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Los archivos como instrumento del delito: el litigio y la documentación en la faceta productiva del terror

Valeria Barbuto

Los casos

El caso de “la lista”

El 27 de julio de 1979 el Poder Ejecutivo nacional dictó el Decreto n.º 1.829[1], que prohibía “la distribución, venta, circulación y reproducción parcial o total, por cualquier medio, en todo el territorio nacional, de la publicación ‘¿Dónde están los 5.581 desaparecidos?’” y hacía responsables de dicha publicación a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh), la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (faderap), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (ladh) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (medh). Se trataba de una lista con los nombres de personas desaparecidas que, para las autoridades militares argentinas, atentaba contra el orden y la seguridad pública. Al día siguiente del dictado del decreto, el juez a cargo del Juzgado Federal n.º 2 secuestró todos los ejemplares de la publicación, los originales y otros materiales mecanografiados que se encontraban en la imprenta.

El caso de “los allanamientos”

El 10 de agosto de 1979 el Juzgado Federal n.º 2, junto a personal del Departamento de Delitos Federales, allanó simultáneamente las sedes de los Organismos de Derechos Humanos (odh)[2] y secuestró su documentación. En la sede que compartían faderap y ladh, además, fue detenida una persona. Los allanamientos se reiterarían el 14 de agosto. Las medidas se tomaban en el marco de la causa n.º 12.102, caratulada “NN s/ Instigación al falso testimonio”[3]. El juez dudaba de la veracidad de los habeas corpus que presentaban los familiares de detenidos desaparecidos, arguyendo que eran similares y que, por lo tanto, entendía que se desarrollaba una acción tendiente a obstaculizar la justicia.

El caso de “las detenciones”

El 27 de febrero de 1981, nuevamente el Juzgado Federal n.º 2, que había intervenido en los casos de “la lista” y de “los allanamientos”, secuestró los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) y se llevó detenidas a cinco personas que estaban en la sede. En sucesivos operativos, buscó a los demás integrantes del organismo y también los detuvo. Pocas horas antes, el jefe del Departamento de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina había solicitado la orden para llevar adelante los procedimientos dado que “se hallaría gran cantidad de documentación con connotaciones subversivas”. El juez concedió la medida y abrió la investigación sumarial entendiendo que se podía tratar de una “atentatoria contra la Seguridad Nacional” llevada adelante por medio de “bibliografía, ficheros, carpetas, planos, listas, etc.”[4]

¿De qué modo la publicación de “la lista” atentaba contra el orden y la seguridad pública? ¿De qué manera la documentación se configuraba como un “instrumento del delito” para atentar contra la seguridad nacional? ¿Por qué y de qué manera se pusieron en funcionamiento una serie de dispositivos institucionales de la faceta legal del terror para tratar estas “amenazas”?

Analizaremos estas preguntas desde la perspectiva de la producción de verdad sobre los crímenes, intentando reflexionar sobre la dinámica en la cual los dispositivos del terror entraron en disputa con las técnicas desplegadas para enfrentarlo.

Se trata de un campo en el que se vinculan la tarea de registrar y documentar la información, su publicidad y las acciones de litigio. “La lista”, “los allanamientos” y “las detenciones” son tres casos que involucraron la reacción de la dictadura frente a alguna acción de “develamiento” de la verdad. En los tres, la preocupación por los archivos producidos por los odh derivó en causas judiciales. A partir de ellos, intentaremos describir una dinámica de disputa de poder/resistencia que permite entender, por un lado, el entramado judicial como técnica de “gubernamentalidad” en la imposición del terror, y, por otro, la práctica de los odh que hicieron uso de ese impulso del aparato represor y transformaron el mismo entramado judicial en el lugar donde construir “casos públicos”. Así, la “producción de verdad” se transformó en una herramienta en la lucha contra “las relaciones de poder instauradas por el régimen”[5] (Font, 1999: 25).

El problema de hacer evidente la verdad

El ocultamiento es un elemento común a todas las violaciones a los derechos humanos que, en algunas ocasiones, requiere una operación especialmente planificada para garantizarlo. Sin embargo, existen también “diversos procedimientos de tergiversación, ocultamiento, destrucción, ficcionalización, que operan cotidianamente […] como resultado de rutinas de trabajo –periodístico, tribunalicio y policial–” (Tiscornia, 2004: 1).

Estos tipos de operaciones y procedimientos son parte constitutiva del crimen. En el caso de la desaparición forzada, por ejemplo, se combina el

secreto en su ejecución y (la) negativa oficial sobre ésta y, al mismo tiempo, de producción y puesta en circulación de cierto tipo de saber sobre el destino de las personas trasladadas/desaparecidas, tendiente a generar terror como medida para paralizar toda forma de resistencia (Font, 1999: 21).

Esta producción de negación sobre la desaparición forzada nos permite analizar la forma en que las prácticas burocráticas y la violencia de Estado se modelan mutuamente (Sarrabayrouse Oliveira, 2017: 47).

