Es el momento de poner en relación cada uno de los casos estudiados con los debates teóricos y metodológicos sobre los juicios políticos como mecanismos de resolución de situaciones de crisis, para identificar similitudes y diferencias histórico-concretas y elaborar las condiciones para la generalización de las hipótesis que se han planteado en los distintos estudios (inclusive las que se formularon en este trabajo). Se recuperan para ello los cuatro momentos desarrollados hasta aquí, a fin de obtener una imagen de conjunto de los procesos estudiados y de las herramientas conceptuales que aportan a su comprensión. En resumidas cuentas, se trata de captar las singularidad de los casos analizados para así poder establecer las condiciones para la generalización de las herramientas teóricas y metodológicas utilizadas: para ello se introduce una perspectiva de comparación con las investigaciones realizadas en otros casos que permite captar los invariantes y las variaciones (Bourdieu, 2005).

El punto de partida de este trabajo fue un interrogante puntual: ¿con qué herramientas conceptuales era posible analizar los dos procesos de juicio político registrados en San Juan en las últimas décadas? Académicos, periodistas, políticos, organismos internacionales y movimientos sociales comparten, en grados diversos de sistematicidad y pureza, dos tipos de interpretaciones sobre estos fenómenos: un juicio político podía ser entendido como una suerte de golpe institucional o como un ejercicio de accountability por parte de la sociedad civil. Interpretaciones divergentes que se apoyan, por otra parte, en perspectivas normativas sobre la actividad política, la cual es caracterizada alternativamente como un juego cerrado en las alturas (golpe institucional), desde una postura elitista, o como el ejercicio de una ciudadanía universal (accountability), desde una perspectiva voluntarista.

Esta investigación buscó poner en tensión ambas interpretaciones, fundamentalmente, debido a las propias características de su objeto. Si bien desde distintas perspectivas se utilizaban alternativamente estas interpretaciones como marcos interpretativos suficientes para dar cuenta de los hechos, el considerar dos casos con características contrastantes hacía necesario repensar un esquema unitario que permitiese analizar con las mismas herramientas conceptuales dos fenómenos que parecían tener explicaciones divergentes.

La preocupación por hacer comparables los procesos, por encontrar un marco analítico que permitiese interpretar ambos fenómenos concretos, fue consolidando una postura epistemológica que se plasmó en la construcción del objeto. Siguiendo la tradición de la sociología política, el análisis de los juicios políticos realizados en San Juan buscó aportar algo al stock de conocimiento disponible sobre el problema, extrayendo de la singularidad de los fenómenos concretos elementos de conocimiento general, plausibles de ser considerados en análisis similares. En primer término, se trataba de establecer “un caso particular de qué” eran las destituciones por juicio político: se llegó a la conclusión de que se trataba de un proceso institucionalmente mediado de resolución de conflictos sociales que habían desembocado en una crisis política.

Las características propias del caso constituían una especie de experimento natural: la ocurrencia de dos juicios políticos en la misma provincia, con el mismo diseño institucional, durante el mismo período de vigencia del régimen democrático, permitía poner en tensión las interpretaciones alternativas disponibles y combinar las variables presentes en la literatura para construir un esquema integrador. Luego podría volverse sobre el debate y sobre el conocimiento acumulado, para determinar el valor relativo de las hipótesis existentes, la fecundidad de las estrategias de investigación y la especificidad empírica de los casos abordados. De este modo, podría enriquecerse no solamente el conocimiento histórico-concreto de ciertos procesos acaecidos en una provincia periférica de la Argentina, sino también el acervo de conocimiento general sobre los juicios políticos y la resolución de situaciones de crisis.

De cada trabajo sobre la temática se retomaron las variables consideradas, a fin de corroborar su intervención e importancia en la ocurrencia de los casos analizados. Este conjunto de variables relativamente heterogéneo fue articulado a partir de dos grandes ejes teóricos que constituyen el armazón de esta investigación: la hipótesis de continuidad (Dobry, 1988) y la manera de concebir la emergencia y resolución de un problema social (Blumer, 1971). Desde una perspectiva sociológica, el análisis de estos procesos políticos se nutrió de una matriz interaccionista que buscó poner el acento en la importancia de la acción de los agentes y sus relaciones.

Definir a los juicios políticos como procesos de crisis planteó la necesidad de distinguir coyunturas, y permitió retomar la hipótesis de continuidad (Dobry, 1988) según la cual son los mismos actores los que intervienen e interactúan en coyunturas rutinarias y críticas. Punto de partida que hizo necesario profundizar en las características de esta intervención y en la naturaleza de la interacción política. Las crisis no existen en sí y para sí, sino que son construidas por los propios actores que intervienen en ellas. El significado de la situación es producido, interpretado y negociado, de modo tal que la definición de una situación como crítica da lugar a respuestas específicas que no serían introducidas en condiciones normales. Por lo tanto, se trata de observar el modo en que una situación de crisis política se construye poco a poco, con la contribución no siempre voluntaria de los actores involucrados.

