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Estrategias de los organismos de derechos humanos en el abordaje de los archivos de inteligencia

Eva Muzzopappa

Actualidad de viejas prácticas

En septiembre de 2005, el servicio de inteligencia naval de la Base Aeronaval Almirante Zar enviaba al Comando de Operaciones Navales un informe cifrado como “estrictamente secreto y confidencial”, en el cual se reproducía información periodística que daba cuenta de la disposición del presidente Néstor Kirchner de “reabrir la causa penal por la ‘masacre de Trelew’”. En un encuentro con los familiares de la masacre, el presidente se comprometió a “realizar las gestiones necesarias para procurar la reapertura de la misma ocurrida el 22 de agosto de 1972 y a impulsar una serie de reivindicaciones solicitadas por los familiares”.

El informe dedicaba al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, un lugar central:

– Kirchner le encomendó a Duhalde que disponga las medidas apropiadas para que los familiares “tengan una participación activa” en la construcción de un específico “espacio de la memoria” referido a la masacre.

– Duhalde, actual Secretario de Derechos Humanos de Nación, fue el abogado defensor de varios de los presos políticos de aquella época, y hace quince días estuvo presente para los actos en conmemoración de los 33 años de la masacre en Trelew.

– Estuvo presente el sábado 20 –dos días antes del aniversario– en una visita que un grupo de familiares de las víctimas realizaron a la Base Naval Almirante Zar (cels s/denuncia, fs.398-399).

Este y otros informes elaborados por la oficina de inteligencia naval de la base ubicada en la ciudad de Trelew fueron enviados por un suboficial, integrante de dicha oficina, al Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante cels), al entender que estas tareas eran ilegales. La primera documentación que hizo llegar estaba referida al seguimiento de los familiares de los asesinados en la “masacre de Trelew” en 1972. En los informes se consignaba también la participación del propio cels, en la figura de la abogada Carolina Varsky.

Durante más de 30 años, la Armada había continuado con el seguimiento de las novedades relacionadas con este trágico evento, pero en el año 2005 los diferentes medios de comunicación nacionales difundieron la noticia de la apertura de la causa judicial iniciada por el cels, lo que encendió así las alertas de una institución que había dado cobijo y protección a quienes habían sido señalados como los autores de los asesinatos.

Esta causa se desarrolló a lo largo del período 2006-2012, también en un contexto particular: la Armada, sumamente celosa de su “imagen institucional”, veía cómo la derogación de las leyes de impunidad avanzaba sobre causas que aparentemente habían quedado sepultadas tras décadas de ostracismo, revolviendo aquello que había querido ser enterrado y olvidado. También, había asumido recientemente el mando del Ministerio de Defensa la Dra. Nilda Garré, lo cual causó un considerable impacto entre las fuerzas armadas especialmente por su pasada relación con la agrupación Montoneros. Finalmente, en el momento de la recepción de esta denuncia, el cels se encontraba en la vorágine iniciada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaraba la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ya que el caso que había abierto esta nueva posibilidad incluía al organismo como querellante. Se trataba de la causa por la desaparición forzada y torturas sufridas por José Poblete, Gertrudis Hlaczik de Poblete y su hija Claudia, iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1998, y el cels se había presentado como querellante solicitando la inconstitucionalidad de las leyes en octubre de 2000. En 2005, la decisión de la Corte abría nuevamente la posibilidad del juzgamiento de los represores.

Así, pocos meses después, con el envío del material para la denuncia por la realización de actividades de inteligencia ilegales correspondiente a un momento estrictamente contemporáneo, se abría un desafío particular. La causa presentaba la singularidad de dar cuenta de la vigencia de viejas prácticas de los organismos de inteligencia, y podían hallarse dos antecedentes inmediatos que habían llegado a ser judicializados: uno de ellos, de 1998, involucraba a la Regional de Inteligencia de Capital Federal de la Fuerza Aérea, y el otro, de 2004, a la Sección de Inteligencia del iii Cuerpo del Ejército de Córdoba. Sin embargo, en ambos casos no se había ido más allá de las imputaciones individuales a algunos integrantes y a la realización de un sumario interno por parte de cada una de las fuerzas.

La particularidad del caso caratulado “cels s/denuncia” y “cels y Hualpa, E. s/denuncia”, denominado en los medios como “la causa por espionaje de Trelew”, reside precisamente en que logró imputar y condenar no solo a los integrantes de la oficina de inteligencia, sino a toda la jerarquía naval relacionada con la inteligencia.

