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Dirección General
de Fabricaciones Militares

Industria, defensa e impacto local (1941-1989)

Roberto Dante Flores[1]

Introducción

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue fundada en 1941 (Ley 12.709) sobre un proyecto del presidente de la nación Roberto Ortiz y su ministro de Guerra, el general Carlos Márquez.[2] Esta “entidad autárquica bajo la dependencia del Ministerio de Guerra” tuvo como objetivos realizar: estudios “conducentes a conocimiento de las posibilidades industriales del país”, y exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención de minerales y “materias necesarias para la fabricación de materiales de guerra”.[3] Los objetivos de integrar territorialmente a la nación y la descentralización industrial[4] estaban implícitos en su primera memoria, donde –parafraseando la Ley 12.709– se menciona la organización del país para su defensa en el aspecto industrial. Incluso, explícitamente, en 1945 señala cómo la DGFM –al planificar la instalación de nuevas plantas industriales– tuvo en cuenta “la necesidad de descongestionar la Capital Federal, alejándolas de los centros urbanos y tratando de acercarlas a las fuentes de energía hidroeléctrica”.[5] Plan que confluirá con el plan quinquenal del presidente Juan Perón y con la política económica del presidente Arturo Frondizi.

Varios autores se dedicaron al estudio de la DGFM. Algunos analizan el aspecto industrial con una perspectiva histórico-política y económico-social amplia. Entre ellos, Ocón y González (2016) incluyen a la DGFM dentro de la doctrina de la “nación en armas”, pensamiento militar que incorpora el concepto de “independencia económica” y el de “autosuficiencia industrial”. En concordancia con las hipótesis de guerra analizadas y “probables enemigos”, Brasil era el vecino observado por su capacidad industrial (Savio, 1973, pp. 42-46). Fue cuando la Dirección logró el apoyo político para llevar adelante el Plan de Movilización Industrial a los diversos puntos geográficos de Argentina. También exponen las doctrinas que le sucedieron: “Defensa Nacional”, con mayor impulso estatal a la movilización industrial, y “Seguridad Nacional”, donde el desarrollo industrial se asociaba a la seguridad para lograr el bienestar social y así evitar la subversión comunista.

La DGFM se ubicó en un momento histórico donde prevalecía la doctrina militar de guerra integral. Así observan Panaia y Lesser (1973), estableciendo un estrecho vínculo entre el ejército, el Estado nacional y la sociedad civil, por la cual el ejército podía intervenir en el proceso industrial de un país. El ejército estaba habilitado para requerir de la sociedad civil o del Estado los recursos profesionales y económicos necesarios para el sistema de defensa. El contexto internacional fue clave, ya que impulsó el desempeño y marcó los límites de la industrialización en Argentina. En el período de entreguerras, los militares argentinos fomentaron la industrialización instalando fábricas para la defensa. Primeramente a través de las diversas fábricas militares existentes antes de la creación de DGFM. Luego, por el temor bélico de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se pensó en una industria argentina que no dependiera de las grandes potencias (Angueira y Tirre de Larrañaga, 1995).

Otros autores, por ser parte de la institución o por su cercanía con las fuentes, se ocupan de aspectos históricos más específicos de la Dirección. El general Pedro Castiñeiras –un militar pasado a retiro en 1954, reincorporado al Ejército tras la caída del peronismo y presidente de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA)– analiza la evolución del Plan Siderúrgico Argentino. Sostiene la tesis que hubo una “demora inadmisible”, antes de la Revolución Libertadora (1955), en activar la instalación de la planta siderúrgica de SOMISA (Castiñeiras, 1964). Quienes sin ser funcionarios han estudiado fuentes de difícil acceso destacan la acción de la DGFM en la expansión de la siderurgia argentina. También muestran cómo fue propulsora de diversas industrias y de los planes de desarrollo regionales, con financiamiento de las Naciones Unidas, para el progreso económico y social integrado (Martín, De Paula y Gutiérrez, 1980).

En el análisis de un breve período del gobierno de Raúl Alfonsín, López (1988) comprueba el comportamiento más eficiente de SOMISA y Petroquímica Bahía Blanca, en relación con otras sociedades que también tenían participación accionaria de la DGFM. Ampliando la perspectiva histórica, observa que, en los planes de la Dirección hacia el “desarrollo nacional”, incidían dos factores: el impulso de la tradición “pionera” en algunas ramas industriales “críticas” (acero, petroquímica, vehículos de transporte, etcétera); y el impulso intervencionista que llevó a las Fuerzas Armadas a tomar el poder en 1966 y en 1976.

La historiografía más reciente podría clasificarse en dos grupos: los críticos y los optimistas de la participación militar en el amplio terreno de la industria para la defensa. En el primer grupo, Belini (2005) alimenta la hipótesis de Castiñeiras (1964) sobre la “demora inadmisible” del gobierno peronista por impulsar la planta siderúrgica ideada por el general Manuel Savio. En los años de mayor disponibilidad de divisas, SOMISA no recibió los recursos necesarios. Sostiene que las difíciles relaciones comerciales del gobierno peronista con los Estados Unidos (EE. UU.) impidieron que las negociaciones para el financiamiento de SOMISA fructificaran. Aunque también señala dificultades durante el gobierno de la Revolución Libertadora. Desde 1941 a 1958, la DGFM no fue eficaz para promover el desarrollo de las industrias químicas y metalúrgicas. No obstante, el objetivo de la Dirección era lograr disponibilidad de materias primas y cierta autonomía para la defensa nacional (Belini, 2007).

Una extensión del anterior trabajo destaca la estrategia desarrollista del gobierno de Arturo Frondizi para impulsar las industrias básicas –entre ellas el acero–, que impactarían concatenadas sobre el conjunto de las industrias manufactureras. Fue cuando la DGFM recibió un impulso en su función asesora de SOMISA. Sin embargo, también se afirma que la DGFM no contó con el apoyo de “las autoridades públicas” en sus 20 años iniciales (Belini, 2008). En la misma línea, otro investigador resalta que, mientras se demoraba la realización de SOMISA, la Dirección favorecía las empresas laminadoras sugiriendo incentivos para la importación de acero. Justifica el inicio del Plan Siderúrgico Nacional, aunque después terminó obstaculizando el desarrollo de la industria privada del acero (Castro, 2008).

Entre quienes resaltan las virtudes de la DGFM y su política de industrialización, está Roberto Villanueva, un exingeniero de SOMISA, capacitado en el exterior. En su libro transcribe numerosos párrafos de cartas, discursos y documentos del general Savio. El vínculo Plan Siderúrgico e industrialización se justifica –en las palabras de Savio– para salir de “nuestra situación exclusiva de país agrícolo-ganadero”. Pero equilibradamente, sin que la industria fuera “onerosa ni artificiosamente sostenida”. También contiene información documental del Congreso de la Nación, e instituciones como la Unión Industrial Argentina, sobre el desarrollo de la industria siderúrgica y la relación privado-estatal-militar (Villanueva, 2008).

Ese entramado público-privado desde 1940 constituyó un creciente y poderoso complejo militar industrial. Rougier (2015) describe ampliamente los distintos componentes industriales de la DGFM. Es optimista sobre los resultados obtenidos por dicha Dirección. Concluye que las fábricas militares impulsaron el proceso de industrialización argentino ya que muchas empresas privadas nacieron y se desarrollaron bajo la demanda de sus productos. Además, sostiene que la DGFM definió el patrón de acumulación de posguerra, centrado en la sustitución de importaciones y en la descentralización industrial, promoviendo nuevas industrias locales, servicios, capacitación profesional e investigación científica.

Sobre la base de los autores estudiados, este trabajo pretende, como aporte innovador, presentar y analizar datos económicos, geográficos y sociales de la planificación para la defensa, nunca vinculados para un largo período en Argentina. Otro aporte del trabajo consiste en apelar al registro de entrevistas con protagonistas locales, para conocer el impacto de las empresas en la formación de personal técnico.

El presente artículo sostiene como hipótesis que la DGFM logró parcialmente dos de los fines para los cuales había sido creada: alcanzó un grado significativo de autonomía en el abastecimiento nacional de materias básicas para la fabricación de material bélico, y logró disminuir la concentración de las industrias militares en la Región Metropolitana. En primer lugar, se observará el impacto de la Segunda Guerra Mundial –e inmediata posguerra– sobre las importaciones estratégicas (en particular el hierro) para la defensa nacional. Después se investigará cómo la DGFM implementó los planes y si logró alcanzar los objetivos implícitos de la integración territorial del país mediante la exploración/explotación minera y la desconcentración industrial.