Por otra parte, las variables presentes en la literatura específica sobre juicio político remitían a distintos momentos, que iban desde la elección hasta la destitución de los primeros mandatarios, e incluían como variable de análisis la sucesión. Estos elementos hicieron necesario dotarse de una periodización, que permitiese articular en un único esquema todas las dimensiones, como así también incorporar la perspectiva de continuidad que ponía el acento en la actividad táctica de los actores para explicar las transformaciones que habían sufrido los sistemas políticos durante estos procesos.

El juicio político podía ser definido entonces como un proceso que tiene una duración y, además, como una situación de crisis, una situación problemática. La combinación de estos elementos se dio a partir de una matriz interaccionista sobre el modo de tratar los problemas sociales (Blumer, 1971): el esquema debía incorporar distintos momentos que incluyen la normalidad, la ruptura y la posterior recomposición del orden. El énfasis estaría puesto en cómo se resuelve, con qué herramientas, un problema al que se enfrentan los actores en su actividad política.

De este modo, la construcción del problema de esta investigación derivó en un esquema de análisis que constó de cuatro momentos sucesivos e interdependientes, que fueron concebidos como marcos estructurales de interacción política. Es decir, se presentó un ciclo durante el cual cada juicio político se gestó, emergió y fue canalizado a través de un plan de acción que permitió resolver la situación de conflicto y, finalmente, recomponer el orden.

La presentación de los resultados de esta investigación se articuló en cuatro partes, coincidentes con esta concepción general del juicio político. El énfasis estuvo puesto en la manera en que se desarrollaba el juego político provincial durante cada uno de esos momentos, en las jugadas desplegadas por los actores y su encadenamiento. En lo que sigue, se recapitulan desde una perspectiva general las dimensiones del análisis desarrollado precedentemente. Para ello se pondrán en diálogo los casos particulares analizados con otros casos particulares que han sido objeto de investigaciones anteriores: de este modo se podrá poner en perspectiva los distintos casos y los puntos de vista desde los cuales se han construido las interpretaciones sobre los mismos.

10.1. Personalización de la política, coaliciones frágiles y esperanzas de cambio

Como sugiere la literatura, la manera de llegar al gobierno es una dimensión relevante para la comprensión de este tipo de fenómenos. Distintos trabajos señalan como variables pertinentes la trayectoria de los primeros mandatarios, su popularidad previa, la estructura del sistema de partidos políticos, el margen de apoyo electoral con el que contaban y el balance estructural del poder gubernamental. También se ha prestado atención al rol de los medios de comunicación, las características de la retórica presidencial y el papel de los gobernadores como actores durante sus campañas. Estas variables guiaron el análisis del primer momento de la periodización, que se organizó en cuatro ejes y fue presentado en los primeros parte dos capítulos.

En primer lugar, se recorrieron las trayectorias y los perfiles de los gobernadores, a fin de conocer tanto sus atributos como las relaciones que les permitieron acceder a las fórmulas electorales (apartado 1.1). Se pudo advertir que presentan grandes diferencias: en un caso se trataba de un outsider, sin ninguna experiencia política previa y con un perfil de empresario exitoso no partidario, mientras que en el otro se trataba de una figura tradicional de la escena política provincial, que presentaba todas las características de los caudillos tradicionales, tanto por su formación y medios de socialización como por la singularidad de haber fundado y presidir su propio “partido familiar”. Lo que evidencian ambos gobernadores, no obstante, son rasgos fuertemente carismáticos: en los dos casos fue la capacidad de llegada al electorado lo que los catapultó a las fórmulas, fuera que se tratara de un período de alejamiento de las estructuras partidarias tradicionales o de una búsqueda de alternativas a la propuesta neoliberal. En ambos casos se evidenció que el proceso de desafección incidió para hacer elegibles a estos individuos.

En segundo lugar, se analizaron los procesos de construcción de las candidaturas, de producción de la oferta electoral (apartado 1.2). En este aspecto es posible advertir que fueron tres tipos de relaciones las que coadyuvaron a la definición de las fórmulas: 1) los acuerdos entre dirigentes -tanto provinciales como nacionales-, 2) la opinión pública mediante los sondeos —y las consultoras que los realizan—, y 3) el electorado, ya sea por la apelación directa a su veredicto en internas o mediante el recurso a los resultados de comicios anteriores como criterio de medición de fuerzas. La presencia de dos partidos provinciales y su peso específico fueron elementos estructurales que incidieron fuertemente en la definición de ambas candidaturas. En ambos casos se buscaba derrotar a un oficialismo de larga data, que tanto dirigentes como profanos diagnosticaban como agotados. Este clima de época potenció en los dos casos la construcción de una fórmula capaz de disputar el control del Ejecutivo, para lo cual se establecieron una serie de negociaciones y disputas tanto intra como inter partidarios. En ambos casos se pudo advertir también la relevancia del propio rol de los candidatos: los dos fueron protagonistas, ya sea porque buscaran posicionarse en un partido en crisis mediante vinculaciones nacionales y encabezaran elecciones internas enfrentando abiertamente a otros actores como en el primer caso, o porque negaran toda posibilidad de resignar su lugar en una coalición y condicionaran así la posibilidad de acuerdos, en el segundo.

