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4 Nuevo esquema de relaciones políticas

Las reconfiguraciones del escenario político en ambos casos precedieron a los períodos de ejercicio de gobierno, que se verían condicionados tanto por las nuevas posiciones de los distintos actores como por las coyunturas e iniciativas en materia de política pública propuestas desde los gobiernos nacionales. En este capítulo se recortan, para la descripción, los períodos que abarcan desde las asunciones de los gobernadores hasta el momento previo a la presentación de los pedidos de juicio político.

La actividad de gobierno implica una disputa permanente por la imposición de una direccionalidad en las políticas públicas, la cual es dirimida en la interacción entre distintos sectores y en distintas arenas. Así, para describir las características de cada uno de estos períodos de gobierno resulta necesario estudiar los debates políticos, el papel de los agentes institucionales y los conflictos entre sectores y las organizaciones participantes en las actividades políticas (Lagroye, 1994).

La disputa se desarrolla, en primer lugar, al interior del ámbito político, que es entendido aquí como una zona de endo-determinismo que cuenta con una lógica propia que, independientemente de lo que los actores quieran o crean, rige en gran medida sus cálculos y jugadas (Dobry, 1988). Es necesario agregar ahora que las relaciones sociales constitutivas de esta lógica se encuentran, además, altamente objetivadas en instituciones y rutinas.

En la medida en que se mantiene una configuración relativamente estable de las posiciones de los actores, la actividad propia de este ámbito consolida una red de agradecimientos mutuos, es decir, las relaciones entre sus protagonistas tienden a funcionar de modo corporativo (Dobry, 1988). Alternativamente, la modificación de las posiciones al interior del ámbito político puede erosionar o romper estas redes de agradecimientos, desestabilizando su actividad rutinaria.

Este capítulo aborda ambas dimensiones, describiendo las interacciones al interior del ámbito político desde dos perspectivas complementarias: por una parte, el accionar de los encargados de la administración en cada caso y, en segundo lugar, las tomas de posición de otros actores que participan del juego político de modo relativamente protagónico.

4.1. Gobernadores, gabinetes, políticas

Al realizar un análisis de políticas públicas uno de los interrogantes centrales es la relación existente entre competencia electoral y acción pública. En otros términos, se trata de establecer en qué medida los actores políticos elegidos son efectivamente, hoy en día, los que deciden las orientaciones adoptadas por las acciones gubernamentales (Cfr. Surel, 2006).

Se pueden rastrear en la literatura la existencia de dos grandes orientaciones para describir el accionar de los representantes electos, éstos pueden: a) asumir o reforzar un conjunto de programas y de proyectos lanzados por sus predecesores, es decir, mostrar un accionar cautivo de rutinas y de dispositivos institucionalizados y normalizados sobre los cuales tienen poco dominio y, b) conducir a cambios brutales de la acción pública que rompan las lógicas de aprendizaje y los ajustes que caracterizan la acción pública rutinaria (Surel, 2006).

Esta segunda orientación es menos usual, siendo posible generalmente ante una situación que genera una ventana política: cuando la política cambia las políticas (Kingdon, 1995). Desde esta perspectiva es posible afirmar que una alternancia gubernamental, al ofrecer una coyuntura favorable y suscitar una motivación importante de los actores a cargo de la decisión, puede conducir a cambios significativos en el proceso de elaboración y de implementación de políticas públicas (Lagroye, 1994).

En la medida que la noción de ventana política refiere a situaciones de alternancia en los gobiernos, resulta pertinente para dar cuenta de las administraciones de Jorge Escobar y Alfredo Avelín, ya que ambas comparten el carácter de representar cambios en el color político del Ejecutivo provincial. En este apartado se busca describir cómo orientaron su accionar político las nuevas autoridades frente a los escenarios que los precedieron y qué decisiones[1] tomaron durante sus administraciones.

4.1.1. La reforma del Estado

En 1991, una vez electo el nuevo gobierno provincial, se inició un proceso de transición que abarcaría los meses de agosto a diciembre, el cual estuvo caracterizado por roces y contradicciones entre funcionarios salientes y entrantes. Dos puntos centrales estuvieron presentes durante el período, acentuándose a medida que se acercaba el cambio de gobierno.

Por una parte, la situación de las finanzas provinciales. La administración bloquista se ocupó de publicitar la existencia de superávit fiscal como producto de su buena administración: el nuevo gobierno recibiría una provincia ordenada. Del otro lado, el gobernador electo planteaba la necesidad de un reordenamiento del Estado, en clara sintonía con el clima de época y los lineamientos nacionales sobre la necesidad de reformas estructurales. Este discurso daba por sentada una crisis en el Estado provincial y ponía de manifiesto como problema a resolver el déficit crónico de las finanzas públicas. Para la administración por asumir, una de las maneras de resolver este déficit pasaría por el achicamiento de la planta de personal, definido desde un criterio tecnocrático.

Por otra parte, y consecuentemente con este primer aspecto, se discutió largamente en la LP una ratificación de la vigencia de la Ley de Emergencia Económica (LEE), que sería aprobada pocos días antes de la asunción de Escobar, en un claro gesto conciliatorio por parte del PB. También en el ámbito legislativo se dio un intenso debate sobre la Ley de Saneamiento Financiero (LSF), una ley ómnibus que el justicialismo promovía en el marco de la política nacional de reducción del gasto y que requirió dos sesiones autoconvocadas y un escándalo mediático para lograr ser sancionada cuatro días antes de la asunción del nuevo gobernador.

Un tercer elemento que marcaría la transición sería la designación del gabinete entrante, que generaría tanto sorpresas como roces al interior del justicialismo. El gobernador electo se escudaba en la política nacional para afirmar la posibilidad de convocar figuras extrapartidarias. El funcionario más claramente extrapartidario sería Leopoldo Roberto Steso, secretario de la función pública, una de las piezas clave del proceso de reforma del Estado. El gabinete contaba además con otras figuras como el ministro de hacienda, Ricardo Luque y el de Producción, Luis Prieto, funcionarios que tampoco formaban parte de la dirigencia histórica del justicialismo pero constituían un gabinete ideado para implementar las medidas de corte neoliberal que se habían planteado desde la campaña.

Este equipo era resistido más o menos veladamente por sectores del justicialismo, porque los nombramientos de funcionarios outsiders contradecían una premisa tácita de la política local: la retribución del apoyo militante durante la campaña con el otorgamiento de cargos en el Estado, sobre todo, en una provincia tan dependiente del empleo público como San Juan[2]. No obstante, este gabinete se formaría según los lineamientos del gobernador fundamentalmente por dos motivos: Jorge Escobar se había ganado un espacio propio debido a su capacidad de llevar el justicialismo al gobierno y, además, necesitaba una estructura que le permitiera tomar las decisiones que requería la profundización del proyecto nacional, al que el conjunto de los sectores adherían. En su discurso de asunción Jorge Escobar reafirmaba la definición de reestructurar el Estado provincial, que considerada “quebrado” por la implementación sostenida de políticas poco acertadas. Sus primeras definiciones como gobernador contribuían a la instalación en agenda de la problemática del ajuste.

