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Juzgando la apropiación criminal de niños/as y su consumación burocrática: la causa del Instituto Privado de Pediatría de Paraná

Carla Villalta

En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal de Paraná, Entre Ríos, comenzó un juicio oral y público conocido como “Instituto Privado de Pediatría (ipp)”. Se trató del primero de este tipo en la provincia ya que los juzgados fueron tres civiles, médicos de profesión y dueños de una clínica pediátrica. Todos procesados por los delitos de alteración o supresión del estado civil y de retención y ocultamiento de dos menores de 10 años: los hijos/as de Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela, militantes montoneros/as secuestrados en enero de 1978, protagonistas de la denominada Operación México[1] y actualmente desaparecidos.

En un escenario político nacional bastante hostil para el movimiento de derechos humanos, la realización del juicio y su resolución significaron un importante logro. En octubre de 2018, uno de los médicos fue condenado a 9 años de prisión, y los otros, a 6, ya que se estableció que su participación fue irrefutablemente relevante para consumar la sustracción de los niños/as, nacidos en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre. Una niña, hoy adulta, que recién en 2008 recuperó su identidad, y un niño que aún permanece desaparecido. Tuvo lugar así la primera condena por responsabilidad civil durante el terrorismo de Estado en la provincia. Para quienes impulsaron la causa, se trató de un “hecho histórico” y un hito sumamente importante, en cuanto se condenó a quienes desde diferentes lugares participaron en la consumación de la apropiación criminal de niños/as. Como puede leerse en la sentencia, los condenados no eran “miembros de las Fuerzas Armadas, ni de las fuerzas de seguridad, ni funcionarios públicos, sino civiles que tomaron participación en delitos cometidos sí por militares” (tof Paraná, Sentencia ipp, 22/10/2018).

Ahora bien, desde otra perspectiva, es posible sostener que la importancia del juicio no radicó solamente en la existencia de una sentencia condenatoria ni en el monto de las penas. Este juicio, tal como sucedió con otros por crímenes de lesa humanidad desarrollados en los últimos años, fue relevante por lo que su desarrollo mismo posibilitó y por la significación social que adquirió: por la repercusión que alcanzó en la escala local y por la trama burocrática que develó, pero también por la trama social y política que se tejió y consolidó en torno a él. El juicio significó, tal como planteó una de sus querellantes y principales impulsoras, Sabrina Gullino Valenzuela Negro –aquella niña que fue separada de su madre al poco tiempo de nacer y fue ingresada en el Instituto Privado de Pediatría de Paraná y finalmente adoptada–, un gran avance en el proceso de “construcción colectiva de la verdad”.

En este trabajo, mi interés es analizar el juicio del ipp en cuanto parte de las diferentes y creativas estrategias jurídico-políticas desplegadas por el movimiento de derechos humanos y en especial por Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de demanda de justicia y construcción de la verdad social y jurídica sobre los crímenes dictatoriales. Por un lado, me interesa caracterizar a grandes trazos los juicios más importantes a los responsables por la apropiación criminal de niños, para dar cuenta y reflexionar sobre las singularidades que revisten. Por otro, mi objetivo es describir y analizar el desarrollo de este juicio en particular y así caracterizarlo como resultante de un largo proceso de construcción y visibilización en el que participaron distintos actores/as que, a través de diversas acciones de investigación, demanda y sensibilización, no solo elaboraron la imputación jurídica, sino también –mediante la construcción de una trama extendida de relaciones sociales, políticas y humanitarias (Tiscornia, 2008)– propiciaron las condiciones sociales para que el juicio pudiera tener lugar. Un juicio que, en comparación con otros de lesa humanidad, es muy singular dado no solo que mediante él se persiguió la condena de quienes participaron en la retención y el ocultamiento de los niños/as, sino que su objetivo fue producir información respecto de dónde está “el melli”, aquel niño que aún se encuentra desaparecido.

La judicialización de la apropiación

El ámbito judicial en nuestro país tempranamente se constituyó en el lugar privilegiado para el tratamiento de los reclamos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado (Sarrabayrouse Oliveira, 2019). En el caso de los niños/as secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio de estos/as, la Justicia fue una de las instancias a las que acudieron especialmente sus abuelas para buscar información sobre su paradero. Distintos tipos de presentaciones acompañaron esos primeros reclamos, y, si en general las respuestas de jueces y otros funcionarios fueron las evasivas o el silencio, en algunos otros casos el tránsito por ese ámbito permitió a las abuelas obtener información sobre el destino de los niños, y principalmente vincularse entre ellas (Villalta, 2012; Laino Sanchis, 2020).

Una vez finalizada la dictadura, para los organismos de derechos humanos la búsqueda de justicia se transformó en un imperativo ético y una necesidad política (Jelin, 1995). Además, para Abuelas de Plaza de Mayo (apm), la justicia se convirtió en un ámbito privilegiado de su acción en otro sentido. Como plantea Sabina Regueiro,

fue justamente el primer día hábil de la democracia que apm realizó su primera presentación judicial para lograr la identificación y restitución de una niña. De allí en más, sólo una minoría de casos se resolvió extrajudicialmente ya que en la mayoría de ellos se desataron situaciones conflictivas (Regueiro, 2013: 199).

De hecho, si bien Abuelas compartía con el movimiento de derechos humanos la búsqueda de juicio y castigo, a través de la acción judicial también esperaba obtener respuestas a su demanda más distintiva, aquella que había llevado a su autonomización organizativa dentro del movimiento: la restitución a sus legítimas familias de sus nietos/as desaparecidos (Laino Sanchis, 2020). Esta singularidad del reclamo imprimió características diferenciales a sus demandas de justicia y también a su temporalidad.

En los casi 40 años desde la finalización de la dictadura hasta el presente, la judicialización de la apropiación también transitó distintos momentos y se originaron diferentes tipos de causas. Si, por un lado, se requirió de la Justicia Federal para resolver cuestiones ligadas a los delitos contra el estado civil, por otro, distintas demandas se viabilizaron en el fuero civil para resolver los problemas relativos a la tenencia de los niños/as y los asociados a la rectificación de la filiación, la nulidad de la adopción y el cambio de nombre. Así, en una primera etapa, la judicialización se orientó a la restitución de los niños/as que comenzaban a ser localizados. Durante los años 80 y primeros 90, fundamentalmente en aquellos casos en que los niños/as se encontraban viviendo con familias de represores o bien con familias comprometidas con la represión, la vía judicial fue el único camino para lograr la restitución. Además, en esos momentos, los niños/as eran aún menores de edad; por lo tanto, cuando no fue posible entablar acuerdos extrajudiciales para resolver la restitución de estos/as, fueron los jueces quienes debieron resolver al respecto.

El juzgamiento a los responsables de las apropiaciones comenzó tiempo después. Si bien el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas Militares, celebrado en 1985, la condena a los máximos responsables del terrorismo de Estado no consideró la apropiación de niños/as (Iud, 2013). Además, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (de 1986 y 1987) exceptuaron los delitos relativos a la apropiación de niños/as.