Las características y configuraciones analizadas en el capítulo 1 no son exclusivas de los casos aquí estudiados, sino que han sido puestas de relieve en el análisis de procesos análogos que se desarrollaron en otros contextos. El caso bien conocido de Fernando Collor de Mello suele servir como paradigma para la interpretación de otros casos. Si se pone en perspectiva a los casos aquí estudiados, las similitudes más marcadas son con el caso de Jorge Escobar, un empresario recién llegado a la escena política y fuertemente imbuido de la perspectiva neoliberal. Se trata también de apuestas políticas personalizadas, en las que puede decirse que “el candidato es el mensaje”. A pesar de sus diferencias de estilo, Alfredo Avelin comparte también este rasgo personalista, al que se suma el hecho – común con Fernando Collor de Mello – de venir de un partido pequeño y con poca experiencia de gobierno. En este sentido, la personalización de la oferta electoral parece ser el corolario de una exterioridad con relación al centro del poder político establecido, sea porque el candidato es nuevo en la escena política, sea porque su partido ha estado hasta ese momento excluido del centro del poder político. En este sentido, la poca experiencia y la carencia de un capital político colectivo (partidario) parecen ser las causas de la relativa debilidad de las coaliciones políticas que llevaron a los gobernadores a la primera magistratura provincial, no quizás en el plano electoral, pero sí en el proceso de gestión y legitimación de las medidas gubernamentales.

Como se pudo observar en el capítulo dos, los candidatos también presentaron un rol activo durante las campañas, haciendo visibles sus rasgos carismáticos en cada coyuntura (apartado 2.1). El clima de incertidumbre estuvo presente en ambos períodos, y las campañas se fueron modificando a medida que se desarrollaban, debido a la incidencia fundamentalmente de los medios de comunicación y los sondeos de opinión. Estos elementos, que fueron marcos de referencia para los propios candidatos y para los políticos profesionales en general, también fueron salientes que operaron sobre los electores. Al mismo tiempo la complejidad del circuito de comunicación política implica que, pese al carácter relativamente artificial de las cifras publicadas, se las considere en determinadas circunstancias como una interpretación plausible del humor social de ese actor relativamente amorfo al que se denomina opinión pública, la cual impacta tanto sobre los candidatos como sobre los profanos. Esta dinámica se retroalimenta con la publicación sucesiva de sondeos. En las campañas analizadas, el accionar de los distintos candidatos y sus equipos se orientaba de este modo hacia tres tipos de públicos: a) los profanos, b) los periodistas y c) los demás candidatos. Las apuestas realizadas en el transcurso de ambas campañas evidenciaron la importancia de la interacción entre candidatos, quienes se disputaban -ya sea mediante la enunciación de una plataforma política y la firma de un compromiso ético o mediante la realización de actos en defensa de la educación y el patrimonio público-, el voto de un electorado que no podía considerarse cautivo. Fundamentalmente porque, pese a la relativa autonomía del ámbito provincial, se registraba una tendencia a la unificación de los procesos locales con la dinámica de la competencia política nacional, un acompasamiento progresivo a sus movimientos. Es decir que, en cada coyuntura fueron actores de peso, además de los partidos, candidatos, electores y periodistas, las dirigencias políticas nacionales oficialistas y opositoras.

¿Qué lecciones pueden extraerse del conjunto de las experiencias de destitución mediante juicio político en lo que hace a esta dimensión? En un contexto general que ha sido caracterizado como de “crisis de los partidos políticos”, las candidaturas de los mandatarios que habrían de ser depuestos se caracterizan por el personalismo antes señalado y por el haber dado la espalda a las estructuras tradicionales de la política. En un caso, porque el candidato caía como “paracaidista” en partidos tradicionales (Alan García, Jorge Escobar), en otros casos porque los partidos no eran más que el séquito de colaboradores del líder (Abdalá Bucaram, Albert Zafy, Alfredo Avelin). La llegada de candidatos que no habían tenido experiencia de gobierno con anterioridad fue una respuesta a la crisis de los partidos y expresó los primeros signos de la importancia de la “intención de voto” medida por las encuestas para la determinación de las candidaturas. En cierto modo, la caída de candidatos que habían sido amplios triunfadores y que habían llegado a serlo tras cosechar amplios apoyos en la “opinión pública”, parece señalar los límites de un modo de construcción que se realiza de espaldas a las dirigencias partidarias y a las estructuras establecidas de poder estatal (incluidos los sindicatos de empleados públicos).

