleas convocadas (1988‑2015) y conflictividad de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia a partir de actas asamblearias de Suteba BB (1988‑2015)

En un relevamiento pormenorizado de la cantidad de asambleas establecidas desde su constitución en 1988 hasta 2003[44], la conducción de la Lista Celeste local de Suteba contabilizó un total de 45[45]. Luego de la elección ganada por la Lista Granate en julio de 2003, se completaron ese año 5 asambleas extraordinarias. En los sucesivos períodos de conducción sindical, Suteba BB realizó 244 asambleas (ordinarias y extraordinarias) en 12 años, casi 6 veces más que en un período de tiempo similar. A partir de 2003, se produjo un quiebre en la celebración de asambleas extraordinarias, que cobraron una relevancia particular para la nueva conducción. Estas se convocaban durante todo el año, manteniendo la asamblea ordinaria a mitad de año. Estos datos se recogen en el gráfico 4.

Las asambleas se correlacionan fuertemente con los ciclos de conflictividad del período. Los años 2004, 2007, 2012 y 2013, que fueron momentos elevados de protesta, son también los de mayores convocatorias a asambleas, algunas de ellas superando los cuatro encuentros por mes. Los períodos en que se realizaron menos asambleas coinciden con los momentos de latencia de la conflictividad del sindicato (Melucci, 1995), donde se dirimieron cuestiones atenientes a la organización interna. El reflujo docente derivó también en encuentros específicos con la idea de reflexionar sobre la situación general, pensar acciones para revitalizar la participación o evaluar las políticas y decisiones políticas en general para adoptar determinados posicionamientos.

Gráfico 5. Meses de mayor convocatoria a asambleas de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia a partir de actas asamblearias de Suteba BB (julio 2003 ‑ diciembre de 2015)

La estacionalidad de las asambleas puede visualizarse en el gráfico 5, del cual emergen tres grandes tendencias. La primera es un conjunto de asambleas numerosas que se realizaron a principios del ciclo lectivo, en febrero y marzo, cuando se abría la negociación paritaria y se discutían los acuerdos salariales entre el FGDB y el Gobierno bonaerense, se reevaluaban las medidas de acción y se verificaba la participación docente. La segunda está representada por una serie de asambleas que se realizaba luego del receso invernal, entre agosto y septiembre, donde las discusiones sobre los efectos de la inflación y las limitaciones de los acuerdos paritarios se intensificaron. Por último, la tercera consiste en una «ola» de asambleas entre octubre y noviembre, de menor convocatoria, en las que se plantearon temas puntuales o la conjunción de la pelea con otros trabajadores estatales. En algunos años, la reapertura de paritarias se propuso como demanda en los últimos meses (octubre, noviembre y diciembre), lo que implicó que el encuentro docente tuviera picos en esos momentos para discutir las propuestas y mandatos.

Gráfico 6. Intensidad del nivel de participación de las asambleas de Suteba BB por año (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de asambleas Suteba BB (2003‑2015)

Sobre la masividad y participación en las asambleas, los datos recopilados revelan la cantidad de mociones e intervenciones y los espacios físicos donde se llevaron a cabo. Se cuenta con datos del 55 % de las asambleas: un 21 % fueron masivas (más de 250 personas), un 23 % fueron de participación intermedia (entre 80 y 249) y un 12 % fueron de baja participación (menos de 80 personas). En el gráfico 6, se observa que la masividad (concurrencia intermedia y alta) se convirtió en un rasgo distintivo de las asambleas de Suteba BB, que se encuentran abiertas a la participación general, con el derecho a voto exclusivo de los afiliados. De las asambleas masivas, hubo al menos 20 donde participaron más de 800 personas en el período 2004‑2015, lo que significa en algunos casos más del 50 % de la masa afiliada.

Por su parte, se contabilizaron aproximadamente 55 asambleas (23 % del total) con participación y voz de otros trabajadores, padres y estudiantes, que contaron sus experiencias y fueron escuchados y acompañados por el sindicato, desde sus referentes hasta auxiliares, médicos, docentes universitarios, trabajadores precarizados, cartoneros, aceiteros, enfermeros, judiciales, bancarios, concejales, investigadores de CONICET, trabajadores petroquímicos y petroleros, militantes de Derechos Humanos y medioambientales y obreros de un frigorífico recuperado. Los paros en su conjunto generaron respuestas en otros actores, además de en la comunidad educativa. Por un lado, los grandes medios de comunicación se posicionaban sobre el tema contraponiendo falazmente el «derecho a la educación de los niños» y los «derechos laborales», desde una mirada despectiva del sindicalismo. Por otro lado, el Estado aplicaba diversas estrategias ofensivas, como los despidos encubiertos, los descuentos, el vaciamiento de las instituciones médicas, el no otorgamiento de licencias, la intensificación laboral y la fusión o cierre de cursos, entre otras prácticas.

Contra estas acciones, Suteba BB opuso nuevas formas de expresión de los conflictos, que buscaban masificar y justificar el proceso de participación de las bases en las decisiones del conjunto docente. Las recorridas de escuelas y las asambleas de base (nucleamientos territoriales), las manifestaciones por mejores condiciones de trabajo o de infraestructura, o las manifestaciones no callejeras con intervenciones artísticas tuvieron la intención de disputar el sentido común y generar un argumento sólido frente al ajuste en el presupuesto educativo, así como de recrear otras modalidades de acción colectiva no tradicionales: abrazos, concentraciones y acciones culturales de protesta.

En cuanto a la participación, si bien los guarismos estimados por el diario LNP no son oficiales, afirman que existió una intervención de entre 200 y 1.000 personas en las asambleas, y de entre 100, 600 y 2.000 en las manifestaciones, datos que se corroboran con las actas sindicales. Los paros distritales tuvieron una buena aceptación al principio, aunque el acatamiento de más del 90 % siempre se dio cuando coincidieron con los paros de organizaciones sindicales provinciales o nacionales.

Los tipos de demandas y su relación con la conflictividad

Entre los tipos de demandas de los hechos de conflictividad protagonizados por Suteba BB se observa, en primer lugar, un predominio de las demandas salariales, siendo el cobro de haberes, la recomposición salarial y la negociación paritaria los reclamos más usuales de la lucha docente[46]. En segundo lugar, se encuentran los objetivos organizativos, lo que da cuenta de la especificidad del conflicto sindical local. Estos objetivos se refieren al desarrollo de asambleas, reuniones y encuentros entre delegados, docentes, comunidad educativa y activistas de Suteba BB, con el fin de organizar acciones en común. Estas demandas, impulsadas desde el sindicato o desde las escuelas, expresan el sentido de democratización de las decisiones y del rol descentralizador que generó el sindicato en la conducción de la protesta.

Asimismo, las condiciones de trabajo y de infraestructura también ocuparon un lugar relevante. Su relación con las reformas y políticas educativas de la primera etapa (2003‑2007) permitió articular estas demandas entre sí y aunar los reclamos junto con otros colectivos de trabajadores estatales. Entre los puntos relevantes se destacaron: las condiciones en las que se encuentran los espacios de trabajo, los recursos materiales para llevar a cabo los procesos de enseñanza/aprendizaje, los medios y recursos disponibles, los pedidos de edificios, calefacción, electricidad, abastecimiento de agua, mejoras en infraestructura general y las condiciones en los contratos laborales. En este sentido, la comunidad educativa junto con el cuerpo de delegados de Suteba BB desarrollaron un rol fundamental en la solicitud de estas demandas, que se incrementó en el tercer período (2012- 2015) ya sea a través de relevamientos, concentraciones en el CE o en las mismas escuelas, reclamos de directivas, denuncias y manifestaciones en agencias estatales.

Otros objetivos, que no se destacaron por su amplitud, fueron las acciones de solidaridad con otras luchas, así como con las demandas por derechos colectivos y de justicia. Estas expresiones fueron parte de las prácticas sindicales de Suteba BB de apoyo a las luchas de otros trabajadores y a la unidad de acción. La solidaridad se expresó sobre múltiples colectivos de trabajadores docentes y no docentes, sectores formales e informales, con vecinos, estudiantes y colectivos de Derechos Humanos (contra la criminalización de la protesta, los juicios a genocidas, los femicidios o la violencia institucional) y ambientalistas no solo a nivel local, sino también nacional.