En el escenario de la Argentina de los 70, la negación de la existencia de las víctimas trajo consigo la figura de un sujeto sin derechos, alguien para quien la justicia es denegada y sobre la que el Estado no tiene obligaciones. ¿Cómo se enfrenta esta primera y brutal negación? El punto de inicio de una genealogía de la categoría “desaparecido” es la “conversión de un disparate en coherencia” de lo incierto a la obviedad compartida (Gatti, 2017: 15). Así, esta “producción de verdad-develamiento” fue una herramienta del movimiento de derechos humanos (mdh) en su lucha contra el régimen.

La sistematización de los nombres de las víctimas en listados o nóminas fue una de las primeras acciones que permitió superar algo de lo incierto para entender lo que sucedía y su magnitud. La construcción de listados sería prontamente una herramienta para peticionar ante las autoridades exigiendo respuestas, alimentar acciones judiciales y realizar publicaciones (solicitadas en los medios, cuadernillos o folletos)[6]. En suma, para convertir a ese “otro” desaparecido en un sujeto con derechos.

Cuando en el 77 publicamos la primera solicitada en los diarios La Prensa y La Nación con mil cien firmas, fue una cosa espectacular, nadie en el país pensaba que había mil desaparecidos; después el gobierno ya le dijo a los diarios que no publicaran más. En 1979 íbamos a publicar un folleto; ahí ya había cuatro mil; […] Me acuerdo que yo fui, para que lo imprimiera, al Buenos Aires Herald; Cox lo hubiera hecho, pero era el director del diario, no su dueño y el dueño de la empresa no se atrevió, nadie se atrevía. Entonces me dice ¿por qué no van a la imprenta Alemann? […]. Fui y hablé… entré, traté con el gerente que era un suizo alemán: nos mandan del Buenos Aires Herald para imprimir esto; ah! muy bien, bueno ¿cuánto es? Tanto, tanto, tanto, hicimos la cuenta, pagamos, todos contentos. Lo imprimen, teníamos que retirarlo me acuerdo un miércoles; el sábado recibimos unos llamados angustiosos de este señor, la policía había allanado la imprenta, había secuestrado todo […] si no hubiera sido la imprenta Alemann incendian la imprenta, pero como era Alemann hicieron el procedimiento […] eso tuvo una enorme importancia: a partir de allí, por causa de esa lista, el gobierno no pudo decir que no había desaparecidos. Videla primero decía en la Argentina no es cierto que haya desaparecidos, y después decía son unos pocos, pero había cuatro mil denuncias”.[7]

La solicitada llevaba el título “¿Dónde están los 5.581 desaparecidos?” y citaba dos párrafos del escrito presentado en el Habeas Corpus Colectivo Pérez de Smith (hcc), que unos meses antes había logrado el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (csjn)[8].

El allanamiento a los talleres Alemann y CIA S.A. se realizó el sábado 28 de julio de 1979. El juez federal Martín Anzoátegui[9] lo hizo en cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n.º 1.829, que prohibía “la distribución, venta, circulación y reproducción, parcial o total, por cualquier medio, en todo el territorio nacional de la publicación”. La medida aludía a razones de orden y seguridad públicos, pues la lista revelaba

contenidos destinados a crear en la opinión pública un estado de inseguridad valiéndose de presunciones que pretenden imputar procedimientos inaceptables a la fuerza pública. Que las graves imprecisiones, inexactitudes y acusaciones indirectas contra la fuerza pública realizadas sin individualización de responsable, contribuyen sin duda a mantener, agravar o expandir las causas que dieron lugar a la declaración del estado de sitio.

En la imprenta se secuestraron los ejemplares impresos, los originales offset y la nómina mecanografiada que había entregado la apdh.

Para comprender la dinámica en el caso de “la lista”, es necesario retrotraernos al menos un año atrás. El 28 de julio de 1978, los odh habían remitido una nota al ministro del Interior Albano Harguindeguy vinculada a “los problemas que suscit[aba] la correcta confección de una nómina sumamente extensa de personas cuya desaparición fuera denunciada”.[10] En la nota habían solicitado una audiencia para discutir estos hechos y dar curso a los pedidos de información sobre el paradero de miles de personas que habían sido detenidas por quienes se habían identificado como fuerzas armadas o policiales y sobre las que nada se sabía desde entonces.

