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El primer juicio de lesa humanidad en la provincia de Corrientes: tramas locales y burocracias judiciales

María José Sarrabayrouse Oliveira

‘Corrientes es así… en el feudo no podés hablar’

El Regimiento de Infantería n.º 9 (RI9) está ubicado en plena costanera de la capital correntina, a orillas del río Paraná y a metros del puente que comunica Corrientes con Resistencia (Chaco). Durante la última dictadura cívico-militar, funcionó como centro clandestino de detención (ccd). En febrero de 2008, se llevó adelante el juicio por el que se investigaron las torturas, muertes y desapariciones cometidas en dicho establecimiento, el cual constituyó el primer debate oral por crímenes de lesa humanidad celebrado en la provincia de Corrientes.

Al igual que en otras localidades del interior de la Argentina, en Corrientes, la realidad sobre la violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar fue mirada con recelo y desconfianza por mucho tiempo. Los hechos ocurridos en la provincia durante los setenta, si bien eran conocidos por muchos, también eran ignorados por otros tantos. En este estado de situación, tal como afirmó uno de los abogados querellantes, este juicio fue una bisagra en la provincia, ya que quitó el velo a una sociedad conservadora, dominada por el establishment y en la que durante mucho tiempo el tema de los desaparecidos fue un secreto a voces (entrevista a abogado querellante).

Distintos elementos hicieron de la causa “RI9” una causa paradigmática. En primer lugar, se trató del primer juicio oral por violaciones a los dd. hh. durante la dictadura llevado a cabo en el interior del país[1]. Por otra parte, a partir del activismo desplegado tanto por la querella como por la fiscalía, se logró el juzgamiento por centro clandestino de detención y la incorporación de la figura de asociación ilícita. Un tercer elemento resultó fundamental: poco antes del inicio del juicio, se identificó el cuerpo de una de las víctimas desaparecidas, lo que permitió, por un lado, ampliar la imputación a homicidio agravado y, por el otro, comenzar a desarmar aquella idea de que ‘en Corrientes no pasó nada’[2]:

[…] cuando se conoció la identidad, fue un antes y un después, la gente creyó de alguna manera. Cuando comienza el debate estamos en mejores condiciones dentro de la sociedad, más allá de que seguía dividida, pero había… yo creo que se logró concitar un apoyo social, digamos (entrevista a fiscal federal).[3]

Finalmente, el lugar ocupado en la sociedad correntina por varios de los imputados y el reconocimiento social que tenían en sus localidades constituyeron factores fundamentales que acrecentaron aún más la visibilización de este juicio.

El carácter sistemático de la represión desplegada por el terrorismo de Estado ha sido demostrado por organismos de dd. hh., agencias judiciales e investigadores sociales a lo largo de más de cuarenta años. Sin embargo, dichas prácticas represivas, tanto como la forma de ser percibidas, cuestionadas y denunciadas, tuvieron particularidades locales en cada una de sus comunidades. En función de esta afirmación, busco recuperar la idea de que los juicios orales constituyen una instancia pública que, recurriendo a testimonios y distintas pruebas, visibilizan hechos (conocidos y desconocidos), pero también “echan luz sobre la trama de relaciones personales, institucionales y políticas previas, que los hicieron posibles, y permiten comprender los casos desde la perspectiva actual” (Martínez y Sarrabayrouse, 2021: 4). Asimismo, ponen en evidencia lógicas de funcionamiento propias de las burocracias judiciales sobre las que me interesa indagar.

La división social existente en la provincia de Corrientes con respecto a la valoración de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado no solo estuvo presente en este primer juicio, sino que fue dramatizada en el mismo proceso judicial. El “drama social”, tal como lo trabaja Turner, tiene lugar en las fases inarmónicas de los procesos sociales, en aquellos momentos en que los intereses y actitudes de grupos e individuos quedan en expresa oposición. Es ahí que los dramas sociales conforman “unidades del proceso social aislables y susceptibles de descripción minuciosa” (Turner, 1974: 10). Partiendo de esta perspectiva, y retomando la idea del poder judicial como una arena de disputas (Sarrabayrouse, 2011, 2015), el objetivo de este artículo[4] es reconstruir este primer proceso judicial en Corrientes, enfatizando en los actores intervinientes en el juicio[5] y en las relaciones tejidas entre ellos.

Los procesados: entre estancieros y “héroes” de Malvinas

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el RI9 de Corrientes tuvo cinco procesados[6]: dos tenientes coroneles, un capitán retirado (R.) y dos gendarmes. Varios de los imputados estaban en actividad al momento de comenzar la investigación judicial.