La propuesta a desarrollar aquí es mostrar cómo, a partir de la experiencia que los organismos de derechos humanos fueron construyendo en relación con la investigación sobre la lógica y el funcionamiento de las burocracias estatales en general, y de la militar en particular, la estrategia de imputación logró ser más amplia y exitosa. Tal combinación, también, permitió un interesante abordaje del archivo de inteligencia secuestrado en el marco de la causa, en consonancia con las iniciativas propuestas para la inclusión de fuentes documentales en los Juicios por la Verdad.

Este trabajo da cuenta de dicho proceso deteniéndose, en primer lugar, en la importancia tanto de la figura de “cadena de mando”, como de las “órdenes” en la definición de las imputaciones y su aplicación en la causa por espionaje de Trelew. En segundo lugar, se centra en la importancia del trabajo con los archivos de inteligencia, un recurso excepcional para dar cuenta de las lógicas burocráticas del aparato represivo estatal que fue diferencialmente abordado a lo largo del tiempo.

La lógica de la verticalidad

Con la sanción de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, en 1988 y 1992 respectivamente, se había logrado redefinir el rol que otrora la Doctrina de la Seguridad Nacional les otorgaba a las Fuerzas Armadas. Ambas leyes restringieron su posibilidad de actuación a las agresiones de origen externo y, específicamente, a las de Fuerzas Armadas regulares de otro Estado. De tal manera que “las cuestiones relativas a la política interna del país” no podían constituir “hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militar”. Luego, la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional –aprobada en el año 2002– se convirtió en el tercer componente que apuntaló la distinción legal entre la defensa nacional y la seguridad interior. Este andamiaje legal fue constantemente desafiado, particularmente a través del concepto de “nuevas amenazas” primero y del de “amenazas asimétricas” después, con las cuales se pretendió redefinir el horizonte de la confrontación tras el fin de la Guerra Fría. En estas categorías se incluían el terrorismo y el narcotráfico, cuyas implicancias requerían eliminar las limitaciones a la actividad militar. Así, diferentes sectores pugnaban por instalar estas nuevas definiciones, que confluían con la permanencia de viejas prácticas de los organismos de inteligencia que nunca habían sido desterradas.

Con anterioridad al caso de espionaje de Trelew, fueron dos los casos que demostraron que los límites legales estaban siendo, al menos, ignorados. En 1998, periodistas de Página 12 accedieron a dos documentos de la sección de inteligencia de la Fuerza Aérea. Uno de ellos daba cuenta del seguimiento de una organización de mujeres y de los encuentros de sus integrantes con otras organizaciones; otro consistía en un Pedido de Información (OPI), número 057/97, sobre diez periodistas de diarios nacionales. La noticia fue publicada, la institución realizó un sumario interno y el juez federal Miguel Urso efectuó un allanamiento a la oficina de inteligencia. Al ser procesados, los imputados alegaron la “necesidad de defender intereses nacionales que, a su entender, podían quedar en riesgo por el trabajo de periodistas que investigaban cuestiones vinculadas con la seguridad en los aeropuertos”[1]. Luego el juez federal Gabriel Cavallo procesó por abuso de autoridad a un brigadier, un comodoro, un vicecomodoro y dos capitanes de la Aeronáutica Militar. Pocos años después, en el año 2002, se presentó la solicitud de ascenso para el vicecomodoro Salvador Ozan, uno de los procesados, y, ante el reclamo de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, la Fuerza Aérea afirmó que no existían antecedentes adversos en su legajo, remitiéndose inclusive un informe de la Fuerza Aérea en el cual se justificaban las acciones desarrolladas por los acusados.

En 2003, la acusación recaería sobre el Ejército. En Córdoba, la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano investigaba dos causas: una por el destino final de los desaparecidos bajo el terrorismo de Estado en Córdoba, y otra por la sustracción de hijos de desaparecidos en los campos de concentración de esa provincia. Testigos, dirigentes de organismos de derechos humanos y exdetenidos denunciaron amenazas, ante lo cual la jueza comenzó una investigación que incluyó una serie de allanamientos que llegaron hasta la jefatura de inteligencia del iii Cuerpo de Ejército.[2] El entonces jefe del arma, general Martín Balza, relevó a cuatro militares, se presentó en el juzgado y desautorizó el accionar del grupo. Los militares fueron procesados por el delito de “abuso de autoridad”.