Pocos meses después, en diciembre de 1978, la csjn resolvió el hcc Pérez de Smith. Con base en los miles de habeas corpus individuales que eran negados por los tribunales inferiores, se planteó un recurso colectivo ante la csjn solicitando que el máximo tribunal tutelara el derecho a la vida de 1.542 casos de desaparecidos, argumentando que la masividad demostraba una situación de “efectiva privación de justicia”. El tribunal rechazó el hcc por temas de procedimiento y competencia, pero aceptó que podía haber consecuencias si se confirmara un contexto generalizado de ocultamiento de información a los jueces. Para la Corte, si detrás de las reiteradas negativas oficiales se escondía una detención, esto “equivaldría a una efectiva privación de justicia” aunque “por causas totalmente ajenas a los jueces, a cuyo alcance no est[aba] poner remedio”. Dado que podría estar en juego la correcta administración de justicia –que sí era competencia de la csjn–, se dirigió al Poder Ejecutivo solicitando que investigara “el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se denunci[aba] judicialmente, y que no se [encontraban] registradas como detenidas, a fin de que los magistrados [estuvieran] en condiciones de ejercer su imperio constitucional”.[11]

Así, la csjn aceptaba la posibilidad de que existieran desapariciones masivas y hacía responsable al Poder Ejecutivo. Ponía en palabras aquello que hasta entonces era sistemáticamente negado por el gobierno y por el Poder Judicial. Se abría también una discusión pública sobre la responsabilidad del máximo tribunal en cuanto a la vida de estas personas y su relación con el Poder Ejecutivo en torno a los límites jurisdiccionales. Aunque en términos judiciales “el remedio” era inexistente, el fallo fue una herramienta para la estrategia de litigio de los odh, pues legitimaba el uso del hc y era un paso en el objetivo de la apdh de “quebrar el temor que la intimidación y la agresión habían hecho cundir en sectores de abogados y estimular así las apelaciones al Poder Judicial”[12].

Otro antecedente en el caso de “la lista” fue la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en marzo de 1979. Esta denuncia era colectiva e incluía los nombres de 4.381 víctimas denunciadas entre 1975 y 1978 que ya integraban “la lista” que quería publicarse. En abril la petición fue admitida como caso 3.790 (Argentina)[13]. La intervención de la cidh significaba la posibilidad de documentar una mayor cantidad de casos y transformarlos en una denuncia internacional (Basualdo, 2019: 101). Los denunciantes solicitaban también una visita in loco que se postergaba por diversas razones, aunque, ya entrado 1979, era inminente.

En paralelo a estas tareas, los odh intentaron publicar la nómina de 5.581 nombres como solicitada en los medios de prensa sin encontrar ninguno que quisiera hacerlo. Se decidió entonces publicar un folleto contratando alguna imprenta, y Mignone arribó a los talleres Alemann y cia, donde llevaron el original mecanografiado. La disputa con la dictadura por la palabra pública se agudizó y la imprenta fue allanada.

Aunque el secuestro de los ejemplares se llevó a cabo en el marco de una acción judicial tramitada en el fuero penal, la apdh decidió presentar un recurso de amparo contra el Ministerio del Interior en el fuero contencioso administrativo,[14] en el cual solicitó la restitución del material incautado dado que la impresión estaba totalmente paga.

Esta primera estrategia estaba basada en la comprensión de que el sistema represivo se ejecutaba desde las prácticas burocráticas y que podía hacerse un uso estratégico de la “ficción de una justicia independiente” (Sarrabayrouse Oliveira, 2011). En ese sentido, todo registro e intervención de las autoridades judiciales era una apuesta por lograr el tratamiento de un tema negado. Por otra parte, la tutela de la propiedad privada como derecho inalienable era una de las funciones de la magistratura que seguían intactas. Producir la intervención de un fuero distinto, con idiosincrasia, prácticas y bienes tutelados diferentes, intentaba romper la inercia de un proceso en el cual el juzgado penal y las autoridades militares podían estar plenamente articulados. Se trataba de un intento por lograr que el movimiento ya no fuera lineal y uniforme, y que esta especie de “fuerza oblicua” facilitara, al menos, unas posibilidades distintas. Por ejemplo, colocaba al Ministerio del Interior en situación de tener que defenderse en sede judicial.

Además de solicitar la devolución de los bienes adquiridos, la demanda en el fuero contencioso administrativo cuestionó el Decreto n.° 1.829/79 que originó el procedimiento, y con ello el expediente se configuró en un escenario en el que discutir temas que estaban más allá de la restitución del material.

En su primer argumento, la demanda sostenía que parte de la nómina integraba el hcc Pérez de Smith y que la csjn no había dicho que las nóminas de desaparecidos “man[tuviesen], agra[vasen] o expan[diesen] las causales del estado de sitio”. Y agregaba que “el secuestro de las listas” hacía “imposible ‘superar el estado de privación de la jurisdicción’”. En segundo lugar, entendía que la imposibilidad de contar con ese material vulneraba la posibilidad de peticionar ante las autoridades ya que la publicación era “un elemento objetivo a suministrar a la Comisión de Derechos Humanos de la oea para el cumplimiento de la misión a realizarse”. Dado que, para entender la situación vinculada al bien secuestrado (la nómina), el juez había tomado conocimiento de la denuncia sobre la existencia de desaparición forzada de personas, el escrito finalizaba solicitando que, en calidad de funcionario público, hiciera las denuncias correspondientes para que se investigaran estos delitos.