En San Juan, los resultados electorales mostraron que los gobernadores llegaron al Ejecutivo con márgenes muy diferentes de apoyo (apartado 2.2). En el primer caso el triunfo se sostuvo en un 32.6 por ciento del electorado, siendo un escaso margen el que separó a Jorge Escobar de sus competidores, mientras que en el segundo caso Alfredo Avelín superó el 55 por ciento de los votos. La interpretación sobre estos resultados fue lo que permitió terminar de construir sentido sobre el comportamiento de los electores. Otorgar un marco de inteligibilidad a lo sucedido es algo de lo que se encargan los dirigentes. Estos marcos de referencia sirven a ellos, a sus correligionarios y al público profano. En uno y otro caso se les atribuyó a los electores la racionalidad suficiente para apostar por una propuesta novedosa o castigar a unos dirigentes que habían abusado de sus atribuciones. Lecturas que no podían ser articuladas sin considerar, efectivamente, que cada elector es un actor con una racionalidad propia, que se plasma en el cuarto oscuro y que refleja, aún de modos distorsionados ó pre-reflexivos, experiencias políticas sedimentadas. Que hubiera o no una apuesta o respaldo al proyecto nacional, que se castigase a un oficialismo, que existiera un clima de recambio, no fue en ninguno de los casos un resultado exclusivo de la dinámica interna de la competencia entre profesionales. Por el contrario, el recambio electoral fue la traducción, confusa, opaca e indirecta, de un aprendizaje social relativamente consolidado y explícito respecto de una dirigencia política que se había sostenido en el poder durante un período relativamente extenso.

Situaciones con un significado análogo se presentan en algunos casos de líderes que correrían la misma suerte. El arribo de Abdalá Bucaram a la presidencia del Ecuador puede ser descrito como la consecuencia de una especie de voto castigo, ya que de su inicial 25 por ciento en primera vuelta, pasó a un 54 por ciento con el apoyo negativo (o voto contra las elites) de las clases medias. Por su parte, la llegada de Carlos Andrés Pérez a la presidencia por segunda ocasión en 1989 estaba precedida por una imagen casi mítica, debido al resultado favorable de las políticas implementadas durante su primer mandato en la calidad de vida de los venezolanos. Carlos Andrés Pérez era visto como un mito viviente entre los políticos de América Latina (Pérez Liñán, 2009). Por su parte, Albert Zafy en Madagascar emergía como primer presidente luego de un largo período no democrático, liderando una coalición opositora que proponía medidas económicas nacionalistas. Algo similar a lo que sucedía con Fernando Collor de Mello en Brasil, quien emergía como el primer presidente elegido directamente por el voto popular en 29 años. Las expectativas de salida de gobiernos no democráticos, la confianza en líderes que proponían transformaciones o el veredicto de “castigar” a los sectores que habían controlado el poder político hasta poco tiempo atrás son elementos que comparten estos casos nacionales con los ocurridos en la provincia de San Juan. La apuesta al recambio luego de situaciones de larga data (oficialismos, gobiernos militares, una corporación política definida como partidocracia) mediante el voto a esos candidatos y el contenido renovador de sus plataformas electorales precedieron en todos los casos a los procesos de desilusión o desencanto.

En San Juan, el triunfo electoral de los gobernadores estuvo acompañado de una reestructuración de la LP. En ambos casos la traducción de votos en escaños dio como resultado algún tipo de gobierno dividido. Las interpretaciones sobre la constitución de un nuevo oficialismo subrayaron, en los dos períodos, la relevancia del rol de la oposición en la LP, más aún cuando ella había constituido el bloque oficialista durante casi una década. Interpretación que, al ser compartida por políticos profesionales, periodistas y académicos, operaría como uno de los salientes que orientarían la futura interacción política.

Las similitudes más marcadas con el tipo de gobierno dividido de Jorge Escobar las presenta el caso de Raúl Cubas Grau (Paraguay), que llegó a la presidencia con la unidad de líneas internas del Partido Colorado, pero cuya fracción controlaba apenas el 36 por ciento del Congreso. Respecto de Alfredo Avelín, dos casos nacionales presentan marcadas similitudes: Albert Zafy (Madagascar) asumió sin mayoría parlamentaria, ya que lideraba una coalición opositora que se disgregó rápidamente tras su llegada al poder; por su parte Abdalá Bucaram (Ecuador) llegó a la presidencia controlando sólo el 23 por ciento del Congreso. En todos estos casos se verificó que las tensiones internas de partidos o coaliciones fueron un factor relevante en la posterior suerte de los primeros mandatarios.

