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10 Las destituciones sanjuaninas
en perspectiva comparada

Es el momento de poner en relaci贸n cada uno de los casos estudiados con los debates te贸ricos y metodol贸gicos sobre los juicios pol铆ticos como mecanismos de resoluci贸n de situaciones de crisis, para identificar similitudes y diferencias hist贸rico-concretas y elaborar las condiciones para la generalizaci贸n de las hip贸tesis que se han planteado en los distintos estudios (inclusive las que se formularon en este trabajo). Se recuperan para ello los cuatro momentos desarrollados hasta aqu铆, a fin de obtener una imagen de conjunto de los procesos estudiados y de las herramientas conceptuales que aportan a su comprensi贸n. En resumidas cuentas, se trata de captar las singularidad de los casos analizados para as铆 poder establecer las condiciones para la generalizaci贸n de las herramientas te贸ricas y metodol贸gicas utilizadas: para ello se introduce una perspectiva de comparaci贸n con las investigaciones realizadas en otros casos que permite captar los invariantes y las variaciones (Bourdieu, 2005).

El punto de partida de este trabajo fue un interrogante puntual: 驴con qu茅 herramientas conceptuales era posible analizar los dos procesos de juicio pol铆tico registrados en San Juan en las 煤ltimas d茅cadas? Acad茅micos, periodistas, pol铆ticos, organismos internacionales y movimientos sociales comparten, en grados diversos de sistematicidad y pureza, dos tipos de interpretaciones sobre estos fen贸menos: un juicio pol铆tico pod铆a ser entendido como una suerte de golpe institucional o como un ejercicio de accountability por parte de la sociedad civil. Interpretaciones divergentes que se apoyan, por otra parte, en perspectivas normativas sobre la actividad pol铆tica, la cual es caracterizada alternativamente como un juego cerrado en las alturas (golpe institucional), desde una postura elitista, o como el ejercicio de una ciudadan铆a universal (accountability), desde una perspectiva voluntarista.

Esta investigaci贸n busc贸 poner en tensi贸n ambas interpretaciones, fundamentalmente, debido a las propias caracter铆sticas de su objeto. Si bien desde distintas perspectivas se utilizaban alternativamente estas interpretaciones como marcos interpretativos suficientes para dar cuenta de los hechos, el considerar dos casos con caracter铆sticas contrastantes hac铆a necesario repensar un esquema unitario que permitiese analizar con las mismas herramientas conceptuales dos fen贸menos que parec铆an tener explicaciones divergentes.

La preocupaci贸n por hacer comparables los procesos, por encontrar un marco anal铆tico que permitiese interpretar ambos fen贸menos concretos, fue consolidando una postura epistemol贸gica que se plasm贸 en la construcci贸n del objeto. Siguiendo la tradici贸n de la sociolog铆a pol铆tica, el an谩lisis de los juicios pol铆ticos realizados en San Juan busc贸 aportar algo al stock de conocimiento disponible sobre el problema, extrayendo de la singularidad de los fen贸menos concretos elementos de conocimiento general, plausibles de ser considerados en an谩lisis similares. En primer t茅rmino, se trataba de establecer 鈥渦n caso particular de qu茅鈥 eran las destituciones por juicio pol铆tico: se lleg贸 a la conclusi贸n de que se trataba de un proceso institucionalmente mediado de resoluci贸n de conflictos sociales que hab铆an desembocado en una crisis pol铆tica.

Las caracter铆sticas propias del caso constitu铆an una especie de experimento natural: la ocurrencia de dos juicios pol铆ticos en la misma provincia, con el mismo dise帽o institucional, durante el mismo per铆odo de vigencia del r茅gimen democr谩tico, permit铆a poner en tensi贸n las interpretaciones alternativas disponibles y combinar las variables presentes en la literatura para construir un esquema integrador. Luego podr铆a volverse sobre el debate y sobre el conocimiento acumulado, para determinar el valor relativo de las hip贸tesis existentes, la fecundidad de las estrategias de investigaci贸n y la especificidad emp铆rica de los casos abordados. De este modo, podr铆a enriquecerse no solamente el conocimiento hist贸rico-concreto de ciertos procesos acaecidos en una provincia perif茅rica de la Argentina, sino tambi茅n el acervo de conocimiento general sobre los juicios pol铆ticos y la resoluci贸n de situaciones de crisis.

De cada trabajo sobre la tem谩tica se retomaron las variables consideradas, a fin de corroborar su intervenci贸n e importancia en la ocurrencia de los casos analizados. Este conjunto de variables relativamente heterog茅neo fue articulado a partir de dos grandes ejes te贸ricos que constituyen el armaz贸n de esta investigaci贸n: la hip贸tesis de continuidad (Dobry, 1988) y la manera de concebir la emergencia y resoluci贸n de un problema social (Blumer, 1971). Desde una perspectiva sociol贸gica, el an谩lisis de estos procesos pol铆ticos se nutri贸 de una matriz interaccionista que busc贸 poner el acento en la importancia de la acci贸n de los agentes y sus relaciones.

Definir a los juicios pol铆ticos como procesos de crisis plante贸 la necesidad de distinguir coyunturas, y permiti贸 retomar la hip贸tesis de continuidad (Dobry, 1988) seg煤n la cual son los mismos actores los que intervienen e interact煤an en coyunturas rutinarias y cr铆ticas. Punto de partida que hizo necesario profundizar en las caracter铆sticas de esta intervenci贸n y en la naturaleza de la interacci贸n pol铆tica. Las crisis no existen en s铆 y para s铆, sino que son construidas por los propios actores que intervienen en ellas. El significado de la situaci贸n es producido, interpretado y negociado, de modo tal que la definici贸n de una situaci贸n como cr铆tica da lugar a respuestas espec铆ficas que no ser铆an introducidas en condiciones normales. Por lo tanto, se trata de observar el modo en que una situaci贸n de crisis pol铆tica se construye poco a poco, con la contribuci贸n no siempre voluntaria de los actores involucrados.

Por otra parte, las variables presentes en la literatura espec铆fica sobre juicio pol铆tico remit铆an a distintos momentos, que iban desde la elecci贸n hasta la destituci贸n de los primeros mandatarios, e inclu铆an como variable de an谩lisis la sucesi贸n. Estos elementos hicieron necesario dotarse de una periodizaci贸n, que permitiese articular en un 煤nico esquema todas las dimensiones, como as铆 tambi茅n incorporar la perspectiva de continuidad que pon铆a el acento en la actividad t谩ctica de los actores para explicar las transformaciones que hab铆an sufrido los sistemas pol铆ticos durante estos procesos.

El juicio pol铆tico pod铆a ser definido entonces como un proceso que tiene una duraci贸n y, adem谩s, como una situaci贸n de crisis, una situaci贸n problem谩tica. La combinaci贸n de estos elementos se dio a partir de una matriz interaccionista sobre el modo de tratar los problemas sociales (Blumer, 1971): el esquema deb铆a incorporar distintos momentos que incluyen la normalidad, la ruptura y la posterior recomposici贸n del orden. El 茅nfasis estar铆a puesto en c贸mo se resuelve, con qu茅 herramientas, un problema al que se enfrentan los actores en su actividad pol铆tica.

De este modo, la construcci贸n del problema de esta investigaci贸n deriv贸 en un esquema de an谩lisis que const贸 de cuatro momentos sucesivos e interdependientes, que fueron concebidos como marcos estructurales de interacci贸n pol铆tica. Es decir, se present贸 un ciclo durante el cual cada juicio pol铆tico se gest贸, emergi贸 y fue canalizado a trav茅s de un plan de acci贸n que permiti贸 resolver la situaci贸n de conflicto y, finalmente, recomponer el orden.

La presentaci贸n de los resultados de esta investigaci贸n se articul贸 en cuatro partes, coincidentes con esta concepci贸n general del juicio pol铆tico. El 茅nfasis estuvo puesto en la manera en que se desarrollaba el juego pol铆tico provincial durante cada uno de esos momentos, en las jugadas desplegadas por los actores y su encadenamiento. En lo que sigue, se recapitulan desde una perspectiva general las dimensiones del an谩lisis desarrollado precedentemente. Para ello se pondr谩n en di谩logo los casos particulares analizados con otros casos particulares que han sido objeto de investigaciones anteriores: de este modo se podr谩 poner en perspectiva los distintos casos y los puntos de vista desde los cuales se han construido las interpretaciones sobre los mismos.

10.1. Personalizaci贸n de la pol铆tica, coaliciones fr谩giles y esperanzas de cambio

Como sugiere la literatura, la manera de llegar al gobierno es una dimensi贸n relevante para la comprensi贸n de este tipo de fen贸menos. Distintos trabajos se帽alan como variables pertinentes la trayectoria de los primeros mandatarios, su popularidad previa, la estructura del sistema de partidos pol铆ticos, el margen de apoyo electoral con el que contaban y el balance estructural del poder gubernamental. Tambi茅n se ha prestado atenci贸n al rol de los medios de comunicaci贸n, las caracter铆sticas de la ret贸rica presidencial y el papel de los gobernadores como actores durante sus campa帽as. Estas variables guiaron el an谩lisis del primer momento de la periodizaci贸n, que se organiz贸 en cuatro ejes y fue presentado en los primeros parte dos cap铆tulos.

En primer lugar, se recorrieron las trayectorias y los perfiles de los gobernadores, a fin de conocer tanto sus atributos como las relaciones que les permitieron acceder a las f贸rmulas electorales (apartado 1.1). Se pudo advertir que presentan grandes diferencias: en un caso se trataba de un outsider, sin ninguna experiencia pol铆tica previa y con un perfil de empresario exitoso no partidario, mientras que en el otro se trataba de una figura tradicional de la escena pol铆tica provincial, que presentaba todas las caracter铆sticas de los caudillos tradicionales, tanto por su formaci贸n y medios de socializaci贸n como por la singularidad de haber fundado y presidir su propio 鈥減artido familiar鈥. Lo que evidencian ambos gobernadores, no obstante, son rasgos fuertemente carism谩ticos: en los dos casos fue la capacidad de llegada al electorado lo que los catapult贸 a las f贸rmulas, fuera que se tratara de un per铆odo de alejamiento de las estructuras partidarias tradicionales o de una b煤squeda de alternativas a la propuesta neoliberal. En ambos casos se evidenci贸 que el proceso de desafecci贸n incidi贸 para hacer elegibles a estos individuos.

En segundo lugar, se analizaron los procesos de construcci贸n de las candidaturas, de producci贸n de la oferta electoral (apartado 1.2). En este aspecto es posible advertir que fueron tres tipos de relaciones las que coadyuvaron a la definici贸n de las f贸rmulas: 1) los acuerdos entre dirigentes -tanto provinciales como nacionales-, 2) la opini贸n p煤blica mediante los sondeos 鈥攜 las consultoras que los realizan鈥, y 3) el electorado, ya sea por la apelaci贸n directa a su veredicto en internas o mediante el recurso a los resultados de comicios anteriores como criterio de medici贸n de fuerzas. La presencia de dos partidos provinciales y su peso espec铆fico fueron elementos estructurales que incidieron fuertemente en la definici贸n de ambas candidaturas. En ambos casos se buscaba derrotar a un oficialismo de larga data, que tanto dirigentes como profanos diagnosticaban como agotados. Este clima de 茅poca potenci贸 en los dos casos la construcci贸n de una f贸rmula capaz de disputar el control del Ejecutivo, para lo cual se establecieron una serie de negociaciones y disputas tanto intra como inter partidarios. En ambos casos se pudo advertir tambi茅n la relevancia del propio rol de los candidatos: los dos fueron protagonistas, ya sea porque buscaran posicionarse en un partido en crisis mediante vinculaciones nacionales y encabezaran elecciones internas enfrentando abiertamente a otros actores como en el primer caso, o porque negaran toda posibilidad de resignar su lugar en una coalici贸n y condicionaran as铆 la posibilidad de acuerdos, en el segundo.

Las caracter铆sticas y configuraciones analizadas en el cap铆tulo 1 no son exclusivas de los casos aqu铆 estudiados, sino que han sido puestas de relieve en el an谩lisis de procesos an谩logos que se desarrollaron en otros contextos. El caso bien conocido de Fernando Collor de Mello suele servir como paradigma para la interpretaci贸n de otros casos. Si se pone en perspectiva a los casos aqu铆 estudiados, las similitudes m谩s marcadas son con el caso de Jorge Escobar, un empresario reci茅n llegado a la escena pol铆tica y fuertemente imbuido de la perspectiva neoliberal. Se trata tambi茅n de apuestas pol铆ticas personalizadas, en las que puede decirse que 鈥渆l candidato es el mensaje鈥. A pesar de sus diferencias de estilo, Alfredo Avelin comparte tambi茅n este rasgo personalista, al que se suma el hecho 鈥 com煤n con Fernando Collor de Mello 鈥 de venir de un partido peque帽o y con poca experiencia de gobierno. En este sentido, la personalizaci贸n de la oferta electoral parece ser el corolario de una exterioridad con relaci贸n al centro del poder pol铆tico establecido, sea porque el candidato es nuevo en la escena pol铆tica, sea porque su partido ha estado hasta ese momento excluido del centro del poder pol铆tico. En este sentido, la poca experiencia y la carencia de un capital pol铆tico colectivo (partidario) parecen ser las causas de la relativa debilidad de las coaliciones pol铆ticas que llevaron a los gobernadores a la primera magistratura provincial, no quiz谩s en el plano electoral, pero s铆 en el proceso de gesti贸n y legitimaci贸n de las medidas gubernamentales.