La defensa del Ministerio del Interior, por su parte, utilizó algunos argumentos formales como la invalidez de la acreditación de la personería jurídica. Por otra parte, para deslegitimar los argumentos políticos, construía una imagen de normalidad institucional, convirtiendo la publicación en una medida extrema y desestabilizadora del régimen. Por ejemplo, planteaba que los denunciantes podían realizar cualquier petición ante las autoridades “ajustándose a la naturaleza del derecho y a la organización institucional de la República” o que la suspensión de garantías había sido una medida ponderada con respeto a la ley.

Pocos días después de la firma del Decreto n.° 1.829/79 y el secuestro del material en las imprentas Alemann, el 10 y el 14 de agosto de 1979 se realizaron allanamientos en las sedes de apdh, ladh, faderap y medh, en el marco de la causa iniciada por el juez Martín Anzoátegui y caratulada “NN s/Instigación al falso testimonio”. Esta nueva acción judicial cuestionaba las denuncias presentadas ante la Justicia. En estrecha vinculación con los hechos en torno a “la lista”, se conformaba como un caso público que objetaba las acciones de los odh. A la vez, era una herramienta para que la dictadura pudiera acceder a la información con la que estos contaban, que sería remitida a la Policía Federal.

Dorila Marzán de Galizzi había presentado ante el Juzgado Federal un recurso de habeas corpus por su hija desaparecida en 1976. Esta madre había acudido a faderap, donde la habían asesorado sobre cómo presentarlo utilizando un modelo redactado por los abogados de la apdh. El juez entendió que había sido inducida a proporcionar informaciones falsas e inició una investigación (cidh, 1980). El juzgado allanó las sedes de los odh y secuestró carpetas, formularios, listados y otros materiales documentales. En la sede que compartían faderap y ladh, además fue detenida una mujer que colaboraba atendiendo a los familiares. En la apdh, solo quedó a salvo una máquina “print, Modelo R 45”, que sufrió su identificación, pero no su secuestro “debido a la imposibilidad física de su traslado”.

Un conjunto de integrantes de la apdh decidió presentarse en la causa explicitando su voluntad de “colaboración con la administración de justicia”. En ese marco, el primer argumento que “acercaron” al juez fue que el acta de allanamiento no cumplía con lo estipulado en el artículo 211 del Código Penal, que requiere una

“[…] descripción minuciosa de los efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito”. Advirtieron que en dicha acta se describía el material secuestrado con generalidades como “una carpeta (1) de color negro y dos (2) carpetas una de color rosado y otra azul, las tres conteniendo información de interés para la causa investigada […]”.

Y continuaron:

[…] se trata, simplemente de que la generalidad con que está redactado el pasaje precedentemente transcripto crea una duda acerca de si fue efectivamente secuestrado e incorporado a los autos un elemento de juicio que los suscriptos entienden manifiestamente conducente al esclarecimiento de los hechos y que no es otro que una nota remitida conjuntamente por las tres entidades allanadas al Señor Ministro de Interior con fecha 28 de julio de 1978 […]; nota relacionada con los problemas que suscita la correcta confección de una nómina sumamente extensa de personas cuya desaparición fuera denunciada.

Luego acompañaron una fotocopia de la nota mencionada y solicitaron se citase a declarar al ministro para que ratificase si efectivamente la había recibido.

Cuando en septiembre de 1979 la cidh realizó la visita in loco a nuestro país, se entrevistó con el juez de la causa, quien fundó sus dudas respecto de la veracidad de los habeas corpus con una base bastante sencilla: “Las denuncias tenían similares características”. Agregó que la investigación se inició para “clasificar o analizar” la información, y que en este marco había remitido la documentación a la pfa para solicitarles estudios “técnicos” de uso y costumbre en el Poder Judicial. Culminó pues objetando la actividad de registrar y elaborar listas dado que el asesoramiento a los familiares era un obstáculo para la Justicia que provocaba un desgaste en los juzgados y cuyo objetivo real era “presionar a las autoridades nacionales e impresionar a los organismos internacionales” (cidh, 1980: 268).

En la causa que abrieron “los allanamientos”, también puede verse la forma en que los odh llevaron adelante una estrategia compleja de discusión con los poderes públicos. Si en el caso de “la lista” se intentó quebrar la inercia del proceso judicial, en el caso de “los allanamientos” se decidió llevar adelante una estrategia de acción y reacción. De alguna manera, los acusados superaron el embate, utilizando esa misma fuerza que había sido ejercida en su contra para producir una reacción similar, pero en sentido contrario. En otras palabras, no solo se defendieron, sino que utilizaron el expediente para denunciar.

En ambos expedientes, el juez que debía investigar la denuncia de las desapariciones forzadas accionó judicialmente contra los denunciantes, y estos superaron su posición de defensa para impulsar el procedimiento judicial como un escenario institucional para la discusión de aquello que era silenciado.

