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De la crónica al relato

Trayectorias, autoridad testimonial y gestión de la identidad entre los y las sobrevivientes de “La Perla”

Mariana Tello Weiss

A la memoria de Cecilia Suzzara y de Eduardo Pinchevsky

Este artículo analiza las trayectorias testimoniales de los y las sobrevivientes del centro clandestino de detención (ccd, en más) conocido como “La Perla” en Córdoba a la luz de sus condiciones de posibilidad[1]. Las trayectorias que analizaré resultan interesantes en el sentido de que revelan extensas y complejas elaboraciones de la experiencia concentracionaria que luego emergen, como la punta de un iceberg, en la comparecencia de los y las sobrevivientes en diferentes escenas judiciales.

Partiré de los planteos esbozados por Pollak (2006) acerca de la dimensión moral[2] en el proceso de selección entre lo que es recordado, olvidado o silenciado en los testimonios sobre las experiencias concentracionarias, para luego analizar cómo esta reelaboración se expresa en la escena judicial. Los testimonios sobre situaciones límite –señala Pollak– tienen un efecto dilemático en la construcción de identidades: la necesidad de relatar sus experiencias en nombre de aquellos y aquellas que solo lo harán con su muerte es imperiosa; sin embargo, implica relatar situaciones denigrantes, poco comprensibles para la “moral corriente”, que en su enunciación exponen no solo la situación, sino a la o al testigo. Entonces –se pregunta–, ¿cómo relatar dignamente experiencias que han sido extremadamente indignas? Las experiencias concentracionarias producen identidades heridas, cuyo relato entraña una constante gestión de la imagen de sí que gravita entre la reproducción de esa herida y su capacidad de sutura.

Es esta tensión entre la exposición de las situaciones vividas en ese mundo invertido moralmente y su potencial sutura por medio del testimonio lo que me interesa retomar en este escrito. Desde una perspectiva etnográfica, pretendo trascender el análisis del testimonio como fuente para situarlo en la perspectiva de las propias personas sobre la práctica de testimoniar ante la Justicia y sus sentidos.

La búsqueda de justicia –entendida como una forma de reivindicar a las víctimas y lograr un castigo para los responsables– es central para comprender la génesis de los testimonios. Pero, al relatar las propias experiencias ante la Justicia, subyace una serie de mediaciones en la elaboración de la experiencia donde la dimensión moral es axial en lo que posibilita el testimonio y en la selección de lo que en él se dice. El análisis de la dimensión moral[3], que subyace a la faceta jurídica en la práctica de testimoniar, por lo tanto, requiere un análisis en profundidad. Así, a partir del análisis de trayectorias testimoniales extensas de personas que, como veremos en más, se transformaron en “testigos clave”, analizaré el proceso de génesis y el devenir de sus testimonios en paralelo a la consagración de una autoridad testimonial (Tello, 2015). Me enfocaré en la relación entre los juicios de hecho o juicios de valor (Burgi-Golub, 1998) que atraviesan la memoria sobre las experiencias concentracionarias como dos dimensiones que entran en tensión en los requerimientos de una palabra y en la selección de lo narrado, impactando en la autoridad fáctica o la autoridad ética para sentirse en derecho de tomar la palabra.

Desaparecer

Para comprender el devenir de las experiencias que analizamos en este artículo, es necesario describir brevemente en qué consistió la represión en ese ccd, las experiencias de los y las cautivas y las identidades que estas configuraron a partir de las posiciones ocupadas en el universo concentracionario.

La Perla funcionó como ccd entre 1976 y 1978 dentro del territorio del iii Cuerpo de Ejército y bajo el mando del entonces Gral. Luciano Benjamín Menéndez. Allí se centralizó, a partir del golpe de Estado, el exterminio de la oposición política en Córdoba, uno de los centros fabriles y estudiantiles más movilizados de Argentina. Se sabe que por el lugar “pasaron” entre 2300 y 2500 personas, de las cuales unas 200 sobrevivieron y las restantes corrieron otra suerte: la del “traslado”, eufemismo con el que, en la jerga concentracionaria, se nombró al asesinato y la inhumación clandestina.

La Perla fue un dispositivo represivo montado para la centralización de la represión en la provincia, para la “eliminación” de la oposición política. Un dispositivo muy efectivo en la erradicación física de las y los opositores, pero, además, en la disciplina por medio del terror.

Con base en la documentación que emana de los órganos dirigentes de las fuerzas –la Comunidad Informativa, el Comando del iii Cuerpo de Ejército–, se pueden inferir algunas prioridades en la represión –como los sectores obreros y estudiantiles en una primera etapa, organizaciones clandestinas luego y finalmente grupos de apoyo– que se expresan en regularidades estadísticas entre las víctimas. Pero es necesario señalar que, dentro de la regularidad del exterminio, eran los propios agentes de Inteligencia quienes ejecutaban en forma directa la política represiva, y la arbitrariedad parece ser la regla que regía la decisión de a quiénes matar, hacer vivir o dejar morir (Foucault, 1996).

