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“Por la razón o por la fuerza”

Controles de precios en la Argentina de la planificación, 1948-1975

E. Martin Cuesta,[1] Mauro Nahuel Cuk,[2] Mateo Allerand,[3] Ernesto Curvale,[4] y Miguel Marconi[5]

“La economía argentina no funciona sin control de precios”.[6]

Gustavo Posse (6/4/2020)

Introducción

Durante el apogeo del paradigma de la planificación, en pos del desarrollo, se daba por sentada la intervención del Estado en la economía, por diferentes motivos[7], de manera directa o indirecta, diversos actores pensaban como necesario el control de los precios[8]. De allí la necesidad de contar con datos estadísticos de calidad, e históricos, de la evolución y nivel de los precios (Núñez del Prado, 1969; Cuesta, 2016; Daniel, 2009).

A nivel teórico, y dados los problemas inflacionarios de las economías latinoamericanas, en particular la argentina, se postularon mecanismos para contener los precios de la economía. Para Prebisch (1976), el contexto político y la puja distributiva eran causales importantes de los procesos inflacionarios[9].

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse acerca de la naturaleza de la formación de los precios. Según el marco teórico, las respuestas son diversas, así como el modo de intervenir (o no) en los precios. Desde la economía clásica, se interpreta que los precios son el resultado de la suma de los costos de producción (o tienden a ello)[10]. Es una visión desde la oferta de bienes y servicios. Otras interpretaciones, sin dejar de entender la estructura de costos, ponen todo el énfasis en el mercado: el precio es el resultado de la oferta y la demanda. Avanzando entre ambas posturas, también se plantea que los precios son una categoría relacional; en la misma línea, también se interpreta como una de las expresiones de las relaciones sociales y/o de poder. O como una relación social en sí misma, en el contexto de una economía de mercado. Interpretados como un indicador, subsumen o reflejan los equilibrios o desequilibrios macro y/o microeconómicos. De lo anterior, se puede agrupar una serie de enfoques que observan con atención la relación entre los precios, o lo que se denomina “precios relativos”. En parte, relaciones entre sí, o con un “equivalente general”, que puede ser la moneda doméstica, o internacional (sea oro, libra o dólar)[11]. En el caso del precio de la moneda internacional, se entiende su impacto en los precios locales por vía de las importaciones y de los precios de los bienes transables. Para algunos, la negatividad de la intervención del Estado radica en que se distorsionan los incentivos económicos y la información clave para los actores.

Desde las diferentes perspectivas teóricas mencionadas, y en relación con el Estado[12], gran parte de ellas proponen la intervención estatal en la formación o en los precios en sí. Aunque la no intervención del Estado implica también una relación de poder. En este sentido, se propone la intervención del Estado para llevar adelante políticas de ingreso, o para mediar en la puja distributiva, o simplemente para corregir desequilibrios en la retribución de los factores de la producción. Ahora bien, lo anterior dependerá del grado de legitimidad, poder de coerción, e ideología de los agentes que conducen el Estado.

Entonces, los paradigmas que ven la necesidad de la intervención del Estado en los precios derivan en interrogantes y políticas sobre cómo intervenir, en qué precios, en qué medida y durante cuánto tiempo[13]. Y si el marco general es la discusión de la relación entre Estado y mercado, se adiciona la pregunta acerca del uso de la coerción y/o el consenso. Esto último estará en relación directa con el rol que se le asigne a los precios dentro de la política económica, la planificación y sus objetivos.

En consecuencia, durante el período del capítulo, diferentes elencos políticos con diversas ideas intervinieron en la formación de precios. Desde los acuerdos, la administración, pasando por el control y, en el grado mayor, la fijación de precios (o “precios máximos”).

Se hace referencia a la administración de precios de la canasta básica, de diferentes maneras. A grandes rasgos, se pueden observar cuatro objetivos en las políticas de precios: la búsqueda de precios “justos” o “adecuados”, el control contra el agio/especulación, sostener el salario real o el desarrollo de sectores específicos. En paralelo, como una forma de combate contra la inflación en cuanto expresión de un desajuste en los precios. La denominación de los precios no es un tema menor, ya que implica una carga semántica e ideológica; basta pensar en la diferencia entre el concepto de “precio justo” y el de “precio razonable”[14].

Más generales, y quizá con mayor éxito, los precios de referencia son otra forma de administración, en donde la relación Estado y mercado se coloca en otra posición[15]. También se debe considerar que, desde diferentes abordajes, con sus sutilezas, se pone más énfasis en los denominados “bienes salario”; pero también hay que tener en cuenta quién produce los bienes o servicios (privados o del Estado), y quién impactó finalmente la intervención sobre los precios.

Del amplio abanico teórico y político mencionado anteriormente, en Argentina, y en el período de este capítulo (1948-1975), se aplicaron casi todos. En principio, porque la inflación se consideraba un problema serio, aun discutiendo si se trataba de un régimen de alta inflación o inflación crónica. En segundo lugar, porque los debates y medidas implementadas aún son objeto de discusión, y en su momento se entendían con un fuerte impacto en clave política. Hay que considerar que los precios pueden “controlarse” de manera directa o indirecta. En el primer caso, cuando las políticas van directamente sobre el precio como expresión. En el segundo, cuando las acciones sobre la macroeconomía tienen, entre sus derivados y/o consecuencias, modificaciones en los precios (como el control del tipo de cambio, o la política arancelaria o comercial). En este caso, se hará especial énfasis en los controles directos.

Además, el período seleccionado corresponde al contexto del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), también señalado como “industrialización dirigida por el Estado” (IDE), en toda la región[16]. Para observar y describir cómo se aplicaron los controles de precios en este período en Argentina, se opta por un desarrollo cronológico. Se comenzará en 1948, cuando el aumento de los precios dio fuerte impulso al gobierno peronista para realizar controles de precios, en el marco del Primer Plan Quinquenal. El cierre será en la crisis hiperinflacionaria de 1975, que, además de ser el final implícito del Plan Trienal iniciado en 1973, marcó el cierre de un proceso de largo plazo. La industrialización por sustitución de importaciones (ISI), para el caso argentino, llegó a su límite en ese año, previo al golpe de Estado, que marcó un cambio en la estructura económica. Además, las ideas hegemónicas en el período tenían uno de sus focos en el mercado interno, donde la variación del salario real era una herramienta clave. Y, por ende, el nivel de los precios de los bienes “canasta”.

