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2 Enfoque conceptual

2.1 Introducción

Esta tesis pone en relación aportes de la Economía Política de la Comunicación (EPC) en entornos digitales, con foco en su mutación desde las promesas originarias de democratización de las comunicaciones al actual escenario de creciente privatización y consolidación de unos pocos agentes globales, y los estudios críticos de la tecnología, dando cuenta de las características de funcionamiento y articulación política y social de los casos estudiados de modo de identificar algunos principios generales y, en particular, sus condiciones de posibilidad frente a los procesos de convergencia de la industria audiovisual con internet. Desde la EPC, uno de los aspectos que se analizan es la regulación y los cambios regulatorios y normativos del objeto de análisis y desde ese lugar, se retoman además algunos elementos del derecho a la comunicación y a la cultura.

Como hemos señalado brevemente en la introducción y ampliaremos en el apartado siguiente sobre aspectos metodológicos, el ingreso de la televisión a internet se da en relación a un contexto que condiciona sus posibilidades de expansión. El contexto aparece a los fines analíticos desagregado de menor a mayor en: “interno”, referido a la vida y gestión de las dos televisoras que conforman los casos de estudio; “externo doméstico”, referido a las políticas públicas sectoriales y las características del sistema de medios en cada país, y “externo global”, vinculado al funcionamiento global de la distribución de contenidos audiovisuales en internet, proceso creado y conducido por agentes tecnológicos y mediáticos de los países centrales que han ganado escala global los últimos quince años. Cada una de estas grandes dimensiones contiene variables e indicadores que hacen a las condiciones de producción sobre las que las televisoras estudiadas deben encarar sus estrategias de convergencia con internet. La necesidad de leer las transformaciones que genera internet en el ecosistema de los medios de comunicación a la luz de las condiciones de producción, explica las decisiones teóricas y conceptualizaciones centrales sobre las que aquí se trabaja.

La creciente plataformización de la industria audiovisual y las crecientes barreras de ingreso y permanencia para nuevos actores; el lugar periférico de América Latina a nivel global y su dependencia de los países capitalistas centrales productores de las tecnologías de la alta computación y la marginación de los medios estatales en sus sistemas mediáticos nacionales altamente concentrados, son algunos de los elementos que condicionan su posibilidad de sobrevida en internet.

El enfoque teórico pone en relación las condiciones de posibilidad que gravitan desde el contexto externo global y su impacto en las formas particulares que adopta la mutación de los medios (públicos estatales) periféricos y las estrategias con las cuales abordan la convergencia con internet. Las posibilidades de un despliegue competitivo de servicios, contenidos y aplicaciones en internet serán mayores si se dan de forma concurrente una serie de condiciones vinculadas, entre otras, al fortalecimiento y mayor legitimidad de los medios estatales; la recreación de su relevancia social y apoyo sistemático y estable del Estado.

Sin embargo, estas condiciones, que pueden verificarse o no y bajo distintas formas y alcances en cada uno de los casos, quedan eclipsadas ante las mutaciones más amplias que se producen en el funcionamiento mismo de internet y la economía digital, aspectos que exceden a las televisoras estudiadas, limita sus márgenes de acción y las expone a la posibilidad cierta de un ingreso subalterno en internet, incluso en el contexto de sus propios países. Dada la centralidad que revisten entonces las transformaciones que acontecen en el aspecto que hemos llamado “externo global”, el enfoque teórico se concentra en su mayor parte en abordar algunos de sus aspectos clave, necesarios para el estudio de los casos.

La estrategia teórica de la tesis sitúa el objeto de estudio en el cruce de la digitalización y la convergencia, procesos centrales para comprender las transformaciones en la producción, distribución y consumos de bienes y productos audiovisuales en los últimos quince años. El trabajo retoma la noción de convergencia periférica para aludir, en este caso, a los procesos de innovación tecnológicas de actores que se encuentran en las márgenes de los sistemas mediáticos concentrados de Argentina y Chile, en la comprensión de que los medios estatales de ambos países constituyen casos de actores periféricos o en vías de marginalización. Finalmente, nos detenemos a pensar las implicancias del cruce entre la actual forma de distribución de contenidos audiovisuales a escala global y los medios públicos estatales en contextos geográficos periféricos.

La caracterización de las principales implicancias de la digitalización permitirá comprender su alta capacidad para alcanzar cada vez más actividades sociales, entre ellas las vinculadas a la industria audiovisual. También nos detendremos a describir el funcionamiento actual de las plataformas de internet, subproducto del estado actual del desarrollo del capitalismo, que modelan a nivel industrial la circulación de contenidos audiovisuales por su capacidad para expandirse y ganar posiciones de mercado difíciles de alcanzar por nuevos actores entrantes, lo que eleva las barreras de entrada o permanencia en ese mercado.

Los altos niveles de concentración de los distintos recursos esenciales en que se organiza la distribución de contenidos audiovisuales en internet crea una relación de dependencia entre actores situados en la periferia menos desarrollada y los agentes centrales de escala global. Esta dependencia alcanza incluso a los contenidos, en este caso públicos, que pasan a ser controlados y distribuidos bajo control privado.

En el nivel de las discusiones sobre la incursión de los medios públicos estatales en este entramado, veremos además que diversos principios orientadores de su funcionamiento y razón de ser, como el acceso universal, la inclusión, la gratuidad, la libertad de expresión y el ejercicio democrático de la comunicación, colisionan con las formas de funcionamiento mercantil de las plataformas y empresas globales proveedoras de contenidos y las tecnologías necesarias.

Aunque la digitalización y la plataformización de la industria audiovisual afecta tanto a medios estatales como privados, no todos se encuentran igualmente posicionados para realizar un ingreso más o menos competitivo a internet. Tendrán mayores posibilidades aquellos con capacidad de inversión de capital para alcanzar los pisos tecnológicos que permiten una (re)adaptación permanente al cambio y acceso al mercado global. Dos condiciones que no se verifican en los medios estatales del Sur global que estudiamos en esta tesis. Por el contrario, describiremos una situación de persistente desequilibrio de medios humanos, tecnológicos y económicos entre los países centrales productores de la tecnología y los periféricos, que leeremos en clave de “interdependencia asimétrica”.

En este punto será necesario remarcar el carácter periférico, subalterno y los procesos de marginalización de los medios del Estado, porque estos aspectos condicionan la posibilidad de su sobrevida en internet y el despliegue de estrategias expansivas y competitivas en ese entorno. Se advierte además sobre los riesgos de la creciente plataformizacion en relación a la deforestación de las industrias audiovisuales locales y la homogeneización de las producciones locales crecientemente creadas con arreglo a las necesidades de distribución internacional de las plataformas globales, lo que licúa en parte los rasgos identitarios nacionales de los contenidos.

En este punto se marca una encrucijada para los medios públicos estatales, porque en un contexto en que la generación de contenidos diferenciales “portadores de diversidad” es más necesaria, emergen argumentos que ponen en jaque la propia legitimidad de sus operaciones en línea. En un espacio caracterizado por la sobreabundancia de contenidos, la participación de los medios públicos es cuestionada en su razón de ser. Sin embargo argumentamos que los actores privados reproducen en internet su tendencia tradicional a la homogeneización, mínima diferenciación y estandarización, por lo que los medios públicos estatales pueden funcionar como un contrapeso que aporte diversidad, allí radica además la relevancia de este estudio que inquiere sobre la necesaria expansión de la televisión estatal como servicio digital en internet, desde un punto de vista político.

2.2 Consideraciones generales sobre internet: de la democratización a la concentración

En esta tesis entendemos a internet como un espacio formado por una red compleja y asimétrica de actores, donde el poder económico, político y el conocimiento son los que determinan la capacidad de acceso (Bolaño, 2013: 297), situación que es discordante en relación a la caracterización extendida y parcial del funcionamiento de internet que focaliza en la “horizontalidad”, “falta de control” y “multiplicidad de actores” (Zukerfeld, 2010 y 2014). Por el contrario, al relato de internet como una “nube” o un “laberinto” exótico y mítico, se contrapone su materialidad, creciente mercantilización y altos niveles de concentración (Katz, 1998; Castells, 2009; Zuazo, 2015). Este escenario tensiona el carácter potencialmente democratizador y pone de manifiesto sus asimetrías estructurales, y “la existencia de una jerarquía compleja en la que prevalecen aquellos (…) que detentan mayor capital económico, político o simbólico” (Bolaño, 2013: 290).

Si bien uno de los rasgos más interesantes de internet “es su aspecto potencialmente democratizador de la información y promotor de una comunicación horizontalizada” (Bolaño, 2013: 289), se trata de un fenómeno atravesado por las mismas determinaciones que rigen para el resto de las actividades de las sociedades capitalistas contemporáneas (Becerra, 2010). En efecto, internet no está exento de las desigualdades históricas que se verifican en los medios tradicionales, debido a la subsistencia de fenómenos de alta concentración de la propiedad y de mercado. A su vez, al fenómeno de la concentración se suma la recolección de datos de los usuarios, que pasan a formar parte de los activos de grandes empresas tecnológicas, y explotados con fines comerciales o políticos, lo que refuerza su posición de dominio.

Así, un aspecto central del análisis tiene que ver con las condiciones de mercado en el sector de internet, donde se pueden reconocer altos niveles de concentración tanto de la propiedad, como de los usuarios y del tráfico, en todas las capas o niveles[1] en los que se organizan los recursos tecnológicos, logísticos, comerciales y de infraestructura que dan forma a la Red (Noam, 2003; Levy y Urquijo, 2016).

En el rubro de proveedores físicos de dominio y alojamiento, solo seis empresas concentran el 49% de todas las operaciones a nivel global (Wilwest Domains – GoDaddy, Enom, Network Solutions, 1&1 y Yahoo). Con relación a la producción de servicios y contenidos para usuarios finales, tres conglomerados producen la mayoría de los servicios más consumidos en la Red (Alphabet: Google, YouTube, Gmail, Maps, Earth, Drive, Wase, Traductor; Facebook: Facebook red social, WhatsApp, Instagram, y Microsoft: Skype, Bing, MSN, Hotmail). En el rubro de las interfaces de usuario o plataformas que permiten el acceso a los contenidos, Apple (iOS, ITunes, Apple Store, Safari), Microsoft (Windows, Windows Mobile) y Alphabet (Android, Chrome) se reparten el mercado, aunque con un claro liderazgo de la última. En materia de intermediarios CDN (Content Delivery Networks) –empresas que almacenan contenido internacional en servidores más próximos a los usuarios finales haciendo más eficiente el uso de la red–, apenas cinco empresas (Akamai, Century Link, Google Cache, China Cache y Amazon Cloud) concentran el 90% del tráfico total a nivel mundial; algunas de ellas, son además dueñas de la infraestructura básica a nivel global (cables de fibra óptica submarina y nodos de interconexión). La infraestructura básica se encuentra bajo hegemonía estadounidense y altamente concentrada: aunque existen otros competidores en este segmento, empresas de ese país como Century Link (ex Level3), Verizon, Comcast y AT&T, garantizan el 70% del tráfico mundial (Malaspina, 2020: 18). Finalmente, los proveedores de acceso a internet (ISP, en inglés) encargados del tendido de última milla que lleva la conectividad a los usuarios finales, prestan un servicio más visible, habitualmente sujeto a regulaciones y competencia, pero igualmente con altos niveles de concentración. Además, en muchos casos las empresas dominantes en este rubro están integradas verticalmente con las grandes transnacionales de servicios de conectividad internacional, como por ejemplo Telefónica (Movistar), Telmex (Claro) y AT&T (Direct TV).

En su análisis sobre la concentración en el sector de internet, Eli Noam afirmaba ya en 2003 que, según los indicadores antitrust clásicos, existía una pronunciada concentración horizontal y vertical en internet que dificultaba definirlo como un sector competitivo. Entre las implicancias de la alta concentración, Noam destaca los mayores precios a los usuarios finales, mayor rentabilidad para las empresas, disminución del ritmo de la innovación, incremento del poder de las empresas sobre proveedores de tecnología y contenidos, subsidios cruzados y otras prácticas anticompetitivas. (Noam, 2003). Estudios más recientes (Zukerfeld, 2010; Baladron, 2018a; Dolata, 2018; ISOC, 2019) desmitifican el imaginario en torno a internet y los ecosistemas digitales como espacios horizontales, sin control y con multiplicidad de actores, y destacan una situación de alta concentración en los distintos niveles.

El fenómeno de la concentración en este sector no puede explicarse exclusivamente a partir de lógicas puramente económicas y tecnológicas. Por el contrario, la caracterización de los recursos necesarios para la producción y distribución de la información como bienes comunes disponibles para todos, o como bienes enteramente privados disponibles para los actores que operan en la lógica del mercado, requiere definiciones políticas. Es decir que, “el carácter público o privado no se define en función de las características técnicas de los productos o los mercados sino que es producto de decisiones intrínsecamente políticas” (Herscovici, Bolaño y Mastrini, 1999: 23), y a su vez, “el carácter público o privado se define principalmente en términos de modalidades de distribución, o sea, de acceso al bien” (Ibídem).

Los altos niveles de concentración de mercado, puestos en relación a la importancia de las redes digitales en la construcción de esfera pública en las sociedades democráticas, sugieren que la intervención de la política es posible y deseable (Benkler, 2006: 241). Sin embargo, “no se debe considerar al Estado una entidad monolítica, sin contradicciones, ni un terreno neutral” (Mattelart y Piemme, 1982: 74). Por el contrario, la participación del Estado en materia de políticas de internet puede tanto restringir como favorecer la concentración de mercado, y al mismo tiempo, puede limitarse a fomentar el acceso de la población a la infraestructura y a una gama de servicios TIC, o también incluir las dimensiones del acceso y la participación (Rossi, 2016) asumiendo que internet es un espacio privilegiado para la circulación social de sentido y la representatividad de voces en el juego democrático.

El acceso a internet, a partir de su expansión masiva y comercial desde mediados de la década de 1990, ha sido promovido por su potencial para el desarrollo económico por organismos internacionales y gobiernos, con la implementación de políticas públicas para reducir la denominada “brecha digital”. También ha sido reconocido como derecho fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y como plataforma para el ejercicio de otros derechos humanos (ONU, 2011; RELE, 2013) y en la actualidad se debate tal definición en legislaciones nacionales y/o como servicio público. Si bien se observa un crecimiento sostenido de la cantidad de usuarios en el mundo, se calcula que casi la mitad de las personas que habitamos el planeta (46,4%) aún no utilizaba internet en 2019. A su vez, los países desarrollados tienen en promedio un acceso a internet del 86%, mientras que en los países más pobres la cifra cae al 19%, una diferencia de cuatro veces (UIT, 2019).

Esto debe leerse a la par de otras asimetrías como la discriminación geográfica en las velocidades de internet. Como muestran Califano y Zukerfeld las velocidades de subida y bajada de contenidos en internet “son menores en contextos periféricos, lo que conlleva que el tráfico de datos desde y hacia dichos países viaje necesariamente más lento, en comparación con aquellos que poseen mejores velocidades de conexión” (2019: 23). Los paquetes son discriminados por su locación de procedencia, pero esto, afirman, no obedece a un fenómeno geográfico “sino a las desigualdades económicas que resultan en menores niveles de inversión para las regiones y países en los que la demanda efectiva es menor”. Así la heterogeneidad internacional es también replicable hacia el interior de los ámbitos nacionales, marcando diferencias entre las zonas de mayor y mejor poder adquisitivo. Finalmente observan una amplia diferencia entre las velocidades de carga y descarga en favor de esta última, lo que da cuenta de “diseños en los que las divergencias entre usuarios y productores son mayores, y en el que se concibe a internet más como un medio de consumo que como un medio de producción” (Ibídem: 24 y siguientes).

