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La construcción de la verdad judicial en el juicio oral “Guerrieri”

Marta Patallo

El 15 de abril de 2010, el Tribunal Federal Oral n.º 1 de Rosario sentenció a prisión perpetua a los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Costanzo, Jorge Alberto Fariña y Walter Salvador Pagano, por el secuestro, las torturas, los homicidios y la desaparición forzada de 28 personas entre 1977 y 1978 en los centros clandestinos de detención (ccd) conocidos como Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita, y el que funcionó en la exfábrica militar de armas Domingo Matheu. Esta pena, hasta ese momento inédita en Argentina en cuanto a su gravedad y extensión a todos los imputados, coincidió con el castigo demandado por las querellas y el Ministerio Público Fiscal. [1]

La ausencia de un antecedente de tal rigor a responsables de cometer crímenes de lesa humanidad no fue la única novedad en los Tribunales Federales de Rosario. Antes bien, el juicio oral conocido como “Guerrieri” se llevó a cabo con una particular configuración del ritual judicial que habilitó la construcción de diferentes verdades en el recinto, entre las cuales primó aquella que fundamentó una sentencia tan conclusiva y contundente.

Esta particular producción de la verdad judicial, tal como busco desarrollar en este artículo, se basó en un uso de la “forma” diferente al habitualmente utilizado en la etapa del juicio oral. Tal como describe Renoldi (2007), el Código de “forma” es la denominación que en Argentina refiere al Código Procesal Penal, el cual establece el procedimiento a seguir en la administración judicial de un delito. Por su parte, lo que se conoce como código de “fondo” refiere al Código Penal, el cual determina las conductas consideradas crímenes (Renoldi, 2007). Si bien Renoldi afirma que la “forma” tiene predominancia sobre el “fondo” cuando los conflictos son administrados judicialmente, Eilbaum (2010), en otra etnografía sobre la administración de justicia en el conurbano bonaerense, sostiene que tanto la “forma” como el “fondo” pueden ser priorizados siguiendo determinadas variables, tales como la intervención de ciertos actores en el proceso –abogados particulares o defensores públicos, organizaciones sociales o de derechos humanos, medios de comunicación– o la “convicción” que los agentes judiciales se hayan formado sobre el caso. Es decir, “forma” y “fondo” pueden adoptar diferentes posiciones y sentidos en situaciones etnográficas diversas (Eilbaum, 2010: 16-18).

A partir de una etnografía realizada con base en el trabajo de campo llevado a cabo entre agosto de 2009 y abril de 2010 en el Tribunal Federal de la ciudad de Rosario, doy cuenta de la flexibilidad observada en el uso de la formaen el juicio oral “Guerrieri” y en los juicios de casos habitualmente administrados en este tribunal, llamados “comunes”[2]. Es decir, analizo el uso diferenciado de esa “forma” en el ritual judicial contrastando prácticas y representaciones de los jueces, fiscales y defensores que actuaron tanto en “Guerrieri” como en los casos “comunes”. Así, el objetivo del presente artículo es dar cuenta de por qué y cómo los actores judiciales desarrollaron el ritual judicial en esta etapa oral de una forma específica, diferente a la acostumbrada hasta el momento, y cómo ello afectó la construcción de la verdad judicial.

La forma y el fondo

El Código Procesal Penal vigente al momento de la realización de mi trabajo de campo es considerado por los juristas y agentes judiciales como un “sistema mixto” o “inquisitivo reformado”. En 1992 se produjo una reforma del procedimiento penal federal y con ella fueron introducidos al “sistema inquisitivo puro” anterior elementos de un sistema acusatorio. El más importante de ellos fue el juicio oral, público y contradictorio, que se convirtió en la segunda etapa del procedimiento penal federal después de la etapa escrita de instrucción (Sarrabayrouse Oliveira, 1998; Renoldi, 2007; Eilbaum, 2008)[3]. Así, el procedimiento penal comenzó a tener dos etapas: la primera, de instrucción, escrita y secreta; la segunda, de juicio, oral y contradictoria.

Con el fin de describir cómo la verdad judicial era construida habitualmente en las audiencias de estos juicios orales, presentaré de forma breve un caso observado durante mi trabajo de campo al que llamaré el “caso del policía”. A través de su descripción y comparación con el juicio oral “Guerrieri”, buscaré más adelante dar cuenta de las particularidades que adoptó la construcción de la verdad judicial en este último.

El uso habitual de la “forma”

El 4 de abril de 2008, la Policía Federal realizaba un operativo antidrogas en una pequeña localidad cercana a Rosario, cuyo objetivo era investigar a un joven, Ramón, que vendía drogas en su domicilio. Este tipo de investigaciones por uso, tenencia y venta de drogas[4] eran las más habituales llevadas a cabo por la Policía Federal, y, como resultado de ellas, sus casos eran los más numerosos entre los administrados por el Tribunal Federal.

Este caso llegó a juicio oral, y, antes de ingresar a la audiencia, uno de los empleados del tribunal me resumió brevemente su versión de lo ocurrido. Al parecer, durante la investigación policial, los agentes del operativo habían pedido una gran suma de dinero a Ramón a cambio de construir un resultado de investigación a su favor. Una vez hecho el arreglo, una noche, los policías fueron a buscar el dinero. El joven acudió al encuentro armado y acompañado de dos clientes que en ese momento le estaban comprando drogas. Ramón no había logrado reunir el total solicitado por la policía y por tanto se generó un altercado. En medio de la discusión, el arma del joven aparentemente se disparó de forma accidental e hirió mortalmente al policía. Frente a ello, los dos clientes salieron corriendo y uno de ellos fue detenido por los compañeros del oficial, quienes colocaron un arma en su poder como forma de asegurar al culpable, ya que los demás se habían fugado. El vendedor, si bien logró escapar, poco después se entregó al juzgado y confesó su participación en la muerte del policía.