También el trabajo debatirá con las afirmaciones de otros autores –la inacción peronista por impulsar SOMISA y las dudas de la eficiencia militar para lograr el desarrollo industrial–, respondiendo las siguientes preguntas: ¿hubo desinterés de los gobiernos peronistas en el desarrollo industrial del acero?; ¿fueron ineficaces las industrias militares para crear polos de desarrollo en las provincias?

Por último, focalizará dos aspectos de la planificación para la defensa.

  1. El factor social: población, educación y comunidades de trabajo. Estas últimas entendidas como espacio social intermedio entre el individuo y la organización (Constant, 1993).
  2. El factor material: importaciones y producción de materias primas. En este punto, se le dedicará especial atención al hierro (y producción de acero) por ser considerado “el más esencial”, no solo para la defensa, sino también “para el progreso de la Nación”,[6] seleccionando los casos de las localidades de Palpalá, San Nicolás y Sierra Grande, vinculados al Plan Siderúrgico Argentino (PSA).

Argentina: las restricciones político-comerciales durante la guerra

Luego del ingreso de los EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial, las relaciones del coloso norteamericano con Argentina se deterioraron.[7] La continuidad del neutralismo argentino provocó sanciones a la Argentina: se la dejó fuera de la Ley de Préstamos y Arriendos, lo cual significaba el impedimento para comprar armas en los EE.UU. Otra medida, alentada por el secretario de Estado, Cordell Hull, fue implementar un sistema de controles de las exportaciones hacia la Argentina, a través del Board of Economic Warfare.

Por rechazo de las licencias de exportación, expedidas por la Comisión Especial de Adquisiciones (CEA), se anularon muchas licitaciones y órdenes de compra. Las siguientes son algunas de las compras anuladas, y el nombre de las empresas importadoras, en los años 1942 y 1943:[8] compra de ferrocromo 60 % de 24 toneladas; máquinas mezcladoras de magnesio y material inflamable (H. Crother representante de Baker Kins, INC.); 10 toneladas de ferro silicio (Luis Grassi Lda.); válvulas termoiónicas (RCA Victor); ladrillos de cemento magnesita de sílice (Will L. Smith S.A.); 25 toneladas de hierro cromo y 1.800 toneladas de hierro en lingotes (Pedro Strom y Cía.); 5.000 kilogramos de cobre fosforoso (Belmont Smelting and Refining Works); 50 toneladas de ferromanganeso (Nicolás L.J. Van Haaren), procedencia Canadá; 20 toneladas de níquel electrolítico (Duperial), procedencia Canadá. La anulación de la compra de 20 toneladas de níquel a Canadá se debió a las “reiteradas negativas del gobierno canadiense a conceder los permisos de exportación correspondientes”, y por ser “muy remotas las perspectivas de lograr dichas licencias por la creciente demanda que la guerra ocasiona al país de origen”.[9]

Estas anulaciones de órdenes de compra de la DGFM –agravadas por el régimen de certificados de necesidad impuesto por los EE. UU.– [10] muchas veces eran acompañadas por la indicación: “Autorizar al Departamento Administrativo a iniciar gestiones de compra en el país”. Las anulaciones estaban referidas de modo particular a minerales esenciales para la industria militar y privada: ferrocromo, lingotes de hierro, ferromanganeso, ferro sílice y otros derivados. Esta situación impulsó simultáneamente la apertura de propuestas para constituir sociedades mixtas con empresas privadas.

Así se constituyeron y ubicaron en la provincia de Córdoba –por el menor costo de la energía eléctrica– la Sociedad Mixta de Industrialización del Cromo (SOMICROM), con Minera Argentina del Norte S.R.L., y la Sociedad Anónima Mixta Aceros Especiales (SAMAE), con la empresa Industrias Termoeléctricas S.R.L. De este modo, se buscó la explotación y elaboración de cromo, lingotes de hierro, ferromanganeso y demás componentes faltantes en la industria argentina. También la Compañía Azufrera Argentina S.A. ganó una licitación y formó Industrias Químicas Nacionales, con la finalidad de industrializar el azufre en Salta. La DGFM fundamentó la necesidad de conformar estas sociedades mixtas atendiendo tanto “razones de índole militar, como las necesidades de la industria privada”. En última instancia, las medidas instrumentadas por los EE. UU. terminaron impulsando las industrias locales o, al menos, confirmando la idea de los militares argentinos de que había que impulsarlas.

Las consecuencias de las restricciones se hicieron sentir sobre el comercio de importación y se agudizaron a medida que transcurría el tiempo. El cierre casi absoluto del mercado europeo y “las restricciones de toda índole impuestas por los Estados Unidos de Norte América que han culminado con la aplicación de un sistema de cuotas y prioridades para todos los artículos de exportación” fueron los factores que llevaron a la necesidad de realizar, para cada adjudicación de artículos, una serie de largas tramitaciones.[11]

En muchos casos, resultaron infructuosas las gestiones de las empresas extranjeras para obtener, en los EE. UU. y otros países, permisos de embarque hacia la Argentina. Fue entonces cuando los representantes de las empresas proveedoras solicitaron “créditos irrevocables que cubrieran el total de las adquisiciones”, estipulándose que, en el caso de que el material no pudiese ser embarcado por causas ajenas al control de los cargadores, “el mismo podría ser hecho efectivo en cuanto a su valor F. O. B., contra presentación de un certificado, atestiguando su depósito en el país de origen, a favor de esta Dirección General”.[12] Aceptando los reclamos, la DGFM realizó la apertura de cuentas por intermedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde acreditarían las divisas que cubrieran el total de las adquisiciones en el exterior (cuadro 1). Mientras, el material adquirido quedaba depositado a la espera de ser embarcado para la Argentina. En 1943 el monto total de dichas acreditaciones ascendió a 5.885.436,60 m$n.

Cuadro 1. Créditos por adquisiciones (1943)

Cuadro 1

Fuente: Memoria Anual, Ejercicio 1943, DGFM.

Si comparamos los cuadros 1 y 2, vemos que el total de los créditos abiertos por el BCRA (5.885.436 m$n) supera en más de dos millones de pesos al total de las importaciones de la DGFM del año 1943 (3.850.963 m$n). Sumando los créditos (cuadro 1) y las importaciones efectivas a determinados países (cuadro 2), la DGFM comprometió 9.746.419 m$n para compras al exterior.

Cuadro 2. Movimiento de importación de DGFM (1943)

Cuadro 2

Fuente: Memoria Anual, Ejercicio 1943, DGFM. Anuario Comercio Exterior de la Rep. Argentina 1944.

Este gasto nos lleva a confrontarlo con las importaciones totales de la República Argentina por grupos de artículos, registradas en los Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior (cuadro 3). Observando los cuadros 1, 2 y 3, el total de las importaciones de la DGFM (3.850.963 m$n) representó solo el 0,4 % del total (942.048.400 m$n) gastado por Argentina en compras al exterior durante todo el año 1943. Y el 1 %, si se suman las importaciones a pagar por la DGFM con los créditos abiertos por el BCRA. No obstante estos números, los volúmenes de importación de la DGFM en algunos países fueron porcentualmente más altos. Las importaciones provenientes de España representaron el 2,4 %, de Perú, el 3 %, de Chile, el 4 %, y de Alemania, el 5,5 % del total de las importaciones argentinas provenientes de dichos países (ver cuadro 2).

Cuadro 3. Importación argentina por grupo de artículos (m$n por 1.000)

Cuadro 3

Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina. Comercio Exterior. Varios años.

La DGFM disponía importante cantidad de dinero durante la guerra. El presupuesto correspondiente al ejercicio 1943 muestra un incremento de 40.390.488 m$n en recursos y plan de gastos (aprobado por Superior Decreto n.º 4.708 el 6 de agosto de 1943). El aumento del presupuesto esos años se fundamentó en la necesidad de la DGFM para encarar “importantes planes de trabajo encomendados” y la construcción de fábricas y plantas industriales. Por otra parte, el total destinado para adquisiciones en el exterior fue casi 90 millones de pesos (divisas extranjeras convertidas a moneda nacional).[13]

Las dificultades de la guerra le permitieron al Estado nacional legislar para aumentar la capacidad de producción en bienes sensibles a la defensa. El ritmo de los trabajos llevados adelante por la Dirección llevó “a prever la inversión para el próximo ejercicio de 1944 del saldo de 11.470.000 m$n, restante de los 50.000.000 m$n otorgados por la Ley n.º 12.709”.[14]

Por lo tanto, el sistema de defensa argentino, a través de la autarquía de la DGFM, tenía disponibilidad interna de dinero para adquirir los elementos necesarios requeridos por el complejo militar industrial. Pero las carestías argentinas eran de índole externa (los países europeos en guerra) y, particularmente, políticas (el Departamento de Estado de los EE. UU.).