El problema de probar los hechos

Dentro del análisis de esta dinámica de uso estratégico del entramado judicial para construir casos públicos, existe la posibilidad de esbozar algunas diferencias entre los tipos de litigio y la labor de registro necesaria para desarrollarlos.

La idea de un litigio a través de medidas novedosas como el hcc Pérez de Smith en 1978 se dirigió a discutir con las autoridades la existencia misma del estado de terror y se vinculó con la intensa labor realizada por la apdh de recepción de denuncias de familiares y sobrevivientes y, con ellas, la elaboración de listados de víctimas. Este tipo de litigio se diferenció de otra modalidad como los “casos testigo”, cuyo objetivo era construir casos singulares que, por la rigurosidad de sus pruebas, pudieran ser representativos de una situación represiva estructural. La información de base siguió siendo la misma, pero, tal como lo plantea Calveiro, del momento en el que el testimonio produce la ruptura del silencio, se pasa a otro en el que incluso provoca reconocimientos sociales y verdades jurídicas (Calveiro, 2006).

La disputa en el ámbito jurídico requería cierto tipo de información que en términos penales pudiera ser parte del proceso judicial, y determinó la tarea de documentar los casos a partir de este criterio. El desarrollo de este tipo de litigio fue uno de los objetivos que motivó la fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) a mediados de 1979. Alicia Oliveira lo describe de la siguiente manera:

[…] nosotros consideramos que era necesario que todas las pruebas que teníamos quedaran en el Poder Judicial, nos hicieran caso o no nos hicieran caso, porque eso se convierte en instrumento público y el instrumento público la burocracia no lo destruye, entonces empezamos a hacer causas concretas, con pruebas, nos hacían caso, no nos hacían caso, no importa, en algunos lugares nos hacían caso y dejamos una gran cantidad de documentación sobre el tema […]. Respecto de los hábeas corpus y las causas tuvimos muchas pruebas, de hecho encontramos pruebas importantes que si bien no se pudieron utilizar en su momento, lo cierto es que después se llevaron los paquetes directamente al Juicio a las Juntas y muchos de los homicidios probados por los que son condenados Videla y Massera vienen de esas causas que ya estaban armadas y probado todo, tuvimos la paciencia de esperar el momento, nosotros, ¿entendés? Esta era una decisión política.[15]

Los fundadores del cels provenían de la apdh, y por muchos años siguieron participando de ambas instituciones. No es posible fechar un momento de diferenciación para los distintos tipos de litigio y de registro documental. Sin embargo, los propios servicios de inteligencia diferenciaron conceptualmente estas tareas al informar sobre las actividades de los odh en torno a la visita de la cidh:

Sobre la organización de la nutrida y documentada información referida a transgresiones que realizan autoridades de nuestro país que hay en la Asamblea, la labor se viene centrando en la recopilación de antecedentes, sobre personas detenidas, secuestradas, desaparecidas, que han sido objeto de apremios, por las propias víctimas o sus familiares y son instrumentalizados en actas ante escribano público, con lo que adquieren valor testimonial. En dichos documentos no solo consignan los nombres de los damnificados, sino además todas las circunstancias que rodean el episodio, poniendo especial énfasis en detalles que puedan tener alguna significación, marcas, modelos, color y patente de vehículos intervinientes, uniformes de personal interviniente, nombres que pudieran haberse oído y/o proporcionado de dicho personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya atendido a posteriori los reclamos de familiares de las víctimas, expresiones por ellos vertidas. Presentando este material ante la oea, con esta modalidad, se espera dar valor testimonial que supere lo que se ha hecho hasta ahora, es decir la presentación de listas de nombres que tienen menos fuerza o son desvirtuadas por las autoridades.[16]

Esta tarea impulsada por el cels continuaba la labor de registrar a las víctimas, sumando la explicación del sistema de represión y la identificación de los responsables de los crímenes. Tal como fue descripto en otro trabajo,

entre los años 1979 y 1983 el cels se compuso de un equipo de abogados que llevaba adelante las acciones legales y un programa de documentación que realizaba una intensa actividad de sistematización de testimonios y pruebas para la denuncia del sistema clandestino de represión y la existencia de lugares clandestinos de reclusión y tortura (Barbuto y Basualdo, 2008).

Toda esta tarea en pos de entender y documentar el sistema con el que se cometían los crímenes tuvo un hito fundamental el 1 de febrero de 1981, en la Asamblea Nacional de Francia. Allí, Augusto Conte presentó el documento: “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global”. Se trataba de una explicación del sistema del terror convertida en una denuncia pública internacional. Mignone entendía que este había sido el motivo que llevaría a las detenciones de los miembros del cels:

Es un artículo que yo mandé a París en el año 81 donde por primera vez se explica este sistema. Hasta ese momento, nadie, o no entendía el sistema o no quería decirlo […]. Yo tomé el texto de Conte, que estaba escrito en lenguaje muy jurídico y entonces lo volví a escribir en un estilo más periodístico y más duro; pero en realidad la elaboración teórica había sido hecha por nosotros como grupo. Lo reescribí y lo mandé a París. Allá Conte lo recibió, lo leyó y tuvo la idea clara, estaba rodeado por tipos que eran de los servicios de inteligencia de Argentina […] enseguida entonces escribió a un amigo diciendo: por causa de esto que me ha mandado Emilio, nos van a meter presos a todos. Y efectivamente así fue, la carta llegó aquí después que nosotros estábamos presos y nos llevaron toda la documentación.[17]

A pedido del Departamento de Delitos Complejos de la pfa, nuevamente el juez Martín Anzoátegui dictó orden de detención a los miembros del cels y el allanamiento de su oficina. Tal como consta en el expediente judicial, el 27 de febrero fueron detenidos Carmen Lapacó, José Westerkamp y tres personas más que, por no pertenecer a la organización, serían liberadas al día siguiente. El 28 de febrero a la 1:15 h, fue detenido en su domicilio Boris Pasik; a las 2:30 h, Emilio Mignone y Marcelo Parrilli; a las 9 h, la Policía se presentó en un domicilio que ya no habitaba Noemí Fiorito de Labrune, y a las 21:15 h, luego de dos ocasiones infructuosas, detuvieron a Augusto Conte. Todos fueron incomunicados en la delegación de la Superintendencia de Seguridad Federal. Al domicilio de Mignone, se presentarían una vez más para secuestrar documentación y libros.

En el marco de la “prevención sumaria”[18], la pfa realizó todas las diligencias de rutina, como solicitud de antecedentes personales y bancarios, informes medioambientales, controles del médico legista, etc. El mismo día de la detención, en una revisión preliminar de la documentación, la Policía seleccionó algunos documentos que evaluó especialmente relevantes: listas de personal militar y de fuerzas de seguridad y croquis de objetivos militares.[19]

En el marco de las “manifestaciones espontáneas”, los funcionarios policiales solicitaron que los detenidos ratificasen las actas de allanamiento y reconociesen la documentación secuestrada. La identificación del vínculo entre cada detenido y los documentos resultaba crucial para poder responsabilizarlos de los delitos por los que eran acusados. Más allá de este inicio, el interés general estuvo dirigido a conocer las formas de financiamiento, la organización y las tareas realizadas por el cels.

El 3 de marzo, se cerró la investigación policial, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado y los detenidos, trasladados a la Alcaidía del Palacio de Justicia. Una vez que la investigación pasó en su totalidad a la órbita del tribunal, los detenidos pudieron nombrar abogados defensores. El 6 de marzo, todos los acusados solicitaron el sobreseimiento definitivo argumentado defectos en los “requisitos de tipicidad y de autoría”. Es decir, cuestionaron la forma en la que se labraron las actas de secuestro de documentación y, dada esta anomalía, la posibilidad de que cada uno de ellos pudiera ser acusado por el delito de atentar contra la seguridad nacional. También solicitaron la excarcelación. Esta última fue concedida dado que el juez entendió que “atento a la importancia del material secuestrado y al tiempo que [habría] de demandar su prolijo análisis […] no resul[taba] indispensable mantener privados de libertad a quienes se en[contraban] vinculados al proceso mientras du[rase] la investigación preliminar”.[20]

Un elemento a destacar del extenso expediente es el anexo 1, “informe de inteligencia” sobre la documentación que fuera secuestrada.[21] Primero se realiza una larga descripción de cada carpeta y caja, luego se desglosa aquel material seleccionado a las pocas horas del allanamiento: testimonio sobre el Destacamento de Inteligencia 141 (La Perla), planos de ubicación de objetivos militares, nómina de personal militar. Para finalmente concluir lo siguiente:

[Los miembros de la organización] han planificado crear un CENTRO DE COMPUTACIÓN, el cual, sería asistido por un experto en documentación, un experto en procesamiento de datos, y un experto en computación […]. Continuando con lo expuesto, no se han encontrado elementos de juicio que permitan establecer que en el domicilio allanado estuviera en funcionamiento, en forma definitiva, el archivo, que estaría compaginando el “experto”. En virtud de lo expuesto y atento al análisis realizado, se presume que el “gran archivo”, estaría funcionando en otro lado. Ello surge en virtud de la documentación secuestrada en el domicilio allanado y referida a desaparecidos y detenidos, si bien tenía una primera clasificación muy genérica, la misma fue hallada sin ningún otro ordenamiento que de la pauta del proceso en marcha. En relación al punto anterior, se estima, que es muy factible que ése “centro de computación” y “gran archivo”, funcione en las inmediaciones del domicilio allanado.[22]

Sin embargo, y luego de concluir que “la tarea subversiva” se realizaba en algún lugar aún no hallado,la inteligenciaconcluyó que se podía informar

[…] que el procedimiento realizado, interrumpió de lleno, el proceso de ‘clasificación y selección’ de toda la documentación que poseía esta organización, es decir que el ‘gran archivo’ y ‘centro de documentación’, se a (sic) quedado sin la información necesaria […].[23]