Como se pudo observar en el cap铆tulo dos, los candidatos tambi茅n presentaron un rol activo durante las campa帽as, haciendo visibles sus rasgos carism谩ticos en cada coyuntura (apartado 2.1). El clima de incertidumbre estuvo presente en ambos per铆odos, y las campa帽as se fueron modificando a medida que se desarrollaban, debido a la incidencia fundamentalmente de los medios de comunicaci贸n y los sondeos de opini贸n. Estos elementos, que fueron marcos de referencia para los propios candidatos y para los pol铆ticos profesionales en general, tambi茅n fueron salientes que operaron sobre los electores. Al mismo tiempo la complejidad del circuito de comunicaci贸n pol铆tica implica que, pese al car谩cter relativamente artificial de las cifras publicadas, se las considere en determinadas circunstancias como una interpretaci贸n plausible del humor social de ese actor relativamente amorfo al que se denomina opini贸n p煤blica, la cual impacta tanto sobre los candidatos como sobre los profanos. Esta din谩mica se retroalimenta con la publicaci贸n sucesiva de sondeos. En las campa帽as analizadas, el accionar de los distintos candidatos y sus equipos se orientaba de este modo hacia tres tipos de p煤blicos: a) los profanos, b) los periodistas y c) los dem谩s candidatos. Las apuestas realizadas en el transcurso de ambas campa帽as evidenciaron la importancia de la interacci贸n entre candidatos, quienes se disputaban -ya sea mediante la enunciaci贸n de una plataforma pol铆tica y la firma de un compromiso 茅tico o mediante la realizaci贸n de actos en defensa de la educaci贸n y el patrimonio p煤blico-, el voto de un electorado que no pod铆a considerarse cautivo. Fundamentalmente porque, pese a la relativa autonom铆a del 谩mbito provincial, se registraba una tendencia a la unificaci贸n de los procesos locales con la din谩mica de la competencia pol铆tica nacional, un acompasamiento progresivo a sus movimientos. Es decir que, en cada coyuntura fueron actores de peso, adem谩s de los partidos, candidatos, electores y periodistas, las dirigencias pol铆ticas nacionales oficialistas y opositoras.

驴Qu茅 lecciones pueden extraerse del conjunto de las experiencias de destituci贸n mediante juicio pol铆tico en lo que hace a esta dimensi贸n? En un contexto general que ha sido caracterizado como de 鈥渃risis de los partidos pol铆ticos鈥, las candidaturas de los mandatarios que habr铆an de ser depuestos se caracterizan por el personalismo antes se帽alado y por el haber dado la espalda a las estructuras tradicionales de la pol铆tica. En un caso, porque el candidato ca铆a como 鈥減aracaidista鈥 en partidos tradicionales (Alan Garc铆a, Jorge Escobar), en otros casos porque los partidos no eran m谩s que el s茅quito de colaboradores del l铆der (Abdal谩 Bucaram, Albert Zafy, Alfredo Avelin). La llegada de candidatos que no hab铆an tenido experiencia de gobierno con anterioridad fue una respuesta a la crisis de los partidos y expres贸 los primeros signos de la importancia de la 鈥渋ntenci贸n de voto鈥 medida por las encuestas para la determinaci贸n de las candidaturas. En cierto modo, la ca铆da de candidatos que hab铆an sido amplios triunfadores y que hab铆an llegado a serlo tras cosechar amplios apoyos en la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥, parece se帽alar los l铆mites de un modo de construcci贸n que se realiza de espaldas a las dirigencias partidarias y a las estructuras establecidas de poder estatal (incluidos los sindicatos de empleados p煤blicos).

En San Juan, los resultados electorales mostraron que los gobernadores llegaron al Ejecutivo con m谩rgenes muy diferentes de apoyo (apartado 2.2). En el primer caso el triunfo se sostuvo en un 32.6 por ciento del electorado, siendo un escaso margen el que separ贸 a Jorge Escobar de sus competidores, mientras que en el segundo caso Alfredo Avel铆n super贸 el 55 por ciento de los votos. La interpretaci贸n sobre estos resultados fue lo que permiti贸 terminar de construir sentido sobre el comportamiento de los electores. Otorgar un marco de inteligibilidad a lo sucedido es algo de lo que se encargan los dirigentes. Estos marcos de referencia sirven a ellos, a sus correligionarios y al p煤blico profano. En uno y otro caso se les atribuy贸 a los electores la racionalidad suficiente para apostar por una propuesta novedosa o castigar a unos dirigentes que hab铆an abusado de sus atribuciones. Lecturas que no pod铆an ser articuladas sin considerar, efectivamente, que cada elector es un actor con una racionalidad propia, que se plasma en el cuarto oscuro y que refleja, a煤n de modos distorsionados 贸 pre-reflexivos, experiencias pol铆ticas sedimentadas. Que hubiera o no una apuesta o respaldo al proyecto nacional, que se castigase a un oficialismo, que existiera un clima de recambio, no fue en ninguno de los casos un resultado exclusivo de la din谩mica interna de la competencia entre profesionales. Por el contrario, el recambio electoral fue la traducci贸n, confusa, opaca e indirecta, de un aprendizaje social relativamente consolidado y expl铆cito respecto de una dirigencia pol铆tica que se hab铆a sostenido en el poder durante un per铆odo relativamente extenso.

Situaciones con un significado an谩logo se presentan en algunos casos de l铆deres que correr铆an la misma suerte. El arribo de Abdal谩 Bucaram a la presidencia del Ecuador puede ser descrito como la consecuencia de una especie de voto castigo, ya que de su inicial 25 por ciento en primera vuelta, pas贸 a un 54 por ciento con el apoyo negativo (o voto contra las elites) de las clases medias. Por su parte, la llegada de Carlos Andr茅s P茅rez a la presidencia por segunda ocasi贸n en 1989 estaba precedida por una imagen casi m铆tica, debido al resultado favorable de las pol铆ticas implementadas durante su primer mandato en la calidad de vida de los venezolanos. Carlos Andr茅s P茅rez era visto como un mito viviente entre los pol铆ticos de Am茅rica Latina (P茅rez Li帽谩n, 2009). Por su parte, Albert Zafy en Madagascar emerg铆a como primer presidente luego de un largo per铆odo no democr谩tico, liderando una coalici贸n opositora que propon铆a medidas econ贸micas nacionalistas. Algo similar a lo que suced铆a con Fernando Collor de Mello en Brasil, quien emerg铆a como el primer presidente elegido directamente por el voto popular en 29 a帽os. Las expectativas de salida de gobiernos no democr谩ticos, la confianza en l铆deres que propon铆an transformaciones o el veredicto de 鈥渃astigar鈥 a los sectores que hab铆an controlado el poder pol铆tico hasta poco tiempo atr谩s son elementos que comparten estos casos nacionales con los ocurridos en la provincia de San Juan. La apuesta al recambio luego de situaciones de larga data (oficialismos, gobiernos militares, una corporaci贸n pol铆tica definida como partidocracia) mediante el voto a esos candidatos y el contenido renovador de sus plataformas electorales precedieron en todos los casos a los procesos de desilusi贸n o desencanto.

En San Juan, el triunfo electoral de los gobernadores estuvo acompa帽ado de una reestructuraci贸n de la LP. En ambos casos la traducci贸n de votos en esca帽os dio como resultado alg煤n tipo de gobierno dividido. Las interpretaciones sobre la constituci贸n de un nuevo oficialismo subrayaron, en los dos per铆odos, la relevancia del rol de la oposici贸n en la LP, m谩s a煤n cuando ella hab铆a constituido el bloque oficialista durante casi una d茅cada. Interpretaci贸n que, al ser compartida por pol铆ticos profesionales, periodistas y acad茅micos, operar铆a como uno de los salientes que orientar铆an la futura interacci贸n pol铆tica.

Las similitudes m谩s marcadas con el tipo de gobierno dividido de Jorge Escobar las presenta el caso de Ra煤l Cubas Grau (Paraguay), que lleg贸 a la presidencia con la unidad de l铆neas internas del Partido Colorado, pero cuya fracci贸n controlaba apenas el 36 por ciento del Congreso. Respecto de Alfredo Avel铆n, dos casos nacionales presentan marcadas similitudes: Albert Zafy (Madagascar) asumi贸 sin mayor铆a parlamentaria, ya que lideraba una coalici贸n opositora que se disgreg贸 r谩pidamente tras su llegada al poder; por su parte Abdal谩 Bucaram (Ecuador) lleg贸 a la presidencia controlando s贸lo el 23 por ciento del Congreso. En todos estos casos se verific贸 que las tensiones internas de partidos o coaliciones fueron un factor relevante en la posterior suerte de los primeros mandatarios.

PRIMER MOMENTO
Caso 1: Jorge Escobar Caso 2: Alfredo Avel铆n
Trayectoria Outsider. – Trayectoria pol铆tica exterior a los circuitos dominantes.
– Reci茅n llegado a un partido tradicional. – Fundador y presidente de un partido familiar.
Construcci贸n de candidatura – Enfrentamiento de l铆neas internas. – Negociaci贸n inter-partidaria.
– Realizaci贸n de elecciones internas. Apoyo del gobierno nacional y del sector dominante del partido en el plano nacional. – Intervenci贸n de dirigentes de una coalici贸n nacional preexistente.
– Caudales electorales anteriores y sondeos de intenci贸n de voto como modos de dirimir ubicaciones.
Campa帽a – Revoluci贸n conservadora. – Cruzada moral.
– Transferencia del 鈥溍﹛ito empresario鈥 a la gesti贸n pol铆tica. – Invocaci贸n de principios 茅ticos contra la corrupci贸n y el abuso del poder.
– Defensa de la modernizaci贸n neoliberal. – Cr铆tica moderada del neoliberalismo.
Resultados e interpretaci贸n – Escaso margen de diferencia con segundo y tercero (32%). – Amplio margen de diferencia con el segundo (55%).
– Triunfo como expresi贸n de apoyo al proyecto nacional. – Triunfo como voto castigo al oficialismo.
Configuraci贸n del escenario pol铆tico – Mayor铆a oficialista. Dos fuertes bloques de partidos provinciales. – Coalici贸n oficialista disgregada en peque帽os sub-bloques. Mayor铆a justicialista.
– Gobierno dividido. – Gobierno dividido.

En este momento de normalidad en el desarrollo del proceso pol铆tico, se pudo observar c贸mo la din谩mica de relaciones al interior del 谩mbito pol铆tico se combinaba permanentemente con una orientaci贸n de la actividad profesional hacia el p煤blico profano, estableci茅ndose una interacci贸n m谩s general e inclusiva de distintos tipos de actores pol铆ticos en distintos niveles de participaci贸n. El escenario que se configur贸 en ambos casos fue de gobiernos que representaron recambios, los cuales coexistir铆an con una LP potencialmente conflictiva. Los dos per铆odos implicaron la reestructuraci贸n del escenario pol铆tico, con el reacomodamiento de oficialismos de larga data como oposici贸n y el ascenso de una elite relativamente inexperta. El peso de la inercia de estructuras anteriores y las expectativas de parte de aquellos que operaron como base de apoyo para el recambio ser铆an dos elementos que se mantendr铆an presentes (y/o latentes) a lo largo de las futuras administraciones.

Esta configuraci贸n de la relaci贸n entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos es la que precedi贸 la gestaci贸n del conflicto que desembocar铆a en la presentaci贸n de los pedidos de juicio pol铆tico. Una configuraci贸n similar al caso de Jorge Escobar podr铆a encontrarse en el de Ernesto Samper (Colombia) quien sobrevivi贸 a un intento de juicio pol铆tico. Este presidente se presentaba como una alternativa a las pol铆ticas de su predecesor, y lleg贸 al gobierno con un escaso margen de ventaja frente a su adversario: obtuvo el 50 por ciento de los votos en segunda vuelta. Si bien lleg贸 al gobierno con un bloque parlamentario que representaba m谩s de la mitad del Congreso, esta cifra escond铆a el peso de una fracci贸n opositora dentro de su mismo partido. Otro presidente que sobrevivi贸 un proceso de enjuiciamiento y que presenta algunas similitudes con el caso de Alfredo Avel铆n fue Luis Gonz谩lez Macchi (Paraguay). Este mandatario lleg贸 al gobierno de la mano de una alianza heterog茅nea entre partidos, que no se mantuvo unida una vez resuelta su designaci贸n. Es decir que la configuraci贸n de la relaci贸n entre gobernantes y gobernados con que se abre el marco de interacci贸n que constituyen los per铆odos de administraci贸n no desemboca un铆vocamente en procesos de enjuiciamiento exitosos: es la propia din谩mica de la interacci贸n pol铆tica la que deriva en una u otra forma de resoluci贸n de conflictos.