Sin embargo, recién en 1996, y mientras se encontraban vigentes los indultos otorgados por el entonces presidente Carlos Menem, se abrió una posibilidad para el juzgamiento de estos delitos. En octubre de ese año, las Abuelas presentaron una denuncia, que había sido trabajada extensamente por los reconocidos juristas David Baigún, Alberto Pedroncini, Julio Maier y Ramón Torres Molina, que dio inicio a la causa por el plan sistemático de apropiación de niños/as. Y esa denuncia, aunque muy lentamente, comenzó a resquebrajar la impunidad reinante.

Al mismo tiempo, y a pesar de la vigencia de las leyes de impunidad, a fines de la década del 90 con la extradición de Norberto Bianco, médico militar que actuó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, y de su mujer se activó la causa que había sido iniciada en 1984, y, a raíz de ella, el juez interviniente dictó en 1997 la prisión preventiva al exdictador Jorge Rafael Videla.

En paralelo, a inicios de los años 2000, con la localización de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, se abrió una nueva etapa en el proceso de justicia. A partir de esta causa, primera en la que un matrimonio de apropiadores/as resultó condenado, la apropiación de menores y la supresión de identidad fueron considerados delitos permanentes y de lesa humanidad. Además, el juez interviniente falló sobre la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y ello habilitó en 2005 la declaración de su inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se abrió entonces, a partir del insistente trabajo de los organismos de derechos humanos, una nueva etapa en el denominado “proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. Asimismo, el surgimiento de la agrupación hijos y su comisión de “hermanos” (Cueto Rúa, 2016), y la incorporación de “nietos y nietas” a la estructura organizativa de Abuelas de Plaza de Mayo imprimieron nuevas modalidades de investigación y de búsqueda de los jóvenes apropiados.

En este período no solo comenzaron a ser juzgados los responsables del plan sistemático, sino que también y principalmente se llevaron adelante una considerable cantidad de juicios contra apropiadores directos de los jóvenes que “recuperaron” su identidad en esos años. También se judicializaron numerosas denuncias sobre situaciones en las que existían sospechas de la existencia de apropiación, para que la Justicia ordenara la realización de análisis genéticos (Gaitán, 2014). Por otra parte, aunque en menor medida, en esta etapa también fueron juzgados algunos de quienes actuaron como intermediarios o facilitadores de la apropiación. Así, en algunas causas se procesó a quienes fueron los entregadores de los niños/as, y en otras fueron juzgados los médicos militares o policiales que se desempeñaron en las maternidades clandestinas y firmaron la documentación apócrifa que posibilitó que la sustitución de identidad se consumara.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, al crear o fortalecer áreas de derechos humanos en distintas dependencias estatales, incrementaron las posibilidades de instruir nuevas causas. Más allá de las demoras en la administración de justicia, ocasionadas por las características inquisitoriales del sistema penal y la tramitación burocrática de causas motorizadas casi exclusivamente por la investigación de los organismos de derechos humanos (Gaitán, 2014), se pudieron celebrar numerosos juicios. Asimismo, para el caso específico de los niños/as apropiados, las nuevas localizaciones que se produjeron en esos años –un total de 46 en el lapso de 12 años, incluida la de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvo una enorme significación y repercusión social– fueron cruciales para profundizar el conocimiento sobre el “cómo” de la apropiación. Esto es, a partir de ellas se pudieron conocer diferentes facetas de las modalidades que se utilizaron para llevarla a cabo, lo que posibilitó construir otras hipótesis investigativas.

En esta nueva etapa, las causas que se reabrieron o comenzaron a llevarse adelante en diferentes juzgados federales del país permitieron recopilar más información sobre las modalidades que revistió la apropiación de niños/as y dieron origen así a otras causas específicas. Esto fue lo que sucedió en Rosario, donde, a inicios de los años 2000, empezó a instruirse una nueva causa que sería la que se convertiría en “Guerrieri” y echaría luz sobre un circuito represivo hasta entonces poco conocido y escasamente explorado.

Reconstruyendo tramas y circuitos: los juicios para llegar al juicio

Si formalmente un juicio por crímenes de lesa humanidad inicia cuando el tribunal fija fecha para la primera audiencia, lo cierto es que el inicio del proceso para llegar a él es mucho más largo y excede ampliamente el tiempo tribunalicio. Habitualmente, se remonta a los momentos en que se produjeron los hechos, ya que en general han sido los propios familiares de las víctimas quienes, desde la desaparición de sus seres queridos, a partir de labores detectivescas de investigación comenzaron a producir información que luego tomó la forma de prueba jurídica. Además, en el caso de los bebés nacidos/as durante el cautiverio de sus madres, las incertezas respecto de si el nacimiento se produjo, de cuándo y de cómo constituyeron una dificultad adicional para organizar la búsqueda. Ello porque, si bien el relato de los sobrevivientes permitió tener una primera certeza acerca de que el nacimiento se había producido, en otros casos no se cuenta siquiera con esos relatos. En efecto, si los listados de embarazadas y de niños/as nacidos en cautiverio son actualmente un “dato”, no debemos perder de vista que su construcción demandó un enorme esfuerzo de investigación, de recopilación de testimonios, de cruzamiento de relatos, de sistematización de pruebas documentales y de recepción de denuncias.

Al igual que lo sucedido en otros juicios, el camino que posibilitó llegar al juicio del Instituto Privado de Pediatría comenzó a ser recorrido mucho tiempo antes. En él convergieron distintos actores que tejieron una trama que posibilitó generar las condiciones para producir información allí donde solo había silencio o sospechas.

En efecto, los hechos juzgados en este juicio ocurrieron en un circuito represivo que, en los primeros años de la posdictadura, no era conocido suficientemente ni había sido investigado en el marco de ninguna causa judicial. Fue un circuito –denominado luego como “circuito represivo de la Quinta de Funes” (Águila, 2016)– por el que transitaron muchos detenidos/as que actualmente se encuentran desaparecidos, con la excepción de Jaime Dri, y sobre quienes durante largo tiempo –a partir del libro de Miguel Bonasso, Recuerdo de la muerte, publicado en 1983– pesó la figura de la traición, los estigmas asociados a ella, y acusaciones veladas o abiertas. Esta figura amplificó el sufrimiento de sus familiares e incluso llegó a distorsionar el carácter criminal de los perversos hechos que todos/as sufrieron (Longoni, 2007). El comienzo de la investigación sobre lo sucedido con el parto de Raquel Negro está atravesado por ese particular contexto, ya que, en la década de los 80, poco se había avanzado en la denuncia sobre lo sucedido en esos centros clandestinos de detención en que los represores intentaron que un grupo selecto de detenidos/as colaboraran con ellos.

Recién a fines de los 90, en otro momento sociohistórico, ese circuito represivo comenzó a visibilizarse. La producción de información para que esa visibilización ocurriera se vinculó fundamentalmente a la tarea de las familiares de sus víctimas: Alicia Gutiérrez y Cecilia Nazábal. Ambas se dedicaron a investigar detalladamente lo que había sucedido con sus maridos, secuestrados y desaparecidos en aquel otro circuito que funcionó bajo el ii Cuerpo de Ejército. Esa investigación que permitió ir armando gradualmente “un rompecabezas”[2], sumado a que no había ninguna causa paralizada que se debiera reabrir, posibilitó que, en 2002, tras la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se iniciara una nueva causa que avanzó incluso más rápido que “Feced”, la otra gran causa emblemática de Santa Fe. Así, el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Rosario tuvo lugar en 2010 y fue resultante de la nueva causa conocida como “Guerrieri” (Patallo, 2017).