Es dentro de esta arbitrariedad donde la supervivencia comienza a ser una posibilidad. Se puede decir que, en Córdoba, la mayoría de las detenciones se dieron entre marzo y julio de 1976 y se enfocaron, en primera instancia, en militantes “de superficie”, principalmente gremiales y estudiantiles. A partir de allí, comenzaron a ser secuestrados militantes que se encontraban en la clandestinidad, en su mayoría pertenecientes a organizaciones político-militares. Hacia mediados de ese año, con sus principales “blancos” agotados, la represión empezó a implantar para con las y los prisioneros una política que denominaba “estratégica” y que planteaba, además del exterminio, la “colaboración”[4], lo cual tendría profundos efectos en la perpetuación del terror.

El eufemismo de la “colaboración” implicaba la utilización[5] forzada de las y los prisioneros para los fines del dispositivo concentracionario e implicó que algunas personas –portadoras de ciertos capitales evaluados como valiosos– “duraran” y que así posibilitaran, a la larga, la supervivencia de otras personas. Como en otros ccd, en La Perla fue implementada la práctica de mantener con vida a ciertos prisioneros y prisioneras a los cuales se les adjudicaban tareas y la creación de estatus específicos, lo cual tuvo como corolario la conformación de identidades con características de estigma. En La Perla a estas personas seleccionadas para “durar”, los represores les adjudicaban el mote de “colaboradores”.

Así, se dejó vivir a ciertos cautivos y cautivas a los cuales se les permitía estar sin venda mientras realizaban diferentes tareas. En ese contexto, se dieron situaciones paradojales que son centrales para analizar la dimensión moral de la que nos ocupamos en este artículo. Por un lado, los represores presentaban la sobrevida como voluntaria, pero lo cierto es que esta nunca dependió de la voluntad de las víctimas. Por otro, si bien constituye una excepción respecto del destino asignado a quienes caían dentro de la maquinaria de exterminio, no se registran ccd que no hayan tenido sobrevivientes. Es más, un abordaje sociológico de la conformación de estos estatus diferenciales al interior de las víctimas, así como de su potencial sobrevida, nos permite inferir que ellos fueron parte y resultado de un método. Estos procesos, que combinaron el matar, el dejar morir y el hacer vivir, pueden ser vistos como facetas de un mismo dispositivo de disciplina mediante el terror y la combinación de lo “voluntario” y lo “excepcional” como parte de una política que buscó sembrar la desconfianza y la sospecha hacia los y las sobrevivientes de modo duradero.

En concreto, en estos ccd, lo que llamaban “colaboración” implicaba tener ciertas tareas asignadas que variaban según los capitales previos de las y los prisioneros: desde labores de mantenimiento, “de oficina”, limpieza y reparto de comida, hasta otras más dilemáticas moralmente, como el control de los signos vitales durante la tortura por parte de quienes eran médicos[6] o personal sanitario, o un supuesto “asesoramiento” con base en la interpretación de materiales producidos por la prensa o por organizaciones político-militares[7].

Este tipo de “utilidad” que el dispositivo concentracionario vio en ellos y ellas les permitió a algunos y algunas “durar”, retrasar la concreción de su condena a muerte y en algunos casos sobrevivir, pero generando al mismo tiempo otras tensiones. Seguir con vida, sí, pero en un universo donde el sufrimiento y la muerte eran cotidianos; “durar”, pero a razón de ser expuestos y expuestas constantemente a la mirada de los otros prisioneros y prisioneras en una proximidad “de hecho” respecto de sus captores. Situados en una zona gris, el sinfín de dilemas éticos que se plantearían en esa situación y luego a la hora de narrarla es lo que hace de la identidad de los y las sobrevivientes identidades heridas y del testimonio un artefacto en el filo entre la reestigmatización y la sutura de estas.

Se podría aplicar aquí, tal como señala Pollak, que esas experiencias, al límite de lo vivible, están por lo mismo al límite de lo decible. El haber permanecido más tiempo en el “campo”, haber podido “ver”, “saber” y “conocer” la lógica concentracionaria, el poder identificar a víctimas y a victimarios los tornó testigos “clave”, con una autoridad de hecho incontrovertible en el ámbito judicial. Sin embargo, esa misma cuestión los pondría en una situación paradojal respecto de sus antiguos grupos de pertenencia o de cara a la moral corriente, ese “durar” dentro del campo. La “participación” en ciertas tareas y la identificación de estas y estos prisioneros por parte de la lengua represiva como “colaboradores” vulneró, ante sus anteriores comunidades de pertenencia, su autoridad ética para la toma de la palabra. Es por esto por lo que, para relatar lo que se vio y se supo, habría que resolver el lugar de esa enunciación, la posición desde donde se vio o se supo y la posición que se asumiría con el hecho de testimoniar.

(D)enunciar

Por encima de esta tensión entre la autoridad ética y la autoridad de hecho que implica el testimoniar, la obligación moral de contar lo vivido es una razón que estructura los testimonios desde el origen. Entre los y las sobrevivientes de La Perla, “sobrevivir para contar” se convirtió, a lo largo del periodo de reclusión y también después, no solo en un imperativo y una “deuda” con aquellos y aquellas que no volvieron, sino en un horizonte que otorgó cierto sentido al sinsentido de la experiencia, al desconcierto de la sobrevida, a la inversión del mundo y al arrasamiento de la subjetividad que implicó la experiencia concentracionaria.