PRIMER MOMENTO

	Caso 1: Jorge Escobar	Caso 2: Alfredo Avelín
Trayectoria	– Outsider.	– Trayectoria política exterior a los circuitos dominantes.
	– Recién llegado a un partido tradicional.	– Fundador y presidente de un partido familiar.
Construcción de candidatura	– Enfrentamiento de líneas internas.	– Negociación inter-partidaria.
	– Realización de elecciones internas. Apoyo del gobierno nacional y del sector dominante del partido en el plano nacional.	– Intervención de dirigentes de una coalición nacional preexistente.
		– Caudales electorales anteriores y sondeos de intención de voto como modos de dirimir ubicaciones.
Campaña	– Revolución conservadora.	– Cruzada moral.
	– Transferencia del “éxito empresario” a la gestión política.	– Invocación de principios éticos contra la corrupción y el abuso del poder.
	– Defensa de la modernización neoliberal.	– Crítica moderada del neoliberalismo.
Resultados e interpretación	– Escaso margen de diferencia con segundo y tercero (32%).	– Amplio margen de diferencia con el segundo (55%).
	– Triunfo como expresión de apoyo al proyecto nacional.	– Triunfo como voto castigo al oficialismo.
Configuración del escenario político	– Mayoría oficialista. Dos fuertes bloques de partidos provinciales.	– Coalición oficialista disgregada en pequeños sub-bloques. Mayoría justicialista.
	– Gobierno dividido.	– Gobierno dividido.

En este momento de normalidad en el desarrollo del proceso político, se pudo observar cómo la dinámica de relaciones al interior del ámbito político se combinaba permanentemente con una orientación de la actividad profesional hacia el público profano, estableciéndose una interacción más general e inclusiva de distintos tipos de actores políticos en distintos niveles de participación. El escenario que se configuró en ambos casos fue de gobiernos que representaron recambios, los cuales coexistirían con una LP potencialmente conflictiva. Los dos períodos implicaron la reestructuración del escenario político, con el reacomodamiento de oficialismos de larga data como oposición y el ascenso de una elite relativamente inexperta. El peso de la inercia de estructuras anteriores y las expectativas de parte de aquellos que operaron como base de apoyo para el recambio serían dos elementos que se mantendrían presentes (y/o latentes) a lo largo de las futuras administraciones.

Esta configuración de la relación entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos es la que precedió la gestación del conflicto que desembocaría en la presentación de los pedidos de juicio político. Una configuración similar al caso de Jorge Escobar podría encontrarse en el de Ernesto Samper (Colombia) quien sobrevivió a un intento de juicio político. Este presidente se presentaba como una alternativa a las políticas de su predecesor, y llegó al gobierno con un escaso margen de ventaja frente a su adversario: obtuvo el 50 por ciento de los votos en segunda vuelta. Si bien llegó al gobierno con un bloque parlamentario que representaba más de la mitad del Congreso, esta cifra escondía el peso de una fracción opositora dentro de su mismo partido. Otro presidente que sobrevivió un proceso de enjuiciamiento y que presenta algunas similitudes con el caso de Alfredo Avelín fue Luis González Macchi (Paraguay). Este mandatario llegó al gobierno de la mano de una alianza heterogénea entre partidos, que no se mantuvo unida una vez resuelta su designación. Es decir que la configuración de la relación entre gobernantes y gobernados con que se abre el marco de interacción que constituyen los períodos de administración no desemboca unívocamente en procesos de enjuiciamiento exitosos: es la propia dinámica de la interacción política la que deriva en una u otra forma de resolución de conflictos.

10.2. Aislamiento político, dificultades de gestión y conflictos sociales

Los períodos de administración de los gobernadores constituyen el eslabón siguiente del ciclo y representan los momentos de gestación de los conflictos que desembocaron en los pedidos de juicio político. Se ha señalado en distintos trabajos la importancia de estos períodos, considerando al estilo de gobierno de los mandatarios como una de las variables relevantes en la dinámica de las administraciones. Esta variable está presente ya sea porque se haga énfasis en el aislamiento de los gobernadores, en el desconocimiento de sus redes de apoyo, en su decisionismo, en el enfrentamiento con determinadas elites o en su relación con actores externos (nacionales, por ejemplo). Otras variables de la literatura son: la naturaleza de las decisiones políticas adoptadas, el escándalo desatado normalmente a partir de denuncias de corrupción, las movilizaciones o protestas de sectores de la sociedad civil que ven afectados sus intereses, el rol de la oposición y/o el apoyo legislativo, el papel de los medios de comunicación y de la opinión pública, las divisiones internas en el partido gobernante. Este conjunto relativamente heterogéneo de elementos fue presentando cuatro grandes dimensiones en los capítulos tres y cuatro.