Tal como he mencionado, estos casos vinculados a la tenencia, venta y consumo de estupefacientes aparecían en los relatos de secretarios, jueces y empleados judiciales como los más habituales del Tribunal Oral Federal. El “caso del policía” se había originado de la misma forma que la gran mayoría de esos casos “comunes” –a través de una operación “antidrogas”–, pero había terminado de manera excepcional tras la muerte de uno de los policías que participaba en ella. A partir de ello, lo que se juzgaba en el juicio oral era la responsabilidad de tres jóvenes en esta muerte, dos por su autoría y uno por la complicidad para con los primeros. Sin embargo, tal como fue referido por mis interlocutores, la manera en que el ritual judicial se desarrollaba, cómo era construida la verdad judicial durante el juicio oral, independientemente de la excepcionalidad del crimen, era la habitual, la que caracterizaba a la justicia local y que describiré a continuación.

El juicio oral del “caso del policía” duró varios días. En la segunda jornada, empezaron a declarar los testigos (T). Uno de ellos era el dueño de una camioneta que estaba estacionada en la calle y que había sido alcanzada por una bala policial cuando los agentes perseguían a uno de los jóvenes que estaban acompañando a Ramón. El fiscal (F) inició el interrogatorio después que el testigo dio sus datos personales y se le aclaró que no podía mentir en su declaración. A continuación, la declaración se convirtió en una especie de ping-pong, donde el testigo recibía una pregunta y él respondía inmediatamente, tras lo cual se le hacía otra pregunta y él contestaba de forma breve antes de la siguiente.

En primer lugar, el fiscal le consultó dónde se encontraba la noche del 4 de abril de 2008, es decir, la noche del operativo policial. El testigo respondió: “En mi barrio, dejé mi camioneta en el taller”. El fiscal continuó: “¿Dónde dejó la camioneta exactamente?”. El aludido inmediatamente dijo: “En la calle X, casi en la esquina”. A continuación, el fiscal empezó a solicitar mayores detalles de lo ocurrido aquella noche, dos años antes, de la audiencia oral que yo estaba observando.

F: ¿Recuerda quién estaba?

T: No me acuerdo de lo que cené ayer prácticamente.

F: ¿Había alguien con uniforme?

T: No me acuerdo.

F: ¿Firmó algo?

T: No me acuerdo.

F: ¿Fue a algún lugar a firmar una declaración?

T: A la Fábrica de Armas.

F: ¿Ese mismo día?

T: No me acuerdo.

Mientras se producía este ida y vuelta en el que el fiscal solicitaba datos precisos que el testigo no podía recordar, de los tres jueces que estaban en silencio, uno de ellos escribía en un papel y los otros dos observaban adustamente. El fiscal continuó: “¿Ese día encontraron la bala?”. Y esta vez el testigo pudo aportar una información específica: “No, no la encontraron. Yo la encontré después pasando la escoba”. Frente a ello, y de forma inmediata, el presidente del tribunal (J1) se unió al interrogatorio:

J1: ¿Dónde estaba el impacto del proyectil?

T: En la parte de arriba de la cabina. Después fue un policía federal a buscar el proyectil.

J1: ¿Esa persona se identificó? ¿Qué ocurrió con el “plomo”?

T: Se lo di, solo eso.

J1: ¿Estaba con uniforme?

T: No, nunca de uniforme.

J1: ¿Dónde encontró el proyectil?

T: En el suelo, en la parte de afuera de la camioneta.

El fiscal retomó su participación en el interrogatorio que el testigo estaba recibiendo por parte del presidente del tribunal: “¿Fue alguna otra persona a su casa? ¿Puede describir esa persona que fue a su casa?”. Y el testigo respondió: “Si viene hoy, no lo reconozco”.

Mientras realizaban estas preguntas, uno de los jueces seguía escribiendo en el papel. De repente, interrumpió la declaración, subió el tono de voz y levantó el expediente del caso que tenía a su lado. Con él en la mano, se dirigió a un empleado del tribunal y le solicitó que procediera a mostrarle la declaración en una página en particular. El empleado, cumpliendo las órdenes del juez, se acercó con el expediente al testigo y se lo mostró exactamente donde el magistrado había solicitado. El juez, entonces, tomó la palabra y empezó a interrogarlo:

J3: ¿Reconoce su firma en esa declaración?

T: Sí.

J3: ¿Recuerda haber venido al tribunal a declarar?

T: Sí.

El expediente fue llevado nuevamente a manos del juez y este empezó a leer de forma rápida la declaración que el testigo había realizado durante la etapa de instrucción. Por la forma en que lo hacía y por su conocimiento de en qué página del expediente se encontraba, se podía percibir que el juez tenía pleno conocimiento de la investigación producida en la etapa anterior, la cual, como fue mencionado arriba, se caracteriza por ser escrita y secreta y es llevada a cabo por un juzgado diferente, con un magistrado distinto. El juez siguió formulando preguntas, y, a medida que avanzaba con ellas en su interrogatorio al testigo, empecé a darme cuenta de que el juez tenía una versión de los hechos que quería confirmar, y de que esta se basaba en aquella que aparecía en el expediente, es decir, en la etapa de instrucción anterior y no en las informaciones que habían surgido en esos dos días durante el juicio oral. “Recuerda haber dicho ‘Aquí está lo que usted estaba buscando’, ‘Era moreno, no tenía el cabello largo’. ¿Por qué dijo eso de esa forma? ¿Le preguntaron si era moreno o si tenía el cabello largo?”. Levantando el tono nuevamente, le ordenó al testigo: “Responda al tribunal exactamente lo que usted sabe!”. El testigo bajó la cabeza y dijo: “No recuerdo”.