10.2. Aislamiento pol铆tico, dificultades de gesti贸n y conflictos sociales

Los per铆odos de administraci贸n de los gobernadores constituyen el eslab贸n siguiente del ciclo y representan los momentos de gestaci贸n de los conflictos que desembocaron en los pedidos de juicio pol铆tico. Se ha se帽alado en distintos trabajos la importancia de estos per铆odos, considerando al estilo de gobierno de los mandatarios como una de las variables relevantes en la din谩mica de las administraciones. Esta variable est谩 presente ya sea porque se haga 茅nfasis en el aislamiento de los gobernadores, en el desconocimiento de sus redes de apoyo, en su decisionismo, en el enfrentamiento con determinadas elites o en su relaci贸n con actores externos (nacionales, por ejemplo). Otras variables de la literatura son: la naturaleza de las decisiones pol铆ticas adoptadas, el esc谩ndalo desatado normalmente a partir de denuncias de corrupci贸n, las movilizaciones o protestas de sectores de la sociedad civil que ven afectados sus intereses, el rol de la oposici贸n y/o el apoyo legislativo, el papel de los medios de comunicaci贸n y de la opini贸n p煤blica, las divisiones internas en el partido gobernante. Este conjunto relativamente heterog茅neo de elementos fue presentando cuatro grandes dimensiones en los cap铆tulos tres y cuatro.

En el cap铆tulo tres se describieron en primer lugar las decisiones tomadas en materia de pol铆ticas p煤blicas durante las administraciones, prestando especial atenci贸n al margen de acci贸n individual de los gobernadores (apartado 3.1). Se pudo advertir all铆 que, pese a que en ambos casos el recambio pol铆tico abr铆a una ventana pol铆tica, las din谩micas de administraci贸n que present贸 cada per铆odo fueron contrastantes. En el primer caso esta posibilidad de cambiar las pol铆ticas se tradujo en un car谩cter fuertemente proactivo: Jorge Escobar impuls贸 con radicalidad medidas de corte neoliberal, con un estilo decisionista. En poco tiempo implement贸 grandes medidas desde un discurso transformador y una concepci贸n voluntarista de la acci贸n de gobierno. Por el contrario, la administraci贸n de Alfredo Avel铆n se caracteriz贸 por la no-decisi贸n. Pese a ello, el gobernador tom贸 una definici贸n central que sign贸 su gesti贸n y le gener贸 enfrentamientos provinciales y nacionales: no recortar铆a salarios. No obstante, en ambos casos se trat贸 de un acompa帽amiento de medidas nacionales, a definiciones de gobiernos centrales que compart铆an el color pol铆tico de los provinciales, exceptuando la 煤ltima parte del gobierno de Alfredo Avel铆n. El cambio de color pol铆tico nacional pos-2001 y su persistencia en la definici贸n de no recortar salarios enfrentaron al gobernador con un presidente justicialista.

En ambos per铆odos, las decisiones de los gobernadores fueron tomadas, en cierta medida, de manera aislada. Tanto Jorge Escobar como Alfredo Avel铆n mostraron un protagonismo importante, enfrentando 贸 ignorando a sectores que hab铆an servido como sus bases de apoyo: ya sea que se tratara de sectores internos del justicialismo en el primer caso o de partidos que integraban la coalici贸n oficialista en el segundo. Por otra parte, la relaci贸n con la Naci贸n fue un factor fundamental para definir el rumbo de ambas administraciones, aunque fuera en direcciones y con resultados opuestos: Jorge Escobar se mostr贸 disciplinado al aplicar las pol铆ticas propuestas mientras Alfredo Avel铆n las resisti贸 abiertamente.

En otras experiencias de destituci贸n por juicio pol铆tico puede advertirse tambi茅n que el rol de los primeros mandatarios fue un factor de relevancia en el futuro de sus administraciones. En Brasil, el 鈥淧lan Collor鈥 fue un paquete de medidas extremas e intervencionistas para abordar los problemas heredados de la administraci贸n anterior, y expresaba un distanciamiento de la elite tradicional. A este primer intento, relativamente poco exitoso, le sigui贸 el 鈥淧lan Collor II鈥 que buscaba controlar la inflaci贸n, y consisti贸 en una serie de medidas m谩s ortodoxas en materia econ贸mica. En Venezuela, Carlos Andr茅s P茅rez mostr贸 un car谩cter decisionista y audaz al inicio de su administraci贸n, implementando inmediatamente un paquete de medidas conocido como 鈥渆l gran viraje鈥. Una serie de reformas tales como desregulaciones, ajustes de precios y devaluaci贸n fueron el resultado de esta pol铆tica. Ambos casos se asemejan al decisionismo de Jorge Escobar: los presidentes buscaron capitalizar su car谩cter de recambio cambiando las pol铆ticas. En sentido contrario, el caso de Abdal谩 Bucaram en Ecuador se asemeja a la no-decisi贸n de Alfredo Avel铆n, que se combinaba con un estilo de gobierno muy personalista. Durante los primeros meses de su gobierno Abdal谩 Bucaram mostr贸 un comportamiento poco ortodoxo, llamando a reuniones inesperadas o tratando asuntos oficiales en su domicilio particular. Su estilo de gobierno desaforado era reprochado por las elites tradicionales que lo consideraban 鈥渢erco鈥 y 鈥減oco digno鈥. Esto se combinaba con el enfrentamiento p煤blico a la oligarqu铆a y la implementaci贸n de una serie de medidas que eran fundamentalmente operaciones publicitarias de poca transcendencia. No obstante, no realiz贸 anuncios en materia de pol铆tica econ贸mica en este per铆odo, lo que desorientaba a la oposici贸n y dejaba expectantes al conjunto de los actores pol铆ticos. Como se puede observar en todos los casos, los primeros mandatarios imprimieron un sello personal a sus administraciones y su accionar fue una variable relevante para el curso futuro de sus gobiernos. Este margen de libertad, por fuera de los acuerdos relativamente expl铆citos y las adhesiones m谩s o menos difusas que los llevaron a ocupar su posici贸n, es un elemento que requiere ser tomado en consideraci贸n para comprender el destino final de cada uno de ellos.

Otra variable relevante son los posicionamientos de actores propiamente pol铆ticos (apartado 3.2). El rol de otros partidos y la LP, fueron analizados en los casos sanjuaninos, para corroborar que la oposici贸n no fue en ninguno de ellos una traba real para la implementaci贸n (o no) de pol铆ticas p煤blicas. En 1991-1992 primaba el consenso entre los tres partidos m谩s importantes y con mayor peso en la LP (CR, PB y PJ) sobre dos aspectos nodales: la profundizaci贸n del proyecto econ贸mico nacional y la defensa de las pol铆ticas de Coparticipaci贸n Federal y de Promoci贸n Industrial. En un esquema de relaci贸n de fuerzas bastante parejo en cuanto a cifras electorales y bloques legislativos, los grupos opositores se帽alaban la falta de di谩logo del gobernador. Pero las confrontaciones no fueron permanentes, acuerdos tales como la aprobaci贸n del paquete de leyes que posibilitaron la RE lo evidencian. Por otra parte, en este per铆odo se dieron roces al interior del oficialismo justicialista ya que el gobernador desconoc铆a algunas aspiraciones tales como la disputa por una senadur铆a y/o designaba outsiders en cargos relevantes, desconociendo la estructura partidaria y a sus referentes m谩s tradicionales. Entre 1999 y 2002 los 谩mbitos pol铆ticos nacional y provincial sufrieron grandes cambios, dif铆ciles de resumir. A partir de diciembre de 2001 todos los sectores pol铆ticos se aunaron en un Comit茅 de Crisis que busc贸 sostener al endeble gobierno provincial, frente a sectores que exig铆an la renuncia del gobernador -como la organizaci贸n CAI que era respaldada m谩s o menos abiertamente por la Iglesia-. Pese al progresivo resquebrajamiento de la coalici贸n gobernante, los enfrentamientos con ministros y los cambios en el gabinete provincial, producto fundamentalmente de la intransigencia del gobernador, sus socios electorales e inclusive la oposici贸n justicialista aunaron criterios para desestimar una serie de pedidos de juicio pol铆tico. Resultaba complejo argumentar la responsabilidad de Alfredo Avel铆n por cargos relativos a una situaci贸n de asfixia financiera que exced铆a sus definiciones personales.

Es dif铆cil plantear que existiera una din谩mica de enfrentamiento creciente en este per铆odo, ni siquiera, desde el PJ. Es decir que si bien en ambos casos el rol de la oposici贸n existi贸 y se desarroll贸 como tal, en lo que constituye la din谩mica normal de relaci贸n entre pol铆ticos profesionales que compiten por los apoyos sociales y gestionan conjuntamente el aparato pol铆tico-institucional, no se trat贸 de una confrontaci贸n creciente entre partidos y/o dirigentes sino de una din谩mica de cooperaci贸n en la que se plasm贸 la ret贸rica de oposici贸n constructiva que hab铆a formado parte de las declaraciones de los oficialismos derrotados luego de los comicios. Pese al car谩cter relativamente formal de estas declaraciones es importante resaltar que no se evidenciaron climas de hostilidad crecientes o sostenidos entre poderes en estos per铆odos. Aunque se dieron conflictos puntuales, las decisiones m谩s relevantes fueron consensuadas en ambos casos por los bloques legislativos oficialistas y opositores, que secundaron las pol铆ticas adoptadas. En todo caso, los debates de mayor intensidad se registraron id茅nticamente al interior de las estructuras que hab铆an posibilitado el acceso al Ejecutivo a los gobernadores, que eran cuestionados por sus entornos y socios electorales de modos m谩s o menos abiertos y/o expl铆citos. Por tanto, el papel de la oposici贸n no es central para explicar la g茅nesis de la crisis pol铆tica; tampoco la LP es un factor desencadenante de la misma. Su importancia habr谩 de aparecer m谩s adelante en el desarrollo del proceso, cuando sea necesario dar curso a los pedidos de juicio pol铆tico y decidir la suerte del gobernador.

Esta din谩mica de coexistencia relativamente pac铆fica se puede constatar en otros casos nacionales, donde la oposici贸n tuvo un rol activo para respaldar a presidentes jaqueados. En Venezuela, a partir de las medidas econ贸micas, se inici贸 un ciclo de protestas que atraves贸 todo el per铆odo de gobierno de Carlos Andr茅s P茅rez. En ese marco se produjeron dos intentos de golpe de Estado que fueron derrotados. La movilizaci贸n de las Fuerzas Armadas fue condenada desde la oposici贸n, que pese a sus cr铆ticas y reservas apuntal贸 al gobierno constitucional. En Filipinas, una vez iniciado el proceso de enjuiciamiento a Joseph Estrada, el Congreso se neg贸 a abrir un sobre que conten铆a evidencia que compromet铆a al presidente, trabando as铆 la investigaci贸n sobre el esc谩ndalo que la hab铆a originado, a煤n cuando ello significaba enfrentarse a un tercer actor como la Iglesia. Un gesto que se puede comparar con la definici贸n de la LP de no acusar a Alfredo Avel铆n en los tres pedidos previos de juicio pol铆tico. Pero esa din谩mica no fue an谩loga en todos los casos. En Paraguay, el gobierno de Ra煤l Cubas Grau se caracteriz贸 por la confrontaci贸n permanente, sobre todo porque la definici贸n principal del presidente una vez que asumi贸 fue liberar al general golpista Lino Oviedo. Esta liberaci贸n gener贸 crispaci贸n tanto en la oposici贸n como en su propio partido, escalando el enfrentamiento interno a un nivel de violencia inusitado con el asesinato del vicepresidente, que representaba a otro sector del Partido Colorado. En Madagascar el presidente Albert Zafy sufri贸 desde su asunci贸n un hostigamiento de parte de la oposici贸n en el parlamento, lugar desde el que se gest贸 el pedido de enjuiciamiento por una serie de violaciones a la Constituci贸n y abusos de autoridad que los propios legisladores constru铆an como causales suficientes. Es decir, tanto en un clima de coexistencia relativamente pac铆fica como de confrontaci贸n permanente se lleg贸 a remociones de primeros mandatarios, lo que permite relativizar el peso del gobierno dividido como elemento estructural para explicar el curso de los procesos de crisis y hacer 茅nfasis nuevamente en la din谩mica de la interacci贸n concreta en cada caso.