Ahora bien, ¿quiénes eran estos militares que se encontraban en el banquillo de los acusados y qué lugar ocupaban en la trama de relaciones de la sociedad correntina? En el caso de los gendarmes, uno de ellos era particularmente conocido ya que había llegado a ser comandante de Gendarmería y posteriormente desarrolló actividad política en la provincia de Salta. Los dos tenientes coroneles, por su parte, habían sido combatientes en la guerra de Malvinas y uno de ellos, inclusive, era considerado “héroe de guerra”. Al momento de iniciarse la instrucción de la causa en el año 2004, ambos se encontraban en actividad, uno desempeñándose como jefe del Regimiento de Monte Caseros y el otro, como agregado militar en la embajada de Italia. Ambos tenientes eran, a su vez, parientes políticos: concuñados, casados con “chicas bien” de la sociedad correntina:

El padre de las chicas era EL personaje de Corrientes de la cultura: el caricaturista. Muy conocido, muy respetado: “Chaque”. Que todo el mundo dice: era un gran artista, buena persona, que tuvo la desgracia de que sus hijas se casaran con estos dos hijos de puta y salió a bancar pero con un poco de… no era un represor, no era el editorialista de La Nación, digamos […]. Es que ¡esa es la Argentina militar! El mejor partido que le podía tocar a tu hija es que se casara con un militar, un oficial, y si era de Caballería, ¡ni te cuento! En una sociedad feudal, estamentaria como la nuestra, ¡era un partidazo! (entrevista a exfuncionario de Subsecretaría de Derechos Humanos).
Acá en Corrientes se te da –yo no sé si vos lo podés ver en Buenos Aires, pero sí en una provincia como la nuestra, o Catamarca o Salta– esa cuestión de la provincia conservadora, que vos veías mucho más que las hijas o las señoritas de la estructura oligárquica se casaban con militares o los militares, haciendo el posible salto de calidad económica, se casaban con la hija de algún oligarca local (entrevista a prosecretaria fiscalía federal).

El cuarto procesado era de rancia estirpe militar –su padre había sido director de la Escuela de Oficiales de la Nación– y formaba parte, también, del círculo social correntino. Estaba casado con una joven estanciera perteneciente a una de las familias más tradicionales de Corrientes: su suegro era un empresario agropecuario, y su cuñado, un conocido médico pediatra. Había ejercido la presidencia de la Sociedad Rural de Corrientes y, al momento de su detención, se desempeñaba como su tesorero. Según lo expresado por él en el juicio –y por sus allegados–, al momento de casarse se había retirado del Ejército[7]. Sin embargo, otras voces sostienen que, en esa época, el capitán (R.) levantaba gente en los operativos clandestinos del Ejército:

[…] mucha gente le comienza a reconocer. Entonces les llega a sus suegros y a su cuñado, les llega a conocimiento lo que estaba haciendo el novio de su hija. Y entonces le dicen que no, que se retire, que se vaya del Ejército porque la gente les contaba… Mucha gente lo conocía, Corrientes era muy chico en esa época, nos conocíamos todos. Bah… ¡Se conocían todos! Entonces dicen que él pide la baja. Pero después se mostró en el expediente con una constancia documental, que fue ofrecida por otro imputado, de que siguió actuando en la clandestinidad (entrevista a fiscal federal).

En esa Corrientes pequeña de la década del setenta, los espacios de sociabilidad compartidos por los actores también eran más estrechos, y los chismes y secretos a voces eran moneda corriente. Por eso, más allá de los dichos del imputado, ‘se sabía’ que el Capitán (R.) no solo se dedicaba a la producción agropecuaria. Así lo relataba uno de los fiscales:

Yo jugaba al rugby con su hijo… En realidad, él jugaba en otro equipo, pero todos sabíamos que el papá de Juan se ponía una peluca, bigotes y los llevaba a todos en el Falcon. Pero ese era el comentario que nos quedó de chicos. Y de grandes resultó que ¡era eso nomás lo que hacía! (entrevista a fiscal federal).

La conmoción local por el procesamiento y detención del expresidente de la Sociedad Rural de Corrientes tuvo repercusiones de alcance nacional. Así, en la inauguración de la 70.° edición de la Exposición Rural en la provincia, llevada a cabo en agosto de 2005, los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y de Corrientes realizaron una reivindicación del capitán (R.), la cual fue rubricada con aplausos del público presente:

Quiero enviar mi saludo desde aquí a Juan Carlos D., quien fuera un firme representante de esta institución y hoy se encuentra atravesando una situación difícil”, dijo Osvaldo Benítez Meabe en su discurso de inauguración de la 70 edición de la Expo-Rural y fue ovacionado por la gente que participaba del acto, en el que también se encontraba el gobernador de la provincia junto a funcionarios de su gabinete. Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens declaró su “total apoyo” a las palabras de Meabe cuando le llegó el turno de realizar su discurso en el acto. “También nosotros apoyamos a Juan Carlos D., una persona honorable que también integra nuestra casa”, señaló en referencia al ex militar. Consultado luego el presidente de la Rural local acerca de sus aseveraciones sobre D.: -No quedaron en claro sus conceptos sobre el militar D. detenido en la Liguria. – ¿Le parece? Voy a reiterarlo cuantas veces se quiera y voy a apoyarlo cuantas veces sea necesario. Es un hombre de bien, ha sido nuestro presidente y ha aportado a nuestra institución con su trabajo (corrientesnoticias.com.ar, 22/08/05).