Los y las sobrevivientes, sobre todo los expuestos a esas zonas grises, fueron quienes posteriormente estuvieron en condiciones de transformarse en testigos “clave” por haber visto y sabido, pero también en quienes las condiciones del testimonio como denuncia y como gestión de la identidad se encuentran más imbricadas. Más allá de las tensiones que tuvieron que atravesar para estructurar su relato, elaboraron denuncias desde épocas muy tempranas.

En este “sobrevivir para contar”, debemos reparar, primero, en la importancia que adquiere un saber en torno al fenómeno de la “desaparición”. Tal como señala Jelin (1995), la desaparición como política no consiste solo en la apropiación de un cuerpo –vivo o muerto–, sino también de un saber sobre este, sobre las coordenadas que sitúan su existencia y sobre su estatus. “No es”, “no se sabe”, “no está… ni vivo, ni muerto”, en las célebres palabras del dictador Jorge Rafael Videla. Ese no saber, no ser, no estar posiciona a las y los sobrevivientes, por un lado, dentro del conjunto de aquellos que “no estuvieron”, que “no eran”, pero que supieron, y, por el otro, los convierte en mensajeros y mensajeras de lo último que se puede llegar a saber sobre miles de personas que, sencillamente, no volvieron.

Los asesinatos por razones políticas no son una novedad en la historia argentina, pero sí la siniestra tensión entre el poder de matar, el ocultamiento del hecho y la apropiación del cuerpo y del saber sobre ese cuerpo que implica la desaparición de personas. Ante el silencio intencional y total de los perpetradores sobre el destino final de miles de personas, los testimonios de los y las sobrevivientes de los ccd se convierten en la última huella sobre su existencia.

En el contexto del “campo”, el terror a la muerte propia se combinaba con un terror al desconocimiento, indeterminado en el tiempo también, sobre lo que estaba pasando “adentro”. Al principio, la única esperanza estaba depositada en los gendarmes que custodiaban el predio, percibidos como miembros periféricos de las Fuerzas[8] y, por lo tanto, los más permeables a romper el pacto de silencio a nivel corporativo. Desde allí comenzó a esbozarse una esperanza, como una alternativa a la “espera” de que se concretara la sentencia a muerte que les había sido anunciada al llegar. Si no se podía evitar morir, al menos un resquicio de expectativa se ceñía en torno a que se supiera “algo”.

Los primeros testimonios sobre La Perla fueron gestados cuando las personas aún se encontraban en cautiverio, en una etapa denominada –en las categorías nativas– como “libertad vigilada”[9]. En este contexto, donde se esbozaba con mayor certeza la posibilidad de sobrevida, comenzaron a elaborar listas. Una aproximación etnográfica a las memorias del origen de los testimonios pone en primer plano al “deber” –más o menos explícito– de testimoniar en nombre de aquellos y aquellas que solo lo harían con su ausencia. Y la forma de fijar esas identidades era escribir sobre ellas, elaborar listas con esos designadores rígidos (Bourdieu, 1999) de la identidad que son los nombres propios. Es por eso por lo que los testimonios, antes de ser relatos, fueron listas. Ana Iliovich, una de las cinco personas secuestradas durante la primera parte de 1976 que sobrevivió, comenzó a ser sacada del ccd bajo “libertad vigilada” a mediados de 1977. En cada una de esas salidas, ella “robaba” nombres:

Lo digo ahora como muy reflexivamente, no sé si fue tan pensado, fue casi un impulso de empezar a escribir nombres de la gente que había pasado por ahí, entonces cada vez que salía escribía… Yo digo 10 nombres, no sé si eran 10, 8, 12, pero yo me había planteado una consigna y trataba de retener los nombres y los escribía en mi casa, en el cuadernito, y mi papá me lo escondía. Y también escribí los nombres de los milicos.[10]

Las identidades recordadas y luego vertidas en las listas obedecían, como toda memoria, a un proceso selectivo (Goody, 1985). Es así que una aproximación a cómo fueron confeccionadas las primeras listas, donde el principal criterio de clasificación era listar compañeros y compañeras “trasladados”[11], por un lado, y los responsables de esos “traslados”, por otro, muestra un primer acto de justicia en la atribución de responsabilidades. El criterio de transcripción de listas de Ana, en lo que a las víctimas concierne, refleja una copia del inventario “oficial” de prisioneros y prisioneras que, por triplicado, se confeccionaba diariamente en el ccd. Por otro, un registro del nombre de “ellos”, de los perpetradores.

Como otros y otras sobrevivientes, el criterio de selección de los nombres memorizados fue, en principio, militante: identidades de miembros de la propia organización, a veces también con su “nombre de guerra”[12], ordenados por “caídas”[13]. Esta reconstrucción, en la mayoría de los casos, tenía en principio un destinatario: “la orga”. Lo cierto es que, al salir, los contactos con “las orgas” fueron complejos, ya sea porque estas se encontraban diezmadas, o porque –en experiencia propia o en las que se iban conociendo– la escucha de las “conducciones” fue al menos problemática.

En este caso, donde en la lógica de memorialización primó lo militante, se introduce otra variable, una desagregación por “situación”: “trasladado” o “liberado”, es decir, asesinados y asesinadas y sobrevivientes.