Un segundo elemento a resaltar es el intrincado recorrido del expediente por diversos juzgados. La causa se inició en el Juzgado Federal n.º 2 a cargo de Martín Anzoátegui. Sin embargo, el 16 de marzo pasó al Juzgado n.º 3 a raíz de una recusación de los –ya entonces– procesados.[24] Unos días antes varios medios de prensa publicaron la situación de los detenidos y la intención del juez de dictar sentencia. Los diarios repetían de manera idéntica la declaración de una fuente reservada. Los acusados entendieron entonces que había una “enemistad manifiesta” del juez[25]:

[…] resulta de la evidencia de que han comenzado a repetirse en esta causa las mismas anomalías que, bajo la forma de “trascendidos”, ocuparon desde agosto de 1979 hasta enero de 1980 importante (y a veces predominante) espacio en los periódicos de esos días. V.S. tenía entonces a su cargo la instrucción de la causa 12102/79, caratulada “N.N. s/ denuncia instigación al falso testimonio”.

La recusación sostuvo que tres de los procesados eran miembros de los odh allanados y que habían iniciado actuaciones contra el juez por violación del secreto de sumario[26]. Se explayó además en las coincidencias del proceder del juez, y al hacerlo denunciaba sus procedimientos: la documentación había sido en ambos casos enviada y analizada por autoridades policiales y se impidió a los acusados acceder a la información.

La causa fue remitida al Juzgado n.° 3 a cargo de Pedro Narvaiz por pocos días: el magistrado fue también recusado debido a su proceder en un habeas corpus. El juez no solo había rechazado el recurso, sino que también había calificado a los mismos abogados patrocinantes de querer complicar la tarea del tribunal buscando repercusión mediática y había solicitado apercibimientos[27].

Finalmente, el juez Norberto Giletta, titular del Juzgado Federal n.º 4, tomó la causa. El 23 de abril, el fiscal dictaminó solicitando sobreseer provisoriamente a los acusados y dar intervención al juez de instrucción militar. Esto dado que la documentación no había sido detallada correctamente ni podía ser atribuida bajo la responsabilidad individual de ninguno de los detenidos. Así, el fiscal no afirmaba la inocencia, pero tampoco avanzaba con la investigación.[28] El 13 de mayo, el juez dictó el sobreseimiento definitivo y el 12 de noviembre remitió fotocopia de la documentación reservada al comandante en jefe del Ejército, para que estableciera el Consejo de Guerra estable que debía investigar los delitos denunciados.

Reflexiones finales

En los sistemas represivos organizados en torno a la clandestinidad, el primer desafío es nombrar y mostrar la existencia de los crímenes. Así, este poner en evidencia tiene la función de enfrentar la dislocación entre el discurso oficial y la realidad producida por el ejercicio del terror (Foucault, 1995). Este conflicto se desenvuelve a través de mecanismos que muestran un poder productivo y formado por relaciones de fuerza por momentos sinérgicas y, por otros, contradictorias (Raffin, 2008: 39).

Desde la singular experiencia de los casos descriptos, “evidenciar” significó revelar o demostrar lo que sucedía, discutiendo a la vez los alcances del tratamiento que se le daría. Esta fue la función específica de la tarea de sistematizar información e involucró la relación entre el decir veraz y el decir justo en la práctica judicial. En este sentido, puede pensarse la veridicción como “el acto de decir la verdad” y que resulta un “arma en las relaciones entre individuos” pues conlleva una específica “relación entre la veridicción y la palabra de justicia: decir lo que es justo y restaurar la justicia” (Foucault, 2014: 38).

Esta articulación entre lo público y lo judicial permite también pensar el ejercicio del poder durante la dictadura bajo la categoría de “gubernamentalidad”, entendida como

el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones. Los cálculos y las tácticas, que permiten ejercer esta forma bien específica –aunque muy compleja– de poder que tiene como blanco principal la población, como forma mayor de saber la economía política y como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (Raffin, 2018: 40).

En este sentido, es posible mostrar las prácticas penales como “técnicas de gobierno” (Foucault, 2014: 33).

La tarea de documentar graves violaciones a los derechos humanos es un campo de construcción de múltiples sentidos, de redes de alianzas y de disputas, una estrategia de intervención política y jurídica de la que hicieron uso los odh para enfrentar los crímenes. Analizar las acciones de documentación y registro con esta impronta implica superar la evaluación de sus aspectos técnicos y dirigirse hacia su función para discutir con las autoridades estatales la existencia del crimen. Y, sobre todo, porque en la discusión de los argumentos esgrimidos para deslegitimarlas pueden encontrarse las puntas del ovillo de los patrones estructurales con los que se invisibilizan los cuerpos de aquellos a los que se les niega derechos, las (in)capacidades institucionales para realizar investigaciones independientes y eficaces y el rol cumplido por los medios de comunicación.