Cuadro 4. Importación por grupos de artículos (toneladas)

Cuadro 4

Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina. Comercio Exterior. Varios años.

Argentina y las importaciones estratégicas durante la posguerra

Las importaciones del rubro maquinaria y vehículos disminuyeron hasta 1944, cuando alcanzaron el mínimo de los últimos años: el 5,46 % de lo importado en 1938 (cuadro 4). Casi todos los grupos de artículos caen a su mínimo ese año. En 1943-1944 se manifiesta el corte de relaciones comerciales con los Estados Unidos. La prohibición estadounidense de proveer al mercado argentino de los bienes que venía suministrando –ante la persistencia de Argentina en su política de neutralidad– es particularmente notoria en este sector. El país del norte era el principal abastecedor de la industria argentina, y el que se encontraba en mejores condiciones productivas para actuar como proveedor en la posguerra.

Con la finalización del conflicto bélico –luego de que Argentina declarase la guerra a los países del Eje–, las importaciones aumentaron un 44,8 % en 1945 y un 510 % en 1946. A pesar de ello, en 1946, fueron solo el 48 % de las importaciones de maquinarias de 1938. La sextuplicación de las importaciones de 1945 a 1946 es un buen indicador de la demanda contenida e insatisfecha de bienes de capital, consecuencia de las sanciones estadounidenses. Por ejemplo, si bien en estos años se expandió la producción nacional siderúrgica y aumentó la producción de lingotes de acero, tal crecimiento estuvo limitado por la escasez de materias primas e insumos. Se hizo imposible tanto la renovación de equipos, como la importación de trenes laminadores y equipos generadores, por lo que la producción de hierro redondo para la construcción, el más demandado, no pudo cubrir las necesidades internas (Gómez y Ruiz, 2017, pp. 7-15).

1

El rubro hierro y sus artefactos, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, tuvo una gran caída de las importaciones, aún más pronunciada que la ocurrida en los rubros maquinaria y metales sin hierro (cuadro 4). Esto ocurrió hasta 1942, cuando se nivelaron las cantidades importadas de estos tres artículos durante la guerra (ver gráfico 1). En 1942 comenzaron a descender las importaciones de hierro hasta el año 1945, en el que aumentaron abruptamente. Al año siguiente, 1946, continuó el ascenso importador de este rubro, y subió un 346 %, hasta acercarse al nivel máximo de importación de los últimos años (1.034.287 toneladas) ocurrido en 1937 (Anuario Estadístico de la República Argentina, Comercio Exterior, 1944).

2

El gráfico 2 muestra el rápido aumento de los gastos en las importaciones del rubro maquinarias y vehículos en la inmediata posguerra, 1946-1947. Junto a las erogaciones por importaciones de hierro, son los mayores gastos del comercio exterior argentino, lo cual era un llamado de atención para los militares industrialistas (encabezados por el general Savio). Ellos buscaron disminuir estos gastos, para destinarlos a otros fines. Pretendían una cierta autarquía nacional, generando la producción de hierro en yacimientos argentinos –recientemente descubiertos en Zapla (1939) y Sierra Grande (1944)– con el fin de sentar las bases de una industria integrada.

3

Es significativo observar en el gráfico 3 cómo –simultáneamente a la caída en las importaciones de hierro (materia prima para producir acero)– comenzó el ascenso en la producción de acero y laminados en Argentina. Esto solo pudo lograrse fundiendo chatarra ferroviaria y de otros elementos, con alto contenido en hierro, ya que todavía no había comenzado la producción de Altos Hornos Zapla. Esta fábrica recién produjo la primera colada de arrabio (hierro fundido en un alto horno y que contiene gran cantidad de carbono) en 1945, lo que dio origen al Plan Siderúrgico Argentino, instrumentado en la Ley nacional 12.987 de 1947.[15]

4

En la inmediata posguerra, Estados Unidos continuó discriminando a la Argentina en exportaciones de material estratégico, a pesar de que este país cuadruplicó sus compras a la potencia norteamericana (gráfico 4). Las acciones fueron: la restricción de las ventas de carbón y petróleo, a menos que Argentina exportara a los países “correctos”, y el bloqueo a las compras de armamentos (Flores, 2017, p. 47).

Al finalizar el año 1945, el Departamento de Estado todavía recomendaba al Office of International Trade Operations que “las licencias de exportación” no eran para “exportación al ejército argentino ni (exportaciones) encubiertas para el ejército” (Foreign Relations of the United States, 1945, p. 558). En la práctica, el boicot económico siguió hasta 1949 a través de restricciones impuestas por funcionarios de la ECA (Economic Cooperation Administration), administradores del Plan Marshall de ayuda a Europa, quienes obstaculizaban el comercio europeo con Argentina.[16]

Integración territorial y descentralización industrial

Las fuertes restricciones que impuso Estados Unidos a las importaciones argentinas de equipos, materias primas y armas –como se vio anteriormente– remiten al antecedente vivido por el general Enrique Mosconi en 1922. Por entonces, Argentina no producía nafta de aviación, y la que se consumía era provista por una empresa estadounidense, West India Oil Co. Nuestro país poseía ricos yacimientos en la Patagonia, pero “importaba el combustible necesario para su vida, su defensa y su seguridad”. Cuando aquel año West India Oil negó una venta si el dinero no le era entregado en el acto, Mosconi comprendió que, en caso de conflicto armado, “esto importaba una situación de peligro” (Mosconi, 1983, pp. 29-30). Entonces dedicó su vida a la exploración, a la explotación petrolera y a la formación de técnicos argentinos para el autoabastecimiento. De modo semejante, y en continuidad, debe considerarse la corriente industrialista seguida por la DGFM: la unión entre defensa, exploración minera, integración y desarrollo industrial.

Como ya se vio en la introducción, el entonces coronel Manuel Savio, el 11 de mayo de 1938, presentó al Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley Orgánica de Fabricaciones Militares. El objetivo primordial del proyecto era atender a la defensa nacional, tanto en tiempos de paz como de guerra. Luego de ingresar el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación el 15 de junio de 1940, fue sancionada con fuerza de ley en septiembre de 1941, y promulgada el 9 de octubre de 1941 bajo el n.º 12.709. De este modo, se creó la DGFM, cuyo primer director fue el entonces coronel Savio. Quedaron bajo su dependencia (aparte de cinco fábricas militares que ya dirigía) la Fábrica Militar de Aviones (Córdoba), dos fábricas militares, Equipos y Material de Comunicaciones (San Martín), el Vivero Forestal Pirané (Formosa) y el Establecimiento Siderúrgico Andalgalá (Catamarca). En poco tiempo comenzaron a proyectarse nuevas plantas industriales en diferentes puntos del país. Para “la instalación de las nuevas plantas se tuvo en cuenta la necesidad de descongestionar la Capital Federal”. El objetivo planificado era alejarlas de los grandes centros urbanos e instalarlas en algunas provincias (Tucumán, Córdoba, Río Negro). El Gran Buenos Aires representaba el 69 % del consumo eléctrico del país. El plan era racional: para aliviar el gasto en combustibles de las usinas térmicas a las nuevas industrias, había que “acercarlas a las fuentes de energía hidroeléctrica”.[17]

Durante el primer ejercicio de la DGFM (1941-1942), se realizaron estudios geológicos en todo el territorio nacional, no solo con vistas a inventariar los recursos mineros aplicables a la defensa, sino también con el objetivo de su “incorporación al patrimonio nacional”. Estos fueron los resultados por provincias:

  1. Jujuy: el plan de explotación del yacimiento de hierro de Zapla recibió la aprobación del Poder Ejecutivo, según Decreto n.º 131.496 de fecha 17 de noviembre de 1942.
  2. Catamarca: estudios geológico-económicos sobre los minerales de cobre de Capillitas.
  3. Mendoza: yacimientos de cobre conocidos con el nombre de Mantos de Cobre, Salamanca y Zona del Nevado, incluyendo yacimientos de vanadio existentes en ella. También realizaron un estudio de las minas de carbón asfáltico denominadas El Cóndor, en las nacientes del Río Diamante.
  4. Córdoba: yacimientos de minerales de cromo en Calamuchita, y las minas de cobre denominadas El Tío, Tauro y Tacurú.
  5. Chubut y Santa Cruz: se hallaron importantes yacimientos de cobre en Tres Cerros (150 km al sudoeste de Puerto Deseado) y depósitos de blenda, galena, hierro, cobre y aluminio en Lago Fontana (420 km al oeste de Comodoro Rivadavia).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo al Plan de Movilización Industrial, alrededor de 60 establecimientos industriales civiles habían encarado la fabricación de materiales de guerra. También continuaron los estudios geológicos, de cobre (Mendoza y Catamarca), en yacimientos de manganeso (Córdoba y Santiago del Estero), en yacimientos de plomo (Mendoza, San Juan y Neuquén), en los depósitos de azufre (Salta) y en yacimientos de uranio (Córdoba, San Luis y Mendoza). Otro estudio técnico de importancia en el desarrollo industrial del país fue la producción racional de carbón de madera, estudio de tipos de carbón de leña aptos para el empleo siderúrgico y del consumo de arrabio en Altos Hornos Zapla.