Delimitado el arco temporal, se abordará el problema de las políticas de controles de precios, con énfasis en cinco períodos. El primero es durante el peronismo, entre 1948 y 1955. El segundo, el interregno 1955-1958 y el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Tercero, el gobierno de Arturo Illia (1963-1966). Cuarto, el conocido plan de Krieger Vasena durante el gobierno de facto del general Onganía (1966-1969). El quinto es el Plan Trienal, en el marco del retorno del peronismo al poder, entre 1973 y 1975. El hilo conductor, los controles de precios, se enmarca en la centralidad que tuvo el paradigma de la planificación en estas etapas. Cada sección aborda una intervención en particular, a partir de la evolución del IPC, fuentes secundarias y los dispositivos estatales. Esto permitirá observar y describir la implementación y evolución de las diferentes medidas en su contexto.

El peronismo clásico (1946-1955)

La llegada de Juan Domingo Perón a la Presidencia de la Nación en el año 1946 marcaría un punto significativo en la historia argentina. Parte de su capital político estaba en el apoyo de los trabajadores, que vieron ampliados sus derechos al tiempo que eran interpelados directamente desde el gobierno por primera vez.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había acumulado reservas hasta alcanzar los 1.700 millones de dólares y comenzaba el proceso de sustitución de importaciones industriales (Belini y Korol, 2012). Desde la década del 30, y con mayor intensidad durante la posguerra, surgiría en América Latina un nuevo modelo de desarrollo: la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que también puede ser denominada “industrialización dirigida por el Estado” (IDE). El proceso se caracterizó por una mayor participación estatal, y por poner el foco en el sector industrial como motor del crecimiento (Bértola y Ocampo, 2010).

Durante los primeros años del gobierno peronista, los salarios reales experimentaron aumentos importantes[17] que permitieron a los obreros acceder a nuevos bienes de consumo (Torre y Pastoriza, 2002). Sin embargo, en el año 1949, los aumentos de precios comenzaron a poner en jaque a los aumentos salariales (Rapoport, 2000). Esto se evidencia en el cuadro 1.

Cuadro 1. Índice de precios al consumidor (1944-1950)
Año IPC
1944 0,3 %
1945 19,9 %
1946 17,6 %
1947 13,6 %
1948 13,1 %
1949 31 %
1950 15,6 %

Fuente: Ferreres (2010).

La inflación comenzó a ser un problema que atravesaba las discusiones nacionales. Desde la oposición, Federico Pinedo sostenía que el país atravesaba un preocupante período de continua inflación como consecuencia de una política monetaria demasiado expansiva. Mientras que, desde el oficialismo, afirmaban que la inflación se producía por un rezago de la oferta de bienes y servicios frente al aumento de la demanda (Berrotarán et al., 2006).

En un primer momento, el gobierno recurrió a mecanismos directos de control de precios: la implementación de un sistema de “patrullaje” a cargo de la policía, que debía garantizar que los comercios respetaran los precios establecidos. Para ello, se basó en una ley sancionada durante el gobierno de Roberto Ortiz que permitía establecer precios máximos sobre bienes alimenticios, de calefacción y vestimenta[18]. Esta ley también preveía la posibilidad de prohibir exportaciones con el objetivo de evitar el desabastecimiento. Sin embargo, el gobierno de Perón amplió sus alcances[19], incluyó las manufacturas y extendió la variedad de productos alcanzados[20]. En el año 1949, creó la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento[21] con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes (Elena, 2012).

Desde lo discursivo, se utilizó la figura del especulador como uno de los enemigos del pueblo. Esta estrategia tenía dos ejes centrales: por un lado, buscó obtener el apoyo de los sectores populares y que estos fueran los garantes del respeto a los precios establecidos. Por otro, se construyó un relato en el cual existía un culpable externo al problema de la inflación para que esta no fuera asociada al gobierno (Elena, 2012).

Estas medidas no fueron suficientes para solucionar el problema de la inflación, lo cual, sumado a otros problemas, motivó cambios en el gabinete económico: en 1949 Alfredo Gómez Morales reemplazó a Miguel Miranda en la conducción de la economía.

En el plan de emergencia económica anunciado por Perón en 1952, se sumaron mecanismos indirectos de control de precios y se incrementaron los directos. Se contrajo la base monetaria, se apuntó a reducir el déficit fiscal, se limitó el crédito a los sectores considerados estratégicos y se subieron las tasas de interés (Belini y Korol, 2012).

Si bien la historiografía destaca los aspectos más ortodoxos del plan, los mecanismos directos de control de precios tuvieron un rol fundamental. En este sentido, se recurrió a políticas de abastecimiento, precios máximos, y se congelaron los salarios por un período de dos años luego de establecer aumentos que debían encontrarse entre el 40 % y el 80 % (Belini, 2014).

La complicada situación del balance de pagos produjo un importante debate al interior del gobierno. El sector liderado por Antonio Cafiero (ministro de Comercio Exterior) sostenía la necesidad de devaluar para fomentar las exportaciones. Los efectos contractivos de la devaluación harían caer los ingresos, por lo que caería la demanda haciendo ceder la inflación. La postura contraria, liderada por Gómez Morales, se oponía a la devaluación argumentando que el traslado a precios intensificaría el proceso inflacionario. Finalmente, este último grupo logró imponerse y el tipo de cambio no fue modificado (Belini, 2014).

En esta segunda etapa, los discursos oficiales pasaron de la crítica al “especulador” a la crítica al “derrochador”: aquel trabajador que gastaba irresponsablemente el dinero. Nuevamente, se puso en el centro de los discursos a las amas de casa, quienes priorizarían el bien común y el gasto responsable, frente a los hombres, que gastarían su dinero en bebida y otros productos innecesarios (Rougier y Fiszbein, 2004).

Cuadro 2. Índice de precios al consumidor (1951-1955)
Año IPC
1951 36,7 %
1952 38,8 %
1953 4 %
1954 3,8 %
1955 12,3 %

Fuente: Ferreres (2010).

Como se puede apreciar en el cuadro 2, hasta 1952 persistieron los altos niveles de inflación. Sin embargo, en 1953 se observa una fuerte caída, y en 1954 se obtuvieron los valores más bajos de la década. Obviamente, las fluctuaciones de precios, así como los diversos planes, impactaron sobre los salarios reales, como se observa en el gráfico 1.

Gráfico 1. Evolución del índice de salario real. Base 100=1943

graf 1 cap 4

Fuente: Cuesta y Cuk (2019).

Se puede apreciar un fuerte incremento salarial, cercano al 40 %, durante los primeros años de expansión. Sin embargo, ya hacía el año 1948 se observa un estancamiento que se traduciría en caída para los años posteriores[22]. La inflación fue superior a los aumentos salariales para el período 1948-1952. Hacía el final del período, con el marcado descenso de la inflación, los salarios recuperaron poder adquisitivo en 1954. En cualquier caso, no es un dato menor que, incluso en el momento de mayor caída, los salarios se mantuvieran más altos que al momento de asumir Perón.