Por último, las demandas políticas cobraron una relevancia particular. Estas se refieren a reclamos que excedieron la cuestión económica, y se instalaron en el plano de la disputa de poder contra el Estado y sus instituciones, planteando un discurso clasista- en representación de la clase trabajadora docente- en muchos casos. En este sentido, las posturas político- ideológicas contra la hegemonía estatal fueron constitutivas de estos reclamos. Estas demandas revelan el trabajo militante de los delegados y referentes de Suteba BB, al engarzar las acciones reivindicativas con discusiones políticas generales frente a las acciones estatales y en medio de las correlaciones de fuerzas existentes. Estas demandas fueron constantes y se revelaron con mayor fuerza en los hitos de conflictividad 2004‑2007, 2011, 2013 y 2014, lo cual muestra la importancia de la relación entre las demandas de la clase y los objetivos político‑sindicales de Suteba BB. En el gráfico 7 pueden observarse las principales demandas de las acciones de conflictividad de Suteba BB:

Gráfico 7. Principales demandas en las acciones de conflictividad de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015)

A partir de la acumulación de experiencias en el ciclo de protesta de Suteba BB, puede observarse, en líneas generales, que la dinámica reivindicativa va oscilando con la participación del movimiento docente. Las demandas económicas siempre se mantuvieron altas, mientras que las demandas políticas decrecieron en momentos de reflujo. Cuando la conflictividad descendió (2008‑2009 y en algunos momentos de 2010 y de 2015), las demandas organizativas en el lugar de trabajo o en el sindicato fueron en alza, lo que da cuenta de la importancia que asumió para Suteba BB organizar junto con la base y priorizar sus reclamos puntuales.

Para finalizar, es posible afirmar que las relaciones de conflictividad generaron cambios entre los docentes: desde un sujeto individual luchando por sus propias reivindicaciones puntuales hasta considerarse un sujeto colectivo enfrentando con organización y sentido político‑sindical al Estado. Sin embargo, resulta aventurado asegurar que esta situación implicó un avance en la conciencia política de los trabajadores docentes, ya que su observación no resulta evidente a partir de los hechos relevados.

La territorialidad de la protesta

Para analizar la territorialidad del conflicto de Suteba BB[47], se creó un mapa de calor que recoge los lugares donde se desarrollaron las acciones, ponderados por su participación en la cantidad de hechos de conflictividad del período (gráfico 8). En rojo se muestran las zonas de mayor densidad de conflictos, en amarillo de densidad media y en verde de baja densidad[48]. La territorialidad de los enfrentamientos en la lucha de clases está definida por el carácter social de las fuerzas que se oponen, no por el espacio geográfico (Nievas, 1994). La ocupación, recuperación o pérdida de diferentes espacios da cuenta de los desplazamientos espacio‑temporales en la confrontación de las fuerzas y en los procesos de formación de poder.

Gráfico 8. Territorialidad del conflicto de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015) y de Google Maps

La mayor cantidad de acciones de conflictividad local tuvieron lugar en el centro de la ciudad, donde están emplazadas las instituciones estatales (Municipalidad, Honorable Consejo Deliberante, Consejo Escolar, Jefatura Distrital y Secretaría de Inspección), las sedes sindicales (Asociación Empleados de Comercio, Suteba BB y otros) y las plazas centrales de la ciudad (Plaza Rivadavia y Plaza del Sol). Estos espacios sirvieron como centros de aglutinamiento, concentración y exposición social de las demandas del colectivo docente. Asimismo, se observa que las escuelas han reivindicado los lugares de trabajo como espacios de protesta. Particularmente, las acciones de mayor conflictividad han tenido lugar en las escuelas del centro y macrocentro y en las emplazadas en los sectores más vulnerables. Esto demuestra el nivel de participación buscado y definido como prioridad por el sindicato para masificar la conflictividad. Suteba BB reivindicó la sede gremial como espacio de discusión y debate sobre las formas de lucha. A lo largo de los años, su local se convirtió en un lugar de tránsito y organización para infinidad de reuniones de otros colectivos sociales y gremios.

La territorialidad del conflicto presentada de esta manera permite visibilizar el carácter de las confrontaciones y el espacio en el que se desenvolvió la conflictividad sindical, sus iniciativas y los lugares donde desplegó sus repertorios de lucha, tendiendo a concentrarse los espacios de confrontación en las agencias estatales y en los lugares de trabajo docente (establecimientos escolares). Por último, el análisis de la localización geográfica de las asambleas muestra que la gran mayoría de ellas se realizaron en la sede del local (55 %), que cambió de lugar tres veces en el período analizado (macrocentro de la ciudad). Un porcentaje muy alto de las asambleas (35 %) se realizaron en espacios amplios, como gimnasios de las escuelas (EEM 3), las escuelas técnicas (2 y 4) y escuelas céntricas (salón de actos de la EPB 2); una cantidad relativamente menor se llevó a cabo en la calle o frente a agencias estatales (10 %). Fue significativa la realización de asambleas por escuela y en nucleamientos, lo que derivó en una mayor participación de la comunidad educativa y la ampliación en redes. También hubo asambleas que se llevaron a cabo en escuelas con problemáticas de cierres de cursos o fusiones, lo cual implicaba un apoyo explícito del sindicato.

Datos de la densidad sindical de Suteba (BB): afiliaciones y desafiliaciones

Diversos autores examinan la influencia de las instituciones y normativas de trabajo como uno de los factores determinantes de los niveles de sindicalización (Marshall y Perelman, 2004; Senén González y Haidar, 2009). La capacidad de definición de quiénes tienen derecho a afiliarse y quiénes no, como así también los grados de centralización o descentralización de las estructuras sindicales han contribuido a generar incentivos desde estas organizaciones para garantizar la representación gremial en los lugares de trabajo. Existen, además, otros factores que explican las oscilaciones en los niveles de sindicalización: las políticas laborales y de seguridad social, la situación del mercado de trabajo, las estructuras predominantes de empleo, las estrategias gremiales de «reclutamiento» de afiliados (donde se incluyen los «beneficios» otorgados al adherente), el grado de éxito de los sindicatos en sus demandas, los valores sociales y políticas estratégicas predominantes, el grado de oposición de los empleadores a la afiliación sindical, la existencia de formas alternativas de representación y las cuestiones ideológicas entre los gremios en su relación con el Estado (Marshall y Perelman, 2006).

Los estudios que se enfocan en la gestión de los beneficios y prestaciones sociales plantean el tema de la afiliación desde una mirada «racionalista» y «utilitarista», en donde el afiliado aparece como mero usuario de ciertos recursos, y el sindicato como la entidad encargada de administrarlos. En otra línea, se señala que las razones por las cuales los individuos se sindicalizan han sido principalmente de índole colectiva, en particular, el apoyo mutuo en el lugar de trabajo (Waddington y Whitston, 1997). Desde la concepción de esta tesis, se entiende que el concepto de afiliación está vinculado con la noción de poder sindical en términos políticos (Wright, 1984, 2010), donde cobra relevancia el posicionamiento estratégico de la organización en la estructura económica y la presencia en la conflictividad general (Frege, 2006).

En el sector docente, el incremento en las tasas de sindicalización[49] (más del 60 %) en las primeras décadas del siglo xxi se ha relacionado con diversas variables: la cobertura gremial ante casos de conflictividad internos dentro de la escuela, los problemas salariales y el otorgamiento de licencias. Otros rasgos importantes han sido la tradición histórica e ideológica de afiliación sindical del sector docente; la capacidad de negociación de los gremios docentes y su mayor grado de influencia; la situación de inestabilidad laboral en el ingreso a la docencia y el aumento de la precarización; el incremento del asesoramiento sindical en cuanto al ingreso, continuidad y egreso del sistema; y, por último, los motivos relacionados con el otorgamiento de beneficios económicos.

El fenómeno inverso, la desafiliación, se correlaciona en general con los momentos de crisis o estancamiento económico. En el caso de Suteba central, la cuota es extremadamente baja en relación con otros gremios, pero el cobro compulsivo de la obra social aumenta la presión por la desafiliación cuando el contexto económico es adverso[50]. La situación de la seccional de Bahía Blanca ha reflejado algunas particularidades. La tasa de afiliación de Suteba BB representa el 45 % de las afiliaciones totales de docentes de la ciudad, lo que indica una elevada sindicalización de los trabajadores de la educación (CREEBBA, 2016).

El gráfico 10 muestra la relación entre la cantidad de afiliaciones y desafiliaciones del período 2003‑2015. El aumento desproporcionado en los primeros años (2004‑2007), que acumulan casi 500 nuevos afiliados, contrasta con el hecho de que, a partir de 2014, la diferencia entre afiliaciones y desafiliaciones se torna negativa[51]. Debe tenerse en cuenta, además, que el 80 % de los afiliados fueron mujeres y un 20 % hombres, según datos del propio sindicato. Los procesos de afiliación crecientes en la historia argentina contemporánea se relacionan con la revitalización sindical posterior a 2003, con el aumento de las negociaciones colectivas y del empleo registrado (Senén González et al., 2010). Pero, si bien es imposible negar el alcance del contexto macroeconómico y político, resulta interesante indagar en las estrategias propias de los actores sindicales para generar procesos de afiliación o desafiliación.