Con la presentación de la denuncia de Trelew en el año 2006, los abogados del cels se encontraron entonces ante el desafío de lograr definir una estrategia general que permitiera dar cuenta de la extensión de estas prácticas, es decir, de la institucionalidad con la cual se definían y desarrollaban en la Armada, de modo tal que les permitiese lograr una mayor efectividad en cuanto a las imputaciones que la de los casos anteriores, y así sentar un precedente. Para ello, debía establecerse un “tipo legal” que permitiera abordar adecuadamente el caso. Así, se determinó que la figura penal sería la de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Pero, al mismo tiempo, lejos de focalizar el delito en los integrantes de la oficina de inteligencia, se estableció que este no estaba constituido solo por las acciones, sino también por las órdenes.

En buena medida, sostenemos aquí, esta estrategia fue posible en función de la experiencia previa de los organismos de derechos humanos en general, y del cels en particular, que le brindó conocimiento sobre la modalidad de funcionamiento de la cadena de mando y, en correspondencia, sobre la importancia de las órdenes en las Fuerzas Armadas.

Acerca del desarrollo de esta experiencia de los organismos de derechos humanos, se pueden presentar diferentes perspectivas. Aquí subrayaremos brevemente una mirada genealógica que pone de relieve las diferentes estrategias que este activismo fue probando, testeando e instalando y que, en definitiva, conformaron dinámicas particulares de sus actuaciones en el campo legal.

El involucramiento de los organismos de derechos humanos en el campo legal fue paulatina y planificada. Vale aclarar que con el colectivo “organismos de derechos humanos” hago referencia aquí a un amplio espectro de actores, entre los cuales se cuentan familiares nucleados en distintas organizaciones, que habitualmente incluyen profesionales del derecho, con quienes se discutían los procedimientos legales posibles. Esta irrupción en el campo legal se produjo, entonces, tras una primera etapa inicial en la cual los organismos dudaban de la eficacia de las estrategias jurídicas, aun cuando se fueron implementando una variedad de mecanismos adecuados a cada caso, tales como habeas corpus, denuncias por privación ilegítima de la libertad, recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, entre otros, a fin de abarcar las distintas problemáticas de la violación de los derechos humanos (Larrandart, 1999).

La estrategia de ir más allá de la mera denuncia por los casos en particular para dar cuenta de un “plan sistemático” de represión y desaparición de personas implicó que los organismos comenzaran una tarea de investigación para dar cuenta de los derroteros y destinos de los detenidos desaparecidos y de la existencia y localización de campos clandestinos de detención. Esta actividad fue desarrollada desde el inicio de la dictadura militar y fue fundamental para la acusación en el juicio a los integrantes de las tres Juntas Militares que se inició el 22 de abril de 1985. Al mismo tiempo, este juicio resultó trascendental por varias cuestiones, entre ellas porque se logró montar una estrategia para juzgar crímenes de una opacidad específica, cometidos a través del Estado burocrático, y que se denominaron “crímenes cometidos a través de un aparato organizado de poder” (Matarollo, 1999: 26). El establecimiento, en estos casos, de la verdad de los casos concretos asumía la existencia de una metodología del terror, para cuya indagación se había desarrollado un profundo conocimiento de las estructuras y metodologías de las fuerzas represivas empleadas por el Estado. Las nociones de “órdenes” y “cadena de mando” fueron fundamentales para ingresar en la lógica militar a través de la figura legal del “autor mediato”.[3] Las causas fueron detenidas a partir de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (n.° 23.521/87) y los indultos decretados por el presidente Carlos Menem en 1989 y 1990.

Esta clausura de las acciones ante el Poder Judicial, sin embargo, marcó el inicio de un período de lucha contra la impunidad cuyos más grandes logros se debieron al ingenio para la resolución de problemas jurídicos (Oliveira, 1999; Mora, 2005; Varsky y Balardini, 2013; Miguel, 2019) que tuvieron impacto en la definición del conjunto de estrategias de los organismos de derechos humanos.