En el capítulo tres se describieron en primer lugar las decisiones tomadas en materia de políticas públicas durante las administraciones, prestando especial atención al margen de acción individual de los gobernadores (apartado 3.1). Se pudo advertir allí que, pese a que en ambos casos el recambio político abría una ventana política, las dinámicas de administración que presentó cada período fueron contrastantes. En el primer caso esta posibilidad de cambiar las políticas se tradujo en un carácter fuertemente proactivo: Jorge Escobar impulsó con radicalidad medidas de corte neoliberal, con un estilo decisionista. En poco tiempo implementó grandes medidas desde un discurso transformador y una concepción voluntarista de la acción de gobierno. Por el contrario, la administración de Alfredo Avelín se caracterizó por la no-decisión. Pese a ello, el gobernador tomó una definición central que signó su gestión y le generó enfrentamientos provinciales y nacionales: no recortaría salarios. No obstante, en ambos casos se trató de un acompañamiento de medidas nacionales, a definiciones de gobiernos centrales que compartían el color político de los provinciales, exceptuando la última parte del gobierno de Alfredo Avelín. El cambio de color político nacional pos-2001 y su persistencia en la definición de no recortar salarios enfrentaron al gobernador con un presidente justicialista.

En ambos períodos, las decisiones de los gobernadores fueron tomadas, en cierta medida, de manera aislada. Tanto Jorge Escobar como Alfredo Avelín mostraron un protagonismo importante, enfrentando ó ignorando a sectores que habían servido como sus bases de apoyo: ya sea que se tratara de sectores internos del justicialismo en el primer caso o de partidos que integraban la coalición oficialista en el segundo. Por otra parte, la relación con la Nación fue un factor fundamental para definir el rumbo de ambas administraciones, aunque fuera en direcciones y con resultados opuestos: Jorge Escobar se mostró disciplinado al aplicar las políticas propuestas mientras Alfredo Avelín las resistió abiertamente.

En otras experiencias de destitución por juicio político puede advertirse también que el rol de los primeros mandatarios fue un factor de relevancia en el futuro de sus administraciones. En Brasil, el “Plan Collor” fue un paquete de medidas extremas e intervencionistas para abordar los problemas heredados de la administración anterior, y expresaba un distanciamiento de la elite tradicional. A este primer intento, relativamente poco exitoso, le siguió el “Plan Collor II” que buscaba controlar la inflación, y consistió en una serie de medidas más ortodoxas en materia económica. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez mostró un carácter decisionista y audaz al inicio de su administración, implementando inmediatamente un paquete de medidas conocido como “el gran viraje”. Una serie de reformas tales como desregulaciones, ajustes de precios y devaluación fueron el resultado de esta política. Ambos casos se asemejan al decisionismo de Jorge Escobar: los presidentes buscaron capitalizar su carácter de recambio cambiando las políticas. En sentido contrario, el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador se asemeja a la no-decisión de Alfredo Avelín, que se combinaba con un estilo de gobierno muy personalista. Durante los primeros meses de su gobierno Abdalá Bucaram mostró un comportamiento poco ortodoxo, llamando a reuniones inesperadas o tratando asuntos oficiales en su domicilio particular. Su estilo de gobierno desaforado era reprochado por las elites tradicionales que lo consideraban “terco” y “poco digno”. Esto se combinaba con el enfrentamiento público a la oligarquía y la implementación de una serie de medidas que eran fundamentalmente operaciones publicitarias de poca transcendencia. No obstante, no realizó anuncios en materia de política económica en este período, lo que desorientaba a la oposición y dejaba expectantes al conjunto de los actores políticos. Como se puede observar en todos los casos, los primeros mandatarios imprimieron un sello personal a sus administraciones y su accionar fue una variable relevante para el curso futuro de sus gobiernos. Este margen de libertad, por fuera de los acuerdos relativamente explícitos y las adhesiones más o menos difusas que los llevaron a ocupar su posición, es un elemento que requiere ser tomado en consideración para comprender el destino final de cada uno de ellos.