Cuando se constituyó la DGFM (1941), la conformaron 10 fábricas militares. En 1944 ya eran 18 establecimientos, sumando a las sociedades mixtas que fueron constituidas con capitales privados, y –en su mayoría– del Estado. Para el año 1973, esos establecimientos llegaron a 24, y en 1988 eran 29 (ver anexo). De este modo, años después de su inicio, la Dirección continuó expandiéndose e integrando su plan industrial a otras localidades del país: en Formosa, el Centro Forestal Pirané; en Mendoza y Salta, el Centro Geológico Minero y Salta Forestal; en la Provincia de Buenos Aires, SOMISA, Fábrica Naval de Explosivos Azul, Petroquímica Bahía Blanca (PBB); en Río Negro, HIPASAM.[18] La concentración de industrias militares en la Región Metropolitana pasó de 30 % a 24 % en 1988. Una desconcentración que llevó décadas, aunque derivó en una nueva concentración industrial (55 %) en la Provincia de Buenos Aires. Esta tendencia general al descongestionamiento fabril del Gran Buenos Aires, propiciada por la DGFM, fue lograda parcialmente en las décadas de 1960 y 1970 mediante políticas de promoción industrial en algunas provincias.[19]

Fábrica Militar San Francisco (FMSF)

En el año 1944, nació FMSF con el objetivo específico de producir municiones para armas portátiles. Así, en agosto de dicho año, inició la fabricación de vainas y balas calibre 7,65 mm. En 1947 se agregó la producción de cartuchos 9 mm. Pero en 1950 comenzó una etapa diferente. Coincidiendo con el cambio productivo de la DGFM (ver gráfico 5), FMSF pasó de la fabricación militar a la civil, construyendo motores eléctricos de baja potencia. En 1958 inició la fabricación de cadenas de transmisión a rodillos, elementos que hasta entonces eran provistos exclusivamente mediante la importación. También, vinculada a la producción de hierro, produjo el 60 % de los requerimientos nacionales de discos de arado. En 1969, por la capacidad técnica de sus máquinas y de su personal, FMSF cumplió las normas internacionales para fabricar bogies. Ferrocarriles Argentinos entonces le confió la provisión de 600 bogies de trocha angosta (Malatesta, 2015, p. 13).

El impacto de la Fábrica no solo fue a nivel local, sino también a nivel regional. Constituyó uno de los pilares de la industrialización del este de la provincia de Córdoba. Al requerir distintos bienes, servicios profesionales y técnicos provenientes de todo el país, resultó propulsora de establecimientos fabriles subsidiarios, y también de la actividad comercial.

FMSF aportó un positivo beneficio en la constante formación y capacitación de técnicos y obreros especializados. La Fábrica Militar, según el extitular de Asociación de Trabajadores del Estado, “fue una verdadera escuela donde se aprendió mucho, de allí salieron grandes industriales que pusieron empresas en la ciudad y aún hoy muchos continúan aplicando conocimientos que adquirieron allí” (Chiappero, 2018). Con el impulso dado por la Fábrica Militar a las industrias locales (metalúrgicas, plásticos, maquinarias, etc.), y como consecuencia del auge del período 1950-1970, en 1971 la localidad de San Francisco constituyó un parque industrial. Desde entonces, dicho parque ha crecido, y actualmente (en una población de 62 mil habitantes) cuenta con 147 empresas radicadas, 3.000 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos. Además, forma un polo educativo asociado con la Universidad Tecnológica Nacional y tres escuelas técnicas.[20]

Altos Hornos Zapla (AHZ), Palpalá

En el año 1939, Wenceslao Gallardo y Ángel Canderle descubrieron un yacimiento de hierro en las serranías de Zapla, próximo a la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Poco después, en 1942, se aprobó un convenio entre la provincia y la DGFM, con el fin de la explotación del mineral de hierro y su procesamiento siderúrgico. Al inicio de 1943, el establecimiento industrial creado recibía el nombre de Altos Hornos Zapla (AHZ). Y alrededor de él comenzó a formarse una población: Palpalá.

El 11 de octubre de 1945, se realizó la primera colada de arrabio utilizando un único horno y materias primas argentinas. Esa actividad fue el inicio de un cambio en la vida de la zona. Los primeros directores del complejo industrial fueron el capitán Enrique Carlos Lutteral (1943-1947) y el coronel Armando H. Martijena (1947-1956), quienes sostuvieron el proyecto siderúrgico del general Manuel Savio. Con el aporte técnico de la empresa sueca Svenska,[21] se pudo comenzar a suplir el faltante de arrabio para la industria siderúrgica nacional. Hasta ese momento, las plantas productoras de acero en Argentina utilizaban chatarra nacional e importada. Y la capacidad de laminación era satisfecha con una gran proporción de palanquillas importadas –la industria siderúrgica existente dependía en un 70 % de materias primas importadas (Boto, 2012)–.

Cuadro 5. Producción en AHZ (toneladas)

Cuadro 5

Fuente: Bergesio y Castillo, 2012.

El proceso de mejoras en AHZ fue paulatino. Luego del acontecimiento que significó el primer alto horno (1945) –que pudo funcionar con carbón vegetal a falta de mineral argentino–, se inauguró el segundo alto horno (1951). Así fue completándose la primera etapa de la producción de arrabio. Entonces, el coronel Martijena elaboró un informe técnico (1957) para ampliar el ciclo del arrabio produciendo acero. De este modo, en 1959 entró en funcionamiento el tercer alto horno, iniciándose la etapa dirigida a la futura producción de acero. La modernización de la fábrica siguió con la inauguración del cuarto alto horno (capacidad de producción diaria de arrabio: 125 toneladas) en 1964. Ese año fue clave ya que también comenzaron a operar las plantas de acero (acero Thomas y acero eléctrico) y de laminación (Blooming). Así pudo cumplirse el objetivo planificado por Martijena: una industria integrada con productos laminados para el consumo. A partir de las mejoras tecnológicas de los años 60, se dio, simultáneamente, una mejora sustancial en la infraestructura y en las condiciones sociales de Palpalá. Para 1970 las nuevas plantas de acero de AHZ producían el 7,18 % de la producción nacional.

En 1976 comenzó a funcionar el quinto horno (capacidad de 250 toneladas de producción diaria de arrabio) y generó una transformación del proceso siderúrgico que se manifestó en el incremento de la producción, tanto del arrabio como de los diferentes tipos de acero (cuadro 5). A mediados de la década del 80, AHZ contaba con 472 viviendas, fomentaba la industria del carbón, la minería y numerosas industrias subsidiarias. Pero, luego de más de 40 años de expansión, ingresó en una instancia regresiva. Declinaron los planes de producción con reducción de las extracciones de mineral. En 1990 se paró completamente la explotación de la Mina 9 de Octubre. Finalmente, la privatización de la empresa acentuaría fuertemente los despidos que impactarían en la caída del crecimiento de Palpalá. Esta caída (32 %) fue superior al decrecimiento intercensal de localidades industriales semejantes. Y de un impacto comparativo mayor, frente al leve descenso del crecimiento de la población nacional (ver gráfico 6).

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AHZ se caracterizó por tener una comunidad laboral articulada, con vínculos generacionales. El mercado de trabajo en la empresa se nutría de los hijos de trabajadores, que asistían a la Escuela Nacional de Educación Técnica General Savio, creada en 1958. “Zapla era una escuela para los que querían aprender”, con instructores “de Alemania y otros países”. “Y los que no aprendieron quedaron en el camino” (Bergesio y Golovanevsky, 2016, pp. 51-106).[22]

HIPASAM, Sierra Grande

En 1944, un poblador del entonces territorio de Río Negro, Manuel Reinero Novillo, realizó en Sierra Grande el descubrimiento del mineral que formaba parte del yacimiento de hierro más grande de la Argentina. Posteriormente, la DGFM se hizo cargo del yacimiento e inició un plan de actividades que le permitiera continuar con los estudios exploratorios.