La recuperación de este conocimiento fue decisiva tanto para la causa que el cels llevaba adelante en relación con la masacre de 1972, como para la estrategia en el caso de espionaje de 2006. En primer lugar, a partir de la indagación sobre la “sistematicidad” de las acciones, es decir, la constatación de un accionar institucional –ilegítimo– a través de la existencia de órdenes y la respuesta de los subordinados a una cadena de mando que se moviliza como engranaje. Definir la estrategia sobre las imputaciones tuvo entonces la dificultad de ubicar las responsabilidades respecto de quiénes debían ser imputados y a través de qué órdenes específicas se habían cometido estas actividades ilegales. Así, se logró involucrar, en primer lugar, a los integrantes de la oficina de inteligencia, pero también a los superiores inmediatos: el jefe de la Base Aeronaval, por un lado, y el director de la Inteligencia Naval. En una segunda instancia, y tras una nueva presentación, la imputación llegó a involucrar al jefe y al subjefe de la Armada.

En otras palabras, la imputación logró plantear el problema de las “órdenes” y la cadena de mando de tal manera que, a diferencia de lo acontecido previamente en los casos de la Fuerza Aérea y del Ejército en Córdoba, la focalización del delito no quedaba circunscrito a quienes habían ejecutado las tareas (los autores inmediatos), sino que se consideraba, en la perspectiva total, la absoluta necesidad de establecer el lugar que las órdenes habían jugado en el marco general del delito. Y que, en definitiva, de existir tales órdenes, eran tan ilegítimas como las actividades.

Ahora bien, esta posibilidad de dar cuenta de la existencia de órdenes se debió al análisis, bajo esta misma perspectiva, del archivo de inteligencia secuestrado. También en esta oportunidad la experiencia de los organismos de derechos humanos aportó un enfoque decisivo. Al respecto nos referiremos en el siguiente acápite.

Del documento al circuito represivo

El momento que definió la clausura de las acciones ante el Poder Judicial con la Ley de Obediencia Debida y los indultos marcó el inicio de un período caracterizado por la capacidad de redefinición y propuesta constante de nuevas herramientas en la lucha contra la impunidad. Así, en 1999 se inició la realización de los Juicios por la Verdad. Estos novedosos procedimientos han sido considerados una modalidad de justicia transicional orientada a la reparación desde el ámbito de la Justicia, caracterizados por la inexistencia de la parte defensora, por el carácter abierto de las audiencias y por la centralidad del relato de los supervivientes, ya que el eje del proceso es investigar y conocer los hechos y no enjuiciar a los responsables, tal como muestra en su trabajo Andriotti Romanin (2013). El autor resalta también cómo en ellos es posible destacar analíticamente sus vínculos con otras iniciativas, su dimensión ritual y la trama jurídica y política que está por detrás. Aquí en particular nos interesa destacar dos cuestiones: la primera de ellas es cómo en su desarrollo se fue poniendo de relieve el funcionamiento del dispositivo de represión, el papel del entramado político-institucional que había permitido desplegar las operatorias represivas en un territorio determinado (Mora 2005); la segunda es el impacto de la utilización de los archivos de inteligencia.

En el año 1999, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, impulsora de estas causas, decidió secuestrar el fondo documental de la ex-Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, dippba) a fin de ponderar el carácter probatorio de la documentación para dichos juicios. Asimismo, y como producto de este impulso, en el año 2005 se creó el Archivo Provincial de la Memoria de Chubut con documentación perteneciente al Sistema de Información de Chubut que había sido hallado casi una década atrás (Gatica, 2009-2010). Este archivo realizó un fundamental aporte respecto a la causa por la masacre de Trelew primero, luego a la Base Almirante Zar como centro clandestino de detención, y a las causas de Bel, Amaya y Solari Yrigoyen, entre otras. Sin embargo, y debido a que sobre este archivo se comenzó a trabajar más tardíamente, fue el trabajo con el archivo de la dippba el que en un primer momento generó un mayor impacto en la causa por espionaje que nos ocupa, razón por la cual nos extenderemos aquí solo sobre este último.