Otra variable relevante son los posicionamientos de actores propiamente políticos (apartado 3.2). El rol de otros partidos y la LP, fueron analizados en los casos sanjuaninos, para corroborar que la oposición no fue en ninguno de ellos una traba real para la implementación (o no) de políticas públicas. En 1991-1992 primaba el consenso entre los tres partidos más importantes y con mayor peso en la LP (CR, PB y PJ) sobre dos aspectos nodales: la profundización del proyecto económico nacional y la defensa de las políticas de Coparticipación Federal y de Promoción Industrial. En un esquema de relación de fuerzas bastante parejo en cuanto a cifras electorales y bloques legislativos, los grupos opositores señalaban la falta de diálogo del gobernador. Pero las confrontaciones no fueron permanentes, acuerdos tales como la aprobación del paquete de leyes que posibilitaron la RE lo evidencian. Por otra parte, en este período se dieron roces al interior del oficialismo justicialista ya que el gobernador desconocía algunas aspiraciones tales como la disputa por una senaduría y/o designaba outsiders en cargos relevantes, desconociendo la estructura partidaria y a sus referentes más tradicionales. Entre 1999 y 2002 los ámbitos políticos nacional y provincial sufrieron grandes cambios, difíciles de resumir. A partir de diciembre de 2001 todos los sectores políticos se aunaron en un Comité de Crisis que buscó sostener al endeble gobierno provincial, frente a sectores que exigían la renuncia del gobernador -como la organización CAI que era respaldada más o menos abiertamente por la Iglesia-. Pese al progresivo resquebrajamiento de la coalición gobernante, los enfrentamientos con ministros y los cambios en el gabinete provincial, producto fundamentalmente de la intransigencia del gobernador, sus socios electorales e inclusive la oposición justicialista aunaron criterios para desestimar una serie de pedidos de juicio político. Resultaba complejo argumentar la responsabilidad de Alfredo Avelín por cargos relativos a una situación de asfixia financiera que excedía sus definiciones personales.

Es difícil plantear que existiera una dinámica de enfrentamiento creciente en este período, ni siquiera, desde el PJ. Es decir que si bien en ambos casos el rol de la oposición existió y se desarrolló como tal, en lo que constituye la dinámica normal de relación entre políticos profesionales que compiten por los apoyos sociales y gestionan conjuntamente el aparato político-institucional, no se trató de una confrontación creciente entre partidos y/o dirigentes sino de una dinámica de cooperación en la que se plasmó la retórica de oposición constructiva que había formado parte de las declaraciones de los oficialismos derrotados luego de los comicios. Pese al carácter relativamente formal de estas declaraciones es importante resaltar que no se evidenciaron climas de hostilidad crecientes o sostenidos entre poderes en estos períodos. Aunque se dieron conflictos puntuales, las decisiones más relevantes fueron consensuadas en ambos casos por los bloques legislativos oficialistas y opositores, que secundaron las políticas adoptadas. En todo caso, los debates de mayor intensidad se registraron idénticamente al interior de las estructuras que habían posibilitado el acceso al Ejecutivo a los gobernadores, que eran cuestionados por sus entornos y socios electorales de modos más o menos abiertos y/o explícitos. Por tanto, el papel de la oposición no es central para explicar la génesis de la crisis política; tampoco la LP es un factor desencadenante de la misma. Su importancia habrá de aparecer más adelante en el desarrollo del proceso, cuando sea necesario dar curso a los pedidos de juicio político y decidir la suerte del gobernador.

Esta dinámica de coexistencia relativamente pacífica se puede constatar en otros casos nacionales, donde la oposición tuvo un rol activo para respaldar a presidentes jaqueados. En Venezuela, a partir de las medidas económicas, se inició un ciclo de protestas que atravesó todo el período de gobierno de Carlos Andrés Pérez. En ese marco se produjeron dos intentos de golpe de Estado que fueron derrotados. La movilización de las Fuerzas Armadas fue condenada desde la oposición, que pese a sus críticas y reservas apuntaló al gobierno constitucional. En Filipinas, una vez iniciado el proceso de enjuiciamiento a Joseph Estrada, el Congreso se negó a abrir un sobre que contenía evidencia que comprometía al presidente, trabando así la investigación sobre el escándalo que la había originado, aún cuando ello significaba enfrentarse a un tercer actor como la Iglesia. Un gesto que se puede comparar con la definición de la LP de no acusar a Alfredo Avelín en los tres pedidos previos de juicio político. Pero esa dinámica no fue análoga en todos los casos. En Paraguay, el gobierno de Raúl Cubas Grau se caracterizó por la confrontación permanente, sobre todo porque la definición principal del presidente una vez que asumió fue liberar al general golpista Lino Oviedo. Esta liberación generó crispación tanto en la oposición como en su propio partido, escalando el enfrentamiento interno a un nivel de violencia inusitado con el asesinato del vicepresidente, que representaba a otro sector del Partido Colorado. En Madagascar el presidente Albert Zafy sufrió desde su asunción un hostigamiento de parte de la oposición en el parlamento, lugar desde el que se gestó el pedido de enjuiciamiento por una serie de violaciones a la Constitución y abusos de autoridad que los propios legisladores construían como causales suficientes. Es decir, tanto en un clima de coexistencia relativamente pacífica como de confrontación permanente se llegó a remociones de primeros mandatarios, lo que permite relativizar el peso del gobierno dividido como elemento estructural para explicar el curso de los procesos de crisis y hacer énfasis nuevamente en la dinámica de la interacción concreta en cada caso.