En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se llamó a licitación para la exploración de Sierra Grande. A tal fin se creó la Empresa Minera y Siderúrgica Patagónica (MISIPA), un holding formado por los principales empresarios siderúrgicos nacionales y la empresa alemana Ferrostaal. En 1960 MISIPA ganó la licitación con el objetivo de continuar los estudios del yacimiento y construir el proyecto extractivo del hierro, si fuera factible. La coincidencia entre los militares industrialistas y las políticas desarrollistas del presidente Frondizi constituyó una gran oportunidad para que se explotara la riqueza mineral de Sierra Grande. Los militares consideraban que el hierro, elemento estratégico para la defensa, no podía depender –como se vio en la Segunda Guerra Mundial– de las condiciones de otros países para su importación. El gobierno también impulsaba la explotación del hierro argentino con el fin:

  1. de evitar la salida de capitales por importaciones,
  2. de establecer una industria de base para ganar la “batalla del acero“, y
  3. de lograr la descentralización demográfica e industrial para integrar y desarrollar todo el territorio nacional.
Sierra Grande significa no sólo acero nacional […] significa la expresión resuelta de la voluntad nacional de reproducir la pequeña obra de riego del Alto Valle en escala regional […]. La conjunción del acero con el petróleo, el gas natural y la hidroelectricidad patagónicos, constituye el signo definitivo de que a lo largo y a lo ancho de la Patagonia proliferarán ciudades de equilibrada y armoniosa pujanza, evitándose los efectos perniciosos de la concentración política, económica y cultural que caracteriza al litoral del país, particularmente en torno al puerto de Buenos Aires.[23]

Pero la empresa nunca llevó a cabo el plan de explotación, por lo que, durante la dictadura del general Juan C. Onganía, la DGFM retomó la posesión de los yacimientos conforme a la Ley 17.331, sancionada el 5 de julio de 1967. Recién en 1969, luego de que no se presentaron oferentes en una nueva licitación, el gobierno decretó la creación de Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (HIPASAM), empresa mixta formada por la DGFM (80 % del capital), el Banco Nacional de Desarrollo y la provincia de Río Negro, con los mismos objetivos establecidos en el gobierno de Frondizi: abastecer de materia prima a la industria siderúrgica, SOMISA, y crear un “polo de desarrollo en la Patagonia”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó un crédito de 150 millones de dólares. Para conceder esa suma de dinero, el BID impuso, entre otras cláusulas, a los asesores de las firmas suecas Sweco y Widmark & Platzer.

El impacto operado en la población rionegrina por HIPASAM siguió los mismos patrones que AHZ en Palpalá, o FMSF en San Francisco. El censo de 1970 asignó 402 pobladores a la localidad de Sierra Grande. En 1973 había 1.130 obreros trabajando para HIPASAM y otras empresas.[24] Esto multiplicó la construcción y los servicios de tal modo que el censo nacional de 1980 registró 9.585 habitantes en Sierra Grande. Pero la tendencia cambió. Luego de numerosos conflictos en la mina y despidos de obreros,[25] la tasa de crecimiento intercensal de Sierra Grande cayó de 2.284 % (1970-1980) a 16 % (1980-1991). En 1991 se registraron 11.192 habitantes. Y en mayo de 1991, el gobierno decretó la intervención de la empresa y el cese de su producción.

HIPASAM es recordada por sus trabajadores como “una gran escuela, donde los obreros aprendían el manejo de grandes maquinarias, física, química, geología y mecánica”. Además, como instructores estaban “los mejores profesionales de obras del país, la gente que hizo el Chocón”, junto a “los suecos de Widmark & Platzer”.[26]

SOMISA, San Nicolás

En 1946, el general Manuel Savio presentó un proyecto de ley que establecía el Plan Siderúrgico Nacional, el cual, entre otros puntos, creaba la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA).​ La ley fue aprobada por el Congreso (n.º 12.987) en junio de 1947. Por el artículo 25, se asignaba 80 millones de pesos “como aporte del Estado para la formación del capital”. Y disponía que “el 51 % del capital accionario se computara como aporte de la DGFM”. No obstante, en la primera memoria de SOMISA se observa que (aunque el monto fue menor) el aporte accionario de la DGFM fue porcentualmente mayor al previsto: 16 millones de pesos (80 %) sobre un total suscripto de 20 millones de pesos.

A pesar de las señaladas limitaciones políticas provenientes del gobierno de los EE. UU., la DGFM presidida por Savio suscribió el 19 de enero de 1946 a un convenio con ARMCO Argentina S.A. (filial de American Rolling Mill Company), que consta en el artículo 16 de la Ley 12.987. Por dicho convenio, esa empresa se obligó a la preparación de planos y al estudio de la Planta Siderúrgica a instalar en San Nicolás. También debía presentar el plan definitivo de la Planta, dentro del año de la aprobación del convenio.[27] Si bien el impulso inicial del financiamiento con EE. UU. fue realizado por el general Savio, luego de su muerte continuó. Durante las dos presidencias de Perón, el programa siderúrgico avanzó, aunque lentamente, por las dificultades financieras que atravesaba el país.[28]

El 13 de marzo de 1948, fue suscripto un contrato que establecía términos para el cumplimiento de las obligaciones por la instalación de la Planta básica de acero. En el contrato, ARMCO Argentina S.A. y The ARMCO International Corporation asumieron la dirección técnica del proyecto, construcción y puesta en marcha de la planta. A consecuencia de gestiones iniciadas a mediados de 1954, el Export-Import Bank de los Estados Unidos acordó con SOMISA, el 9 de marzo de 1955, un crédito de hasta 60 millones de dólares para ser invertido en la adquisición de equipos y la contratación de servicios técnicos en EE. UU.

El crédito otorgado entró en vigencia en 1956 y cubría en ese momento el 60 % de las adquisiciones, calculadas en 100 millones de dólares (ver gráfico 7, entre 1956-1957). Su plazo de vigencia era de 22 años, amortizándose en 36 cuotas semestrales a partir del 31 de diciembre de 1959, con un interés del 5 % anual. El Banco Central de la República Argentina garantizaba la operación.[29] De este modo, se comprueba que hubo gestiones financieras y contrataciones con empresas nacionales y extranjeras, previas al año 1955, para avanzar en la construcción de la planta prevista por la ley (ver cuadro 6).[30]

Además, EE. UU. (a pesar de que imponía límites a las contrataciones de los equipos necesarios para erigir la planta integral de acero) no relegó a la Argentina en su propósito de establecer una industria siderúrgica similar a la de Brasil. El país vecino había firmado con el estadounidense Export-Import Bank, en mayo de 1941, un préstamo por 20 millones de dólares, inferior a los 60 millones otorgados a la Argentina en 1956 (para idéntico fin) por la misma entidad financiera. De igual forma, en la construcción de Companhia Siderurgica Nacional, en Volta Redonda, participaron las mismas empresas estadounidenses que luego construyeron SOMISA.[31] Pese a los obstáculos comerciales y financieros puestos por los EE. UU. ante la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, las negociaciones (con firma de convenio) para obtener financiamiento comenzaron en 1946. Aunque se efectivizaron diez años después, por diversos motivos. Y en gran medida por ausencia de su gestor, el general Savio, fallecido en 1948.

Cuadro 6. Empresas contratadas durante la construcción de SOMISA (DGFM)

Cuadro 6

Fuente: Elaboración  propia con datos de Memorias y Balances de SOMISA, 1947/1961.

SOMISA fue la columna vertebral del Plan Siderúrgico Argentino, impulsado por el general Savio y continuado por su asistente, el general Pedro Castiñeiras, al frente de la Sociedad.[32] Conformó una gran planta de ciclo integral para la producción de arrabio, aceros, productos semiterminados y chapa laminada en caliente, cuyo objeto fue abastecer el mercado local y complementar la actividad del sector público con la del sector privado. El acto de apertura se realizó el 25 de julio de 1960 a cargo del presidente de la nación, Arturo Frondizi, mediante el encendido inaugural del Alto Horno n.º 1, “María Liliana”. Luego SOMISA se consolidó como la industria de referencia de todo el sector siderúrgico argentino. Entre las empresas que SOMISA ayudó a formar, se encontraba HIPASAM, Río Negro, constituida por Decreto 4045/69 del Poder Ejecutivo nacional.