Gráfico 9. Comparación entre tasas de afiliación/desafiliación y conflictividad

Fuente: Elaboración propia basada en datos de afiliaciones y desafiliaciones de Suteba BB (2003‑ 2015)

En particular, el crecimiento en la afiliación de Suteba BB (que se mantiene alta en gran parte del período analizado) se relaciona con tres procesos concretos: 1) el protagonismo sindical en determinadas luchas del período (fundamentalmente, entre 2004‑2007 y en 2012); 2) el acompañamiento personal y la cobertura gremial en múltiples casos de descuentos, no cobro salarial, jubilaciones y situaciones que requirieron asesoramiento específico (más visible en 2005 y 2011), que explican el sostenimiento de la cantidad de afiliaciones; y, por último, 3) el trabajo de activismo militante en los lugares de trabajo. Asimismo, el crecimiento de los delegados en los primeros períodos fue muy alto, casi triplicando los registros anteriores a 2003.

Sin embargo, la afiliación decrece abruptamente a partir de 2013, cuando se observa un aumento en la conflictividad de Suteba BB, impulsado por las luchas sindicales a nivel nacional y provincial. Por su parte, las desafiliaciones pasan de un promedio de 48 por año entre 2007 y 2009 a aproximadamente duplicarse a partir de 2010, en coincidencia con el período de reflujo (véase gráfico 9).

Gráfico 10. Principales razones de desafiliación de Suteba BB por año (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de afiliación y desafiliación de Suteba BB (2003‑2015)

La magnitud de estas relaciones puede estimarse estadísticamente: la correlación[52] entre la cantidad de hechos de conflictividad y la de afiliación es de un casi un 12 %, mientras que, entre la conflictividad y la desafiliación, el coeficiente es negativo y asciende a casi un 33 %. Esto indica que es mucho más fuerte la relación entre el decrecimiento de la conflictividad y la desafiliación, que entre la afiliación y la conflictividad creciente. Para comprender esta dinámica, se revisan otras dos dimensiones: los motivos que esgrimen los docentes para solicitar su desafiliación (que pueden o no corresponderse con sus verdaderas razones para hacerlo) y la relación entre afiliaciones y desafiliaciones por nivel/modalidad[53] (véase gráfico 10).

Respecto de los motivos de desafiliación, las categorías más utilizadas son cuatro: «razones particulares» (categoría que no permite acceder a motivos concretos); razones económicas (que incluyen, además, críticas hacia el coseguro y la obra social); razones políticas e ideológicas (que comprenden el trabajo político del gremio, su posicionamiento y medidas) y por último, el haber accedido a la jubilación (un factor coyuntural que transitan los afiliados)[54]. El gráfico 11 da cuenta de la magnitud de cada motivo de desafiliación. Como puede observarse, una gran mayoría esgrime, en primer lugar, razones particulares para explicar su desafiliación, y, en segundo lugar, aparecen motivos económicos. Las otras respuestas son relativamente menos relevantes desde el punto de vista estadístico. No obstante, es interesante observar la «aparición» desde 2009 de las razones «político‑ideológicas».

La relación entre afiliaciones y desafiliaciones por nivel/modalidad también puede dar indicios de la dinámica entre la conflictividad y la densidad del gremio en el período bajo análisis. El gráfico 11 muestra las tasas totales de afiliación y desafiliación del período en los niveles/modalidades más relevantes (los que no fueron incluidos se debe a que representan porcentajes menores al 2 %).

Gráfico 11. Afiliaciones y desafiliaciones por niveles/modalidades de Suteba BB (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de afiliaciones y desafiliaciones de Suteba BB (2003‑2015)

Excepto para el nivel primario, la tasa de afiliación neta (es decir, la diferencia entre afiliaciones y desafiliaciones) resulta positiva para el resto de las modalidades. El crecimiento vegetativo del sindicato se explica mayormente por los afiliados de nivel secundario, por los docentes jubilados, los de nivel inicial y especial.

Los análisis conjuntos de los motivos de desafiliación esgrimidos por los afiliados, las afiliaciones y desafiliaciones por niveles/modalidad y los procesos de conflictividad del período bajo análisis permiten arribar a algunas conclusiones sobre la dinámica de estos procesos. En primer lugar, es posible observar una relación directa entre ciertos conflictos puntuales en determinados niveles o modalidades de educación y el crecimiento de la cantidad de afiliados en ese sector. Por ejemplo, la tasa de afiliados creció entre los docentes de nivel inicial y especial luego de la participación de Suteba BB en los hechos de protesta de 2009 y 2010. Situaciones similares ocurrieron a partir de los conflictos en las escuelas técnicas (2004‑2015) y en la modalidad de adultos (2011). Por su parte, un conjunto de prácticas propias del sindicato local (recorridas y asambleas por escuela, reuniones de delegados y militancia en los lugares de trabajo) permitieron sostener —hasta 2012— altas tasas de afiliación, frente al malestar que causaban las negociaciones salariales de Suteba central con el Gobierno provincial. Cuando estas prácticas mermaron o fueron discontinuadas, las tasas de desafiliación comenzaron a crecer.

En segundo lugar, la situación de no cobro salarial en tiempo y forma —particularmente desde 2012— impulsó un intenso activismo docente en acciones colectivas, al tiempo que incrementó la tasa de desafiliación, fundamentalmente por razones económicas[55] y en el nivel primario.

En tercer lugar, los motivos políticos‑ideológicos de desafiliación pueden asociarse a las críticas hacia Suteba central, pero también reflejan diferencias con el sindicato local, su posicionamiento político y reivindicativo. A su vez, las reformas del estatuto docente y el deterioro de las condiciones salariales y de trabajo lesionaron la capacidad de la organización de dar una respuesta inmediata, tanto a nivel político‑gremial como administrativo. Por su parte, las dificultades en la cobertura médica (IOMA y prestatarias privadas) también se mencionan como causas de desafiliación, aunque los datos indican que estos motivos tuvieron una incidencia relativamente menor.

Además de estos datos estructurales, no debe soslayarse que la capacidad de «movilización» (Frege, 2006) de Suteba BB tuvo un alcance que superó al conjunto de sus afiliados, revelando un poder sindical basado en estrategias de alianzas (particularmente con otros trabajadores estatales) y de trabajo territorial (escuelas y barrios), con efectos positivos o adversos según el alcance de sus demandas y su influencia social. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la representación en un sindicato constituye un reconocimiento institucional y legal que puede estar expresado en la densidad de la organización, pero la representatividad real está ligada al reconocimiento efectivo de sus bases (Drolas, 2004). En este sentido, aparece como un reflejo de la identidad, una voluntad colectiva, que comporta, en términos generales, la forma institucional centralizada (sindicato) y, a la vez, la descentralizada (comisiones internas, cuerpos de delegados, bases) de sus prácticas y luchas.

Las tasas de sindicalización en Suteba BB dan cuenta de una densidad afiliatoria baja, en comparación con otros sindicatos estatales, industriales o de servicios, pero con una enorme capacidad de movilización, con miembros muy activos y una buena organización interna, lo que ha llevado a que sus demandas sean planteadas con fuerza en la disputa con el Estado. El marco legal condiciona la capacidad de negociar y acordar salarios por parte del sindicato local, pero su capacidad de presión incide más allá del sistema jurídico‑institucional. La dependencia de los recursos y beneficios que recibe desde la central restringe su autonomía, pero constituye un aliciente para motorizar su oposición y sus conflictos.

Las acciones de otros sujetos y las estrategias estatales ante el conflicto educativo

De los hechos de conflictividad total, resulta posible discernir 161 hechos que corresponden a «acciones estatales e institucionales», mientras el resto son catalogados como «acciones de otros sujetos», protagonizados por un conjunto heterogéneo de actores que agrupa a organizaciones sindicales (incluyendo a Suteba BB), las empresas proveedoras de servicios (transporte, comedores, entre otras), la comunidad educativa (concepto que se toma de la forma establecida en la Ley de Educación Provincial, N.° 13.688) y los movimientos de padres y de estudiantes, que se analizan por separado cuando no tienen intereses coincidentes con los de la comunidad. A continuación, se describen las acciones de conflictividad protagonizadas por la comunidad educativa, por el colectivo de padres y por los estudiantes. Luego, se exponen las acciones y estrategias que adoptó el Estado a nivel local —a través de sus instituciones representativas— ante el conflicto educativo.

