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La política y la ideología
por encima de la economía

Perón, su política económica y el conflicto con los ingenieros del CAI

Claudio Castro[1]

Introducción

El fenómeno de la planificación económica y la declaración explícita de un proyecto de industrialización para la Argentina aparecen como una de las novedades de la política económica peronista durante los años cuarenta. Con el Primer Plan Quinquenal (PPQ), más allá de posteriores correcciones, se explicitaba claramente cuál era el proyecto económico del gobierno instalado en 1946. Si bien la intervención estatal no era una novedad en los años cuarenta, ni en la Argentina ni en el resto del mundo, el PPQ significaba profundizarla con ambiciosos objetivos de transformación estructural en materia económica y social.[2]

Por otro lado, diseñar e instrumentar una planificación integral de la economía argentina, más todavía cuando no se habían difundido metodologías científicas para tal fin, era un desafío técnico de magnitud cuyas fallas y carencias podían poner en riesgo el proyecto del gobierno. La importancia de la puesta en marcha del plan se evidencia en los recursos que se destinaron a su diseño e implementación. No obstante, problemas de distinta índole, tanto técnicos como políticos, no tardaron en aparecer. La racionalidad técnica del gobierno se vio dificultada por la falta de estadísticas, capacidades desiguales de las dependencias estatales, desconocimiento de atribuciones y conflictos de poder internos, problemas de coordinación entre áreas de gobierno y el control de la puesta en marcha del plan. Estos factores estructurales del Estado se vieron agravados, además, por la ausencia de funcionarios competentes, tal como lo manifestó José Figuerola, responsable máximo del PPQ desde la Secretaría Técnica de Presidencia (Berrotarán, 2004).

Aquí justamente la cuestión de los ingenieros cobró una importancia relevante. En un momento en que no aparecen todavía institucionalizadas las profesiones de economista, sociólogo y cientista político, los ingenieros tenían un campo disponible para tomar sus atribuciones junto a otras cuestiones técnicas vinculadas a cambios en los sistemas energéticos y de transporte, la regulación económica, la estatización de servicios públicos, la centralización en las decisiones económicas y la planificación. Todas ellas cuestiones esenciales al PPQ.

A pesar del conflicto que Perón tuvo con los ingenieros, incluso antes de ser presidente, y que luego analizaremos, reconoce la importancia de estos en la elaboración del PPQ y hace una convocatoria a su participación. En un discurso ante los profesores universitarios en 1947, afirma:

En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, esta Facultad tiene cierto atractivo para mí porque mi abuelo ha sido académico y ha prestado muchos años de servicio en ella, de modo que tengo cierta predilección, aunque algunos señores ingenieros no me vean con buenos ojos… El Plan Quinquenal, sin la colaboración inteligente y, sobre todo, capacitada del cuerpo de ingenieros de la Nación, no puede realizarse, porque su base está casualmente afirmada sobre obras que corresponden a su actividad… En el campo de la ingeniería, debemos dejar de lado el amor propio y utilizar nuestros hombres, sin gran experiencia, junto con otros, extranjeros, que hayan adquirido gran experiencia… Considero que los técnicos extranjeros pueden hacer escuela… Es lógico que, si encontramos aquí, en el país, esos hombres, yo he de preferir siempre a los criollos, porque soy criollo, pero el asunto es encontrarlos (extraído de Dusell y Pineau, 1995, p. 30).

El intento de acercamiento aquí insinuado no fue más que retórico. La conflictividad continuó y la institución misma que nucleaba a los profesionales de la ingeniería ya había sido intervenida a las pocas semanas de iniciado su gobierno. Perón hizo un reconocimiento hacia ellos, pero paralelamente una operación de deslegitimación al afirmar que era difícil encontrar alguno que tuviera las aptitudes necesarias por su falta de experiencia. Desde el lado del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), continuó la intransigencia y una actitud de no colaboración.

Varios autores, con motivo de estudiar la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON) por parte del peronismo, han analizado la relación entre los ingenieros, la ingeniería y Perón. En la mayoría de los casos, se ha admitido, por un lado, que la UON era una respuesta del régimen a una economía con creciente gravitación de la industria y que carecía de técnicos, debido a la formación teórica y generalista de sus ingenieros y su despreocupación por el mundo laboral; por otro, a una universidad elitista que menospreciaba la actividad industrial y solo pretendía dar educación a las clases privilegiadas. Se planteó así una dicotomía entre la nueva casa de estudios y los ingenieros provenientes de las universidades tradicionales, expresada magistralmente por Perón en la contraposición entre “los ingenieros del decir” y los “ingenieros del hacer” (Dusell y Pineau, 1995; Malatesta, 2008; Arguto, 2013).

En este conflicto, sin embargo, los estudiosos que analizaron el interesante proyecto de la UON no se han preocupado por hacer un contrapunto entre la opinión oficial y el punto de vista de los ingenieros, ni de analizar la historia de la ingeniería en la Argentina, la cual revela las lógicas de su práctica y formación. Tampoco en profundizar los motivos del conflicto entre ambas partes, que están lejos de poder explicarse por la idea de una universidad elitista o profesores reaccionarios. ¿Eran tan ajenos los ingenieros nucleados en el CAI, mayormente egresados de la UBA, a la agenda y problemáticas que planteaba el PPQ y la expansión industrial durante la sustitución de importaciones?

El objetivo de este trabajo será, por un lado, analizar el punto de vista del CAI, el centro que nuclea a los ingenieros, para evaluar en qué medida sus ideas se acercaban o no a las políticas de planificación e industrialismo implementadas a partir de 1946. Por otro, entender el perfil de ingeniero que Perón planteó como alternativa con la creación de la UON y su funcionalidad para enfrentar los problemas de la industria argentina.

Nuestra hipótesis es:

  1. que el conflicto entre los ingenieros y el gobierno obedece a la políticas de avasallamiento ocurridas tempranamente desde el régimen militar de 1943, y seguidas por el gobierno constitucional, sobre las posiciones que los ingenieros ocupaban históricamente tanto en las oficinas técnicas de los organismos estatales, como en sus cátedras en las universidades públicas;
  2. que, a pesar del conflicto entre ambas partes, la agenda ideológica y técnica de los ingenieros nucleados en el CAI, sobre todo los que tenían posiciones institucionales en él, coincidía en gran medida con la naturaleza de las políticas postuladas con el PPQ y la industrialización peronista;
  3. que es cuestionable que el ingeniero del “saber hacer” que proponía Perón con la creación de la UON fuera funcional para solucionar los problemas de la industria argentina, sobre todo su baja productividad. El análisis microeconómico de algunos casos de la industria nacional de los años cuarenta y cincuenta sugiere problemas de organización y normalización que apuntan más a un ingeniero planificador que a un ingeniero de cuello azul.

Utilizaremos como fuente la publicación oficial del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), la revista La Ingeniería, la cual ofrece una fuente privilegiada sobre todas estas cuestiones. También algunas fuentes secundarias que han tratado el tema de los ingenieros dentro de la burocracia técnica del Estado argentino y su preocupación por racionalizar el mundo del trabajo. Por último, algunas historias y análisis específicos, tanto sectoriales como empresariales, de la industria argentina.