Con todo, la problemática no se limita al acceso material a una serie de bienes y servicios, sino que, las diferencias en sus formas de uso, la calidad y asequibilidad (dimensiones muchas veces relacionadas con la localización geográfica de los usuarios), entre otros factores, crean diversas formas de acceso desigual. En este punto, Becerra se pregunta sobre la posibilidad de que las infraestructuras, servicios y aplicaciones vinculados a las redes digitales, sean comprendidos como bienes públicos, “garantizando el acceso en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación socioeconómica y de su lugar geográfico de residencia, con obligaciones tarifarias para los prestadores pero también de continuidad, regularidad, seguridad y calidad de servicio” (Becerra, 2015: 183).

La tensión entre el par democratización-concentración cuestiona el carácter potencialmente democratizador de internet. Como afirma Bolaño, “no nos debemos ilusionar respecto de ese potencial, pues las asimetrías son estructuralmente constitutivas de la Red, y garantizan la existencia de una jerarquía compleja en la que prevalecen aquellos (…) que detentan mayor capital económico, político o simbólico” (Bolaño, 2013: 290). Las brechas digitales, que dan lugar al surgimiento de los llamados “inforricos” e “infopobres”, están comprendidas y son el emergente de desigualdades preexistentes y estructurales en las sociedades latinoamericanas. Estas desigualdades condicionan la distribución de todo tipo de recurso, incluidos los recursos de las TIC.

Así como muchos estados latinoamericanos han intervenido en la capa de la infraestructura física de internet mediante planes nacionales de banda ancha que, bajo distintos modelos de gestión, implicaron inversiones para fomentar la adopción de internet entre la población (Galperin, Mariscal y Viecens, 2013), es posible pensar a la reconversión de los medios públicos estatales en servicios digitales, como una herramienta de política de medios (Moe, 2008b) que le permitiría al Estado intervenir en la capa de servicios, contenidos y aplicaciones, aportando ofertas diferenciales en un entorno donde la producción y distribución de material audiovisual se encuentra concentrada en unas pocas empresas de tecnología que operan a escala global, con tendencia a la homogeneización y estandarización de la oferta. Volveremos sobre esta propuesta en el último punto de este capítulo.

2.3 Digitalización y convergencia: una mirada crítica

Esta tesis sitúa su mirada teórica en la convergencia del audiovisual, la informática y las telecomunicaciones. Para esto es preciso dar cuenta de los procesos históricos y técnicos que hicieron posible dicha convergencia comenzando por la digitalización y sus impactos sobre la comunicación y la información. Se adopta una mirada crítica del desarrollo tecnológico evitando aquellas concepciones que perciben a las tecnologías como neutras y su evolución como un proceso lineal (Feenberg, 2012)

La neutralidad tecnológica discutida, entre otros, por Feenberg (2012) supone que la tecnología actúa como agente neutral destinado a hacer más eficiente la consecución de procesos orientados a alcanzar ciertos objetivos. En esta línea de pensamiento, la tecnología no incluye ningún aspecto social, se reduce a sus aspectos funcionales y se le atribuyen características innatas. Por el contrario, recuperamos en esta tesis un abordaje social de la tecnología, ya no como aquello que permite obtener los mejores resultados de la forma más eficaz, sino advirtiendo su misma emergencia como un producto socio-histórico permeado por intereses y problemas sociales (Williams, 1992).

En la mirada crítica que aquí se adopta, la tecnología es el resultado de disputas de poder y consecuencia de todas las discusiones y condiciones dadas en los distintos momentos de su desarrollo. Se adopta una mirada procesual de la tecnología, que descarta aquellas que la entienden como un hecho lineal e inexorable (Morozov, 2016; Valente, 2019). Por el contrario entendemos que se trata de una construcción histórica resultado de determinadas demandas sociales, pero al mismo tiempo con capacidad para impactar en la forma de desarrollo de las sociedades (Castells, 1995).

La crisis del capitalismo de mediados de la década de 1970 evidenció la falta de efectividad de los mecanismos establecidos desde los años treinta para satisfacer las metas de la economía capitalista. Sobre fines de la década la profundidad de la crisis hizo necesario un proceso de reestructuración que permitiera dar inicio a un nuevo ciclo de acumulación. Ya desde los años ochenta el sistema intenta resolver algunos de sus obstáculos y encontrar la vía para un nuevo ciclo expansivo (Zallo, 1988; Castells, 1995). Este proceso incluyó desde la fragmentación de plantas productivas para disminuir costos de producción e incrementar los beneficios del capital privado hasta la búsqueda e incorporación de nuevos mercados a la economía capitalista. No obstante, un elemento clave fue la necesidad de amplificar y acelerar el tiempo de rotación del capital tanto en la producción como en la aceleración del circuito del capital financiero. A estos fines, las tecnologías de la información y la comunicación resultaban fundamentales.

Este proceso es concomitante con la privatización de las redes de telecomunicaciones tanto en Europa durante los años ochenta, y en América Latina durante los años noventa, fenómeno acompañado por regulaciones altamente liberalizantes del sector de las comunicaciones (Bolaño, 2000 y 2011). Las redes de comunicación ahora privatizadas tenían potencial para dar respuesta a algunas de las nuevas demandas del sistema capitalista. Se requería entonces de tecnologías de la información maleables que permitieran la expansión del capital y pudiese garantizar que sectores antes no subsumidos a su lógica pudieran ser incorporados. Las tecnologías digitales que ya venían siendo gestadas ganan una relevancia central en este cometido. Hasta este momento histórico existía una separación nítida entre los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales y la informática, que ya comenzaba a desarrollar por esos años su mercado de dispositivos personales. Volveremos sobre esto más adelante.

El término digital se ha convertido en un adjetivo de usos múltiples, un término que de tanto asociarse a procesos y productos distintos acaba siendo un significante vacío. Sin embargo, en concreto usamos aquí el término digital para nombrar a un soporte de la información, que tiene entre sus principales características la flexibilidad y plasticidad (Herscovici, 2004). La digitalización como proceso tecnológico que convierte flujos de contenidos en ceros y unos permite que diferentes tipos de contenidos puedan ser tratados y conducidos por los mismos soportes, canales y terminales. Este hecho trae consigo una alta capacidad para involucrar cada vez más actividades sociales, transformándolas en información. A su vez, en la medida que la tecnología perfecciona sus formas de compresión, se facilita el transporte y almacenamiento de mayores volúmenes de información a costos relativamente bajos. En efecto, la digitalización permitió que cada vez más información pudiera ser almacenada, y fácilmente reproducida.

En el terreno de las industrias culturales, la digitalización genera condiciones para la abundancia gracias al carácter intangible, no rival –los bienes y servicios de la información digitalizados, despojados de su materialidad no se extinguen ni se gastan en su consumo–, y a la reducción de los costos de reproducción de estos bienes y servicios. Esto sin embargo, representa una dificultad al capitalismo que intentará encontrar barreras para crear escasez artificial (Sandving, 2015) ya sea por la vía de generar barreras tecnológicas o modelos de negocio que suponen la imposición de pago por acceso. La escasez artificial es entonces una de las respuestas del capitalismo a la evolución de la digitalización.

El fenómeno de la convergencia, emergente de la digitalización, es un fenómeno multinivel que involucra cuestiones tecnológicas, socioculturales e incluso regulatorias (Becerra, 2000 y 2016). Si tomamos en cuenta la convergencia en el nivel de la infraestructura, este proceso implica la posibilidad de ofrecer múltiples servicios desde la misma plataforma y de manera simultánea. Por lo tanto, las redes de televisión por cable están habilitadas tecnológicamente para brindar servicios de internet y telefonía, además de la distribución de señales televisivas, mientras que las redes de telefonía brindan internet de banda ancha y, en algunos casos, han avanzado hacia la prestación de servicios audiovisuales (Lepere y Pérez Vacchini, 2013). Bizberge se refiere a “distintas convergencias” para dar cuenta de su definición desde al menos tres vertientes: algunas más optimistas de los procesos tecnológicos y su potencial democratizador; otras intermedias, que, aunque reconocen las limitaciones del proceso enfatizan el poder de las estructuras descentralizadas y los procesos colectivos de creación y finalmente, miradas críticas, en general desde autores adscriptos a la economía política de la comunicación, que relativizan su alcance (Bizberge, 2019: 103)

En los años noventa se expande el crecimiento comercial y civil de internet, acompañada por el abaratamiento de los dispositivos que aceleró su masificación. La crisis de 2007-2008 generada en Estados Unidos y expandida hacia otras regiones como Europa y América Latina, impuso, una vez más, una serie de nuevos obstáculos al desarrollo del capitalismo, que según algunos autores vive un proceso de desaceleración. En este escenario el capitalismo necesita una vez más el auxilio de la tecnología para encontrar un nuevo ciclo expansivo. No es la tecnología la que va a dar por sí misma estas respuestas, en todo caso será partícipe necesaria de una nueva reconfiguración del capital.

Como marca De Moraes, en función de la recesión económica post 2008 en Europa y los Estados Unidos, “las corporaciones transnacionales incrementaron la carrera por lucros compensatorios en Latinoamérica”, por lo que la región se convirtió en un mercado codiciado para el despliegue de productos multimediales y servicios infocomunicacionales. El amplio potencial de consumo en la región, el español como segundo idioma de la globalización, la carencia de tecnologías avanzadas y la ausencia de regulaciones antimonopólicas fue la razón para que las corporaciones, principalmente norteamericanas, incrementen sus negocios en la región (2011: 35)

Una vez más se recurre a un solucionismo tecnológico (Morozov, 2016) y el capitalismo apuesta a la digitalización para garantizar la transformación digital de la mayor parte de los procesos y actividades sociales que nos involucran. En esta etapa el mandato es el todo digital, que permite a su vez una recolección masiva de datos. El sistema precisa reducir el riesgo e incerteza en la realización de productos, y los datos serán insumos clave para satisfacer la demanda presunta del consumidor. Los datos serán además clave para controlar el proceso de producción y permitir una subsunción más eficiente del trabajo al capital y mayores niveles de control (Zukerfeld, 2013).

La recolección y almacenamiento masivo de datos provenientes de casi todas las actividades humanas crecientemente digitalizadas, nos lleva a hablar de un proceso de dataficación: las actividades de la vida diaria, la educación en todos sus niveles, el trabajo y la producción, la creatividad y la producción de contenidos, los servicios de salud, seguridad, justicia y las tareas de administración pública, son crecientemente objetos para la producción de datos (Sosa Escudero, 2019; Galup, 2019). Como afirma José Van Dijck “la generación de datos, lejos de ser un producto de la socialidad online, ha pasado a ser un objetivo fundamental” (2016: 30) que permite la personalización como modelo de negocio basado en la producción de necesidades y deseos.

Sin embargo, esos datos por sí mismos, desagregados, y almacenados no significan demasiado. Es preciso analizarlos, y allí toma relevancia el procesamiento de la información que se da a través de algoritmos y una evolución de ellos, los sistemas de inteligencia artificial, que consiguen analizar esos datos y extraer de ellos una serie de correlaciones. El aspecto preocupante reside en la incapacidad de los sistemas automáticos para comprender el contexto por lo que pueden reproducir o amplificar desigualdades preexistentes. A su vez, se trata de sistemas opacos, nadie sabe exactamente cómo funcionan, y a partir de cierto punto, gracias a los procesos de machine learning, los propios desarrolladores dejan de entenderlos cabalmente. Es decir, en la medida que la máquina analiza más cantidad de datos, más aprende por lo que comienza a ser más complejo para los propios desarrolladores la comprensión de su funcionamiento.

Como hemos dicho, nuestras actividades cotidianas están atravesadas cada vez más por plataformas en línea o aplicativos que buscan entender y prever nuestros comportamientos, lo que otorga al mercado y a los gobiernos la posibilidad de influenciar los respectivos procesos que les interesan. Este nuevo paradigma trae una serie de soluciones por un lado, pero viene acompañado por muchos riesgos para los derechos de las personas en entornos digitales, en la medida en que los usuarios mantenemos con la tecnología una relación asimétrica y desequilibrada. Son crecientes los casos de manipulación, discriminación o cercenamiento a la libertad de expresión por la acción de algoritmos y sistemas automatizados (Observacom, 2020a). Entendemos aquí que no se trata de tecnologías neutrales corrompidas por un mal o deficiente uso. Se trata por el contrario de una lógica de funcionamiento del paradigma informacional y no el desvío malicioso de tecnologías esencialmente asépticas.

El cambio de los noventa a los 2000 estuvo marcado por la explosión de la burbuja de las .com lo que dejó en evidencia que las empresas de internet habían sido objeto de un frenesí financiero, que había generado una bola especulativa (Srnicek, 2018). Aquel hecho muestra que la más reciente excitación sobre internet y las TIC, no es para nada novedosa. Los 2000 vino con la promesa de una web 2.0 “participativa”, en la que todos los usuarios estarían en pie de igualdad y podrían ser productores de contenidos; todos conseguirían dialogar en el nuevo ágora digital: en este momento revive la noción de prosumer, acuñada por Alvin Toffler en la década de 1980, como síntesis de las capacidades aumentadas de los internautas (Deery, 2003; Tubella, 2005; Rincón, 2008; Hargittai y Walejko, 2008). Esto tampoco representaba una novedad visto que cada salto tecnológico había venido acompañado de una mirada optimista sobre su capacidad para resolver los problemas de la sociedad. En el caso de las TIC esto aconteció en el surgimiento de los distintos medios e internet no fue una excepción, generando una gran expectativa en relación a su capacidad facilitadora para el acceso a la información y el conocimiento.

Es un hecho que internet permitió y permite un mayor y más fácil acceso a una vasta cantidad de información y conocimiento. Hubo además una ampliación de las fuentes de información y de los emisores. Pero esta cualidad se hizo extensiva a la caracterización del sujeto como productor augurando que se generaría un cambio en la lógica de las industrias culturales, antes claramente verticales en que grandes empresas definían lo que las personas consumían como información y cultura. Internet venía a trastocar este modelo y a darles a todos la oportunidad de ser productores. Esta expectativa no se generó solamente entre los usuarios y la prensa especializada, sino también en parte de la academia, alumbrando una perspectiva que influencia hasta la actualidad algunas lecturas tecno-optimistas del fenómeno (Jenkins, 2006; Benkler, 2006; Balkin, 2013). Dentro de la propia academia, a las miradas tecno-optimistas se oponen otros trabajos que han rebatido aquellas hipótesis. Maldonado discute que el ciberespacio represente una ampliación de las posibilidades de deliberación democrática y advierte tempranamente que, lo que él denomina “comunidades virtuales”, nacen de la búsqueda de contacto entre individuos o grupos con ideas semejantes (1998: 22). La conformación de “comunitarismos” dirá Wolton (2011) limita el contacto con la diversidad social, hecho clave para la vida en democracia.