En paralelo, las investigaciones producidas por quien también era un “familiar” y militante de derechos humanos, Guillermo “Mencho” Germano, habían arrojado algo de luz o al menos instalado la sospecha respecto de lo que había ocurrido durante el terrorismo de Estado en el Hospital Militar de Paraná.

Las trayectorias de estos “familiares” son representativas de la peculiar experticia forjada. Con muy pocos datos, no solo denunciaron, sino que desarrollaron creativas tareas de investigación que, durante la década del 90, cuando la vía judicial estaba clausurada, permitieron acumular información que luego fue indispensable para poder transitarla. A raíz de sus investigaciones, se pudo reconstruir el circuito represivo compuesto por los ccd La Calamita, Fábrica de Armas Domingo Matheu, La Intermedia, y la Escuela Magnasco, y también obtener información sobre el nacimiento de los mellizos/as de Raquel Negro y Tulio Valenzuela en el Hospital Militar de Paraná. Estas figuras, por su “obstinación militante”, al decir de varios activistas, fueron centrales para iniciar las causas “Guerrieri”, por un lado, y “Hospital Militar de Paraná”, por otro. De hecho, Guillermo Germano, quien había sido impulsor de la creación del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y cuya madre fue una de las militantes pioneras de afader (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Entre Ríos), a raíz de una denuncia anónima inició, en 2005, la causa que durante 3 años llevó su nombre: “Germano, Guillermo A. s/su denuncia”. En marzo de 2008, fue recaratulada como “Trimarco, Juan Carlos Ricardo y otros s/ infracción al art. 146 y art. 139 inc. 2 del Código Penal”, ya que recién allí se imputó a quien fue interventor militar de la provincia de Entre Ríos y a un grupo de represores por sustracción de menores y sustitución de identidad.[3] En esta causa fue querellante Sebastián Álvarez, aquel niño que, con un año de edad, fue secuestrado en Mar del Plata junto con su madre[4] y Tulio Valenzuela y conducido a la Quinta de Funes, en la que permaneció algunos días, y que luego fue entregado a sus abuelos maternos, con los que luego se criaría en Santa Fe. A través de ellos, se enteró de que tenía “un hermanito”, ya que sus abuelos/as guardaron una carta que Tucho Valenzuela le envió, en la que lo instaba a buscarlo.

Estas dos causas fueron tramitadas en paralelo, una en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) y otra en la ciudad de Paraná (provincia de Entre Ríos), pero se retroalimentaron una a la otra. En ese contexto, en el que ambas se potenciaban debido al comprometido y riguroso trabajo de investigación de muchos/as, en los viajes de Rosario a Paraná y viceversa fue posible la localización de Sabrina. De hecho, en el marco de la causa “Trimarco”, Sabrina recibió la notificación para que sus padres adoptivos/as se presentaran en el Juzgado Federal de Paraná. A ella habían llegado literalmente atando cabos sueltos y encontrando algunos de los trozos de ese doloroso rompecabezas al que aún le faltaban piezas.

La aparición de Sabrina

Juntando lo que estaba fragmentado, reuniendo los esfuerzos ya realizados y enfocando –tras las pistas que trabajosamente se habían construido los recursos del Estado y las potestades de investigación del Poder Judicial, en 2008 se citó a Sabrina Gullino y a sus padres adoptivos/as para que comparecieran en el Juzgado Federal de instrucción de Paraná, en el marco de la causa que investigaba la existencia de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de esa ciudad.

La aparición de Sabrina y el impacto que generó en la escala local fue una confirmación de lo acertado de la estrategia que se adoptó luego de varias discusiones sobre si las causas debían o no acumularse. Como relata Ana Oberlin, quien fue una de las abogadas querellantes en las dos causas que antecedieron y posibilitaron construir la prueba jurídica y las certezas judiciales para la realización del juicio del ipp, a medida que avanzaba la investigación se pensó en requerir la unificación de las causas “Guerrieri” y “Hospital Militar”, para que esta última se acumulara a la primera que tramitaba en Rosario. Sin embargo, finalmente se decidió que era conveniente mantenerlas separadas, y en esa decisión mucho incidió un factor extrajurídico: el compromiso de dos de las empleadas del Juzgado Federal de instrucción de Paraná.

En todo ese recorrido, al principio nos pareció que era mejor que eso fuera todo a Rosario, pero después nos pareció que no, y sobre todo nos pareció que no por el trabajo del juzgado de instrucción de Paraná. Realmente había dos empleadas en el Juzgado Federal, y eso a mí también me parece que es algo muy importante de destacar en estas máquinas burocráticas, había dos empleadas, Patricia y Alejandra, que estaban totalmente decididas a encontrar a Sabrina y a su hermano. Los iban a encontrar a como diera lugar por una cuestión de una empatía extraordinaria […] ahí hablándolo con el equipo de Abuelas, decidimos que esa causa quedara ahí en Paraná básicamente por cómo trabajaba el Juzgado y porque por el empeño que ponían seguro iban a lograrlo (entrevista a Ana Oberlin, abril de 2020)[5].

Estas empleadas fueron las que, hacia fines de 2008, recibieron un escrito presentado por Ana Oberlin como abogada querellante de Abuelas, en el que planteaba una sospecha construida a partir del análisis de los testimonios de un represor y de una investigación realizada por Abuelas y por la comisión de “Hermanos” de hijos Rosario. Un indicio cuya genealogía también se remonta a los primeros años 90 y que cobra otra validez en el contexto de reapertura de los juicios.

En el año 1992, el diario Rosario/12 (sección local de Página 12) había publicado una entrevista en la cual Eduardo “el Tucu” Constanzo, un exagente de inteligencia, relataba pormenores sobre los “vuelos de la muerte” y el asesinato de 16 personas que estuvieron presas en el ccd La Quinta de Funes. Así, al igual que algunos otros pocos represores, este exagente de inteligencia aportó información en un contexto en el que estaba vedada la investigación judicial. A partir de los datos que brindó, se pudo tener información de las prácticas más ocultas del accionar represivo (Salvi, 2019). Sin embargo, a diferencia de otros, Constanzo sostuvo sus declaraciones en la instrucción y en el juicio por la causa “Guerrieri”. Y eso las transformó en prueba jurídica. O bien, como plantea Ana Oberlin, al proferirlas en un juicio, las oficializó.

Entre la información que aportó, Constanzo brindó algunas pistas sobre el destino de los hijos/as de Raquel Negro. Refirió que el nacimiento se había producido en el Hospital Militar de Paraná y que habían sido mellizos/as, y también contó que, a la nena, dos de los represores –Walter Pagano y Juan Daniel Amelong– la habían dejado en “un convento de Rosario”. De esta manera, se contó con información que representó una pieza clave para hallar a Sabrina, esa beba dejada al mes de vida en Rosario “como si” fuera abandonada intentando borrar todo rastro sobre su origen y recreando, como en otras ocasiones también lo hicieron los represores, el lugar común de un niño “como caído del cielo” (Villalta, 2012).