Sin embargo, el desarrollo nacional propiciado por el presidente A. Frondizi –considerando la desconcentración/descentralización industrial y demográfica de la Región Metropolitana– encontró desinterés entre los empresarios por la falta de incentivos. El titular de Techint quería instalar su empresa siderúrgica en Ensenada. Prefería “los alrededores de Buenos Aires”, cerca de “las 50 o 60 grandes empresas consumidoras de productos siderúrgicos“; no en una patagónica “localidad inhóspita donde hasta el agua escasea” (Rocca, 1964).

Capacitación profesional para la industria de la defensa

Como hemos visto, la figura del general Manuel Savio fue fundamental en las industrias de la defensa. En 1924, siendo capitán, Savio fue destinado a Europa como miembro de la Comisión de Adquisiciones en el Extranjero. Asistió en Francia a las clases del capitán de artillería Jean Dumez, donde aprendió nuevas ideas sobre la organización militar. Fue así como, a su regreso de Europa, Savio fundó, en 1930, la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino (EST), destinada a la formación de los ingenieros militares. Inspirada en la Escuela Superior Técnica de Artillería de Francia, la EST también dictó un curso denominado Movilización Industrial, en el cual se establecían los fundamentos de la defensa argentina para las futuras décadas.[33]

En ese curso, Manuel Savio exponía que en las “guerras modernas” las fuerzas morales eran tan importantes o más que las fuerzas materiales de una nación. Así lo había demostrado la Primera Guerra Mundial. Alemania debió su éxito inicial a su excelente “capacidad científica y eficiencia técnica”, que le permitió superar a países más ricos en recursos, pero que no estaban organizados para utilizarlos. Por ese motivo, las “fuerzas morales”, la calidad de los ingenieros y técnicos, estaban incluidas en la capacidad bélica de una nación (Savio, 1973, p. 20).

En relación con la educación, Savio fue crítico del sistema imperante en los talleres civiles o del Estado. En esos lugares observó que técnicos especialistas “gringos” eran contratados durante años para el funcionamiento de máquinas de cierta complejidad. Ese “tutelaje”, que “no siempre ha sido fundamentado”, iba “contra nuestras escuelas y universidades”, sostenía Savio. Pero, no obstante su apoyo a la educación técnica estatal, Savio no alentó la participación competitiva del Estado en el proceso industrial, ya que consideraba que existía ineficiencia económica estatal por falta de control técnico superior, desinterés en ubicar a los jóvenes ingenieros en lugares directivos y ausencia de criterios de idoneidad para la elección del personal directivo. La solución no la ubicaba en la antinomia librecambio o proteccionismo. Savio prefería la cooperación entre el Estado y la actividad empresarial privada.

Con el propósito de impulsar la formación de personal técnico especializado, la DGFM facilitó las instalaciones y fábricas bajo su control para que realizasen estudios de perfeccionamiento para los alumnos de las universidades, de escuelas industriales y técnicas. Posteriormente, asignaron becas con cargo a los fondos de su presupuesto, para que los estudiantes completaran aquellos estudios. Así fue elaborado un plan de becas –plan que se cumplía todos los años– con el fin de proporcionar a estudiantes universitarios y de las escuelas técnicas la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos en fabricaciones de tipo militar. En 1949 se instituyeron 18 becas para universitarios y 30 para alumnos de escuelas industriales, que fueron cubiertas dando preferencia a egresados o a estudiantes de los dos últimos cursos de las carreras de ingeniería, ciencias exactas y técnicos en las especialidades de química, mecánica y electricidad.

Estas prácticas fueron continuadas por SOMISA. Desde sus primeros ejercicios, la empresa se ocupó del entrenamiento del personal técnico. Pero también realizó una selección de jóvenes para capacitarlos en el exterior del país. Durante el Ejercicio 1956/57, SOMISA continuó seleccionando jóvenes ingenieros, egresados de universidades argentinas, a quienes enviaron a los Estados Unidos y Europa para realizar períodos de entrenamiento y capacitación, teniendo en cuenta la importancia del personal técnico necesario para la operación de una planta siderúrgica y la carencia en el país de personal experimentado en tales tareas. El propósito del Directorio era intensificar dicha preparación, mediante un programa de vastos alcances, que incluían el entrenamiento y capacitación de “grupos estructurados”, de acuerdo con las especificidades técnicas de sus funciones.

En el Ejercicio 1961/62, se dictaron 45 cursos con 1.080 asistentes y un total de 12.000 horas-hombre de enseñanza. Como complemento de esta actividad docente, se dieron 9 conferencias dictadas por técnicos especialistas. También entregaron 49 becas a alumnos de facultades y de escuelas industriales para que cumplieran planes de estudios en la planta. Por otra parte, acordaron becas a posgraduados que cursaban la Escuela de metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aíres. Ese fue el período de crecimiento más rápido de la empresa. En cuatro años se cumplieron las metas proyectadas, por la DGFM para la Sociedad Mixta, en 1944.[34]

Durante el período 1963-1964 –consolidada la etapa inicial de construcción y funcionamiento–, la empresa buscó ampliar el número de personal calificado. Ingresó el 45 % de “técnicos sub-profesionales, empleados administrativos y auxiliares”. Los “capataces y supervisores” incrementaron un 25 %, y el número de “operarios” solo un 10 %. Fue el inicio de una nueva etapa: la expansiva. El objetivo propuesto consistió en aumentar la productividad de la planta hasta alcanzar las 1.100.000 toneladas de acero por año. Esta ampliación significó también diversificación productiva, nuevas líneas de producción y el mejoramiento de la calidad de los bienes. El nuevo personal técnico sería el encargado de realizar las tareas especializadas para lograr esa expansión.

Entre 1965 y 1966, hubo un aumento del peso relativo de los profesionales argentinos y una disminución de los técnicos extranjeros. En 1965 ingresaron 29 profesionales y en 1966 llegaron otros 105, elevando el número total del sector “profesionales universitarios” a 215. Inversamente, los “técnicos extranjeros” disminuyeron. En 1964 había 38 técnicos extranjeros, y dos años después solo 17. De este modo –a pesar de los años trascurridos–, se cumplía otra de las líneas directivas trazadas desde 1933 por el general Savio: disminuir el “tutelaje” profesional extranjero.[35]

En los Ejercicios posteriores a los años 1973-1974, cuando fue incorporado el nuevo convertidor, la acería LD (Linz-Donawitz), se alcanzan y superan los objetivos de producir 1.100.000 toneladas de acero por año (ver gráfico 11). Esa incorporación tecnológica permitió alcanzar un mayor grado de eficiencia y productividad, elaborando bienes de mayor calidad y variedad. En 1974 se aprobó un plan para ampliar la producción a 4 millones de toneladas de acero crudo por año. Pero, a partir de 1975, la expansión se dio en un contexto adverso de crisis económica y achicamiento del mercado interno.

Luego de aumentar cada año el número de participantes en los cursos de capacitación (CC) que SOMISA realizaba en el país, en el Ejercicio 1980/81 se observa una caída abrupta de estos. Por el contrario, el número de horas en dichos cursos continuó incrementándose. Esto indica que había disponibles mayor cantidad de horas de capacitación por participante (gráfico 8).

La reducción del número de participantes en los CC del exterior del país (a diferencia de los cursos en el país) fue acompañada por recortes en el número de horas de capacitación. Desde el Ejercicio 1980/81, la caída en el número de horas en el exterior no se recupera, hasta equipararse con el número de horas/capacitación por participante en Argentina (gráficos 9 y 10).

Esto tiene la siguiente explicación. El Ejercicio 1980/1981 fue un año crítico para la siderurgia argentina. La recesión de la economía argentina y la sobreoferta de acero en el mundo actuaron negativamente sobre las ventas de SOMISA, que fueron 34 % menores que las del Ejercicio 1979/80. Esto generó reducciones en el personal, particularmente en horas extras y contratistas. En total la reducción significó el 20 % en horas-hombre. Al año siguiente, pese a las dificultades mencionadas, y a una guerra perdida con Gran Bretaña, el plan educativo de cara al futuro de la empresa continuó. El 30 de diciembre de 1982, SOMISA firmó un convenio con el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), por el que se creaba la Escuela Técnica Privada de Fábrica. Tenían previsto enseñar a 720 alumnos en las especialidades de electrónica, mecánica y eléctrica.