En estos primeros testimonios, los organigramas y listas de responsables fueron también minuciosamente detallados por rangos, nombres y alias que luego serían completados con el relato de las situaciones de las que fueron partícipes.

Las listas para las víctimas y los organigramas para los victimarios, entonces, serían un potente dispositivo de conformación de identidades basado en el ordenamiento de responsabilidades. Las víctimas igualadas en una columna, los victimarios en una cadena de jerarquías piramidales, que darían cuenta de su grado de responsabilidad en la represión. Las listas posteriormente se incluyeron en relatos que consagrarían narrativas modelares, integradas por elementos tendientes a objetivar la experiencia, tornándose pruebas ajustadas a lo que entendemos como datos constitutivos de una verdad: la ubicación del campo, las características de las violencias sufridas, la identidad de –potenciales– víctimas o victimarios.

Esto fue complementado con el relato de hechos presentados en forma de casos individuales o de casos colectivos agrupados bajo una identidad común que los constituyó como “blancos” de la represión –religiosos, sindicalistas, estudiantes secundarios– o bajo una característica particular, como es el caso de las secuestradas embarazadas.

Ya presentados ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (conadep), en 1984, estos textos agregaron una introducción que basaba la voluntad de testimoniar en un deseo de justicia y en una apuesta a la no repetición de las atrocidades vividas. En estos se fue vislumbrando la asunción de una responsabilidad como testigos, dando cuenta también de cierto manejo de los mecanismos jurídicos de validación y de lo jurídico como escenario potencial. La denuncia funciona como una práctica de justicia basada en el hacer saber y en el cristalizar y legitimar lo vivido como verdad.

Por otro lado, la asunción de una autoría plasmada en la firma del testimonio lo muestra como un artefacto de reconstrucción frente a la enajenación de estatus identitario y jurídico que supuso la “desaparición”. El relato en primera persona –mucho más comprimido en las formas de testimonialidad siguientes– ofrece en estos testimonios un sinfín de detalles sobre la propia identidad que resultan reveladores de la naturaleza híbrida –entre lo subjetivo y lo objetivo– del género testimonial.

El tipo de escritura recuerda al género etnográfico[14]: un género que da cuenta de un modo de conocimiento fenomenológico, en primera persona, transformado en generalización objetivable y verdadera. Un género que cabalga entre el discurso objetivo, judicial, y los recursos literarios que hacen que quien lee pueda imaginar lo desconocido, necesariamente dotado de un realismo que hace asistir al lector a un mundo extraño, al tiempo que convence que el testigo efectivamente estuvo allí[15].

Estas descripciones tienden a poner al “público” en un contexto que intenta recomponer la comprensión mutua que hace al sentido común, quebrada por el paso por el “campo”. Entre ambas caras del género testimonial, la subjetiva marcada por la inversión del mundo y la objetivable que busca constituir el relato en prueba, se produce la amalgama entre la construcción de una realidad y de una entidad del yo que enuncia y que he denominado autoridad testimonial. Entiendo por esta la capacidad de los y las testigos para validar su experiencia como autorizada, en ambos sentidos de la palabra: asumida como responsabilidad y legitimada como verdad. Constitutiva, al mismo tiempo, de una identidad autorial y de un capital específico movilizado dentro del campo jurídico que se sujeta, por un lado, a su adecuación a los regímenes de verdad que la ciencia y el derecho imponen a este tipo de relatos (Calveiro, 2006); es decir, su faceta “objetiva”, a lo que, en una epistemología positivista, sería calificado de “datos verificables”. Por otro, a la noción de autoría –el lugar del yo en el relato y su eficacia performativa– y su relación con los conceptos de autoridad de hecho y autoridad ética analizados anteriormente.

En la construcción de esos relatos y de la autoridad testimonial que los sustenta, las zonas grises que pueblan las experiencias concentracionarias y que “dañan” la identidad propia o ajena constituyeron un terreno de disputas a lo largo del tiempo. Aquella autoridad de hecho para tomar la palabra se vio permanentemente amenazada por los tabúes –el uso de las armas en la militancia, la supervivencia al “campo”– que atraviesan el ejercicio y el padecimiento, de modo alternativo, de la violencia política por parte de los y las sobrevivientes. Esta disputa, luego, se plasmaría en las performances judiciales que terminarían por consolidarse como las principales escenas de disputa de esas identidades heridas (Pollak, 2006).

A partir de la escritura de esos primeros testimonios sobre La Perla, estos fueron puestos en circulación de muchas maneras. Hacia fines de los años 70 y principios de los 80, al igual que otros escritos referidos a ccd distintos (González Tizón, 2020), circularon en el exterior del país con mediación de organizaciones no gubernamentales como la cadhu o Amnistía Internacional, y fueron expuestos en organismos gubernamentales de los países de exilio o ante la prensa. En el país, fue con la reapertura democrática cuando se publicaron los primeros testimonios, inicialmente de forma anónima y luego firmados. Finalmente, la escena refundacional de la democracia inauguró un periodo de solicitación de la palabra a los y las sobrevivientes, ahora como testigos, con la creación de la conadep en 1984 y el Juicio a las Juntas en 1985.