Primero se realizará una síntesis de la evolución histórica de la ingeniería argentina; en la segunda sección, se analizará el posicionamiento de los ingenieros ante los problemas de la economía argentina durante la Segunda Guerra Mundial; en la tercera, el conflicto del régimen militar de 1943 y el peronismo con los ingenieros del CAI; en la cuarta la creación de la UON junto con el perfil de ingeniero planteado con dicha casa de estudios; y en la quinta, los problemas de la industria argentina en los años cuarenta y cincuenta.

La evolución de la ingeniería argentina

La articulación de una estrategia económica agroexportadora a partir de la segunda mitad del siglo xix requirió infraestructura en materia de transporte, comunicaciones, puertos y servicios urbanos. Con ella, apareció también la demanda de servicios de ingeniería. Esta fue necesaria tanto en el sector privado, generalmente contratista de las obras y administrador de los servicios correspondientes, pero también en el sector público, encargado de establecer prioridades en materia de infraestructura, localización, supervisión y control en la gestión de los servicios públicos.

En los comienzos, la ausencia de ingenieros locales fue resuelta con el aporte de técnicos extranjeros. Las empresas foráneas no solo traían el capital, también su personal especializado. Entrado el siglo xx, todavía su presencia era importante. No obstante, en la medida que se hizo indispensable su presencia en el sector estatal, fue necesaria la formación de profesionales argentinos. Como sugiere Graciano (2018, p. 156), fue el Estado liberal, ante la necesidad de formar recursos humanos para atender sus funciones técnicas, el que impulsó las carreras de ingeniería y las valorizó socialmente colocándolas al lado de profesiones prestigiosas como el derecho y la medicina. Así, tempranamente, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires comenzó a dictar la carrera de Ingeniería, cuya primera promoción egresó en 1870. Posteriormente, la Universidad Nacional de Córdoba tuvo los primeros graduados a principios de la década de 1890, mientras que la Universidad Nacional de La Plata los obtuvo una década más tarde (Salerno, 2015, p. 19).

En la medida que aparecían las distintas áreas técnicas del Estado, la universidad fue articulando sus asignaturas y planes de estudio con las capacidades requeridas en ellas. En 1870, se creó en el Ministerio del Interior el Departamento de Ingenieros Civiles. Quince años después, este se convirtió en Departamento de Obras Públicas. Con la reforma constitucional de 1898, se transformó en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). No es casual que esta creciente importancia de la ingeniería dentro de la burocracia estatal coincidiera con la creación del CAI en 1895 y que dos años más tarde se publicase el primer número de la revista La Ingeniería, su órgano de expresión. En el marco del MOP, un creciente número de organismos dirigidos por ingenieros tuvieron la responsabilidad de diversas actividades vinculadas a la infraestructura pública. Como se sabe, las primeras se vincularon a la proyección de líneas ferroviarias y regulación de su servicio. Luego se incorporaron actividades portuarias (Dirección General de Navegación y Puertos), la provisión de agua (Obras Sanitarias de la Nación), Ferrocarriles del Estado y, por último, la red vial (Dirección Nacional de Vialidad) (Ballent, 2008, p. 831).

En relación con los planes y la planificación, vale la pena detenerse sobre este último organismo. Como veremos más adelante, todas las áreas del MOP sufrieron los embates del gobierno militar de 1943 y luego del peronismo. No obstante, la DNV marcó el punto máximo de la profesionalización de un área estatal y de la relación entre Estado e ingeniería. La expansión de la red caminera fue posiblemente el logro más destacado del gobierno de la Concordancia durante la década de los años treinta y la consecuencia de un accionar determinado por criterios técnicos-profesionales. Su organismo responsable tenía una estructura de planificación centralizada, junto con divisiones operativas regionales en todo el país y una acción coordinada con las agencias viales provinciales (Ballent, 2008, p. 828). La red nacional vial pasó de dos mil kilómetros en 1932 a casi treinta mil kilómetros de caminos de tránsito permanente en 1944 (Gorelik y Ballent, 2001, p. 158). Semejante logro no pudo haberse dado sin la existencia previa de una estimación de metas cuantitativas en el largo plazo. Por lo tanto, la idea de que el Estado argentino y sus ingenieros carecían de experiencia en planificación, como lo sugería el discurso de Perón, puede ponerse en duda. Por otro lado, al carecer de metas cuantitativas, el PPQ consistió en una serie de leyes donde las obras públicas, varias de ellas existentes previamente en la agenda del MOP, tuvieron un lugar destacado.

Todas estas actividades correspondieron a la ingeniería civil. Sin duda, la más importante de las especialidades durante esta etapa temprana de la profesión. Sin embargo, los ingenieros de la UBA discutían en los primeros años del siglo xx su formación académica y profesional pretendiendo virar hacia un perfil de hombre público, al modo de un economista, sociólogo o estadista. Uno de los referentes de la ingeniería argentina, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y presidente del CAI, afirmaba:

La especialización (de los estudios secundarios técnicos) es uno de los errores más grandes… Se forman con ella ingenieros que no tienen ninguna base general de conocimientos históricos, literarios, filosóficos, científicos que se enseñan en nuestros colegios nacionales… y que constituyen un factor esencial de las personas instruidas. El ingeniero no tiene sólo por misión construir obras: debe además desempeñar un rol importante en la sociedad, un rol económico, un rol político; debe entrar de lleno en las esferas dirigentes y gubernativas…[3]

Así emergía, desde los primeros años de la profesión, un debate sobre su perfil. Desde la UBA, se sostendría la necesidad de un perfil generalista contrario a la especialización. Desde la Universidad de La Plata, un posicionamiento inverso. Esta discusión atraviesa la cuestión de la ingeniería durante el peronismo. Perón, por su parte, la utilizará para deslegitimar el saber de los ingenieros de la UBA, opositores a su gobierno.

¿Eran, por su vocación generalista, los ingenieros de la UBA los representantes culturales y defensores de la Argentina agropastoril, como sugería el peronismo? Como sostiene Lobato (2014, p. 132), desde las páginas de La Ingeniería se postulaba la necesidad de industrializar el país como solución a la crisis que sufrió la economía argentina durante la Primera Guerra Mundial. Además, acompañando a la expansión industrial de las primeras décadas del siglo, se creó en 1922 la especialidad de Ingeniería Industrial. Esta había surgido luego del fracaso de la carrera de Ingeniería Mecánica. No obstante, la industrial no tuvo mejor suerte. En 1943, con motivo de una propuesta de reforma del plan de estudios de la carrera, un ingeniero industrial reflexionaba sobre las dificultades laborales de los primeros graduados de la especialidad:

En un principio los profesionales industriales tuvieron dificultades para ejercer su profesión debido al reducido panorama abarcado por las incipientes industrias nacionales, razón por las cuales se quiso aumentar su defensa, facilitándoles el camino de la construcción por medio del aditamento de las materias necesarias.[4]

La solución impulsada por los propios alumnos y graduados ante la falta de inserción profesional fue proponer a las autoridades de la facultad agregar asignaturas para permitir el desempeño de los graduados en el área de la construcción. El título sería ahora de ingeniero civil con especialidad en el área industrial.