Debido a las condiciones de su secuestro, desde un primer momento el archivo de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se constituyó en un significativo aporte para la reconstrucción de historias privadas y familiares y para legitimar la denuncia testimonial que venían realizando los afectados por la persecución política. En este sentido, el abordaje inicial del archivo de la dippba se caracterizó por la búsqueda de datos, la selección de documentación y su reordenamiento con criterios temáticos orientados fundamentalmente a los Juicios por la Verdad. Sin embargo, a partir del año 2001, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (cpm) se hizo cargo del archivo, elaborando un inventario topográfico e iniciando tareas de digitalización con el fin de garantizar la preservación del material. Para entonces, el archivo era ya un aporte fundamental para causas judiciales y una fuente para la averiguación de datos referidos a personas o para la investigación histórica y periodística.[4]

En 2005, tras una capacitación en archivística, se inició la descripción del archivo, esto es, el proceso de análisis de los documentos y sus agrupaciones a fin de permitir su identificación, localización y recuperación de la información (Heredia, 1991: 302). Esta tarea, particularmente importante, hizo posible contar con información específica que permitía comenzar a profundizar en la conformación del circuito represivo.

En particular, la perspectiva archivística permitió recuperar un eje fundamental del trabajo, relacionado con la propia definición de “archivo” según la cual este tiene un “origen institucional” y, por ende, dicha acumulación documental ha sido producida por una institución “en el desarrollo de sus misiones y funciones”. La perspectiva de funciones institucionales se liga a su vez con el principio de que dicha producción está determinada por normativa que rige las competencias y el funcionamiento de la propia institución (Heredia, 1991: 89-90).

A partir de entonces, la mirada integral sobre el archivo permitió recuperar y describir su “orden original”, y así se pudo dar cuenta de la metodología de trabajo que la propia Dirección de Inteligencia había producido a partir de sus “misiones y funciones” y de la normativa que la regía. La intervención archivística proyectó la capacidad de referencia de los organismos de derechos humanos en los archivos, no solo en la búsqueda de datos, sino también en la posibilidad de comprender y explicar el sentido y la dinámica particular de jerarquías, órdenes, tareas específicas del organismo productor, ratificando o ampliando la información que muchas veces se había reconstruido a través de testimonios. A partir del año 2006, con la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires aportó documentación en la totalidad de los juicios llevados a cabo en la provincia, y en el 65 % de los realizados en todo el país.[5]

Esta mirada amplia sobre el archivo, es decir, esta indagación que ubica a los documentos en su relación, en sus procesos de producción, fue fundamental para el análisis y, particularmente, la ponderación de la documentación secuestrada en Trelew. En efecto, si en una primera instancia la querella había presentado la denuncia a partir de un informe específico que daba cuenta del seguimiento de los familiares de las víctimas, tras el allanamiento se presentó una ampliación de la prueba, con un informe que explicitaba las peculiaridades de la organización de ese archivo y su lugar en el funcionamiento jerárquico del sistema de inteligencia naval.

Las trabas al acceso de esta información, sin embargo, se presentaron de manera recurrente. El argumento del “secreto de Estado” fue reiteradamente esgrimido por la defensa de los marinos acusados en Trelew para restringir el acceso de la Justicia al archivo en cuestión. En esta dirección, los abogados y los organismos de derechos humanos contaban también con una experiencia previa, ligada al derecho de “acceso a la información”, el paraguas a partir del cual se movilizaban una gran cantidad de demandas que incluían causas pasadas y presentes. Junto con el ya mencionado caso “Ozan”, la resolución del caso “Myrna Mack”, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había establecido en su punto 180 que, en caso de violaciones a los derechos humanos, “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional” para negarse a aportar información requerida por autoridades judiciales o administrativas, mientras que en el 182 afirmaba que la negativa de las autoridades, amparándose en el secreto de Estado, constituía una obstrucción a la Justicia.

Dichos precedentes eran significativos en cuanto esta denuncia volvía a traer a escena uno de los mecanismos más básicos y fundamentales de la represión: la inteligencia, en cuanto burocracia, normativa, tareas, agentes. Pero también un espacio institucional sumamente problemático donde se confrontaban diferentes aspectos: desde la vigencia de derechos y principios democráticos hasta la autonomía de los aparatos estatales de inteligencia. En otras palabras, se trataba de la investigación de un eventual delito de un organismo de inteligencia vigente, actual, y por ende cometido durante un período fuera del período de la dictadura militar (1976-1983). Eventual delito que estaba exento de cualquier relación con las figuras de asesinatos, desapariciones forzadas o torturas, pero que ponía en el centro de la escena a los organismos de inteligencia y sus prácticas, sustento de la represión en el período dictatorial y de la violencia estatal en todos los períodos. Delito que, finalmente, daba cuenta del amplio espacio de autonomía que tenían las Fuerzas Armadas en general, y los organismos de inteligencia en particular, ilustrando lo que expertos en el análisis militar denominaron “subordinación con autonomía militar” (Frenkel, 2019; Battaglino, 2013; Diamint, 2008; Saín, 2010).