El plan de emergencia económica del peronismo fue uno de los primeros planes pensados para combatir la inflación. La respuesta ensayada por Gómez Morales dio muestras de un gran pragmatismo al recurrir tanto a mecanismos directos como indirectos de control de precios. Se redujo la inflación gracias al establecimiento de precios máximos y a las leyes de abastecimiento, pero también por la contracción de la política monetaria y la estabilidad del tipo de cambio. El plan mantuvo la concepción propia del peronismo sobre el rol que el Estado debía ocupar y la forma en la que debía intervenir, y logró bajar rápidamente la inflación sin que el nivel de vida cayera en forma considerable.

De la caída de Perón a Frondizi (1955-1958)

En septiembre de 1955, un movimiento cívico-militar autodenominado “Revolución Libertadora” llevó adelante un golpe de Estado que derrocó al gobierno. El gobierno de facto buscó sus apoyos teóricos en materia económica en Raúl Prebisch, quien publicó varios documentos acerca de la situación de la economía argentina y sus posibles soluciones. En la cartera de economía, Eugenio Blanco primero y Adalbert Krieger Vasena después implementaron políticas económicas de liberalización de la economía. Esto implicó la pretensión de liberación de los precios. En parte, por el marco teórico e ideológico del elenco gubernamental y los intereses de los sectores en el poder, así como también por oposición al período anterior y todas sus medidas. Por ejemplo, el gobierno unificó el tipo de cambio y devaluó fuertemente la moneda al poco tiempo de tomar el poder, en octubre de 1955 (Ferrer, 2004).

En ese marco, además de por contraste con las políticas peronistas, se sostenía que los controles de precios eran un obstáculo el crecimiento económico. Entre otros motivos, por entender que son señales que da el mercado, con base en las cuales se orientan los sectores económicos, en busca de la eficiencia, la productividad y la rentabilidad. De todas maneras, en el período 1955-1958, si bien no se aplicaron controles de precios estrictos, se presionó con fuerza para contener el alza del costo de vida y sostener el salario real, por motivos políticos y sociales. Pero con poco éxito, ya que el índice de precios al consumidor creció sostenidamente entre 1955 y 1958, año en que el gobierno de facto llamó a elecciones y entregó el poder al presidente Arturo Frondizi.

Inflación y estabilización: el desarrollismo en el poder (1958-1962)

La presidencia de Arturo Frondizi, iniciada en 1958, marcó el inicio de las políticas “desarrollistas” en la Argentina. Al mismo tiempo, y en el marco del “Plan de Estabilización y Desarrollo”, la Argentina se vio circunscripta a los lineamientos acordados con el FMI en el primer acuerdo stand by de la historia del país.

Durante este período, se buscó nuevamente la eliminación de los controles de precios. La nueva administración entendía que las variables como los precios, salarios o tipo de cambio no podían estar manipuladas arbitrariamente por el Estado. El pensamiento subyacente era que los controles de precios no corregían las causas que ocasionaban la inflación, sino que la detenían provisoriamente, lo que conducía a que los problemas se manifestaran a través del desabastecimiento y la aparición de “mercados negros” (Rapoport, 2000).

El 30 de diciembre de 1958, se produjo la reforma del sistema cambiario. A través del Decreto 11.916, se eliminó el sistema de tipos de cambios múltiples. Se estableció un único régimen cambiario libre y fluctuante sometido a la disponibilidad de divisas. Sin embargo, si bien se liberó el tipo de cambio, se constituyó un sistema de “flotación sucia”, a partir del cual el BCRA solo intervendría en casos puntuales con el fin de contrarrestar las distorsiones especulativas. El mecanismo rector era el libre mercado, con un “sinceramiento” del tipo de cambio, pero con la salvedad de posibles intervenciones en casos anómalos. En 1958 el tipo de cambio vinculado al peso argentino era de $28 por dólar; en 1959, alrededor de $75. Esto significó una devaluación de más del 250 % en un año. Como consecuencia de la devaluación, los salarios reales cayeron durante ese año un 20 % (Ferrer, 1963), como se aprecia en el gráfico 2.

En una posterior declaración, Frondizi sintetizaría: “Este plan puede sintetizarse en la supresión del intervencionismo burocrático y en el mayor respeto de la iniciativa individual en el terreno económico […] fueron suprimidos los controles de precios y los subsidios al consumo”[23]. Para el gobierno, era prioridad acercarse a precios sin distorsiones, que reflejasen sus costos reales. Esto es claro en la memoria del Banco Central de 1959:

Una parte de las reformas se dirigió a reconstruir el sistema de precios. El paso decisivo en esta dirección fue la reforma cambiaria, que eliminó el tipo oficial y los permisos de cambio. Quedaron abolidos todos los controles de precios, con excepción de los relativos a alquileres y tasa de interés. Suprimieronse subsidios y se reajustaron las tarifas de los servicios públicos. Después de muchos años de interferencias autoritarias en los procesos de mercado, la economía del país se basa nuevamente sobre relaciones de precios significativos[24].

Sin embargo, más allá de la retórica oficial, se implementaron ciertas medidas (tanto directas como indirectas) para intervenir en los precios. Entre las medidas indirectas, están las aplicadas al comercio exterior. Para amortiguar el efecto de la devaluación, se impusieron retenciones a las exportaciones. Mediante el Decreto 11.917/58, se tipificaron los productos ganaderos (equinos vivos, carne equina, cueros, etc.), agrícolas (cereales, semillas, oleaginosas, aceites y vegetales) y combustibles que tributarían un 20 %. Otros productos ganaderos (vacunos vivos, carne vacuna y lanas) tributarían el 10 %. En cuanto a las importaciones, se impusieron aranceles. Los insumos como el carbón, hierro y combustibles en general estarían exentos de pago; alimentos y productos químicos, un 20 %; maderas y motores, un 40 %. Las restantes importaciones tendrían recargos del 300 %.

En cuanto a los controles directos, se congelaron los alquileres y se establecieron precios máximos para productos básicos como el azúcar, aceite comestible, alcohol de quemar, arroz, harina de trigo, jabón de lavar, leche, manteca, pan y vino[25].

Desde el punto de vista de los ingresos, en mayo de 1958 se autorizó un aumento de salarios de emergencia del 60 %, dispuesto por el Decreto 89/58. La evolución de los precios y el “ancla” sobre los aumentos salariales se manifestaron en una caída de los salarios reales en estos años, como se observa en el gráfico 2.

Gráfico 2. Evolución del índice de salario real. Base 100=1956

graf 2 cap 4

Fuente: Cuesta y Cuk (2019).