Aparecer

En el informe de la conadep, enmarcado además en un clima de época donde todos los horrores cometidos por la dictadura salían a la luz y conmovían la opinión pública, las denuncias de los y las sobrevivientes tomaron gran notoriedad. Ante el horizonte judicial que planteó la instrucción de la causa 13/84, esta notoriedad se transformó en exposición y comenzaron las amenazas a los y las sobrevivientes, potenciales testigos en el terreno judicial.

Los represores, aún activos, tuvieron en el caso “La Perla” diferentes estrategias para acallar sus denuncias: fueron a buscar a algunas personas a sus casas y las obligaron a firmar declaraciones en las cuales decían que no habían recibido malos tratos de su parte. Otras, que ya habían declarado, fueron amenazadas. En otros casos, les sacaron a relucir causas judiciales, anteriores al secuestro, que no habían prescripto, o se les “inventaron” otras, en ocasiones con la connivencia de algunos juzgados.

Cecilia Suzzara relata que ya había sido amenazada en varias ocasiones antes de ir a la conadep. Antes de las declaraciones en el Juicio a las Juntas, Cecilia y varios de estos testigos “claves” habían declarado en los juzgados federales locales, y luego de hacerlo se encontraban con los represores esperándolos afuera –o incluso adentro– de Tribunales. El caso de Gustavo Contepomi, en este sentido, resulta “ejemplar”. Gustavo fue procesado en 1984 por una causa emanada del propio iii Cuerpo del Ejército –en la cual se le atribuía la autoría de un atentado– después de la publicación de su testimonio en La Voz del Mundo –un periódico local– y, luego, en un libro en coautoría con Patricia Astelarra titulado Sobrevivientes de La Perla. Por esto mismo, Gustavo concurrió a declarar en el Juicio a las Juntas mientras estaba preso. Su testimonio en este proceso judicial es revelador de lo que implicó “aparecer” en la escena judicial y los intentos de desacreditación del contenido de los testimonios a través de la desautorización de las y los testigos. Al preguntársele cómo “vio”, José María Orgeira, abogado defensor de Roberto Viola, intentó instalar un debate sobre la “colaboración”, la cual ya había sido rebatida por el propio testigo al explicar su carácter de “forzada”:

Dr. Orgeira: Para que diga si por su condición de colaborador, forzada, pero colaborador, al declarante también se le colocaba –como él dijo– a los demás detenidos, se le reforzaba la atadura de las vendas, como manifestó en un principio de su declaración, o si en el caso del declarante no ocurría así.
Dr. Gil Lavedra: ¿Usted estaba en iguales condiciones que el resto de los detenidos?
Contepomi: Todos los detenidos estábamos en las mismas condiciones, pero voy a aclarar algo, ya que se trae a colación el tema de la colaboración; los interesados siempre desde el momento de nuestra liberación, cuando nuestros torturadores y nuestros secuestradores previeron la posibilidad de que podíamos llegar a testimoniar en su contra, iniciaron una campaña diciendo que habíamos sido sus colaboradores algunos de sus detenidos o secuestrados; esa campaña obviamente estaba destinada a generar desconfianza en la opinión pública, a invalidar los testimonios, porque obviamente colaborar supone un rasgo de inmoralidad o de falta de dignidad. Esa campaña, además, estaba también… está actualmente destinada a confundir a la opinión pública desviando el eje de la atención, y… perdón, y quiero decir que el hecho justamente que la defensa trae a la colación…
Dr. Gil Lavedra: Suficiente, suficiente.

Ante el intento de vulnerar su autoridad ética y, a través de esto, su autoridad de hecho, el defensor fue enérgicamente repelido por uno de los jueces del tribunal, pero, tanto esto como el tema de la participación en hechos de violencia política –por el cual Contepomi estaba procesado en ese momento– condensan un nudo de condenas. En aquella escena fundacional, esos juicios de valor, que hacían eco en lugares del sentido común, pesaron sobre los y las sobrevivientes devenidos en testigos, atravesando sus comparecencias en rituales judiciales y la selección entre aquello que debe ser recordado, olvidado o silenciado.

Lo que es interesante notar es que, en la performatividad de identidades basadas en la responsabilidad sobre ciertas transgresiones o delitos, la escena judicial aparece con una potencia insoslayable. Si los primeros testimonios fundan una autoridad testimonial y la identidad del testigo, la comparecencia en la audiencia pública parece haber sido el germen de la conformación de las identidades de los y las sobrevivientes como víctimas.

La sentencia de la causa 13, de hecho, tiene ambivalencias curiosas en torno al encuadramiento de los y las sobrevivientes devenidos en testigos “clave” y a su calidad de víctimas. Teniendo en cuenta lo analizado sobre las coartadas simbólicas para desacreditar su autoridad en el juicio, un hecho que parece haber sido decisivo en el establecimiento de pruebas para el reconocimiento de algunas personas como víctimas a diferencia de otras fue su presencia en la sala de audiencias. Con situaciones similares durante el periodo de secuestro y trayectorias testimoniales homólogas, la sentencia de la causa 13 señala en el caso de Graciela Geuna, por ejemplo, que, si bien están probadas su calidad de detenida y las torturas que sufrió, “no se encuentra probado que […] fue obligada, exclusivamente mientras estuvo alojada en el interior de las dependencias de ‘La Perla’, a efectuar diversas tareas que le indicaban sus aprehensores sin recibir remuneración alguna”. Habiendo declarado por exhorto, los y las sobrevivientes residentes en el exterior tienen dictámenes disímiles en relación con su consideración como víctimas, por lo que puede suponerse que un factor decisivo para el encuadramiento en esa figura fue poder defenderse de las acusaciones que, como vimos más arriba en el caso de Gustavo Contepomi, esgrimían los abogados defensores.