El posicionamiento de la problemática en la agenda, un gabinete organizado en sintonía con el discurso neoliberal y un marco legal propicio fueron los elementos que coadyuvaron a que el período inicial de la administración escobarista mostrase un carácter fuertemente proactivo. La LEE permitía al gobernador apuntalar su discurso sobre la crisis, que requería una intervención inmediata mediante la LSF para evitar mayores desajustes en la situación provincial: a cinco días de asumir, Jorge Escobar declaraba que el Estado provincial no podía seguir manteniendo el déficit y que estaba dispuesto a asumir el costo político de las medidas necesarias.

Durante los primeros meses del nuevo gobierno se implementaron cinco grandes medidas que cambiaron las políticas. La primera de estas decisiones fue una política de “racionalización” del Estado provincial. En enero de 1992, el gobernador firmó una serie de decretos para el ordenamiento de la planta de personal que implicaron una revisión de todos los nombramientos realizados desde la sanción de la Ley de Emergencia Económica, la implementación de un plan de retiro voluntario y una propuesta escalonada de achicamiento del número de agentes de la administración pública[3].

Leopoldo Roberto Steso, secretario de la función pública, era el encargado de implementar y justificar esta decisión de gobierno que tenía como resultado inmediato el despido de 750 agentes de la administración pública que habían sido designados en los últimos meses de la gestión bloquista. En la misma línea, unos meses más tarde se promulgó el decreto 595/92, que ponía en marcha un sistema de retiro voluntario para los empleados de planta permanente, con el objetivo de reducir la masa salarial, alentar la actividad privada y “racionalizar” el Estado.

El impacto económico, político y simbólico de las políticas de reforma era evidente: en julio de 1992 el ministro de economía Domingo Cavallo hacía un especial reconocimiento a la administración del gobernador Jorge Escobar, mientras criticaba a otras administraciones provinciales en busca de producir nuevos ajustes. Haciendo eco de los pedidos nacionales, en los meses siguientes se profundizarían las medidas de reforma: en el mes de octubre el gobierno de San Juan dispuso el congelamiento de vacantes de la administración pública y una reducción de personal de no menos del 10 por ciento de los cargos respecto del 10 de diciembre de 1991 (por decreto 630/92). La norma también planteaba la creación de un Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CERE) que sería presidido por el gobernador y se encargaría de resolver el destino del personal en situación de disponibilidad. Asimismo se implementó, a partir del mes de julio, un nuevo régimen laboral en la administración pública que implicaba dos bandas horarias para atención al público y definía tipos de dedicaciones con distintos sueldos y horarios. Además de implementar medidas modelo, el gobierno de Escobar utilizaba como estrategia de legitimación un discurso academicista, que se ocupaba de apuntalar, por ejemplo, organizando junto al INAP y la UNSJ, el Segundo Seminario Nacional sobre Reforma del Estado en mayo de 1992.

La segunda de las grandes decisiones tomadas por la administración escobarista fue la transferencia, en febrero de 1992, de 55 colegios nacionales a la provincia, convirtiendo a San Juan en la primera provincia en aplicar esta medida. La subordinación a la política nacional significó que, a diferencia de otras jurisdicciones que reclamaron fondos extras, San Juan comprometiera su coparticipación para hacer frente a la transferencia. Postura que estaba en sintonía con las declaraciones del ministro Cavallo quien proponía a los gobernadores priorizar la educación dentro de los destinos posibles de los recursos provinciales. Espíritu que se vería reflejado en que, pese a los cuestionamientos de distintos actores, el gobierno definiera destinar fondos para realizar dos aumentos salariales al sector docente en los primeros seis meses de su administración.

Si bien ninguna de las políticas adoptadas se salía de la tónica nacional, el rasgo distintivo de la implantación en la provincia era su radicalidad: la definición oficial de deshacerse del déficit que provocaban los ferrocarriles fue tan tajante que en pocos meses se decretó el cierre de todos los ramales que conectaban a San Juan. La Nación definió deshacerse de los ferrocarriles en 1992, privatizándolos y/o provincializándolos. Pasado un período de anuncios oficiales y licitación, y ante la falta de inversores privados interesados, en julio de 1992 el gobernador definió que se cerrarían todos los ramales provinciales a partir de enero de 1993.

La adopción de la política nacional también se dio en el ámbito crediticio: la provincia inició tempranamente un proceso de endeudamiento con organismos internacionales. En marzo de 1992, el gobernador gestionó créditos con el supuesto objetivo de financiar micro-emprendimientos, un modo de acelerar el proceso de ajuste incentivando la actividad privada. No obstante, la mayor parte de estos créditos se utilizaron para sanear las finanzas provinciales, aunque también se implementaron medidas de “modernización” del Estado, tales como la informatización del sistema de rentas para el que se solicitaron réditos al Banco Mundial. La política de endeudamiento era un pilar fundamental del modelo neoliberal, y esto se traducía, por ejemplo, al ligarse la posibilidad de contar con recursos a cuenta de futuras privatizaciones. En este ámbito el gobierno provincial, si bien se plegaba a la tónica nacional, buscaba marcar una diferencia acentuando la racionalidad en la dinámica sanjuanina. El ministro de producción, Prieto, era el encargado de remarcarla en abril de 1992, cuando se desató un escándalo por la privatización de Gas del Estado en la que estuvo involucrado un diputrucho. En la provincia, afirmaba, lo que se estaba realizando era un saneamiento, no una venta de “las joyas de la abuela”.

Dos puntos en los cuales el gobierno provincial marcó distancia permanente de los lineamientos nacionales fue en cuanto a las políticas de Coparticipación Federal y la Promoción Industrial, ambas encuadradas dentro de lo que podría denominarse acción política rutinaria (Surel, 2006) ya que eran puntos que precedían a la administración escobarista, y que, en tanto tales, se mantuvieron presentes en este período y suscitaron acciones conjuntas de negociación con los demás actores provinciales.

Con cifras récord de recaudación en las arcas de la provincia, los primeros cien días de gobierno fueron ocasión para una amplia operación publicitaria. El discurso del gobernador buscaba evidenciar los resultados positivos del proceso de transformación que atravesaba la provincia y explicitaba su concepción voluntarista sobre la acción de gobierno, articulada en torno a una retórica del sacrificio y el altruismo.

4.1.2. Austeridad

Alfredo Avelín se desempeñó como gobernador durante dos años y siete meses, a lo largo de los cuales fue tomando distintas posiciones frente a una problemática persistente que signaría toda su administración: la necesidad de realizar ajustes en las finanzas provinciales.

En paralelo con la Nación, 1999 fue un año de transición política. Cinco de los siete meses que separaron la elección y la asunción de las nuevas autoridades provinciales estuvieron dedicados a la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, donde triunfaría ampliamente la Alianza. Para la administración de Alfredo Avelín esto significaba tanto una ratificación de los apoyos (el 55.1 por ciento de los sanjuaninos votaron a la fórmula presidencial de la Alianza), como un marco de contención en un proyecto nacional que parecía consolidarse. En ese marco, la coalición provincial consensuaba un gabinete que reflejaba su heterogeneidad: el ministro de economía sería del PB y el ministro de gobierno de la UCR. La retórica de la austeridad se instalaba tempranamente en la relación del gobernador con sus ministros: les indicaba explícitamente orientarse a bajar el déficit presupuestario en todos los lugares posibles (disminución de cargos políticos, pasajes, viáticos, teléfono, electricidad, etc.)