Un artículo de 1927 de la revista del CAI da testimonio de los problemas de legitimidad del campo profesional de la ingeniería industrial y de las dificultades de inserción laboral de las primeras camadas de graduados:

[…] para evitar continúe el alejamiento entre el profesional y el industrial, tratando de llegar, por las razones de mutua conveniencia, […] en donde los pequeños problemas son consultados –aun por correspondencia a los profesores y profesionales especializados. No es secreto para nadie que nuestro ambiente industrial rehúye sistemáticamente el concurso del ingeniero, cuyo concejo no podría serle en el peor de los casos, perjudicial, por el contrario.[5]

En esta interpretación, para los problemas de sus talleres y plantas, los empresarios confiaban, más que en la formación científica del ingeniero, en el empirismo de sus capataces y trabajadores. Durante los años treinta, de la mano de los principios de la Organización Científica del Trabajo y la racionalización de la producción, los ingenieros no cesaron en reivindicar su autoridad profesional en talleres y plantas industriales.

A pesar de estas dificultades, la prédica no fue en vano. Más allá de que la inserción en plantas industriales y talleres era parcial, fueron obteniendo una creciente influencia dentro del CAI. En la década de los años cuarenta, los ingenieros industriales tenían ya la legitimidad intelectual y profesional para analizar la evolución industrial en su conjunto y por sus distintas ramas, junto con la evaluación de los problemas económicos de la industria, los salarios del sector manufacturero y la enseñanza universitaria en materia industrial (Lobato, 2014, p. 133). A ese grupo de ingenieros industriales preocupados por estudiar el sector en su totalidad, pertenecería Adolfo Dorfman, el primer historiador de la industria argentina.[6]

A pesar de estos logros, los mismos ingenieros industriales no dejaron de reconocer las falencias, sobre todo en sus jóvenes graduados, ante una formación que no equilibraba convenientemente la dimensión teórica y práctica. Como respuesta, durante los años cuarenta aparecieron en diversos números de La Ingeniería reformulaciones del plan de estudios de la carrera con la idea de fortalecer durante los años de estudio el contacto con la planta industrial.[7]

El posicionamiento de los ingenieros ante los problemas de la economía argentina

La perspectiva de la comunidad de ingenieros ante la coyuntura económica de los años cuarenta se explicitó en la revista La Ingeniería, expresión de la institución gremial que los nucleaba: el CAI. La mayoría de las colaboraciones de la publicación versaban sobre cuestiones técnicas que eran de incumbencia profesional de sus afiliados: motores de combustión interna, reconocimientos del suelo por auscultación, métodos y cálculos en sistemas de ventilación subsidiaria, la tensión en diques a cabeza redonda, etc. Estas y otras cuestiones eran temáticas propias de la ingeniería mecánica, hidráulica, civil y la agrimensura que resultaban “esotéricas” para quien no pertenecía a la profesión.

Sin embargo, ello no impedía la publicación de artículos en los que se analizaban y debatían cuestiones de carácter macro donde lo técnico se entremezclaba con la política y la economía. Así, ante el conocimiento duro de las cuestiones técnicas de la ingeniería de los metales, hidráulica, civil o mecánica, podían identificarse notas que eran también de interés público. Si bien la toma de posiciones sobre estas cuestiones no era unánime por parte de los ingenieros, coincidía en gran medida con la agenda y la perspectiva del gobierno instaurado en 1946.

Generalmente, los artículos proponían ampliar el ya incipiente proceso de intervención del Estado en la economía que, como sabemos, comenzó en los años treinta y se profundizó en la década siguiente. Por ejemplo, una de las propuestas tempranas de los miembros del CAI fue la estatización de los servicios públicos de energía. Quien tomó el liderazgo en esta cuestión fue el ingeniero Emilio Dickman. Miembro de la División Técnica de la Ingeniería Eléctrica del CAI, dicha comisión elaboró en 1941 un informe para presentar en el Tercer Congreso Argentino de Ingeniería Eléctrica titulado “Posibilidad de la Nacionalización de la Energía Eléctrica”. En una conferencia de 1945, Dickman sostiene:

La División Técnica de Ingeniería Eléctrica no ha cedido de bregar por la materialización de tan elevados fines por medio de presentaciones en congresos, publicaciones, conferencias y discusiones públicas, cumpliendo siempre su misión de orientar a las autoridades del CAI, a quienes se le solicitara en su oportunidad una definición […].[8]

Si bien dentro del CAI había un debate al respecto y posturas antiestatistas, la afirmación de Dickman sugería que la postura de nacionalización era institucional, ya que hablaba en nombre de la División Técnica de Ingeniería Eléctrica del CAI.[9] Por otro lado, es también relevante analizar el tipo de estatización que se postula, coincidente en gran medida con lo realizado por el peronismo en materia eléctrica en el marco del PPQ. En efecto, el esquema de estatización se sustentaba en el dominio y control de las fuentes de energía por parte de la nación. Implicaba tanto la generación como el transporte, y solo quedaba la distribución en manos de las autoridades locales. La justificación residía en las ventajas económicas que resultarían de la concentración de la producción en grandes centrales térmicas, la posibilidad de utilizar los recursos hidráulicos y la transmisión a grandes distancias. Tal como estaba sucediendo en Estados Unidos y en la Europa de entreguerras, se estaba pensando en rediseñar el sistema eléctrico, basado en una multiplicidad de pequeñas usinas locales, para transformarlo en una red de grandes centrales interconectadas, térmicas pero sobre todo hidroeléctricas.[10] Por otro lado, si bien la propuesta ponía eje en la energía eléctrica, difícilmente se restringiría a ella, ya que su nacionalización se infiere de un principio que sostiene que es fundamental “[…] para la economía nacional tener el dominio y el control de sus fuentes de energía”.[11]

Sin duda, esta concepción requería un largo proceso donde se debía rediseñar tanto técnica como institucionalmente el sistema. En cierto sentido, ese es el proceso que comenzó en 1946 con el peronismo. Ya sea con la Dirección Nacional de Agua y Energía, pensando en el aprovechamiento energético de los cursos de agua y los planes para grandes represas hidroeléctricas o con el proyecto de la gran usina térmica de San Nicolás, inaugurada parcialmente en 1954 junto a proyectos que luego fueron continuados por otros gobiernos como política de Estado en las décadas siguientes. De esta manera, el sistema eléctrico convergió hacia su centralización y la formación de una red de grandes usinas interconectadas. Algo similar sucedió con el gas a través de la Dirección Nacional de Gas del Estado y la articulación de una red conectada de gasoductos en el territorio nacional.

Por otro lado, estas coincidencias no se limitaron a la ya de por sí relevante cuestión de las fuentes de energía. Miembros del CAI como el ingeniero Ricardo Ortiz, paralelamente al ejercicio de la presidencia de la institución, publicaba en La Ingeniería un artículo donde analizaba las potenciales nacionalizaciones de la economía argentina.[12] Primero pasaba revista y aprobaba las nacionalizaciones efectuadas en diversos países, como Brasil, Bolivia, México, Polonia, Bélgica e Inglaterra. Ortiz consideraba que las nacionalizaciones eran el recurso en manos del Estado para sustraer del sector privado explotaciones cuyas posibilidades de expansión y rendimientos estaban bloqueadas por el predominio excluyente de la lógica del lucro. Bajo esta perspectiva, evaluaba cuáles serían las actividades o sectores potenciales de nacionalización en el país. Aconsejaba, por ejemplo, la expropiación de los frigoríficos, argumentando que era un factor de estancamiento por su bajo nivel de faenamiento y sus altos rendimientos financieros transferidos al exterior. Proponía, en reemplazo del capital privado, una entidad mixta de productores y trabajadores.