La movilizaci贸n de actores no propiamente pol铆ticos, de sectores de la sociedad civil, fue otra de las dimensiones analizadas en el cap铆tulo cuatro. A partir de la descripci贸n de las din谩micas generales de la protesta social pudo advertirse que existieron grandes diferencias entre ambos casos en cuanto a su intensidad: mientras que la administraci贸n escobarista se desenvolv铆a en un clima de tregua, la administraci贸n avelinista estuvo signada por un clima permanente de confrontaci贸n (apartado 4.1). En ambos per铆odos, no obstante, se replicaban tendencias m谩s generales. Los dos casos coinciden tambi茅n en que fueron los sindicatos quienes protagonizaron la mayor cantidad de acciones de protesta, relacionadas centralmente a demandas salariales y laborales. Un elemento contrastante fue el car谩cter sectorial, o no, de la movilizaci贸n en cada per铆odo. Mientras que en el primer caso se trat贸 de acciones sectoriales mayormente protagonizadas por dirigentes sindicales, en el segundo se registr贸 una multisectorializaci贸n del conflicto: a los sindicatos de trabajadores estatales y docentes se plegaron diversos sectores de la sociedad civil, y tambi茅n existieron numerosas iniciativas por fuera de las estructuras sindicales. De la din谩mica de la protesta social se desprende un elemento central: los conflictos con sindicatos estatales fueron el marco de gestaci贸n de los pedidos de juicio pol铆tico, o, en otras palabras, 茅stos el corolario de una sucesi贸n de jugadas encadenadas donde intervinieron actores desde ubicaciones dispares y con estrategias diversas.

La importancia de la movilizaci贸n de actores no propiamente pol铆ticos en el avance de los procesos de enjuiciamiento ha sido constatada en reiterados casos. En Brasil, luego de hacerse p煤blico el esc谩ndalo de corrupci贸n que involucraba al presidente Fernando Collor de Mello, miles de manifestantes marcharon pidiendo su renuncia, en lo que constituy贸 el proceso de movilizaci贸n m谩s masivo desde el pedido de elecciones al terminar la dictadura en 1984. La expresi贸n de descontento se hizo m谩s palpable cuando el presidente intent贸 enmarcar el conflicto como una conspiraci贸n, y llam贸 a los brasileros a marchar en su apoyo vistiendo los colores de la bandera nacional. A modo de respuesta, miles marcharon en las principales ciudades vistiendo ropa negra. En Ecuador, la relativa ortodoxia en materia de pol铆tica econ贸mica seguida por el gobierno de Abdal谩 Bucaram tuvo como respuesta el malestar de los sectores populares en los que se hab铆a apoyado, que salieron a las calles a protestar cada vez m谩s masivamente. La multisectorializaci贸n de la movilizaci贸n se hizo evidente en una jornada hist贸rica de huelga general, paro c铆vico y manifestaci贸n en Quito. All铆 confluyeron sectores medios, movimientos ind铆genas, sindicatos y quite帽os. El punto c煤lmine de la jornada fue la emisi贸n de un mandato para que el Congreso removiera al presidente. En Filipinas un factor clave para el avance del proceso de enjuiciamiento fue la creciente masividad de las manifestaciones convocadas por la Iglesia, l铆deres empresarios y sectores de clase media. Un caso en sentido contrario que ratifica la importancia de la intervenci贸n de sectores de la sociedad civil en el curso de los juicios es el de Colombia, donde no se registraron intensas protestas y el presidente Ernesto Samper sobrevivi贸 al proceso pese a la gran cantidad de esc谩ndalos en que se vio envuelto y la constataci贸n de actos de corrupci贸n. Finalmente, un caso que evidencia que no es un factor suficiente para el avance de un juicio pol铆tico es el de Luis Gonz谩lez Macchi en Paraguay, quien pese a la persistencia de protestas durante todo su per铆odo de administraci贸n fue capaz de sortear dos intentos de enjuiciamiento. Este caso, como tantos otros de ca铆das de presidentes latinoamericanos (Fernando De la R煤a en Argentina, Gonzalo S谩nchez de Losada en Bolivia), permite afirmar que las destituciones no se producen exclusivamente por la conjunci贸n de movilizaci贸n sectorial y/o multisectorial y persistencia de conflictos, sino que esta variable debe combinarse necesariamente con aspectos institucionales para llegar a tal desenlace.

Al analizar la din谩mica particular de los conflictos registrados en San Juan (apartado 4.2), en ambos casos se pudo constatar que fueron in crescendo e involucrando a terceros actores, m谩s all谩 del Ejecutivo (como representante del Estado al que se le planteaban demandas), y los sectores movilizados (los sindicatos de trabajadores estatales y docentes). En el primer caso, se trat贸 de un conflicto entre ATE y el Ejecutivo que se inici贸 con un reclamo claramente sectorial, aunque enunciado como parte de una estrategia de resistencia a la implementaci贸n de la RE. En su rol de demandante, ATE apel贸 a los poderes Legislativo y Judicial, involucr谩ndolos como mediadores frente a lo que denunciaba como un trato desigual o discriminatorio, y un ataque a su subsistencia. Los legisladores se hicieron eco de este pedido, al igual que los jueces, actuando cada uno con su l贸gica propia ya fuera para avalar pedidos de di谩logo o para determinar la pertinencia de las denuncias presentadas. La insuficiencia de tales intervenciones se tradujo en la persistencia de las acciones de protesta desde el sindicato, que apelaba a la prensa y a la opini贸n p煤blica para denunciar las injusticias de la administraci贸n escobarista. En el segundo caso el conflicto con la Mesa Intersindical tuvo distintas etapas, que fueron desde la negociaci贸n a la represi贸n, involucrando sucesivamente a distintos actores. La propia MI fue resquebraj谩ndose frente a la presi贸n de sus bases y la persistencia del atraso en el pago de salarios. El desborde de sectores de trabajadores y la respuesta represiva por parte del Ejecutivo a una manifestaci贸n fueron puntos de inflexi贸n, no obstante, los dirigentes sindicales propendieron siempre a la negociaci贸n. La progresiva multisectorializaci贸n del conflicto se fue concretando debido a la escasez de recursos financieros, limitaci贸n impuesta por el gobierno nacional y que obturaba toda la vida social de una provincia fuertemente dependiente del empleo p煤blico. En ambos casos la persistencia del conflicto deriv贸 en el recurso, uno m谩s del repertorio de protesta, a la presentaci贸n de un pedido de juicio pol铆tico. Este elemento, que es central, se relaciona con el dise帽o institucional de la provincia: seg煤n la Constituci贸n cualquier ciudadano puede iniciar un pedido y, debido a la Ley que lo reglamenta, esto activa inmediatamente el proceso en la LP.

A partir de los casos aqu铆 estudiados, podr铆a plantearse una hip贸tesis general: la movilizaci贸n de actores sociales con capacidades para desarrollar conflictos duraderos y alterar el orden pol铆tico normal es una condici贸n necesaria para que una situaci贸n sea definida como cr铆tica y pueda recurrirse, en 煤ltima instancia y entre otros remedios posibles, a la destituci贸n por medio de juicio pol铆tico del titular del Poder Ejecutivo. Ahora bien, no todos los casos presentan esta configuraci贸n: como se se帽al贸 anteriormente, hay casos que tienen por caracter铆stica una fuerte intervenci贸n de sectores de las elites pol铆ticas, intelectuales, sindicales y medi谩ticas. Sin embargo, se podr铆a afirmar que existe un tipo particular de situaci贸n destituyente que no tiene en su origen la conspiraci贸n de los sectores dominantes, sino la movilizaci贸n de sectores dominados que luchan por no ver perjudicados sus intereses.

SEGUNDO MOMENTO
Caso 1: Jorge Escobar Caso 2: Alfredo Avel铆n
Pol铆ticas/estilo de gobierno – Decisionismo. – No-decisi贸n.
– Grandes medidas de reforma. – Resistencias t谩cticas a las presiones de ajuste.
– Aislamiento del partido de gobierno. – Personalismo, confrontaci贸n y paulatino aislamiento.
Posici贸n de otros actores -Acompa帽amiento general. -Acompa帽amiento general.
– Conflictos al interior del oficialismo. – Rupturas en la coalici贸n oficialista.
Protesta social – Tregua laboral. – Intensa confrontaci贸n multisectorial.
– Formatos poco masivos. – Formatos masivos.
– Sindicatos estatales y docentes como protagonistas. – Sindicatos docentes y estatales como protagonistas.
Conflictos persistentes – Sectorial. – Multisectorial.
– Negociaci贸n. – Represi贸n.
– Apelaci贸n a la LP y la justicia provincial. – Apelaci贸n a la LP.
– Mediaciones insuficientes. – Mediaciones insuficientes.

La din谩mica de relaci贸n entre actores que se describi贸 permite relativizar el peso del balance estructural del poder gubernamental como elemento explicativo, y tambi茅n del gobierno dividido como fuente de conflictos. Como se ha se帽alado, fue la interacci贸n entre distintos tipos de actores la que configur贸 un escenario de conflicto persistente en el cual las jugadas siguientes fueron encaden谩ndose de modos poco previsibles desde las pertenencias partidarias o la estructura de poder, y mucho m谩s inteligible desde la puesta en pr谩ctica de las racionalidades propias de cada actor individual 贸 colectivo que fue modificando, a partir de sus marcos de referencia y en la propia interacci贸n, sus tomas de posici贸n. Lo que cierra este segundo momento son las presentaciones, que comparten un rasgo fundamental: en ambos casos fueron sectores de la sociedad civil los que trasladaron al 谩mbito de los profesionales de la pol铆tica la demanda de resoluci贸n de un conflicto persistente, traducida en t茅rminos de una auditor铆a a los gobernadores. Lo sectorial de sus presentaciones, la pertinencia de sus reclamos, quedaban instaladas a partir de all铆 en el seno de la relaci贸n entre poderes. Din谩mica que de todos modos estar铆a escrutada permanentemente por todos los actores que participaban, hasta ese punto, de la interacci贸n que hab铆a configurado ese escenario conflictivo. Pero tambi茅n por aquellos que pasivamente participaban del despliegue de un juego pol铆tico que ayudaban a co-constituir. Quienes hab铆an definido en los cuartos oscuros el recambio gubernamental hab铆an apostado colectivamente por un candidato y su actitud expectante posibilitaba tambi茅n el desarrollo de las decisiones y las confrontaciones.

Este balance permite afirmar que no existen factores aislados que permitan explicar una configuraci贸n proclive a la destituci贸n. Y tampoco existen indicadores objetivos que permitan definir a una situaci贸n de crisis. Antes que una influencia propia de ciertos factores, se combinan distintos elementos en un proceso que los selecciona, elabora y combina dando lugar a un complejo escenario definido como cr铆tico. Esta definici贸n es elaborada por los actores mismos en el proceso de la interacci贸n, contribuyendo a ello un desborde de las movilizaciones sociales sobre las capacidades de intermediaci贸n del sistema pol铆tico (Habermas, 2005).

10.3. Mayor铆as destituyentes, resistencia gubernamental y mecanismos institucionales

El desarrollo del procedimiento de juicio pol铆tico es el siguiente momento del ciclo. En esta fase se organiza un plan de acci贸n oficial para el tratamiento del problema que emerge con la presentaci贸n de los pedidos en la LP. La enunciaci贸n de un conjunto de fundamentos para auditar a los gobernadores implica una tematizaci贸n de aspectos de la interacci贸n pol铆tica que obliga a los actores a re-definir la situaci贸n, a re-posicionarse, a construir una manera de justificar su intervenci贸n.

Para el an谩lisis puntual de los procedimientos de juicio pol铆tico se ha se帽alado reiteradamente la importancia del dise帽o institucional, de sus bases constitucionales y legales y tambi茅n de elementos hist贸ricos que las enmarcan, como el papel declinante de las salidas cesaristas -贸, en casos provinciales, de las intervenciones federales o las renuncias forzadas-. Por otra parte se han se帽alado como variables relevantes el contenido de las acusaciones contra los mandatarios, si protagonizaron esc谩ndalos -sobre todo por corrupci贸n- y la disponibilidad p煤blica de la informaci贸n sobre los cargos (Kada, 2003b). Estos tres aspectos se relacionan con el rol de los medios de comunicaci贸n, la opini贸n p煤blica y la movilizaci贸n social en cada caso. Se han considerado tambi茅n para casos nacionales: el rol de los presidentes como actores pol铆tico-institucionales, las divisiones partidarias, el papel de las CI, los criterios de los legisladores durante el proceso y la fortaleza 贸 debilidad legislativa del oficialismo. Los cap铆tulos cinco y seis conjugan este conjunto de variables, integr谩ndolas en cuatro grandes dimensiones.