Entonces, el juez volvió a tomar el expediente en sus manos y nuevamente le leyó el contenido de la declaración que el testigo había realizado en la etapa de instrucción. Cuando terminó, buscó confirmar esta versión aún con el tono de voz elevado:

J3: ¿¡Es así o no es así!?

T: Si yo dije eso, debe ser así. Sí, eso dije, tiene razón, me había olvidado. Hay cosas de las que realmente no me acuerdo.

J3: Una pregunta más: usted dijo que había policía provincial y policía federal sin uniforme. ¿Cómo sabía que eran policías?

T: Por los rumores, por lo que se hablaba.

J3: Ok, muchas gracias.

Esta fue la declaración en su totalidad. Varios testigos pasaron por la sala después que este y la forma de construir la verdad de lo ocurrido se repetía en cada una de sus declaraciones. Cuando no recordaran las informaciones que el fiscal o los jueces solicitaban, lo cual era frecuente, la participación de los jueces tendía a aumentar, las preguntas eran precisas y concretas. Si la o el testigo respondía “No me acuerdo” o decían algo diferente a lo registrado en el expediente, los jueces le hacían reconocer su propia firma en la declaración realizada en la etapa anterior. Después le leían la información que querían confirmar y preguntaban si la persona había dicho aquello. Cuando ella asentía y confirmaba la versión que el juez consideraba verdadera –cosa que ocurrió en todos los casos que observé similares al descrito aquí–, se daba por terminado el interrogatorio.

Los rituales, las prácticas y las tradiciones judiciales en la Justicia Federal en Argentina han sido profundamente investigadas en las etnografías de Sarrabayrouse Oliveira (1998), Eilbaum (2008) y Renoldi (2008). Por ello, cuando observaba los juicios orales, pude identificar las características que estas autoras describían en ellas. A fin de cuentas, este sistema federal era considerado “mixto” no solo porque había una primera etapa procesal inquisitorial –donde la verdad jurídica era construida de forma escrita y secreta– y una segunda etapa acusatoria –donde era oral y contradictoria–, sino también porque en la etapa acusatoria predominaban prácticas inquisitivas. Los jueces no iban al juicio oral a escuchar lo que los testigos y acusados tenían para decir de lo ocurrido y así construir una verdad jurídica a partir del contradictorio entre las partes y de lo escuchado en la sala de audiencias, sino que, por el contrario, llegaban al juicio oral con una versión del conflicto que, tal como se pudo observar en la descripción realizada en párrafos previos, frecuentemente se basaba en el contenido del expediente, escrito, producido de forma secreta, en la etapa anterior.

Ahora bien, si esa era la modalidad habitual en los juicios orales de los Tribunales Federales, entonces en “Guerrieri” se había interrumpido esa costumbre, ya que, en mis observaciones de las audiencias orales, la participación de los jueces que conformaban el tribunal era muy diferente. A continuación, describo las características que presentó este juicio para después intentar explicar el porqué de la diferencia.

Un uso excepcional de la “forma”

El juicio oral de Guerrieri comenzó el 31 de agosto de 2009. En ese día, se leyó el “requerimiento de elevación a juicio” donde se presentaban los hechos por los cuales se consideraba responsables a los cinco hombres sentados en el banquillo de los acusados. Luego de la lectura de la acusación, llegó el momento de declaración de los acusados y posteriormente de los testigos. A lo largo de las audiencias, pude observar las acciones de las diferentes partes que conformaban el juicio oral al presentar sus versiones de lo ocurrido en los ccd mencionados –querellas, fiscal, defensores, testigos y acusados– y cómo, a partir de ello, se iba conformando la verdad judicial.

El día 26 de octubre de 2009, Laura, compañera de una de las víctimas del caso “Guerrieri”, entró a la sala del tof para declarar como testigo. Le hicieron las mismas preguntas formales que a Ramón, el testigo en el caso del policía, y se sentó frente a los jueces. Después la fiscal le hizo una pregunta: “Buenos días, para que diga si entre marzo del 76 y diciembre del 83, la señora o algún familiar fue víctima de los hechos que se conocen como represión ilegal”.

La testigo habló durante una hora y media sin ser interrumpida ni por los jueces, ni por la fiscal, ni por los defensores. Con fechas, acontecimientos y todo tipo de detalles, presentó la reconstrucción de los hechos que ella y muchos otros familiares, activistas y abogados habían realizado durante más de 20 años. Mencionó de memoria más de veinte nombres de personas que habían estado detenidas en cada ccd y las relacionó con apodos, nombres y apellidos de represores. En un momento dijo que creía que se estaba olvidando de algunas cosas, pero, a diferencia de Ramón, el testigo en el caso del policía, nadie la interrumpió ni le trajo el expediente para que corroborara alguna de sus declaraciones anteriores.