Entre otras nacionalizaciones, se destacó una que fue el emblema del nacionalismo económico peronista y del PPQ, los ferrocarriles:

La red no progresa desde hace varios años. La hora marca su descenso […]. Pero esa red todavía tiene una misión que cumplir en la conquista e integración del territorio argentino. El país dispone de fondos congelados en Gran Bretaña, podría iniciar su adquisición gradual. Deberían aplicarse esos fondos a la renovación del material rodante e infraestructura. No hay tampoco en el mercado inglés capacidad de absorber títulos argentinos para los ferrocarriles. La nacionalización es la solución más acorde a los intereses nacionales […].[13]

Proseguía el ingeniero Ortiz con la necesidad de industrializar el país y afirmaba que el mayor obstáculo a dicho proceso, al igual que el de las nacionalizaciones, estaba en los grupos locales latifundistas y en los monopolios de capital extranjero. Por lo tanto, aunque no materializado, tocaba otro tópico del peronismo: “[…] toda política de nacionalizaciones para alcanzar alguna proyección social debe partir de la reforma agraria y acaso, desembocar en la limitación de las ganancias”.[14] Finalmente, concluía que, bajo el tono de la lucha antimperialista, las nacionalizaciones no podían ser postergadas, ya sea en electricidad, ferrocarriles, frigoríficos o las telecomunicaciones.[15]

Por otro lado, si bien la planificación era una de las novedades que traía el peronismo en materia de intervención estatal en la economía, no era algo que escapaba a la agenda de los ingenieros del CAI. El ingeniero José Ahumada, miembro del CAI, escribía un artículo en 1943, antes de la llegada del gobierno militar, en el que realizaba un diagnóstico sobre el rumbo futuro de la economía argentina que podría ser suscripto por Alejandro Bunge:[16]

Los rumbos fundamentales en que debiera orientarse la política argentina han sido definidos claramente por diversos pensadores y estadistas. En términos generales, ellos tienden a diversificar la producción, crear el mercado interno, nacionalizar los servicios públicos esenciales, aumentar el intercambio sudamericano y proteger al país contra peligros externos.[17]

Lograr todos esos propósitos, según el ingeniero Ahumada, requería un plan adecuado y previsor, tanto de pensamiento como de acción. Para reforzar la legitimidad de su propuesta, sostenía que la técnica de la planificación constituía la base de economías avanzadas como Estados Unidos, Alemania y los países nórdicos. También ejemplificaba con el rumbo económico de Brasil bajo la presidencia de Getulio Vargas. No obstante, el caso bajo análisis sería el de Estados Unidos. Desde abril hasta diciembre, cada publicación mensual de la revista del CAI tuvo un artículo del mismo autor con un exhaustivo estudio del fenómeno de la planificación bajo el gobierno de Roosevelt.[18]

Tres años después, el propio ingeniero Ahumada, cuando todavía se estaban contando los votos de la elección presidencial de febrero de 1946, propuso en el número del mes de abril la creación de una comisión de planificación por parte del futuro gobierno nacional. Sin escatimar el listado de tareas que realizar, no difería de la agenda del PPQ: replanificación y reedificación de pueblos y ciudades, viviendas de todo tipo, desarrollo de los grandes valles para utilizar sus recursos hidráulicos, rediseño de la red ferroviaria y coordinación con los otros medios de transporte, obras de vialidad, servicios sociales, alimentación, salud, educación, electrificación rural, vivienda rural, inmigración, entre otras funciones.[19] Según el autor, estas actividades no podrían realizarse sin una planificación que permitiera integrar en una visión comprensiva los recursos físicos y humanos:

La creación de organismos de planificación técnica, económica y social, pues, es una medida fundamental de nuestra política interna y externa. Más todavía en una economía liberal, para evitar duplicación de esfuerzos y suplementar actividad económica privada. El programa tecnológico requiere dirección adecuada para asegurar el bienestar social y la defensa nacional […].[20]

La propuesta, si bien no era idéntica, no carecía de puntos de contacto con lo realizado a partir de mayo de 1946. Consistía en la creación de una Comisión Nacional de Planificación (CNP) que, al igual que la Secretaría de Asuntos Técnicos durante el gobierno peronista, debía depender directamente de la Presidencia de la Nación. Estaría conformada por los ministros del gabinete nacional y cinco miembros elegidos por el presidente que cumplirían la función de directores de planificación económica y social, entre otras áreas. Dependientes de la CNP, habría también comisiones regionales, asentadas en ciudades del Interior, con el propósito de realizar un inventario y análisis de los recursos físicos y culturales de cada región. Se pretendía, además, dividir el país en regiones de características geográficas y económicas similares. Por otra parte, tomando la experiencia de Estados Unidos y considerando la importancia de la formación para el éxito de la planificación, se proponía a los funcionarios estatales la realización de cursos de tres años en temas relacionados con la economía, finanzas, historia, ciencias políticas y relaciones internacionales. Finalmente, se presentaba un proyecto de ley que incluía todos los tópicos mencionados.[21]

El análisis en relación con la nacionalización del Banco Central, medida tomada en la transición entre el régimen militar y el peronista, nos da una pauta de que la hostilidad política hacia los ingenieros no impedía la posibilidad de coincidencias en materia de políticas económicas. Las propuestas de nacionalización encontradas hasta ese momento en La Ingeniería no habían considerado a dicha entidad bancaria. El ya mencionado Ricardo Ortiz fue quien evaluó la medida. Consideraba que la forma de la nacionalización conducía al organismo bancario a un ente puramente administrativo y lo ponía al alcance de actitudes discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Si bien esta afirmación tenía un espíritu crítico, no impugnaba la decisión, ya que ahora se abrirían un conjunto de nuevas posibilidades:

Nacionalizado el Banco Central, el estado puede asegurarse la estabilización de la moneda, la compensación del oro y el control de la emisión; y en consecuencia iniciar las expropiaciones que conduzcan a una profunda y vasta recuperación nacional. No teniendo el país capitales suficientes para una revolución democrática de la economía, no habrá inconveniente en aceptar la colaboración del capital extranjero que se comprometa a respetar las leyes.[22]

El ingeniero Ortiz no tenía pruritos en considerar la dimensión positiva de la medida y alentaba a continuar las nacionalizaciones hacia la industria frigorífica, eléctrica y ferroviaria. En relación con esta última, advertía que los grupos de interés locales, como los latifundistas, socios históricos del capital británico, podían intentar bloquearla.[23]

Los factores del conflicto

La intervención y regulación estatal en la economía, la planificación, las nacionalizaciones y cierta animadversión hacia el capital extranjero pueden considerarse puntos de contacto entre los ingenieros del CAI, al menos en varios de los que tenían posiciones institucionales, y el régimen político comenzado en 1943 y continuado en 1946. Esta convergencia en el nacionalismo económico, sin embargo, fue empañada por la avanzada del régimen militar sobre dos ámbitos que fueron históricamente propios del desarrollo profesional de los ingenieros: la burocracia técnica en diversas agencias del Estado, sobre todo del MOP, y la universidad.