En primer lugar, se analizaron los pedidos de juicio pol铆tico para indagar sobre sus fundamentos (apartado 5.1). Un elemento com煤n de ambas presentaciones es la causal constitucional en la que se inscribieron: la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico por parte de los gobernadores. Debido a lo ambiguo de esta figura, resulta crucial el modo en que se argumenta en los escritos. Considerando que una denuncia se construye apelando a un criterio de justicia, se busc贸 describir el modo de dar razones por las cuales los legisladores deb铆an auditar a los mandatarios. Otro aspecto com煤n de las denuncias es el car谩cter sectorial de sus signatarios y de los cargos elevados: ambos pedidos involucran denuncias que remiten a la situaci贸n de los trabajadores y docentes dependientes del Estado provincial. En el primer caso ATE denunciaba a Jorge Escobar por alterar pr谩cticas consuetudinarias en el manejo del Estado provincial y tomar medidas de reforma que afectaron al sector p煤blico, adem谩s de tener una actitud persecutoria hacia el sindicato. En el segundo caso la MI, acompa帽ada de instituciones civiles, denunciaba a Alfredo Avel铆n como responsable del incumplimiento de la funci贸n educativa, cuyo origen radicaba en la falta de pago de salarios a trabajadores docentes y estatales en general. El evidente car谩cter sectorial de los cargos elevados busc贸 ser contrarrestado mediante sendas estrategias que apuntaban a la universalizaci贸n de la denuncia. En el primer caso los dirigentes de ATE inflaron la denuncia con una presentaci贸n posterior en la cual acusaban al gobernador de cometer actos de corrupci贸n. Buscaron generar un esc谩ndalo haciendo p煤blica una filmaci贸n que mostraba a Jorge Escobar utilizando recursos del Estado en beneficio propio. La idea de resguardo del bien com煤n, marco t铆pico de la operaci贸n de develamiento que representa un esc谩ndalo (Boltanski, 2000), se hac铆a presente fuertemente en este segundo escrito y una tercera ampliaci贸n de denuncia que lo sucedi贸. En el segundo caso la b煤squeda de colectivizar la causa se combinaba con la necesidad de diferenciar la denuncia de presentaciones anteriores que hab铆an sido desestimadas. El sentido de urgencia y los peligros potenciales de una situaci贸n que describ铆an como crisis terminal fueron los elementos que articularon la argumentaci贸n, en la cual se advert铆a sobre el riesgo de intervenci贸n federal debido a la ineptitud del gobernador para administrar la provincia. Los pedidos de juicio pol铆tico hicieron visible la conexi贸n entre las pol铆ticas aplicadas y las expectativas e intereses de los sectores movilizados: revelaban en ambos casos una disputa por la manera en que se administraban los recursos estatales.

En todos los casos se verifica que el enjuiciamiento de un mandatario se asienta en una serie de enunciados susceptibles de configurar una causa leg铆tima: la puesta en marcha de un proceso de auditor铆a sobre el ejercicio del gobierno tiene que ser justificada por sus promotores (ante s铆 mismos, ante los actores encargados de realizarla y ante otros p煤blicos diversos y m谩s o menos difusos como la opini贸n p煤blica). En Venezuela, por ejemplo, el juicio contra Carlos Andr茅s P茅rez se fundament贸 en hechos de corrupci贸n, que hab铆an sido develados en sucesivos esc谩ndalos, que gracias al rol de los medios se convirtieron r谩pidamente en asuntos de debate p煤blico. El principal cargo presentado por los legisladores se relacion贸 con un hecho de desaparici贸n de fondos. El Congreso hizo eje en una denuncia sobre 250 millones de bol铆vares que habr铆an sido cambiados a d贸lar a precio diferencial y dirigidos a la presidencia, tras lo cual se desconoc铆a su destino. La negativa a dar informaci贸n sobre el asunto fue la llave para el inicio y la continuidad del juicio al presidente. En otra direcci贸n, el caso de Madagascar se desarroll贸 fundamentalmente al interior del Congreso: los legisladores fueron documentando y justificando paulatinamente una serie de cargos desde la propia asunci贸n de Albert Zafy, en un trabajo que se sostuvo hasta conseguir un volumen suficiente de pruebas para enjuiciarlo por una serie de violaciones constitucionales y abusos de autoridad. La evidencia muestra que las justificaciones pueden provenir de la sociedad civil o de la propia LP, pero siempre forman parte del proceso. En ese sentido, los juicios pol铆ticos comparten con otras configuraciones destituyentes la necesidad de argumentar acerca de la necesidad y la legitimidad de un cambio de tim贸n.

En segundo lugar, se analizaron los per铆odos de investigaci贸n iniciados autom谩ticamente ante cada denuncia y protagonizados por una CI de cinco legisladores (apartado 5.2). En ambos casos estos per铆odos y el rol de las CI fueron variables clave en el desarrollo de los procedimientos, pese a que el lapso y modo de actuaci贸n fueron muy distintos. Durante estos per铆odos la interacci贸n de los protagonistas y sendos terceros actores deriv贸 en un encadenamiento de jugadas que hicieron cada vez m谩s irreversibles las acusaciones. En el primer caso, la investigaci贸n se inici贸 con un ritmo lento, y estuvo enmarcada por una estrategia de confrontaci贸n p煤blica desde el Ejecutivo (y el justicialismo) hacia ATE y su denuncia, y tambi茅n por un pedido de di谩logo desde los bloques opositores. Fue durante este per铆odo de investigaci贸n cuando el esc谩ndalo aparece como elemento, a partir de la nueva denuncia de los sindicalistas, para contrarrestar la campa帽a de desprestigio. La nueva jugada marc贸 un punto de inflexi贸n en la actividad de los investigadores y la situaci贸n pol铆tica en general. El cambio de actitud de Jorge Escobar hacia la negociaci贸n fue radical, e intervino la Iglesia como nuevo tercer actor para resolver el conflicto. Pese al resultado positivo de la mediaci贸n, los sindicalistas no retiraron la denuncia y la CI continu贸 investigando: el nivel de publicidad del esc谩ndalo generado, sobre todo por la intervenci贸n de los medios de comunicaci贸n, hac铆a muy dif铆cil volver atr谩s a aquellos que lo hab铆an incentivado. Otro elemento que se conjug贸 posteriormente fue la estrategia oficialista de culpar a la oposici贸n de desestabilizadora, ante la cual la respuesta fue una mayor radicalidad en la investigaci贸n. Durante este per铆odo la interacci贸n pol铆tica se fue encadenando para dar como resultado un escenario de enfrentamientos locales cada vez m谩s radicales y tomas de distancia desde los dirigentes pol铆ticos nacionales. En el segundo caso la misma CI hab铆a actuado frente a tres denuncias previas contra Alfredo Avel铆n, lo que implic贸 que hab铆an producido dict谩menes y tomado posiciones que condicionaban su accionar posterior. En este caso se limitaron casi exclusivamente a reunir pruebas de tipo documental durante un breve per铆odo, que estuvo signado por la continuidad de la protesta, y por la presi贸n de los dirigentes sindicales sobre distintos representantes del Poder Legislativo. El agravamiento de la situaci贸n financiera provincial y la profundizaci贸n de la confrontaci贸n del gobernador con las autoridades nacionales fueron dos elementos que se conjugaron para fogonear la celeridad del proceso, durante el cual el rol de los periodistas y medios de comunicaci贸n fue una variable de peso. El acuerdo generalizado sobre la falta de margen de acci贸n del Ejecutivo se hizo evidente en el corto per铆odo investigativo: todos los actores, incluso el gobernador que insist铆a en no renunciar, compart铆an la definici贸n de una urgente necesidad de rearticular las relaciones pol铆ticas, un saliente que oper贸 sobre la din谩mica de la CI y su resultado. Estos per铆odos de actuaci贸n de las CI evidencian que las sucesivas jugadas se desplegaron en un clima de incertidumbre: en ambos casos se puede observar c贸mo la p茅rdida de marcos de referencia habituales sign贸 el accionar del conjunto de los actores, haciendo poco previsible para todos tanto el encadenamiento de jugadas como su resultado.

En este nivel, es necesario tener en cuenta que las argumentaciones favorables a una destituci贸n pueden apoyarse en justificaciones aceptables y aceptadas, pero s贸lo podr谩n dar lugar a actos institucionales en caso de que existan mayor铆as legislativas que impulsen la dr谩stica soluci贸n habilitada por las normas constitucionales. Es aqu铆 que el juicio pol铆tico evidencia su car谩cter democr谩tico: s贸lo puede avanzar a partir del acuerdo de una mayor铆a de los representantes elegidos por el voto popular. Car谩cter que se ve reforzado en situaciones de fuerte movilizaci贸n social y conmoci贸n pol铆tica, ya que los legisladores son condicionados estructuralmente hacia una mayor receptividad respecto de las demandas sociales que expresan las movilizaciones, proclamas, solicitadas y diagn贸sticos enunciados por portavoces de distintos sectores sociales. Elementos que constituyen salientes que retoman para orientar su accionar: para mantener su posici贸n en el escenario pol铆tico los legisladores deben ratificar su representatividad, cuyos fundamentos descansan en normas m谩s o menos expl铆citas de relaci贸n con sus votantes, las cuales, a su vez, est谩n inscritas d贸xicamente en su posici贸n y forman parte de su habitus. Es por ello que este tipo de resoluci贸n de situaciones de crisis actualiza, ratific谩ndolos, la legitimidad de los fundamentos en que se basa el juego pol铆tico democr谩tico. Esto se observa en otros casos de destituci贸n por juicio pol铆tico, por ejemplo, en Filipinas, donde la receptividad de los legisladores se vio reforzada por la intensidad del movimiento que exig铆a la remoci贸n del presidente, del que participaban l铆deres eclesi谩sticos, empresariales, sectores de clase media y sindicatos de diversas ramas. Todos estos actores conflu铆an para demandar a los representantes que avanzaran en una investigaci贸n sobre hechos de corrupci贸n que hab铆a sido desactivada en un acuerdo dentro del Congreso, pero que fue luego reactivada y retomada en el marco de una escalada de manifestaciones cada vez m谩s masivas y multisectoriales. En sentido contrario el caso de Colombia muestra c贸mo una serie de acusaciones basadas en justificaciones aceptadas y aceptables, no prosperaron por no contar con una mayor铆a legislativa suficiente para sostenerlas.

Durante la actuaci贸n de la CI, la disciplina partidaria, el manejo de la informaci贸n del caso y la evaluaci贸n personal de los legisladores fueron variables que se conjugaron para decantar finalmente en la redacci贸n de los dict谩menes que se elevar铆an a la SA (apartado 6.1). Estos documentos fueron redactados individual 贸 colectivamente tomando en cuenta tanto los cargos como las pruebas recabadas. En ambos casos se pudo advertir la relevancia de este conjunto de variables, cuya imbricaci贸n se hizo evidente en el resultado final de la labor de los investigadores: los dict谩menes producidos, donde plasmaron los criterios de juicio leg铆timos que servir铆an como salientes al conjunto de la SA. Del an谩lisis de estos documentos destaca, en el primer caso, la pertenencia partidaria de los tres escritos, es decir, la relevancia de la disciplina partidaria. Dos de ellos, de los bloques opositores, aconsejaban acusar al gobernador. El tercero, del oficialismo, desestimaba punto por punto las denuncias. Las posiciones p煤blicas de cada partido y las estrategias discursivas de sus dirigentes se replicaban en los resultados finales de la CI. En cada escrito se evidenciaba, por un lado, la ubicaci贸n de cada partido en el escenario pol铆tico y, correlativamente, un modo particular de justificar su posici贸n que se orientaba a un p煤blico m谩s amplio que los propios legisladores: los profanos. La mayor radicalidad en la acusaci贸n y la apelaci贸n al sentido com煤n como fuente de legitimidad se condensaron en el dictamen del PB, oficialismo desplazado del gobierno poco antes; la mayor cautela y b煤squeda de argumentos de tipo racional se concentraron en el escrito de la CR, fuerza provincial que aspiraba al gobierno y ten铆a buena relaci贸n con el justicialismo nacional; y el rechazo total de las acusaciones y la apelaci贸n a la legitimidad electoral fueron caracter铆sticas del dictamen del PJ, oficialismo que hab铆a logrado imponerse por un escaso margen y defend铆a su posici贸n dominante recientemente conseguida. En el segundo caso se puede advertir que el margen de evaluaci贸n personal de los legisladores sobre los cargos fue una variable relevante, que se combin贸 con la disciplina partidaria y la ubicaci贸n de los distintos partidos en el escenario pol铆tico. De los cuatro escritos tres aconsejaban acusar, evidenci谩ndose una coincidencia de casi todo el arco pol铆tico. El cuarto dictamen, oficialista, desestimaba la denuncia en una defensa ac茅rrima del gobernador. La persistencia de un clima de incertidumbre que difuminaba los marcos de referencia de los legisladores y el car谩cter p煤blico de los procedimientos -que eran escrutados por los sectores movilizados y los medios de comunicaci贸n-, son elementos que permearon todos los escritos. En ellos qued贸 plasmada la necesidad de justificar ante profesionales y profanos la persistencia o cambio de posici贸n de cada miembro de la CI respecto de los juicios anteriores. Entre los escritos acusatorios existieron grandes matices: el escrito conjunto del PB y la UCR, inicialmente parte del oficialismo, busc贸 establecer la exclusiva responsabilidad del gobernador por la situaci贸n provincial. El dictamen del PJ se centr贸 en justificar su cambio de posici贸n y despejar toda acusaci贸n de conspiraci贸n. El texto de Desarrollo y Justicia apelaba al resguardo del bien com煤n para apuntalar la acusaci贸n. En sentido contrario, el escrito de la CR denunciaba un acto conspirativo y apelaba a la legitimidad electoral. Estos dict谩menes cristalizaron las posiciones pol铆ticas construidas durante el per铆odo investigativo y enunciaban, adem谩s, los principios de justicia que formaban parte del sentido com煤n pol铆tico de la provincia, recuper谩ndolos para la construcci贸n del acuerdo necesario para que la acusaci贸n avanzara. El principio de justicia enunciado un谩nimemente fue la b煤squeda del bien com煤n, una m谩xima republicana inscripta en las instituciones del r茅gimen democr谩tico.