La sala estuvo en absoluto silencio hasta que, por voluntad propia, la testigo se detuvo y dijo “Nada más”. El público la aplaudió. El juez pidió silencio y, sin hacer ninguna pregunta, le otorgó la palabra a la fiscal. Esta únicamente solicitó que se incorporaran algunos documentos relacionados con la declaración de Laura que no formaban parte del expediente. A continuación, los abogados querellantes hicieron unas pocas pero minuciosas preguntas relacionando fechas, lugares y nombres. Después, fue el turno de los defensores, quienes se mantuvieron en silencio. Por último, el presidente del tribunal hizo una sola pregunta:

Doctora[5], con el relato que usted fue haciendo y con los nombres de las personas que Jaime Dri fue reconociendo que podrían haber estado en la Quinta de Funes, no sé si usted dijo, no alcancé a anotar, reconoció a alguna persona con apellido García?

Laura: Sí, ¿quiere que vuelva a repetir?

J1: No, no, me había quedado eso pendiente, solo eso, gracias.

Laura fue una de las decenas de personas que testimoniaron en la sala de audiencias. En ellas se mantenía la misma estructura. El presidente iniciaba la declaración haciendo las preguntas formales y después los testigos hablaban libremente sin ser interrumpidos, al menos por los jueces. En algún caso, si el testigo no podía continuar su relato, la fiscal o el abogado querellante realizaba alguna pregunta para orientar su declaración. Los jueces, sin embargo, permanecían en silencio, observando y escuchando lo que esas personas tenían para decir. La mayoría de las veces, la participación del presidente se restringía únicamente a organizar el orden de las preguntas, dar la palabra a las partes y dirigir el debate. De esta forma, parecían fieles cumplidores de la función de árbitro entre las partes, propia del sistema acusatorio. En este sistema, como fue referido anteriormente, la verdad era construida de forma oral y contradictoria. Esto significaba que, si este modelo era aplicado tal como es descrito en su forma teórica, el juez construía su verdad sobre el caso con base en las diferentes versiones que eran presentadas por las partes en el ritual judicial oral.

A partir de lo descrito hasta aquí, se puede observar que los jueces del Tribunal Oral Federal en Rosario, que actuaron tanto en el caso “Guerrieri” como en el resto de los casos de “drogas” y también en el “del policía”, implementaron la “forma” de dos maneras distintas, una para el juicio de lesa humanidad y otra para el resto de los casos. La primera era excepcional, mantenía un apego a la letra del código de “forma”, y por ello en el caso “Guerrieri” el sistema “mixto” se podía definir por una etapa de instrucción inquisitiva y por otra etapa oral acusatoria. En la segunda, que era la forma habitual en que los jueces actuaban en la mayoría de los casos que llegaban al tribunal oral, el sistema era “mixto” porque en la etapa acusatoria predominaban prácticas inquisitivas.

Con base en estas observaciones durante mi trabajo de campo, y con el objetivo de comprender por qué los jueces actuaban de forma diferenciada según el caso administrado, entrevisté[6] a dos de los jueces que habían actuado tanto en el caso “Guerrieri” como en el “caso del policía”, así como también a la fiscal.

Juez 1 tof: En el sistema acusatorio, usted deja a las partes… no deja totalmente, pero el juez es una especie de árbitro. El juez escucha lo que viene de los fiscales y de los defensores. Ese sistema que está tan de moda [acusatorio]. En el código nosotros no lo tenemos. Entonces, en el juicio no nos queda otra opción que aplicar el código. Entonces, en el juicio, yo, juez, estoy obligado a averiguar la verdad de lo que ocurrió. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con lo que habló el fiscal, ni con lo que preguntan los defensores, intento averiguar, porque después al final de cuentas quien tiene que resolver soy yo. Yo no puedo decir “Señores, como el fiscal no preguntó nada, o preguntó cosas ajenas al objeto procesal, no puedo resolver”. Con nuestro sistema, la responsabilidad de descubrir la verdad es del juez.
Juez 2 tof: Tenemos una instrucción que ha sido escrita, tiene actas de procedimiento que tenés que mostrar a los testigos […] para saber si estuvo presente. Son todos documentos que existen; entonces no es totalmente oral. No es que llegamos aquí en el oral y no miramos [el expediente]. Tenés que mirar obligatoriamente porque hay constancias, documentos y cosas que hay exhibir a los testigos y a los mismos acusados. Entonces es un “sistema mixto”.

En estas descripciones de su propio accionar, los jueces afirmaban que ellos eran responsables de construir la verdad judicial y que lo hacían siguiendo su propia iniciativa. En esta iniciativa tenía un peso considerable confirmar la versión que habían elaborado con base en el expediente. De esta forma, los jueces direccionaban los relatos de los testigos a partir de la representación de que la investigación policial y judicial previa, de forma escrita, documentada, era necesaria para “descubrir la verdad” de lo ocurrido. Estos documentos tenían prioridad sobre las declaraciones de las audiencias orales, las cuales eran además contrastadas con aquellas recogidas y escritas en la etapa judicial anterior, por lo cual la etapa oral resultaba, más que un contradictorio entre las partes, un enfrentamiento entre la “instrucción” y el “juicio” (Eilbaum, 2008).