La Comunidad Educativa tuvo una participación volátil en todo el período. En una primera etapa, su papel fue crucial para luchar contra la fusión de cursos y los problemas derivados de la reforma. Luego de un tiempo de poca participación, su mayor presencia se explicita en 2010, año en que convergieron a nivel local cuatro problemáticas: la falta de provisión de agua en las escuelas[56]; la reducción de un 25 % de los cupos de comedores escolares para el almuerzo; la falta de fondos para el pago del alquiler de los inmuebles (lo que motivó mudanzas repentinas de escuelas y problemas de reorganización)[57]; y la reforma de los subsistemas de educación especial y de adultos (Acta de Asamblea extraordinaria, T. III, 25 de noviembre de 2010, pp: 135- 141). Asimismo, si bien la comunidad acompañó ese año las demandas de los gremios, también reclamó por la continuidad pedagógica. Por su parte, se destaca su participación en los conflictos en relación con las fusiones o cierres de cursos («El Consejo rechazó», 2004, p. 6), el faltante de cupos de ingreso en inicial (Eco Días, N.º 174, noviembre de 2006, p. 2; «Paros docentes», 2009, p. 5) o las condiciones edilicias. Algunos casos específicos de reclamos por infraestructura fueron emblemáticos, como los efectuados en el edificio de Vieytes 51 (macrocentro), donde convergen cuatro instituciones educativas: EP N.º 1, EES N.º 6, ISFD 3 e ISFD 76; o el conflicto prolongado de la comunidad educativa de la EEE N.º 508, que pugnó durante varios años por el traslado a un espacio en mejores condiciones (Eco Días, N.º 204, julio de 2007, p. 1). Otros conflictos recordados ocurrieron en la ESB N.º 333 de Villa Rosas («Se agrava la controversia», 2009, p. 6), en la EET N.º 2 y en la EEE N.º 509, con su reclamo contra una empresa privada que ocupaba parte de la escuela. Por último, los abrazos simbólicos entre 2013 y 2015 ocurrieron en múltiples oportunidades, en muchos casos, para defender la escuela pública y el trabajo docente, como en la EPB N.º 25, en la EPB N.º 61 y en la EPB N.º 60, entre otras.

Por su parte, el conflicto estudiantil tuvo demandas y acciones propias, pero en consonancia con las de la comunidad educativa en general, con cierta notoriedad entre 2005‑2007, por el pedido de calefacción y mejoras puntuales en las condiciones de las aulas («Niegan listas negras», 2005, p. 6; «Un atentado motivó», 2005, p. 7). Luego llegó a un máximo en 2010 y en 2013, cuando el tema del boleto estudiantil[58] y el pago de becas fue un tema de importancia.

Finalmente, el movimiento de padres de estudiantes por la pérdida de días de clases cobró visibilidad entre 2007 y 2010. Las mejoras en las condiciones de enseñanza (casi un 2 %) fueron una demanda llevada a cabo a través de presentaciones (institucionales y judiciales) y manifestaciones de este colectivo, cuyo objetivo consistía en la «vuelta a clases» ante los paros gremiales. En algunos casos, frente a las medidas prolongadas, estos grupos de padres de diversas escuelas de la ciudad solicitaron que se buscaran otras formas de protesta «sin afectar el dictado de clases en el ciclo lectivo». En algunos establecimientos (las EPB N.º 39, 7, 4, 12, 78, EEM 10 y EGB 84), obtuvieron permisos de la DGCYE para limpiar las escuelas por su cuenta, en remplazo de los auxiliares, para evitar la pérdida de más días de clases («En el ámbito educacional», 2004, p. 5). Esta acción fue rechazada desde los gremios. En 2009, por primera vez, las familias buscaron asesoramiento jurídico y presentaron recursos de amparo por los reiterados conflictos docentes («Recurso de amparo de padres…», LNP, 7 de mayo de 2009, p.6).

Respecto del papel del Estado en la conflictividad local, debe tenerse en cuenta que se consideran como «acciones estatales» las efectuadas por el Estado provincial que afectaron directa o indirectamente las relaciones laborales con los docentes. En este sentido, se tomaron en cuenta las negociaciones salariales, las reuniones entre partes (comunidades educativas, directivos, docentes, sindicalistas con funcionarios públicos) solicitadas por el Estado; las acciones represivas, como descuentos o recortes de empleo; el decreto de conciliación obligatoria; los desalojos o intromisiones forzosas; y también la entrega de recursos, los arreglos de infraestructura y las jornadas de encuentro. Entre estas, las más importantes fueron las relacionadas con las demandas económicas y salariales, pero las represivas fueron relevantes en determinados períodos y permiten comprender el accionar del Estado y su vinculación con los actores sindicales.

Para ampliar la base de datos, se realizaron entrevistas y análisis de documentos específicos sobre tres instituciones del área educativa representativas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, seleccionadas por su relevancia local en el período bajo estudio: la UEGD, el CE y la JID con su equipo de inspectores por áreas. La UEGD fue creada por Mario Oporto en toda la provincia, en el marco de la Ley Provincial de Educación N.° 11.612, resolución 6000/03, con el fin de realizar ajustes en los aspectos burocráticos y descentralizar la organización del sistema educativo provincial, para buscar respuestas «eficientes y rápidas a las necesidades de las comunidades». Interviene, ejecuta, eleva y actúa en forma de control sobre todos los programas y proyectos educativos («Unidad educativa», 2004, p. 6). La JID es el órgano de supervisión y control de aplicación de las políticas educativas y del diseño curricular, e incide particularmente sobre el trabajo docente por su facultad de aplicar sanciones, apercibimientos y descuentos salariales. La función esencial del inspector distrital es la de «supervisar que sus colaboradores inmediatos (inspectoras areales) estén enfocados en la diagramación e implementación de la política educativa en cualquier nivel o modalidad, trabajando el diseño curricular, asesorando a directores y generando propuestas de capacitación» (entrevista virtual a M. R., exinspector distrital, 12 de noviembre de 2020). El inspector distrital es la «garantía del proyecto político en el territorio y debe articular con las fuerzas políticas en su distrito» (entrevista virtual a S. S., ex inspector distrital, 17 de noviembre de 2020).

En cambio, los inspectores por área (primaria, secundaria, artística, etc.) tienen a su cargo tareas de supervisión y control, pero en la práctica se dedican al asesoramiento de los directivos. Según una directora, su trabajo se entiende de este modo: «Había que poner la mirada sobre el cumplimiento de la norma, acompañar a los integrantes del equipo directivo, ejecutar planes y proyectos» (entrevista a D. S., exinspectora de nivel secundario, 16 de noviembre de 2020). Su trabajo, a diferencia del ámbito distrital, está mediado por el territorio. Trabaja en equipos interdisciplinarios, y cada área se divide según la cantidad de escuelas, matrícula y cargos docentes. Al igual que el jefe de inspección distrital, debe realizar capacitaciones permanentes y se lo convoca a plenarios para discutir las líneas políticas. Su acción clave ha sido la intervención y la mediación en las escuelas y su repercusión en el trabajo docente es pedagógica (entrevista virtual a G. C., exinspectora de primaria, 14 de noviembre de 2020).

El Consejo Escolar es una estructura administrativa descentralizada, semiautónoma y diferenciada respecto de la Inspección General y de la DGCYE. Es el único órgano elegido por voto popular en cada municipio cada cuatro años y está compuesto por consejeros de agrupaciones partidarias (de acuerdo al número de establecimientos educativos); el Presidente tiene la potestad de convocar reuniones periódicas[59]. Históricamente, su constitución estuvo mediada por las relaciones ambivalentes del poder político de la provincia, y pasaron de ser órganos administrativos con escaso poder de decisión a estar vinculados directamente a cuestiones administrativo‑financieras, y no tanto a definiciones técnico‑pedagógicas (Giovanni, 2008). Es decir, su desempeño ha quedado relegado a funciones de gestión con poca autonomía real para responder de modo directo a las demandas formuladas desde la comunidad educativa local. En este sentido, el CE fue la institución encargada de instrumentar los medios necesarios para efectuar diversos financiamientos en educación, y su relación indirecta con el tema salarial lo convirtió en un centro de las protestas docentes durante todo el período de análisis[60].