La transferencia del mando estuvo precedida por una doble tensión con el gobierno anterior: por una parte, Avelín insistía en auditar a la administración saliente, buscando legitimar el discurso de la herencia recibida con cifras concretas respecto al gasto y sus finalidades durante el escobarismo; por su parte, el justicialismo buscaba impugnar a dos diputados aliancistas entrantes por supuesta incompatibilidad de funciones. Ambos conflictos fueron desactivados poco antes de realizarse la ceremonia de asunción del nuevo gobierno en una salida negociada. En su primer discurso como gobernador, y en consonancia con la retórica aliancista nacional, Alfredo Avelín ponía el acento en el combate a la corrupción y la austeridad como bases de su administración, dos conceptos que retraducía en una lógica propia, característica de un tipo de político que había pertenecido a otro tiempo histórico.

Las primeras medidas de gobierno se orientaban hacia la reducción del gasto público: se eliminaron áreas del gobierno provincial, se implementó un plan de retiro anticipado, el gobernador redujo su salario y eliminó las movilidades oficiales. La mayoría de estas medidas tendrían escaso impacto en la situación financiera provincial, constituyendo finalmente una operación publicitaria del gobierno, un ejemplo de lo que se ha llamado política simbólica (Edelman, 2002). Otro eje de acción política de similares dimensiones se orientaba al combate a la corrupción: la remoción de altos jefes policiales y una apelación a hacer públicas situaciones irregulares en la gestión anterior.

La administración de Avelín-De la Rúa estaba condicionada de antemano por los lineamientos económicos aplicados durante la década del 90: un esquema convertible que iba rápidamente transformándose en un lastre difícil de sobrellevar. Pese a que los pilares sobre los cuales se apoyaba se habían debilitado profundamente, el modelo de la convertibilidad tenía un amplio consenso social (Castellani, 2008). ¿Desde dónde plantear entonces una alternativa al ciclo de convertibilidad y endeudamiento? La orientación general de la acción pública en este contexto podría caracterizarse mediante la noción de no-decisión (Cfr. Jobert, 2004; Barach, 1963).

La definición nacional de mantener la continuidad del modelo fue crucial en relación a los recursos provinciales, ya que el marco de crisis económica y recesión, sumado a los requerimientos del FMI para otorgar nuevos créditos, orientaba la política nacional hacia el ajuste fiscal[4]. Bajo el peso de la inercia del modelo previo, la deuda pública de la administración de Avelín se incrementó en más de 62 millones de pesos en los primeros seis meses de gobierno, sin que mediara nuevo endeudamiento. En paralelo, la provincia presentaba un déficit mensual de 12 a 15 millones de pesos, lo que hacia finales de 2000 significó la elevación de la deuda total a más de 1200 millones (Ruffa, 2005b). Este endeudamiento tenía como una de sus finalidades la realización de grandes obras de infraestructura para las que se habían comprometido las finanzas de ese momento y de años subsiguientes. Frente a una obligación que consideraba difícil de afrontar, el gobierno convocó a los distintos sectores a fin de legitimar la decisión de suspender las obras hidroeléctricas que requerían mayor endeudamiento para su financiación.

En noviembre de 2000, la problemática financiera se haría presente fuertemente en ambas escalas, nacional y provincial, traduciéndose en la firma de un pacto fiscal, mediante el cual se intentaba frenar la dinámica deficitaria de las provincias, que se comprometían a ajustar sus economías. En San Juan, el pacto implicaría un conjunto de medidas que incluían un 20 por ciento de recorte en el presupuesto, un ahorro de 60 millones y el congelamiento del gasto público hasta el 2005. Dada la importancia del empleo público en la provincia, y su impacto en el presupuesto, el ministro de economía, Enrique Conti, propuso como única salida un recorte en los salarios.

Alfredo Avelín no quería recortar salarios de empleados estatales. Fue la decisión más relevante de su administración. Dio marcha atrás con el pacto, lo que repercutió en un incremento del déficit provincial y significó el inicio de un ciclo de falta de pago en los salarios de los trabajadores estatales que se mantendría presente durante el resto de su gestión. Las sucesivas medidas gubernamentales adoptadas en 2001 con el fin de lograr el equilibrio presupuestario, llevaron al Estado nacional, que teóricamente garantiza los contratos privados, a incumplir los propios (Sidicaro, 2003), lo que se reflejó sobre la redistribución impositiva federal. La política de ajuste presupuestario se mantuvo vigente, incluso ante los cambios en el ministerio de economía nacional. La salida de José Luis Machinea y posterior asunción de Ricardo López Murphy en 2001 marcaron un nuevo intento de recorte, cuyo fracaso apresuró la renuncia del funcionario a escasas semanas de asumir (Schvarzer, 2003).

La siguiente medida fiscal de emergencia fue delineada de la mano del nuevo ministro, Domingo Cavallo, quien dispuso en julio de 2001 la política de “déficit cero”. Sin mediar mayores recursos, el gobierno provincial adhirió inicialmente a esta medida, pero la negativa del gobernador a implementar cualquier recorte salarial se tradujo en la propuesta de implementar un bono provincial, en abierta contraposición a la política de ajuste nacional. La estrategia de Alfredo Avelín fue amenazar con su renuncia si no se emitían bonos para pagar los salarios, apelando a la intervención federal como salida ante la resistencia legislativa.

Lo taxativo de la definición impulsó la renuncia del ministro de economía provincial, luego de una sucesión de desmentidas públicas sobre las medidas a aplicar: entre julio y agosto de 2001 se ensayaron diversos tipos de recorte salarial que oscilaban entre el 15 y el 30 por ciento, pero ninguno de ellos fue aceptado por el gobernador[5]. Las confrontaciones públicas entre los actores políticos mostraron las limitaciones que encontraba el gobierno aliancista para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, dada la escasez presupuestaria del Estado. Habitualmente, los límites que los recursos disponibles ponen a quienes dirigen el gobierno, no son captados por los actores (Sidicaro, 2003), pero en este caso formaban parte de las definiciones de la situación del gobernador, quien los explicitaba constantemente.

Los atrasos y recortes de coparticipación, fueron parcialmente resueltos con la implementación de los bonos LECOP[6], pero las soluciones resultaron efímeras en el marco de la debacle económica nacional. La crisis de 2001 tuvo un desarrollo tan vertiginoso que resulta difícil de resumir, y finalmente el gobierno naufragó en medio del caos (Schvarzer, 2003).

El cambio de color político del gobierno nacional en 2001 y la profundización del endeudamiento provincial serían los resortes para reiniciar el enfrentamiento del gobernador con las autoridades nacionales. Ante la falta de fondos, y dada la permanente restricción de recursos por parte de la Nación, Avelín ensayó una serie de medidas poco exitosas para hacer frente a las obligaciones salariales, insistiendo en la necesidad de implementar un bono provincial. En febrero la situación financiera llegaría a un punto álgido: la firma del “pacto federal”, un pacto bilateral entre Nación y provincias que apuntaba a lograr un acuerdo con el FMI, mediante la realización de ajustes en todas las jurisdicciones. San Juan fue el único distrito que se negó a la firma, ya que el acuerdo significaba la eliminación del piso de Coparticipación Federal.