El proyecto clerical y nacionalista del régimen militar tuvo en el rediseño del Estado una de las vertientes de su materialización. No se trataba de disminuir su presencia, sino de darle un nuevo sentido y organización. En su percepción, debía dejar de estar penetrado por los intereses de sectores minoritarios y privilegiados, moralizar su funcionamiento, orientarlo hacia los intereses generales de la nación y colocarlo al servicio de amplios intereses sociales.[24]

Con relación al MOP, el verdadero desembarco del régimen comenzó a partir de octubre de 1944, cuando asumió como ministro el general Juan Pistarini. Como sostiene Zanatta (2013, p. 112), era un hombre orgánicamente ligado a los ambientes católicos. Ingeniero militar y simpatizante del régimen nazi, había realizado viajes de formación a Europa y Estados Unidos. Dirigió el ministerio con un estilo militar que le generó antipatía ante el personal profesional. Su paternalismo con los trabajadores de las obras públicas contrastaba con el desprecio y el maltrato hacia los ingenieros. Odiaba la burocracia y entendía que los técnicos del MOP eran la encarnación de un Estado ineficiente y permeado por los intereses privados. Por lo tanto, no dudó en avanzar sobre cargos y estructuras en manos del personal de carrera. Organismos como el Consejo de Obras Públicas fueron disueltos y otros perdieron autonomía. El carácter directivo que tenía la ingeniería fue cuestionado y hubo despidos, desplazamientos y renuncias de profesionales (Ballent, 1999, 2008; Ayunta, 2009). A ello se le agregaron declaraciones públicas de funcionarios con juicios despectivos hacia los ingenieros, en las que se los acusaba de haber generado un caos técnico y administrativo. El CAI realizó una defensa de sus agremiados y no tardó en reclamar ante las autoridades:

Hay colegas a quienes se han imputado graves cargos en forma pública, sin que luego las acusaciones hayan sido probadas y sin que se haya hecho la correspondiente rectificación. Así también existen casos en los cuales el interesado no se le ha dado la oportunidad de hacer los descargos pertinentes, negándose el más elemental derecho que le asiste […].
La ingeniería ha sido desplazada de la función técnica directiva que le corresponde ejercer por su naturaleza específica. Así grandes entidades autárquicas e importantes reparticiones de la Nación, que por razón de sus actividades han sido y deben ser dirigidas por ingenieros, fueron intervenidas hace largo tiempo sin que se hayan dado a conocer, en algunos casos, los motivos que justificaban la intervención […]”[25]

Los reclamos y las gestiones siguieron durante el gobierno militar y continuaron en la etapa de transición luego de la elección de febrero de 1946. A los dos meses de asumir, a fines del mes de julio, el nuevo gobierno intervino el CAI. De sus tres mil afiliados, más de las dos terceras partes renunciaron a dicha condición.

Paralelamente a este proceso, algo similar sucedió en el campo de la educación superior. Tal actitud se explicaba por el nacionalismo católico en el que estaban imbuidos los oficiales golpistas, consecuencia del proceso de confesionalización operado por la Iglesia en el Ejército Argentino desde la época del gobierno del general Justo. Como actor político clave desde la década del treinta, ese Ejército cristiano fue, como considera Zanatta (2005, 2013), el instrumento que encontró la Iglesia argentina para fundar el proyecto de nación católica. Esto explica su entusiasmo ante el movimiento golpista de junio de 1943.

La educación sería la herramienta fundamental para tales objetivos ideológicos y su estructura sería confiada a miembros de la Acción Católica, fuerza de choque intelectual y política de la Iglesia. Entre sus filas, sobresalió el antisemita Gustavo Martínez Zuviría, designado ministro de Instrucción Pública y Justicia, quien reintrodujo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La línea de confesionalismo, militarismo y represión se profundizó entre 1944 y 1945 con su sucesor, Alberto Baldrich. Con una mayoría de argumentos integristas, el decreto de clericalización de la educación se institucionalizaría durante el gobierno constitucional con la Ley 12.978/46, norma legal que fue la condición que impusieron los líderes eclesiásticos para apoyar la candidatura de Perón.[26]

En el plano universitario, además de intervenir la Federación Universitaria Argentina (FUA), se enviaron interventores a todas las universidades y sus respectivas facultades. Tomás D. Casares, difusor del tomismo en la Argentina y creador de los Cursos de Cultura Católica, fue designado rector en la UBA. Dirigentes de la Acción Católica, como Etcheverry Boneo y Novillo Saravia, fueron nombrados en las universidades de Córdoba y del Litoral.[27]

Dichas medidas se complementaron con las purgas en el plantel docente. Entre ellas, por ejemplo, la de Bernardo Houssay, futuro premio nobel. Como afirma Halperín Donghi (2002, p. 129), la autonomía universitaria era un modelo superado y resultaba intolerable que la enseñanza se guiara por la libertad de cátedra y la decisión de su cuerpo docente. La universidad, al igual que todo el aparato estatal, debía ponerse al servicio de una ideología redentora.

Los conflictos continuaron incluso en 1945, cuando el régimen de facto terminó la intervención para iniciar una etapa de normalidad institucional. La oposición de la universidad se mantuvo, sobre todo de la UBA, y se posicionó en su conjunto en una actitud militante ante las definiciones políticas del año 1945. Luego de la activa participación en la Marcha por la Constitución y la Libertad del 19 de septiembre de aquel año, estudiantes, profesores y miembros de los consejos universitarios fueron encarcelados, incluyendo, por un breve lapso, el propio rector.

La escalada contra la comunidad de la UBA continuó a principios de octubre, cuando ocupó sus casas de estudio reclamando el fin del gobierno militar. La policía ingresó a los edificios y con inusitada brutalidad llevó presos a estudiantes y dirigentes. En la Facultad de Ciencias Exactas, el operativo terminó con la muerte del estudiante Salmún Feijó. Si bien los ánimos se calmaron días después, la intervención fue restaurada con el triunfo del peronismo en las elecciones de 1946. Gracias al presidente saliente, el general Farrell, el nuevo gobierno se ahorró esa costosa decisión. Para este, la universidad ya no era un problema ideológico o cultural, como lo fue para el gobierno militar, sino político (Halperín Donghi, 2002, p. 145). Con la UBA, también se intervendría el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y el CAI, organizaciones que apoyaron activamente a la Unión Democrática en la elección de febrero de 1946.