Relatar

Saltándonos veinte años[16], quisiera abordar la etapa que configura el reinicio de las causas por delitos de lesa humanidad: en 2008, con la causa “Brandalisis” y posteriormente, en 2012, con la megacausa “La Perla”. A esta última, y para el tema que nos ocupa, se acumuló la causa “Acosta”[17], más conocida como “la causa de los sobrevivientes”, instancia en la cual declararon sobre los delitos de los que fueron foco no solo otras personas, sino ellas y ellos mismos, ya encuadrados como víctimas.

En esta causa los miembros de la “patota” fueron juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra 139 sobrevivientes. Si bien en el transcurso de esos años se fue construyendo, en el ámbito social y político, un cierto consenso en torno a que toda persona que estuvo en calidad de detenida en un ccd es una víctima, en el ámbito judicial esta no parece haber sido una posición uniforme. Por razones que tienen que ver con la posibilidad –o la imposibilidad– de legitimar la autoridad testimonial en una trayectoria de testimonios a lo largo de 40 años y de encontrar comunidades políticas que los y las contuvieran, algunos y algunas sobrevivientes lograron disputar a lo largo de esos años esa negación de su calidad de víctimas –una identidad con un valor ambivalente, contradictorio con sus identidades militantes, además– y otros y otras no. Suele coincidir que aquellas personas más estigmatizadas por las tareas realizadas durante la reclusión, principalmente los médicos, no hayan podido o no se hayan sentido en el derecho de declarar. Esto llevó, en muchos casos, a imputaciones en algunos juzgados que solo consideraban su “participación” en algunas escenas como las torturas, independientemente del carácter forzado de cualquier acción en ese contexto[18].

Quisiera cerrar con el análisis de la variedad de desenlaces en términos del devenir de esas trayectorias testimoniales en el caso de las y los sobrevivientes de La Perla. Frente a los y las 139 sobrevivientes legitimados como víctimas –de los cuales alrededor de 20 pertenecen al grupo en la situación que analizamos apartados atrás–, encontramos tres casos que fueron excluidos de la causa “Acosta”. Es decir, que no fueron considerados víctimas. Es el caso de Roberto Fermín de los Santos y Dora Zárate. Ambos eran médicos y estuvieron secuestrados desde el 24 de marzo del 76, durante lo cual fueron obligados a estar presentes en las sesiones de tortura y a controlar signos vitales de otras víctimas. De los Santos fue liberado a finales del 76, mientras que Zárate permaneció secuestrada hasta 1978. Acosada por uno de los agentes de Inteligencia dentro y fuera del “campo”, terminó casándose con él, tuvo hijos y, en más, vivió y murió en oscuras circunstancias. Por otro lado, se encuentra también el caso de Eduardo Pinchevsky, estudiante de medicina en ese momento. Pinchevsty “cayó” en julio de ese año y vino a reemplazar en este rol a los otros dos médicos[19]. Zárate nunca declaró, y De los Santos hizo una declaración a principios de la democracia[20], pero fue inmediatamente amenazado y obligado a desdecirse, al ser procesado por falso testimonio. Pinchevsky fue una de las personas obligadas a firmar declaraciones ya redactadas bajo amenaza en ese momento, en los 90 declaró bajo identidad reservada y solo en este último ciclo testimonial pudo hacerlo con su propio nombre, en sus palabras, “para limpiar su nombre”, ya que había sido acusado de “represor” en numerosas ocasiones.

El no reconocimiento de su condición de víctimas en el que permanecen estas personas parece responder en parte, y en grados, a los tres factores antes analizados: su posición en el “campo” y las situaciones en las que se vieron forzados a participar por su calidad de médicos, su posibilidad de forjar y afirmar una autoridad testimonial en el tiempo, su agregación a una comunidad de pertenencia que les permitiera gestionar, disputar el estigma.

En este último ciclo testimonial, solo Pinchevsky pudo testimoniar. Lo hizo “dando cuenta de sí” para no ser “hablado” por otros, para rebatir el estigma afirmado por sus antiguos captores, que no dudaron en calificarlo de “uno de los nuestros”. Las otras dos personas quedaron en esa zona de enunciación donde la palabra no es requerida, ni puede ser dada.

Otros devenires, de testimonios que suturaron la identidad, tuvieron como marca diferencial la posibilidad de encontrar lugares intermedios, pequeños públicos[21] donde lo que ha sido calificado de “inenarrable”, la brecha entre la autoridad de hecho y la autoridad ética para la toma de la palabra, pudo ser nombrado, contextualizado, escuchado antes de acceder a ese gran público que constituye la escena judicial.