La falta de recursos se tradujo en una profunda crisis en el Estado provincial, la cual se manifestó en la pérdida de las capacidades políticas, burocráticas y administrativas necesarias para realizar normalmente sus funciones, por ejemplo, las relativas a la salud, la higiene pública, la educación y la política social (Sidicaro, 2003). El Estado provincial adeudaba salarios y otros conceptos por más de 100 millones de pesos, lo que ocasionaba una parálisis casi completa en su funcionamiento, siendo incapaz de dar respuesta a sus funciones básicas. En dimensiones esenciales, el Estado mostraba grandes déficits durante el primer trimestre de 2002: los hospitales restringían atención por falta de insumos, no se inició el ciclo lectivo en las escuelas públicas, se suspendió el pago y distribución de ayudas sociales provinciales y no se distribuyó la coparticipación municipal en tiempo y forma, lo que redundaba, por ejemplo, en semanas enteras sin recolección de residuos.

La emisión del “Bono Huarpe” era la alternativa que manejaba Avelín, pero su impresión se demoraba debido a negociaciones con las autoridades nacionales, que se negaban a otorgarle respaldo financiero. La aceptación final de la medida vino de la mano de la firma del pacto bilateral exigido por la Nación, pero las dudas en los funcionarios, sumadas a la resistencia generalizada frente a los bonos implicaron que finalmente no se emitieran. El gobernador ensayó entonces una nueva estrategia: decretó un llamado a elecciones para todos los cargos provinciales para el 4 de agosto. No estaba dispuesto a renunciar, pero proponía en cambio un plebiscito a su gobierno y una salida institucional a lo que se definía desde distintos sectores como una situación de crisis.

La escasa capacidad de construcción de acuerdos del mandatario con otros actores políticos se traducía en lo taxativo de sus declaraciones: pretendía la renuncia de todos los funcionarios electos en 1999 y ante un resultado adverso proponía renunciar dejando a cargo del ejecutivo al vicegobernador, Wbaldino Acosta. Más allá de esta jugada el escenario parecía no modificarse en términos generales: la transferencia de fondos nacionales siguió estando restringida a los estallidos ocasionales vividos en la provincia, situación que se mantuvo presente hasta los días finales del gobernador.

4.2. La dinámica del ámbito político

Pese al rol central del Ejecutivo en la decisión, toda acción colectiva asimilable a una política pública debe ser concebida como producto de la interacción de muchos actores (grupos, organizaciones, asociaciones, aparatos políticos y administrativos), los cuales, buscando un máximo de beneficios sectoriales, intervienen movilizando recursos y estrategias acordes a su posición. La participación en estas interacciones es, en cierta medida, compulsiva, ya que los actores, de permanecer al margen, corren el riesgo de sufrir una devaluación de los recursos o la influencia que se les atribuye (Lagroye, 1994).

A esta imagen de disputa permanente se puede agregar que los procesos de definición y puesta en práctica de políticas públicas son asimilables a “una mezcolanza de interacciones variadas, accidentalmente vinculadas unas con otras, que excluyen todo esquema racional y ponen en contacto a grupos que actúan en función de intereses heterogéneos para resolver problemas que se perciben de distintas maneras” (Lagroye, 1994: 458). Este apartado busca conocer la dinámica de estos procesos de interacción, describiendo las tomas de posición de los distintos actores ante un nuevo sistema de posiciones, y frente a la propuesta de acción política generada desde el Ejecutivo.

4.2.1. Consensos nacionales, conflictos provinciales

En el periodo que precedió a la llegada de Jorge Escobar al gobierno, los diferentes actores comenzaron a tomar posiciones frente al nuevo escenario que se configuraba. El bloquismo se ubicaba ahora como oposición[7], asignándose para sí mismo un rol crítico pero constructivo, diferente de la oposición como fin en sí misma. La retórica de los dirigentes bloquistas coincidía con la de otros actores políticos, tanto de partidos provinciales como nacionales, que se posicionaban frente al nuevo gobierno enmarcándolo en el apoyo general al proyecto menemista.

El Diario de Cuyo era un actor que apoyaba activamente la política nacional con intervenciones explícitas ante cada coyuntura particular. Luego del cambio de gobierno se pronunciaba por la profundización de la política de privatizaciones, contribuyendo a sedimentar el discurso de achicamiento del Estado en pos del saneamiento financiero en el ámbito provincial, aunque matizaba sus afirmaciones a partir de la necesidad de implementar esta política con sentido común. Los representantes de la Federación Económica también serían parte del coro de voces que se sumaron para apoyar las medidas implementadas, por ejemplo, ante el traspaso de las escuelas nacionales al ámbito provincial.

Otro actor que se posicionó frente al nuevo escenario político fue la Iglesia, que expresaba claramente un apoyo al rumbo económico nacional durante una visita de Monseñor Calabresi a la provincia en noviembre de 1991 y lo ratificaba en marzo de 1992 ante la presencia del presidente en la provincia mediante su máxima autoridad local, Monseñor Di Stefano. Estos pronunciamientos ante visitas nacionales indican que las autoridades eclesiásticas optaban por dirigirse a la opinión pública en momentos donde se evidenciaba una sintonía entre funcionarios políticos nacionales y provinciales, destacando la importancia de la conciliación y la conveniencia de las políticas aplicadas.

De modo que el inicio de la gestión de Jorge Escobar tenía como telón de fondo una coincidencia general en el apoyo al rumbo económico trazado por el gobierno nacional de parte de los distintos actores locales. Pero las medidas puntuales implementadas en ciertos temas neurálgicos (y persistentes) eran resistidas por estos mismos actores, formándose por momentos un arco de resistencia provincial que trocaba los apoyos en una confrontación abierta que incluía al propio gobernador frente a la Nación.

Los dos temas más importantes y persistentes en debate serían la coparticipación federal y la promoción industrial. El gobierno nacional impulsaba medidas en estos dos ámbitos, que sumadas a la implementación de la reforma del Estado, ejercerían una presión permanente sobre las autoridades provinciales, que oscilaban entre la aplicación y la resistencia de las políticas en función de las coyunturas específicas (Rodrigo, 2011).

Los actores más visibles durante las confrontaciones serían los diputados de distintos bloques y el gobernador, que se apoyaban mutuamente buscando frenar las medidas de ajuste que incidirían fuertemente en la economía provincial, altamente nación-dependiente. En este marco los actores destacaban en sus discursos la importancia de los recursos nacionales, aunque con matices: el gobernador Escobar planteaba la necesidad de reconvertir la economía y resistía los ajustes mientras tanto, al tiempo que otros actores defendían el federalismo[8]. En paralelo, las tomas de posición sobre debates estrictamente provinciales tensaban las relaciones políticas. Los primeros cien días de gobierno fueron un hito marcado por la gestión escobarista que dio lugar a posicionamientos, fundamentalmente, de diversos dirigentes políticos.

Luego de un discurso que fue transmitido en cadena por la radio y televisión locales, los dirigentes políticos opositores evaluaron los puntos expuestos por el gobernador. Desde la CR Alfredo Avelín Nollens evaluaba críticamente lo expuesto, aprovechando la oportunidad para denunciar la existencia de conversaciones entre el PJ y el PB, sobre las cuales invitaba a la ciudadanía a preguntarse, sembrando un manto de sospecha sobre ambos partidos. El PB, en cambio, tomaba una posición crítica respecto del discurso con declaraciones de mayor o menor grado de confrontación según la jerarquía partidaria de quien hablase, fundamentalmente, porque las acusaciones sobre el mal funcionamiento del Estado provincial implicaban una responsabilización directa a la administración anterior. Leopoldo Alfredo Bravo se hacía eco de las denuncias de la CR, minimizándolas y destacando la capacidad de diálogo del vicegobernador, Juan Carlos Rojas, en un escenario de virtual cogobierno entre tres fuerzas políticas. Al mismo tiempo se mostraba sorprendido y molesto con el discurso de Escobar, destacando la diferencia en los modos de actuar de ambos funcionarios: le proponía públicamente al gobernador ser más diplomático y respetuoso con la gestión so pena de que corriera riesgo su administración.