Ahora bien, si esta información provista por uno de los represores de ese circuito clandestino se transformó en un dato clave, lo fue porque hubo un contexto de recepción que permitió construirla en un indicio que llevó a revelar un hecho. Esto es, si la palabra de Constanzo tuvo algún sentido y posibilitó llegar a Sabrina, se debió a que hubo una escucha entrenada y una experticia de búsqueda que ponderó, confrontó y trianguló esa información con otras. En otras palabras, los dichos de Constanzo aislados, sin ser recuperados y contextualizados, poco hubieran aportado. Si ese aporte existió, se debió a la investigación que Abuelas y la comisión de hermanos de hijos Rosario realizaron y al escrito que, de “testaruda”, Ana Oberlin elaboró y que, en uno de sus tantos viajes desde Rosario a Paraná, entregó en el Juzgado Federal de instrucción en el que Alejandra y Patricia eran las encargadas de la instrucción.

Nosotros habíamos hecho una investigación sobre de qué lugar podría estar hablando porque en esa época no había tantos conventos en Rosario. Y por la investigación que había hecho Abuelas y la comisión de hermanos de hijos se había llegado a la posibilidad de un lugar que en ese momento tenía monjas, que no era un convento, pero que era altamente probable que fuera. Y yo siempre que cuento esta parte digo “¡Qué bárbaro!”, porque yo no creí que eso tenía algún valor. Yo llevé ese dato a Paraná. Y lo llevo de testaruda porque yo llevaba todo a Paraná. Y tal es así que no estaba nada convencida, voy a Paraná, dejo el escrito diciendo que se podría tratar de tal lugar y me voy. ¡Un escrito de una carilla máximo! Y cuando vuelvo a la semana siguiente, ya estaba todo en secreto de sumario y no me dejaban ver el expediente porque estaban con medidas de pruebas, la habían citado a Sabrina. Y yo pregunto cómo habían llegado y las chicas del Juzgado me dicen: “¡Por el dato que diste vos!”. Yo tiré una más de las miles y como había muchas cosas raras, cosas que podían ser y otras que no, realmente ¡yo no me imaginaba que podía ser! Ahí surge lo de Sabrina (entrevista a Ana Oberlin, abril de 2020).

El convento en cuestión era el Hogar del Huérfano de Rosario, una institución administrada por una orden religiosa que albergaba a niños/as abandonados o dispuestos por la Justicia. A partir del escrito, se ordenaron distintas medidas de prueba: se allanó el hogar que aún seguía funcionando como tal, se secuestró información de los libros de ingreso, se pidieron los listados del personal que había trabajado en esa época, se tomaron “declaraciones testimoniales” y, a partir del cruzamiento de fechas y otros datos, se llegó a citar a Sabrina y a sus padres adoptivos/as.

Ella, que desde siempre había sabido que era adoptada, pero que nunca había sospechado muy seriamente que podía ser hija de desaparecidos porque “no había nada oscuro en su adopción”,[6] se presentó a los pocos días junto con sus padres adoptivos/as en el Juzgado de Paraná y accedió a realizarse un análisis genético, que finalmente determinó un 99,9 % de probabilidades de que sea hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. No obstante, antes del resultado de ese análisis, ya existían fuertes indicios: por un lado, las fotos en donde Sabrina y su madre adoptiva descubren el parecido físico con su madre biológica; por otro, el hecho de que sus padres adoptivos/as reconocieran que, por orden del juzgado de menores en el que se encontraban inscriptos para adoptar, en 1978 fueron a buscar a una beba muy chiquita que días antes había sido “abandonada” en la puerta del Hogar del Huérfano.

La aparición de Sabrina causó una enorme conmoción, movilizó fuertemente a la sociedad entrerriana, y recibió una gran cobertura mediática. Principalmente, permitió resignificar y potenciar información que ya se poseía, pero que ahora se veía iluminada con una luz diferente. Sabrina –como también ha sucedido con otros casos de nietos/as restituidos– era la “prueba viviente” de que aquello que había sido reconstruido con tanta dificultad, que estaba rodeado de sospechas y que había sido contado y testimoniado por algunos, era “verdad”.

Algo de esa información que, a partir de la localización de Sabrina, comenzó a tener otra significación había sido provista por Miguel Torrealday, uno de los dueños del Instituto Privado de Pediatría, a Estela de Carlotto en el año 2000. En ocasión de una visita a Paraná de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el médico –un personaje bastante ilustre de la ciudad en aquellos años, ligado al poder político provincial[7]– le había entregado a Estela una copia del libro de ingresos del ipp. Allí figura el ingreso de dos niños/as provenientes del Hospital Militar, Soledad López y NN López, el 4 y el 10 de marzo de 1978, respectivamente, y también su egreso: el 27 de marzo del mismo año.

Si bien Abuelas ya contaba con esa información, esta en su momento solo había permitido corroborar las sospechas sobre el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar. Sin embargo, una vez abierta la nueva etapa del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y con Sabrina localizada, se transformó en la mayor prueba documental para fundar la imputación a esos médicos civiles que eran dueños de la primera clínica privada que contaba con una sala de neonatología en Paraná. Una clínica en la que estuvieron internados durante gran parte del mes de marzo de 1978 los hijos/as mellizos/as de Raquel Negro y de Tulio Valenzuela, sin ningún dato filiatorio que acreditara su identidad, y sin haber sido visitados ni reclamados por nadie.

De los militares a los médicos

La aparición de Sabrina en diciembre de 2008 actuó como un catalizador y permitió imprimir otro dinamismo a la confección de esa trama que venía siendo hilada por múltiples actores/as. Según Sabrina, que la hayan encontrado fue prueba de que las cosas se estaban haciendo bien y de que el camino abierto por quienes la buscaron tenía que continuar siendo transitado. Casi inmediatamente después de enterarse de que era hija de Valenzuela y Negro, y de conocer a sus hermanos –Sebastián Álvarez y Matías Valenzuela– y al resto de sus familiares, se sumó a la militancia en los organismos de derechos humanos que más habían hecho para encontrarla, Abuelas e hijos. Así, comenzó a colaborar muy activamente con las querellas de las causas tramitadas en Rosario y Paraná. Sabrina se inscribió así no solo en un linaje familiar, sino también en un linaje militante que tiene como antecedentes las tareas de investigación que muchos –pero principalmente el Mencho Germano y su hermano Sebastián– desarrollaron para encontrarla. Por eso, según su relato, ella, que restituyó su identidad en ese peculiar contexto, mientras se estaba por elevar a juicio oral la causa “Guerrieri” y se estaba instruyendo “Hospital Militar”, no dudó en sumarse a la búsqueda, ya que ir a hablar con una enfermera era “lo mínimo que podía hacer” en comparación con todo lo que habían hecho para encontrarla.

En 2009, se sumó como querellante en la causa “Hospital Militar de Paraná”, que se encontraba en etapa de instrucción, y empezó a organizar una serie de actividades tendientes a encontrar a su hermano mellizo. Fundamentalmente con hijos Paraná, conformó una suerte de equipo “capaz de hacer cualquier cosa”. Como plantea Sabrina rememorando aquel tiempo:

Estaba la Agrupación hijos, y ahí aparezco yo […] y empieza toda una época de ir de Rosario a Paraná. ¡Las veces que yo fui a Paraná! Aparte éramos capaces de hacer cualquier cosa, era un equipo de búsqueda capaz de hacer cualquier cosa, ver enfermeras, hacer guardia enfrente de una casa, ir a ver religiosas que nos echaban, ir a ver médicos […]. Se fue dando todo este concatenamiento de hechos y el alojamiento que hace hijos de esta causa y ahí se arma un equipo, y después yo creo nos fuimos profesionalizando. Nos reuníamos cada 15 días, y teníamos reuniones de trabajo. Yo no tengo tan buena memoria, entonces llevo un cuadernito y ahí registro todo, tuve tal entrevista, y me dijeron esto y esto, y me atendió tal (entrevista a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, mayo de 2020).