El objetivo era incorporar a futuros egresados de la Escuela a los equipos técnicos o comunidades de trabajo existentes en la empresa, entre las que se destacaba el Taller de Reparaciones Eléctricas de la Acería Siemens Martin, donde se había desarrollado un sistema de protección para electroimanes que disminuyeron las reparaciones de naturaleza eléctrica en más de un 50 %.[36]

No obstante, los tiempos estaban cambiando en contra de la industria siderúrgica. El aumento de la producción a partir de 1984 (grafico 11) no encontraba salida en el alicaído mercado argentino. Y la crisis, indicada en el título Altos Hornos Zapla (AHZ), tuvo efecto similar en SOMISA. La observación de las tasas de crecimiento entre los censos de empleados de AHZ y SOMISA indica una caída en los mismos períodos (gráfico 12). Este patrón señala similitud entre la crisis de la demanda nacional del acero y el decrecimiento intercensal en las localidades de Palpalá y San Nicolás (ver gráfico 6).[37]

Conclusiones

Hemos visto que las medidas restrictivas a las importaciones de materias primas y maquinarias impuestas por los EE. UU. a la Argentina, durante la Segunda Guerra Mundial, no impidieron el crecimiento de muchas empresas argentinas. Pero también observamos que, al finalizar la conflagración internacional, las empresas estadounidenses (y luego de otros países) fueron convocadas para instalar el Plan Siderúrgico Argentino (PSA).

Anexo. Fábricas y establecimientos con participación de la DGFM (1941-1988)

7_parte 1

7_parte 2

En respuesta a los interrogantes planteados, ¿hubo desinterés de los gobiernos peronistas en el desarrollo industrial del acero? Se puede sostener que los datos mostrados en el título SOMISA, San Nicolás, señalan que, durante los gobiernos peronistas (1946-1955), se constituyó SOMISA y que todos los años hubo avances tendientes a la terminación de la planta siderúrgica. Nada indica entonces desinterés de esos gobiernos en la ejecución de las obras propuestas por la DGFM; sí, tal vez, la celeridad no fue suficiente por las dificultades económicas que atravesó Argentina. A partir de 1949, con la caída del valor y el monto de sus exportaciones, hubo escasez de las divisas, necesarias para realizar las importaciones requeridas e impulsar el PSA.

El concepto de guerra integral implicaba el autoabastecimiento industrial para la defensa y la capacidad del Ejército para requerir recursos del Estado y la sociedad. Con sus diferencias (que implicaba la aceptación social de la guerra continua o disolución del período de paz), este concepto perduró varias décadas hasta la última dictadura militar.

La continuidad de las políticas industriales, planificadas por la DGFM desde 1941, es manifestación de que hubo confluencia entre militares y políticos desarrollistas. Este elemento aglutinante comenzó a resquebrajarse a partir de 1983, luego de la debacle militar tras la derrota en Malvinas (1982) y el juicio a las Juntas Militares, durante la recuperada democracia argentina. Pero también el plan industrial-militar, con base en la industria siderúrgica, se derrumbó por la crisis económica de la demanda interna. A partir de 1991, las privatizaciones afectaron no solo al personal de las empresas del complejo militar-industrial-siderúrgico (SOMISA, AHZ, HIPASAM, FMSF), sino también a las poblaciones vecinas, consideradas “polos de desarrollo” regionales.

¿Fueron ineficaces las industrias militares para promover el desarrollo en las provincias? Algunos autores afirman la ineficacia de la DGFM en impulsar ciertas industrias. No obstante, la eficacia de la DGFM para impulsar la industrialización no puede medirse solo por los costos-beneficios en la implementación de las empresas mixtas o estatales. Para una evaluación completa de la eficacia, también se deben considerar los objetivos implícitos de la Dirección: la multiplicación de las empresas proveedoras locales y el factor social del impacto en el empleo regional.

La importancia asignada por la DGFM al factor social de la defensa quedó evidenciada en los sistemas de becas para formar técnicos especializados, los cursos de capacitación y los planes de estudio en la formación de “grupos estructurados”. También, a lo largo de la investigación, pudo visualizarse la emergencia de un actor intermedio entre la empresa y el técnico: las comunidades de trabajo. Estas, de acuerdo a testimonios diversos, se dieron particularmente en FMSF, AHZ, HIPASAM y PBB con vínculos entre el personal superior, ingenieros, técnicos y obreros. Pero no se encontraron –fuera de SOMISA– registros de horas de capacitación ni los cursos realizados.

La derrota argentina en la guerra por las Islas Malvinas, el repliegue del gobierno militar, la recuperación de la democracia y el juicio a las Juntas significaron el final político de las doctrinas de la “defensa nacional” y de la “seguridad nacional”. El desprestigio social en el que cayeron las Fuerzas Armadas posiblemente afectó también a la capacitación civil y a la formación de comunidades de trabajo en las industrias para la defensa. Lo cual tuvo un golpe extra con las privatizaciones de las empresas en órbita de la DGFM, al inicio de la década de 1990.

Por último, vemos que se alcanzaron parcialmente dos fines para los cuales fue creada la DGFM. Primeramente, por las restricciones impuestas durante la Segunda Guerra Mundial, la exploración y explotación para obtener materias primas para la defensa. Luego, la movilización industrial y la producción descentralizada de materiales de guerra, necesaria para sostener “el ejercicio pleno de la soberanía”. Los casos analizados de las localidades de San Francisco, Palpalá, San Nicolás y Sierra Grande muestran cómo solo en casos aislados pudo cumplirse ese aspecto del plan militar industrial. La desconcentración industrial fabril del litoral metropolitano con el ejercicio de la soberanía territorial y la integración productiva de distintas regiones del país no se profundizó. El Estado resignó esos objetivos en función de los mayores beneficios que representaba para sus socios privados la mejor infraestructura portuaria litoraleña y la cercanía a los proveedores y clientes. El PSA, eje de aquel proyecto industrial nacional iniciado por el general Savio, finalizó en 1991 con la privatización de SOMISA. Así, Argentina se plegó a las sugerencias de consultoras externas, subordinando su búsqueda de relativa autonomía industrial en materia de defensa y afrontando las consecuencias sociales de la desindustrialización regional.