Una semana después, en la víspera del inicio de sesiones ordinarias de la LP, el vicegobernador visitaba el diario local para exponer el temario. Explicitaba entonces su rol de mediador entre fuerzas políticas, legitimándolo. Dos elementos presentes en las declaraciones del vicegobernador estuvieron ausentes del discurso de inicio de sesiones pronunciado por Jorge Escobar: la retórica peronista y la apelación a un proyecto común. En cambio, el gobernador declamaba una necesidad de unidad y una urgencia de gobernar, con una impronta decisionista en su discurso[9].

Desde las distintas fuerzas políticas se realizaron declaraciones de apoyo a las medidas anunciadas para los distintos ámbitos, ya que el gobernador había repasado cada uno de los ministerios planteando objetivos a corto y mediano plazo. El PB matizaba su posición anterior, mientras que la CR planteaba un apoyo explícito a la propuesta esbozada por el gobernador. Se establecía entonces una breve tregua en las confrontaciones, que duraría apenas un par de semanas.

En abril de 1992 emergía en el escenario provincial un nuevo problema político, que sería crucial para la administración escobarista: la elección del senador[10]. En diciembre de 1992 culminaba el mandato del senador bloquista Eduardo Pósleman y, dado el carácter indirecto de la designación de los senadores en ese momento, la LP debía nombrar a su sucesor durante el período de sesiones que se encontraba recientemente inaugurado.

El oficialismo justicialista aspiraba a ser quien ocupara la banca en el Senado, y esta posibilidad generaba disputas entre los diversos candidatos posibles en el interior del partido. José Ubaldo Montaño, referente de la línea Menem 95 y previamente del comando Escobar gobernador, planteaba la necesidad de resolver orgánicamente la postulación, mediante un congreso partidario o algún tipo de mecanismo de consulta, dada la relevancia del cargo en cuestión. Por otra parte, uno de los precandidatos, César Gioja, expresaba que la mecánica al interior del justicialismo iba a ser de internas, porque estaba claro que había distintos candidatos, inclusive Emilio Mendoza. José Amadeo Conte Grand, presidente del PJ, reafirmaba la necesidad de dialogar con las otras fuerzas políticas, debido al carácter indirecto de la elección.

Desde la CR, Julio Prado, ex-candidato a vicegobernador, secretario del bloque en la LP, expresaba la necesidad de un senador que surgiera de los partidos provinciales, confrontando abiertamente con la posición del justicialismo.

En tanto que el PB no discutía la posibilidad de un candidato propio para la elección, aunque reconocía la existencia de negociaciones con distintas fuerzas políticas. El gobierno nacional había nombrado a Ivelise Falcioni de Bravo en el ministerio del interior, convalidando parcialmente un modo histórico de relación entre ambos partidos[11].

Pese a tales acercamientos, las negociaciones decantaron en otro sentido: se articuló un acuerdo entre los partidos provinciales para resolver el nombramiento del senador. En este clima de hostilidad con el justicialismo, el gobernador asumiría una posición de ajenidad al problema, la cual se mantendría presente durante el resto del conflicto, condicionando su resolución.

Los partidos provinciales habían logrado un acuerdo que era necesario refrendar al interior de la LP. Una oportunidad política fue aprovechada para contar con los puestos necesarios y realizar la elección: el gobernador se ausentaría de la provincia durante una semana y los diputados pidieron una sesión especial para considerar como único punto del orden del día la designación de los senadores sanjuaninos. Habiéndose cumplido los pasos necesarios para el pedido de sesión, con el vicegobernador a cargo del Ejecutivo y la presidencia de la LP en manos de la CR, el desenlace parecía inevitable. Un condimento adicional para el clima de tensión era revelado por Leopoldo Bravo: la negociación no sólo tenía por objeto la senaduría vacante sino también la que habría de renovarse en 1995.

La sesión en la que resultaron electos Alfredo Avelín y Leopoldo Bravo como senadores nacionales pasaría a la historia como “la noche de los senadores”, debido a su extensión: más de ocho horas fueron necesarias para resolver la votación, que se vio interrumpida repetidas veces por incidentes con grupos de manifestantes que ocupaban las barras superiores del recinto. Los prolongados cuartos intermedios se condecían con incidentes más o menos graves que eran protagonizados por incitadores identificados con el justicialismo. Juan Carlos Rojas, en ese momento a cargo de la gobernación, deslindaba responsabilidades y hacía explícita su crítica a las demás fuerzas por sostener una sesión en esas condiciones. La UCR y el PJ condenaron el pacto por antidemocrático, pero los partidos provinciales reivindicaron los nombramientos por encuadrarse en la Constitución. Ante este escenario, Escobar dio por cerrada la discusión afirmando que esta elección no entorpecería la relación con el gobierno nacional.

No obstante, el escenario provincial presentaba nuevas complicaciones. La disputa por los cargos se trasladaría, luego del fallido intento de ocupar la banca senatorial por parte del justicialismo, a la conformación del directorio del Banco San Juan. Las designaciones debían ser propuestas por el Ejecutivo y convalidadas por la LP, y en ese marco los distintos sectores del justicialismo se declaraban interesados en ser escuchados por el gobernador. Emilio Mendoza, presidente del bloque en la LP y dirigente histórico del justicialismo, reclamaba una peronización del gobierno. Luego de intensas negociaciones, sería el ministro de gobierno, un hombre de confianza del gobernador, quien ocuparía el cargo de director, acompañado por un conjunto de funcionarios surgidos del consenso entre diversos sectores del justicialismo que fueron ratificados a regañadientes por los bloques de la CR y PB.

La dinámica de confrontación de poderes se tradujo en ese momento en una demanda de diálogo por parte de los tres bloques mayoritarios, tanto los opositores como el oficialista. Ante el reclamo persistente desde el Ejecutivo se propusieron encuentros de diálogo político, mediante invitaciones cursadas por el propio Jorge Escobar a los presidentes de las distintas fuerzas políticas.

Un tema que comenzó a tener relevancia en este escenario de tensiones sería la situación de los trabajadores de la administración pública, a través de dos reclamos que tuvieron eco en la LP: el pago de retenciones gremiales realizadas por el gobierno a los sindicatos y no transferidas; y la aprobación de una ley que ratificase las 35 horas máximas de servicio y el rechazo a una doble banda horaria en la administración.

Los permanentes requerimientos de ajuste desde el gobierno nacional no se condecían con la agenda que marcaba la LP, y esta dicotomía restringía la capacidad de acción del Ejecutivo. El estrechamiento de los márgenes de maniobra se traslucía en las declaraciones del gobernador, que por momentos ponía en cuestión las posibilidades reales de seguir el ritmo propuesto por la Nación.