En 1959 la inflación alcanzó un récord de 129,5 % (ver cuadro 3). Durante 1960 y 1961, pasado el efecto de la devaluación, descendió a dos dígitos: 27,1 % en 1960 y 13,7 % en 1961. Esto mejoró la recaudación fiscal, dado que se producía un efecto Olivera-Tanzi en sentido inverso[26], en un marco en el que había un mejor control de las erogaciones, con mayor recaudación fiscal y mayor acceso al crédito.

Cuadro 3. Índice de precios al consumidor (1957-1962)
Año IPC
1957 24,7 %
1958 31,6 %
1959 113,7 %
1960 27,3 %
1961 13,5 %
1962 28,1 %

Fuente: Ferreres (2010).

Durante estos años, se produjo una reducción de la base monetaria, donde la cantidad de dinero a fines de 1961, en términos reales, era 23 % inferior a la que existía a fines de 1957. La utilización de una política monetaria contractiva corría acorde a los marcos teóricos de Álvaro Alsogaray, ministro de Economía entre 1959 y 1961, según la cual la inflación se explicaba meramente por cambios en la cantidad de dinero. El Banco Central, en línea con el ministro, planteaba en 1959 que la estabilización del nivel de precios presuponía la regulación de la oferta monetaria[27].

La política de precios del desarrollismo tuvo la intención de eliminar lo que, en la retórica oficial, implicaba “el intervencionismo distorsionador”. Pese a esto, la coyuntura política terminó condicionando sus planes, y llevó al gobierno a intervenir en determinados precios a través de mecanismos directos e indirectos.

La presidencia de Arturo Illia y el auge de la planificación (1963-1966)

El 12 de octubre de 1963, asumía la presidencia Arturo Illia. La conducción económica recayó en primera instancia en Eugenio Blanco, y, luego de su muerte, en Juan Carlos Pugliese. Junto a ellos se sumaron a la cartera de economía un conjunto de técnicos provenientes de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y de destacada participación en el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). Siguiendo los lineamientos de estos dos organismos, la política económica estuvo signada por una intervención estatal de corte keynesiano (Rapoport, 2000).

En febrero de 1964, se sancionó la Ley de Abastecimiento n.º 16.454[28]. Esta subrayaba el carácter social del abastecimiento y propugnaba la búsqueda del precio “razonable” en la comercialización de productos. Más tarde se sancionaron la ley 16.459[29] (que regulaba el salario vital y móvil y creaba el Consejo Nacional del Salario) y la 16.462[30] (orientada a regular los precios de los medicamentos).

La Ley de Abastecimiento creaba la Dirección de Abastecimiento, dependiente de la Secretaría de Comercio, que tendría como tarea el seguimiento de los precios y la elaboración de estadísticas pertinentes. Durante el año 1965, la Dirección Nacional de Abastecimiento tuvo una destacada acción. La Resolución 14/65 impuso la obligatoriedad de declarar los aumentos de precios a fines de evaluar su justificación y, en caso contrario, sancionar a los productores o comerciantes, la 25/65 sancionó precios máximos para la leche, la 26/65 estipuló el precio del pan, y la Resolución 27/65 puso un tope al precio de venta de los fideos. Por otra parte, el Decreto 406/66 reglamentó precios máximos para la construcción (Liffourrena, 2014).

También se estipuló la creación de un Consejo Nacional de Abastecimiento, que tenía como fin la coordinación y planificación de políticas públicas sobre la temática. Su composición intentaba integrar a todos los actores del sistema productivo y estaba conformado por representantes de las Secretarías de Estado (Agricultura, Ganadería, Comercio, Hacienda, Industria, Minería y Transporte), el CONADE, el Consejo Federal de Inversiones, los Movimientos Cooperativos, la CGT y los empresarios.

La presidencia de Arturo Illia marcaría un retorno de las prácticas de regulación y control sobre los precios. Pese a esto, los índices inflacionarios continuaron su tendencia alcista, y se mantuvieron por encima de los dos dígitos durante toda su gestión (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Índice de precios al consumidor (1963-1966)
Año Inflación
1963 24 %
1964 22,20 %
1965 28,60 %
1966 31,90 %

Fuente: Ferreres (2010).

Sin embargo, según se puede apreciar en el gráfico 3, los aumentos de precios fueron acompañados por un incremento de los salarios reales, que acompañaron la inflación.

Gráfico 3. Evolución del índice de salario real. Base 100=1963

graf 3 cap 4

Fuente: Cuesta y Cuk (2019).

De esta manera, si bien la inflación continuaba siendo un problema (agudo o crónico, según se interprete), los ajustes en los salarios permitieron que se incrementasen a lo largo de los años de la presidencia de Illia.

El plan Krieger Vasena, 1967-1970

El 28 de junio de 1966, un golpe de Estado autodenominado “Revolución Argentina” derrocó al gobierno, luego de lo cual asumió el poder el general Juan Carlos Onganía. En esta nueva dictadura, confluiría una práctica militar-represiva con una gestión tecnocrática. Siguiendo a O’Donell (1980), este Estado burocrático autoritario se proponía la “normalización” de la sociedad y la construcción de un nuevo orden político, económico y social de carácter modernizador.

Luego de un breve paso de Jorge Salimei[31] por el Ministerio de Economía y Trabajo, la cartera recaería en Adalbert Krieger Vasena, economista de previa gestión bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu y con aceitados vínculos con el establishment local e internacional.

La situación macroeconómica marcaba un estancamiento del PBI, que había pasado de un notable crecimiento en los años 1964 y 1965, del 10.4 y 9.2 respectivamente, a un 0.7 en 1966 (Ferreres, 2010). Las reservas del Banco Central sumaban 250 millones de dólares, insuficientes para afrontar las necesidades financieras y comerciales del país. En materia de inflación, los 4 años previos tuvieron índices mayores al 20 % anual, continuando una tendencia inflacionaria de más de 15 años.

El diagnóstico de Vasena y su equipo de colaboradores hacía hincapié en el lento e inestable crecimiento económico, la inflación crónica, una industria “sobreprotegida” y los constantes desequilibrios fiscales[32].

En términos de las causas inflacionarias, se tomaba cierta distancia de la ortodoxia monetarista. De hecho, no solo no se restringió la base monetaria, sino que entre 1967 y 1970 se incrementaron los agregados monetarios (Vittelli, 1986)[33]. Se interpretó que los causantes de la inflación eran los costos y las expectativas de los agentes, visión mucho más acorde a los preceptos de la heterodoxia que a los de la ortodoxia liberal.