Frente a este contraste en relación con cómo los jueces se comportaban en las audiencias de los “casos comunes” o de “drogas” en contraposición a las de “Guerrieri”, continué indagando sobre ello en las entrevistas a estos magistrados. Ellos mismos asintieron en que esa diferencia existía. Una de sus explicaciones sobre su menor intervención en los relatos de las víctimas en “Guerrieri” se debía “a la importancia de no revictimizarlas”:

Juez 1 tof: Estamos haciendo el juicio treinta y pico de años después de que ocurrieron los hechos. Tenés una parte de las víctimas, fundamentalmente que están muy sensibilizadas, uno no quiere herir esa sensibilidad. Vienen los testigos a declarar y hay cosas que recuerdan y otras que saben que recuerdan, pero que no saben cuándo tuvieron conocimiento de eso. Nosotros, en un hecho común, estamos juzgando un hecho que ocurrió hace 6 meses, 7 meses. Entonces a los testigos qué les decimos: “¿Pero usted lo vio o no lo vio?”, “¿Recuerda o no recuerda?”. Les exigimos… podemos exigir eso. En este caso no podés porque han pasado demasiados años.

Esa “exigencia” a los testigos, en los “casos comunes”, se traducía no solo en la exactitud de las informaciones que los jueces procuraban confirmar, sino en un trato mucho menos respetuoso (si bien no reconocido por los magistrados). Este “estilo judicial”[7] (Nader, 1998) diferencial se justificaba mediante distintas explicaciones:

Juez 1 tof: No es un juicio común. Eso lo hace muy complejo. Porque tenés que saber tratar determinadas cosas… la Justicia, para aquellos que han tenido un rol combativo contra el régimen militar, han visto a la Justicia, a la Iglesia, y a otras organizaciones que no han tenido un estilo combativo con el régimen militar, las han identificado también como socios de ese régimen. Entonces, la Justicia, que en muchos casos actuó mal, que en muchos casos no podía actuar, siendo objeto de críticas viejas, está pagando cierta deuda de lo que no se hizo en aquella época. Entonces, para evitar el tribunal verse asociado con alguna de esas posturas en esas causas [de lesa humanidad], vos podés ver que los jueces intervienen menos. Como una forma de decir: “Bueno, en esto voy a ser más imparcial que nunca. Voy a dejar que ustedes [las partes] se hagan cargo de todo esto”. Algún tipo de interacción podés llegar a tener, pero sos más cauteloso.

En esta entrevista, se puede observar cómo se complejiza la razón por la cual existe una diferencia entre la administración de los casos de lesa humanidad como “Guerrieri” y los casos “comunes”. En la explicación de uno de los jueces, las variaciones en el ritual judicial aparecen vinculadas a la relevancia de mantener la reputación de la “familia judicial”[8] (Sarrabayrouse Oliveira,1998). Frente a posibles acusaciones, por su rol pasivo o por una hipotética implicación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar o por su complicidad durante la democracia, los jueces decidieron ser “más cautelosos”. Es decir, su cautela se expresaba en el mayor distanciamiento posible del conflicto y en la actuación de forma diferente a aquella acostumbrada, posicionándose meramente como árbitros entre las partes.

La participación activa para confirmar una versión de la verdad ya elaborada de forma anterior al caso, tal como ocurría en los casos “comunes”, estaba ausente en “Guerrieri”. De esta forma, ellos “dejaron” que las partes en disputa “se hicieran cargo” de “su” conflicto. Los jueces, actores visibles[9] en los juicios, sentían una fuerte presión en el espacio público y, en consecuencia, intentaban pasar lo más desapercibidos posibles. Ellos sabían que serían observados muy de cerca por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, por los medios y hasta por el propio gobierno, que había tenido un rol fundamental en el impulso dado a los juicios de lesa humanidad. Y, en ese contexto, buscaban distanciarse del conflicto.

Cuando entrevisté a la fiscal, esta también hizo referencia a esta dualidad observada en el ritual judicial de los juicios orales y a cómo una posición previa de los jueces en relación con los “casos de drogas” determinaba sus decisiones:

El modelo del proceso judicial, el “deber ser” es más el de “Guerrieri” que el de los juicios comunes. En los juicios comunes, digamos, lo poco que tiene de sistema acusatorio el procedimiento actual, que es el juicio, es el debate y está impregnado de la formación inquisitiva de la mayoría de los integrantes del tribunal. Y los jueces de los juicios de lesa humanidad son los mismos que los de los juicios comunes, para que quede claro. Lo que pasa es que a nadie le llama la atención en los casos comunes el comportamiento inquisitivo y espantoso que tienen los jueces. Pero, considerando que iban a tener muchas personas observándolos, se esforzaron en no mostrar esa cara. Evitan sus propias actitudes. Pero en el “deber ser”, el “deber ser” es la actitud que los jueces tienen en los casos de lesa humanidad. No como en los otros juicios donde está la cosa inquisitorial a los testigos, la cosa jodida. Y es claro que también no es ingenuo. No es ingenuo el respeto, el mayor apego a la ley […].
Por otro lado, esto de “No voy a exponerme de ninguna forma. No voy a exponerme de ninguna manera, voy a dejar escondida mi posición […]. Que nadie piense que tomo posición”, en los de drogas no les importa. Tienen una posición tomada contra el acusado, eso es claro, y en esa dirección van a masacrarlos. Y no importa quién sea el testigo. Como si en los juicios comunes no tuvieran que ser imparciales, ¿no? (entrevista a fiscal).