Comenzó así lo que ella denomina el “plan Melli”, esto es, la búsqueda sostenida y planificada de su hermano mellizo que en los años siguientes impulsaría junto con hijos Paraná en torno a tres ejes: el de la investigación, el jurídico y el de prensa. Un trabajo que fue desarrollado en un contexto sociopolítico propicio para la agenda de derechos humanos por múltiples razones. Por un lado, porque los juicios se estaban desarrollando en distintos lugares del país. Por otro, porque se comenzaba a tematizar y visibilizar el respaldo, el apoyo y la participación en el plan represivo de la dictadura de sectores civiles (empresarios, eclesiásticos, judiciales) señalando la colaboración o “complicidad”. Y también porque, en ese contexto, algunos militantes de derechos humanos se incorporaron a distintas áreas del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, en 2011 comenzó el juicio en la causa “Hospital Militar de Paraná”, que fue el primero por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia. La repercusión que tuvo fue enorme. Grandes sectores de la sociedad entrerriana se vieron concernidos y “descubrieron” una realidad que escasamente conocían o que no habían querido conocer.

De esta manera, como sucedió también en ocasión de otros juicios de lesa humanidad celebrados en ciudades pequeñas (Sarrabayrouse Oliveira, 2019), la conmoción que causó fue ocasión para recabar nueva información y hacer públicas algunas voces, o bien para validarlas y generar espacios de audibilidad para ellas.[8] Fue así una oportunidad para reconstruir un marco social de reconocimiento público para la palabra de las “víctimas” (Beristain, 2009). Además, su repercusión no solo se debió a que era el primer juicio celebrado en la provincia, sino también a que se juzgaba a los responsables de una “maternidad clandestina”, y ello, como contaba una de las abogadas de hijos Paraná, le otorgó un plus de legitimidad social en cuanto las víctimas eran bebés. Se recreaba así la potente imagen de la “verdadera víctima” o “víctima inocente” nutrida de las nociones comúnmente asociadas a la infancia y que moviliza un repertorio emocional particular (Villalta, 2012; Laino Sanchis, 2020). Asimismo, este impacto redundó en que una gran cantidad de personas se acercara a distintas dependencias públicas con la sospecha de haber sido apropiadas, y así se develó que habían sido víctimas de “tráfico de niños/as” o de adopciones irregulares. De tal manera, que el juicio se haya realizado en Paraná posibilitó que se tematizaran otras situaciones y se legitimaran búsquedas diferentes. Y así se impulsaron investigaciones específicas realizadas por el periodismo y por equipos de investigación de la universidad que visibilizaron la extensión y habitualidad de las prácticas de sustitución de identidad de niños/as.[9]

En este juicio, las protagonistas centrales fueron las enfermeras del Hospital Militar. Fueron ellas quienes más datos aportaron respecto de lo ocurrido y sostuvieron careos con los médicos, y a partir de sus testimonios se pudo establecer que Raquel Negro permaneció 15 días allí y que los dos mellizos/as, que estuvieron en la terapia intensiva en el hospital, salieron con vida de ese lugar. Tras las declaraciones de las enfermeras, y a partir de las distintas audiencias e inspecciones oculares realizadas durante el transcurso del juicio, se derrumbó la versión que había sido propagada por los represores y por los médicos militares que sostenía que el mellizo varón había nacido con problemas de salud y que había muerto a las pocas horas de nacer.

De esta forma, como también sucedería en el juicio del ipp, a partir de una especie de inversión de las jerarquías, la palabra de las enfermeras –en el contexto de la instrucción y juicio de la causa– asumió un nuevo valor, permitió construir otras certezas y dio aliento a otra hipótesis de investigación.

Era muy difícil sinceramente. Yo vi a esas mujeres declarando en la instrucción y realmente era muy difícil en un sistema que es muy jerárquico y autoritario como es el sistema de salud, en donde los médicos, que además son varones, tienen mucho poder y las enfermeras son el escalón más bajo y además la mayoría mujeres. Eso fue muy interesante cómo se dio porque esos varones muy autoritarios tuvieron que ser careados con las enfermeras, y las enfermeras se mantuvieron muchas en sus dichos (entrevista a Ana Oberlin, abril de 2020).

Así, si en el juicio de la causa “Guerrieri” celebrado un año antes se había podido construir como certeza judicial el secuestro de Tucho, Raquel y Sebastián en Mar del Plata, los avatares que rodearon a la Operación México y el nacimiento de los mellizos/as, en la causa de “Hospital Militar” se visibilizó otra parte de la trama: aquella que involucró al personal de la salud en la gestión del nacimiento de los mellizos/as y en su apropiación.

Además, este juicio sentó las bases para explorar otro de los eslabones de la cadena que había posibilitado consumar la apropiación. De esta manera, aun cuando en un principio el foco estuvo puesto centralmente en los militares y en el Hospital Militar, a medida que transcurrió, la mirada se desplazó hacia los médicos y el Instituto Privado de Pediatría. Como señala Sabrina:

[…] mientras se estaba desarrollando el juicio hubo un viraje terrible; eso se ve claramente incluso en un video del juicio del día que hablan las enfermeras, que dicen “Bueno, a los bebés los llevaron al ipp”, y así empieza a cobrar fuerza el tema de que acá hay responsables, acá hubo médicos que cobraron por nuestra atención y que nos tuvieron internados tantos días. Nosotros que estábamos mirando a los militares, dejamos de mirar a los militares y empezamos a mirar a los médicos. Tremendo. Tremendo. Nosotros estábamos ahí y Amelong, que es un perverso, es un represor que es abogado –entonces se defiende a sí mismo–, pide la palabra y les empieza a decir a los médicos del ipp “Digan dónde está el mellizo, digan dónde está el mellizo”. Tremendo (entrevista a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, mayo de 2020).

Se dramatizó así, en el propio escenario del juicio, un juego de acusaciones cruzadas en el que imputados y testigos buscaban exculpaciones o justificativos. Juan Daniel Amelong, el represor que finalmente fue condenado en esta causa a 13 años de prisión, inquiría –como relata Sabrina– sobre la suerte corrida por el mellizo a uno de los dueños del ipp, mientras que este, cuando declaró, se presentó diciendo que él estaba allí porque estaban “comprometidos” y querían “saber y conocer quién fue el médico que los atendió” porque era la persona que les podía “aportar la información que estaban “necesitando para recuperar al varón”.[10]

De esta manera, la principal argumentación de Torrealday y de los demás médicos dueños del ipp fue sostener que trabajaban con un “sistema de puertas abiertas”, esto es, que la responsabilidad por el ingreso y egreso de pacientes era del médico tratante, que podía ser ajeno a la institución. Según su argumento, desconocían quién era el profesional que había ordenado el ingreso y egreso de los niños/as. Sin embargo, las dimensiones de la clínica e incluso de la propia ciudad –en la que los médicos neonatólogos no abundaban– convirtieron en demasiado improbable la versión basada en un supuesto desconocimiento. Falta de verosimilitud que se acrecienta si se tiene en cuenta lo anómalo de una situación en la que dos bebés muy pequeños están solos/as, sin la presencia de su madre ni de ningún otro familiar. Sin embargo, tal como había hecho en ocasión de entregarle a Estela de Carlotto la copia de los libros de ingresos del ipp, Miguel Torrealday seguía presentándose como alguien que solo había sido engañado por el poder militar y que estaba dispuesto a colaborar, ahora con la Justicia, para encontrar al mellizo varón. Esta escenificación incidió ciertamente en las estrategias que siguieron los organismos de derechos humanos, y además los obligó a tener que construir otros sentidos para poder rebatir los argumentos del médico que se presentaba como quien había “salvado” y “cuidado” a esos niños/as en sus primeros días de vida.