Los jueces y las conductas procíclicas

Los magistrados que integraron el tribunal oral en la causa “RI9” provenían en su mayoría de otras provincias, y, si bien estaban radicados hacía tiempo en la capital correntina, ‘no eran originarios de la sociedad’. A diferencia de lo que sucedía en la provincia del Chaco, donde muchos de los jueces y funcionarios que se habían desempeñado durante la dictadura continuaban en el Poder Judicial, en Corrientes la composición –al decir de los propios actores– parecía ser un tanto más heterogénea: ‘No eran gente de la sociedad ninguno de los jueces’. En este sentido, es posible pensar que las lealtades y obligaciones (Mauss, 1979; Gluckman, 2009) que podían estar en juego con los imputados –reconocidos miembros de la elite correntina– y sus círculos de pertenencia fuesen menos fuertes.

La situación del juez federal que intervino durante la instrucción de la causa presentaba sus particularidades. Este magistrado tenía varios pedidos de juicio político por el delito de corrupción, y se comentaba en los pasillos de los tribunales, y en la capital provincial misma, que ‘había aprovechado’ el impulso dado a los juicios de lesa humanidad para reacomodar su dificultosa posición[8]. En línea con estas afirmaciones, el juez en cuestión actuó sin poner obstáculos al desarrollo de la investigación, en un momento histórico en el que los juicios de lesa humanidad recibían un importante apoyo político desde diversos sectores.

La conducta adoptada por este juez no es extraña ni poco habitual en los tribunales. La capacidad de adaptación a los nuevos tiempos políticos e institucionales es una destreza propia de un amplio sector de los judiciales y ha sido foco de discusiones políticas y académicas en torno a la independencia de los jueces. Habitualmente, cuando se habla de independencia judicial, se hace referencia en forma casi exclusiva a la dependencia con respecto al gobierno de turno. Sin poner en cuestión que esto constituye una parte fundamental del problema, entiendo que lo limita de un modo, en el mejor de los casos, ingenuo.

Las relaciones que varios miembros de la justicia sostienen con corporaciones económicas, asociaciones profesionales, estudios jurídicos y –particularmente– con la agencia policial, es una práctica de larga data que, de un modo u otro, los ha constreñido y ha hecho –y hace– en la limitación de esa independencia (Sarrabayrouse Oliveira, 2015: 7).

A este esquema, deberíamos agregarle las dependencias y relaciones que se establecen al interior de los mismos tribunales entre los operadores judiciales. Sin embargo, antes que entender estas dependencias como una situación de mero sometimiento, deberíamos verlas como un juego de relaciones de intercambio del que participan distintos actores o instituciones (Mauss, 1979) o como “redes de interdependencia” que ellos mismos sostienen (Elías, 1982).

El caso de este juez es interesante también porque permite poner en discusión ciertos problemas de la práctica antropológica, así como de la construcción de los datos; en otros términos, qué es lo que un antropólogo puede reproducir de aquello que dicen los actores (Marques y Mattar Villela, 2005) y qué cosas o relatos son considerados legítimos en términos de dato etnográfico (Sirimarco, 2017). A diferencia de los otros actores intervinientes en el juicio, la reconstrucción del rol desempeñado por este magistrado en particular pude llevarla a cabo solo a través de rumores, relatos en off y chismes. Porque, si bien se trataba de “saberes y secretos públicos”, estos no dejaban de ser secretos por ser públicos (Marques y Mattar Villela, 2005: 64), y fue con ese cuidado con el que debí tratarlos.

Refiriéndose a los “chismes” como fuente de información en la práctica antropológica, Sirimarco sostiene que constituyen

una forma de conocimiento cultural que borronea los límites entre los eventos sucedidos y los eventos imaginados. No es tanto una fuente de lo que ha sucedido, sino de lo que puede haber pasado (Stoler, 1992). Se sobreentiende: de lo que puede haber pasado en un contexto determinado, bajo la órbita de lógicas particulares. Los chismes expresan lo posible. Y es justamente eso lo que los vuelve significantes (Sirimarco, 2017: 60).

Así, los “chismes”, en cuanto expresión de lo posible, nos hablan de elementos constitutivos y propios de las burocracias judiciales y nos invitan a reflexionar sobre otros patrones que hacen a la lógica de la institución judicial y que permiten comprender mejor el escenario en el que tuvieron lugar los juicios de lesa humanidad y las formas singulares que adquirieron en sus distintas localidades.

De esta manera, el caso/chisme del juez de primera instancia trae a colación distintas cuestiones, que van desde la utilización de los juicios –por parte de determinados agentes– para intereses particulares y funcionales y el consecuente aprovechamiento que pueden realizar las partes interesadas[9], pasando por la forma en que los juicios afectaron a las burocracias judiciales y también la manera en que fueron aprovechados por estas[10], hasta la llamativa capacidad de adaptación de los judiciales a distintos escenarios políticos e institucionales.

Amigos, testigos, jueces y fiscales (o las características particulares de un juicio con lealtades cruzadas)

Entre los testigos propuestos por la defensa de los represores, figuraban decenas de militares retirados y varios capataces y peones de estancia. Por el lado de las querellas, prestaron su testimonio distintos sobrevivientes del RI9, familiares de las víctimas, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf) y la documentalista francesa Marie Monique Robin, en calidad de testigo de contexto.