Las confrontaciones sobre los ritmos y alcances del proceso de reforma del Estado se mantuvieron vigentes en la provincia y, durante mayo, legisladores y entidades gremiales sostuvieron negociaciones que tuvieron como resultado un compromiso del Ejecutivo respecto al pago de retenciones. Paralelamente al LP votó, no sin debate, el restablecimiento de la ley de 35 horas máximas para administración pública provincial a partir de un proyecto propiciado por la CR y PB. La radicalidad de la medida y su carácter contradictorio con el proceso de reforma fueron los elementos que signaron su destino: poco tiempo después de ser sancionada el gobernador vetó la ley y decretó la vigencia de la doble banda horaria en la administración.

Por otra parte, se mantenían las negociaciones al interior del justicialismo en relación a futuras designaciones. Una vez definido que el ministro de gobierno ocuparía la presidencia del Banco San Juan era necesario nombrar un sucesor, tema que sería la próxima materia de disputas. El nuevo ministro designado fue César Gioja, un dirigente cercano al gobernador que había sido aspirante a la senaduría poco tiempo atrás. Su nombramiento expresa las limitaciones de un proyecto, que se veía cuestionado desde el propio partido, como se trasluce en las palabras de César Gioja que catalogaba de “no mala” la relación entre el mandatario y el justicialismo. Dos nuevos ministros juraron en esa misma ceremonia, en la cual se ratificaba el rumbo político y económico del gobierno, al mismo tiempo que se reconocía una cierta peronización del gabinete.

Paralelamente se mantenía vigente la problemática de los intentos de recorte a los montos de Coparticipación Federal desde el gobierno nacional. También aquí se registraron diferencias significativas. Pese a que se sostuvieron negociaciones para evitar las quitas enfrentando de modo conjunto al gobierno nacional durante los primeros seis meses del año[12], la negociación de un pacto para dar fin a las disputas por parte de los gobernadores se tradujo en distintas tomas de posición. La firma del pacto fiscal, que implicaba una quita del 15 por ciento de los recursos transferidos, era reivindicada como un avance por el gobernador y denunciada como un avasallamiento desde los bloques opositores.

La administración escobarista iniciaba inmediatamente después de la firma del pacto una operación publicitaria sobre los logros de su gestión, intentando revertir el clima de hostilidad apelando al vínculo directo con su electorado. Uno de los elementos que dio a conocer fueron las cifras de recaudación provinciales, que evidenciaban un crecimiento sostenido a partir del cambio de administración. La difusión de los “logros” de la gestión sería la última estrategia implementada por el Ejecutivo en las semanas previas a la presentación del pedido de Juicio Político al gobernador, el 17 de septiembre de 1992.

4.2.2. Confrontaciones y cooperación entre aliados y opositores

En 1999, la transición política que convertiría al justicialismo en oposición por primera vez en casi una década, estuvo atravesada por elecciones presidenciales que ratificaron su derrota provincial y nacional. Ante un panorama poco alentador, los dirigentes justicialistas sanjuaninos se abocaron a una disputa por el nombramiento del Senador que debería reemplazar a Avelín una vez que asumiera[13].

El justicialismo convocó a una sesión extraordinaria de la LP pero, a pesar de contar quórum propio, esta convocatoria fracasó debido a que dos de sus diputados no asistieron. Más adelante el PJ hizo un nuevo intento por quedarse con la senaduría, y remitió un pliego a la Cámara Alta para que el diputado Dante Elizondo fuese nombrado aún sin la aprobación de la LP, tensando la relación con el interbloque de la Alianza en la provincia.

Las disputas internas del PJ eran evidentes en esta transición, no obstante, las nuevas autoridades del bloque buscaban organizar el accionar de los legisladores desde una concepción unitaria sobre el rol de la oposición. Tulio del Bono, vicepresidente del bloque, explicitaba la necesidad de autocrítica dado su desalojo del poder mediante el voto popular, asumiendo al mismo tiempo una actitud de cooperación crítica con el nuevo gobierno.

La extensa transición implicó reacomodamientos también al interior de la coalición aliancista: luego del triunfo en las presidenciales sería el radicalismo sanjuanino el primer partido en iniciar un proceso de alejamiento de sus socios electorales. En los días previos a la asunción de las nuevas autoridades, los dirigentes radicales anunciaron su definición de constituir un bloque propio en la LP. Esta definición aparejó duras críticas de los demás partidos de la Alianza y sería atribuida a la heterogeneidad de culturas políticas al interior de la coalición gobernante. Pese a estas confrontaciones, el radicalismo votó con toda la coalición la designación del senador Juan Carlos Loza el 21 de diciembre de 1999, hecho que cerraba la disputa con el PJ.

El gobierno de la Alianza estaba condicionado de antemano por una problemática que tensaría cada vez más las relaciones entre sus integrantes: el creciente déficit provincial. Las idas y vueltas con diversas propuestas de ajuste –exigido por el gobierno nacional para transferir fondos coparticipables– y el crecimiento de la deuda provincial fueron las constantes del primer año de gobierno de la coalición, al interior de la cual los conflictos se hacían cada vez más manifiestos.

A principios de 2001, la tensión entre poderes se hizo manifiesta cuando, ante la presión por cuestiones puntuales –como el apoyo financiero a viñateros en época de cosecha y la necesidad de contar con equipamiento policial, de salud y educación– el Ejecutivo definió la utilización de Leyes de Necesidad y Urgencia que autorizaban endeudamientos, haciendo uso de una facultad constitucional del Poder Legislativo. La decisión del Ejecutivo fue criticada también por los diputados aliancistas, quienes coincidían en un malestar profundo por el avasallamiento al Poder Legislativo. No obstante, el resultado de los debates ratificaría las medidas propuestas por el gobernador modificando el carácter de las leyes pero manteniendo su contenido sustancial, un gesto de apoyo que, pese al reclamo de diálogo, evidenciaba la ausencia de alternativas[14].

La situación de déficit crónico en las finanzas, sumada a la centralidad del empleo público, convertía a la estrategia nacional de ajuste en una problemática aguda frente a la cual los distintos partidos mostraban matices. El PB impulsaba los recortes como única alternativa, posición expresada tanto por el ministro de economía como por sus legisladores. El radicalismo sostenía una postura ambivalente, sin cuestionar la política pero sin desconocer que la definición de sostener el esquema convertible dejaba poco margen de maniobra a las autoridades provinciales.

Un hito dentro de esta dinámica de dubitaciones y enfrentamientos fue la represión de una protesta de trabajadores estatales que reclamaban por salarios adeudados frente al ministerio de economía el 24 de agosto de 2001. La decisión de reprimir sería cuestionada, en primer lugar, por el FREPASO, que se separaba formalmente de la Alianza a partir de este hecho. Pero las consecuencias más relevantes de esta medida fueron, por una parte, la negativa del gobernador a recortar salarios y, correlativamente, la renuncia del ministro de economía, Enrique Conti, el 25 de agosto de 2001. El ministerio vacante sería cubierto por un fiel aliado del gobernador, Ricardo Ortiz. El personalismo de Alfredo Avelín se reflejaba en el nombramiento, que lo alejaba de sus socios electorales y lo exponía a nuevos cuestionamientos.

La situación financiera de la provincia se complejizaba a medida que avanzaba el año 2001, en el marco de una crisis nacional que matizaba los enfrentamientos entre actores políticos al interior de la Alianza. En una situación cada vez más crítica de déficit y endeudamiento, al conflicto persistente por salarios adeudados con los empleados y docentes estatales se sumaban dos nuevos frentes de tormenta: los reclamos de intendentes por fondos de coparticipación y las elecciones de diputados nacionales en octubre.