Bibliografía

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Raffin, Marcelo (2018). “La noción de política en la filosofía de Michel Foucault”. En Hermenéutica Intercultural. Revista de Filosofía, n.º 29, junio de 2018, Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile, Chile.

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  1. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1.829/1979, BORA 24.221, 6 de agosto de 1979.
  2. Actas de allanamiento 10 y 14 de agosto de 1979, archivo cels. Informes, comunicados y escritos presentados en la causa Nº 12.102, archivo apdh.
  3. Al momento de escribir este artículo, se encuentra pendiente de respuesta la solicitud de acceso al expediente original que se encuentra en el archivo histórico del Poder Judicial. El contenido y los datos de tramitación de la causa que se citan pudieron ser reconstruidos a partir de documentación (escritos, comunicados, informes, etc.) que ha quedado en copia en los archivos de los odh y del material testimonial recabado a través de entrevistas.
  4. Causa n.º 14.179 Departamento de Delitos Federales S/pedido de allanamiento. Causas n.º 14.179 y n.º 3.860 Westerkamp, José Federico y otros s/infracción art. 224 del Código Penal e Infracción a la Ley 20.840.
  5. Font analiza el caso de las Madres de Plaza de Mayo durante la transición a la democracia y se plantea específicamente abordar el “estatus de la verdad en el contexto de la crítica posmoderna a las categorías positivistas de la realidad y a su impacto en el campo de los derechos humanos” (Font, 1999: 3). Aunque no se trata de la misma problemática, y se diferencian además tanto por el momento histórico como por el interés en el Poder Judicial, su análisis está en la misma línea de discusión sobre los regímenes de verdad, los mecanismos de discusión, las herramientas de disputa, etc.
  6. Sobre las técnicas de procesamiento de información, puede consultarse Balardini (2015).
  7. Entrevista a Emilio Mignone realizada por Michael Schifter (1985). Archivo cels.
  8. Pérez de Smith, Ana María y otros (18/4/1977, Fallos: 297:338 – 20/71978, Fallos: 300:832 – 21/12/1978, Fallos: 300:1282 – 8/11/1979 – 26/12/1980, Fallos: 302:1680).
  9. Juzgado Nacional de 1.º Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n.º 2 de la Capital Federal. Secretaría n.º 6, a cargo de Guillermo Arecha.
  10. Solicitan intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer cesar una situación de efectiva privación de justicia que afecta a los peticionantes, escrito presentado en la Causa 12.102 “N.N s/Instigación al falso testimonio”, 18 de enero de 1980. Archivo cels.
  11. csjn, 21 de diciembre de 1978, Fallos: 300: 1282.
  12. Sesión del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Diciembre de 1979. Archivo apdh.
  13. La petición fue presentada por los que entonces formaban el Grupo de Abogados de Apoyo a la Asamblea (gaaap), que luego fundarían el cels. Ver: Carta recibida de la cidh, 17 de abril de 1979. Archivo cels.
  14. Causa n.° 28.430/79, “Asamblea permanente por los Derechos Humanos c/ Estado nacional (Ministerio del Interior) s/ Recurso de Amparo”. Archivo apdh.
  15. Testimonio de Alicia Oliveira, abogada del cels. Archivo Oral de Memoria Abierta.
  16. Documentos desclasificados DIPBA, 13227, Mensaje n.° 07013 26/03/1979. Citado en Basualdo (2019).
  17. Entrevista a Emilio Mignone realizada por Michael Schifter. 1985. Archivo cels.
  18. Declaraciones tomadas en el marco de la investigación que llevaba adelante la pfa, sin presencia de funcionario judicial ni abogado defensor.
  19. Causa n.º 3.860 Westerkamp, José Federico y otros s/infracción art. 224 del Código Penal e Infracción a la Ley 20.840, Fs. 7.
  20. Causa n.º 3.860…, Fs. 194vta.
  21. Causa n.º 3.860…, Fs. 261 a 278. Anexo 1, informe de Inteligencia realizado sobre la documentación allanada en el cels. Descripción minuciosa de lo secuestrado y análisis de la documental.
  22. Causa n.º 3.860…, Fs. 175.
  23. Causa n.º 3.860…, Fs. 175.
  24. Causa n.º 3.860…, Fs. 241.
  25. Inciso 13.° del art. 75 del Código de Procedimientos en materia penal.
  26. csjn, expediente N-92 de 1980.
  27. Arrieta, Jorge Enrique y otros s/ Habeas corpus, Juzgado Federal en lo Penal n.º 3, Secretaría n.° 9, expdte. n.º 40.954. Incidente en Cámara Federal, Sala i expediente n.º 16.486.
  28. Dictamen Fiscal. 23 de abril de 1981. Causa n.º 3.860. Fs. 329. En el expediente hay una tercera discusión sobre la utilidad de parte de la documentación para la causa en la que se investigaba el asesinato de Helena Holmberg.


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