Gráfico 12. Evolución de las acciones de conflictividad total y las acciones estatales (2003‑2015)

Fuente: elaboración propia basada en datos de LNP (2003‑2015)

En el gráfico 12, se comparan las acciones totales de conflictividad en educación con las acciones del Estado y se observan tres momentos de conflictividad estatal creciente. Durante los primeros tres años (2003‑2005), las acciones estatales aumentaron debido a la creación de la Dirección Municipal de Educación (DME) en 2004, lo cual generó tensiones por el solapamiento de atribuciones antes exclusivas del DGCYE en materia de política educativa y de asignación de recursos (entrevista virtual a M. M., 5 de noviembre de 2020). Además, la nueva institución contaba con programas de formación docente y de vinculación con la comunidad a través de convenios con las empresas del Polo Petroquímico, que ofrecían pasantías de trabajo para alumnos avanzados.

Por su parte, a nivel provincial, el área de inspección sufrió una importante transformación: se crearon las Secretarías de Inspección Distrital, dependientes de las Secretarías de Inspección Regional. También, como se mencionó, se concretó la creación de la UEGD en abril de 2004. De esta institución participaban inspectores, consejeros escolares, funcionarios públicos, representantes gremiales y de las cooperadoras escolares, y tenía como principal función la representación de los intereses de la provincia en materia educativa, fundamentalmente en lo que se refiere a la asignación de fondos para las escuelas. La UEGD comenzó a cobrar relevancia como actor dentro del sistema educativo cuando se le otorgó la facultad de fusionar o cerrar cursos, organizar la POF y decidir los establecimientos educativos hacia los que se dirigían los fondos. Suteba BB advirtió que la UEGD poseía las mismas facultades que la Secretaría de Inspección y constituía un primer paso hacia la municipalización de la educación («Educación: aristas», 2004). En esta primera etapa, la UEGD funcionó como ejecutora local de las políticas de ajuste en educación, particularmente a través de la reducción de cursos («El Consejo rechazo la fusión de cursos», 2004, p. 6.). Las fusiones y cierres de cursos fueron la práctica adoptada por los entes provinciales para controlar la matrícula estudiantil por escuela y los cargos docentes, ante la imposibilidad —según argumentaban— de obtener los fondos necesarios para implementar los cambios en infraestructura requeridos por la reforma educativa (entrevista a S. S., exinspector distrital, 17 de noviembre de 2020).

Otra de las acciones estatales fueron las suspensiones y descuentos aplicados a los docentes que adherían a los paros distritales, particularmente en 2004‑2005 y nuevamente en 2007‑2008. A través de la aplicación de sumarios, cesantías, disminución en las calificaciones y otras prácticas de control, los directivos presionaban a los docentes a retornar a los establecimientos (Actas de Asambleas, 12 mayo de 2004, T. 2, pp. 13‑17). En este marco, Suteba BB denunció la confección explícita de «listas negras» de docentes («Gremios estatales», 2004, p. 6) e inició acciones legales contra la DGCYE. Gran parte de los docentes que sufrieron descuentos en sus haberes accedieron a un fondo de huelga administrado por una comisión interna de Suteba BB (Acta de Asamblea, 11 de junio de 2004, T. 2, pp. 53‑60).

Asimismo, se implementaron desde los organismos estatales diversos mecanismos de presión, en una acción que fue interpretada por los gremios como «una persecución ideológica y un acoso laboral contra directores y maestros, que bien se pueden encuadrar dentro de la ley 13.168 de violencia en el trabajo» (LNP, 4 de agosto de 2004, p. 5). Entre 2005 y 2007, el CE afrontó gran cantidad de reformas con escasos fondos. En esos años, se sumó otro problema: la proliferación de plagas (roedores, insectos y palomas) en instalaciones escolares, lo que motivó denuncias y conflictos entre el Departamento de Saneamiento Ambiental (dependiente de la Municipalidad) y el CE («Felipe Solá», 2005, p. 5; «Oporto», 2005, p. 6).

A partir de 2010, comenzaron a visibilizarse nuevas tensiones entre la JID y la UEGD por las permanentes «intromisiones y roces [de esta última] con las instituciones y las órdenes emanadas de la DGCYE» (entrevista virtual a M. R., Exjefe de Inspección Distrital, 12 de noviembre de 2020). Los inspectores plantearon que había una gestión «mal entendida» por parte del Municipio, donde se confundía política educativa con política partidaria en las decisiones ejecutivas en torno a la educación. En muchos casos, surgían disidencias respecto de las decisiones de la UEGD, lo que fue interpretado como una falta de articulación entre ambos entes.

En la etapa 2012‑2015, el Municipio y el HCD crearon una mesa multisectorial en la que confluyeron las principales fuerzas políticas, concejales, inspectores, representantes de cooperadoras, gremios y consejeros escolares, que tuvo por fin decidir el destino de los fondos educativos[61]. La UEGD fue perdiendo terreno paulatinamente hasta transformarse en un organismo municipal. La idea del espacio era incentivar la participación de los actores de la educación, funcionarios del CE, de Jefatura de Inspección, representantes de los gremios y, fundamentalmente, el Secretario de Infraestructura del Municipio. La Comisión dentro del HCD fue denunciada en múltiples ocasiones por no garantizar ciertas obras escolares y ejecutarlas solo cuando existía la posibilidad de un rédito político:

En líneas generales, el Fondo Compensador que se transformó en Fondo Educativo no va a las escuelas, sino que va al municipio, y eso hizo perder autonomía al CE porque ahora pasaba por decisión municipal que decía, por ejemplo, «voy a asfaltar esta calle cerca de la escuela y no obras urgentes». El Fondo Escuela fue fantástico, pero nos trajo problemas porque los directivos no lo querían usar, porque era más fácil llamar al CE para que te cambie el foquito que ir a comprar el foquito… Tenían que presentar la factura, pero fue todo un tema ese; mucha incapacidad de gestión de muchos directivos (entrevista, V. G., consejera escolar, 12 de noviembre de 2020).

Durante este período, hubo algunos puntos sobresalientes de conflictividad que merecen un análisis específico: las sanciones por parte de inspectores y directivos, y el otorgamiento de las calificaciones como mecanismo de regulación del trabajo docente e indirectamente del conflicto gremial. En el trabajo diario de las escuelas, los inspectores areales y los directivos califican a los docentes con base en los tratos y sociabilidades generadas hacia la comunidad escolar y su desempeño general (entrevista virtual a G. Z., exinspectora de primaria, 14 de noviembre de 2020). La cuestión normativa y organizativa es un ítem crucial en la tarea de supervisión. Si los descuentos fueron en el primer período un elemento disruptivo, la baja en la calificación y las sanciones se volvieron un conjunto de herramientas disciplinarias, cuestionadas por los gremios a la hora de defender a los docentes y auxiliares. Sin embargo, las sanciones se convirtieron en uno de los mecanismos más frecuentes de control de las prácticas docentes, particularmente en el proceso de conflictividad de 2014‑2015.

Cuando las faltas cometidas por un directivo se realizan por falta de asesoramiento, el inspector tiene una gran responsabilidad…; pero, cuando hay cuestiones graves de falta a la norma a conciencia, te toca definir: emitir criterio si es falta de conocimiento u omisión deliberada. A la falta corresponde sanción, pero el estatuto contempla varias instancias: llamada de atención, observaciones; en segundo lugar, actas, bajar la nota; y, por último, ya descuento y sumario (entrevista virtual a S. S., exinspector distrital, 17 de noviembre de 2020).

Las sanciones punitivas se generan como medidas drásticas cuando el hecho que las originó es irreparable. El directivo puede aplicarlas, y el inspector avalarlas. Las sanciones «reparadoras» se trabajan con el docente; son producto de situaciones más leves pero reiteradas, en las cuales se realiza un seguimiento y llamada de atención (entrevista virtual a D. S., 16 de noviembre de 2020). En las situaciones disciplinarias graves, el docente es separado del cargo, se hace una investigación y un presumario. Más tarde, el sumario recae sobre la persona, con posibilidad de defensa por parte de los gremios o de abogados. El seguimiento se realiza desde la Secretaría Legal y Técnica de la provincia. En muchos casos, se elevan y la resolución ya no depende del distrito (entrevista virtual a G. Z., exinspectora de primaria, 14 de noviembre de 2020).

En 2014 el sumario aplicado a algunos docentes disparó una masiva protesta de los gremios hacia la JID. Tres docentes militantes y delegados de cursos fueron separados de sus cargos y sumariados por «realizar asambleas en los lugares de trabajo, suspendiendo las clases sin amparo gremial» (Acta de Asamblea, 31 de octubre de 2014, T. 4, pp. 358‑364). El apoyo de las escuelas a los docentes apartados fue muy importante, con casi 500 personas en el recinto que exigieron la renuncia del inspector distrital («Protestas por los despidos», 2014, p. 7). Otro mecanismo de control controvertido fue la calificación. Este procedimiento tiene como fin realizar un seguimiento de la labor pedagógica tanto del docente como del directivo. Pero su utilización afectó las posibilidades laborales de los docentes (entrevista virtual a D. S., exinspectora de secundaria 16 de noviembre de 2020).