Un problema que había comenzado a ser visible en los primeros meses de gobierno era la vigencia de una normativa que autorizaba a los intendentes a endeudarse poniendo como garantía los fondos provinciales, la cual no logró que se derogase. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo de sancionar una nueva Ley de Coparticipación Municipal medida sería rechazada unánimemente por los gobiernos municipales de la Alianza, el PJ y los partidos municipales[15]. Esta iniciativa apuntaba a resolver la permanente demanda de fondos siendo que la Nación retenía los recursos coparticipables para afrontar endeudamientos y exigir ajustes. El conflicto provincia-municipios fue girando desde un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo –los intendentes amenazaron con cerrar los municipios si se modificaba la Ley– a una negociación cotidiana sobre las transferencias y una demanda conjunta a la Nación.

Pese a los resquebrajamientos que había sufrido la coalición durante esta primera etapa de su administración, la Alianza se presentaba unida a las elecciones legislativas de octubre de 2001, que sería la primera elección por voto directo de Senadores después de la reforma constitucional de 1994. Su principal contrincante era el PJ, que se había unificado luego de fuertes disputas internas bajo el Frente Unidos por San Juan, llevando como candidato a Senador a José Luis Gioja, quien tenía amplio respaldo nacional. El justicialismo ganaría las elecciones con un 35.9 por ciento, obteniendo dos senadurías y la Alianza conseguía un 35.3, quedando en segundo lugar por un estrecho margen y obteniendo también una banca en el senado que sería ocupada por Nancy Avelín.

Los desempeños partidarios no serían el dato más relevante en estos comicios, que se vieron atravesados por un fenómeno nacional con amplio impacto en la provincia: el voto nulo, que llegaba al 18.9 por ciento. La incidencia de este fenómeno sumado al alto porcentaje de votos en blanco (5.13 por ciento) y un elevado ausentismo electoral, serían la expresión de un descontento ciudadano que comenzaba a ser visible en los meses previos a la debacle del gobierno nacional (Rodrigo, 2003).

Los resultados electorales se tradujeron en nuevos posicionamientos de los dirigentes políticos tanto en el oficialismo como en la oposición. El justicialismo contaba con mayor presencia nacional y provincial en las distintas cámaras, y José Luis Gioja se convertía en el vocero del justicialismo sanjuanino y nexo permanente con la Nación desde su flamante cargo de Senador. Rol que sería parcialmente aceptado por las autoridades provinciales en un escenario de falta de fondos crónico que tornaba cada vez más compleja la negociación con los distintos actores.

La debacle del gobierno nacional y los sucesos de diciembre de 2001 y enero de 2002 fueron un punto de inflexión en todos los ámbitos de la vida social de la Argentina, de modos tan profundos y complejos que resultan difíciles de resumir. En un contexto de inestabilidad generalizada, los dirigentes políticos provinciales hicieron causa común para sortear las dificultades encolumnándose para sostener al débil Ejecutivo provincial[16].

La estrategia más claramente unitaria frente al terremoto político de diciembre de 2001 fue la organización de un Comité de Crisis, replicando la iniciativa nacional, que empezó a funcionar el 13 de febrero, integrado por funcionarios gubernamentales, representantes de partidos políticos, la Iglesia y distintos sindicatos.

El 16 de febrero, el Comité de Crisis elaboró un primer documento en el cual proponía medidas para la disminución del gasto público. Pocos días después el Comité quedaría sin representación de sindicalistas, intendentes y partidos de la oposición que criticaban el acuerdo sin consulta firmado por Avelín. Solo quedarían participando funcionarios del Ejecutivo, dos legisladores, representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Iglesia y algunos empresarios.

En lo que constituía un enfrentamiento abierto con el gobierno, la Iglesia emitió un documento firmado por Monseñor Delgado, en el cual enfatizaba la responsabilidad de los dirigentes políticos por las circunstancias políticas y la necesidad de tomar medidas drásticas frente a una situación de emergencia social. Llamaba a una profunda reforma del Estado para afrontar decididamente lo que definía como las puertas de un incendio social de proporciones mayúsculas. La Iglesia tensaba entonces al máximo su relación con el gobernador, que reaccionaba frente a las críticas que incluía Monseñor Delgado sobre los cambios en el gabinete: Avelín defendió a sus funcionarios y no hizo caso a la recomendación de designar un nuevo ministro de economía. En marzo de 2001 la Iglesia se retiraba del Comité de Crisis y pocos días después se oficializaba el partido Dignidad Ciudadana, presidido por el vocero de Monseñor Delgado, Alberto Sánchez.

En paralelo se desactivaban paulatinamente los ámbitos de debate surgidos en enero de 2002, al calor de los cacerolazos, escraches y movilizaciones que se llevaron adelante en diversos departamentos de la provincia de San Juan. Sobreviven a este proceso tres organismos asamblearios de diversa naturaleza: el CAI, Cultura Activa y los vecinos Autoconvocados Jachalleros (Ruffa, 2005).

El CAI (Ciudadanos Argentinos Independientes) fue un organismo que se autodefinía como expresión de un conjunto de “argentinos dolidos autoconvocados por la justicia, respeto a las garantías y estabilidad jurídica, una organización civil que tiene como objetivo fiscalizar el accionar de los gobernantes” (Diario de Cuyo 20/02/02). Sus acciones más características eran manifestaciones a la Catedral seguidas de rezos y concentraciones frente a la LP los días martes y sus dirigentes más visibles explicitaban su pertenecían a la Iglesia. Uno de los objetivos que se atribuían como grupo era ser contralores de los poderes públicos y su accionar incluía pedidos de informe sobre presupuesto, planta política y declaraciones patrimoniales de funcionarios.

El 15 de marzo CAI comienza la junta de diez mil firmas para iniciar un pedido de juicio político al gobernador por la falta de medidas para garantizar la paz social y el orden público, amparándose en el artículo 219 de la Constitución Provincial. La campaña de junta de firmas atravesó la actualidad política de la provincia durante algunas semanas, siendo recolectadas en múltiples eventos públicos con apoyo explícito de la Iglesia. La campaña logró recolectar más de cinco mil firmas y el día 26 de marzo fue presentado el pedido ante la LP[17].

Este pedido implicó la activación de los mecanismos institucionales previstos al interior de la LP para resolver su pertinencia. La Comisión de Juicio Político realizaría una extensa investigación que precedió una sesión de la SA donde se votaba, finalmente, desestimar el pedido. Durante los cuarenta días en que se llevó adelante la investigación el carácter del pedido sería advertido con diferentes matices por parte de los legisladores. El viernes 17 de mayo la LP desestimó el pedido del CAI en una votación que se resolvió por 18 votos en contra y 4 a favor de la acusación.

La posición de los representantes de la UCR frente al proceso estuvo dividida desde el comienzo. Una de sus líneas internas consideraba al pedido un “invento de la CAI”, y apoyaba la gestión del gobernador. Desde otra posición, la legisladora radical Delia Pappano fue quien mantuvo mayor actividad al interior de la Comisión Investigadora, fundamentando posteriormente la necesidad de sostener una acusación, en el discurso más extenso de la historia de la LP, de tres horas de duración. No obstante, la bancada radical votó dividida en la SA, replicando las posiciones sostenidas a lo largo del proceso.