Pero hablar de los testigos en este juicio implica, también, hablar de jueces y fiscales. Una nueva característica que destaca aún más la originalidad de este proceso judicial y que permite profundizar la compleja trama de relaciones que caracterizó a la represión correntina se encuentra en el hecho de que dos de los testigos presentados por las defensas eran funcionarios y magistrados que, llegado el momento, debían intervenir en el juicio oral.

No es extraño en los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en ciudades de poca densidad poblacional que magistrados y funcionarios sean recusados por las partes o se excusen en función del vínculo existente con los procesados. Sin embargo, el hecho de que los funcionarios deban excusarse o sean recusados a raíz de su presentación como testigos es una marca del color local de la provincia: ‘Esa es una característica de los testigos, porque también estamos hablando de complicidad judicial explícita. Creo que no hay otro caso donde los jueces ¡sean testigos de la defensa!’ (exfuncionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos).

La excusación es una figura jurídica a la que pueden apelar los funcionarios judiciales cuando consideran que no les es posible actuar libremente en la tramitación y resolución de una causa, debido a la existencia de una relación de parentesco, amistad, enemistad o de tipo económico con alguna de las partes implicadas. Sin embargo, para los antropólogos, las excusaciones (y también las recusaciones) nos hablan de algo más que de figuras jurídicas, y pueden ser analizadas como casos que permiten desentrañar la malla de relaciones sobre las que se sostiene la institución judicial y comprender con mayor profundidad el comportamiento de los sujetos que la integran (Sarrabayrouse Oliveira, 2011: 210-211).

En la causa “RI9”, el primer alejamiento que se produjo fue el de uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Federal (tof) que debía intervenir en el proceso. Este magistrado había sido juez federal durante la dictadura cívico-militar y fue ofrecido como testigo por los abogados de la defensa. Según los miembros de la querella, la estrategia defensista era mostrar que, en los casos de detenidos –no en los de desaparecidos–, la detención no había presentado irregularidades solo por el hecho de haber intervenido el Poder Judicial, por lo cual se convocaba a los funcionarios judiciales involucrados. Más allá de las estrategias jurídicas –o como parte de ellas–, es posible arriesgar que la presentación de este tipo particular de testigos apuntaba, fundamentalmente, a lograr un círculo de apoyo de renombre (Marques y Mattar Villela, 2005: 53) que oficiase como una demostración de poder en el desarrollo del juicio en cuanto “juramento colectivo” (Gellner, 1997; Tiscornia, 2008).

Fue así que, a raíz de este nuevo rol en el juicio como testigo, el juez del tof se excusó de intervenir en la causa del RI9 al tiempo que presentó su declaración testimonial por escrito.

El otro testigo-funcionario presentado por la defensa era el fiscal ante el tof. Este se había desempeñado, durante el gobierno dictatorial, como secretario del juzgado federal a cargo del recientemente excusado miembro del tof. O sea, ambos testigos eran antiguos funcionarios de la Justicia Federal correntina, e integrantes de la “familia judicial” (Sarrabayrouse Oliveira, 2011; 2015) de la provincia.

Para complejizar aún más este mapa de relaciones, es necesario aclarar que el fiscal ante el tof era también un antiguo amigo del capitán procesado, razón por la cual fue recusado por este. El hecho de que este funcionario fuese amigo y viniese de la sociedad puso en juego en el escenario del juicio valores morales –como el honor y el prestigio– que van más allá del hecho del conocimiento personal de las partes. El honor es un valor que se pone en juego no solo por lo “que” se dice, sino también por “quién” lo dice:

Porque sería distinto que te acuse de hechos de terrorismo de Estado el fiscal que viene de Ushuaia a que te acuse X que viene del peronismo que era el fiscal de Cámara, o XX que venía de jefe de la unidad fiscal que es de otra provincia… Creo que socialmente el mensaje era: ‘¡Un par de la sociedad no!’; por eso fue la recusación […] yo creo que lo que no quería D. era que salga de la boca de alguien de la sociedad que hizo tal y tal, y tales violaciones a los derechos humanos… (entrevista a fiscal federal).

Así, el día de la lectura de las sentencias, el juego de lealtades/deslealtades entre los actores volvió a visibilizarse: “‘¡Nos la vas a pagar!’, le gritó el hijo de D. al fiscal R., que intervino en la primera etapa de la causa” (Página 12, 7/08/08).

La excusación y la recusación de los agentes judiciales mencionados visibilizaron no solo la malla de relaciones tejida al interior del Poder Judicial y con actores de la sociedad correntina, sino también los espacios de sociabilidad por los que discurren estos actores, al tiempo que pusieron en cuestión cierta afirmación extendida según la cual la complicidad judicial fue un fenómeno exclusivo de la provincia vecina (Chaco), en tanto en Corrientes solo había existido complicidad social. En todo caso, podríamos decir que las excusaciones/recusaciones complejizan las implicancias de una y otra sacando a la luz el tejido social que las hizo posibles.