Para erradicar el factor de las expectativas devaluatorias y su consecuente impacto inflacionario, se hizo una devaluación de la moneda de tal magnitud que produjera un “colchón” suficiente, a fines de que los agentes descontaran próximas devaluaciones. La paridad de la moneda local frente al dólar pasó de $250 a $350 (devaluación del 40 %). Para evitar transferencias bruscas de ingresos, consecuencia lógica de la devaluación, se aplicaron derechos de exportación, también conocidos como “retenciones” a las exportaciones tradicionales por el 25 %, 20 % y 16 %, según los productos (Rapoport, 2000).

Dadas las características de la economía argentina de esos años, exportadora de bienes canasta, sumado a una tendencia crónica al déficit fiscal, las “retenciones” cumplían un doble efecto al desacoplar los precios internos de los externos y aumentar los ingresos fiscales. La particularidad de un instrumento que cumple dos objetivos es uno de los factores fundamentales que explican la repetida utilización en la historia económica argentina de este tipo de medidas[34].

Cubierto el traslado de la devaluación a precios por las retenciones, quedaba pendiente cubrir las consecuencias de una política monetaria laxa. Un alza de precios podría “licuar” las ventajas de competitividad generadas por la devaluación. Por ello, a la política de retenciones a las exportaciones se le sumó una política de acuerdo de precios con los principales sectores de la economía.

Si bien la política de controles de precios ya había sido utilizada con anterioridad por diversas administraciones, y a pesar de haber sancionado la Ley de Ordenamiento Comercial[35] en reemplazo de la legislación previa sobre políticas de precios y abastecimiento[36], la política de precios instrumentada por la administración Vasena fue de “acuerdo voluntario” de precios y no de “control” sobre el sector privado. La gestión del acuerdo con los empresarios recayó en Carlos Moyano Llerena[37], asesor del ministro y quien desde su revista Panorama de la Economía Argentina bregaba por la necesidad de una “política de ingresos” para combatir la inflación (Moyano Llerena, 1994). Conceptualmente, la política de ingresos es un intento de coordinación entre los agentes de la economía, que intenta mediar en la puja distributiva a fines de disminuir las tasas de inflación sin provocar grandes transferencias de recursos. La instrumentación de la política de precios se materializó en un acuerdo con las mayores firmas del país, por el cual estas se comprometían a no aumentar los precios a menos que el gobierno modificara el tipo de cambio, aumentara las tarifas o decidiera un aumento salarial. Como contraparte, cualquier disminución en los costos de producción debida a caídas en el precio en los insumos o aumentos de productividad redundaría totalmente en mayores beneficios para los empresarios.

Entendiendo el salario como un precio más, además de factor determinante de los costos de producción, el gobierno prorrogó los convenios colectivos de trabajo por 18 meses y concedió un aumento del 15 %. Como consecuencia lógica de la devaluación y su inercia inflacionaria, los salarios reales cayeron fuertemente durante el primer año de la implementación del plan, encontrando un piso desde el cual retomaría un sendero alcista a partir de 1969, como se observa en el gráfico 4.

Gráfico 4. Evolución del índice de salario real. Base 100=1966

graf 4 cap 4

Fuente: Ferreres (2010).

La política del acuerdo de precios fue exitosa. El índice de precios al consumidor que durante el año 1967 había ascendido al 30 % fruto de la devaluación y la inercia inflacionaria descendería durante los siguientes dos años a niveles tendientes a converger con la inflación internacional. El año 1969 sería el de más baja inflación de la década, y los salarios reales comenzarían a recomponerse luego de la caída posdevaluatoria. Pero las dificultades del plan comenzarían a sentirse a mediados de año, a raíz de la movilización social conocida como “Cordobazo”. Este estallido social provocaría la renuncia del ministro de Economía en junio de 1969. Si bien la política iniciada por Krieger Vasena continuaría durante la gestión de su sucesor Carlos Dagnino Pastore, las vicisitudes políticas llevarían a la renuncia del presidente Onganía y a un cambio en términos de políticas económicas durante el año 1970[38]. La década de 1970 comenzaría nuevamente con una inflación al alza inaugurando un nuevo período de alta inflación de la economía argentina, como se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Índice de precios al consumidor (1966-1972)
Año IPC
1966 31,86 %
1967 29,23 %
1968 16,23 %
1969 7,58 %
1970 13,58 %
1971 34,72 %
1972 58,45 %

Fuente: Ferreres (2010).

El plan antiinflacionario de 1967 fue uno de los más complejos e interesantes planes económicos de la historia argentina. Fruto de una combinación de coordinación de expectativas, implementación de derechos de exportación, baja en los aranceles de las importaciones, acuerdo de precios y política de ingresos, se logró bajar los índices de inflación haciéndolos converger con los internacionales, sin sufrir una caída del producto y recuperando el salario real luego de una caída inicial. Pero, lamentablemente, el éxito de los primeros años no logró ser sustentable en el tiempo.

Las opiniones frente al plan del 67 se dividen entre aquellas que señalan su fracaso final debido a cuestiones políticas exógenas (Llach y Gerchunoff, 1998) y quienes sostienen sus dificultades intrínsecas en términos macroeconómicos (De Pablo, 1975). Considerando que el plan del 67 redujo el déficit fiscal en términos primarios y financieros a los niveles más bajos de la década, 1.2 % del PBI para 1970 (Ferreres, 2010), las dificultades parecieran estar más asociadas a las tensiones políticas y de puja distributiva[39] que a inconsistencias técnicas. De esto pareciera desprenderse que una correcta política de ingresos y de acuerdo de precios puede ser una estrategia exitosa de control inflacionario. Pero esta política, para su sustentabilidad, debe ser llevada a cabo bajo un amplio consenso social. Consenso difícil de obtener en el contexto político argentino de los 70.

El tercer peronismo (1973-1976)

El 25 de mayo de 1973, luego de 18 años de proscripción política, el peronismo regresaba al gobierno. La fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), encabezada por Héctor Cámpora y respaldada desde el exilio por Juan Domingo Perón, se impuso con más del 49 % de los votos.

En términos políticos, el ciclo de movilizaciones abierto con el Cordobazo de 1969 se profundizaba, y la nueva etapa democrática debía convivir con altos niveles de violencia política. En términos económicos, la inflación durante el año 1972 había ascendido al 58 % y los salarios reales mostraban una caída interanual del 10 % (Rougier y Fiszbein, 2006).

En ese contexto, José Ber Gelbard, expresidente de la Confederación General Económica (CGE) y ministro de Hacienda y Finanzas del nuevo gobierno, buscó llevar adelante el plan económico propuesto en las Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno. El programa de las Sugerencias había sido confeccionado por la CGE y la CGT en conjunto y señalaba la necesidad de un acuerdo social entre el capital y el trabajo para aumentar la producción y mejorar la distribución del ingreso.