En definitiva, la ponderación de este archivo fue entonces realizada, pese a que no estaba conformado tal como cierto imaginario esperaba de un archivo de inteligencia militar. No contenía fichas personales y menos aún se encontraban allí restos de actividades de la represión dictatorial.[6] Por el contrario, la documentación y la extensión de este archivo eran restringidas. El material consistía en una serie de cuadernos, carpetas colgantes, biblioratos, casetes vhs y discos de computadoras que se constituyó en “prueba” de la causa. En el contexto del caso judicial, el archivo y su documentación debieron ser también analizados con un criterio centrado en la búsqueda de la “verdad jurídica”, certificando la presencia de nombres y firmas a los fines de la imputación.

Sin embargo, el enfoque de la acusación se centró en entender, a partir del análisis de la composición del archivo, el circuito de la información y la relación de las actividades de esta oficina de inteligencia con otras secciones navales. Para ello se ubicaron dos ejes de análisis sobre el archivo como totalidad. El primero de ellos apuntó a dar cuenta de las similitudes del ordenamiento del archivo con el de la dippba y dejar en evidencia la continuidad y sistematicidad de las prácticas de inteligencia; y el segundo reconstruyó el circuito de la información a partir del análisis de la documentación.

Respecto del primer eje, sobre las similitudes en cuanto al ordenamiento de la documentación, el escrito presentado por el cels el 20 de abril de 2006 destacaba la “clasificación temática” utilizada en el archivo, a través de los llamados “factores” que organizaban las carpetas contenidas en el archivador de la oficina de inteligencia. Entre ellos se encontraban los siguientes: política provincial de Chubut, política provincial de seguridad, política nacional, derechos humanos, reclamos sociales/gremiales, agrupaciones sociales, periodismo, situación institucional y política de la Armada y comunidad informativa y actividades de inteligencia.

Las diferencias de magnitud de cada uno de estos archivos –el de la dippba y el hallado en Trelew– eran, también, un dato de relevancia. Mientras que el archivo de la dippba tiene una extensión temporal significativa, con fechas extremas entre 1930 y 1992, el de Trelew es pequeño, limitado a algunos archivadores metálicos y carpetas, y con una extensión temporal escueta (1980-2005).

Sin embargo, era el agrupamiento temático lo que permitía establecer una relación entre ambos: el archivo de la dippba contaba con una división en mesas, las cuales, a su vez, se organizaban en “factores”: dentro de la mesa A se encontraban los factores político, estudiantil/educacional, comunal; en la mesa B, los factores gremial, laboral y económico; en la mesa DE, el factor social; en la mesa DS, el factor policial; mientras que otras mesas se denominaban “toxicomanía” o “extranjeros”. Un aporte significativo respecto de la organización de este sistema de inteligencia resultó ser la diferencia entre las oficinas regionales, que reportaban solo en “factores”, y la clasificación en “mesas” de la Dirección Central de la inteligencia policial. Esto permitió considerar la ubicación jerárquica del archivo de Trelew como unidad local, a partir de sus reportes según el criterio de “factores” a un organismo mayor.

Respecto del segundo eje de análisis, la querella destacaba cómo la documentación secuestrada “tenía destinos y orígenes en diversas dependencias de la Armada Argentina, de todos los niveles jerárquicos”, lo que permitía inferir que “estas actividades constituían una práctica muy asentada dentro de la Fuerza” (cels s/denuncia, fs. 490 vta.). La reconstrucción del circuito de la información permitía, nuevamente, reforzar la hipótesis de las prácticas sistemáticas tanto como de las órdenes y avanzar así en las imputaciones. Para ello, se recurrió a un análisis de los caracteres formales de los documentos hallados (origen, destinatario o destinatarios, firmas), que permitían corroborar la verticalidad de las órdenes y la distribución de documentación a lo largo de todo el sistema de inteligencia.

La causa por espionaje de la Base Almirante Zar fue tomada como un impulso por el Ministerio de Defensa, en ese momento a cargo de la Dra. Nilda Garré, para llevar adelante una profunda reforma del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero también para concretar una deuda con el andamiaje legal del sistema de defensa: la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional.