Estas sanciones, a su vez, repercuten sobre las medidas de acción sindical, ya que muchos docentes temen por las consecuencias de adherir a huelgas o de participar en manifestaciones o asambleas dentro de las escuelas. No obstante, es de destacarse que inspectores distritales y regionales calificaron a la ciudad de Bahía Blanca como de «alerta roja» en toda la provincia por la conflictividad de sus gremios docentes:

Bahía Blanca es conflictiva y siempre lo fue… porque subyacen viejas cuestiones y donde el gremio ha tomado mucho protagonismo… por cualquier cosa se suspenden las clases. Tanto ATE como Suteba son los dos más radicalizados… en cambio, con la FEB también trabajamos muy bien. Yo siempre digo que son «señoras» en el buen sentido, se puede dialogar, discutir, aun en el disenso construir consenso y los demás, no […]. Fue siempre muy difícil Bahía Blanca. Acá el ejercicio de «no laburo» —te soy sincero— estaba todos los días […]. No querían laburar; querían estar en su casa y cobrar un sueldo (entrevista a M. R., exinspector distrital, 12 de noviembre de 2020).

Concretamente, pienso que los gremios responden en algunos momentos a cuestiones políticas de la política educativa y también a la política partidaria o la que dinamiza los propios gremios… personalmente, estoy a favor de la acción de los gremios y los sostuve monetariamente siempre como afiliado. Sin embargo, pienso que el Suteba BB es un gremio que está más atravesado por las cuestiones y tensiones políticas al interior del propio gremio que por la mejora de la educación. No están interesados en mejorar el estado de las escuelas, sino en responder a sus internas propias (entrevista a S. S., exinspector distrital, 17 de noviembre de 2020).

El disciplinamiento estatal alcanzaba el compromiso de los propios gremios centrales de recuperar días de trabajo y realizar jornadas y actividades institucionales (Llantos, 2014, p. 1; «Podrían volver a resentirse», 2014, p. 4). En síntesis, los organismos que representan al Estado provincial aplicaron una serie de estrategias a través de diversos procedimientos de control y dominación sobre las relaciones de trabajo y las negociaciones colectivas, con el objetivo de acompañar la ejecución de políticas educativas en sus distintos ámbitos de influencia: desde la administración del ajuste económico, con fondos desigualmente distribuidos y escasos con relación a las demandas educativas, hasta la aplicación de descuentos, despidos encubiertos (fusiones y cierre de cursos, no otorgamiento de licencias, pases, reclasificaciones y sumarios), sanciones a activistas, decretos de conciliación obligatoria o pago en cuotas, con una mirada de la educación asociada al ámbito productivo laboral como reducto de mano de obra precarizada. En este sentido, las instituciones educativas, sumamente jerarquizadas y con fuertes vínculos con la política partidaria reafirmaron el posicionamiento combativo de los sindicatos frente a los abusos sobre derechos laborales, por un salario considerado digno y mejores condiciones de trabajo.