El PB mantenía una cierta ambigüedad frente a esta presentación, que en principio concernía también a su representante en el Ejecutivo, el vicegobernador Acosta. Durante el período de investigación se mantuvieron una serie de reuniones partidarias en las cuales se debatía la posición frente al juicio: mantener una postura unificada o dejar el voto a la conciencia de cada legislador. La disciplina partidaria primó y los legisladores acataron la definición del vicegobernador de no acusar a Avelín: el dictamen no presentó cargos y los diputados votaron por la negativa.

El PJ era un actor fundamental en el proceso, ya que contaba con ocho diputados en la comisión. La coyuntura política hizo aflorar las disputas internas que habían permanecido latentes entre los dos dirigentes que se disputaban la conducción partidaria: José Luis Gioja y Jorge Escobar. La posición que triunfó fue la de Gioja, quien jugaba un rol mediador con el gobierno nacional y, pese a las acusaciones de liderar un complot por parte del oficialismo, fue el artífice de la disciplina partidaria que mostró el bloque justicialista a la hora de votar por el rechazo a la acusación.

La resolución de este proceso por la negativa sentó un antecedente favorable para Alfredo Avelín. Durante el período de investigación se había presentado un nuevo pedido de juicio político (el tercero contra el gobernador durante su gestión) que fue desestimado un mes después, el 15 de junio, en una sesión expeditiva donde los propios integrantes de la Comisión Investigadora declaraban que no “valía la pena” buscar una nueva acusación[18].


  1. La noción de decisión refiere al momento en que un acto realizado según las fórmulas prescritas, conforme a derecho y objeto de un anuncio oficial, consagra el proceso de elaboración de una política pública. La decisión es un momento fundamental, porque en virtud de ella una política pública recibe fuerza de ley, queda legitimada, deviene acto de gobierno: el resultado de la interacción entre agentes variados adquiere la fuerza propia de una legitimidad formal (Cfr. Lagroye, 1994: 465).
  2. La provincia de San Juan se caracteriza por una aguda dependencia del sector público. Situación que se había visto reforzada a partir de la década del 70 por el proceso de crisis de la vitivinicultura. La disminución de la actividad provocó un éxodo masivo de trabajadores rurales hacia el GSJ, situación que convertía al empleo público en un elemento cada vez más importante en la dinámica (Cfr. Cao, 2007).
  3. Hasta fin de 1992 se dejaría cesantes a 10.000 agentes, operación que se cumpliría en tres etapas: 1) cesantear 750 empleados que no se encuentran amparados por el precepto constitucional de los seis meses de efectividad, 2) en el marco de la Emergencia Económica cesarían en sus funciones entre 1500 y 2000 agentes, 3) aumentaría el número de desafectados a quienes estén en edad o tengan los años de servicio para jubilarse (Diario de Cuyo, 03/01/92).
  4. Los pagos de la deuda pública provincial con los organismos financieros estaban garantizados con la coparticipación federal y la Nación hizo las retenciones pertinentes de las remesas que enviaba a la provincia. Es decir, se trataba de una situación heredada e intocable donde no podía gestionarse nada más que un apoyo de la Nación que permitiera solucionar el problema (Ruffa, 2005b).
  5. La renuncia del ministro Enrique Conti implicaba un alejamiento del PB respecto del ejecutivo, porque este era el funcionario más visible dado que el vicegobernador no se hacía presente en la escena pública. Conti era, además, un funcionario experimentado, un cuadro político con sólida formación que buscaba dar racionalidad a una situación caótica y no lograba establecer diálogos razonables con el gobernador. El nuevo ministro sería un hombre de confianza del gobernador, Ricardo Ortiz, integrante de la CR con escasa participación política previa y conocimientos de economía.
  6. Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales.
  7. Este es un término que requiere explicitación, porque se trata de un término nativo, de gran circulación entre dirigentes políticos y periodistas, que es compartido por las ciencias sociales. En este trabajo se retoma la definición de Pousadela de oposición política en un sentido topológico, adaptándola a la escala provincial: “podríamos definir como oposición al partido o grupo de partidos que no han obtenido la presidencia ni forman parte de una coalición ejecutiva (o sea, no integran el Poder Ejecutivo por medio de la ocupación de cargos ministeriales) y que –muy probablemente, pero no necesariamente– cuentan con representación parlamentaria” (Pousadela, 2003: 122).
  8. La noción de federalismo aparece de forma recurrente en los discursos de los distintos actores, constituyendo un término nativo, con connotaciones diversas pero de fuerte presencia en la retórica de los dirigentes de partidos provinciales.
  9. La retórica de la urgencia de gobernar era parte de un clima de época que fue caracterizado mediante la noción de democracia delegativa (O´Donnell, 1994). Sobre este debate y la pertinencia de la noción de decisionismo para la dinámica de los gobiernos latinoamericanos en la década del 90 ver Quiroga (Quiroga, 2005) y Palermo (1999).
  10. Numerosos estudios señalan la importancia de las senadurías en los ámbitos provinciales. Al respecto ver Botana (1998) y Ferrari (2008).
  11. Leopoldo Bravo había sido nombrado embajador por Perón en 1945, cuando el partido decidía disolverse para apoyar al justicialismo, su esposa, Ivelise Falconi era convertida en funcionaria nacional en 1992 por Carlos Menem.
  12. En mayo se había rechazado una quita del 2,5 por ciento y luego un 3 por ciento de recorte de los ingresos por coparticipación. En ese mes se acordó en Nación una renegociación global. En junio las provincias impulsaron un nuevo régimen de coparticipación, reclamo que se sostuvo durante julio.
  13. Alfredo Avelín tenía mandato hasta 2002, gracias al pacto celebrado entre los partidos provinciales en 1992 que se selló en la noche de los senadores.
  14. Las Leyes de Necesidad y Urgencia 7121 y 7122 fueron reemplazadas por las leyes 7124 y 7125 sancionadas el día 09/02/01 por la Legislatura Provincial.
  15. El gobierno provincial quiso trasladar la política nacional, eliminando el piso de coparticipación para redistribuirla según los ingresos y los intendentes percibían que iban a recibir menos fondos. La negativa a modificar el régimen convertiría a la provincia en una excepción en cuanto a los mecanismos típicos. Sobre regímenes de coparticipación municipal ver Cetrángolo (2004).
  16. Tanto los referentes del PJ (Gioja, Escobar), del PB (Bravo, Acosta, Conti) como de otros partidos, fueron escrachados durante enero de 2001 en sucesivas manifestaciones y cacerolazos que recorrían los domicilios de los distintos dirigentes políticos. Una estrategia de apoyo al Ejecutivo, en este contexto, fue la Concertación.
  17. Ese mismo día ingresa otro pedido de juicio político, de un particular, el abogado Marcelo Bustos, quien optaba por esta vía una vez agotados los recursos administrativos en reclamo del pago de bonos SAJU de cancelación de obligaciones provinciales.
  18. Declaraciones de la diputada Delia Pappano a Diario de Cuyo, 15/06/02. Este pedido de juicio político se basaba en la falta de pago de los Bonos SAJU y había sido presentado por Roberto Agustín Gómez el 09/05/02. La diputada Pappano había presentado su renuncia a la Comisión Investigadora luego del procedimiento anterior, aunque no había sido aceptada formalmente todavía.


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