Castells por su parte postula la noción de “autocomunicación de masas”, un tipo de enunciación autorreferencial con aspiraciones de masividad, pero atravesada por lógicas que socavan las posibilidades de un alcance realmente masivo (2009). Entre las restricciones a la circulación ilimitada y democrática de mensajes e informaciones, se encuentra el código (Lessig, 1998), la arquitectura de la Red que visibiliza o penaliza algunos contenidos sobre otros. En esta línea, Eli Pariser agrega que la arquitectura básica sobre la que funcionan las plataformas es la conformación de lo que denomina “burbuja de filtros” que actúan conformando espacios donde los usuarios se encuentran a gusto y son retenidos por más tiempo, por lo que actúan como fuerzas centrífugas que nos separan. Añade Pariser que esta regulación por código no es una anomalía si no parte del modelo mediante el cual las plataformas obtienen sus ganancias (2017).

Retomando el argumento referido a las plataformas de internet como espacios abiertos aceleradores de la circulación y democratización de la palabra, esto no representa del todo una novedad en el desarrollo de las tecnologías: la televisión advirtió tempranamente la necesidad de incluir a la audiencia como parte integrante de su discursividad. Desde sus inicios ensayó formas marginales de diálogo y denominó participación a meras contribuciones o afirmaciones del discurso televisivo.

Junto al optimismo tecnológico que habla de “prosumidores” o define a internet como el “canal del telespectador” (Villar Sanz y Polo Serrano, 2010: 2) las miradas al respecto se dividen entre quienes se entusiasman ante la posibilidad del nacimiento de una nueva esfera pública y aquellos que se muestran más cautelosos y ponen en duda el potencial democratizador de la Red. Algunos autores relativizan la fuerza de la participación y prefieren ver en internet una oportunidad de fortalecer tanto el diálogo como la diseminación de información. Sostiene Moe que “una abrumadora mayoría de usuarios online actúan como miembros anónimos que no contribuyen con los sitios” (2008: 253).

Es preciso demarcar los límites de la participación ciudadana señalando que la idea de un usuario que produce contenidos en condiciones homologables a las de los emisores tradicionales es desproporcionada. Emili Prado admite que las nuevas tecnologías han permitido que los usuarios creen sus propios contenidos con cierta facilidad, pero duda que esto signifique una mayor democratización (2010: 41).

La posibilidad de que los ciudadanos produzcan relatos propios que sean además piezas audiovisuales con capacidades comunicativas, estéticamente valiosas y orientadas al disfrute, requiere un doble movimiento: por un lado revalorizar lo que Martin-Barbero (2010) denomina la “competencia comunicativa de los ciudadanos”, pero en simultáneo, implica activar lo que llama un proyecto de “alfabetización virtual” (Martin-Barbero, 2010: 147-58). Para fomentar la apropiación significativa y creativa de las tecnologías resulta importante descentrar las posibilidades de la producción audiovisual y volver más flexibles las tradicionales barreras que mantienen a productores y consumidores en campos separados. En concreto, la democratización de las comunicaciones requiere de proyectos orientados a dotar a los usuarios de “destrezas mentales, hábitos operacionales y talante interactivo sin los cuales la presencia de las tecnologías entre la mayoría de la población será desaprovechada o pervertida” (Ibídem: 158).

En el cambio de los 2000 a los 2010 se da una tensión referida a la capacidad de los usuarios a acceder a información de forma no autorizada y compartir contenidos. Esto demostró que la idea de que internet es un espacio no regulado no era cierta. La regulación no ocurre solamente en la esfera legal, puede ocurrir en la esfera de las prácticas, en el código y la economía (Lessig, 1998; Califano y Baladron, 2013). Con todo, las normas legales siempre fueron importantes en la regulación de internet, de hecho en Estados Unidos la batalla por los derechos de autor dio lugar a leyes que intentaron criminalizar a los usuarios (DMCA[2]) creando trabas tecnológicas. En 2011, en ese país se presentaron las propuestas conocidas por sus siglas en inglés, SOPA y PIPA[3] que buscaban criminalizar a los usuarios que accedieran y compartieran contenidos protegidos por derechos de autor. Aunque no prosperaron, el mercado logró generar una respuesta con la creación de nuevos modelos de negocio. En efecto, la década de 2010 trae no solo una ampliación en la comercialización de internet, originada en la década de 1990 y 2000, sino además la consolidación y en algunos casos emergencia, de grandes actores corporativos que actúan como gatekeepers que filtran y controlar los flujos informativos que hacen parte del debate en los espacios de internet: las plataformas (Gillespie, 2010 y 2018).

Aquella internet que nació dentro de la comunidad militar, que creció dentro de la comunidad académica y de investigación, que se comercializó entre la década de 1990 y la de los 2000, y que gestó promesas democratizadoras para que las personas pudieran liberarse de los grandes mediadores de la industria cultural del siglo XX, acabó en un proceso de neo-intermediación (Jakubowicz, 2006) a manos de agentes aún más potentes, más concentrados y transnacionales. Y aunque es cierto que resulta relativamente fácil abrir un blog o cuentas personales en redes sociales, la producción y distribución de información y cultura se encuentra concentrada como nunca antes. Si en el siglo XX se discutía la concentración en los grandes grupos de comunicación de cada país, en los grandes estudios de los Estados Unidos y las grandes agencias de noticias (MacBride, 1993 [1980]; McChesney y Herman, 2001 [1997]; Becerra y Mastrini, 2017) que distribuían contenidos para todo el mundo, en la actualidad esta situación se encuentra agudizada por la concentración en agentes que intervienen no solo en la distribución de información y cultura, sino en nuestra actividad laboral, interacciones personales y un creciente número de otras actividades sociales cada vez más dependientes y mediadas por plataformas. Las ilusiones originales de internet acabaron en una larga agenda de preocupaciones que incluyen temas como la filtración y manipulación de datos personales, riesgos para la libertad de expresión, las tensiones entorno a la propiedad intelectual y el derecho de autor, el cibercrimen, la vigilancia de la Red, la desinformación, y las dificultades para regular, entre otros temas, el discurso de odio (Morozov, 2011; Bertoni 2014 y 2016; del Campo, 2020)

2.4 Capitalismo de plataformas

Las últimas dos décadas fueron los años en que ganaron mayor preeminencia las plataformas que son hoy algunas de las compañías más valiosas del mundo. Empresas como Facebook, Amazon, Google ganaron una gran relevancia en la economía, no solo digital. Se trata de empresas con una base de usuarios gigantesca: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, todas del mismo grupo estadounidense, alcanzan en conjunto casi 6.800 millones de usuarios mensuales (Mena Roa, 2020)[4]. Se trata de empresas de escala mundial y que modelan la economía digital e imprimen transformaciones sobre la comunicación y la cultura. Por esto es relevante entenderlas y saber cómo funcionan.

El nuevo paradigma de la economía de la información es sostenido en la recolección masiva y procesamiento de datos, que prevén y modelan los comportamientos. La lógica de las plataformas es recolectar la información, crear perfiles de usuarios y ofrecer servicios personalizados. El modelo de negocio pivota además sobre las formas clásicas de financiamiento, la publicidad, suscripción o mediante la venta de productos. Estas empresas son también punta de lanza en el procesamiento inteligente; desarrollan algoritmos basados en sistemas de inteligencia artificial altamente sofisticados y se vuelven más valiosas a medida que más datos colectan y procesan, permitiendo a las máquinas un aprendizaje profundo (deeplearning), que es insumo para su mejora continua. Es sobre la base de esta recolección masiva y aprendizaje profundo que las plataformas consiguen expandirse y ganar posiciones de mercado difíciles de alcanzar por nuevos actores entrantes (Srnicek, 2018).

Cada vez más actividades sociales y económicas se plataformizan y pasan a ser organizadas por medio de plataformas. No se trata solo de una cuestión tecnológica que pone de forma neutral dos puntos en contacto. Las plataformas digitales tienen capacidad para ofrecer eventualmente servicios globales. Esto a su vez crea una ilusión de que el talento, la creatividad y alguna inversión de capital módica son suficientes para generar plataformas con posibilidad de escalar y representar alternativas a las que ostentan posiciones dominantes. Sin embargo, no solo las plataformas dominantes (Google, Amazon, Facebook, Apple) se benefician de las economías de escala y de red[5] sobre la base de la explotación de datos, sino también de la capitalización en el mercado financiero, haciendo inviable un mercado competitivo (CMA, 2020; Becerra, 2020).

Las plataformas facilitan actividades de la vida social: conectan consumidores con anunciantes; usuarios con prestadores de servicios; usuarios entre sí; a candidatos con votantes. O dicho en otros términos, “convierten las actividades de las personas en fenómenos formales, gestionables y manipulables, lo que permite a las plataformas dirigir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios” (Van Dijck, 2016: 30). Las plataformas son escalables y pueden seguir su camino de crecimiento en la medida en que incorporan a más personas, y en eso se benefician del efecto de red. Cuanto mayor es la red, más atractiva, lo que les permite consolidar su liderazgo con mayor facilidad elevando las barreras de entrada o permanencia de otros actores. No siempre los efectos de red son positivos: esto potencia las posibilidades de los actores ya establecidos y fija una lógica en la que ‘el ganador se lleva todo’ (McChesney, 2013).

Como hemos señalado, las plataformas tienen una actuación intensiva en materia de datos. Todo lo que las plataformas hacen en el ecosistema digital está basado en la recolección masiva de datos, con lo que consiguen una mejor lectura de la demanda de los clientes, mejor producción de sus mercados y reducción del riesgo. Esto les permite un funcionamiento en base a la entrega de productos micro-targetizados.

En el mercado digital se replican también las viejas tendencias a la concentración y la centralización. Las empresas que consiguen cierto poderío muy probablemente adquieran proyectos emergentes o consolidados y las incorporen a su negocio: Facebook percibió tempranamente el potencial de WhatsApp y lo adquirió en 2014 por una cifra que a muchos analistas pareció exorbitante en su momento. A su vez, las plataformas dominantes cuentan con una base tecnológica muy robusta que les permite procesar la gran cantidad de información y aprovechar los datos reunidos, entre otras cosas, para consolidar su dominio ya sea comprando empresas o fortaleciendo la cadena vertical que favorece a los propios servicios (Arthur, 2015; Zuazo, 2015 y 2018). La inversión necesaria para acceder a las tecnologías que permiten la captura, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, las vuelven privativas para empresas emergentes de menor porte, por lo que en este punto se abre también una nueva asimetría en favor de los actores consolidados.

La diversificación de actividades no es una novedad de la era digital. La diferencia con las plataformas es que una vez que todos los servicios que ofrecen son informacionales, desde el momento en que tienen un volumen de usuarios que conocen con detalle, su capacidad de anticipar demandas es mayor que la de cualquier empresa. Partiendo de un servicio que ya dominan, se extienden a otros servicios con mayores posibilidades de una expansión exitosa. Las plataformas a su vez ingresaron de manera creciente en servicios de información y cultura: Amazon creó Prime Video; Facebook intentó con Watch incluso con contenido propio; Google hizo lo propio con YouTube Premium.

Con todo, es claro que esta caracterización aleja a las plataformas de cualquier definición que busque identificarlas con intermediarios neutros. Esto sucede no solo porque la tecnología en si no es neutra (Feenberg, 2009), sino porque las plataformas intermedian de forma muy activa. Son sistemas tecnológicos con reglas propias expresados habitualmente en sus términos de uso, políticas de privacidad; escritos generalmente con arreglo a las regulaciones vigentes en los lugares donde se encuentran sus casas matrices, y que son además inestables pudiendo cambiar incluso sin que los usuarios sean notificados (Van Dijck, 2016). Además, desarrollan sistemas de recompensa a ciertos contenidos por lo que modelan las formas en que los usuarios se expresan y publican los mensajes. Cada vez de forma más activa y nítida asumen roles editoriales. Se convierten en los gatekeepers de los flujos de información, interacción y transacciones en las redes, controlan la puerta de entrada y direccionan el camino hacia la información y los consumos (Gillespie, 2018).

Resulta un caso emblemático que ilustra con claridad el poder que han ganado las plataformas, la discusión pública que mantuviera el CEO de Axel Springer, una de las más grandes editoriales alemanas que edita el Bild, uno de los diarios más leídos de Europa, y Eric Schmidt, por entonces CEO de Google. En medio de la discusión para obligar al buscador a negociar con los editores una contraprestación por el uso de sus contenidos, Google retiró de su servicio News a unos 200 editores y medios alemanes, que al poco tiempo vieron desplomarse hasta en un 80% el número de visitas a sus sitios. En una carta abierta dirigida a Shmidt, Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, acusa a la empresa de hacer abuso de su posición dominante, ejercitar prácticas extorsivas, discriminatorias, anticompetitivas y explica por qué los editores de medios tradicionales temen a Google. Döpfner se pregunta si la competencia puede seguir funcionando cuando los datos están concentrados de forma masiva en manos de un solo grupo, y finaliza: “¿Existe alguna oportunidad de tener una infraestructura digital europea autónoma, o no? (…) El autosometimiento voluntario no puede ser la última palabra” (Döpfner, 2014). El caso del gigante europeo vencido por uno de los servicios de Google, nos lleva a pensar la situación tanto más frágil de los medios tradicionales de América Latina u otros mercados periféricos y sus capacidades limitadas para librar disputas hegemónicas y discutir condiciones de relacionamiento más equitativas con estas plataformas.

En su artículo Socialismo Digital, Morozov plantea una preocupación similar también desde el contexto europeo. Para el autor “para lograr innovaciones institucionales avanzadas, es necesario que podamos determinar la dirección en que habrá de desarrollarse nuestra infraestructura digital; y lamentablemente esa infraestructura se encuentra hasta hoy en gran medida en manos privadas” (2019).

La pregunta que se hace Döpfner contiene una noción clave que debemos introducir en este argumento: la infraestructura de distribución. Muy pocas de las plataformas más poderosas están concentrando los distintos eslabones que componen la infraestructura de la economía digital, en cada una de las capas en que se organizan los recursos de la Red.

El extenso entramado de agentes e intermediarios digitales que conforman la cadena de empresas que permiten la distribución de televisión en internet, junto a todas sus funcionalidades visibles o no a los usuarios, son casi en su totalidad empresas privadas estadounidenses (Braun, 2014; Intricately, 2018). Gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Netflix son la parte más reconocible para los usuarios finales en este entramado. Estas firmas a su vez participan de distintas instancias de la cadena de valor. Actividades frecuentes como alianzas, fusiones o adquisiciones les han permitido participar en distintos segmentos de la cadena de valor y por lo tanto obtener mayor poder de mercado, no solo en la producción de contenidos, sino también en infraestructura de distribución, desarrollo de software, sistemas operativos y dispositivos (Iosifidis, 2011: 174-80).

Califano y Zukerfeld muestran que la creación de redes privadas de internet favorece la circulación de contenidos de aquellos actores con mayores capacidades económicas para realizar inversiones intensivas de capital. Mientras los gigantes de internet como Netflix o YouTube pueden acudir al despliegue de sus propias redes de distribución de contenidos (CDN, content delivery networks) para acercar copias de sus contenidos a los usuarios finales, reducir la latencia y mejorar la experiencia de visionado, “hay otro tipo de paquetes que en la totalidad del proceso de transmisión resultan perjudicados: los que son inyectados en la red por productores de menor porte económico”, entre los que se cuentan pequeñas empresas, usuarios e incluso los actores estatales (2019: 20).