Durante la entrevista mantenida con el juez 1, que había actuado tanto en “Guerrieri” como en el “caso del policía”, también se podían entrever asunciones basadas en valores morales respecto al consumo de estupefacientes y a un “deber ser” en cuanto al tipo de actividades que una persona debería llevar a cabo en su juventud:

En todo juicio, de cualquier naturaleza, a uno le queda siempre la sensación de que la verdad completa no está. Siempre quedan espacios oscuros. Si esos espacios oscuros son sobre el objeto de la causa, uno tendría que decir “Tengo dudas, no resuelvo. No lo condeno”. Pero muchas veces las dudas o los espacios oscuros quedan sobre circunstancias accesorias o complementarias. Por ejemplo, había dos personas que supuestamente fueron a comprarle droga. Y de la lectura [del “requerimiento de elevación a juicio”] que vos escuchás, Ramón [el vendedor] tenía dos o tres condenas. […]. Y vos ves que la persona tenía experiencia delictiva. El sentido común te dice que una persona que va a comprar droga, y en especial una persona que va a comprarle droga a un personaje como Pedro, que es un personaje complicado. Se vio que le tiró unos tiros al vecino, los tenía amenazados a los remiseros. Un personaje que para los 23 años que tenía, tenía una personalidad explosiva para ese tipo de cosas. Si yo me pongo a pensar qué hacía a los 23 años… Estaba bastante lejos de cualquier reacción de esas. Entonces, evidentemente, es un personaje complicado. Ramón va a comprar y lo ve que sale y lo sigue. El que ve que tiene muchos antecedentes y va a comprar droga, compra y se va porque corre el riesgo de que lo agarren. Y que lo agarren con el traficante.

El juez, con base en sus valores morales, establecía parámetros de normalidad comparando experiencias personales con relación al “deber ser” con lo que el vendedor y el comprador de drogas habrían hecho la noche del homicidio. La propia historia, “lo que él haría” a la misma edad que Ramón, o lo que él consideraba que una persona con antecedentes penales debía hacer era utilizado como medida para evaluar a los jóvenes, y eso, después, informaría la evaluación de los hechos y la decisión judicial sobre ellos.

Así, la manera como los jueces construyeron la verdad judicial en las audiencias orales en el “caso del policía” direccionando las declaraciones de los testigos para confirmar su versión de los hechos resultó en una sentencia que fue decidida sin tener en cuenta las versiones presentadas y defendidas por el fiscal y el defensor. Es decir, no hubo contradictorio entre las partes, considerado por los jueces como la base de la verdad judicial. Ni siquiera los jueces tuvieron en cuenta que ambas partes habían cuestionado la legalidad de la investigación policial antes y después de la muerte del policía, y que por ello el fiscal del juicio oral había solicitado que se acusara al joven vendedor de estupefacientes de “homicidio simple” –pidiendo 9 años de prisión– y se absolviera a su cliente. Desconsiderando el pedido del fiscal, el tribunal sentenció al joven a prisión perpetua y respaldó el pedido del fiscal con relación al cliente, ya que había sido retirada la acusación. La condena parecía estar fundada más en valores morales de los agentes judiciales que en el resultado de la investigación judicial.

En contraposición, en “Guerrieri”, tal como fue mencionado al inicio del artículo, en una pena inédita y ejemplar, el Tribunal Federal Oral n.º 1 de Rosario sentenció a prisión perpetua a todos los acusados, castigo hasta ese momento inédito en Argentina en cuanto a su gravedad y extensión a todos los imputados. Este coincidió con el castigo demandado por las querellas y el Ministerio Público Fiscal. Aquí, la elección de los jueces de un mayor apego a la ley, al código de “forma” que dictaba un juicio oral y contradictorio donde la verdad era producida en el recinto judicial, el cuidado en la no exposición de la propia ideología y de la visibilidad de su actuar dejaron un espacio para que las versiones de las partes y sus testigos fueran escuchadas y valoradas. Este particular uso de la “forma” divergía del “caso del policía”. En este, la “forma” era utilizada para confirmar la versión que los jueces tenían del caso y transformarla en verdad judicial. En “Guerrieri”, el uso de la “forma” tenía otro origen: la puesta en escena de un cumplimiento ejemplar de la ley. Por un lado, el respeto a la “forma” se priorizaba por sobre el contenido de las declaraciones en la sala por parte de los testigos. En algunas ocasiones, aun no haciendo referencia a los hechos, los jueces dejaban hablar extensamente a los testigos, las víctimas y los acusados, lo cual contrastaba con la interrupción permanente que ellos hacían en las declaraciones en los casos “comunes”. Por el otro, el cumplimiento de la ley predominaba por sobre la propia ideología y la consideración de la legitimidad de los juicios contra los militares[10]. La “forma” adquiría tal relevancia, que el “fondo” perdía protagonismo.

Palabras finales. Una Justicia con dos caras

Tal como fue referido, en Argentina, el Código Procesal Penal que establece el procedimiento a seguir en la administración judicial de un crimen se conoce como código de “forma”, y el Código Penal, aquel que determina las conductas consideradas crímenes, como código de “fondo” (Renoldi, 2007). A partir de esta distinción, Renoldi destaca que, aun siendo ambos códigos fundamentales, “la forma se presenta en el drama con mayor protagonismo que el fondo. Por esta cuestión (de forma), los acontecimientos se convierten en eventos, creando el ‘hecho jurídico’” (Renoldi, 2007: 4).