La Universidad Obrera

La creación de la Universidad Obrera Nacional (UON) fue la forma de deslegitimar al ingeniero de la universidad tradicional y reformista. La nueva casa de estudios tendría justamente el propósito de lograr “el saber hacer” del ingeniero de fábrica, industrioso y eficiente, en oposición al “saber decir” con el cual se caricaturizaba el perfil generalista del ingeniero de la UBA:

Si formáramos un nuevo grupo de intelectuales ignorantes, de los que tenemos tantos, que simulan saber para aprovechar de los que saben menos, no habríamos hecho un gran progreso sobre lo que tenemos. Lo que necesitamos son hombres leales y sinceros, que sientan al trabajo, que se sientan orgullosos de la dignidad que el trabajo arrima a los hombres, y que por sobre todas las cosas, sean capaces de hacer, aunque no sean capaces de decir.[28]

La nueva universidad estaría institucionalmente por fuera de la tradición laica, plural y de autonomía iniciada con la Reforma de 1918. Los ingenieros del CAI nunca le concederían legitimidad durante el gobierno peronista. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA sufrió un desmembramiento con la creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Era un premio a la posición apolítica de la Sociedad Central de Arquitectos en la coyuntura electoral de 1946 y una forma de debilitar la casa de estudios donde se formaban los ingenieros (Ballent, 1993). Otro paso en la misma dirección se daría en 1952 con la creación de la Facultad de Ingeniería.

La UON comenzaría su funcionamiento en 1953, el primer año del segundo mandato de Perón. Además de la Capital Federal, tendría sede en diversas ciudades del país, como Córdoba, Rosario y Santa Fe. La condición de obrero era un requisito para su ingreso. La demora en su implementación desmiente a quienes sostienen que era un elemento fundamental para sostener el proyecto de industrialización peronista ante la carencia de técnicos competentes. Por otro lado, gracias a la prédica e insistencia de los graduados de la ingeniería industrial de las universidades tradicionales, su campo profesional estaba ya legitimado en los años cuarenta (Lobato, 2014). Y, si bien no tenían toda la inserción laboral que pretendían, se reivindicaban desde los años veinte como los únicos que detentaban el conocimiento para lograr un proceso de racionalización de la industria argentina y no cesaban en interpelar a los empresarios en tal sentido.

La industria argentina en los años cuarenta y cincuenta: ¿problemas del “saber hacer” o del “saber planificar, organizar y normalizar”?

Los años del peronismo parecieron haberle dado la razón a este reclamo histórico de los ingenieros especializados en la industria. Para algunos observadores, la política salarial peronista puso en evidencia a fines de 1948 la baja productividad de la industria argentina. El hecho de que la productividad fuera una de las consignas del Segundo Plan Quinquenal y que hubiera un congreso realizado para tal fin en 1954, sugiere que siguió siendo un problema hasta el fin del régimen (Rougier, 2012, pp. 181-183; Brennan y Rougier, 2013, p. 98). Ante esta situación, veremos que el diagnóstico de observadores extranjeros en los años cuarenta y cincuenta sobre los problemas de la industria argentina es coincidente con los ingenieros industriales del CAI: la necesidad de racionalizar el sector manufacturero argentino.

Perón postulo con la creación de UON el modelo del ingeniero del “saber hacer”, según sus propias palabras:

En la ciencia, es el conocimiento profundo realizado en el empirismo absoluto de las realizaciones lo que importa, si no las cosas no valen. […] y queremos ingenieros de fábrica que no sean charlatanes atildados que vienen una vez por día a la mañana y veinte minutos para decir lo que hay que hacer, y después se van a la casa, al café o a la confitería. Queremos técnicos de fábrica que se pongan su “overol” y convivan con sus obreros en el trabajo, que sean ellos dirigentes, pero que dirijan, no charlatanes que no sirven ni para un lavado ni para un barrido. Y para esto hay que tener manos de trabajador y vivir con olor a aceite de las máquinas y con las manchas de la grasa, que son indelebles cuando se trabaja. Con lechuguinos no vamos a construir una gran Argentina. La gran Argentina con que nosotros soñamos se va a construir con manos de trabajadores, con brazos de trabajadores y con corazones de trabajadores.[29]

Perón, posiblemente no sin cierto paternalismo, pareciera querer eliminar las jerarquías dentro de la planta industrial y postular una especie de ingeniero de cuello azul cercano a la producción y al servicio de los trabajadores manuales.

¿Estaba ese ingeniero práctico y empirista a la altura del arte industrial internacional, en plena vigencia de las técnicas tayloristas-fordistas? Más allá de la obsolescencia técnica de la industria argentina de la época: ¿su baja productividad residía en las carencias del saber hacer o del saber planificar, organizar y normalizar una planta industrial? ¿Qué dicen las investigaciones sobre la industria argentina de la época?

Sobre la base del estudio de casos de algunas plantas industriales establecidas entre fines de los años treinta y primera mitad de los cuarenta, Katz y Kosacoff (1989, p. 49) analizan la microeconomía de la etapa temprana de la sustitución de importaciones. Al problema de los productos con diseño obsoleto y equipamiento con máquinas usadas y autofabricadas, se agregaban cuestiones de organización: un lay out fabril improvisado, carente de planificación ingenieril, junto con una integración vertical casi total por la falta de subcontratistas y abastecedores de insumos y componentes, además de criterios extraeconómicos en la contratación de personal calificado y compra de maquinarias.

Los problemas de organización y normas parecen confirmarse también en el caso de una de las principales empresas metalmecánicas de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, Siam Di Tella, con motivo de obtener una licencia para fabricar refrigeradores domésticos de la firma Westinghouse de Estados Unidos. El informe del ingeniero industrial A. B. Reynders, enviado por la empresa norteamericana en 1942 para conocer la situación de la planta de su licenciataria, sostenía que SIAM tenía problemas en la organización, en el ordenamiento de edificios y equipos y una carencia de sistemas e instrucciones. Ocho meses después de los cambios introducidos por el experto extranjero, seguían vigentes problemas y hábitos de organización propios de un taller pretaylorista:

Hay muchos casos en los que se pasan por alto las funciones de la organización. Los ingenieros, por ejemplo, hacen trabajos de taller, los encargados de taller hacen trabajos de ingeniería, se comienza a construir edificios sin informar al Departamento de Mantenimiento, los vendedores dan instrucciones directas al taller. Esta llamada “acción directa” se toma en ciertos casos “para obtener una acción rápida” y en otros, pues tal ha sido la práctica en el pasado y no se conoce a fondo el procedimiento dentro de la nueva forma de organización.[30]

Es interesante observar que la “acción directa” que subraya Reynders no sugiere problemas del “saber hacer”. Por el contrario, cada sector se cree con la autoridad y capacidad para tomar una decisión por cuenta propia con la finalidad de resolver rápidamente un problema, sin considerar si esto le compete y las consecuencias sobre la dinámica productiva de toda la organización.

Doce años después, ya en las postrimerías del régimen peronista, otro ingeniero norteamericano y conocedor del sector metalmecánico, James McCloud, reflexionaba sobre su visita a la planta del IAME en Córdoba:

Para mí, IAME representaba un colosal experimento de programa de industrialización subsidiado por un gobierno. Aunque las habilidades estaban bien desarrolladas, se carecía por completo de proceso de producción. Dos automóviles, el cupé justicialista y la pick-up Rastrojero, la motocicleta Puma y el tractor Pampa se fabricaban al mismo tiempo en varias partes de la planta sin que se percibieran divisiones entre un producto y otro. En un edificio se podían ver aviones en reparación, un taller máquinas de propósito general y una línea de ensamblado de automóviles. Todos los operarios que yo observaba eran buenos.[31]

Aquí el observador extranjero quedó sorprendido por la capacidad, autonomía y destreza de los operarios de la planta. En otros párrafos de su testimonio, consideraba al operario argentino más hábil que el norteamericano. Sin embargo, proveniente de una cultura industrial taylorista-fordista, expresaba su perplejidad ante la forma rudimentaria de organizar la producción. ¿Era esta especie de ingeniero de cuello azul que imaginaba Perón, poseedor del “saber hacer”, el que podía solucionar este tipo de carencias organizativas?