La posesión de una infraestructura de distribución propia es clave desde un punto de vista de control del envío y consumo y especialmente la captura del subproducto esencial de todo el proceso, los datos. Como señala Neira, las grandes plataformas de distribución de televisión en internet a nivel global han llegado a la misma conclusión: “content is king… but distribution is King Kong. Tener línea directa con el consumidor se ha vuelto tan valioso que han decidido eliminar a los intermediarios a través de los cuales, tradicionalmente, gestionaban la distribución de series y películas. Estas nuevas iniciativas quieren relacionarse con nosotros de forma directa porque eso les permite obtener nuestros datos de consumo. Lo que sucede en la plataforma se queda en la plataforma” (2020: 72).

Resulta claro que la responsabilidad de transmisión, intercambio y entrega del tráfico de contenido digital recae de forma creciente en una serie de jugadores privados comerciales, quienes crean las soluciones tecnológicas, dan forma a los mercados y a los modelos de negocio que favorecen prioridades comerciales (Srnicek, 2018). Estas plataformas se han convertido en custodios de internet (Gillespie, 2019) con fuerte posición para definir lo que circula, lo que no, y en qué condiciones. En este punto existe una colisión entre las formas de funcionamiento mercantil de las plataformas y los valores que forman parte de la identidad de los medios públicos, entre ellos: el acceso universal, la inclusión, la libertad de expresión y el ejercicio democrático de la comunicación. Ante este panorama resulta relevante conocer las relaciones asimétricas aunque tal como está conformado el mercado actual, inevitables, por las necesidades de distribución de contenidos audiovisuales de los actores periféricos, y los agentes industriales locales y globales que dominan este mercado. Se plantea que este hecho introduce dilemas para el sector periférico de la comunicación y los medios públicos en particular, ya que la distribución de contenidos “libres y gratuitos” a través de grandes plataformas, como de plataformas propias pero creadas en base a soluciones tecnológicas de grandes empresas privadas, imprime al proceso condicionamientos propios de la lógica mercantil (Castells, 2009), lo que frecuentemente entra en tensión con algunos de los valores originales del servicio público audiovisual.

En efecto, en internet los medios de comunicación pierden el control de sus redes de trasmisión a manos de estos gigantes digitales, un hecho disruptivo para empresas públicas, privadas o del “tercer sector”. Sin embargo, para el sector periférico de la comunicación la dependencia de plataformas o servicios globales para satisfacer sus necesidades de distribución, entra en tensión con algunos de los valores y principios en torno a los cuales funcionan muchos de esos proyectos. Michalis señala para el caso de los medios públicos, que un número creciente de ellos “no poseen ni controlan todos o los aspectos clave de la infraestructura de distribución” (2018: 195), lo que implica no solo una mayor dependencia de jugadores privados corporativos, sino además el control privado sobre recursos y contenidos públicos.

El poder de estas plataformas puede encontrarse no sólo en su cada vez más documentado poderío económico distorsivo, que, como hemos dicho, hace inviable la introducción de competidores (CMA, 2020; Becerra, 2020), sino que además genera interrogantes sobre el ejercicio pleno de la democracia. Este último punto es una preocupación central para Murdock (2017) quien, pensando en la posición subalterna de los medios públicos europeos frente a los gigantes globales de internet, aboga por la creación de motores de búsqueda de servicio público y algoritmos de servicio público, por fuera de la lógica bajo la que funcionan las prestaciones de las grandes plataformas. En un sentido similar, Van den Bulck y Moe afirman que es necesario desarrollar algoritmos de “servicio público” que compatibilicen la hiper-personalización de los servicios con la posibilidad de que los usuarios se expongan a otros puntos de vista e intereses distintos de los propios (2017: 890). La creación de “filtros burbuja” (Pariser, 2017) una de la expresiones más acabadas del funcionamiento algorítmico de las plataformas, no solo permite experiencias personalizadas, sino que además consigue mantenernos parcialmente distanciados de los otros, de lo diverso, privándonos de un hecho clave en la vida democrática: el debate respetuoso e informado sobre las cuestiones de preocupación común. ¿Deberían los medios públicos en internet reproducir por default lógicas de funcionamiento como esta? ¿No se trata acaso de una forma de funcionamiento contraria a una comunicación del encuentro y el diálogo, más horizontal y democrática? ¿Es viable, realista, deseable la creación de plataformas y algoritmos alternativos, comunitarios, populares, cooperativos o públicos que respondan a otras lógicas, a otras formas de interactuar y distribuir contenidos? La radio pública sueca (SR) experimenta desde mediados de 2020 con un sistema de clasificación automática de contenidos que considera criterios vinculados a su misión de servicio público (Beckett, 2020).

Zuazo retoma los aportes de Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, y recuerda que la financiación estatal ha estado detrás de muchas de las innovaciones tecnológicas más disruptivas, desde el propio internet hasta el GPS o la pantalla táctil. La evidencia histórica, afirma Zuazo, demuestra que “el Estado no solo puede corregir las fallas de la economía, sino que además también puede crear nuevos mercados e innovar, en áreas como la ciencia y la tecnología” (2018: 27).

Sin embargo, en otras ocasiones los gobiernos también pueden contribuir en la reproducción del modelo de concentración y son responsables por la desigualdad. Como explica Morozov “el sector público no puede pensar por fuera de la caja de herramientas neoliberal de las corporaciones, los mercados y las redes. Pero tampoco puede abandonar su función. Entonces simplemente recluta al sector privado para llevar adelante sus funciones” (Morozov, 2016).Volveremos sobre este punto más adelante.

El ingreso de las fuerzas públicas a un entorno ampliamente dominado por fuerzas concentradas del mercado global, requiere al menos, como proponen Cammaerts y Mansell “desmontar el sentido común prevalente según el cual el dominio de estas plataformas y los daños a ellas vinculados son resultados inevitables de los efectos de red asociados a la dinámica del mercado digital” (2020: 142). Para los autores desafiando el sentido común reinante sobre las plataformas digitales, es probable que puedan generarse visiones alternativas para el diseño y uso de las tecnologías digitales que trabajen para y en acuerdo a los valores públicos democráticos. Se trata, dirá Evgeny Morozov (2016), de poner en crisis nuestras creencias sobre internet, devolverle su componente social, pensar que las plataformas dadas no son las definitivas ni marcan el fin de la historia, que pueden y deben ser perturbadas.

Como advierte también Zallo “los señores de las redes”, como llama el autor a las grandes plataformas y empresas de tecnología de internet, protagonizan una “nueva e intensa concentración comunicativa y cultural mucho más global que la de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores cuando no monopolios a escala planetaria en todos y cada uno de los campos de las redes, plataformas, repositorios o servicios” (2016: 263). Ante esto el autor retoma y comparte la idea de Benkler para quien “lo comunal” debe ser llevado a una infraestructura básica común junto a las infraestructuras propietarias. Sin embargo Zallo advierte que la “infraestructura comunal” requiere de apoyos públicos e inversiones privadas en todos los puntos de la red, y junto a esto introduce la pregunta sobre la capacidad de un proyecto de estas características para renovarse tecnológicamente al ritmo de las infraestructuras propietarias, lo que de no ocurrir supone el riesgo de convertirse en una “infraestructura para pobres”. El autor ve en cambio más potable la intervención de actores diversos más allá de las grandes plataformas, en los extremos y nodos de la Red.

2.5 Sobre la convergencia periférica

A la luz del sistema predatorio, excluyente y consolidado a nivel global que he descrito hasta aquí, entiendo productivo pensar la introducción de los actores públicos a internet, en términos de lo que nuestro equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba llama “convergencia periférica”. En el mismo sentido en que Becerra se refiere a “asimetrías de la convergencia” para dar cuenta de posiciones de partida desiguales entre actores de distinta envergadura (Becerra, 2016a), postulamos esta noción para dar cuenta de las particularidades de un proceso que involucra a una multiplicidad de actores con características muy distintas entre sí, que disputan un juego que tiene lugar sobre un terreno desnivelado.

La convergencia, como cualquier proceso de introducción de innovaciones, define centros y periferias. En el sector infocomunicacional los procesos convergentes –sean estos regulatorios, tecnológicos, de actores o de servicios– en general tienen lugar sobre la base de asimetrías preexistentes, lo cual implica –de no mediar intervenciones estatales– sólo la supervivencia de algunos agentes económicos, en un mercado que naturalmente tiende a la concentración y la exclusión. (Monje, et al., 2017: 200)

La introducción de innovaciones es antes que un asunto tecnológico, una decisión política y por lo tanto pensar la convergencia digital desde la periferia del sistema mediático es también una tarea profundamente política. Los sectores de la comunicación que han buscado abrirse paso en el contexto de un ecosistema de medios concentrado  requieren de políticas activas para promover su supervivencia en  tiempos de convergencia.  Pero estas políticas en ningún caso deberían pensarse como una estrategia de reducción de daños. Tampoco como acciones ex post que buscan subsanar asimetrías preexistentes o construcciones premeditadas que proyectan fortalecer en el mediano plazo las posiciones significativas de mercado de algunos pocos actores por sobre unas mayorías cada vez más segregadas (Monje y Rivero, 2018a).

Daniela Monje precisa que la noción de convergencia periférica permite aludir “a los modos de tramitar la convergencia como proceso multidimensional desde una posición asimétrica de poder. Esto incluye tanto instancias de desarrollo y apropiación de tecnologías por parte de actores infocomunicacionales subalternizados como su incidencia en el diseño de políticas públicas, sus proyectos, agendas, trabajos, y los modos de relacionamiento y construcción colectiva que se dan para sí en la disputa por la hegemonía” (2020, s/p).

La noción de convergencia periférica emerge en el contexto de las políticas de comunicación del gobierno macrista (2016-2019) que favorecieron una mayor concentración en el sector infocomunicacional al tiempo que desatendieron a los actores del sector no lucrativo. Un momento en que el “pretexto de la convergencia” (Bizberge y Califano, 2016) fue la narrativa clave que utilizó el gobierno junto a la ablación de los núcleos fundamentales de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de telecomunicaciones, Argentina Digital. En la misma línea, Bizberge se refiere al “discurso de la convergencia”, como un mecanismo para desalojar al interés público como preocupación central de las políticas. Esto es evidente “en el desplazamiento de valores asociados al bienestar social hacia criterios económicos y tecnológicos que, como consecuencia, generan una tendencia a la cuantificación y supuesta despolitización del proceso de elaboración e implementación de políticas públicas” (2017: 32).

Frente a las actuaciones del gobierno central en materia de políticas de comunicación, resultaba una tarea de interés académico, y necesaria y urgente en términos políticos pensar la convergencia periférica de los actores no lucrativos. Dentro de lo que la legislación argentina encuadra como sector sin fines de lucro, entendíamos que los actores cooperativos ostentaban una mayor fortaleza, aunque frágil de sostenerse las políticas de marginalización en el mediano plazo, en relación a los demás actores comunitarios, universitarios, sindicales e indígenas. En este marco, junto a Daniela Monje, editamos el libro “Televisión Cooperativa y Comunitaria: diagnóstico, análisis y estrategias para el sector no lucrativo en el contexto convergente” (2018), punto culminante de un trabajo interdisciplinario entre comunicadores, ingenieros, abogados y economistas de cinco universidades argentinas. El texto fue planteado como un aporte al fortalecimiento del sector audiovisual periférico, abreva en un profundo diagnóstico de situación, que  ofrece un mapa sobre sus recursos, dificultades, estrategias, realidades diversas y perspectivas para su desarrollo.  La apuesta política de ese trabajo colectivo tenía que ver con quebrar la afasia de los actores no lucrativos en relación a la convergencia digital y hacer lugar a su palabra en primera persona, –para lo cual se incluyó la realización de 30 entrevistas en profundidad a directores, coordinadores o responsables de canales de televisión de todo el país–, pero también recuperar su condición subalterna para poder pensarlos desde allí y reconocer sus propuestas, horizontes de trabajo comunitario,  límites, escenarios y formas en las que disputan su supervivencia en un ecosistema de medios en mutación.

Trabajos colectivos e individuales posteriores (Rivero, 2019; Monje y Rivero, 2019a) permitieron reconocer la utilidad de la noción para reflexionar no solo sobre los actores periféricos audiovisuales, sino también sobre aquellos del sector periférico de las telecomunicaciones y la televisión por suscripción. En este punto, Argentina representaba un caso singular porque, en las márgenes del mercado concentrado de las telecomunicaciones y la TV paga, se conformó un sector periférico integrado por cientos de cooperativas y PyMEs, la mayor parte de las cuales prestan servicios en localidades de baja densidad poblacional y escaso atractivo comercial para las empresas tradicionales. En general estos actores manejan volúmenes de capital acotados y concentran porciones marginales del mercado y de los ingresos a nivel nacional. Aunque operan en condiciones de profunda asimetría en relación a los grandes players, han logrado generar un fuerte arraigo territorial, y muchas de estas organizaciones son actores relevantes a nivel local. Sin embargo, la asimetría existente entre los grandes actores y los del sector periférico no permite hablar de una situación de competencia efectiva.

El análisis de procesos infocomunicacionales desde la categoría convergencia periférica entiende que el estudio de los actores centrales, aquellos que ostentan grandes volúmenes de capital y mayor desarrollo en el mercado, y se vinculan a procesos de concentración, es central y excluyente para pensar la introducción de innovaciones. Sin embargo, este núcleo problemático es insuficiente para reflexionar sobre las periferias del sistema:

Es decir, sobre las zonas subalternizadas tanto por el mercado como por las políticas públicas. Hacer parte a los que no tienen parte, como señala Rancière en “El desacuerdo”, implica necesariamente recuperar el sentido político de la desigualdad y de la exclusión no sólo para describirlas sino para ponerlas en crisis. Las políticas sobre Convergencia Digital no toman como punto de partida estos lugares. Sus ejes por el contrario, pivotan desde centros consolidados y cada vez más fortalecidos, mientras las periferias del sistema infocomunicacional son segregadas a una zona de mayor vulnerabilidad.

La actual lógica de desarrollo tecnocrático impide leer los problemas de transformación tecnológica desde perspectivas socioculturales complejas, y haciendo foco en los ciudadanos, los usuarios o consumidores, los públicos o audiencias. Las preguntas que no se hacen sin embargo permanecen en el aire: ¿Cambio tecnológico para qué? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? ¿Para qué sociedad? (Monje y Rivero, 2019).

Si bien originalmente el concepto convergencia periférica se recorta sobre los actores de la Economía Social y Solidaria (ESS), refiriendo a un muy heterogéneo grupo de actores que se movilizan en torno a una serie de demandas ciudadanas y satisfacen su razón de ser en otras funciones distintas a la obtención de lucro, también se reconocía tempranamente que “el sistema predatorio que se consolida a nivel global adquiere sin embargo características nacionales específicas y produce actores periféricos diversos” (Monje et al., 2017: 200). Los dos medios públicos estatales analizados en esta tesis son los más desigualmente ubicados en los sistemas televisivos que integran. No porque se trate de actores periféricos equiparables a las televisoras alternativas, comunitarias o cooperativas, sino porque son parias del centro, son los actores más periféricos del centro sistema televisivo. De esta forma el concepto de convergencia periférica:

Funciona como clave de bóveda para interpelar procesos muy diversos que van desde las transformaciones en los proyectos audiovisuales cooperativos y comunitarios, la integración de proyectos de telecomunicaciones entre PyMEs y sector cooperativo, la creación de redes comunitarias de conectividad a Internet o la reinvención de medios públicos en sistemas multiplataformas[6].