A continuación, retomaremos la cuestión del impacto de la utilización de los archivos de inteligencia o “de la represión” y sus debates.

Lógicas burocráticas

En su lucha contra la impunidad, los organismos de derechos humanos establecieron puentes y relaciones con diferentes actores, en una búsqueda por estrategias que desafiaran los límites impuestos en distintas circunstancias. En este camino, se diseñaron y motorizaron nuevas perspectivas en diferentes campos, tanto en el de la Justicia misma como en el campo científico. Solo para mencionar las más renombradas, se puede incluir el desarrollo del “índice de abuelidad” o la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense. En esta misma dirección, quisiera detenerme respecto del impacto que el trabajo de los organismos de derechos humanos en las diversas causas judiciales –Juicio a las Juntas, Juicios por la Verdad, juicios de lesa humanidad– tuvo en la mirada sobre los archivos. Esta relación ha venido ocupando un lugar cada vez más destacado en la reflexión académica y en la esfera pública.

Tras el fin de la dictadura, ante la demanda social por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, en Argentina se activó la utilización de los llamados “archivos de los derechos humanos”, denominados así debido a que habían sido producidos por la acción de denuncia de la represión y apoyo a las víctimas realizada por organismos de derechos humanos. Al igual que en otros países, estos archivos habían sido producidos fundamentalmente para la recolección de información para un uso inmediato y como aporte a la Justicia. Estaban compuestos por denuncias de personas afectadas, testimonios personales y registros de prensa (Jelin, 2002).

Al mismo tiempo, como contrapartida, se iniciaba la búsqueda de los llamados “archivos de la represión”, definidos como “aquellos acervos de instituciones represivas, producidos por las Fuerzas Armadas u otros organismos bajo dependencia estatal o paraestatal, que de diversas formas intervinieron en la comisión de delitos de lesa humanidad” (González Quintana, 1995). Estos archivos fueron sistemáticamente negados y fragmentariamente hallados a lo largo de estas décadas. Pero también fueron prontamente incluidos en causas judiciales, circunstancias que configuraron una entrada y una lectura muy específica en función de la búsqueda de la “verdad jurídica”.

A partir del documento elaborado en 1995 por iniciativa del Consejo Internacional de Archivos, con el apoyo de la Unesco y liderado por el archivista Antonio González Quintana, la archivística fue tomando un rol preponderante, particularmente en lo relativo a las recomendaciones sobre el tratamiento de los cuerpos documentales (González-Quintana, 1995; González-Quintana, 2009). La invocación permanente ha sido la del estudio de las entidades productoras y sus funciones, la realización de los respectivos cuadros de clasificación e instrumentos de descripción, principios que a su vez permitirían otorgar el carácter de autenticidad y fiabilidad a los documentos y, en consecuencia, su utilización como evidencia en los juicios (Giraldo Lopera, 2017).

Esta consideración general de utilización de herramientas específicas que permiten el tratamiento integral de los archivos habilita, en primer lugar, un acceso más eficiente y rápido a la información, pero también ofrece la posibilidad de ampliar las preguntas posibles a los repositorios documentales. En segundo lugar, extiende y profundiza aquella perspectiva contenida en las indagaciones iniciales del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuando, en la búsqueda de los cuerpos de detenidos desaparecidos, consultaron la documentación de los cementerios: lo que hicieron, en esa oportunidad, fue también retomar ese conocimiento recabado por los organismos de derechos humanos sobre el circuito represivo y el destino final de los cuerpos y buscar evidencia documental considerando el imperativo burocrático del registro (Olmo, 2002). En otras palabras, la pregunta por la perspectiva de las misiones y funciones de una institución y su relación con el circuito represivo en general permitieron plantear interrogantes diferentes, ampliar la búsqueda y, finalmente, desarticular ciertos sentidos estrechos sobre el concepto mismo de “represión”.

Lo importante que resaltar aquí es cómo en este proceso, a partir de la búsqueda y del hallazgo y los consecuentes pedidos de conservación de estos archivos, fue considerándose la necesidad de implementación de una metodología que, pese a su extensa historia, no necesariamente era tenida en consideración por los usuarios habituales de estos. A partir del trabajo específico de asesoramiento de un grupo de profesionales del área (Nazar, 2007; Barbuto 2010), la propuesta de superar la noción del “fetiche del documento” se transformó en una fecunda perspectiva de trabajo para los actores de los organismos de derechos humanos y un prometedor impulso para el desarrollo de políticas públicas en un sector claramente desatendido por el Estado. Esta nueva atención a los archivos produjo también una serie de tensiones al confrontarse perspectivas divergentes sobre la modalidad de trabajo con ellos (Alves, 2012; Balé, 2018).