Años después, el mismo observador, ya como gerente general de la primera planta en producir autos en series grandes, comentó su experiencia en la búsqueda de proveedores en talleres de Rosario, Buenos Aires y Córdoba para fabricar el primer auto de pasajeros de su empresa:

Pero comprar las piezas es una cosa y conseguirlas con la calidad que requeríamos, otra muy distinta. […] Ingeniería y Compras imprimieron un manual con las especificaciones estándar que fue distribuido a todos los proveedores, explicitando claramente nuestros procedimientos de inspección, tolerancias, normas metalúrgicas y otras. Las Normas de IKA contribuyeron a desarrollar en el cuerpo de proveedores una conciencia de la importancia de la calidad.[32]

En las observaciones de Reynders y McCloud, el problema principal era la falta de racionalización de las plantas industriales, consecuencia de la ausencia de normas y estándares tanto en procedimientos como en los productos. La solución a estos problemas pasaba por la capacidad intelectual de un ingeniero a través de la aplicación de pautas y principios científicos abstractos que posibilitaran optimizar el proceso productivo. La figura del gerente y planificador, propia del ingeniero industrial, parecería aquí ser más útil que la del ingeniero involucrado en las operaciones específicas de la producción. La necesidad de separar trabajo intelectual y manual dentro de la organización industrial, según postuló el pensamiento taylorista, cobra aquí plenamente sentido.

Consideraciones finales

A poco tiempo de iniciado su gobierno, Perón intervino el CAI. No obstante, vimos que, antes del régimen militar de 1943 y durante él, varios artículos de los integrantes de la asociación profesional de los ingenieros postulaban la necesidad de profundizar la industrialización, nacionalizar servicios públicos y planificar la economía. Dichas formulaciones tenían sin duda elementos de convergencia con el PPQ. Como se manifestaba en las páginas de La Ingeniería, estas no eran consecuencia de la improvisación, sino de un largo proceso de estudio y análisis.

Esas coincidencias se vieron opacadas por las diferencias en torno a la política universitaria y el rol de los ingenieros en la burocracia técnica. Tanto el régimen militar de 1943 como el peronista pretendieron liquidar el laicismo, el pluralismo y la autonomía que componían la tradición reformista de la universidad argentina desde 1918. Intervinieron las universidades y desplazaron profesores por cuestiones ideológicas. Perón, además, deslegitimó a los ingenieros del CAI, mayoritariamente egresados de la UBA, insertándose en el debate entre generalistas y especialistas que se daba en torno al perfil profesional de los ingenieros. Sin embargo, ya lo había hecho previamente el régimen militar de 1943, desplazando a los ingenieros de los organismos estatales. El gobierno constitucional no hizo más que profundizar el conflicto interviniendo su asociación gremial.

El perfil del ingeniero-estadista u hombre público que planteaban referentes de la ingeniería como Enrique Butty requería de una formación más amplia que la estrictamente científico-técnica. Perón deslegitimó este perfil tildándolos de charlatanes y de limitarse a un “saber decir”. Como vimos arriba, había un patrimonio técnico en materia de planificación, estatizaciones e incluso de racionalización del trabajo industrial que seguramente hubiera sido una valiosa contribución en el diseño e implementación de las políticas peronistas. No obstante, establecer un marco de cooperación entre ambas partes fue imposible ante semejantes actos de hostilidad gubernamental.

Lógicamente, los ingenieros del CAI negaron toda posible colaboración con el régimen peronista. Este, a su vez, fundó otra universidad para desautorizar su saber y postuló la idea del ingeniero de fábrica, especie de ingeniero de cuello azul, empirista, hábil en sus capacidades manuales, cercano y colaborador del trabajador. Sin embargo, tanto el estudio microeconómico de la industria argentina de los años cuarenta y cincuenta, como los análisis de observadores extranjeros veían carencia de normas y estándares que conducían a graves problemas de organización, baja productividad y calidad de los productos. Los reclamos de algunos miembros del CAI en los años de entreguerras, especialmente ingenieros industriales, hacia los empresarios para contratar profesionales de la ingeniería industrial no parecían desacertados.

Finalmente, los miembros de la Revista de Economía Argentina, fundada por Alejandro Bunge, ingeniero católico y nacionalista, ocuparon el vacío existente en el diseño del PPQ y la política económica del gobierno. Bunge había publicado artículos en la revista Criterio, dirigida por monseñor Franceschi, un referente del catolicismo social.[33]

Como lo ha demostrado Belini (2006), no hay dudas sobre la influencia de las ideas de Bunge sobre Perón. Cabe preguntarse entonces: ¿qué tipo de ingeniero era Bunge?; ¿no fue también él un ingeniero estadista, al modo de lo que planteaba el perfil generalista de los ingenieros de la UBA? Cuando se recorre su obra, la agenda de temas que tratar es amplia y evidencia una formación que no es la del ingeniero de fábrica que Perón proponía con la creación UON. Temas vinculados a demografía, vivienda social, formación técnica de los jóvenes, problemas del campo, el futuro de la economía argentina, el rol del mercado interno en la industrialización del país, etc.[34]

Por último, es interesante destacar que José Figuerola, responsable del PPQ y discípulo de Bunge, haya sido colaborador de La Ingeniería. Este hecho parecer sugerir, en línea con lo que venimos afirmando, que las diferencias entre la Revista de Economía Argentina y La Ingeniería no son tantas respecto a algunas cuestiones. En ambas pueden encontrarse coincidencias respecto a ciertos tópicos: la diversificación de la economía, la importancia de la construcción, la formación técnica, las nacionalizaciones y la planificación. Las separa, eso sí, la adhesión al corporativismo y al catolicismo social de Bunge y de algunos de los colaboradores de su publicación, y la pertenencia a la tradición laica, liberal y reformista de la revista del CAI.