Una trayectoria testimonial extensa y su consideración como víctimas instaron a que algunas y algunos de ellos decidieran hacer introducciones a sus testimonios. Estas desbordan lo judicial tanto en forma como en contenido: pasan por alto los estrictos rituales dominados por el interrogatorio para tomar la palabra –si bien solicitando permiso– autónomamente. Las introducciones son reflexiones extensas, relatos que desbordan los tópicos del interrogatorio judicial, pero que apuntan a restituir un contexto a las situaciones vividas en primera persona. Con esas intervenciones, los y las sobrevivientes han logrado disputar el ritual jurídico reclamando un lugar para la primera persona en la toma de la palabra. El dispositivo, con sus mediaciones, hizo en muchos casos que esto fuera posible y con ello pasar “de la crónica al relato”, en palabras de Cecilia Suzzara, habilitando un desplazamiento no solo en el tipo de enunciado, sino en la posición del que enuncia y, con ello, de su identidad. La escena judicial, finalmente, ha sido el ámbito de mediación de añejas disputas sobre la “colaboración”, posibilitando un relato más amplio sobre las condiciones que llevaron a algunos sujetos a estar en determinadas circunstancias.


Algunos autores han señalado que los juicios constituyen la clausura del debate sobre el pasado. Un abordaje etnográfico del caso que hemos analizado en este artículo parece al menos matizar esa afirmación. Los juicios no solo no han clausurado el debate, sino que han permitido ordenarlo. Como hemos visto a lo largo de este artículo, cuando de crímenes aberrantes se trata, los procesos de memoria –que implican conflictos, debates siempre inconclusos– son inseparables de los procesos de adjudicación de responsabilidades. La mediación de una institución supraindividual como la Justicia permitió establecer un punto de partida común, al (re)establecer reglas desde donde disputar el sentido de ese pasado. Los juicios en Argentina, lejos de clausurar el debate, han sido, a mi modo de ver, la condición de posibilidad de este en unos términos que pudieran ser reconocidos y legitimados socialmente.

Bibliografía

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Geertz, Clifford (1989). El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós Studio.

González Tizón, Rodrigo (2020). “‘Los desaparecidos empiezan a hablar’: una aproximación histórica a la producción testimonial de los sobrevivientes de la dictadura argentina desde el exilio (1976-1983)”. En Páginas, 13(31).

Goody, Jack (1985). “¿Qué hay en una lista?”. En La domesticación del pensamiento salvaje. Madrid: Akal.

Jelin, Elizabeth (1995). “La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina”. En Acuña, Carlos et al. Juicio, castigos y memorias: derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Nueva Visión.

Molas y Molas, María, Boccanera, Martha y Capriotti, María (2018). “Públicos, testimonios judiciales y psicoanálisis”. En bit.ly/3Ac7Hct.

Pollak, Michel (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades ante situaciones límite. La Plata: Ed. Al Margen.

Tello, Mariana (2015). “Yo acuso: un análisis antropológico sobre lo jurídico en los primeros testimonios acerca de La Perla”. En Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, n.º 4, pp. 90-115.

Tello, Mariana (2019). “El represor como antropólogo: apuntes para una lectura etnográfica de un manuscrito contrainsurgente”. En Corpus, n.° 13.