Pero, más allá de tales debates, la mirada que los organismos de derechos humanos tuvieron a lo largo de los últimos veinte años sobre los archivos permitió volver a instalar su importancia en relación con los derechos, recuperando la perspectiva de la “triple función social”.

Finalmente, y en particular respecto del abordaje integral de los archivos “de la represión”, tal perspectiva permitió a la vez extender, en términos temporales, la posibilidad de análisis del funcionamiento de los circuitos represivos y de los organismos involucrados, tanto hacia décadas pasadas como a los tiempos presentes.

Así, la descripción del archivo de la dippba primero, y de otros archivos de inteligencia hallados a lo largo del país y sometidos a esta metodología de trabajo (Nazar, 2017), permitieron dar cuenta de dinámicas, redes y modus operandi que excedían notoriamente el período dictatorial. Ejemplo de ello es el caso del archivo de Trelew presentado aquí y, más significativa aún, la experiencia recogida por los integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que han podido generar, a partir de su conocimiento sobre la estructura de inteligencia pasada, pericias sobre actividades de espionaje (ilegales) en el presente.

No queda sino, habida cuenta de la relevancia aquí sostenida de un abordaje archivístico de estos depósitos documentales, destacar que la utilidad de definiciones tales como archivos “de la represión” o de la “dictadura” resulta solo en cuanto entradas analíticas, recortes específicos relacionados con una cierta temporalidad o funcionales al trabajo de la Justicia y de las investigaciones académicas (Nazar, 2007), pero por sí mismas no terminan de dar cuenta de las dinámicas diversas de los organismos que los produjeron.

Lograr una mirada de amplio alcance y en pos de las lógicas de producción es lo que permite entender continuidades y estimula la reflexión y reformulación constante y productiva de las preguntas en el campo de los derechos humanos.

Bibliografía

Alves, Eugenia (2013). “Las políticas de memoria en Argentina como políticas de (no) archivo. El caso de la desclasificación del ‘Informe Rattenbach’”. En xiv Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Mesa Temática: Archivos e Historia. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.

Andriotti Romanin, Enrique (2013). “Decir la verdad, hacer justicia: Los Juicios por la Verdad en Argentina”. En Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n.° 94 (5-23). Disponible en bit.ly/3Cl4OXt.

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Expedientes judiciales y otros documentos

cels – s/denuncia” (Expte. n.º 186 – Fº 134 – Año 2006) – Juzgado Federal de Rawson.

Confirmación de la Corte Suprema, Juicio a las Juntas, 1985, punto 19.

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  1. Página 12, 23 de noviembre de 1998. En bit.ly/3kcqzSU.
  2. Página 12, 19 de mayo de 1999. En bit.ly/2Z2NTKQ.
  3. Se denomina “autor mediato” a quien, “para ejecutar la acción típica, se sirve de otra persona como instrumento, dominando la voluntad del ejecutor. Sin embargo, admite la coexistencia de la autoría mediata con la figura del ejecutor responsable –autor inmediato–, situación que aún se daría en el supuesto en que se dominara la voluntad de éste a través de un aparato organizado de poder, en el que el ejecutor sería sustituible y no actuaría como una persona individual, sino como un engranaje de aquella maquinaria. Concluye así la sentencia reforzando su convicción de que los procesados son autores mediatos de los hechos que se les atribuyen” (Confirmación de la Corte Suprema, Juicio a las Juntas, 1985, punto 19).
  4. Respecto de la historia institucional del archivo y el proceso de trabajo encarado, ver el cuadro de clasificación en bit.ly/2XueGiB.
  5. Ver bit.ly/2XqM2yM.
  6. En el año 2019, en el contexto del juicio por la desaparición de Elvio Ángel Bel, fue presentada una copia digital de archivos con material confidencial desde finales del 70 de Trelew y Rawson, incluyendo especialmente militantes de izquierda, activistas y referentes sociales. Eran casi 13 mil fichas en formato digital provenientes de la Base Aeronaval Almirante Zar que no habían sido previamente entregadas a la Justicia, sino al Ministerio de Defensa.


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