Las partes: entre la Facultad de Derecho y el activismo de los dd. hh.

Al momento de realizarse el juicio oral, aún no se había creado la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos –esto recién ocurriría en el 2012–, pero sí existía una Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular después sería autorizado para intervenir como fiscal ad hoc en las causas. Como planteó uno de los entrevistados, se trataba ‘de una fiscalía muy activa, muy comprometida’ con la causa de los dd. hh.

Por su parte, la querella –activada fundamentalmente por los familiares de las víctimas nucleados en distintos organismos y en particular en la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes– trabajó en forma articulada tanto con la fiscalía como con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Corrientes y Resistencia fueron ciudades universitarias durante los setenta y lo siguen siendo en la actualidad. Señalo este hecho porque influyó sobre el tipo de víctima que fue blanco del terrorismo de Estado y que se diferenciaba del de otras localidades del interior de la provincia: los estudiantes universitarios.

Nosotros tenemos una población golondrina de los estudiantes del norte. ¡Entonces las pensiones eran arrasadas! Detenciones que duraban 1 mes, 2, 3… No eran LAS detenciones graves, pero eran detenciones. Esos no hicieron denuncias. Nosotros ahora tenemos un montón de esas causas que estamos reconstruyendo […] es como otro grupo que emerge y empieza a gestionar la posibilidad de acreditar esas detenciones… Vos te das cuenta de que hubo razias de pensiones (entrevista a prosecretaria fiscalía).

Lograr que las víctimas que sobrevivieron al terrorismo de Estado declarasen no fue un trabajo sencillo. En este sentido, querella y fiscalía trabajaron mancomunadamente para desarrollar una estrategia de convencimiento de aquellas víctimas testigo que no habían superado el terror de enfrentarse con sus torturadores con a los que, por otra parte, se cruzaban habitualmente en la ciudad. Frente al temor a testimoniar aún muchos años después de ocurridos los hechos, la estrategia jurídica desarrollada consistió en presentar, en primer lugar, los casos de testigos de privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones que se encontraban fuera del país para que oficiasen como ‘punta de lanza’ de los juicios:

Entonces fuimos con muy poquitos, eran como 12 víctimas, 13 víctimas nomás en la causa de RI9. Pero, por el devenir de lo que fue la causa –que ellos (los imputados) quedaron presos, que no los largaron–, la gente se fue animando (entrevista a prosecretaria fiscalía).

Lograr las detenciones de los procesados y mantenerlas implicó para la parte acusadora –particularmente para la querella– múltiples enfrentamientos con la Cámara Federal, en especial durante la etapa de la instrucción, así como el desarrollo de diversas tácticas para sostener la continuidad de las investigaciones:

[…] ¡Fueron terribles peleas! Había resoluciones donde los dejaban libres: salíamos y hacíamos determinadas declaraciones y la Cámara retrocedía… Ahí sí la Cámara jugaba todavía… tenían relaciones personales con imputados. Esa Cámara estuvo a punto de darles la libertad muchas veces (entrevista a familiar querellante).

En estas disputas con el Poder Judicial, la intervención de figuras conocidas de la sociedad correntina no era un dato menor. Así, la participación como abogado querellante de un reconocido militante de dd. hh.[11] y primer titular de cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Noreste (unne) constituyó otro de los elementos que le brindaron a este primer juicio la trascendencia que tuvo.

Situación similar se vivía en torno a algunas de las víctimas y sus familiares. Tal fue el caso de uno de los desaparecidos cuyo cadáver fue identificado unos meses antes de que se iniciase el debate oral:

Y en noviembre, el día que elevan la causa a debate por desaparición forzada, viene el EAAF y dice: ‘El primer identificado es éste, R.A’. Que además es una familia muy conocida de Corrientes. Es una familia antigua, siempre estuvieron en el tema derechos humanos, la madre de R. fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo de la provincia. Nosotros le habíamos hecho unos meses antes un homenaje, una placa: acá vivió fulana de tal, una de las primeras madres de Plaza de Mayo… Para eso se fueron (a Corrientes) Lita Boitano, Taty Almeyda, Alba Lazilloto (entrevista a exfuncionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos).

Los abogados que intervinieron del lado de la defensa también tenían un lugar destacado en Corrientes. Así, el defensor particular del Capitán (R) no solo era un reconocido abogado de Corrientes, sino que, recientemente, había sido electo vicedecano de la unne. A su vez, se encontraba secundado en su tarea por un militar retirado y famoso defensor de acusados por violaciones a los dd. hh. durante la dictadura. Así se lo describía en una crónica realizada por Página 12:

El que debutó ayer en el juicio, como defensor de D., fue el abogado porteño S.E., quien arrancó demostrando que no se va a andar con chiquitas. Con un discurso propio de la dictadura, le pidió al tribunal, sin nombrarlas, que se retiraran de la sala de audiencias las dos representantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Angela Boitano. El letrado alegó que los pañuelos de las Madres, a los que tampoco nombró como si hacerlo fuera pecado, tenían “un significado político”. El presidente del tribunal, Víctor Alonso, cortó en seco la intervención de S.E.: “No hay nada en la sala que tenga connotación política. Le ruego que no vuelva a interrumpir la audiencia con este tipo de intervenciones (Página 12, 6/02/08).