A comienzos de junio de 1973, el “Pacto Social” se institucionalizaría mediante la firma del Acta de Compromiso Nacional (ACN). Entre las medidas dispuestas por el ACN, se encontraban: aumentos de salarios de $200 y la suspensión por 2 años de nuevas negociaciones salariales, aumento del 40 % en las asignaciones familiares, la prohibición de trasladar los mayores costos laborales al precio final de los bienes y servicios, el congelamiento inmediato de precios, y la creación de una comisión de ingresos y nivel de vida[40] para su fiscalización[41].

Cabe indicar que, para esta labor de fiscalización, se convocó en el discurso y en la práctica a las mujeres. Tanto las amas de casa y las afiliadas a la Rama Femenina del Movimiento Nacional Justicialista (MSJ), tal como habría ocurrido en los años 50 (Elena, 2007; Dos Santos, 1983), como las profesionales o las mujeres del siglo xxi (Presidencia de la Nación, 1974). Desde este punto de vista, la política de control de precios podría ser examinada desde una perspectiva de género:

En primer lugar, un grupo de compañeras se ha especializado siguiendo cursos de capacitación en el ministerio de Economía, profundizando [sobre] el problema del desabastecimiento y sus causas… En segundo término, miles de compañeras se han brindado para iniciar una campaña de fiscalización en esferas de la industria y comercios relacionados con los artículos de primera necesidad[42].

En principio, las medidas de shock instrumentadas a través del ACN arrojaron resultados inmediatos: los precios en junio cayeron un 2,9 % respecto al mes anterior y, durante los siguientes cinco meses, la inflación mensual se mantuvo por debajo del 2 % (véase cuadro 6). Los salarios reales aumentaron un 20 %, aunque, tal y como se aprecia en el gráfico 5, esta suba solo logró recuperar los niveles del mes de enero. También el empleo mostró signos visibles de recuperación. La desocupación descendió del 6,6 % en el 72 al 5,4 % en el 73 (Todesca, 1975, p. 32).

Cuadro 6. Índice de precios al consumidor durante 1973
Mes IPC Mes IPC
Enero 4,60 % Julio 0 %
Febrero 7,60 % Agosto 0,80 %
Marzo 8,60 % Septiembre 0,50 %
Abril 4,50 % Octubre 1,60 %
Mayo 3,50 % Noviembre 0,80 %
Junio -2,90 % Diciembre 8,10 %

Fuente: Rougier y Fiszbein (2006).

Gráfico 5. Evolución del índice de salario real. Base 100 = enero 1973

graf 5 cap 4

Fuente: elaboración propia sobre la base de Jelin (1978).

No obstante, en el escenario político, los conflictos cada vez más graves entre distintas facciones del peronismo revelaban la verdadera fragilidad de los consensos obtenidos y ejercían presión sobre el “Pacto Social”. El 25 de septiembre, sería asesinado el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. El asesinato de uno de los pilares del pacto sería el primer gran golpe sufrido por el acuerdo (Vercesi, 2010).

El segundo impacto vendría del frente externo. En octubre de 1973, se desencadenaría la “crisis del petróleo”. El aumento internacional de los precios de este insumo y sus derivados, por decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), generó un proceso de inflación mundial con alto impacto en la Argentina (Ferrer, 1987, p. 10).

Como consecuencia de las tensiones políticas internas y el shock externo, los precios en el mes de diciembre tuvieron un aumento del 8 % mensual (véase cuadro 6). Dadas las dificultades para absorber los aumentos de costos, varias industrias comenzaron a violar los controles de precios y se multiplicaron los “mercados negros” (Di Tella, 1983, p. 195).

Bajo estas circunstancias, el gobierno, ya con Perón como presidente, anunció a mediados de diciembre la implementación del Plan Trienal, un proyecto de intervención estatal que refrendaba el programa de concertación contemplado en el ACN:

El objetivo final consiste en garantizar a los asalariados una [mayor] participación. […]. Todo ello sustentado tanto en un firme incremento de los salarios defendidos en su valor por el régimen de control de precios y la fijación de tarifas con sentido social, como en una expansión económica que permitirá absorber totalmente el desempleo[43].

Si bien se tornaba evidente que más tarde o más temprano sería necesario llevar adelante una flexibilización de los precios, la política oficial fue sostenida con rigor durante los primeros meses de 1974. En abril, el gobierno decidió renegociar los acuerdos de compromiso: además de una actualización de precios y tarifas, se resolvió otorgar un aumento salarial del 13 % en general y del 30 % para el salario mínimo (Gómez de Mier, 2002). Como señala Canitrot (1978), desde la firma del acta hasta los primeros meses del año 1974, los salarios reales habían caído un 7 %, por lo que el aumento del 13 % suponía una caída en los beneficios empresariales y una reapertura de la puja distributiva. En este contexto, los empresarios comenzaron a trasladar los aumentos salariales a los precios violando uno de los pilares del pacto social. Entre mayo y junio, los precios al consumidor aumentaron más de un 7 % (véase cuadro 7)

Cuadro 7. Índice de precios al consumidor durante 1974
Mes IPC Mes IPC
Enero -5,70 % Julio 2,30 %
Febrero 1,60 % Agosto 1,90 %
Marzo 1,20 % Septiembre 3,30 %
Abril 2,80 % Octubre 3,80 %
Mayo 3,30 % Noviembre 4,10 %
Junio 3,80 % Diciembre 12,70 %

Fuente: Rougier y Fiszbein (2006).

En el terreno político, las pujas al interior del peronismo continuaban en aumento y, tras la muerte de Perón, el 1.° de julio de 1974, el pacto entraba en su etapa final. En ese mismo mes, Antonio Cafiero remplazaría a Miguel Revestido en la Secretaría de Comercio. El nuevo secretario intentaría llevar a cabo una flexibilización del acuerdo, pero, dado el congelamiento salarial, esto implicaba una caída en los salarios reales que la CGT no podía tolerar. Tras el fracaso del intento de flexibilización, Cafiero abandonaría la secretaría, y en octubre Gelbard sería reemplazado por Alfredo Gómez Morales. Al igual que durante el primer peronismo, Morales debía asumir en un contexto de fuertes desequilibrios fiscales y monetarios y con una inflación al alza (Belini y Korol, 2012).

En marzo de 1975, el tipo de cambio fue llevado de 10 a 15 pesos (Di Tella, 1983, p. 207). Esta devaluación también fue acompañada por una reapertura de las discusiones paritarias, a partir de las cuales se agudizaron los conflictos laborales y las situaciones de desabastecimiento (Rougier y Fiszbein, 2006, p. 91). La inflación mensual era cada vez más alta, y entre marzo y abril sumaría 17,8 %.