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  1. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) adscrito al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), Buenos Aires, Argentina.
  2. El proyecto inicial fue realizado en 1937 por el entonces coronel Manuel Savio, y presentado al Poder Ejecutivo el 11 de mayo de 1938 (Larra, 1980, pp. 46-47).
  3. Art. 3, Ley 12.709.
  4. En este artículo se utilizan indistintamente los términos “descentralización” o “desconcentración” para referirse al concepto de promover el desarrollo industrial en regiones más alejadas de la gran Región Metropolitana (Campana-B. Aires-Ensenada). Ver Observatorio metropolitano. Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En bit.ly/39esSOz.
  5. DGFM, Memoria Anual 1945.
  6. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1945.
  7. En la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, Río de Janeiro, enero de 1942, el Departamento de Estado buscó la unanimidad de los países americanos en la ruptura de relaciones con el Eje: Alemania, Italia y Japón.
  8. DGFM, Actas de Directorio (1942-1970).
  9. Ibidem, Acta 93, n.º 7, 19/5/1943.
  10. La DGFM tenía capacidad para realizar compras en el exterior, apartándose del proceso de licitación “cuando existan razones de urgencia”, Art. 11, Ley 12.709 (1941). A los certificados impuestos por los EE. UU., se sumaban otros, “necesarios para la importación de materiales de procedencia europea”. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1943.
  11. DGFM, Memoria 1er Ejercicio 9/X/41-31/XII/42.
  12. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1943, fs. 85.
  13. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1943, fs. 88. El Movimiento de Fondos de 1943 registró un incremento en los ingresos “por todo concepto” del 60 %, en relación con el Ejercicio 1942. Ver DGFM, Memoria Ej. 1943, fs. 85.
  14. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1943, fs. 53.
  15. Para 1957 en toda la Argentina existían: 9 plantas productoras de acero, con una capacidad de 250.000 toneladas de lingotes, y 44 plantas laminadoras con una capacidad de un millón de toneladas.
  16. Escudé (1983, pp. 322-330).
  17. DGFM, Memoria Anual Ejercicio 1945, fs. 13.
  18. Durante los años 1976-1978, la DGFM transfirió a la Armada su participación en Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), el Centro Forestal Pirané a la provincia de Formosa y Salta Forestal a la provincia de Salta (Ugalde, 1983, p. 82). Pero la producción del Centro Forestal Pirané, al igual que Altos Hornos Zapla, en 1990 siguió siendo considerada parte de la DGFM (Cavicchia, 2003, p. 106). En 1975 nació Petroquímica Río Tercero (Atanor 51 %, YPF 38 % y DGFM 11 %). A fines de la década del 80, se vendieron las acciones de YPF y DGFM a Atanor. En 1988 las acciones de DGFM (22 %) en Atanor fueron adquiridas por Compañía Química (Bunge y Born). También las acciones de DGFM (30 %) en las sociedades mixtas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca pasaron a los socios mayoritarios (Müller, 2009, p. 101). En 1969 DGFM se asoció con la firma Ohler Eisenhan de Alemania Federal y constituyó Aceros Ohler S.A. (Boto, 2012, p. 8). Aceros Olher cerró en 1979. Véase Prensa Obrera, 17 de junio de 2017.
  19. Fritzsche y Vio (2000).
  20. Véase bit.ly/3nszZZ4. Acceso: 20 de marzo de 2020.
  21. A Svenska Entreprenad se le adjudicó el proyecto e instalación del primer alto horno. Pese a la neutralidad de Suecia, durante la guerra los planos de la obra fueron requisados dos veces por buques de los EE. UU., y no llegaron a destino. Pero pudo superarse el bloqueo estadounidense microfilmando los planos y enviándolos en una filmadora (Larra, 1980, p. 97).
  22. La DGFM buscó realizar exploraciones y explotaciones mineras a fin de obtener las materias primas necesarias para, mediante la movilización industrial del país, producir armas. Así surgió el proyecto del Plan Cordillerano (1960). Este fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo era el desarrollo técnico, económico y social integrado. Las provincias de Mendoza, San Juan y Neuquén fueron las primeras en participar. Le siguieron Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, con el Plan para el Desarrollo del Noroeste Argentino (NOA) (1966), basado en el convenio DGFM-Consejo Federal de Inversiones (1965). Fue el primero y único plan de desarrollo regional en el mundo del PNUD. El plan NOA abarcaba un radio de 800 kilómetros de abastecimiento de industrias subsidiarias alrededor de Palpalá. Este polo de desarrollo buscaba la promoción industrial de industrias minero-metalúrgicas como iniciadoras de procesos de integración industrial. El Plan pretendía impulsar el arraigo poblacional de familias y la capacitación de mano de obra especializada para las nuevas industrias de la región. Algo similar ocurría con el Polo Petroquímico Bahía Blanca. La capacitación de los profesionales y los técnicos se realizaba en la planta, en la Universidad del Sur y otras instituciones, con un elevado nivel de exigencia de acuerdo al Programa del PNUD. Este objetivo, propuesto por Frondizi, de formar polos de desarrollo regionales fue consecuencia de la Ley 16.964/66 (Martín et al., 1980) (Jorge Gatica, ingeniero químico de la Universidad Nacional del Sur y Cleveland State University, correo electrónico al autor, 1 de marzo de 2020).
  23. Discurso del presidente Frondizi en Sierra Grande, 28 de enero de 1961 (Frondizi ,1982, p. 86).
  24. Río Negro, 27 de noviembre de 1973.
  25. Los conflictos eran de larga data, aunque se agudizaron desde la recuperación de la democracia (1983) con el debate sobre la reducción del déficit fiscal, la viabilidad de las empresas públicas y el gasto que representaban para el Estado. Pero había otras razones. HIPASAM nunca alcanzó a reemplazar la provisión de hierro realizada desde Corumbá (Brasil) a SOMISA; y posteriormente la creación del Mercosur otorgó a Brasil el papel de productor de hierro en perjuicio de HIPASAM. También el interés empresario de los hermanos Juan y Roberto Alemann (señalados propietarios del transporte del hierro desde Brasil) abogó por el cierre de la empresa desde los principales diarios nacionales (Gournalusse s/f (b), pp. 1-3).
  26. Enrique Miqueo, trabajador de HIPASAM, 1974-1979, correo electrónico al autor, 21de junio de 2019. Véase también Gournalusse (2012).
  27. SOMISA, Memoria 1.º Ejercicio 1947-48. Véase también Belini (2007, p. 73).
  28. En mayo de 1952, se inició la construcción del puerto industrial, y a fines de 1954 la obra llegaba al 51 % del total. El mismo año se firmó un contrato con la empresa Otto (Alemania) para adquirir los elementos necesarios a la producción de coque y subproductos. Durante 1953-1954, se adjudicó a Mac Kee & Co. (EE. UU.) la provisión de materiales y equipos, y el montaje del primer alto horno. También la DGFM adquirió equipos de Checoslovaquia, en una subasta realizada en Nueva York (Martín et al., 1980, p. 195).
  29. El crédito acordado fue firmado en febrero de 1956 (ver Castiñeiras, 1964, p. 8). Además, “las contrataciones en EE. UU. estaban limitadas a parte de los equipos y servicios necesarios para erigir la Planta integral de acero”. SOMISA, Memoria y Balance, 8 ° Ejercicio 1954-55.
  30. El 50 % de las empresas contratadas para la construcción de SOMISA fueron argentinas, el 22 %, estadounidenses, y el 13 %, alemanas (ver cuadro 6). Aunque, según el monto del dinero invertido, las empresas estadounidenses estaban en primer lugar.
  31. Esas empresas fueron: Arthur G. Mc Kee & Co, United Engineering, Westinghouse (Export-Import Bank of Washington 1959, p. 142). El crédito del Export-Import Bank para la Companhia Siderurgica Nacional se autorizó meses antes de ingresar EE. UU. (y Brasil) en la Segunda Guerra Mundial. Luego, en diciembre de 1941, firmaron un contrato suplementario por 5 millones de dólares adicionales. La Planta Siderúrgica comenzó a funcionar finalizada la guerra, en 1946 (Dinius, 2010, pp. 1, 34-38).
  32. Por diferencias con el gobierno peronista, P. Castiñeiras fue pasado a retiro en 1954. Tras el golpe militar de 1955, el Ejército lo restituyó a la actividad y fue ascendido a general. Dirigió SOMISA desde el 1.° de julio de 1955 hasta el 31 de octubre de 1971 (Gabiniz, 2013, p. 39). Estatutariamente, el Directorio de SOMISA sometía a la consideración de sus accionistas la memoria correspondiente al Ejercicio que cerraba el 30 de junio de cada año. El nuevo presidente del Directorio (Castiñeiras) se hizo cargo de todo el Ejercicio 1955-56, a partir del 1.º de julio de 1955, aunque formalmente asumió luego del golpe de septiembre de 1955. Después de 16 años, fue reemplazado por el general Oscar M. Chescotta (Primo, 2011, p. 97; Carminati, 2011, p. 4). Chescotta, durante la dictadura de Onganía, al frente de la DGFM tuvo la misión de convertir a SOMISA en rentable, sin cargas para el Ministerio de Economía. Primera Plana, 12 de noviembre de 1968.
  33. Desde 1916 el Colegio Militar de la Nación dio cursos de posgrado en ingeniería militar. De allí egresó y dictó clases el capitán Manuel Savio. A partir de 1930, los egresados de la EST recibirían el título de oficial ingeniero militar. Anteriormente, los militares con título de ingeniero eran graduados de la Universidad de Buenos Aires (Visca, 2015, pp. 29- 68).
  34. DGFM, Ejercicio 1944, fs. 79. El testimonio de los trabajadores corrobora que en 1960 comenzó la coquería, “después siguió el Alto Horno, después acerías Siemens Martin, después vino tochos y palanquillas, laminación en caliente, laminación en frío y después hojalata […]. No había casi nada, y cuando Frondizi se fue estaba todo armado” (Gabiniz, 2013, p. 45).
  35. “Movilización Industrial”. Savio, 1973, p. 153.
  36. Primo, 2011, p. 222.
  37. En 1980 la producción siderúrgica argentina solo cubría las dos terceras partes de la demanda nacional. En 1990 ya había duplicado los requerimientos del mercado nacional, por causa del aumento de la producción y la retracción del consumo interno. Esto obligó a SOMISA a competir en el mercado externo para colocar su producción excedente. SOMISA representaba más del 50 % de las exportaciones siderúrgicas argentinas, transformándose en un competidor importante en 1990, cuando fue sujeta a privatización (Decreto 1398/90) ante un informe de la consultora Braxton Associates. El 73 % de los desempleados por la privatización de SOMISA pertenecían a San Nicolás, lo que impactaba fuertemente en el tejido social del pueblo (Rofman y Peñalva, 1995, pp. 60-61, 67). Véase también SOMISA, Boletín informativo 29, 1989, p. 12.


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