  1. Una versión inicial de las disuciones de este capítulo fueron publicadas en la Revista de Ciencias Sociales De prácticas y discursos, (volumen 11, n° 17), bajo el título de “Los procesos de conflictividad y las prácticas sindicales de Suteba Bahía Blanca (2003-2015). Disponible electrónicamente en:https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/view/6021
  2. Por «conflictividad laboral» se entiende el proceso que surge de uno o más encuentros, entre dos o más sujetos sociales, mediados por la relación capital y trabajo, en donde se produce un enfrentamiento entre cuerpos e ideas (Izaguirre y Aristizábal [2002] hablan más bien de «conflictividad obrera»). En el caso docente, esta relación estaría mediada por el Estado provincial en su carácter de patronal y principal empleador de los trabajadores docentes.
  3. En el anexo metodológico, se detalla con mayor profundidad los hechos de conflictividad general. A los fines de la tesis, solo se exponen los resultados específicos de Suteba BB.
  4. Este grupo desarrolla un trabajo particular sobre la conflictividad social en Mar del Plata y otras ciudades portuarias. Véase SISMOS (2022).
  5. Los HC son un conjunto de sucesos que se encuentran vinculados y que pueden desprenderse de un mismo conflicto, por ejemplo, la realización de una asamblea y posteriormente una movilización callejera con un acto final. Por el contrario, los hechos simples (HS) son aquellos que no tienen continuidad ni impacto en otros, y su efecto se agota en su realización.
  6. Sobre este punto, resulta necesario comprender, como expresa Juan Carlos Marín (2009) en su lectura de Clausewitz, que la defensa y el ataque no remiten a procesos cualitativamente distintos: mientras el ataque procura la apropiación, la alteración de una relación social, la defensa plantea la preservación de una relación y dirige toda su fuerza a la acción de su oponente. Estos operadores actuaron permanentemente en la dinámica del conflicto y su visibilidad y ordenamiento procura desentrañar el valor estratégico de cada confrontación (Marín, 2009).
  7. Los datos de las asambleas por escuelas se encuentran dispersos y resulta imposible realizar un seguimiento. Son estimativos y provienen de entrevistas y anotaciones en las actas de asambleas de Comisión Directiva. Aproximadamente, hubo 50 asambleas por escuela en este primer período.
  8. Sobre la posición de Suteba en torno a la reforma, véase Gayone (2003) y uno de los cuadernillos difundidos por Suteba (2003): El impacto de la reforma en los distintos niveles educativos.
  9. La resolución planteaba sobre el final del anexo 1 que «el alumno con necesidades educativas especiales será escolarizado en instituciones de educación común. Sólo cuando dichas necesidades revistan una complejidad a la que no pueda dar respuesta el servicio ordinario, se propondrá su escolarización en escuelas especiales». En ese marco, Suteba discutió el sentido de la inclusión de un Estado provincial que rechazaba la atención de las personas con discapacidad y avanzaba hacia una escuela aglutinadora. Véase «Una resolución» (2003, p. 6).
  10. Sobre este tema, existe un debate más profundo acerca de la idea de integración o inclusión de personas con discapacidad en educación, ya que una parte de la literatura considera que estas pueden ejercer su autonomía y vincularse mejor adaptativamente si se las incluye en aulas «no especiales» (Cinquegrani, 2021).
  11. Roberto Baradel, Secretario General de Suteba central, en una visita a un centro de salud de la ciudad, expresó que «las medidas de fuerza que no tengan carácter provincial conspiran contra la obtención de reivindicaciones más amplias» (Velada crítica de Baradel al Suteba local, LNP, 13 de agosto de 2004, p. 7).
  12. Se produjo en la noche del 30 de diciembre de 2004 a raíz del incendio de un boliche del barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. Provocó una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina, con un saldo de 194 muertos y 1432 heridos. Las causas del incendio estuvieron relacionadas con las fallas de seguridad y edilicias. A partir de entonces, se dictaron nuevas normativas en materia de seguridad e higiene, y se generalizaron los controles desde diversas instancias estatales.
  13. En 2004 se habían afiliado 300 docentes, lo cual implicaba un aumento inusitado.
  14. Sobre estas discusiones alrededor de la implementación de las leyes de educación, se dieron algunos debates importantes en varias asambleas que derivaron en acciones en conjunto con las seccionales opositoras de la provincia. Véase Acta de Asambleas extraordinarias (20 de julio de 2006, T. 2, pp. 133‑137, y 1 de septiembre de 2006, T. 2, pp. 142‑147).
  15. Sobreviviente de la última dictadura militar, desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 luego de prestar testimonio en la causa contra el Exjefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
  16. La «maratón» consistió en un recorrido que unía Arroyito (Neuquén) y Bahía Blanca (Buenos Aires) durante cinco días (doce horas por día). La convocatoria fue ideada por docentes de educación física de Bahía Blanca. Los deportistas salieron durante el mediodía a recorrer las calles de la ciudad vestidos con remeras que consignaban «Las tizas no se manchan» y portando una bandera argentina de enormes proporciones («Empezó en nuestra ciudad», 2007, p. 5).
  17. Sobre la historia de INCOB (Industria de la Carne Obrera), puede verse Cantamutto (2007) y Visotsky (2016).
  18. Sobre el conflicto de los cartoneros, puede verse Becher y Martín (2013).
  19. Esta lógica de realizar medidas distritales formará parte del repertorio de lucha de Suteba BB en las próximas etapas e implicará un conjunto de prácticas específicas que serán señaladas en el capítulo 4.
  20. Hubo un crecimiento de 160 delegados entre 2003 y 2009, contabilizados por el registro de Suteba BB.
  21. Entre las demandas más relevantes, se encontraban las siguientes: 1) un salario igual al costo de la canasta familiar, sin sumas no bonificables y con un sistema jubilatorio provincial que otorgara estabilidad; 2) no más de 20 alumnos por aula, creación de cargos e inversión en infraestructura para generar condiciones dignas de enseñanza‑aprendizaje; 3) capacitación gratuita en servicio a cargo del Estado (sin cursos pagos); 4) no más paritarias pactadas «a espaldas de los docentes», promoviendo la consulta y la democracia sindical, así como también la participación plena de delegados paritarios electos por asamblea; 5) defensa de la educación pública, del estatuto y de las conquistas laborales docentes; 6) derogación de la LFE y de la LEN y participación, con plena independencia política, de docentes, trabajadores y estudiantes en la elaboración de una nueva Ley Educativa; 8) participación de la seccional bahiense en la construcción democrática de una oposición provincial nacional y de la intersindical; 9) libre circulación de ideas y respeto por las diferencias, promoviendo la elaboración colectiva de prácticas sindicales democráticas (volante de Balance de las elecciones, Lista Granate, 2006).
  22. En un principio, fueron las empresas medianas y grandes las que impulsaron la recuperación del empleo, porque contaban con capacidad instalada ociosa y, en algunas ocasiones, con tecnología de frontera, gracias a las inversiones realizadas durante la convertibilidad. Cuando la producción creció, la creación de empleo en estos sectores —típicamente productores de manufacturas orientadas al mercado interno o al Mercosur— se detuvo. A partir de 2011‑2012, el sector servicios cobra mayor relevancia, y, con él, el empleo más precario (tercerizaciones, cuentapropismo de oficio y de subsistencia, servicios personales no profesionales, etc.) (Bazque, 2021). En 2011, se estimó que un 55 % de los trabajadores no registrados no contaba con ningún tipo de cobertura social, y ese porcentaje se elevó en un 10 % en 2015 (EPH‑INDEC, 2011).
  23. Hubo casos específicos de comunidades educativas en lucha, con el acompañamiento de Suteba BB, por la continuidad educativa bajo condiciones seguras de trabajo, como en la EEE N.° 508 y en la ESB N.º 333 de Villa Rosas, que tuvo su mayor incidencia en 2009 («Dieron marcha atrás», 2009; «Padres y alumnos», 2009). En estas escuelas, se reclamaban obras por varios problemas edilicios, debido a cielorrasos en desprendimiento, calefactores al límite de su uso, filtraciones, cables «sueltos», entrepisos repletos de roedores y palomas, y malas condiciones de higiene en general.
  24. El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que tenía como objetivo unificar el IPS con las cajas jubilatorias de la Policía Bonaerense y de trabajadores del Banco Provincia. Esto ponía en riesgo las jubilaciones docentes, ya que, con los fondos del IPS, se intentaba cubrir el déficit de las otras cajas. Véase «Sin novedad en el frente» (Eco Días, n° 256, septiembre de 2008, p. 5).
  25. En marzo de 2008, el Ministerio de Economía formuló la Resolución 125/08, mediante la cual se establecía la creación de un fondo de redistribución social a partir de la aplicación de impuestos de tasa móvil a las exportaciones de soja y sus derivados. Como reacción frente a esta medida, cuatro organizaciones patronales de la producción agroganadera en la Argentina —la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Rurales Argentina (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)— declararon un lockout agropecuario. El paro se extendió por 129 días desde el 11 de marzo hasta el 18 de julio, día en que el Congreso de la Nación votó en contra de la ratificación de la Resolución 125, en una votación desempatada por el Vicepresidente Julio Cobos (Barsky y Dávila, 2008).
  26. La CTA es una organización creada en 1992 como un «Congreso de Trabajadores» que luego pasó a llamarse «Central». Sus reivindicaciones, escindidas del sindicalismo participativo y conciliador de sectores de la CGT, hicieron que la CTA se presentara con un estilo más movimentista, apoyando a desocupados y sectores informales para adherir a sus filas. Vinculada principalmente con empleados estatales, su participación o adhesión a las políticas del kirchnerismo llevó a que en 2010 se produjera una división interna en dos fracciones: una liderada por Pablo Micheli y la otra por Hugo Yasky. La primera recibió el nombre de «CTA Autónoma», mientras que la otra, de «CTA de los argentinos».
  27. La situación del nivel inicial en la ciudad era crítica: con obras paradas y una extensión de la matrícula, la deficiencia en infraestructura era evidente. Según datos de Eco Días, de los 55 jardines en la ciudad, 20 tenían Equipos de Orientación Escolar (EOE), en 12 jardines se observaba la asistencia de niños con necesidades básicas insatisfechas (NBI), de los cuales había 450 niños sin acceso a calzado, ropa y alimentos adecuados, 277 en gravísimo riesgo social. Asimismo, hubo 884 niños que no accedieron por falta de cupo («Educación nivel inicial», 2009, pp. 6‑7).
  28. Anteriormente, en 2005, hubo reclamos docentes y de gremios sindicales, como la CEB y Suteba, por las licencias médicas y las deficiencias en la atención de la empresa contratista Control Médico S. A., su falta de prestaciones complejas y el cobro ilegal de un monto de dinero por encima del bono de consulta, entre otras irregularidades («Quejas sobre el control», 2005, p. 5). Esta empresa directamente no se presentó a la licitación ni renovó contrato con el Estado provincial en años posteriores.