Comenzó así otra disputa de sentidos que, incluso, ya se vislumbró en la misma audiencia en la que declaró Torrealday, y en la que la magistrada integrante del Tribunal Oral Federal de Paraná, visiblemente molesta por sus dichos, le planteó:

Doctor, usted dice “Queremos saber”, pero los únicos que tienen la verdad y que tienen la clave de saber quién atendió a esos chicos son ustedes, por eso los llamamos a declarar. Usted no puede decir al tribunal “Queremos saber”. La señora fue clarita, la testigo, cuando dijo los médicos sabían que eran hijos de guerrilleros, toda la sociedad está comprometida y ustedes tienen la llave para saber qué pasó.

“Era como decirte Favaloro”

En octubre de 2011, cinco de los seis imputados en la causa “Hospital Militar de Paraná” fueron condenados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad y por adulteración de identidad. En esa causa también se estableció que, si bien los mellizos/as nacieron en el Hospital Militar, permanecieron muy poco tiempo allí y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, en el que permanecieron desde el 4 y el 10 de marzo hasta el 27 de marzo, cuando fueron dados de alta.

A partir de ese momento, se planteó un gran dilema para los organismos de derechos humanos: ¿cómo seguir? Durante el juicio se había recabado bastante información sobre el ipp y resultaba claro que sus dueños, más allá de que negaran saber qué había ocurrido, no podían sostener no conocer que dos niños/as NN habían permanecido de una manera en extremo irregular en la clínica que era de su propiedad. Además, tal como luego sostuvo el juez federal de Paraná en el procesamiento que dictó, desde la clínica ni siquiera se había dado intervención a la Justicia de Menores ni al Consejo Provincial del Menor para que entendieran la situación de los menores, como establecía la Ley provincial 3.805 de Patronato de Menores en aquel entonces.

Una vez finalizado el juicio del Hospital Militar, el Ministerio Público Fiscal –como sostenía críticamente una de las abogadas querellantes de hijos Paraná– no impulsó ninguna investigación para determinar la responsabilidad de esos médicos. Además, en virtud de la peculiaridad de esta causa y luego de distintos debates, tanto desde Abuelas como desde hijos se optó por no impulsar una acción judicial, sino intentar un acercamiento extrajudicial con los médicos para tratar de obtener información para hallar al mellizo. La sospecha de que los médicos sabían más de lo que habían relatado en la instancia judicial fue la principal razón para tomar esa decisión: dar tiempo y confiar en que brindarían otra información.

Incluso en el marco de esta estrategia, Sabrina y su hermano Sebastián tomaron la decisión de ir a hablar con los médicos del ipp. Pidieron una entrevista con Rossi y también con Torrealday, pero, cuando concurrieron a hacerla –acompañados por un psicólogo de Abuelas de Plaza de Mayo que viajó especialmente–, fueron recibidos para su sorpresa por los cuatro médicos juntos. En esa ocasión, todos los médicos manifestaron que querían colaborar para encontrar al mellizo, y, además de mostrarle a Sabrina la incubadora en la que había estado internada, Torrealday les aseguró que el mellizo había salido “vivito y coleando” de la clínica. Sin embargo, no obtuvieron ningún otro dato de ellos.

Recién en 2014, luego de varias discusiones sobre cómo seguir e incluso de algunas resistencias originadas por las dudas que generaba avanzar jurídicamente sobre los responsables de la clínica, Abuelas e hijos presentaron una denuncia contra los cuatro médicos dueños del ipp y pidieron que se los citase a una declaración indagatoria. No obstante, ese paso no fue nada sencillo. Como señala quien fue abogada querellante por hijos Paraná en la causa del ipp: no había paranaense que no hubiera sido atendido por ellos.

En una ciudad de las dimensiones de Paraná[11], juzgar a los dueños de la única y primera clínica pediátrica privada que había contado con una sala de neonatología, que también habían sido fundadores del “Sanatorio del Niño”, otra entidad emblemática en la zona, implicaba juzgar a quienes habían sido médicos pediatras de al menos tres generaciones de paranaenses. Como cuenta Sabrina para graficar el prestigio social con el que contaban esos médicos:

¡Era como decirte Favaloro![12] Era poner en duda a los neonatólogos y los pediatras de generaciones de paranaenses, desde esa época para acá de todos. Aparte los tipos tenían el argumento de que gracias a ellos nos habían salvado. Entonces era difícil la construcción de sentido (entrevista a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, mayo de 2020).

Para construir ese sentido, un componente fundamental fueron las intervenciones y performances artísticas que hijos Paraná desarrolló. Así, reactualizando una tradición de intervenciones callejeras, y continuando de alguna manera con aquellas que ya habían desarrollado durante la realización de los juicios “Guerrieri” y “Hospital Militar”, diseñaron una creativa campaña que incluyó distintos elementos culturales, artísticos y mediáticos. Tras la pregunta “¿Dónde está el melli Valenzuela Negro?”, realizaron distintas performances que impactaron profundamente en la sociedad paranaense. Todo ello permitió una mayor visibilización pública de la causa. Tal como relataba una de las integrantes de hijos Paraná en ocasión de unas jornadas realizadas en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en 2015:

[…] las estrategias comunicacionales que nosotros elegimos para el trabajo de identidad –esto lo tomamos de Abuelas– son la creatividad y la calle, la calle como instrumento de transformación de lo social. Entonces nosotros, con la indagatoria de Torrealday, lo que hemos hecho es salir y utilizamos lo irónico, lo lúdico, lo artístico para que la gente quizá, si no lo sabe, se entere. Una vez pusimos ropa de bebé colgada por todos lados. Invitamos a mellizos. En las puertas del ipp donde le decíamos: “Y, Pepe, ¿dónde está el melli?”. Y nos poníamos en la puerta con mellizos (intervención de Clarisa Sobko, Jornadas “Adopciones e Identidades. Una apuesta a la memoria”, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 14 de agosto de 2015).

De tal manera, a partir de distintas acciones frente al Juzgado y al Instituto Privado de Pediatría y de una cobertura de prensa planificada en pos de visibilizar y hacer comprensible la denuncia sobre los médicos del ipp[13], se fueron generando condiciones para construir una acusación y sobre todo para tomar la decisión de avanzar por la vía judicial.

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Afiche realizado por Sabrina Gullino Valenzuela Negro en 2013.