Cuadro 8. Índice de precios al consumidor durante 1975

Mes

IPC Mes IPC

Enero

2,90 % Julio 34,75 %

Febrero

4,60 % Agosto 22,50 %

Marzo

8,10 % Septiembre 10,80 %

Abril

9,70 % Octubre 13,80 %

Mayo

3,90 % Noviembre 9 %

Junio

21,10 % Diciembre 19,40 %

Fuente: Rougier y Fiszbein (2006).

A aquella altura, las exhortaciones realizadas por la presidenta a combatir a los acaparadores, verdugos de la población y a los intereses creados[44] resultaban recurrentes, a la vez que daban cuenta de la creciente ineficacia de los mecanismos de control de precios.

Tras el fracaso de su moderado programa de austeridad, Gómez Morales debió abandonar su cargo a principios de junio del 75 y fue reemplazado por Celestino Rodrigo. Casi inmediatamente, el nuevo gabinete económico dispuso una devaluación del 100 % y aumentos generales de los servicios públicos. Tal y como se aprecia en el cuadro 8, el impacto de estas medidas sobre los precios fue directo. Si bien la muerte de Perón y la renuncia de Gelbard marcaron el comienzo del fin del pacto, el shock del “Rodrigazo” fue el cierre definitivo del intento de concertación social del gobierno.

Así, desde el “Pacto Social” de 1973 hasta el “Rodrigazo” de 1975, el “tercer peronismo” intentó contener la inflación por diferentes medios, entre los cuales el control de precios (vía un acuerdo o “pacto”), en el marco de plan general, fue exitoso en un principio, para luego perder efectividad. Tanto la compleja situación política e internacional, como la decisión de los distintos ministros de la cartera económica de sostener rígidamente aquella política de ingresos llevaron a una situación de distorsión de los precios relativos que fueron corregidos de forma brusca, que eventualmente terminó por concitar el malestar de una sociedad en ebullición. El mismo malestar que los acuerdos buscaban apaciguar.

Consideraciones finales

En este capítulo se ha realizado una breve presentación de las políticas de administración de precios en Argentina entre 1948 y 1975. De cada subperíodo, se han considerado las políticas económicas implementadas, los mecanismos para administrar los precios, y en particular los controles de precios en el marco del paradigma de la planificación. En el caso del primer gobierno de Perón, se encontró que, a una política económica de reducción del gasto y contracción monetaria, se adicionó el control de precios. Este consistió en precios máximos, que eran vigilados por el Estado mediante agencias con poder de policía (incluso con capacidad de quitar la libertad transitoriamente a los transgresores). Esto es, política macroeconómica, en conjunción con un discurso y acción contra los llamados “agiotistas”. El resultado fue exitoso, según la evolución del IPC: cayó a un 4 % para 1954.

El siguiente subperíodo tomado fue la “Revolución Libertadora” y el gobierno de Arturo Frondizi. El primero intentó, por contraste con el pasado inmediato, liberar la economía; es decir, quitar los controles de precios. Pero sin éxito. El segundo desarrolló primero una política macroeconómica expansiva y, tras las dificultades, una contractiva. En la primera parte, hubo una liberación de los controles estatales, y una búsqueda de un equilibrio “natural” de los precios. Después de un aumento sustantivo de estos, además de la presión política y social, se pasó a una política contractiva, y con control de precios. Si bien bajo el mismo marco legal, con el agregado de nuevos instrumentos, el Estado intervino tanto en los canales de distribución como en los de consumo, así como en el tipo de cambio. En parte fue exitoso, dado que se observó una caída en los precios, que, de un 129 % de aumento en 1959, descendió a menos del 20 % en 1961. A grandes rasgos, quizá por lo volátil de las decisiones en política económica, los controles de precios no tuvieron el éxito esperado.

Con el golpe de Estado de 1966, se inició una nueva experiencia. Una tecnocracia de matriz liberal, pero que condujo la política económica con medidas de intervención claras. Se controló el tipo de cambio. Con respecto a los precios, el mecanismo fue de “negociación”. Uno de los funcionarios, Carlos Moyano Llerena, llevó adelante un acuerdo de precios con las 100 empresas más importantes del país. El resultado, a nivel de precios, fue excelente, ya que descendió el IPC por debajo de un dígito de manera sostenida. Los motivos del fracaso posterior a 1970 son objeto de discusión y debate. Es claro que, por diferentes motivos, no hubo controles de precios. Pero el plan económico tuvo éxito a mediano plazo en la reducción de la inflación.

El último subperíodo, el retorno del peronismo al poder, cierra el capítulo de manera interesante. El gobierno, con amplia legitimidad, usó las herramientas ya usadas en el primer gobierno, a las cuales adicionó la retórica revolucionaria de la época, así como las experiencias económicas de Cuba y Chile. Por diferentes motivos, el Acuerdo Social de 1973 logró un descenso de los precios. Su posterior ruptura, también por diversos motivos, llevó a la crisis (entre otros elementos, de inflación) de 1975. En ese lapso, y en el entramado de ideas en pugna, la apelación al rol de la mujer en la economía, así como con respecto a los controles de precios, es más que interesante. El tercer gobierno peronista comenzó con controles de precios y, tras la muerte del líder, continuó con apelaciones fuertes al control de los precios por medio de la sociedad. Recién con el “Rodrigazo” (1975), ante el fracaso de la contención de la inflación, el control de precios fue abandonado, como muchas otras herramientas.

En resumen, en el período abordado por este capítulo el paradigma de la planificación económica (en sus diferentes vertientes y variantes) alcanzó como idea y concepción cierta hegemonía en el consenso social. Esto implicó que el modelo, o parte de sus ideas, se implementaran en Argentina y en Latinoamérica. Así, se concretaron tanto en forma de organismos e instituciones desde donde se concretaban las iniciativas de planificación, como de políticas públicas, en particular las económicas.

En ese contexto, se llevaron adelante planes económicos (generalmente de “estabilización”) o se tomaron conjuntos de medidas, que implicaban, en un marco más general, la administración de los precios domésticos, el tipo de cambio o el precio de las importaciones. Uno de los temas en agenda era claramente la inflación, se la interpretara como inflación crónica o un régimen de alta inflación. En gran parte, se puede entender que existió cierta relación entre las expectativas de los actores (políticos y económicos) y la efectividad de la intervención en los precios. En ese marco, el control de precios fue una herramienta valorada y utilizada con mayor o menor rigor.