Esta enumeración puede parecer excéntrica y en algún sentido lo es, de eso se trata: de leer lo que está por fuera del centro del ecosistema de medios y de los procesos de concentración. Porque justamente en esos bordes, en esos círculos excéntricos hay algo que disputa, reúne, abre caminos colectivos y que aún desde diferentes inscripciones territoriales, modelos de negocios, agendas socioculturales y proyectos políticos, está buscando hacer otra comunicación (Monje, 2020).

Propongo por lo tanto en esta tesis situar mi tema de investigación en el marco de las discusiones reseñadas sobre convergencia periférica (Monje et al., 2017; Monje, Rivero y Zanotti, 2018). Al igual que el concepto de convergencia al que me he referido antes, la noción de convergencia periférica no solo involucra varias dimensiones y posibles abordajes (tecnológico, socio-cultural, económico, regulatorio) sino que además se presta para pensar más ampliamente fenómenos referidos a la forma en que tienen lugar los procesos de convergencia desde posiciones subalternas o periféricas a distintos niveles. En este sentido los medios públicos estatales[7] de América Latina llevan adelante procesos de convergencia entre sus servicios tradicionales de radiodifusión e internet en condiciones particulares, definida por una doble subalternización. La que los encuentra geográficamente ubicados en una región del mundo empobrecida y con profundas asimetrías y desigualdades preexistentes, apartada de los grandes centros que conducen los procesos de innovación y desarrollo de infraestructuras, tecnologías y servicios para internet, por un lado. Y una segunda marginación referida al lugar frecuentemente periférico y de escasa relevancia social que ocupan en sus propios sistemas de medios nacionales. Pensamos de esta forma a los medios del Estado como actores marginales o en vías de marginalización dentro de sus sistemas mediáticos, que desde una posición de asimetría de poder, libran, cuando así lo deciden, disputas hegemónicas en su intento de realizar un ingreso expansivo a internet, un espacio ampliamente dominado por las fuerzas del mercado global. Volveremos sobre este punto más adelante.

El análisis del tema de estudio en torno al eje conceptual centro-periferia, supone realizar algunas aclaraciones que conducen necesariamente a dialogar en distanciamiento o proximidad con algunos de los postulados de los teóricos “de la dependencia” (Dorfman y Mattelart, 1971; dos Santos, 1978). Aquella corriente de pensamiento cuestionó la tesis de los investigadores de la mass communication research que explicaba el atraso de los países más pobres en la existencia de obstáculos internos. Contra esta tesis de los obstáculos internos enfatizaron aquellos que imponían las relaciones económicas internacionales y las diferencias estructurales entre países centrales y periféricos. De esta forma, explica Muraro (1987) el “atraso” dejaba de ser una categoría neutral destinada a describir la situación de economías que se encontrarían en un estadio anterior al desarrollo, para dar cuenta de una forma de organización de las actividades productivas basada en lazos de subordinación con respecto a los países centrales, en que la pobreza de “los atrasados” se debía en gran medida a la permanente transferencia de riqueza en favor de los países centrales. Muraro rechaza, y compartimos, este postulado del “bombeo de riqueza” desde los países periféricos a los centrales como explicación del subdesarrollo.

Junto a las asimetrías políticas y económicas entre centro y periferia, los teóricos de la dependencia incorporaron los procesos culturales como factor clave en la “estabilización del sistema imperial” (1987: 83). En este punto, Muraro concede que los medios monopolizados y el estrechamiento del margen de acción de productores locales en los países dependientes, son factores que contribuyen más a la conservación del statu quo internacional que a promover un desarrollo económico más equilibrado. Sin embargo cuestiona el determinismo económico de la corriente dependentista que a nivel comunicacional implicó la aceptación de un modelo basado en la teoría de la manipulación. La contracara de la dominación económica en términos culturales es la idea de que los países que detentan el poder económico se convierten en los que controlan los medios y los mensajes que circulan a nivel global, convirtiendo su dominio económico en dominación cultural. Aunque la noción de imperialismo cultural es estática y determinista y ha sido ampliamente cuestionada en las últimas décadas, aquél debate colocó en el centro de la escena a las grandes corporaciones globales de las industrias culturales, y los rastros de esas empresas como ejecutoras de un softpower por parte de los países centrales, en particular Estados Unidos, hacia el resto de los mercados, siguen presentes (Martel, 2014).

Una discusión vinculada a la anterior es la que recorre el eje global-local, que en los aportes de la Teoría de la Dependencia se agotaba en el imperialismo cultural por parte de los países detentores del poder económico. En este punto García Canclini (1999) rechaza el reduccionismo que supone la oposición global-local y propone en cambio pensar la globalización como el horizonte imaginado por actores públicos y privados de los países dependientes como ventana de oportunidad para reinsertar sus productos en mercados más amplios (1999: 66, 67). Para este autor

Más que enfrentar identidades esencializadas a la globalización, se trata de indagar si es posible instituir sujetos en estructuras sociales ampliadas. Es cierto que la mayor parte de la producción y del consumo actual son organizados en escenarios que no controlamos, y a menudo ni siquiera entendemos, pero la globalización también abre nuevas interconexiones entre culturas y circuitos que potencian las iniciativas sociales (García Canclini, 1999: 66)

Para el autor la desigualdad en la producción, distribución y acceso a los bienes culturales no se explica como simple imperialismo, “sino por la combinación de procesos expansivos, ejercicios de dominación y discriminación, inercias nacionalistas y políticas culturales incapaces de actuar en la nueva lógica de los intercambios (Canclini 2010 en De Moraes, 2011: 41).

Por su parte, Straubhaar (1991) da cuenta de los cuestionamientos al imperialismo cultural como forma de explicar los flujos asimétricos entre los grandes centros productores de contenidos y los países dependientes, y recupera la idea de “interdependencia asimétrica” (asymmetrical interdependence) como una forma más compleja de encuadrar las relaciones centro-periferia, por un lado, y revaloriza el rol de las audiencias como agentes que buscan “proximidad cultural” en los bienes y servicios culturales que consumen.

Luego de un amplio trabajo de campo sobre las industrias culturales en 30 países de los cinco continentes, Fréderic Martel (2014) concluye que la industria cultural estadounidense domina los flujos de información y cultura en buena parte del mundo, pero advierte sobre una nueva cartografía de los intercambios culturales marcada por la emergencia de flujos en distintas direcciones. El autor observa intercambios culturales entre países y regiones de distintas partes del mundo entre sí y hacia Estados Unidos.

Este escenario de flujos en distintas direcciones se acentúa gracias a la emergencia de internet como espacio de distribución de contenidos culturales digitalizados. Aunque Martel enfatiza el rol de Estados Unidos como polo de referencia que se dirige al mundo entero, al mismo tiempo entiende que la diversidad es la ideología de la globalización, por lo que “la globalización y la revolución digital están significando un reajuste inevitable en los equilibrios internacionales, incrementando la circulación de la información y haciendo posible a la vez el reforzamiento de las culturales nacionales y la globalización del mainstream” (2014: 443). En este punto coincide con Waisbord (2007) quien junto con describir la crisis de los medios en un contexto de globalización, marca la persistente influencia de lo local. No obstante, debe marcarse que aquello que se “globaliza” en el análisis de Martel, son precisamente los productos culturales considerados mainstream, es decir los que son irradiados desde los principales centros de producción industrial en cada mercado.

Este escenario no significa en absoluto un paliativo para las industrias culturales nacionales y su relación profundamente asimétrica con empresas globales. Como señala McChesney (2002) pensando en las grandes empresas globales de comunicación “cuando las audiencias parecen preferir artículos locales, las corporaciones globales de medios, en vez de desesperar, globalizan su producción”. Esta misma lógica es implementada por las actuales plataformas globales de servicios audiovisuales que, como parte de su estrategia de expansión buscan generar productos originales “locales”.

Se trata en general de productos con relatos locales en español o portugués, desarrolladas en ciudades de la región, con actores, narrativas y equipos de profesionales locales, pero bajo modalidades de producción diseñadas desde los EE.UU., lo que subraya la estrategia definida como “proximidad cultural fabricada” (manufactured cultural proximity) (Piñón, 2014). Una de las principales características de estos productos televisivos estadounidenses, es que mayormente son producidos por casas de producción independientes locales en Latinoamérica, que tienen la doble función de llegar a las audiencias domésticas de los mercados en donde se producen y, por otro lado, regresar a su distribución en los EE.UU. para satisfacer la demanda del mercado latino de ese país, donde se encuentran en general radicadas las empresas que por otra parte detentan los derechos de distribución.

En concreto, no se trata tanto del temor a la recreación de un imperialismo cultural de plataformas de internet, sino más bien de la emergencia de una monocultura donde las historias y culturas locales no estén en condiciones de competir. Aunque empresas como Netflix hacen acuerdos de co-producción con empresas productoras de distintos países del mundo, América Latina incluida, los contenidos se desarrollan en los términos de estilo y contenido definidos por Netflix desde Estados Unidos y sus necesidades de distribución y aceptación global (Shattuc, 2020: 162).

La posición periférica condiciona los términos del intercambio en plataformas y productoras locales, pero incluso entre estados nacionales y plataformas globales que, so pretexto de realizar alguna inversión en producción audiovisual junto a productoras locales, reclaman una amplia gama de beneficios impositivos, reducción de tasas de exportación y flexibilización de los contratos de trabajo (INCAA, 2019). Estas empresas ostentan un poder disruptivo que pone en crisis las capacidades de los estados[8] nacionales para diseñar, imponer y controlar las condiciones de su funcionamiento en cada territorio (Owen, 2015).

Esto debe leerse a la par del dominio casi absoluto de empresas estadounidenses en el complejo industrial que aporta distintos recursos tecnológicos para hacer posible la distribución de contenidos culturales en internet (Piñón y Rivero, 2020). Sobre esto volveremos en el siguiente punto, por ahora alcanza con decir que sigue vigente el análisis que realiza Muraro (1987) para la naciente industria electrónica:

Las posibilidades de los países periféricos de participar activamente en la producción y control de esas nuevas redes internacionales de comunicación son mínimas. Ello no solo requiere de ingentes recursos, sino también personal sumamente especializado. Se trata de acceder a una tecnología cuya complejidad y sofisticación crece a un ritmo exponencial y que, por otra parte, las empresas y gobiernos de los países centrales están muy poco dispuestos a compartir (…) Los grandes consorcios de la información, en la medida de lo posible, están interesados en los países del Tercer Mundo solo en calidad de compradores o “abonados” a sus redes de transmisión (Muraro, 1987).

Como señala el mismo autor, la asimetría persistente entre países productores y receptores de tecnología se explica también en las limitadas inversiones realizadas por los gobiernos o el sector privado de los países subdesarrollados en investigación y desarrollo tecnológico.

Cuando analizamos las corporaciones detrás de las principales plataformas VoD (video on demand)[9] en la región, encontramos con cierta posición de relevancia las principales corporaciones televisivas latinoamericanas (Globo/Globo Play, Televisa/Blim) y las principales firmas de telecomunicaciones que operan en la región (Telefónica/Movistar+, Claro/Claro Video, Cablevisión/Flow), pero casi no hay empresas latinoamericanas del sector de alta tecnología digital e innovaciones. Este escenario desequilibrado es un subproducto no solo del estado desigual de innovación en el sector informático y computacional, sino el resultado del panorama regulatorio que gobierna estos sectores en toda la región (Piñón y Rivero, 2020).

Ante la consolidación de plataformas globales en el entorno de internet, las corporaciones mediáticas tradicionales han reaccionado con procesos de mayor concentración. Como señalaba Becerra ya en 2011 “la proliferación de alternativas al modelo de broadcasting (punto-masa) han sido respondidos con una profundización de la concentración de la estructura de medios y con la expansión de la oferta de los principales grupos a través de diferentes redes” (2011:13). Más cerca en el tiempo, la compra de Disney de 21st Century Fox, es apenas un ejemplo de esta tendencia. A su vez, las estrategias de integración y formación de alianzas entre diferentes actores aparecen como vías para ganar visibilidad (y competitividad) en un mercado concentrado.

Algunas cadenas europeas públicas y privadas han unido fuerzas para crear plataformas para distribuir contenidos en internet de forma conjunta. En Francia, las tres cadenas más populares –France TV, M6 y TFI– han creado Salto, un servicio de streaming que combina programas de las tres emisoras. En Alemania, ProSiebenSat.1 creó Maxdome como su plataforma de VoD y ha invitado a otras cadenas públicas y privadas a sumarse al servicio. En Reino Unido las tres cadenas líderes –BBC, ITV y Channel 4– firmaron un acuerdo de cinco años para invertir 150 millones de dólares en Freeview, para proveer televisión en vivo y a demanda.

En otros momentos los acuerdos de este estilo eran prohibidos por la ley o frenados por las autoridades de defensa de la competencia. Tal fue el caso del proyecto conjunto de los canales chilenos de TV abierta Mega, Canal 13, Chilevisión y Televisión Nacional de Chile, que en 2013 iniciaron conversaciones para desarrollar una plataforma conjunta de televisión por internet, que fue objetada por la Fiscalía de la Competencia y finalmente las televisoras desistieron. De todos los canales convocados TVN era el que más obstáculos tenía si formaba parte de una plataforma que cobraba por el contenido que emitía de manera abierta. En la actualidad el claro dominio de empresas extranjeras como Netflix y Amazon evidencia la fragilidad de cualquier estrategia que plantee una disputa en solitario, y permite ver con más claridad la necesidad de acuerdos entre los actores locales de los sistemas mediáticos, para fortalecer su posición.

En Argentina, aunque los canales privados de momento no han proyectado plataformas conjuntas, se observa cierta consolidación de alianzas de distribución. Actores centrales del sistema mediático de la televisión abierta como Telefe (Viacom Inc.) o El Trece (Artear, Grupo Clarín), que compiten en el segmento de televisión abierta, distribuyen contenidos de ambas a través de la plataforma Flow de Cablevisión (Clarín). Desde el sector audiovisual de la Economía Social y Solidaria, se cuentan también algunas iniciativas, muchas de ellas frustradas y otras que, con mayor organización y fortaleza económica han logrado un desarrollo que merece atención. El caso de la plataforma Sensa gestada por la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR), es un ejemplo de que tal vez la vía asociativa sea la única alternativa. También se verifica la emergencia de casos como la plataforma de video a demanda cooperativa Means TV de los Estados Unidos (2019), una iniciativa que se define como “post-capitalista” y distribuye contenidos alternativos a los que difunden las plataformas consolidadas (Ottenhof, 2020).