Como se ha se帽alado, la SA es el principal filtro para el progreso del juicio pol铆tico. Las sesiones especiales de este organismo representaron, en ambos casos, puntos de inflexi贸n: en ellas se consolidaron los endebles acuerdos que se hab铆an articulado en contextos de incertidumbre para suspender a los gobernadores (apartado 6.2). Tres elementos que signaron su desarrollo fueron la movilizaci贸n de sectores de la sociedad civil, el seguimiento integral de los medios de comunicaci贸n y las estrategias del oficialismo frente al avance del proceso. Otro elemento compartido fue la ausencia de debate al interior de la c谩mara -con escasas excepciones-, lo que evidencia que la cristalizaci贸n de posiciones en los dict谩menes fue un elemento crucial, y que la disciplina partidaria operar铆a a partir de all铆 como marco de referencia para el accionar de los legisladores. En 1992 el justicialismo intent贸 frenar la acusaci贸n con distintas jugadas, pero ninguna de ellas alter贸 el curso de la sesi贸n y, ante el retiro de la bancada oficialista en pleno, la votaci贸n se resolvi贸 por unanimidad entre la CR y el PB. Todos los legisladores replicaban en votos 贸 ausencias las definiciones volcadas en sus dict谩menes partidarios. En 2002 la vigilia de sindicalistas frente a la LP era un elemento de presi贸n sobre los legisladores, presencia a la que se sumaba lo p煤blico de su accionar debido a la transmisi贸n televisiva y radial 铆ntegra de la sesi贸n. Ambos elementos se conjugaron para resaltar las posturas personales de quienes se opon铆an a la acusaci贸n, cuya intervenci贸n y b煤squeda de debate contrastaban con la pretensi贸n mayoritaria de resolver r谩pidamente la acusaci贸n. El PB, el PJ, Desarrollo y Justicia y una parte de la UCR votaron a favor, mientras que otro sector de la UCR y bloques unipersonales m谩s el oficialismo votaron en contra. Nuevamente se replicaron las posiciones que hab铆an hecho p煤blicas los legisladores en momentos previos a la sesi贸n, aunque en este caso no se reproduc铆an las pertenencias partidarias de los dict谩menes, sino que exist铆a un margen de acci贸n personal, y/o partidaria mayor, debido adem谩s a la mayor heterogeneidad de bloques al interior de la LP. Puertas afuera se festejaba abiertamente la suspensi贸n del gobernador desde los sectores movilizados. El desarrollo de ambas sesiones evidencia que una vez iniciadas no exist铆a margen para negociaciones.

Tanto en la din谩mica de la CI como en la de la SA, se observa la importancia de la dimensi贸n partidaria, pero sobre todo el principio fundamental de divisi贸n del sistema pol铆tico (gobierno/oposici贸n) que explica gran parte de las acciones que all铆 se desarrollan (Luhmann, 1993). Ahora bien, si en un primer momento este clivaje explica la defensa que el oficialismo hace del jefe de gobierno, en un segundo momento se establece una estrategia corporativa (del tipo 鈥渃lase pol铆tica鈥) que resigna a uno de sus miembros (en estos casos, a miembros relativamente recientes o marginales) para salvar al conjunto. Aqu铆 se vuelve importante el an谩lisis de la cohesi贸n interna del partido o la coalici贸n de gobierno. Mirando hacia otras latitudes, el caso de Paraguay evidencia la importancia de las divisiones internas en el partido gobernante: Ra煤l Cubas Grau asumi贸 con mayor铆a parlamentaria (55 por ciento de las bancas) y la votaci贸n en su contra se resolvi贸 por 49 votos a favor y 24 en contra. Este resultado s贸lo fue posible por la divisi贸n del Partido Colorado. Por otra parte, el juicio contra Joseph Estrada en Filipinas muestra el cambio de posici贸n de los legisladores ante la presi贸n de terceros actores. All铆 se pas贸 de un primer momento de defensa corporativa desde la mayor铆a oficialista al presidente a un segundo momento de avance de las acusaciones y la remoci贸n final del mandatario.

TERCER MOMENTO
Caso 1: Jorge Escobar Caso 2: Alfredo Avel铆n
Pedido de juicio pol铆tico – Iniciado por actores sociales: ATE. – Iniciado por actores sociales: MI y organizaciones civiles.
– Apelaci贸n a la causal de falta de cumplimiento a los deberes de funcionario p煤blico. – Apelaci贸n a la causal de falta de cumplimiento a los deberes de funcionario p煤blico.
– Demanda sectorial como eje de la denuncia: retenciones gremiales adeudadas. – Demanda sectorial como eje de la denuncia: falta de pago de salarios.
Actuaci贸n CI – Esc谩ndalo como nuevo eje. – Continuidad de la protesta.
– Mediaci贸n de la Iglesia para desactivar el juicio pol铆tico. – Celeridad en el proceso.
– Polarizaci贸n entre oficialismo y oposici贸n. – Confrontaci贸n creciente gobernador-gobierno nacional.
Dict谩menes/criterios – Defensa del oficialismo: apelaci贸n a la legitimidad electoral. – Defensa del oficialismo: apelaci贸n a la legitimidad electoral.
– Acusaci贸n de la oposici贸n: apelaci贸n al resguardo del bien com煤n. – Acusaci贸n de la oposici贸n: apelaci贸n al resguardo del bien com煤n.
Acusaci贸n – Defensa del oficialismo: retiro de la bancada justicialista. – Defensa del oficialismo y bloques menores.
– Unanimidad de la oposici贸n provincial para acusar. – Consenso bloques opositores mayoritarios para acusar.

En San Juan, la presentaci贸n de los pedidos se dio, en ambos casos, luego de una serie de jugadas conflictivas que fueron posicionando a los actores en lugares que no eran simples de revertir sin poner en riesgo su lugar en el juego. La necesidad de justificar cada toma de posici贸n se relacionaba con la propia posibilidad de realizar acciones futuras, es decir, autojustificarse y, al mismo tiempo, aparecer como actor leg铆timo ante los dem谩s. Para nadie era posible desconocer lo que se hab铆a tematizado: se hab铆an lanzado al espacio p煤blico-pol铆tico una serie de elementos que todos los participantes deb铆an manejar. Todos los actores tomaban posici贸n frente a los procedimientos, fuesen legisladores, gobernadores, sindicalistas, periodistas, gobierno nacional, Iglesia, jueces, sectores de la sociedad civil o ciudadanos m谩s o menos bien informados que escrutaban el proceso. Los principios de justicia explicitados en estos per铆odos ser铆an un saliente que orientar铆a la interacci贸n pol铆tica en lo sucesivo. Principios abstractos que eran completados con argumentos espec铆ficos en cada dictamen, los cuales fueron validados 鈥攐 al menos no enf谩ticamente rechazados 鈥 y que permitieron a la LP suspender al gobernador leg铆timamente.

Los elementos analizados permiten entender la din谩mica pol铆tica e institucional que rodea al desarrollo del juicio pol铆tico. Ahora bien, esto puede servir para echar luz sobre una cuesti贸n fundamental: 驴por qu茅 la resoluci贸n al conflicto se dio a trav茅s de una destituci贸n por juicio pol铆tico, y no por medio de otros mecanismos? En efecto, muchas crisis pueden atravesarse con cierto equilibrio y resolverse con una recomposici贸n del poder gubernamental. Tambi茅n puede suceder que un gobierno d茅bil se prolongue hasta que los tiempos institucionales resuelvan la situaci贸n a trav茅s de elecciones. Ahora bien, hay soluciones que interrumpen el mandato de un gobierno. Algunas de ellas, como los golpes de Estado en el nivel nacional, son contrarias a las normas constitucionales (aunque su regularidad durante el siglo XX en Am茅rica Latina puede hacer pensar que se trataba de un mecanismo establecido en la cultura pol铆tica de nuestros pa铆ses). Otras soluciones se enmarcan dentro de las reglas institucionales de la rep煤blica democr谩tica: la renuncia voluntaria, la convocatoria a elecciones anticipadas, la intervenci贸n federal y el juicio pol铆tico. En este caso, se trata de respuestas previstas por los procedimientos constitucionales, que aportan soluciones pac铆ficas y de relativa continuidad a situaciones conflictivas. 驴Por qu茅 razones, en un determinado momento, una soluci贸n se impone sobre otras posibles? 驴Qu茅 papel desempe帽a en ello la estrategia de los actores relevantes, l茅ase la intransigencia de un gobierno sin apoyos o la relativa deslealtad de la oposici贸n pol铆tica y social? En el caso sanjuanino, la hip贸tesis es que el juicio pol铆tico es, en primer t茅rmino, una soluci贸n que preserva la autonom铆a provincial frente a la intervenci贸n del gobierno central: los actores locales logran as铆 controlar la resoluci贸n de la crisis sin resignar facultades. Queda as铆 descartado el llamado a la intervenci贸n federal. Ahora bien, la renuncia del gobernador es una salida posible: esto supone que el mandatario es persuadido, por sus asesores, aliados o adversarios, de que no tiene sentido resistir y que la situaci贸n se ha ido de las manos. Casos frecuentes ha habido en la historia argentina reciente de gobernadores renunciantes (Carlos Ruckauf), o incluso de un presidente (Fernando De la Rua) que ha abandonado su cargo ante una situaci贸n concebida como ingobernable. El llamado a elecciones anticipadas es una soluci贸n menos dr谩stica, una especie de renuncia postdatada: en cierto modo, la salida del presidente Duhalde del gobierno nacional asumi贸 este formato (y suele darse con frecuencia en los sistemas parlamentarios, donde las reglas institucionales prev茅n este mecanismo). En los casos aqu铆 estudiados, los gobernadores rechazaron la salida voluntaria del gobierno y resistieron los embates de sus adversarios, incluso una vez que el juicio pol铆tico estaba en curso. Por lo tanto, el juicio pol铆tico parece ser la soluci贸n adoptada por actores que 鈥 en una situaci贸n definida como cr铆tica 鈥 quieren poner fin al gobierno sin resignar poder frente al gobierno central y sin poder contar con la colaboraci贸n voluntaria del mandatario cuya partida se juzga conveniente. El primer factor opera en 谩mbitos subnacionales como San Juan, o en casos en los que se plante贸 la misma alternativa: la singularidad del caso sanjuanino parece estar dada por la presencia de fuertes partidos provinciales que tienen en alta estima a la autonom铆a de su sistema pol铆tico. En otros casos aparece la combinaci贸n de consenso de la mayor铆a de los actores pol铆ticos y resistencia por parte de un mandatario crecientemente aislado. Esto parece suficiente a escala nacional, como se verifica en el caso de Fernando Collor de Mello y Albert Zafy.

10.4. Reversibilidad, recomposiciones contingentes y reordenamiento pol铆tico

Las suspensiones marcan un punto de inflexi贸n y dan lugar al momento final del ciclo de la crisis. En la literatura se ha prestado atenci贸n tanto al modo en que culminan los juicios como a la sucesi贸n, analizando variables como el rol de los gobernadores, las caracter铆sticas de los sucesores, el dise帽o institucional, el rol de la oposici贸n, la intervenci贸n y/o posicionamiento de terceras partes, la continuidad de los conflictos y el modo en que se cerraron las coyunturas cr铆ticas. Al an谩lisis de este conjunto de variables se dedicron los cap铆tulos siete y ocho, que articularon cuatro grandes dimensiones: la reacci贸n de los gobernadores ante la suspensi贸n, la actuaci贸n de la SJ y las destituciones efectivas, las caracter铆sticas de los sucesores y el reacomodamiento del escenario pol铆tico durante sus per铆odos de gobierno.