  1. Agradezco a María Bracaccini su colaboración en la revisión de este texto.
  2. A lo largo de este texto, utilizaré la tipografía itálica para resaltar las categorías analíticas y el entrecomillado para las categorías “nativas” o de las propias personas.
  3. Cardoso de Oliveira (2004), retomando a Levy-Bruhl, habla de una práctica moral que regula la conducta individual y colectiva, un sistema de derechos y deberes que trazan relaciones morales entre las personas. En este sentido, la práctica de “juzgar” forma parte de nuestras prácticas morales y se ajusta a regímenes morales múltiples, con más o menos peso sobre la conducta, y en ocasiones contradictorios, en este caso la moral corriente, la justicia institucional y la moral revolucionaria.
  4. En otro trabajo (Tello, 2019) analicé una suerte de manual o apunte titulado “Contrainsurgencia a partir del accionar del partido revolucionario Montoneros” obrante en el fondo documental “side”, en guarda en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. En él se detalla pormenorizadamente los procedimientos para lograr el “quiebre” de los prisioneros, entre los cuales una de las metodologías señaladas es mostrar a otros prisioneros con vida y “bien”, en actitud de “colaboración”. Dicho manual deja totalmente en claro que el “quiebre” y la “colaboración” formaban parte de una política represiva aplicada de modo sistemático.
  5. Me refiero aquí a la noción foucaultiana de disciplinamiento. Si bien esta noción fue acuñada para instituciones totales, pero en épocas de “normalidad”, no deja de ser atinada para analizar este tipo de experiencias donde, tras una brutal tortura física tendiente a volver dócil al prisionero, se buscaba, en algunos casos, tornarlo útil para el poder concentracionario.
  6. Tanto Pollak (2006) como Calveiro (2001) analizan el papel de las y los prisioneros dedicados a tareas sanitarias a partir de sus competencias específicas y lo que esto conlleva en el campo como universo invertido. El trato con el cuerpo humano y con la vida y la muerte de forma directa entraba en contradicción con los preceptos éticos y políticos anteriores de un modo mucho más radical que el que les era impuesto a prisioneros y prisioneras destinados a otras tareas. En los campos nazis, señala Pollak, las posiciones sanitarias daban, al mismo tiempo, un mínimo poder de decisión sobre los cuerpos de los demás prisioneros y prisioneras, pero, subsumidos a la lógica del campo, el poder de incidencia sobre la decisión de administrar dolor (curar, alimentar, detener la tortura) siempre resultó mínima y dilemática.
  7. Las personas eran seleccionadas por los agentes de Inteligencia para “durar” sobre la base de sus competencias para desarrollar ciertas tareas (conocimiento de idiomas, sanitarios o de construcción) o de su rango en las organizaciones de pertenencia, también sobre la base de la “recomendación” de otros y otras que habían sido seleccionados previamente. Como parte de una política “contrainsurgente” de alto conocimiento del ethos y la cosmovisión militante (Tello, 2019), las y los prisioneros de alto rango dentro de las organizaciones eran utilizados para ser exhibidos a los recién llegados a fines de propiciar el “quiebre” de estos.
  8. De hecho, la percepción no era del todo errada ya que, en los años de la reapertura, los únicos que denunciaron los fusilamientos en los que se negaron a participar y que fueron obligados a presenciar fueron dos gendarmes que se desempeñaban como guardias en La Perla.
  9. Las modalidades de liberación en La Perla fueron múltiples: algunos prisioneros y prisioneras fueron trasladados “por derecha”, es decir, a cárceles, y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (pen); otros y otras fueron trasladados a otro ccd y de allí puestos en libertad; algunos y algunas, que tuvieron un secuestro corto en relación con la mayoría –uno o dos días–, fueron abandonados en zonas despobladas. El grupo del que nos ocupamos en este artículo, una veintena de personas, atravesaron por un periodo de “libertad vigilada”, que consistía en ser llevados, primero por unas horas, luego los fines de semana, a sus casas. Finalmente, luego de un tiempo que en general duró un año, eran simplemente “controlados” sorpresivamente por algún miembro de la “patota”. Cuando comencé a investigar sobre este tema, este período era difícilmente enunciado, ya que se encontraba poblado de situaciones grises: por empezar, las personas entraban y salían físicamente del ccd, estaban “afuera”, pero secuestradas. Luego, toda la familia de la persona pasaba a estar en la misma condición, teniendo que recibir a los captores en sus casas, sin saber en ocasiones quiénes eran. Asimismo, durante ese periodo las personas eran vistas por otros y otras militantes por la calle a veces en compañía de sus captores, lo cual les valió todo tipo de condenas y sospechas. Sin embargo, este es el momento en el cual se comienza a “sacar” información del “campo”.
  10. Entrevista a Ana Iliovich, en 2012.
  11. “Traslado” era el eufemismo con el que se nombraba al asesinato.
  12. Los militantes de organizaciones clandestinas se conocían entre sí por nombres “de guerra”, los cuales usaban para el funcionamiento interno en las “orgas”.
  13. “Caer”, en la jerga de las organizaciones, significaba ser secuestrado, o asesinado.
  14. Si hay un caso paradigmático de este tipo de escritura es el pasaje del testimonio de Geuna que se titula “un día en la cuadra” y que relata minuciosamente el devenir cotidiano en el sector de La Perla destinado a alojar a las y los secuestrados. Este pasaje recuerda a la estrategia retórica de Margaret Mead cuando relata un día en Samoa. La reconstrucción de la cotidianeidad invertida por la presencia constante del sufrimiento sobre algunos mojones de “normalidad”, como la comida, resulta sumamente efectiva a la hora de situar a quien lee en esa experiencia “inenarrable”.
  15. En el análisis de este género de escritura –en la encrucijada entre lo objetivo y lo subjetivo–, me inspiro en las discusiones entre Clifford (2001) y Geertz (1989) sobre la autoridad etnográfica, ya que la posibilidad del sobreviviente de transmitir una experiencia, además de extraña, abyecta, la traducción que en ello opera, la capacidad para demostrar que “se estuvo allí”, pero ante todo de lograr una identificación del otro, el que escucha, con el protagonista de la vivencia se vale de recursos muy similares a los empleados por los antropólogos en las etnografías modelares.
  16. Por razones de espacio, no abordaré las escenas judiciales de los años 90, en las cuales se solicitó la palabra a los y las sobrevivientes ya sea en juicios en el exterior del país o en los juzgados en las causas por la verdad histórica.
  17. Se trata del expediente 16.618 caratulado como “Acosta, Jorge Exequiel y Otros. Privación Ilegítima de la Libertad y otros”.
  18. Ver el caso de Baravalle y Chomicky, en Rosario.
  19. Estos prisioneros, junto con Cecilia Suzzara, fueron los primeros en ser sacados de “la cuadra” y confinados en una “oficina”, donde permanecían separados del grueso de las y los prisioneros. Los dos médicos, por sus estigmas, fueron siempre invisibles, y solo “hablados” por otros exprisioneros y exprisioneras.
  20. El testimonio de De los Santos es interesantísimo porque relata un periodo del que casi no hay sobrevivientes, y porque lo hace desde una posición de médico, en la cual se vislumbra una preocupación especial por las lesiones que causaban las sesiones de tortura que presenció.
  21. Molas y Molas, Boccanera y Capriotti (2018) trabajan, a partir del análisis de los dispositivos de acompañamiento psicológico a los testigos, estas instancias intermedias donde la búsqueda de sentido y la puesta en palabras de la experiencia pueden ser ensayadas.


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