En su influyente libro Capitalismo de Plataformas, Nick Srnicek discute que la alternativa a esta nueva etapa del Capitalismo sea el cooperativismo, y propone en cambio que es el Estado el que debiera asumir un rol central:

Se ha argumentado que podríamos combatir estas tendencias monopólicas mediante la construcción de plataformas cooperativas. Pero todos los problemas tradicionales de las cooperativas (como la necesidad de la autoexplotación bajo relaciones sociales capitalistas) se vuelven aún peores por la naturaleza monopólica de las plataformas, el dominio de los efectos de red y los enormes recursos detrás de estas empresas. Incluso si todo su software pasara a ser de fuente abierta, una plataforma como Facebook igual tendría el peso de sus ya existentes datos, efectos de red y recursos financieros como para combatir cualquier rival de características cooperativas.

El Estado, en cambio, tiene el poder para combatir plataformas. Demandas antimonopolio pueden quebrar a los monopolios, regulaciones locales pueden impedir o incluso prohibir las plataformas austeras[10] explotadoras, agencias gubernamentales pueden imponer nuevos controles de privacidad, y acciones coordinadas sobre la evasión fiscal pueden traer capital de vuelta a manos públicas.

En vez de solo regular las plataformas corporativas, se deberían realizar esfuerzos para crear plataformas públicas –plataformas propiedad del pueblo y controladas por él–. (Y más importante aún, independientes del aparato de vigilancia del Estado). Esto implicaría invertir los enormes recursos del Estado en la tecnología necesaria para apoyar estas plataformas y ofrecerlas como servicios públicos (Srnicek, 2018: 115-116).

La propuesta del autor, que compartimos, pareciera sobre el final buscar reunir en proyectos comunes a ambos actores, Estado y “tercer sector”: amarrar la fortaleza del Estado en su rol regulador y especialmente generador de tecnologías de la información, en alianza con actores como los cooperativos en la gestación plataformas que, como afirma, pertenezcan al pueblo y estén controladas por él. Aun cuando el autor piense en estados con mayores capacidades regulatorias frente a las plataformas como Estados Unidos o algunos países capitalistas centrales de Europa, la propuesta no es del todo disonante en el contexto argentino donde, al menos desde 2009, el Estado ha asumido un rol protagónico en materia de emplazamiento de infraestructura de conectividad (Baladron, 2018b), generación de capacidades satelitales nacionales, impulso a la industria del software y del conocimiento, en incluso desarrollo de plataformas de video a demanda propias. Cabe en este punto preguntarse qué rol están en condiciones de asumir en esta trama las televisoras públicas estatales como agentes proveedores de contenidos, servicios y aplicaciones para internet, y qué condiciones de producción debieran darse para que ese rol pueda ser cumplido de modo satisfactorio, competitivo y con arreglo a sus funciones de servicio público.

Como se pregunta Srnicek “si la computación de la nube es una infraestructura básica del siglo XXI, ¿por qué un puñado de empresas debería obtener de allí ganancias extravagantes y concentrar el poder en sus manos? Tenemos que imaginar visiones alternativas del futuro si pensamos contraatacar” (2018: 126). Este ejercicio prospectivo que plantea el autor, requiere no obstante, un sustento en la realidad. La imaginación de escenarios futuros debe tener como punto de partida algo más que la idealización romántica de algún sector de la comunicación (sean actores públicos estatales o sin fines de lucro), sino un diagnóstico riguroso de un segmento de mercado que hoy nos devuelve un panorama incómodo y poco esperanzador para los proyectos públicos y alternativos.

2.6 Sobre el encuentro de la industria audiovisual con internet

La expansión de los servicios audiovisuales hacia internet ha generado transformaciones en su cadena de valor y distribución, como así también una mayor renovación y cambios en los esquemas de flujo en pos de la segmentación, que tiende a modificar los modelos de negocios establecidos (Arsenault y Castells, 2008; Zallo, 2011). Si bien la naturaleza distribuida de internet permite la participación de muchos actores en la producción de contenidos, los análisis empíricos permiten observar una continuidad en relación con las estrategias que tienden a la monopolización a través de la creación artificial de escasez, tal como sucede con las industrias de los medios y la comunicación (Bolaño, 2013; Miguel de Bustos, 2000; Mansell, 1999). Desde esta perspectiva, la Economía Política de la Comunicación no sólo permite recuperar las discusiones en torno al poder y la lógica mercantil de las tecnologías de la comunicación (Mosco, 2008), sino también proponer la necesidad de un cambio de paradigma post neoliberal que reconozca la relevancia del rol del Estado y la regulación, tanto a nivel local como global, para contrarrestar el poder del mercado (Mansell, 2011; Winseck, 2016; Iosifidis, 2016).

Entre las particularidades que adquiere el audiovisual en internet se destaca el surgimiento de los servicios VoD OTT (por las siglas en inglés de video on demand overthetop). La denominación genérica overthetop se refiere a “la distribución de contenidos de audio, video y otros medios en la red abierta de Internet y por tanto fuera del control de los operadores de redes en la distribución de contenidos” (Prado, 2017: 127). Bajo esta definición quedan comprendidas prestaciones diversas como servicios de voz sobre internet (VoIP), plataformas de pago en línea, buscadores, servicios de e-mail, mensajería instantánea, redes sociales, agregadores de video y otros (BEREC, 2016: 6).

Según analiza Prado, el VoD OTT se popularizó primero como un lugar para los contenidos generados por los usuarios a través de plataformas como YouTube y, más tarde, tuvo lugar “un proceso de industrialización creciente que se manifiesta en la aparición de apuestas profesionales y empresarialmente organizadas” (2017: 132). En los últimos años, proveedores de contenido, operadores de televisión paga y de telecomunicaciones, fabricantes de dispositivos y otras empresas nativas de internet ingresaron a este segmento generando una fuerte expansión de la oferta (Grau, 2015; Páez Triviño, 2016). A los fines de este trabajo, sobre el genérico OTT, elegimos el más específico “televisión distribuida por internet” (internet distributed television) (Lotz, Lobato y Thomas, 2018). Los autores se refieren con este término a “portales” de internet que “distribuyen contenidos televisivos producidos de acuerdo con prácticas profesionales e industriales del mercado” (2018: 36). De esta manera se dejan fuera los espacios por los que circulan contenidos producidos por los usuarios, al tiempo que se rechaza la idea de “nuevos medios” (quizás válida para denominar las redes sociales digitales) al dar cuenta, desde una perspectiva continuista, que se trata apenas de una nueva modalidad de distribución de contenidos audiovisuales producidos con los criterios y estándares de la televisión industrial tradicional.

Entre las características de las plataformas de servicios audiovisuales, cabe destacar el consumo audiovisual ubicuo y desprogramado, potenciado por la oferta de contenido exclusivo y la capacidad de su interfaz para funcionar en multipantallas junto con sistemas de recomendación y personalización, basados en técnicas de Big Data y data mining[11] (Havens, 2014; Lotz, 2016; Siri, 2015).

Otro elemento fundamental en el modelo de negocio de estas plataformas es la calidad de su interfaz, tanto desde la perspectiva de su disponibilidad en cualquier dispositivo como por la personalización de su oferta, con sistemas de retroacción. Para ello los datos se convierten en un recurso esencial, ya que, como hemos señalado, pueden ubicar a su propietario en una posición dominante en el mercado a largo plazo con amplias ventajas competitivas (Bullich y Guignard, 2016).

Para estos autores, este factor ha permitido la consolidación e implantación de gigantes estadounidenses como YouTube o Netflix en el ámbito internacional, lo que genera una situación de competencia desigual entre los actores por el desequilibrio de medios humanos, tecnológicos y financieros, en especial para los países emergentes, por los altos costos de las aplicaciones y su mantenimiento técnico. En este punto se modifica también la gestión editorial audiovisual: las decisiones que antes recaían en un grupo de profesionales son resueltas, en parte, a través del procesamiento de datos sobre consumo y preferencias de los usuarios.

La instalación del propio término “plataformas” por parte de estos actores brinda información sobre cómo buscan ser identificados por parte de los distintos públicos a los que se dirigen (Gillespie, 2010; Napoli y Caplan, 2017). En relación con el encuadre normativo, estos autores coinciden en afirmar que “las plataformas” comparten muchas características con los medios “tradicionales” y que esta intención de diferenciarse tiene como fin, entre otros, operar por fuera de una serie de exigencias regulatorias que se han aplicado históricamente al sector audiovisual, a pesar de estar involucradas también en la producción, diseminación y consumo de noticias y productos culturales (Baladron, 2018a).

Si bien el mercado de servicios audiovisuales en internet presenta una diversificación de oferentes, se observa una concentración en el consumo en torno a unos pocos jugadores. En América Latina Netflix concentra cerca del 50% del mercado, seguido por actores como Claro Video (América Móvil), HBO Go[12] y una “larga cola” de otros oferentes que obtienen cuotas de participación marginales y en general corresponden a plataformas temáticas, a desarrollos locales o que apuntan a nichos de audiencia específicos. No obstante, como hemos señalado, una mirada a algunos de los principales mercados de la región permite reconocer que actores de peso provenientes de los medios tradicionales, las telecomunicaciones o la televisión paga logran trasvasar su posición de dominio y adquirir cuotas significativas de mercado con sus plataformas de video a demanda. Es el caso de Globo Play (Globo, Brasil); Flow (Clarín, Argentina) y en menor medida Blim (Televisa, México).

Desde la aparición de YouTube en 2005, fue constante la proliferación de plataformas como soluciones tecnológicas para distribuir video en internet. El fenómeno se apalancó en las mejoras en la banda ancha domiciliaria y formó parte de una nueva “cultura de la red” (Calvi y Santini, 2011: 103) que trastoca el orden establecido planteando nuevos desafíos tanto a los broadcasters, como a las empresas de telecomunicaciones y organismos reguladores.

El modelo de televisión distribuida en internet requiere para su funcionamiento del uso intensivo de infraestructura de red, lo que en un primer momento generó tensiones con las empresas de telecomunicaciones. Los operadores tradicionales advirtieron que sus propios servicios eran crecientemente sustituidos por prestaciones OTT que además usufructuaban sus redes en condiciones asimétricas. Es decir, mientras los operadores de redes funcionan bajo licencias, concesiones y autorizaciones estatales que los obligan a cumplir las normas locales, las OTT lo hacen bajo un marco regulatorio aún impreciso y en desarrollo.

No obstante, por el momento, el volumen de mercado del VoD OTT no es comparable al de las telecomunicaciones ni a la TV paga. Según cifras de la UIT, en 2017 las empresas de telecomunicaciones generaron 1,3 trillones de euros a nivel global, mientras que las OTT, unos 402 millardos (miles de millones). Sin embargo, las OTT eran un mercado dinámico que exhibía cifras de crecimiento muy superiores a las industrias ya consolidadas: se estima que en el período 2012-2017 las OTT crecieron un 17,3% por año en promedio, mientras que las empresas de telecomunicaciones lo hicieron un 2,6% (Knoben, 2014). Por su parte, en los principales mercados de América Latina y el Caribe se estimaba que en 2018 la TV paga facturó 21.099 mil millones de dólares, mientras que los VoD OTT habrían tenido ingresos por unos 1.345 millones el mismo año (OVUM, 2018)[13]. En algunos países la actividad ha sido alcanzada por impuestos locales generales o específicos como una de las vías elegidas para contener la transferencia de riqueza que estas empresas realizan desde los países periféricos hacia los países centrales, donde habitualmente se encuentran sus casas matrices. En los capítulos en que se aborda cada caso nacional incluimos un panorama sobre los servicios de video a demanda presentes en Argentina y Chile donde los caracterizamos desde sus aspectos regulatorios y de mercado.

Pese a las tensiones aún persistentes entre estos actores “nativos” de la economía digital y los jugadores tradicionales del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual en relación a la demanda de una regulación que “nivele el terreno de juego”, se observa una tendencia hacia la integración. Las estrategias a las que recurren tienen distintos alcances y objetivos, y se realizan sobre algunos o todos los eslabones de la cadena de valor del audiovisual. En algunos casos los “nuevos entrantes” adquieren licencias de distribución de contenidos ya emitidos a empresas de televisión tradicional o bien se asocian a ellas para producir contenido original. En otros las empresas de TV paga incluyen plataformas como Netflix en sus ofertas comerciales y hasta realizan la facturación conjunta del servicio propio y el de la plataforma de VoD.

El desarrollo de internet como espacio de alojamiento, distribución e incluso producción de contenidos se basa parcialmente en su capacidad para contener y nutrirse de las industrias culturales tradicionales. Para Bustamante los cambios en la cultura o en la comunicación no suponen una revolución o ruptura brusca con la historia anterior. Lo que se está gestando, afirma, “es un nuevo sistema mundial de comunicación y cultura, pero creado de viejos y nuevos mimbres, de la complementariedad y canibalización entre viejos y nuevos medios, entre agentes nuevos y clásicos, entre hábitos culturales inveterados y nuevos usos sociales” (2011: 136). Como sintetiza Murolo en relación a las nuevas pantallas, los contenidos audiovisuales en internet “se parecen a algo conocido y a la vez no existieron nunca antes. Son a la vez novedad y reminiscencia” (Murolo, 2012).

En el entorno digital, particularmente en las formas de televisión basadas en internet, el flujo tradicional da paso al stock produciendo un efecto de desagregación (unbundling) donde los programas ya no forman parte de un continuo ordenado, sino que aparecen atomizados y desagregados en un catálogo siempre disponible, en todo momento y en todo dispositivo (López Villanueva, 2011).

Este hecho, posibilitado por la digitalización de las redes y la innovación en los dispositivos tecnológicos, tiene implicancias sobre las modalidades de oferta y consumo. Mientras la lógica tradicional de flujo promueve la circulación y rotación veloz de bienes que se reemplazan unos a otros, la lógica del stock habilita el acceso al archivo, con lo cual se aparta del inmediatismo que supone el flujo y habilita la contemplación y el revisitado de los contenidos. A su vez, el acceso al stock supone una forma de apropiación atemporal e individual, donde en diferentes tiempos cada quien se conecta a contenidos distintos.

La acumulación de contenidos conduce a una eventual sobreabundancia, que se explica en parte por los cambios en la estructura económica de las industrias culturales, a raíz de la digitalización. En su etapa previa a la digitalización y a internet, la puesta en circulación de la cultura en su forma material tenía asociados unos costos que en alguna medida limitaban su acceso y la convertían en un bien escaso. La digitalización permitió una vinculación diferente entre los usuarios y la cultura, ya no desde la escasez sino desde la abundancia.

Algunos autores vinculan la hiperabundancia de contenidos con la gratuidad (Vacas, 2013; Calvi y Santini, 2011) no solo por la lógica económica del abaratamiento por la mayor oferta, sino por la supuesta persistencia de una inercia a la gratuidad adquirida en su fase inicial, cuando internet era concebido como un espacio abierto, colaborativo y de libre circulación de la información. El ethos original “antisistema” que hace parte del mito original de internet, apenas alcanza a los contenidos audiovisuales, cuyo consumo “ilegítimo” fue rápidamente criminalizado, y luego dio paso a modelos de negocio que capturaron el video online para su comercialización.

El desarrollo de internet en los últimos 20 años muestra una creciente mercantilización; la emergencia de distintos modelos de negocio aún en vías de consolidación y, como hemos mencionado, la generación de riqueza a partir de la recolección, procesamiento y explotación de datos personales o de conducta de los usuarios dentro de las plataformas, así como también metadatos. Este hecho también se configura como aspecto clave en el modelo de negocio, en la medida que el tratamiento de datos permite el perfeccionamiento de las interfaces y la generación de ofertas segmentadas de contenidos y publicidad.