Facultad de Derecho, Sociedad Rural, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, jerarquía eclesiástica, representantes del círculo social correntino evidenciaron sus vinculaciones a lo largo del juicio, sacando a relucir la malla de relaciones tejidas entre el establishment de la provincia y el terrorismo de Estado. En forma paralela, el juicio mostró el alcance que la represión había tenido sobre otros actores que también eran reconocidos personajes de la provincia. Su actuación en el debate y sus declaraciones testimoniales coadyuvaron a la visibilización de este primer juicio.

‘La calle estaba dividida por unas rejas’. Un juicio que partió aguas

A pocos días de comenzado el juicio oral, el obispo de Corrientes declaró ante el diario Página 12 que el país había “sufrido mucho por causa de la violencia subversiva y de la violencia represiva del poder ilegítimamente usado”, y que la lectura sobre el terrorismo de Estado era “parcializada y mentirosa” y daba lugar a “conclusiones inadecuadas e injustas” (Página 12, 2/03/08).

Estas declaraciones expresaban claramente la posición de una de las partes en el juicio oral que había comenzado el 5 de febrero de 2008, cuya primera audiencia estuvo antecedida por una dramatización callejera que reflejaba las disputas que se presentarían puertas adentro del tof:

Y el 5 de febrero pasó una circunstancia que yo creo que solo pasó acá. Porque los familiares de los represores vienen en algunos lugares a los juicios, pero, como vinieron acá, creo que es en el único lugar donde pasó [comienza a hacer un dibujo en un papel]. La policía provincial hizo un vallado acá y otro vallado acá, entonces generó como una zona de pulmón y acá [izquierda del papel] estaban todos los familiares de los imputados y acá [derecha del papel] estaban familiares y querellas. Pero este grupo (del lado de las víctimas) fue como de 200-300 personas y este grupo (del lado de los represores) en el día del inicio fue como de 200-300 personas […] acá había el Movimiento Familiar Cristiano, había monjas vestidas con rosarios rezando, familias de la Sociedad Familiar Cristiana, de la Sociedad Rural, todo el establishment correntino estaba ahí (entrevista a exfuncionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos).

Este ‘enfrentamiento’ callejero producido entre quienes acompañaban a las víctimas del terrorismo de Estado y quienes se encontraban alineados con los represores imputados, este juego de ocupación de espacios físicos que en el propio juego devienen en sociales (Pita, 2010) se expresaba también al interior de la sala de audiencias. Sin embargo, en ese escenario las reglas de comportamiento se encontraban sujetas a la autoridad del tribunal y el no cumplirlas podía implicar el desalojo de la sala. Los cánticos, rezos, gritos, carteles y banderas allí no tenían lugar. El riesgo de enfrentamiento entre los ‘distintos públicos’ se presentaba como una amenaza latente:

Había [manifestaciones] todos los días. Es más, el tribunal dividió la sala: la mitad de la sala estaba del lado izquierdo mirando hacia el crucifijo atrás de los jueces… Del lado izquierdo estaban los familiares de las víctimas del terrorismo, y del lado derecho estaban todos los familiares de los represores. O sea, estaba dividido el público. Y en el medio había gente de seguridad… Todos mirando a Dios, por supuesto, ¡todos mirando a Dios! (entrevista a fiscal federal).

Esta división del espacio –estipulada por el Tribunal– también era respaldada por los integrantes del público a partir de la apropiación de los lugares. La presencia de este a lo largo de las audiencias constituyó una preocupación permanente de las querellas y de los familiares de las víctimas. No solo se trataba de garantizar que los asientos correspondientes a la querella siempre estuviesen ocupados, sino de organizar quién iba a estar cada día en función de la importancia política o judicial de la audiencia.

La preocupación por ‘garantizar que siempre hubiera gente’, por ‘militar los juicios’, por otorgarles visibilidad nos muestra cómo, contra toda definición normativista que apunta a una participación pasiva y neutra del público en los debates, la asistencia a los juicios de lesa humanidad (de un modo similar a lo que ocurre en los juicios por violencia policial) importa como “otro espacio más de confrontación. Así se trata de tomar el espacio, llenar la sala –e incluso demarcar a partir de la ocupación del espacio un lado nuestro, separado del de ellos” (Pita, 2010: 177).

A modo de conclusión

El 6 de agosto de 2008, cuatro de los cinco procesados en la causa del RI9 de Corrientes fueron condenados: uno de los coroneles fue sentenciado a prisión perpetua, el capitán (R.) y el otro coronel, a 25 años de prisión, y uno de los gendarmes, a 8 años. Por su parte, el exsuboficial fue absuelto.