La historiografía parece sugerir, en sus diferentes vertientes, que los gobiernos del período buscaron “controlar” o “administrar” los precios, como herramienta que impactara en los salarios reales o en la “puja o conflicto” distributivo. Ya sea mediante planes económicos “ortodoxos” o “heterodoxos”. En la raíz, el problema parecería ser político: controlar las demandas sociales o económicas, incentivar o retraer el consumo, o impactar en la distribución del ingreso nacional. En un país que entendía a la inflación como un problema serio, o cuanto menos una preocupación central, quizá pudiera entenderse que la viabilidad o los resultados de las políticas de precios estaban relacionados con el “poder”, “espesor” o “legitimidad” del gobierno que impulsaba la medida.

Es cierto que la efectividad de estos controles de precios fue dispar, así como su eliminación. En el medio y largo plazo, no es necesario aclarar que no tuvieron éxito. En el corto, tanto el “acuerdo” como el “control” tuvieron algún suceso, generalmente en el marco de planes amplios que contemplaron la macroeconomía en su conjunto. Lo cual no es de extrañar, considerando que los precios son el resultado del comportamiento de las variables económicas en su conjunto.

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  1. CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo. Buenos Aires, Argentina.
  2. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) adscrito al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), Buenos Aires, Argentina.
  3. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) adscrito al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), Buenos Aires, Argentina.
  4. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) adscrito al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), Buenos Aires, Argentina.
  5. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia. Buenos Aires, Argentina.
  6. Declaración del Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en una entrevista televisiva. En bit.ly/35kgpYt, recuperado el 7/04/2020.
  7. Sobre la planificación en el período, ver Jáuregui (2014), y sobre el rol del Estado ver Prebisch (1976).
  8. Entendiendo precios en un sentido amplio: bienes y servicios, trabajo (salario), tipo de cambio, etc.
  9. Con respecto a la puja distributiva, ver Cuesta y Cuk (2019).
  10. Cada visión no exenta de desafíos teóricos. En el marco de la teoría de la suma de los costos, Schumpeter ofreció una solución para explicar la tasa de ganancia.
  11. Este breve esquema de las principales visiones teóricas no llega a cubrir el vasto campo de estudios sobre los precios, desde la economía hasta la sociología de los precios.
  12. El cual también puede ser interpretado desde diversas posiciones: un estado de clase, relación de poder, weberiano, hobbesiano, etc.
  13. Al fin de cuentas, la administración o control de precios es una expresión relevante de la relación entre el Estado y el mercado.
  14. También denominaciones como precios “sugeridos”, “máximos”, “cuidados”, “esenciales”, “negociados”, etc.
  15. Para algunos, es la forma que mayor impacto logra en los precios… quizá por la relación implícita con el mercado. Ahora bien, ¿existe un precio “correcto” o “justo”? Esto lleva a pensar el impacto de la ética en la economía como relación entre seres humanos. En el mismo sentido, se debe reflexionar también sobre la posibilidad de un “precio de equilibrio”.
  16. Se debe considerar que los controles de precios, desde la década de 1930, estaban en la agenda de política económica tanto en EE. UU. como en Europa.
  17. Para una discusión sobre los aumentos salariales entre el primer peronismo y el primer radicalismo, véase Cuesta y Vence Conti (2014).
  18. Ley 12.591, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 11/09/1939.
  19. Ley 12.830, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 16/09/1946.
  20. Cabe recordar que el gobierno prolongó el congelamiento de alquileres (Decreto 1.580/43), que ya se había establecido antes del gobierno peronista.
  21. Decreto 10.102/49, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 29/04/1949.
  22. El gobierno evitó profundizar la caída del salario real antes de las elecciones de 1949 para que la situación económica no complicara sus perspectivas electorales.
  23. Presidencia de la Nación (1959). Desarrollo económico y unidad nacional. Mensaje del presidente de la nación, Dr. Arturo Frondizi, día 5 de noviembre, p. 10.
  24. Banco Central de la República Argentina (1959, p. 4).
  25. Ver De Pablo (2005).
  26. El efecto Olivera-Tanzi consiste en aquella situación en la que, dada la elevada inflación, se deteriora la recaudación fiscal real por parte del Estado. Esto se debe en parte a que el efecto inflacionario ocurre antes de que la recaudación fiscal de ese período se vuelva efectiva. Ocurre el efecto inverso durante procesos de caída de la inflación.
  27. Banco Central de la República Argentina (1959, p. 4).
  28. Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 13/02/1964.
  29. Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 15/06/1964.
  30. Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 8/08/1964.
  31. Afiliado al Partido Demócrata Cristiano, la carrera de Jorge Salimei estuvo signada por su actividad en el ámbito privado donde fundó y dirigió la firma Sasetru, una de las mayores empresas del sector alimenticio.
  32. Declaraciones de Krieger Vasena a Juan Carlos de Pablo (1986).
  33. Esta política monetaria podría ser una de las causas que explicara la acción no recesiva de la posterior devaluación. Para una explicación de la acción recesiva de las devaluaciones en Argentina, véase Díaz Alejandro (1963).
  34. Para una discusión sobre el balance entre instrumentos y objetivos en economía, véase Tibergen (1952).
  35. Decreto 17.017/66, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 23/11/1966.
  36. Ley 16.454, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 12/02/1964.
  37. Entrevista a Krieger Vasena (De Pablo, 1986). Entrevista a Moyano Llerena (Vercesi, 2001).
  38. El 18 de junio de 1970, la Junta de Comandantes designaría al general Roberto Marcelo Levingston como presidente, quien nombraría, tras un breve paso de 4 meses por la cartera de Carlos Moyano Llerena, a Aldo Ferrer, de tendencias nacionalistas, como ministro de Economía.
  39. Para un análisis de puja distributiva en el período, véase Mallon y Sourrouille (1973).
  40. Esta comisión fue creada con carácter provisional en junio de 1973 a través de la Resolución M. C. n.° 23, y elevada en 1974 a Comisión Nacional en agosto de 1974 a través del Decreto presidencial n.° 560. Entre sus competencias, se destacaban “el estudio, control y vigilancia de los precios, en particular de aquellos productos que considere esenciales por su incidencia en el nivel de vida y en el nivel de los salarios” (Boletín Oficial de la República Argentina, 1974).
  41. Esta retórica contra la especulación y el desabastecimiento formó parte de un esfuerzo de convocatoria más amplio, de cuño cepalino, por modificar las pautas culturales de consumo y promover la formación de un ahorro nacional genuino (Pryluka y Coviello, 2018).
  42. Presidencia de la Nación, 1974.
  43. Presidencia de la Nación (1974, p. 31).
  44. Presidencia de la Nación (1974).


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