Desde la óptica del sector comercial, analiza Miguel de Bustos (2011) “en un terreno como Internet, sin las limitaciones que tenía el espacio radioeléctrico los proveedores de contenidos privados son capaces de ofertar contenidos lo suficientemente diversos y plurales”, con lo cual el servicio público se ve cuestionado en su razón de ser y las operaciones con dinero del Estado son vistas como una forma de competencia desleal. El nuevo escenario de “suministros ilimitados” (Arriaza Ibarra y Nord en Becerra, 2015) fue aprovechado en el contexto europeo por los actores mediáticos privados comerciales para cuestionar la legitimidad de los medios de gestión estatal en internet. Al respecto, Mastrini señala que “en América Latina los servicios públicos de radiodifusión deben enfrentar un desafío: incrementar su legitimidad en tiempos en los que, desde algunos sectores políticos, se menoscaba la importancia del conjunto de los servicios públicos. Para ello, es fundamental que consigan ocupar un lugar importante en el nuevo ecosistema digital” (2012:63). No obstante en la línea argumental que venimos sosteniendo, la conquista de un lugar importante en entornos como internet estaba condicionada, en otros factores, a la recreación previa de su legitimidad como condición de posibilidad para expandir sus servicios de forma competitiva.

Aunque es cierto que la escasez -de frecuencias- constituye un argumento de peso para explicar el carácter de servicio público de la radiodifusión, hay otras justificaciones de tipo social y cultural. En su texto La noción de servicio público, Tremblay explica que estas actividades son aquellas consideradas de interés general y que por lo tanto “no pueden abandonarse a la iniciativa privada y al puro juego de las leyes de mercado”. Contrariamente, es el Estado el que asume su responsabilidad y control sobre ellas (Tremblay, 1988: 59).

Como señala Linares en relación a los cuestionamiento del sector privado sobre la expansión de los medios estatales hacia nuevas plataformas, la mejor respuesta, afirma, “radica en comprender a los medios públicos como espacios mediáticos imprescindibles para garantizar la diversidad y el pluralismo tanto de fuentes, contenidos, formatos, lenguajes, temas y enfoques, independientemente de la tecnología de distribución utilizada” (2017: 65). Ampliaremos este tema en el próximo apartado.

En este punto es necesario resaltar que estos servicios además de su faz económica tienen una dimensión cultural, con implicancias en la producción y circulación social de sentido, la construcción de identidades culturales y el debate democrático. Una asignatura pendiente es la búsqueda de formas de financiamiento para la expresión digital, con el objetivo de promover “la pluralidad y la diversidad en una industria o actividad en que, al revés de otros bienes y servicios que van hacia la masividad, se tiende a la satisfacción ‘a la carta’” (Loreti y Lozano, 2014: 271). Por lo tanto, los reguladores también enfrentan desafíos relativos a garantizar la diversidad cultural en estos nuevos escenarios (Irion y Helberger, 2017; Albornoz y García Leiva, 2017).

Según analizan algunos autores (Jakubowicz, 2006; Moe, 2008 a y b; Miguel de Bustos, 2011) los medios del sistema privado trasladan al nuevo entorno las mismas características que poseen en sus emisiones tradicionales fuertemente marcadas por la estandarización y homogeneización de los contenidos, con lo cual la diversidad que proclaman no es tal. En este sentido los medios públicos estatales podrían actuar como el reaseguro de la diversidad mientras que la oferta de los actores comerciales se muestra desequilibrada.

Una noción relevante en relación a la distribución de contenidos de video en internet es la de internet envasada (packaged Internet), hermanada a la de jardines vallados (walled gardens). La primera, propuesta por Anderson y Wolf (en Caro y Selva, 2012) ayuda a distinguir el consumo de contenido dentro de un entorno controlado de aquel que ocurre en la internet abierta o a granel que supone un contacto directo potencial con todo el contenido disponible en la Red a través de los motores de búsqueda. El internet envasado propone una forma de consumo mediado de una parcialidad de internet, donde el contenido ha sido previamente organizado y las posibilidades de consumo e interacción están delimitadas por las propuestas de la misma plataforma. Son ejemplos de packaged internet las aplicaciones para dispositivos móviles o los entornos como Facebook. También se inscriben en esta categoría las plataformas de distribución audiovisual como Netflix, que funcionan como entornos cerrados donde se ofrecen contenidos curados por criterios editoriales y algorítmicos.

La masificación de Netflix en los Estados Unidos a partir del año 2009 alertó a la industria audiovisual tradicional que, desde entonces, ensaya modelos de streaming para volcar sus contenidos a la Red. Asimismo, la aparición de ésta y otras nuevas plataformas, alteró el funcionamiento del servicio audiovisual tradicional. Un estudio realizado en noviembre de 2015 sobre 1700 proveedores de TV paga de 31 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, en inglés) determinó que la irrupción de los OTT afectó el esquema de precios de la TV Paga. Ante la amenaza del cord-cutting (aquellos suscriptores que abandonan la televisión paga y optan por opciones online a demanda), los operadores respondían con precios más competitivos y servicios más flexibles.

Aunque su modelo de negocio no está libre de amenazas, Netflix devino paradigmático en materia de video a demanda. Como observa Páez Triviño (2014), este servicio “ha impuesto tendencias tanto en el diseño de los catálogos como en los grados de interactividad y métodos de búsqueda al interior de las interfaces de las plataformas” (2014: 284). A su vez, además de ordenar y facilitar el acceso a un catálogo de títulos, extiende su incumbencia hacia la producción de contenidos “originales”. En este punto Neira distingue distintos tipos de “originales” que a su vez marcan distintas formas de relacionamiento con los proveedores de esos contenidos: además de los títulos enteramente desarrollados por la empresa bajo su control (developed originals); se suman otras formas como la adquisición de derechos exclusivos a nivel global (acquired originals); originales co-licenciados (co-licensed originals) cuyos derechos están repartidos por mercados entre distintos propietarios, y finalmente los originales licenciados (licensed originals), contenidos que adquiere en exclusiva para territorios distintos del de origen (Neira, 2020: 30-31). De hecho la primera incursión de Netflix en la producción de contenidos originales fue junto a la televisión pública noruega NHK en la serie Lilyhammer (2012). En cualquier caso, la conformación de un catálogo con contenidos sobre los que posee cierto nivel de control fortalece su posición, gana independencia y consigue disputar el interés de la audiencia y el reconocimiento de la industria (Lobato, 2019).

Pese a dominar ampliamente el mercado del video a demanda, Netflix no está solo. Proveedores de contenido, empresas de televisión paga, fabricantes de dispositivos y otras empresas nativas de internet comenzaron una carrera frenética que, en pocos años, multiplicó por docenas el número de plataformas audiovisuales existentes en el mundo. No obstante, los analistas estimaban ya en 2015 que, en los mercados desarrollados, este segmento estaba cerca de la saturación (Juárez, 2015). Ante los niveles marginales de crecimiento en sus mercados de origen, el mercado internacional aparece como la vía natural de crecimiento de la mayoría de las grandes plataformas audiovisuales.

En América Latina, las deficiencias en la infraestructura de banda ancha, los altos niveles de piratería y las complejidades que persisten en algunos países para realizar pagos a través de internet, ralentizaron la adopción de este tipo de servicios y todavía cuentan con amplio margen para crecer, especialmente entre los segmentos de menores ingresos (Rivero, 2016).

2.7 A modo de cierre parcial: la plataformización de la televisión pública estatal

Como señala Campos (2016), quien analiza los medios públicos europeos, la radiodifusión tal como la conocíamos, está hoy inmersa “en un convergente ecosistema global cambiante de medios, tecnologías, sistemas de distribución y nuevas formas de acceso y consumo de contenidos audiovisuales” (Campos, 2016 en Rodríguez-Fernández, et al., 2018: 915).

En efecto, el financiamiento de los medios tradicionales mediante la publicidad se debilita y las plataformas virtuales globales aspiran buena parte de esos recursos; compran, venden y usan comercial y políticamente los datos que recogen de sus usuarios y son cada vez más centrales en los flujos de información a escala global (Belli, Schwartz y Louzada, 2017). Empresas como Facebook y Google han arrebatado no solo una parte creciente de la atención de las audiencias, sino también del mercado publicitario, desbaratando el armado que alguna vez hizo de la producción y distribución de contenidos e información en soportes tradicionales, un negocio consolidado, aunque próspero para unos pocos jugadores. Becerra (2020) señala que la crisis en el modelo de negocio de los medios tradicionales a partir de la digitalización, no conoce fronteras pero es “más aciago para las empresas periodísticas de países de la periferia que no cuentan con el capital ni con las audiencias globales” (2020: 27), porque, advierte el autor, el ecosistema digital, incuba una cultura en la que solo los actores con mejores capacidades de adaptación al cambio permanente podrán sostenerse.

Según Rioux y Verdugo Ulloa (2016), la migración hacia tecnologías digitales supone transformaciones que reconoce en cinco grandes categorías: desmaterialización, desintermediación, descompartimentalización, deslinearización y desterritorialización (2016: 88). Entre estas, asignan especial importancia a la desterritorialización, en la medida que impacta en la capacidad de los Estados de imponer sus regulaciones a los nuevos actores del mundo digital. Para estos autores:

Los últimos veinte años estuvieron marcados por una transformación silenciosa que permitió el paso de un orden mundial basado fundamentalmente en la articulación nacional-internacional a un orden basado en flujos cada vez más transnacionales, lo que difumina las fronteras entre los sistemas nacionales. Sin embargo, al mismo tiempo que las empresas y las industrias culturales se desenvuelven de manera creciente en un espacio transnacional, las políticas de regulación se siguen enmarcando, por lo general, dentro de las fronteras del Estado-nación. De esta manera, a causa de los procesos de desterritorialización y transnacionalización, las políticas públicas nacionales enfrentan numerosos problemas de eficiencia en materia de regulación, de tributación, de gestión del DPI[14], etc. El desafío de la desterritorialización implica, entonces, el desarrollo y la implementación de normas de regulación que afecten de manera equitativa a las empresas locales y a las transnacionales, ya que estas últimas pueden eludir las cargas impuestas por la regulación local (Rioux y Verdugo Ulloa, 2016: 94).

Como hemos dicho antes, en términos de provisión de contenidos y diversidad, se ha argumentado que la digitalización modela un escenario donde existe “un número ilimitado de suministros” diversos. Además, contrariamente a la radiodifusión tradicional que se gestó (al menos en el contexto europeo y latinoamericano) como monopolio estatal, los nuevos servicios digitales suponen el ingreso del Estado a un juego creado y liderado por unas pocas empresas privadas que operan a escala global, presentando duras condiciones de competencia. De hecho, autores como George Yúdice (2015) han llegado a preguntarse “cómo abordar lo público cuando lo público está siendo proporcionado por lo privado (…) que parece ofrecer un servicio público e, incluso, hacerlo mejor que cualquier Estado del mundo” (Wroblewski, 2015).

No obstante, la existencia de un gran número de contenidos circulando por las redes no es garantía de diversidad en sí mismo. Al respecto, Zallo (2016) sostiene que la diversidad no tiene que ver solo con los contenidos, sino también con las plataformas que actúan como gate-keepers que son, en última instancia, las que determinan las condiciones de circulación de esos contenidos. En efecto, sostiene el autor, “en este campo hay poca diversidad. Las plataformas están en manos de un puñado de empresas, la mayoría de Estados Unidos (…)” (Zallo, 2016: 239), se trata entre otros de los conocidos GAFA, anagrama para Google, Apple, Facebook y Amazon, a las que se suman apenas algunas más como Netflix o Microsoft. En la misma línea Emili Prado agrega que:

Cada nueva oleada de innovación en las tecnologías de la comunicación aplicables al sector audiovisual ha estimulado relatos eufóricos sobre el advenimiento de la diversidad de contenidos al que tendrían acceso los ciudadanos, siguiendo el hilo de una ecuación que se enunciaba en los siguientes términos: multiplicidad (de canales) = diversidad (de contenidos). La confluencia de la revolución digital y la revolución de las redes (internet) no hizo sino renovar tales relatos eufóricos y, como novedad, atribuir al usuario un rol determinante en el estímulo de la diversidad, sea por su potenciada capacidad de elegir contenidos entre una oferta multiplicada, sea por su habilitación como generador de contenidos (Prado, 2016: 365)

Asimismo, la gestión de la abundancia de contenidos online se vuelve un desafío adicional por las dificultades que representa y las habilidades requeridas para un acceso y uso significativo de los contenidos que no redunden en la apertura o ensanchamiento de nuevas brechas digitales (van Dijck, 2006). En este punto, las plataformas tienen un rol decisivo para otorgar o no visibilidad a los contenidos portadores de diversidad[15], y las oportunidades de ser hallados por las audiencias depende de políticas editoriales en ocasiones mediadas por algoritmos que “en su intento de personalizar los resultados tienden a dejar invisibles productos que potencialmente podrían interesar al usuario pero que difícilmente llegará a conocer si se le recomiendan los productos que concuerdan con sus gustos ya conocidos” (Prado, 2016: 329). Como advierte este autor, salvo aquellas minorías que cuentan con habilidades de búsqueda diferenciales, muchos contenidos de interés cultural, educativo y social quedarán sepultados en la Red, imponiéndose, de no mediar políticas públicas que promuevan la diversidad, las fuerzas estandarizadoras y homogeneizantes del mercado. En suma, ni las llamadas “plataformas” de internet ni los algoritmos sobre los que funcionan son mecanismos objetivos o neutrales, por el contrario, son producto de la creación humana, expresan decisiones políticas y editoriales, y actúan creando “regímenes de visibilidad” (Morozov, 2016: 176).

La recolección, tratamiento y explotación de los datos por parte de estas plataformas digitales les permite incursionar con altos niveles de efectividad en el terreno de la distribución de contenidos audiovisuales artísticos e informativos. Sin embargo, en términos de diversidad, Murdock (2017) advierte que las grandes empresas de internet están “expresamente diseñadas para promover géneros que ya son populares entre los espectadores” (2017: 46), evitando cualquier tipo de disonancia con sus preferencias preexistentes. Al respecto, el autor sostiene que “esta personalización intensificada es contraria al principio democrático fundamental de deliberación abierta y respetuosa sobre los temas y preocupaciones comunes” (2017: 47).

El carácter periférico que atribuimos a los medios estatales de la región se explica, entre otros factores antes referidos en este capítulo, a la estructura de los sistemas mediáticos que integran y su relación de alta dependencia del poder político de turno. En cuanto al primer aspecto se destaca la fuerte impronta comercial del sector, la alta concentración de la propiedad y la centralización geográfica de la producción de contenidos. En relación al segundo elemento, estos medios han encontrado dificultades para desarrollar su función de servicio público (Pasquali, 1991). En efecto, “los medios estatales como dispositivos de propaganda que cambian de registro, de contenidos y de protagonistas según se suceden los gobiernos quedan relegados a un rol secundario en el sistema mediático” (Arroyo, et al., 2012: 42).