Por su parte, Eilbaum (2010) retoma esta cuestión como punto de partida en su reflexión sobre lo que ella va a llamar “forma” y “fondo” y, a partir de su etnografía sobre la administración judicial de conflictos en el conurbano bonaerense, relativiza la predominancia de la primera por sobre la segunda como característica central y única de las prácticas judiciales. Para Eilbaum, tanto la “forma” como el “fondo” pueden ser priorizados siguiendo determinadas variables, tales como la intervención de ciertos actores en el proceso –abogados particulares o defensores públicos, organizaciones sociales o de derechos humanos, medios de comunicación–, o la “convicción” que los agentes judiciales se hayan formado sobre el caso. Es decir, “forma” y “fondo” pueden adoptar diferentes posiciones y sentidos en situaciones etnográficas diversas (Eilbaum, 2010: 16-18).

Así, aunque el respeto a la “forma” es importante, pues es una herramienta para validar jurídicamente las decisiones tomadas en los casos (Eilbaum, 2008; Sarrabayrouse Oliveira, 1998; Martínez, 2005, 2007; Tiscornia, 2008; Pita, 2010), la “forma” también puede estar al servicio del “fondo” a partir de la utilización de diferentes estrategias de adaptación de las “formas” para dar cuenta de ese objetivo (Eilbaum, 2010: 18). Esto porque la “forma” no es un molde donde encajar las informaciones judiciales, neutra, descontextualizada y despersonalizada, sino parte de disputas ideológicas y políticas sobre cómo pensar y hacer funcionar el sistema judicial estando en estricta vinculación con el “fondo”. O sea, en relación con el contenido de los relatos y de las informaciones llevadas al ámbito judicial y, principalmente, con las tendencias morales e ideológicas de los agentes judiciales.

Analizando estas características, a la luz de la propuesta de Eilbaum, se puede afirmar que los jueces en el caso del policía validaron jurídicamente la decisión tomada con base en una moralidad y en una tendencia propia de juzgar este tipo de casos. En este caso, el “fondo” orientaba las decisiones tomadas por el tribunal y la “forma” era utilizada para garantizar la validez jurídica de aquel. No había una predominancia de la “forma”, ella estaba aquí al servicio del “fondo”. Los jueces habían empleado la opción que el Código Procesal Penal les daba para imponer un castigo que, paradojalmente, iba mucho más allá del solicitado por el representante cuya función era, precisamente, acusar al sospechoso de cometer el crimen.

Por su parte, el tof a cargo de “Guerrieri” mostró otra cara para la sociedad rosarina, que atentamente acompañaba cada audiencia del histórico juicio. El ejemplar respeto a los testigos, la poca intervención de los jueces y el papel del presidente como árbitro fueron características de la forma con que el tribunal administró este caso. Además de tener un comportamiento muy próximo al ideal del juez tan perseguido idealmente en el nuevo procedimiento regulado a partir de la Reforma, los jueces también fueron responsables por emitir una “sentencia ejemplar” en comparación con otras dictadas en el país en los casos de “derechos humanos”. En una inédita decisión judicial, condenaron a todos los acusados a prisión perpetua, a ser cumplida en una cárcel común. Esa había sido la pena solicitada por todos los abogados querellantes y por el acusador oficial.

El tof de los casos “comunes” y el tof de los casos de “derechos humanos” parecía presentar dos caras para una misma justicia. Según el caso, mostraban una u otra, utilizaban la “forma” de una manera o de otra, y eso se traducía en actitudes diferenciadas de los jueces al frente de las audiencias orales para con los actores intervinientes. Dependiendo del caso, se administraba de una forma, o de otra. La “tradición jurídica” que informaba la administración del caso era la misma, la tradición inquisitiva, pero los diferentes usos de la “forma”, según las variables en juego, daban un margen que los agentes judiciales necesitan para mostrar, según sea pertinente, su “mejor cara”.

Bibliografía

Cohen, Stanley (1997). “Crímenes estatales de regímenes precios: Conocimiento, responsabilidad y decisiones políticas sobre el pasado”. En Nueva Doctrina Penal. Editorial del Puerto, Buenos Aires.

Eilbaum, Lucia (2008). Los “casos de policía” en la Justicia Federal en Buenos Aires. El pez por la boca muere. ides, Buenos Aires.

Eilbaum, Lucia (2010). O bairro fala: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense”. Tesis doctoral, Programa Pós-graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense.

Evans-Pritchard, Edward Evan (1977). Los Nuer. Editorial Anagrama, Barcelona.

Font, Enrique (2000). “Confrontando los crímenes del Estado. Poder, resistencia y luchas alrededor de la verdad: las madres de plaza de mayo”. En Criminología Crítica y Control Social, vol. 2, Editorial Juris, Rosario, pp. 51-106.

Geertz, Clifford (1994). Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Ed. Paidós, Barcelona.

Gluckman, Max (1978). Política, derechos y ritual en la sociedad tribal. Ed. Akal, Madrid.

Kant de Lima, Roberto (2008a). “Cultura jurídica e Práticas Policiais: A tradição inquisitorial”. En Ensaios de Antropologia e de Direito. Editora Lumen Juris, Río de Janeiro.

Kant de Lima, Roberto (2008b). “Polícia, Justiça e Sociedade no Brasil: Uma aborgadem comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço público”. En Ensaios de Antropologia e de Direito. Editora Lumen Juris, Río de Janeiro.

Maier, Julio B (2004). Derecho Procesal Penal, tomo 1 Fundamentos. Ed. del Puerto, Buenos Aires.

Malinowski, Bronislaw (1976). Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Ed. Ariel, Barcelona.