  29. De acuerdo al convenio firmado entre el servicio de ambulancias del Hospital Municipal y el CE, se estableció que las ambulancias del servicio 911 solo concurrirían a las escuelas en casos calificados como código rojo o de situaciones médicas de gravedad, previamente diagnosticadas por los docentes. De esta forma, se hacía responsable a maestros y profesores de decidir el grado de la emergencia y comunicárselo al operador («Duro reclamo docente», 2011, p. 6).
  30. En abril, 34 establecimientos escolares no tuvieron clases debido al faltante de agua, disminución de la presión y problemas de cisternas («Cinco mil alumnos», 2010, p. 6).
  31. En Bahía Blanca, se calculó que esta situación afectó a 1820 alumnos, es decir, implicó una reducción del 25 %. El presupuesto para comedor ese año (2010) preveía dos pesos por almuerzo y un peso por desayuno y merienda. De esta forma, el cupo de comedor pasó de 4275 a 3227 personas (Datos del Servicio Alimentario Escolar, marzo de 2010).
  32. Entre las escuelas con dificultades, se destacan la EET N.º 3, los jardines 924 y 936 y las EEE 509 y 513 (esta última, única escuela de la ciudad para personas con disminución auditiva).
  33. El 24 de septiembre de 2010, resultó reelecta la lista encabezada por Suteba, por 827 votos, dentro de la CTA Bahía Blanca ‑ Dorrego. Con lista única local, no participó de listas nacionales ni provinciales. La victoria contra la lista de ATE planteó problemas en la relación posterior entre ATE y Suteba BB. El PO presentó otra lista independiente, con magros resultados («Elecciones en la CTA», Eco Días, 2010, p. 2).
  34. Mariano Ferreyra fue asesinado de un tiro en el pecho por un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria en una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a la planta permanente de los trabajadores de la Línea Roca (Rath, 2011).
  35. El caso Manfredini fue resonante en la ciudad, ya que se trataba de un joven de 25 años que moría en un trágico suceso, sin condiciones de seguridad adecuadas al riesgo de su trabajo, dentro de la planta de Solvay Indupa del Polo Petroquímico de Bahía Blanca.
  36. A nivel local, Suteba BB se solidarizó y apoyó la denuncia de precarización laboral dentro del Municipio, acompañando a 1500 trabajadores municipales (cuyo reclamo no contaba con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales). Véase «La Municipalidad en falta» (Eco Días, 2011, p. 4).
  37. Un ejemplo concreto fue la EPB N.º 73, que funcionó con aulas container o módulos de chapa con techos de telgopor, con el peligro de graves accidentes. «En invierno se congelan, en verano no se puede estar del calor. Cuando llueve se inundan, los techos se caen, el mobiliario es un desastre. Los chicos —con razón — ya no quieren ir a la escuela, y nosotros tampoco queremos que estudien así», dijo la docente R. H. («Primaria n° 73», 2011, p. 6). Otros problemas acuciantes se presentaban en la EEM N.° 1 de White; en la EPB N.° 70, superpoblada y sin aulas; en la EEM N.° 5, donde se derrumbaron paredones; y, en las EPB N.° 32 y N.° 57, que no contaban con ventilación ni calefacción. Asimismo, se denunció la falta de desagües cloacales y las filtraciones en la cubierta en la CFO N.º 404 de General Cerri («Grave diagnóstico», 2011, p. 6).
  38. Un episodio problemático que describe esta cuestión sucedió a mediados de 2009, cuando la CD de Suteba BB aceptó un servicio de sepelio privado de la empresa Parque El Recuerdo. En el convenio, se le concedió a la empresa la posibilidad de promocionar su actividad en los espacios del sindicato y directamente hacia los afiliados a través de sus correos electrónicos. La firma del convenio causó gran indignación en el cuerpo de delegados. Las críticas hacia la CD por este tema implicaron que de forma unilateral se rescindiera el contrato, lo que dio inicio a problemas legales con la empresa, que solicitaba un resarcimiento económico. La conducción de Suteba BB planteó la situación en una asamblea, «con la intención de trasparentar la cadena de errores y buscar una solución colectiva» (Acta de Asamblea extraordinaria, 27 de abril de 2010, pp. 102‑107).
  39. Un ejemplo importante fue la protesta de la comunidad de la EPB N.° 36 de Villa Nocito. Los roedores y basurales cercanos generaban condiciones insalubres en las escuelas, que fueron denunciadas por toda la comunidad. Un conjunto de vecinos y padres de estudiantes se volcaron hacia la vera de la ruta y quemaron gomas, exigiendo la desratización y saneamiento del establecimiento. Entre las consignas, se encontraban: «Funcionarios, no sean ratas; queremos condiciones dignas para aprender y enseñar» («Ratas en la escuela», 2015, pp. 1 y 5).
  40. Periodista con más de treinta años de trayectoria en radio LU2 (perteneciente al mismo grupo multimedio que el diario LNP), contó con un fuerte respaldo de la UCR local y obtuvo más del 50 % de los votos en la elección por la Intendencia. Su gestión fue caracterizada como un «consorcio económico», del cual coparticiparon grupos empresariales e inversores que determinaron el destino de los fondos e impulsaron acuerdos con empresas del Polo Petroquímico, energéticas y del puerto bahiense (Vitali, 2019).
  41. En el anexo metodológico, nota 2 se explican como se definen los distintos tipos de hechos normalizados y en la nota 6 se expone un cuadro con las cantidades totales de tipos de acciones generadas desde Suteba BB entre 2003- 2015.
  42. Las acciones directas con características similares a las del proletariado sindicalizado —como la amenaza de huelga, el paro, la presión sobre los no adheridos o afiliados y las agresiones verbales contra autoridades escolares — se dieron en situaciones muy excepcionales desde principios de siglo xx, en las cuales se combinaban largos atrasos en el pago de salarios, con alza de la conciencia colectiva del sector sobre su explotación laboral y en coyunturas sociales de expansión huelguista. A partir de la década de 1960, cobran otra dimensión y masividad (Ascolani, 2013).
  43. En el capítulo 4, se desarrolla con más énfasis la relación entre huelgas y prácticas sindicales docentes.
  44. Este relevamiento fue posible a partir de los registros de actas sindicales, no del número de asambleas explicitadas por el periódico que resulta mucho menor.
  45. Las asambleas se distribuyen de la siguiente manera: en 1988, seis (la mayoría de ellas extraordinarias); en 1989, nueve (una de ellas ordinaria); en 1990, siete (una de ellas ordinaria); en 1991, siete (una de ellas ordinaria); en 1992, una ordinaria; en 1993, dos (una de ellas ordinaria); en 1994, tres (una de ellas ordinaria); en 1995, dos (una de ellas ordinaria); entre 1996 y 2000, una ordinaria por año; en 2001, una ordinaria y tres extraordinarias; en 2002 y en 2003, una ordinaria cada año. El contenido de las asambleas no fue registrado en actas y la memoria de ese contenido se recuperó a partir de las palabras de los entrevistados. Se presume que el motivo de la falta de actas detalladas es que la Lista Celeste había perdido las mociones.
  46. . Se incluyen en este ítem los reclamos salariales, los pedidos por mayor presupuesto, la discusión sobre el financiamiento de la educación, el rechazo a las distintas formas de ajuste fiscal, entre otras. A su vez, en estas demandas se devela la magnitud de las paritarias en la conflictividad docente
  47. Se exceptúan las acciones realizadas exclusivamente a través de los medios de difusión, que ascienden a 182, y los que fueron clasificados como «sin especificar», que ascienden a 325.
  48. En escala de grises la expresiones del mapa de calor cambian representando el gris oscuro las notas rojas, el gris intermedio al verde y el mas claro al amarillo.
  49. La tasa de sindicalización es una herramienta utilizada para medir la densidad sindical en una sociedad y se define como la relación entre la afiliación real sobre la afiliación potencial (Senén González y Haidar, 2009).
  50. Sumado a ello, el coseguro de salud se encuentra vinculado al seguro médico obligatorio (IOMA), cuya baja calidad y excesivo burocratismo en el funcionamiento lo ha vuelto un gasto ineficiente para el afiliado.
  51. Los datos específicos de afiliaciones y desafiliaciones fueron proporcionados por el propio sindicato local. Lamentablemente, los datos de desafiliación entre 2003 y 2006 no fueron relevados o se han perdido. Se continuaron los criterios de división propuestos por el sindicato.
  52. El coeficiente de correlación es una medida de la intensidad de la relación (lineal y proporcional) entre dos variables. Su valor puede oscilar entre −1 y 1, siendo estos los indicadores de una correlación perfecta. Los valores intermedios (tomados en valor absoluto) indican el porcentaje de movimiento entre las variables. El signo positivo indica que la relación es directamente proporcional, y el signo negativo, que es inversamente proporcional.
  53. Estos datos de desafiliación provienen de una encuesta realizada por el gremio, que fue facilitada por el sindicato.
  54. Otros motivos menores no fueron incluidos en la lista, como la disconformidad en la atención gremial, el cambio de afiliación o las mudanzas y traslados. Tampoco fueron contabilizados para el análisis las respuestas de la categoría «No contesta» (que ascienden a 25).
  55. Es importante aclarar que el afiliado a Suteba paga un 3 % de su sueldo como aporte sindical y casi un 15 % a la obra social.
  56. Ya a comienzo de año, 34 establecimientos escolares no tuvieron clases debido al faltante de agua, disminución de la presión y problemas de cisternas («Cinco mil alumnos», 2010, p. 6).
  57. Entre las escuelas con dificultades, se destacan la EET N.º 3; los jardines 924 y 936; y las EEE 509 y 513 (esta última, única escuela de la ciudad para personas con disminución auditiva).
  58. La Coordinadora por el Boleto Estudiantil se creó en la ciudad, en 2007 y, a partir de allí, se nucleó las demandas sobre este tema desde centros de estudiantes, autoconvocados y militantes de organizaciones partidarias.
  59. El art. 170 de la Ley 13.688 otorga a los CE diversas facultades en el ámbito de su distrito y, si bien no formulan políticas educativas, tienen a su cargo la gestión de los recursos. Adquieren así relevancia como actor del nivel intermedio del sistema educativo (Gvirtz y Dufour, 2006) que influye de manera significativa sobre el modo en que se distribuyen los recursos que llegan a las escuelas en cada distrito, motivo por el cual algunos autores le atribuyen un sentido clientelar (Giovanni, 2008).
  60. Entre los presidentes de este organismo en la ciudad de Bahía Blanca, estuvieron los siguientes: durante el período 2003 y 2009, Manuel Mendoza (UCR y luego GEN) presidió el CE local con mayoría radical; posteriormente, asumió el cargo Gabriela Costa (FPV), entre 2009 y 2011, con mayoría peronista; y, luego, tras un breve mandato de unos meses de Andrés Contreras (FPV), entre 2012 y 2015, asumió Liliana Aglietti (también FPV), casi sin oposición política interna. En general, se trabajaba en comisiones y muchas de las cuestiones se solucionaban directamente viajando a La Plata para reunirse con funcionarios provinciales (entrevista virtual a M. M., 5 de noviembre de 2020).
  61. Desde 2002, el CE había recibido tres tipos de fondos. El de mayor envergadura era el Fondo Compensador, que provenía del Impuesto a los Automotores recaudado por ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), del cual derivaba otro fondo para las escuelas y sus arreglos específicos (se deducía un 40 %). El segundo era un fondo que debía destinarse a infraestructura. Y, por último, se encontraba el Fondo Educativo, que se creó en 2012, y en un principio fue administrado por el CE, pero posteriormente se transfirió al Municipio (entrevista virtual a G. C., 27 de noviembre de 2020).


Deja un comentario