Aunque habitualmente tiende a recortarse a los actores periféricos del sistema mediático entorno a aquellos que integran la Economía Social y Solidaria, en particular los del llamado sector sin fines de lucro o del tercer sector, ya de por sí heterogéneo (Segura y Waisbord, 2016), como hemos dicho, cada sistema mediático produce sus propios actores periféricos. En este sentido, si lo periférico es aquello que no está en el centro, los medios estatales lo son en la mayoría de los países de la América Latina, independientemente de sus modelos de financiamiento, propuestas artísticas o formas de relación con la ciudadanía. Los medios gestionados por el estado engrosan el variopinto paisaje mediático que habita los márgenes y mantiene tanto con el mercado y el propio Estado relaciones particulares y distintivas.

Según un estudio de Orozco Gómez y Franco Migues (2019) realizado en 23 países de Iberoamérica, existen 103 canales de televisión abierta privados frente a 49 estatales (administrados por los estados nacionales), la mayor parte de los cuales se concentran en Cuba (5), México (4), Panamá (6) y Venezuela (8). Además de la supremacía numérica que repercute en el tipo de oferta disponible en cada mercado, las televisoras estatales no representan ningún tipo de presión competitiva al sector privado. Datos de Kantar Ibope, procesados por Obitel (2019) muestran que en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela y Perú, las televisoras estatales obtienen cifras marginales de audiencia, ubicándose siempre en las últimas posiciones. Televisión Nacional de Chile, uno de los casos estudiados en esta tesis, presenta una peculiaridad porque pese a disputar aún una cuota significativa de audiencia vive un proceso de retracción y marginalización en el sistema de medios que amenaza con generar un cambio estructural en su diseño actual (Schejtman, Rivero y Becerra, 2021).

Aunque la digitalización y la “plataformización” de la industria audiovisual afecta tanto a medios estatales como privados, no todos se encuentran igualmente posicionados para realizar un ingreso más o menos competitivo en internet. En este punto es necesario remarcar el carácter periférico, subalterno y los procesos de marginalización de los medios del Estado, no solamente para observarlos y describirlos, sino fundamentalmente para ponerlo en crisis y hacer evidente los riesgos de esa desigualdad para la diversidad del sistema mediático. Esa desigualdad tiene que ver con la existencia de condiciones de producción distinta, asimétrica y subalterna en relación a los demás actores del sistema mediático, lo que condiciona en forma negativa las posibilidades de desplegar estrategias expansivas en internet.

Un elemento que suma dificultad al salto convergente, se vincula con la transformación de estructuras productivas y formas de organización empresarial, que favorece a las organizaciones más jóvenes y ágiles, nacidas en un contexto digital, en contraste con los movimientos más lentos de los tradicionales “canales fábrica” con culturas corporativas y tradiciones más arraigadas, altamente burocratizados y rutinizados.

Ubicados en una posición subalterna, en relación asimétrica con el resto de los actores del sector privado y desatendidos por las políticas públicas, los medios estatales enfrentan con mayor dificultad los procesos conver­gentes en curso, que apenas permiten la supervivencia de algunos agentes económicos en un mercado que naturalmente tiende a la concentración y la exclusión (Monje, et al., 2017).

Afirma Jakubowicz que los medios estatales para tener futuro en el nuevo entorno deben “conservar sus características básicas y cambiar significativamente” (2006). Es que su expansión a internet se produce en un contexto de tensión originado por el hecho de tener que prestar un servicio fundado como lineal y demarcado por una territorialidad nacional, adaptándose a los requerimientos de un entorno digital con una fuerte presión competitiva y funcionamiento global.

En esta línea, Peter Goodwin señala que la producción local y distribución global que se habilita con las redes, deja escaso margen a instituciones como los medios estatales ubicados territorialmente en naciones específicas y con políticas de contenidos más enfocadas hacia la producción nacional (2017: 32-33). Goodwin, quien piensa los medios públicos europeos en los años recientes, sitúa su análisis en el trasfondo político neoliberal que tiene lugar en muchos países de la eurozona. Para el autor, las políticas neoliberales son un escollo para las organizaciones públicas, que son frecuentemente ahogadas financieramente, y sobreviven en contextos políticos y económicos adversos, lo que dificulta su desarrollo expansivo hacia nuevas plataformas (2017: 33).

Como observan Delgado y Prado “el tráfico de video en Internet no está precisamente ni liderado por la iniciativa de cadenas y productoras, ni tampoco gestionado por ellas” (2012: 92), sino por los nuevos jugadores. A esto se suma el riesgo de perder el reconocimiento de marca –uno de los activos diferenciales que los medios tradicionales transfieren hacia sus versiones online–, entre las nuevas generaciones, que ya no acceden a las versiones lineales de las emisoras. Esta situación interpela por igual a medios públicos y privados consolidados: en el caso particular de los públicos, según un informe del regulador británico OFCOM de 2018, el reconocimiento de marca de la histórica BBC entre el público entre 12 y 15 años era más bajo que el de plataformas como Netflix y YouTube (OFCOM, 2018: 9).

Los cambios en el ecosistema mediático y la fragmentación en el consumo audiovisual de las audiencias llevó a Graham Murdock en 2004 a acuñar el concepto de digital commons. Según esta idea, los medios públicos debían ganar protagonismo en internet para contrarrestar la fragmentación que supone el consumo individualizado de contenidos, proponiendo actividades que mantuvieran, al menos, una mínima base de experiencia compartida (Murdock, 2004). Años más tarde, el autor se muestra aún más convencido de la necesidad de colocar a los medios estatales como actores centrales en el entorno online, en parte, afirma, porque “estamos asistiendo a una clausura acelerada del espacio digital, siendo que los usos cotidianos de internet se encuentran cada vez más comandados por unas pocas corporaciones que ejercen un control monopólico sobre sus principales áreas de operación”[16] (Murdock, 2017: 45).

En el mundo de la televisión lineal la regulación suele incluir reglas de tipo “mustcarry” y “mustoffer”, que garantizan que determinadas señales, entre ellas las de aire y las de titularidad estatal, sean incluidas en la grilla de los sistemas de televisión digital terrestre, de cable o satélite. En algunos casos, las normativas ofrecen además indicaciones precisas sobre el ordenamiento de la grilla de la TV paga para agrupar las señales por temas y garantizar visibilidad a las de servicio público. Estas regulaciones, no obstante, fueron diseñadas antes o en medio de la emergencia de internet como plataforma de distribución de contenidos audiovisuales. La traducción de estos principios al mundo online podría reconocerse en la noción de “prominencia”[17] que exige a las plataformas online que determinados contenidos tengan cierta visibilidad en el catálogo a demanda o en la grilla electrónica de programación. No obstante, se trata de un concepto difuso, sin mayor desarrollo, cuya implementación en última instancia queda enteramente en manos de los propietarios de las plataformas, que tenderán a basar sus decisiones editoriales en criterios comerciales que les permitan retener a los usuarios la mayor cantidad de tiempo posible en sus plataformas, antes que en la experimentación o promoción de la diversidad.

Según el ya citado informe de OFCOM de 2018 los medios públicos del Reino Unido se han adaptado adecuadamente a los cambios tecnológicos pasados y desarrollos del mercado, y el ente regulador confía en que puedan volver a adaptarse a los desafíos de la era digital siempre que tomen las acciones adecuadas. Sin embargo reconoce que para eso puede llegar a ser necesario “el acompañamiento del Parlamento y el regulador”[18] (2018: 5). Al respeto OFCOM sugiere una posible extensión del régimen de “prominencia”[19] al actual régimen de visualización a demanda: “si el Parlamento considerara que la prominencia en los servicios a demanda es crucial para la salud futura del servicio público de radiodifusión, y esto pudiera alcanzarse únicamente a través de la regulación, dicha legislación sería necesaria”[20] (2018: 13). Sin embargo, reconoce también que “la creciente importancia de la personalización, los motores de recomendación y la búsqueda por voz dificultarán la regulación de cualquier tipo para garantizar el prominencia [online]” y da cuenta de la existencia de un debate internacional acerca de cómo abordar los desafíos de prominencia a largo plazo[21]. (2018:12)

En este subapartado de cierre hemos seleccionado deliberadamente una serie de autores y documentos provenientes del contexto europeo para plantear la preocupación existente en relación a la posibilidad de pérdida de relevancia o prominencia de sus televisoras públicas en el entorno online. No es un hecho menor siendo que se trata de uno de los centros de poder del mundo, donde la radiodifusión de servicio público cuenta con larga tradición y en muchos países es aún relevante y competitivo. Esta decisión busca introducir la pregunta por la situación marginal de la televisión y la radio públicas en América Latina y sus posibilidades reales de un desarrollo expansivo y relevante en internet desde un contexto periférico, teniendo en cuenta el contexto mediático de creciente tendencia hacia la mundialización.

Como plantea Varela (2014), si existiera una “historia mundial” de los medios, es difícil imaginar en ella un lugar destacado para América Latina. Polémica al margen, la autora continúa y dice además que si esa historia mundial existiera “estaría probablemente dominada por los países que ´inventan´ las técnicas y las incorporan en su sociedad por primera vez” (2014: 267). Asumiendo incluso una inevitable introducción periférica, ¿cómo pensar la especificidad latinoamericana en este “nuevo” contexto? ¿Hay todavía margen para el diseño de respuestas a nivel regional? ¿Cuáles son las condiciones de producción sobre las cuales las televisoras públicas estatales despliegan sus servicios en línea? ¿Qué estrategias pueden y deberían implementar estos actores estatales para un desarrollo expansivo y prominente en el entorno digital? ¿Cuáles son, en definitiva, sus condiciones de posibilidad ante los desafíos que les plantea internet?

Esta tesis busca brindar algunas respuestas en relación a las últimas tres preguntas a través del análisis comparado de dos casos nacionales, Argentina y Chile. Por su parte, en las conclusiones ofrece algunos antecedentes para pensar sobre la integración regional y cooperación internacional como alternativa para el sector público estatal ante el avance de las fuerzas globales del mercado. Esto último constituye a su vez un área de estudio que se (re)abre para futuras investigaciones.


  1. Más allá de los modelos originales provenientes de las telecomunicaciones (ver modelo OSI desarrollado por la ISO), desde las ciencias sociales, algunos autores proponen estudiar internet a través de una serie de capas o niveles. Zukerfeld propone un análisis de cinco niveles: Infraestructura, Hardware, Software, Contenidos y Red Social. Este trabajo se concentra especialmente en las capas de nivel superior, que Lessig también denomina capa de Aplicación (Zukerfeld, 2010 y 2014; Bolaño, 2013; Lessig, 2001).
  2. La Digital Millennium Copyright Act (DMCA en inglés) es una ley estadunidense de 1996 que penaliza la producción y difusión de tecnología, dispositivos o servicios destinados a eludir las medidas que controlan el acceso a obras protegidas por derechos de autor. Incluye entre sus previsiones el sistema de notificación y bajada de contenidos una vez que el intermediario ha tomado conocimiento de alguna posible infracción al copyright sin necesidad de intervención judicial.
  3. Stop Online Piracy Act (SOPA en inglés) y la Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA en inglés) fueron proyectos de ley presentados en el Congreso de Estados Unidos entre mayo y octubre de 2011, que buscaban introducir mayores penas y robustecer el marco de protecciones sobre los materiales protegidos con derechos de autor que se comparten en internet. Luego de numerosas movilizaciones de la sociedad civil y el rechazo de algunos actores relevantes de la economía digital, ninguna de estas iniciativas logró prosperar.
  4. La cifra no expresa usuarios únicos sino la suma acumulada de cuentas en las distintas plataformas propiedad de Facebook.
  5. El concepto de economía de escala hace referencia al beneficio que obtiene la empresa al incrementar su tamaño. La empresa se beneficia de la economía de escala en la medida que reduce sus gastos de producción al expandirse; cuanto más produce, el costo de producción es menor. La economía o efecto de red se vincula con la mayor valorización de una empresa en relación a incremento en la cantidad de usuarios o consumidores: cuando el efecto de red está presente, el valor de un producto o servicio se incrementa de acuerdo al número de otros usuarios haciendo uso de ese bien. Las plataformas de internet, por ejemplo, adquieren más valor y se benefician en la medida en que más personas hacen uso de sus servicios, lo que a su vez funciona como un atractivo para nuevos usuarios.
  6. Énfasis agregado por el autor.
  7. En este trabajo utilizamos el término “medios públicos estatales”, pero no así las nociones de “medios públicos” o de “servicio público”. Esto, dado que coincidimos con Becerra (2013) quien analiza que América Latina es “una región en la que los medios de gestión estatal –salvo excepciones– no tuvieron ni misiones ni funciones de Servicio Público” (Becerra, 2013). De un modo más general, este autor señala que “la lógica comercial ha guiado casi en soledad el funcionamiento del sistema mediático” en esta parte del mundo, a lo que se suma la “ausencia de medios públicos no gubernamentales con audiencia real” (2013: 37).
  8. Desde luego, esta “crisis de los estados” se verifica de formas y con intensidades muy distintas entre los países centrales, bloques regionales como la Unión Europea, o los países periféricos del Sur global.
  9. El término video on demand (video a demanda) se refiere de forma genérica a una modalidad de acceso a los contenidos en que el usuario determina el momento y dispositivo de acceso. Se trata de una lógica de acceso distinta a la de la programación televisiva tradicional en que las pautas estaban centralizadas en decisiones del emisor.
  10. El autor identifica cinco tipos de plataformas, una de ellas las “austeras”: se trata de aquellas que, como Uber o Airbnb “intentan reducir a un mínimo los activos de los que son propietarias y obtener ganancias mediante la mayor reducción de costos posible (2018: 50).
  11. Big Data se refiere a la tecnología que hace posible la captura, gestión y procesamiento de volúmenes de datos superiores a los que puede procesar el software de una computadora regular. El data mining extrae relaciones, patrones y recurrencias a partir del análisis de grandes volúmenes de datos.
  12. Según datos del informe Digital Essentials de la consultora Business Bureau para el 3Q2019.
  13. Son datos obtenidos de la serie estadística y reportes de la Consultora OVUM.
  14. DPI: Derechos de Propiedad Intelectual.
  15. Énfasis agregado por el autor.
  16. Traducción propia, en el original: “we are witnessing an accelerating enclosure of digital space with com­mand over routine daily uses of the internet increasingly concentrated in the hands of corporations that exercise monopoly control over their primary areas of operation”.
  17. Ya en 2010 la Directiva 2010/13/UE, dispuso en relación a los servicios VOD, el fomento de la producción de obras europeas y su acceso, “cuando sea factible y con los medios adecuados”, a través de contribución financiera a la producción, adquisición de derechos y/o la incorporación en su oferta de contenidos con disposición prominente dentro del catálogo (art.13.1).
  18. Traducción propia, en el original: It can adapt again to the challenges of the digital age if it takes the right action, with the support of Parliament and the regulator.
  19. Del original en inglés prominence, el término remite a la disposición de ciertos contenidos en la interfaz de los usuarios de las plataformas de modo que sean visibles y fáciles de encontrar.
  20. Traducción propia, en el original: Parliament were to take the view that prominence of on-demand services is crucial for the future health of the public service broadcasters and could be achieved only through regulation, primary legislation would be required.
  21. Traducción propia, en el original: […] the growing importance of personalisation, recommendation engines and voice search will make it harder for regulation of any kind to guarantee prominence. As a result, there is a growing international debate about how to address the challenges of prominence in the longer term.


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