En primer lugar, se analizaron las reacciones de los gobernadores ante su suspensi贸n elemento que tiene una importancia central para el proceso de enjuiciamiento ya que es una de las jugadas que se encadenan para dar sentido a su carrera dentro de la crisis. Como se describi贸 en el cap铆tulo siete, en los dos casos la posici贸n que asumieron fue no renunciar, aunque con estrategias contrapuestas (apartado 7.1). Los gobernadores mantuvieron un alto perfil, coherente con el que hab铆a caracterizado su intervenci贸n en el juego pol铆tico durante los momentos anteriores del ciclo de crisis, ya sea que iniciaran una estrategia de resistencia, como en el primer caso, o se replegaran a la vida privada como en el segundo. Las estrategias escogidas por cada uno avalan la hip贸tesis de una regresi贸n hacia el habitus en contextos de incertidumbre: cada gobernador realiz贸 jugadas que formaban parte del universo de lo posible a partir de sus disposiciones. Jorge Escobar opt贸 por la resistencia, redactando decretos que desconoc铆an las definiciones de la LP y recurriendo a la Corte provincial para que lo amparase. Lo infructuoso de estas jugadas, que fueron deslegitimadas incluso por la estructura del justicialismo, hac铆a evidente su car谩cter de outsider. Pero este era justamente el capital pol铆tico con el que contaba y, por ello mismo, el gobernador suspendido opt贸 por no renunciar y enfrentar el juicio apelando a dos tipos de actores que hab铆an apuntalado su candidatura y su llegada al gobierno: los dirigentes nacionales del justicialismo oficialista y su base electoral. En el segundo caso, Alfredo Avel铆n opt贸 por una estrategia de salida que consisti贸 en la impugnaci贸n del procedimiento, combinada con la reclusi贸n en la vida privada. Coherente con su trayectoria previa, tambi茅n declaraba que no renunciar铆a al cargo, pese a que tampoco har铆a uso de la instancia de defensa. La continuidad de las acciones de protesta y la falta de certeza sobre auxilios financieros configuraban un escenario de gran fluidez. En ese marco la suspensi贸n y posterior retiro a la vida privada del gobernador lo ubicaron nuevamente en un lugar que le resultaba familiar: la oposici贸n. Su intervenci贸n pol铆tica se centr贸 en denunciar el car谩cter conspirativo del procedimiento. Fiel a su car谩cter de pol铆tico de vocaci贸n, no se retiraba ni cerraba la posibilidad de retorno, a煤n cuando se hab铆an desarticulado la mayor parte de los apoyos que lo hab铆an catapultado al Ejecutivo. En ambos juicios las posiciones adoptadas por los gobernadores impactaron sobre el encadenamiento de jugadas posteriores: todos los actores percib铆an que en ning煤n caso pod铆a descartarse completamente la posibilidad de retorno. La negativa de los gobernadores a renunciar, la continuidad del juicio y el car谩cter provisorio de las nuevas autoridades eran elementos que se combinaban para dotar a la nueva situaci贸n de una elevada cuota de inestabilidad.

En todos los casos de juicio pol铆tico los mandatarios reaccionaron dentro de un abanico de respuestas posibles seg煤n la etapa del proceso en que se encontraban y el dise帽o institucional en el que se inscrib铆an. Primero debieron resolver entre las dos grandes opciones ante la acusaci贸n (renunciar o no). La opci贸n de continuar en el cargo implic贸 en algunos casos dotarse de una estrategia de enfrentamiento, que generalmente consisti贸 en la denuncia de golpe, conspiraci贸n o maniobra de grupos de inter茅s. Esto se constata en el caso de Madagascar, donde Albert Zafy denunci贸 un golpe de Estado constitucional, en Ecuador, donde Abdal谩 Bucaram denunci贸 un golpe, en Paraguay, donde Carlos Andr茅s P茅rez denunci贸 una conspiraci贸n y en Brasil, donde Fernando Collor de Mello denunci贸 un complot, un cuartelazo parlamentario. Otra de las estrategias posibles fue la negociaci贸n, como se constata en los casos de Ernesto Samper en Colombia y Luis Gonz谩lez Macchi en Ecuador. La evidencia muestra que el despliegue de estas estrategias de enfrentamiento o negociaci贸n puede tener duraciones muy dispares pero que, en todos los casos, la reacci贸n individual de los mandatarios dota de un elevado margen de inestabilidad al escenario pol铆tico. Se puede afirmar que ese margen de acci贸n individual es un elemento que incide sobre los marcos estructurales, orientando la interacci贸n hacia un abanico de resultados posibles, a cuya emergencia coadyuvan las jugadas de otros actores que se encadenan posteriormente.

En los casos ocurridos en San Juan, todav铆a era necesario transitar la etapa final de los procedimientos: la actuaci贸n de la SJ (apartado 7.2). En esta etapa formaron parte de la interacci贸n pol铆tica, en los dos casos, un conjunto de actores que inclu铆a a los propios mandatarios, los legisladores, dirigentes de partidos nacionales y provinciales, dirigentes sindicales, periodistas y medios de comunicaci贸n, ciudadanos profanos movilizados por estructuras colectivas o por los sondeos m谩s o menos formales de la opini贸n p煤blica. Si bien se ha se帽alado que el 茅xito de la acusaci贸n aumenta las posibilidades de destituci贸n efectiva, 茅sta no se encuentra prefijada ni resulta autom谩ticamente del avance del proceso. Por el contrario, otras opciones de resoluci贸n son posibles, entre ellas, revertir el fallo inicial de la SA. El avance del procedimiento hac铆a necesario que cada jugada fuese legitimada frente a distintos p煤blicos. Como se pudo advertir en ambos casos, la interacci贸n pol铆tica durante estos per铆odos se orientaba hacia afuera: la sociedad civil, un p煤blico amplio y heterog茅neo, era la depositaria de las justificaciones esgrimidas por los distintos actores, toda vez que la tematizaci贸n de una serie de elementos hab铆a planteado la necesidad de explicitar los fundamentos de cualquier toma de posici贸n. En el primer caso Jorge Escobar manten铆a una estrategia ofensiva de resistencia, defini茅ndose como v铆ctima de una conspiraci贸n. Junto a su entorno m谩s cercano, llamaba al pueblo a movilizarse en su apoyo. La realizaci贸n de manifestaciones y otras acciones, fue acompa帽ada de declaraciones cotidianas en los medios tanto del gobernador como de sus colaboradores, que apostaban a enfrentar el juicio hasta las 煤ltimas consecuencias. La continuidad justicialista en el Ejecutivo planteaba un escenario problem谩tico, que fue resuelto por Jorge Escobar mediante la apelaci贸n directa a su electorado, al pueblo que hab铆a apoyado el proyecto nacional al que representaba. El momento final del juicio evidenci贸 las tensiones que atravesaba el justicialismo: s贸lo dos de sus siete legisladores se pronunciaron por la inocencia del gobernador. La definici贸n de todos legisladores estuvo influida por la confiabilidad y validez de la informaci贸n recabada y la publicidad de los hechos denunciados, por el encadenamiento de jugadas que tornaba cada vez m谩s irreversible el resultado, pero contribuy贸 en gran medida al desenlace el peso de las estructuras partidarias y, fundamentalmente, la llegada al poder de una l铆nea distinta del justicialismo. En el segundo caso la SJ actuaba en un clima de urgencia: por una parte se manten铆a la movilizaci贸n de sectores de trabajadores estatales y docentes, por otra, los recursos financieros eran insuficientes. Escenario que jaqueaba a la administraci贸n interina y quitaba protagonismo a la LP. Por su parte, el gobernador se negaba a cualquier tipo de participaci贸n, pero tampoco renunciaba. La atenci贸n de todos los actores estaba en otra parte: se debat铆a sobre las cifras de la provincia, la preocupaci贸n central que se hab铆a instalado era cu谩nto faltaba, cu谩ndo llegaba, para qu茅 alcanzaba. En ese marco, los legisladores apostaban por la pronta finalizaci贸n del juicio, por lo que acortaron los plazos, definiendo la destituci贸n por una serie de cargos que distaron de ser votados un谩nimemente. En ambos casos el apego a los procedimientos fue una caracter铆stica de las sesiones, y fue un elemento explicitado como rasgo permanente de los procedimientos en declaraciones medi谩ticas de las autoridades de la SJ y distintos legisladores. Buscaban dotarlos de legitimidad, despejando toda posibilidad de que recusara su accionar, tanto por la naturaleza de los cargos que justificaron las destituciones, como por la movilizaci贸n puertas afuera o la celeridad de los plazos. El respeto de los pasos procesales y el apego a las garant铆as de las partes eran los aspectos que parec铆an otorg谩rsela.

Aqu铆 nuevamente aparece la importancia del factor partidario y del rendimiento de la gesti贸n gubernamental. Pero no se trata de variables est谩ticas. La debilidad de la coalici贸n gobernante, o el bajo nivel de cohesi贸n interna del partido/coalici贸n de gobierno, es un dato inicial en los dos procesos que aqu铆 se analizan, las cuales, lejos de resolverse, se van profundizando con el desarrollo de la crisis. Los fracasos de las medidas de gobierno, la falta de apoyos externos y la movilizaci贸n popular socavan los fundamentos mismos del orden en el transcurso del proceso y permiten entender en contexto las jugadas de los actores en su etapa final. La no renuncia de los gobernadores es una jugada individual que niega elementos de la realidad pol铆tica, pero es tambi茅n un indicador de la contingencia inherente a la constituci贸n de las configuraciones sociales. Esto puede constatarse en la experiencia brasile帽a, donde Fernando Collor de Mello se mantuvo en el gobierno despu茅s de ser suspendido, pese a la sugerencia de algunos de sus ministros de renunciar para evitarle el problema de un proceso de juicio pol铆tico al pa铆s. De modo similar a lo que hizo Jorge Escobar, el presidente se neg贸 a renunciar e intent贸 distintas defensas, desplegando una estrategia de resistencia. Primero acudi贸 a la cadena de radio y televisi贸n y rechaz贸 las actuaciones de la CI, por tratarse de falsas acusaciones, intrigas y traiciones que significaban un golpe contra su figura. M谩s tarde present贸 como defensa la 鈥淥peraci贸n Uruguay鈥, una estrategia poco exitosa que le cost贸 caro. Despu茅s intent贸 en vano que se aplazara el juicio y que hubiese voto secreto de los legisladores. Una vez iniciado el proceso, sostuvo ante el Congreso que toda la responsabilidad cab铆a a un ex-colaborador y que 茅l no ten铆a conocimiento de nada de lo ocurrido. Finalmente, renunci贸 a 煤ltimo momento alegando que hab铆a sido forzado a hacerlo en vista del complot organizado en su contra. Fernando Collor de Mello renunci贸 para evitar que le fueran privados sus derechos pol铆ticos, pero la p茅rdida paulatina de apoyo pol铆tico que hab铆a sufrido se expres贸 en la votaci贸n del Senado, que adem谩s de destituirlo vot贸 privarlo de derechos pol铆ticos por ocho a帽os, e iniciar acciones penales por delitos de corrupci贸n pasiva y asociaci贸n il铆cita. Otro ejemplo similar es el caso de Madagascar, donde Albert Zafy se neg贸 a renunciar y se defendi贸 de todos los cargos, manteniendo una estrategia ofensiva durante todo el proceso, pese a que finalmente acept贸 la decisi贸n de su remoci贸n. En sentido contrario se desarroll贸 el caso de Colombia, donde Ernesto Samper tambi茅n se neg贸 a renunciar y enfrent贸 el proceso. Durante ese per铆odo se mantuvo en el cargo y adopt贸 una posici贸n de negociaci贸n que le permiti贸 sobrevivir al juicio pol铆tico. Resultado que s贸lo ser铆a posible por una conjunci贸n del accionar del mandatario, un acuerdo entre pol铆ticos profesionales para absolverlo y la aceptaci贸n, relativamente pasiva, de esta decisi贸n por parte de otros actores y sectores. Como se puede advertir tanto en casos de remoci贸n como de supervivencia, la din谩mica de interacci贸n en escenarios altamente contingentes es un factor clave para el desenlace de las situaciones de crisis.

En San Juan, la actuaci贸n de la LP como mecanismo de control concluy贸 con estas sesiones, donde se defini贸 la destituci贸n de los gobernadores y se dispuso la continuidad de los vicegobernadores ahora en car谩cter de sucesores definitivos. En el cap铆tulo ocho se constat贸 que las destituciones implicaron discontinuidades y rearticulaciones de las relaciones pol铆ticas, y que los sucesores necesitaron construir legitimidad de reemplazo durante sus per铆odos de gobierno para poder transitar sus gestiones de modo relativamente exitoso (apartado 8.1). La manera de llegar al binomio y la trayectoria personal de los vicegobernadores condicionaban el modo en que se realizar铆a esta construcci贸n, como as铆 tambi茅n la relaci贸n que sostuvieron con los gobernadores, con sus entornos y con su base electoral en cada caso. Ambos sucesores presentaban caracter铆sticas muy distintas. En el primer caso, Juan Carlos Rojas era un dirigente menor, sin experiencia en cargos p煤blicos, que hab铆a llegado al binomio por ser representante de un sector tradicional del justicialismo y estar disponible en un momento clave donde se necesitaba equilibrar la f贸rmula de los renovadores. En el segundo caso, Wbaldino Acosta era un pol铆tico de dilatada trayectoria que hab铆a llegado a la f贸rmula gracias a su ubicaci贸n en la estructura del PB y su rol en las negociaciones para la constituci贸n de la Alianza. No obstante, desempe帽aron su papel de modo muy similar: casi no participaron de las campa帽as, mantuvieron bajo perfil durante las administraciones y no se posicionaron p煤blicamente durante los juicios pol铆ticos. Este rol marginal se revirti贸 con su ascenso al gobierno, que en ambos casos implic贸 una discontinuidad, sea porque llegase un sector distinto del justicialismo u otro partido a controlar el Ejecutivo. Los dos tomaron medidas similares al iniciar sus gestiones: nombraron nuevos gabinetes, reafirmaron la relaci贸n con las autoridades nacionales y llamaron p煤blica y abiertamente a todos los sectores a colaborar con ellos. Buscaban as铆 acumular un cierto capital pol铆tico que les permitiera encarar sus respectivas gestiones con una legitimidad que no pod铆an extraer ni de la etapa anterior ni del apoyo electoral.