Además de la significación social que poseía involucrar a los médicos pediatras más prestigiosos en un caso de robo de bebés y del desafío que eso representó, tampoco resultó sencillo construir la imputación. Como relataba una de las abogadas querellantes, en relación con la faceta propiamente jurídica también se debieron sortear varios obstáculos y principalmente se tuvo que trabajar en fundar una acusación que no resultaba lineal ni transparente:

A nosotros nos costaba mucho encontrar la imputación, en un momento era el ingreso, otras veces era el egreso, otras la permanencia, otras veces era no dar aviso a las autoridades de familia… Finalmente, fue todo eso en realidad […] nos costó mucho lograr procesamientos por Cámara las dos veces, así que un año largo, un año y medio habrá sido de eso, y mucho tiempo nosotros pedimos elevación a juicio también […] el juez decreta la falta de mérito, el planteo era que no había pruebas suficientes ni para procesar ni para no, que él no ponía en duda que habían ido ahí los niños, pero que no veía cuál era el dolo (entrevista a Sofía Uranga, abogada querellante hijos Paraná, abril de 2020).

A mediados de 2015, el Juzgado Federal de instrucción de Paraná procesó a Torrealday y, luego del pedido de la fiscalía, procesó a los otros dueños del ipp, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi. A todos se les imputó haber coordinado el ingreso irregular de los mellizos/as y permitido su estadía y su entrega a personas ajenas a la familia sin aviso a la Justicia de Menores. Acciones que, según el Juzgado, configuraron un importante aporte “para que el plan de sustracción de los mellizos y la sustitución de sus identidades se ejecutara con éxito”.

El juicio oral comenzó en agosto de 2018. Sin embargo, el contexto político había cambiado[14], y ello, según la interpretación de algunos de los abogados querellantes, incidió en la estrategia global del juicio y en algunas de las declaraciones testimoniales que se pudieron obtener. Si bien las enfermeras habían aportado mucha información de manera extrajudicial, algunas no fueron tan contundentes durante el juicio. Incluso, durante su desarrollo el tribunal ordenó el careo de una enfermera con Sabrina ya que no volvió a declarar lo mismo que ya le había confiado en charlas informales. En ese nuevo contexto, como interpretan los abogados querellantes, el “poder fáctico” de la provincia se hizo sentir, y desde la querella fue muy difícil en términos comunicacionales y políticos sostener la acusación contra los médicos. Como nos contaba una de las abogadas querellantes, durante el juicio, hasta la Sociedad Argentina de Pediatría casi se pronuncia matizando la responsabilidad de los médicos.

Con todo, el juicio fue emblemático por una serie de razones. Si bien en otras causas por apropiación de niños/as se habían juzgado médicos, en este caso era la primera vez que eran médicos civiles. Además, esos médicos no solo eran juzgados por la apropiación de Sabrina, sino también por la de su hermano aún desaparecido. Ello imprimió particulares características al juicio, en cuanto su objetivo era doble: condenar a los responsables de las apropiaciones y producir información para encontrar al mellizo. Dos objetivos que incluso a veces pudieron colisionar, y por eso la estrategia jurídica tuvo que ser complementada con estrategias de investigación extrajudiciales.

En tal sentido, uno de los principales hallazgos del juicio fue el de validar los dichos de una enfermera que refirió que, según una médica que había charlado con ella, el hermano varón de Sabrina podría estar en Córdoba. Se abrió así una nueva línea de investigación que, si bien no ha dado aún resultado, posibilita continuar investigando y atando otros indicios.

Además, este juicio en el que se avanzaba sobre hechos que en otros momentos tuvieron una significación por completo diferente –en el que se ponía en tela de juicio la actuación de quienes habían sido “tan buenos médicos” y eran “eminencias”– implicó estudio, entrenamiento y un gran aprendizaje para los abogados y abogadas querellantes. Como planteaba uno de los abogados querellantes por Abuelas:

Nosotros estamos convencidos de que los juicios se ganan en los juicios. Muchas veces uno escucha que los juicios se ganan en la calle, y no. Se ganan en el juicio. No te podés parar solo en lo político y descuidar lo jurídico. A ver, yo soy militante político y todo el tiempo me posiciono políticamente en cuanto al genocidio argentino. Pero vos siempre tenés que resaltar mucho lo jurídico, porque del otro lado vos tenés abogados particulares en gran parte o defensores públicos que son muy formados […]. Entonces, si no tenés contundencia en lo jurídico, no va. No podés solo llevarte por lo político o lo sentimental. Estamos en una causa jurídica (entrevista a Santiago Bereciartua, abogado querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosario, mayo de 2020).

En efecto, si la imputación finalmente pudo construirse y sostenerse, fue por la solvencia jurídica de los abogados/as que participaron como querellantes, pero también por la experiencia acumulada en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, una experticia que, en el caso del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, revela no solo solvencia, sino también una particular especialización.

Durante el juicio, las querellas se orientaron a probar la “coautoría” en el delito de ocultamiento y retención de los/as menores, ya que, sin el aporte de estos médicos, no se habría podido confeccionar el delito. Los médicos, según el razonamiento de la querella, en lugar de hacer cesar el ocultamiento y la retención, por ejemplo, dando intervención a la Justicia de Menores o localizando a algún familiar de los niños/as, no lo hicieron.

En octubre de 2018, finalmente, los tres médicos fueron condenados por los delitos de alteración o supresión del estado civil y los de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años de edad. Si bien el juez no consideró que los médicos fueran coautores de esos delitos, como la querella solicitó, sino partícipes –necesarios y secundarios–, se trató de un fallo paradigmático en un contexto en el que el proceso de justicia por crímenes de lesa se había ralentizado. Una condena que, al decir de Sabrina, implicó un paso más en el camino de la construcción colectiva de la verdad y, aun cuando no permitió saber dónde está su hermano mellizo, contribuyó a interpelar nuevamente a la sociedad y a discutir las condiciones que permiten que aún entre nosotros existan “desaparecidos/as vivos”.

Consideraciones finales

En 2008, unos meses antes que Sabrina “restituyera su identidad”, el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo organizó un seminario de discusión cuyos objetivos fueron discutir –a cinco años de haber sido derogadas las “leyes de impunidad”– los problemas que se presentaban en la Justicia penal para la persecución de delitos de lesa humanidad teniendo en cuenta “las tensiones que se plantean cuando el Estado interviene para castigar y las características propias de delitos cometidos desde ese mismo Estado que además fue muy eficiente para garantizar la impunidad” (Abuelas de Plaza de Mayo, 2009: 11). En ese espacio, uno de los abogados de la asociación, al referirse a la especificidad de las causas por apropiación de niños/as, planteaba:

Los casos que trabajamos en Abuelas son más complejos porque tenemos búsquedas de personas desaparecidas, son casos de secuestros que tienen 30 años de duración y de encubrimiento de las estructuras estatales, y eso genera la necesidad de buscar testigos y otro tipo de pruebas de difícil hallazgo (Abuelas de Plaza de Mayo, 2009: 79).

Se debatía así la necesidad de agilizar los procesos de investigación e instrumentar políticas para reunir la información que le quedó al Estado “en sus recovecos”, rastrear sus archivos e iluminar aquello que la mentalidad burocrática ha guardado.