Martínez, Josefina (2005). “Viaje a los territorios de las burocracias judiciales. Cosmovisiones jerárquicas y apropiación de los espacios tribunalicios”. En Tiscornia, S. y Pita, M. (comps.). Derechos Humanos, Tribunales y Policías en la Argentina y Brasil. Antropofagia, Buenos Aires.

Martínez, Josefina (2007). “La guerra de las fotocopias. Escritura y poder en las prácticas judiciales”. En Palacio, Juan Manuel. Justicia y Sociedad en América Latina. Editorial Prometeo, Buenos Aires.

Nader, Laura (1998). Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca. Instituto Oaxaqueño de las Culturas-Fondo Estatal para la Cultura y las Artes-ciesas, Oaxaca.

O’Donnell, Guillermo (1997). “¿Y a mí, que mierda me importa? Notas sobre sociabilidad y política en la Argentina y Brasil”. En Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Paidós, Buenos Aires.

Patallo, Marta (2017). “Os julga um tribunal, os condenamos todos”. A administração judicial dos crimes acontecidos durante a última ditadura militar na Argentina pela Justiça Federal em Rosario. Ed. Autografia, Río de Janeiro.

Pita, María Victoria (2010). Formas de vivir y formas de morir. El activismo contra la violencia policial. Ed. del Puerto y cels, Buenos Aires.

Radcliffe-Brown, Alfred (1986). Estructura y función en la sociedad primitiva. Ed. Planeta de Agostini, Barcelona.

Renoldi, Brigida (2007). Os vãos esquecidos. Experiências de investigação, julgamento e narcotráfico na fronteira argentino paraguaia. Tesis de doctorado, ifics/ufrj.

Sarrabayrouse Oliveira, Maria José (2008). Etnografía de las prácticas y procedimientos en la justicia penal durante la dictadura militar (1976-1983). Tesis de doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Sarrabayrouse Oliveira, María José (1998). Poder Judicial: Transición del escriturismo a la oralidad. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Mimeo, Buenos Aires.

Tiscornia, Sofia y Sarrabayrouse Oliveira, María José (2004). “Sobre la banalidad del mal, la violencia vernácula y las reconstrucciones de la historia”. En Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Universidad de Buenos Aires.

Tiscornia, Sofia (2008). Activismo de los derechos humanos y las burocracias estatales. El caso de Walter Bulacio. Ed. del Puerto y cels, Buenos Aires.


  1. Este artículo está basado en el libro de la autora, “Os julga um tribunal, os condenamos todos”. A administração judicial dos crimes acontecidos durante a última ditadura militar na Argentina pela Justiça Federal em Rosario (2017).
  2. Los “juicios comunes” son una categoría utilizada por mis interlocutores jueces, fiscales, defensores y empleados del Tribunal Federal de Rosario. Lo “común” se define a partir de lo habitual y en contraste con lo excepcional. En el caso de este tribunal, hasta la llegada de los juicios de crímenes de lesa humanidad, los juicios más habituales eran aquellos en los que se juzgaban delitos de uso y tenencia de estupefacientes, conocidos como “casos de drogas”. Con base en ello, denomino a estos casos como “casos comunes”. En contraste con estos casos habituales, se encuentran los casos de lesa humanidad, considerados excepcionales –no solo por su novedad, sino también por sus características en cuanto al tipo de delito, víctimas y acusados y a la visibilidad y repercusión pública–, como el caso “Guerrieri”, el cual fue el primero en ser juzgado oralmente en el Tribunal Federal de Rosario.
  3. Este sistema se caracterizó por tener “una faz preliminar, en la cual predominaron los caracteres inquisitivos (la instrucción preparatoria: investigación escrita y parcialmente secreta), y una etapa final, con características acusatorias (el juicio oral, público, contradictorio y continuo, que otorgaba la base para la sentencia” (Maier, 1988, citado en Sarrabayrouse Oliveira, 1998).
  4. El uso, tenencia y venta de estupefacientes es considerado un delito federal, y por este motivo es juzgado por los tribunales federales.
  5. Laura era una conocida abogada en la ciudad; es por ello por lo que se refirió a ella de esta forma.
  6. Las entrevistas fueron realizadas por la autora entre agosto de 2009 y abril de 2010.
  7. Nader (1998) define “estilo judicial” como rasgos continuos que permean las actividades judiciales y que constituyen la forma y el modo del juzgado.
  8. Sarrabayrouse Oliveira (1998) hace referencia a esta categoría como una categoría nativa que puede tener diferentes significados para los agentes judiciales según quién la define y el contexto en que se utiliza. En algunos casos hace referencia al parentesco sanguíneo; en otros más “metafóricos”, refiere a la unión y defensa corporativa del poder judicial. Aquí, lo utilizo en esta segunda acepción, si bien, tal como describo en Patallo (2017), también existen frecuentes lazos de consanguinidad entre los empleados y agentes del Poder Judicial rosarino.
  9. El impacto de la visibilidad de los juicios en el ritual judicial es desarrollado con más profundidad en Patallo (2017).
  10. En la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, muchos de los funcionarios que, al momento de realizar mi trabajo de campo, tenían altos cargos en el tribunal habían sido empleados de aquellos juzgados que habían rechazado habeas corpus o emitido condenas por “subversión” en la dictadura. Uno de ellos fue el exjuez federal Víctor H. Brusa, quien había sido secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura militar y fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2009, 2014 y 2017. Respecto al largo proceso de demanda de justicia en Rosario por el caso “Guerrieri” y su llegada al Tribunal Oral, ver Patallo (2017).


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