Esta din谩mica se pudo observar en otros casos de suspensi贸n de primeros mandatarios, como por ejemplo en Brasil donde asumi贸 transitoriamente el vicepresidente, Itamar Franco, quien conform贸 un gobierno provisional en base al peso de las fuerzas pol铆ticas a nivel nacional, con ministerios en manos de diferentes partidos. Con esta medida que buscaba generar apoyo a un gobierno interino en un marco de incertidumbre. Un proceso similar se dio en Venezuela, donde luego de la suspensi贸n de Carlos Andr茅s P茅rez asumi贸 interinamente Octavio Lepage, titular de la C谩mara Alta. Su per铆odo de mandato no era claro y gener贸 debates que evidenciaron el vac铆o institucional que implicaba la remoci贸n del presidente. Menos de 20 d铆as despu茅s asumi贸 Ram贸n Jos茅 Velazquez como presidente del consenso, respaldado por los dos principales partidos y por el sector empresario. En el mismo sentido, pero con otros matices, se orient贸 el gobierno interino de Ecuador. En un primer momento se vivieron horas de confusi贸n porque la vicepresidenta, Rosal铆a Arteaga, se autodesign贸 como leg铆tima sucesora. Poco despu茅s y tras la mediaci贸n de las fuerzas armadas, la vicepresidenta acept贸 permanecer en ejercicio del poder dos d铆as y renunciar para que el Congreso nombrase presidente interino a Fabi谩n Alarc贸n. Este, con el apoyo de la clase pol铆tica tradicional y el Ej茅rcito, form贸 un gobierno de coalici贸n y se orient贸 a mantener el pa铆s por el sendero de la estabilidad democr谩tica hasta la transferencia del poder, que se dar铆a en el marco de elecciones anticipadas en 1998. Como se puede observar, pese a las diferentes caracter铆sticas institucionales de la sucesi贸n, en todos los casos la apelaci贸n al cogobierno aparece como reaseguro para los mandatarios que son designados como sucesores luego de un proceso de enjuiciamiento.

En 煤ltimo t茅rmino se analizaron los per铆odos de gobierno de los sucesores, a partir de lo cual se constat贸 que una destituci贸n puede implicar el cierre del ciclo de crisis o ser un hito en un proceso de mayor duraci贸n, y que para ello se conjugan una serie de variables (apartado 8.2). Resultan relevantes aqu铆 el rol de los gobernadores destituidos, de los gobiernos nacionales, las decisiones en materia de pol铆tica p煤blica y la interacci贸n con los profanos. Estos son, en 煤ltima instancia, quienes mediante su apoyo electoral permiten que se apuntale, o no, una red de agradecimientos mutuos, componente fundamental para que se consolide un determinado orden pol铆tico. Esta 煤ltima ratio es la que da un car谩cter democr谩tico, parcial y variable, a un juego pol铆tico autonomizado que opera seg煤n sus propias reglas. Este conjunto de indicadores se articul贸 para conocer de qu茅 manera se reconfigur贸 el escenario pol铆tico provincial. En el primer caso se trat贸 de un proceso de mayor duraci贸n, donde el rol activo y la estrategia de disputa del gobernador desplazado 鈥攜 el sector del justicialismo al que representaba, provincial y nacional 鈥 ser铆an variables fundamentales para la reorganizaci贸n paulatina de las relaciones pol铆ticas. Si bien durante dos a帽os se registr贸 un cambio en la matriz de pol铆ticas p煤blicas y no hubo roces evidentes con las autoridades nacionales, la estrategia de disputa por fuera de la estructura del PJ fue avalada expl铆citamente por el presidente Menem y sostenida en el tiempo por Jorge Escobar hasta lograr su restituci贸n en el cargo y su posterior reelecci贸n. Para ello fue necesario reconstruir su car谩cter de dirigente pol铆tico leg铆timo, luego de haber sido inhabilitado para la funci贸n p煤blica y acusado de corrupci贸n. La estrategia fue una campa帽a sostenida de victimizaci贸n, acompa帽ada de una disputa judicial y pol铆tica. El eje central pas贸 por la recuperaci贸n de la legitimidad electoral, a partir de una estructura partidaria alternativa al oficialismo justicialista. La apuesta por recuperar la figura de un candidato carism谩tico, que enarbolaba la adhesi贸n al proyecto nacional en marcha, fue convalidada sucesivamente por un electorado que parec铆a sostener la expectativa en el cambio de rumbo por el que hab铆a votado en 1991. Lo que permite otorgar un marco de inteligibilidad es la lectura a mediano plazo y a mayor escala, a partir de la cual se puede advertir que la llegada del justicialismo menemista al gobierno provincial expresaba una nueva configuraci贸n de las relaciones pol铆ticas, un recambio en los sectores dominantes del 谩mbito pol铆tico dif铆cil de revertir, ya que apostaban a su consolidaci贸n tanto profesionales como profanos. En el segundo caso el ciclo de crisis se cerr贸 en un per铆odo m谩s acotado, que estuvo atravesado por menores niveles de confrontaci贸n p煤blica y en el cual no hubo disputa desde los sectores desplazados para reconquistar espacios de poder. La administraci贸n bloquista oper贸 como una bisagra entre gobiernos de distinto color pol铆tico, reordenando las finanzas provinciales y pacificando el escenario de protesta provincial. En paralelo, se clarificaba el rumbo pol铆tico nacional: la emergencia de un nuevo presidente justicialista ratificaba el voto castigo a una coalici贸n que hab铆a defraudado las expectativas de recambio de amplios sectores del electorado. Poco tiempo despu茅s este fen贸meno que se replicar铆a en la provincia: el 茅xito relativo de la administraci贸n de Wbaldino Acosta no fue suficiente para contrarrestar el aprendizaje social que hab铆a implicado en ambas escalas la desilusi贸n con la Alianza como propuesta de recambio.

Otras experiencias de juicio pol铆tico evidencian que los ciclos de crisis pueden tener duraciones muy dispares. En el caso de Brasil el per铆odo de gobierno del sucesor implic贸 una transici贸n: Itamar Franco fue relevado en el cargo por su ministro de Econom铆a, Fernando Henrique Cardoso, quien, luego de lograr estabilizar la inflaci贸n, gan贸 las elecciones presidenciales y gobern贸 por dos per铆odos consecutivos. En Venezuela, el escenario posterior al enjuiciamiento de Carlos Andr茅s P茅rez mostr贸 una elevada dosis de inestabilidad que no se resolver铆a r谩pidamente. Las elecciones siguientes significaron un duro golpe al bipartidismo, primando la abstenci贸n y la fragmentaci贸n. La transici贸n fue mucho m谩s extensa, y fue reci茅n en los siguientes comicios, con la llegada al gobierno de Hugo Ch谩vez, cuando se cerrar铆a el per铆odo de inestabilidad que se hab铆a iniciado con el caracazo. En Ecuador la transici贸n que signific贸 el gobierno de Fabi谩n Alarc贸n y la transferencia del poder al siguiente presidente electo, Jamil Mahuad, implicaron el cierre de la coyuntura cr铆tica, pero no la clausura del per铆odo de inestabilidad. Por el contrario, dos a帽os despu茅s el nuevo presidente ser铆a enjuiciado y removido, una pr谩ctica que se volvi贸 cr贸nica y sign贸 la din谩mica pol铆tica de Ecuador en los a帽os subsiguientes. Como se puede observar, en todos los casos el cierre de un ciclo de crisis requiere un per铆odo de transici贸n, cuya duraci贸n depende de la naturaleza de los conflictos que le dieron origen y del marco de relaciones en que se haya desplegado un juicio pol铆tico.

CUARTO MOMENTO
Caso 1: Jorge Escobar Caso 2: Alfredo Avel铆n
Reacci贸n gobernador – No renuncia, se victimiza y busca movilizar apoyos para revertir la situaci贸n. – No renuncia, se victimiza y se recluye en el 谩mbito privado.
Resoluci贸n del proceso – Destituci贸n. – Destituci贸n.
Sucesi贸n – Alternancia dentro del peronismo, cambio de sector. – Alternancia dentro de la Alianza, cambio de partido.
Cierre de la crisis – Estrategia de retorno. Restituci贸n y reelecci贸n de Jorge Escobar. – Alternancia de partidos.

El modo en que se cerraron ambos ciclos y sus diferentes duraciones permiten afirmar que un proceso de crisis puede dar lugar a la articulaci贸n de una nueva red de relaciones de gobierno o a la recuperaci贸n y consolidaci贸n de una pre-existente. Lo contrastante de los casos evidencia que una posici贸n en el escenario pol铆tico puede perderse y reasumirse seg煤n c贸mo se interact煤e, con quienes, y con qu茅 justificativos; elementos que se insertan, adem谩s, en marcos m谩s generales y en una din谩mica hist贸rica de las relaciones pol铆ticas.

10.5. Apuntes para un marco general de interpretaci贸n del juicio pol铆tico

La intenci贸n comparativa con que se estructur贸 este trabajo y la rearticulaci贸n realizada en este cap铆tulo final permiten destacar algunos indicios que pueden orientar futuros an谩lisis sobre casos de juicio pol铆tico. Fundamentalmente, permite constatar la centralidad de algunas variables que fueron nombradas de modos relativamente heterog茅neos en la literatura y que requieren ser repensadas de manera sistem谩tica.

En el recorrido realizado fue posible constatar que todos los an谩lisis sobre la tem谩tica involucran referencias a la orientaci贸n hacia afuera del juego pol铆tico. Variables como el rol de la opini贸n p煤blica, la movilizaci贸n de actores sociales, el rol de los medios de comunicaci贸n, los resultados electorales, los esc谩ndalos, los resultados de sondeos de opini贸n, entre otras, fueron retomadas de la literatura para incorporarlas en un esquema de an谩lisis unitario sobre los juicios pol铆ticos realizados en San Juan. Uno de los problemas fundamentales para articularlas fue constatar que no ten铆an una definici贸n expl铆cita, mucho menos un铆voca y, fundamentalmente, que no se abordaban desde una misma concepci贸n te贸rica acerca de la naturaleza de la interacci贸n pol铆tica. Este trabajo busc贸 resolver ese d茅ficit, mediante la utilizaci贸n de elementos de la teor铆a de la acci贸n.

En todo caso, el an谩lisis muestra que las movilizaciones sociales y los estados de la opini贸n p煤blica son un componente importante de los procesos de crisis, aunque s贸lo se transforman en elementos de situaciones destituyentes cuando la configuraci贸n del juego pol铆tico as铆 lo permite. Esto requiere articular las influencias externas con los factores estrictamente pol铆ticos, tales como las relaciones de fuerza electoral y parlamentaria, las caracter铆sticas e intereses de los actores pol铆ticos involucrados, la pertinencia de las estrategias desplegadas y la naturaleza de las reglas formales e informales que rigen el juego pol铆tico.

La intenci贸n de este breve apartado es destacar la relevancia de este tipo de variables, explicitando que se trata de aspectos de la relaci贸n entre el 谩mbito relativamente aut贸nomo que representa el juego pol铆tico y un espacio de interacci贸n m谩s amplio y heterog茅neo. Es posible afirmar que son justamente los elementos que hacen a la orientaci贸n hacia afuera del 谩mbito pol铆tico los que permiten explicar tanto el avance de un juicio pol铆tico como su estancamiento, fracaso o incluso la reversi贸n de su resultado. Por ende, resulta necesario prestar especial atenci贸n al v铆nculo entre 谩mbitos o niveles de participaci贸n.

En otras palabras, se debe contar con una concepci贸n general, expl铆cita y coherente de la relaci贸n Estado-sociedad civil (y/o gobierno-sociedad civil) para articular futuros an谩lisis. Numerosos trabajos sobre la noci贸n de sociedad civil han sido realizados, y el debate sobre su naturaleza excede ampliamente la posibilidad de estos apuntes finales. No obstante, llamar la atenci贸n sobre la importancia de retomar y repensar este nudo problem谩tico, es uno de posibles aportes de esta investigaci贸n que puede contribuir a la orientaci贸n de futuros estudios sobre la tem谩tica. En particular, destacar que el despliegue de la interacci贸n pol铆tica en distintos niveles, que no son transparentes ni homog茅neos en sus formas, es un elemento nodal para comprender c贸mo un gobernante puede sostenerse o no en una posici贸n, recuperar un cargo, salir completamente del juego o continuar en 茅l.



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