Mucha información se recopiló y organizó desde ese momento hasta ahora, y además en muchas dependencias estatales se pudieron iniciar tareas de rastreo documental y de sistematización que aportaron valiosos datos no solo para la consecución de los juicios, sino también para establecer otras hipótesis de investigación y refinar la búsqueda. Una búsqueda que, en el caso de los niños/as apropiados, hoy adultos, no solo consiste en establecer responsabilidades penales, sino también, y principalmente, en identificar pistas que puedan llevar a restituir la identidad de aquellos que han vivido con otra durante más de cuarenta años.

En tal sentido, como propuse al inicio de este trabajo, el juicio del ipp –el largo, creativo y arduo proceso para llegar a él– resulta paradigmático porque permite visualizar la manera en que distintos actores trabajaron en pos de ese doble objetivo y las tensiones que fueron emergiendo. No casualmente a Sabrina Gullino Valenzuela Negro se la localizó en ese proceso que se caracterizó por atar cabos sueltos. Una localización que visibilizó el hecho de que incluso los niños/as nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron “abandonados” en instituciones para menores con el objetivo de difuminar el carácter criminal de la apropiación y extenderla así en el tiempo (Villalta, 2016). Además de ello, la investigación que culminó con el juicio del ipp tuvo el efecto añadido de haber interpelado fuertemente a la sociedad de Paraná al cuestionar el papel que otras instituciones –no solo los militares– tuvieron en la consumación de la apropiación.

Así las cosas, que esas acciones habitualmente connotadas como salvación o como acciones menores o accesorias fueran recortadas como delictivas y condición de posibilidad para la apropiación de niños/as también fue producto de esa construcción. En otras palabras, ese cambio de consideración también fue resultante de un proceso en el que el movimiento de derechos humanos principalmente fue generando las condiciones para que acciones que habían sido normalizadas o que no eran cuestionadas, en cuanto habían sido desarrolladas por personajes que gozaban de una gran reputación social, comenzaran a ser iluminadas con otra luz y así examinadas desde otra perspectiva. Asimismo, se puede pensar que, a raíz de esa interpelación social promovida por el movimiento de derechos humanos, algunos actores sociales subordinados cuya palabra no era válida o gozaba de un escaso prestigio, como la de las enfermeras en el sistema médico, encontraran en el marco judicial una instancia de reconocimiento público. Una palabra que había circulado solo como rumor o no había encontrado ningún canal para ser audible.

Asimismo, el impacto social generado por el cuestionamiento del accionar de los médicos y por la interpelación construida en torno al interrogante “¿Dónde está el melli?” promovió cuestionar también otras prácticas de sustitución de identidad (Villalta y Gesteira, 2019) que también contaron con el accionar de médicos.

En suma, si los juicios iluminan la trama que los hace posibles y permiten comprender los hechos desde la perspectiva actual (Martínez y Sarrabayrouse, 2021), el juicio del ipp resulta un caso emblemático en este largo proceso que, protagonizado por el movimiento de derechos humanos, ha posibilitado construir peculiares grillas de inteligibilidad para cuestionar la indolencia burocrática de muchos/as y extender una nueva luz sobre prácticas toleradas socialmente que comenzaron a ser vistas como vulneraciones de derechos humanos.

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  1. La Operación México se trató de un plan ideado por el general Leopoldo F. Galtieri con el fin de matar a la cúpula montonera. Tucho Valenzuela, secuestrado en Mar del Plata, fue obligado a viajar a México para que delatase a los dirigentes de su organización bajo amenaza de matar a su mujer. Sin embargo, una vez allí, escapó y denunció públicamente la operación. A los pocos meses, volvió a ingresar al país y fue capturado y asesinado.
  2. Como relata Marta Patallo (2017), el armado de ese rompecabezas posibilitó reconstruir la identidad de las víctimas que habían pasado por este circuito, documentar los lugares en los que funcionaron los centros clandestinos de detención y también listar gran parte de los represores que se desempeñaban allí. Ello se hizo muy artesanalmente y con la ayuda de Jaime Dri, quien vive en Panamá.
  3. Otros seis militares fueron imputados: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña, Mario H. González y Juan Antonio Zaccaría. En 2010 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desvinculó a Trimarco por incapacidad mental, y la causa pasó a conocerse como “Zaccaría”, quien se había desempeñado como jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná.
  4. El padre de Sebastián, Marcelino Álvarez, había sido desaparecido en noviembre de 1976.
  5. Todas las entrevistas fueron realizadas por la autora.
  6. “Hablemos de mi madre”, por Sonia Tessa, sumplemento “Las Doce”, Página 12, 26/03/2010. Disponible en bit.ly/3z5Uj86. Consultado el 4 de mayo de 2020.
  7. De hecho, en aquellos años Miguel Torrealday era asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos y fue removido de ese cargo en 2011, a partir del avance de la causa de Hospital Militar que demostraba el rol que el ipp había desempeñado en la apropiación de los mellizos/as.
  8. Incluso en la etapa de instrucción, como relataba Ana Oberlin, hubo personas que se acercaron para aportar datos y que se encontraban muy movilizadas por el tema.
  9. Entre las investigaciones periodísticas llevadas a cabo, se puede mencionar la de Luciana Actis para Diario UNO de Entre Ríos. Mientras que, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, se realizó bajo la dirección de Gladis Martínez un exhaustivo relevamiento de los legajos del copnaf (Consejo Provincial del Menor y la Familia) de niños/as entregados en adopción por el organismo. Además, a raíz de esa investigación, se presentó un proyecto de Ley de Derecho a la Identidad de Origen, que fue sancionado en mayo de 2020.
  10. Declaración de Miguel Torrealday, Juicio “Hospital Militar de Paraná”, 15/09/2011. Disponible en bit.ly/3lfBw5u.
  11. Según el censo de 2010, la ciudad de Paraná contaba con una población de 247.863 habitantes.
  12. René Favaloro fue un médico argentino reconocido mundialmente por haber inventado la técnica del bypass coronario.
  13. Como relataba una integrante de hijos Paraná en 2015: “Estos hombres civiles, recontra conocidos de Paraná en el marco de la política local también, es importante que el resto de los paranaenses sepamos quiénes son y quiénes han sido. Porque Torrealday en su indagatoria se defiende y dice ‘A mí me echó la dictadura de mi trabajo”, porque él era secretario de Salud en el gobierno que había empezado en el 73, con el gobernador Cresto, y tenía un cargo importante en infancia en el Hospital Materno Infantil San Roque. Y él dice ‘Yo fui un perseguido político, cómo me van a decir a mí’. Entonces es muy complejo. Y, bueno, mucha resistencia del Poder Judicial hemos tenido, muchísima, porque nosotros presentamos el pedido de indagatoria el 9 de octubre del año pasado y esto recién se activó en abril de este año. Estamos hablando de una demora injustificada, insostenible e insoportable, y entonces nosotros, con el real compromiso que tenemos con esto, no lo hicimos público en su momento, antes de que lo llamaran a indagatoria, porque a nosotros nos interesa cuidar la medida antes que la publicidad, al contrario de lo que muchos podrían pensar, el Poder Judicial es muy amigo de la publicidad y nosotros mucho menos” (intervención de Clarisa Sobko en las Jornadas “Adopciones e Identidades. Una apuesta a la memoria”, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 14 de agosto de 2015).
  14. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, el gobierno nacional estuvo a cargo de Mauricio Macri, quien desarrolló una política regresiva en materia de derechos humanos.


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