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  1. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) adscrito al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), Buenos Aires, Argentina.
  2. Si bien los planes quinquenales no constituyen el eje de este trabajo, es necesario hacer una aclaración terminológica. Cuando se habla de “plan”, se hace referencia a un determinado proceso económico sectorial, ya sea agrícola, industrial, energético, etc., en el cual se proyectan a futuro determinaciones cuantitativas en valores y volúmenes. El concepto de “planificación”, por su parte, es de carácter integral y, por lógica, se compone de varios planes. Más allá de que no hubo determinación cuantitativa en los planes quinquenales, la experiencia de planificación peronista entre 1946 y 1955 podría aproximarse a lo que algunos autores consideran como “indicativa”, en función de que se conforma por planes que no fueron obligatorios para el sector privado, aunque suponen un cumplimiento por parte del Estado. Según los propios autores del plan, fue la experiencia de planificación inglesa de la inmediata posguerra la que se consideró como referencia. Contemporáneamente a su diseño, hubo críticas que sostenían que en realidad no se trataba de un plan, sino de un conjunto de leyes, sobre todo vinculadas a obras públicas. En eso mismo, justamente, consistió la planificación británica. Sobre la naturaleza y desempeño de los planes quinquenales, ver Gómez (2020, pp. 14-16 y 196-199).
  3. Butty, E., La Ingeniería. Enseñanza – Profesión – Función Social, Buenos Aires, Estudios Gráficos Tomás Palumbo, Centro de Estudiantes de Ingeniería, 1932, p. 4. Extraído de Dusell y Pineau, 1995, p. 9. Enrique Butty fue dos veces decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA y rector. También ejerció la presidencia del CAI. Contra lo que podría suponerse, el ingeniero Butty ejerció la enseñanza universitaria en asignaturas técnicas como Construcciones Metálicas y Resistencia de Materiales.
  4. Fernández Rivas, Juan C., “Programas de estudios de ingeniería industrial”, La Ingeniería, noviembre de 1943.
  5. “Nuestras explotaciones industriales”, La Ingeniería, febrero de 1927, p. 143, en Lobato, 2014, p. 136.
  6. Ver, por ejemplo, Dorfman (1982 [1942]).
  7. Por ejemplo: Besio Moreno, Nicolás, 1943, “Un plan de estudios para las facultades de Ingeniería”, La Ingeniería, junio; Fernández Rivas, Juan C., 1943, “Programa de estudios de ingeniería industrial”, La Ingeniería, noviembre; Sábato, Juan, 1945, “Algunos aspectos de la enseñanza de la ingeniería electromecánica”, La Ingeniería, noviembre.
  8. Dickman, Emilio, “La nacionalización de la energía eléctrica”, La Ingeniería, febrero de 1946, n.º 856. El artículo es una transcripción de una conferencia realizada por el autor en el CAI en setiembre de 1945 y auspiciada por la División Técnica de Ingeniería Eléctrica. Para una biografía profesional y política del ingeniero y militante socialista Emilio Dickman, ver Graciano (2018).
  9. Para un debate temprano en el seno del CAI sobre la necesidad de estatizar el servicio eléctrico o mantenerlo en usinas privadas, ver “División Técnica de Ingeniería Eléctrica. Actuaciones”, La Ingeniería, n.º 826, agosto de 1943, pp. 581-592. Aquí el debate se realiza sobre un artículo de Dickman de diciembre de 1942 en la misma revista que llevaba el título de “Posibilidad de la nacionalización de la energía eléctrica”. Una posición contraria al estatismo puede verse en Martínez de Vedia, R., “Ingeniería y estatismo”, La Ingeniería, n.º 848, junio de 1945.
  10. Ackerman, Teodoro, “Una política nacional de la energía eléctrica”, La Ingeniería, junio de 1945, pp. 421-431. El ingeniero mecánico electricista Teodoro Ackerman había sido director de la Dirección Nacional de la Energía. Sobre le evolución de los sistemas eléctricos en Europa y Estados Unidos hacia sistemas nacionales, ver Hughes, 1983, capítulos VII al X.
  11. Ackerman, obra citada, p. 421.
  12. Presidente del CAI en 1945 y 1946, fue el último antes de la intervención de la institución por parte de Perón.
  13. Ortiz, Ricardo, “Nacionalización”, La Ingeniería, n.º 857, marzo de 1946, pp. 147-148.
  14. Ortiz, obra citada, p. 150.
  15. Ídem.
  16. Para la influencia del pensamiento de Bunge sobre Perón, ver Belini (2006).
  17. Ahumada, José, “La planificación en Estados Unidos”, La Ingeniería, n.º 822, abril de 1943, p. 217.
  18. Ver los números de 1943 de abril, junio, julio, agosto, setiembre, noviembre y diciembre. La excepción del mes de octubre se explica por ser un número especial dedicado a la construcción. No obstante, hay un artículo dedicado a la planificación en la construcción.
  19. Ahumada, José, “Comisión Nacional de Planificación. Necesidad de su creación”, La Ingeniería, n.º 858, abril de 1946.
  20. Ahumada, obra citada, p. 226.
  21. Ahumada, obra citada, pp. 227-229.
  22. Ortiz, Ricardo, “Nacionalizaciones”, La Ingeniería, marzo de 1945, pp. 143-144.
  23. Ibidem, p. 150.
  24. Para un amplio análisis de la transformación y accionar del Estado a partir de los años treinta y su reorientación con el golpe militar de 1943, ver el excelente trabajo de Campione (2003). No obstante, discrepamos con su opinión de que el proyecto clerical de la revolución se dejó de lado a partir de 1944. En nuestra perspectiva, continuó en los años siguientes y se mantuvo con el gobierno constitucional.
  25. “El CAI en su Año Cincuentenario”, La Ingeniería, septiembre de 1943, p. 585. Es posible, como sugiere Ballent (1999), que las críticas realizadas hacia el Aeropuerto de Ezeiza, la obra más emblemática de Pistarini, hayan provenido de los ingenieros y que hayan generado su encarcelamiento durante la Revolución Libertadora. Pistarini murió en prisión en 1956.
  26. Sobre los apoyos, debates y argumentaciones que apoyaron esta ley, ver Bianchi, S. (1996).
  27. Etcheverry Boneo fue ministro durante el gobierno de Farrell. Según Halperín Donghi (2002, p. 136), era un integrista católico “[…] insospechado de simpatías políticas marcadas hacia el fascismo”.
  28. Discurso de Perón en la creación de la UON, extraído de Dusell y Pineau (1995, p. 29).
  29. Discurso pronunciado por el presidente de la nación general Juan Domingo Perón, en el acto inaugural de la Universidad Obrera Nacional, 17 de marzo de 1953. Extraído de bit.ly/3scy7qS.
  30. Informe n.º 9, 5 de marzo de 1942, extraído de Cochran y Reyna (2001 [1962], p. 149).
  31. Opinión de James McCloud, futuro gerente general de Industrias Kaiser Argentina, extraído de McCloud (2015 [1995], p. 33). En el mismo sentido, otro testimonio resulta del ingeniero Reynders de Westinghouse de Estados Unidos en su asesoramiento a Siam Di Tella en los cuarenta para producir heladeras (Cochran y Reina, 2011 [1965], pp. 147-153).
  32. McCloud (2015 [1995], pp. 126-127).
  33. En la interpretación de Zanatta (2013, pp. 148-149), es posible que el catolicismo social de Franceschi, el cual manifestó apoyo a Perón, haya influenciado sobre sus ideas. Otros discípulos de Bunge y miembros del Instituto que lleva su nombre y de la Revista de Economía Argentina fueron colaboradores de Perón en la Secretaría de Trabajo, el Consejo Nacional de Posguerra y en la elaboración del PPQ. José Figuerola, discípulo de Bunge, era miembro de la Acción Católica, colaborador de Perón y máximo responsable del PPQ en la Secretaría Técnica de Presidencia. Miembros del Instituto Bunge también publicaron artículos en El Pueblo, el diario católico más importante de los años cuarenta.
  34. Ver, por ejemplo, Bunge (1984, [1940]).


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