Una crónica periodística efectuada por Página 12 reproduce el clima vivido en la sentencia, a la cual se suma un nuevo personaje: Cecilia Pando, esposa de un militar retirado y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (afyappa):

Un segundo después de que el juez Alonso, con la cruz sobre su cabeza, terminara de leer la sentencia, Pando se paró sobre una silla y empezó a gritar desaforada. “Ustedes van a pagar por lo que están haciendo. Juzguen al terrorismo, no sean cobardes”, les gritó a los jueces mientras se retiraban de la sala.
A diferencia de Córdoba, donde los familiares de los imputados le exigieron no hacer papelones y acató sin chistar, en Corrientes nadie intentó contenerla. En línea con el alegato del condenado Menéndez y sin disimular sus desequilibrios, Pando reiteró varias veces el típico gesto de degüello mientras gritaba “¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Falsificadores!” a sobrevivientes y familiares que se abrazaban. “¡Te voy a matar con mis propias manos!”, amenazó al secretario Duhalde. “¡Son jueces parciales! ¡Se les ha pagado a todos!”, agregó una cuarentona indignada. A la hora de insultar también sobresalieron la esposa y un hijo de Losito, educado “en la moral cristiana” según el coronel (Página 12, 7/08/08).

La imagen de Pando amenazando pasar a degüello al entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación fue publicada en la mayoría de los medios gráficos y así recorrería el país. Un nuevo elemento le otorgaba visibilidad al juicio del RI9 de Corrientes.


Este artículo tuvo como eje la idea de que los juicios orales constituyen una instancia de debate público donde, al tiempo que se visibilizan los hechos vinculados a los crímenes de lesa humanidad, se develan las características locales del entramado social –dramatizadas en el mismo proceso judicial– que fueron las que generaron las condiciones de posibilidad para la represión dictatorial y se incorpora en el análisis la discusión en torno a la responsabilidad civil.

La visibilización pública de los crímenes cometidos durante la dictadura mediante un proceso judicial permite la transformación del conocimiento privado, particular, compartido por unos pocos en reconocimiento público (Cohen, 1997), el cual deviene en reconocimiento social. En una provincia donde, hasta hace pocos años, amplios sectores de la sociedad ponían en duda el proceso represivo y la existencia de locales desaparecidos, el reconocimiento estatal de los hechos resulta fundamental. Como sostenía una familiar de las víctimas, ‘que sea el Estado el que cuestiona al Estado terrorista para algunos puede ser solo un gesto, pero a nuestras sociedades les cambia la mirada’. En este mismo sentido debe ser analizada la posibilidad de la palabra de ser escuchada: víctimas que se habían alejado de su pueblo de origen por vergüenza, por temor, vuelven para declarar en los juicios lo que ellos y sus compañeros habían vivido durante la represión dictatorial. Como sostiene Daneri, “[…] la acción de recordar no siempre es productiva. Cuando la justicia está lejos, cuando no existe contención reparatoria del Estado, cuando las voces se pierden en la ausencia de una escucha, recordar se vuelve traumático, revictimizante” (Daneri, 2018: 32). De ahí la relevancia de que aquellas víctimas que no habían podido hablar lo hiciesen treinta años más tarde en el contexto de los juicios.

En otro trabajo he afirmado que los documentos producidos por las burocracias penales y administrativas durante el proceso dictatorial no solo permiten reconstruir y conocer hechos y sucesos de la dictadura que todavía no se conocen o confirmar aquellos que sí, sino que –para las víctimas que llegan a acceder a ellos– también tienen una cualidad extra: su poder reparador (Sarrabayrouse Oliveira, 2017). Entiendo que esta afirmación se puede hacer extensiva, también, a los procesos judiciales. Los personajes de la sociedad correntina sentados en el banquillo de los acusados, las declaraciones de los testigos, la participación de la comunidad en carácter de público, la difusión mediante la prensa y el acercamiento de la justicia a lugares donde parecía imposible[12] permitieron reinstalar una discusión que –al menos en Corrientes– no estaba saldada. Como sostenía el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, ‘ahí está el efecto personal del testimonio: el efecto reparatorio del juicio. La reparación se da en ese contexto’.

Finalmente, estas causas no pueden ser pensadas sin considerar el rol desempeñado por los familiares y organismos de dd. hh. que no solo han llevado adelante estos juicios, sino que, en el mismo proceso de disputa, han aprendido a realizar lecturas inteligentes y novedosas de estos fenómenos para el desarrollo de estrategias jurídicas y políticas en pos de la consecución de sus objetivos.

Bibliografía

Cohen, Stanley (1997). “Crímenes estatales de regímenes precios: Conocimiento, responsabilidad y decisiones políticas sobre el pasado”. En Nueva Doctrina Penal. Buenos Aires, Editorial del Puerto.

Daneri, Ana (2018). “La memoria en todos lados. El proceso de justicia transicional argentino en el interior de Tucumán”. En Rodríguez Garavito, César y Morris, Meghan: Hacer justicia en tiempos de transición. El papel del activismo y las instituciones en el fortalecimiento democrático. Buenos Aires, Siglo xxi Editores.

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Martínez, Josefina y Sarrabayrouse Oliveira, María José (2021). “Juicios de lesa humanidad, activismo y comunidades locales: causas ‘Ford’ y ‘Las Marías’ en perspectiva comparada”. En Crenzel, Emilio y Robertini, Camillo: Historia y memoria de la represión contra los trabajadores. Argentina 1974-1983. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Mauss, Marcel (1979) [1923-1924]. “Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas”. En Sociología y Antropología. Madrid, Tecnos.

Pita, María Victoria (2010). Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Buenos Aires, cels/Editores del Puerto, colección Revés Antropología y Derechos Humanos.

Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011). Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue. Buenos Aires, cels/Editores del Puerto. Colección Revés, Antropología Jurídica y Derechos Humanos.

Sarrabayrouse Oliveira, María José (2015). “’Desnaturalizando categorías: independencia judicial y acceso a la justicia’. Los avatares del proceso de Democratización de la Justicia en la Argentina”. Revista Colombia Internacional, n.° 84 (mayo-agosto de 2015), pp. 139-159, Universidad de los Andes, Bogotá.

Sarrabayrouse Oliveira, María José (2017). “Investigaciones judiciales, investigaciones antropológicas. De cómo el oficio antropológico interviene en la reconstrucción de casos”. Cuadernos de Antropología Social,, vol. 45, pp. 37-50, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, uba, Buenos Aires.

Sirimarco, Mariana (2017). “La construcción de lo indecible: chisme, dato y etnografía en un contexto policial argentino”. Revista de Antropología Social, vol. 26, n.º 1, pp. 53-72, Madrid, Ediciones Complutenses.

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Notas y artículos de prensa

Corrientesnoticias.com.ar (22/08/2005). “En defensa a un militar detenido utilizan una muestra ganadera”. Disponible en archive.is/qGXXx.

El Litoral (23/03/2012). “Homenajearon a Mario Marturet y Ramón Leguizamón”. Disponible en bit.ly/3A3uFCy.

Hilb, Claudia (2015). “Una escena para pensar la reconciliación”. Criterio Digital, n.º 2421. Disponible en bit.ly/3z3UxMZ.

Página 12 (6/02/2008). “El primer juicio oral contra militares en el interior se hará en Corrientes”. Disponible en bit.ly/3Ac0wAI.

Página 12 (2/03/2008). “Cinco represores a juicio oral”. Disponible en bit.ly/2XaTrCc.

Página 12 (7/08/2008). “Te voy a matar con mis propias manos”. Disponible en bit.ly/2XauEOQ.


  1. Hasta esa fecha solo se habían celebrado juicios orales en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.
  2. Los dichos de los actores que aparecen en el cuerpo del texto se presentan con un entrecomillado simple, los conceptos y categorías tienen comillas dobles, y los términos nativos aparecen en itálica.
  3. Todas las entrevistas fueron realizadas por la autora en los meses de abril, mayo y octubre de 2017.
  4. La reconstrucción de este proceso judicial, considerado fundante por los actores, se llevó a cabo a través de charlas, entrevistas y el seguimiento de noticias periodísticas locales y nacionales.
  5. No se hará una descripción exhaustiva de todos y cada uno de los actores participantes en el juicio, sino solo de aquellos que resultan representativos de los conflictos y disputas en la sociedad correntina.
  6. Si bien los nombres de los procesados fueron de público conocimiento, en este artículo he optado por mantener el anonimato, tanto de ellos como de los jueces, funcionarios y empleados judiciales participantes. Para nombrarlos se utilizará el rango militar, el cargo o una inicial.
  7. Esta fue la estrategia desplegada por la defensa a lo largo del juicio.
  8. Cabe destacar que posteriormente, habiendo pasado ese momento de turbulencia en su carrera judicial, el mismo magistrado se comportó de un modo diametralmente opuesto en el tratamiento e investigación de otras causas por delitos de lesa humanidad.
  9. En este caso particular, me refiero al aprovechamiento que los familiares, en su calidad de querellantes, hicieron del ‘impulso interesado’ en el juicio que tenía este magistrado. Este mismo aprovechamiento puede verse por parte de las defensas cuando los magistrados adoptan posiciones contrarias al avance de los procesos judiciales, o referidas a la forma de ejecución de la pena.
  10. Al respecto, un funcionario del Ministerio Público sostenía que ‘para dotar de estructura al poder judicial, las causas de lesa les vinieron bárbaro y en eso fueron muy vivos muchos operadores de justicia que dijeron ´me prendo en esto que consigo lo que no venía consiguiendo´. O sea, hubo una apertura en eso’.
  11. “El Concejo Deliberante realizó la entrega de diplomas de mérito al ciudadano al Dr. Ramón Leguizamón y don Mario Marturet, querellantes en la causa del Ex Regimiento Nº 9 que han luchado por la verdad y la justicia. El acto contó con la presencia de familiares de desaparecidos, funcionarios y jóvenes militantes políticos” (“Homenajearon a Mario Marturet y Ramón Leguizamón”, El Litoral, 23/03/12).
  12. En otros juicios, el tribunal se trasladó a la localidad donde ocurrieron los hechos.


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