La movilización de actores no propiamente políticos, de sectores de la sociedad civil, fue otra de las dimensiones analizadas en el capítulo cuatro. A partir de la descripción de las dinámicas generales de la protesta social pudo advertirse que existieron grandes diferencias entre ambos casos en cuanto a su intensidad: mientras que la administración escobarista se desenvolvía en un clima de tregua, la administración avelinista estuvo signada por un clima permanente de confrontación (apartado 4.1). En ambos períodos, no obstante, se replicaban tendencias más generales. Los dos casos coinciden también en que fueron los sindicatos quienes protagonizaron la mayor cantidad de acciones de protesta, relacionadas centralmente a demandas salariales y laborales. Un elemento contrastante fue el carácter sectorial, o no, de la movilización en cada período. Mientras que en el primer caso se trató de acciones sectoriales mayormente protagonizadas por dirigentes sindicales, en el segundo se registró una multisectorialización del conflicto: a los sindicatos de trabajadores estatales y docentes se plegaron diversos sectores de la sociedad civil, y también existieron numerosas iniciativas por fuera de las estructuras sindicales. De la dinámica de la protesta social se desprende un elemento central: los conflictos con sindicatos estatales fueron el marco de gestación de los pedidos de juicio político, o, en otras palabras, éstos el corolario de una sucesión de jugadas encadenadas donde intervinieron actores desde ubicaciones dispares y con estrategias diversas.

La importancia de la movilización de actores no propiamente políticos en el avance de los procesos de enjuiciamiento ha sido constatada en reiterados casos. En Brasil, luego de hacerse público el escándalo de corrupción que involucraba al presidente Fernando Collor de Mello, miles de manifestantes marcharon pidiendo su renuncia, en lo que constituyó el proceso de movilización más masivo desde el pedido de elecciones al terminar la dictadura en 1984. La expresión de descontento se hizo más palpable cuando el presidente intentó enmarcar el conflicto como una conspiración, y llamó a los brasileros a marchar en su apoyo vistiendo los colores de la bandera nacional. A modo de respuesta, miles marcharon en las principales ciudades vistiendo ropa negra. En Ecuador, la relativa ortodoxia en materia de política económica seguida por el gobierno de Abdalá Bucaram tuvo como respuesta el malestar de los sectores populares en los que se había apoyado, que salieron a las calles a protestar cada vez más masivamente. La multisectorialización de la movilización se hizo evidente en una jornada histórica de huelga general, paro cívico y manifestación en Quito. Allí confluyeron sectores medios, movimientos indígenas, sindicatos y quiteños. El punto cúlmine de la jornada fue la emisión de un mandato para que el Congreso removiera al presidente. En Filipinas un factor clave para el avance del proceso de enjuiciamiento fue la creciente masividad de las manifestaciones convocadas por la Iglesia, líderes empresarios y sectores de clase media. Un caso en sentido contrario que ratifica la importancia de la intervención de sectores de la sociedad civil en el curso de los juicios es el de Colombia, donde no se registraron intensas protestas y el presidente Ernesto Samper sobrevivió al proceso pese a la gran cantidad de escándalos en que se vio envuelto y la constatación de actos de corrupción. Finalmente, un caso que evidencia que no es un factor suficiente para el avance de un juicio político es el de Luis González Macchi en Paraguay, quien pese a la persistencia de protestas durante todo su período de administración fue capaz de sortear dos intentos de enjuiciamiento. Este caso, como tantos otros de caídas de presidentes latinoamericanos (Fernando De la Rúa en Argentina, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia), permite afirmar que las destituciones no se producen exclusivamente por la conjunción de movilización sectorial y/o multisectorial y persistencia de conflictos, sino que esta variable debe combinarse necesariamente con aspectos institucionales para llegar a tal desenlace.

Al analizar la dinámica particular de los conflictos registrados en San Juan (apartado 4.2), en ambos casos se pudo constatar que fueron in crescendo e involucrando a terceros actores, más allá del Ejecutivo (como representante del Estado al que se le planteaban demandas), y los sectores movilizados (los sindicatos de trabajadores estatales y docentes). En el primer caso, se trató de un conflicto entre ATE y el Ejecutivo que se inició con un reclamo claramente sectorial, aunque enunciado como parte de una estrategia de resistencia a la implementación de la RE. En su rol de demandante, ATE apeló a los poderes Legislativo y Judicial, involucrándolos como mediadores frente a lo que denunciaba como un trato desigual o discriminatorio, y un ataque a su subsistencia. Los legisladores se hicieron eco de este pedido, al igual que los jueces, actuando cada uno con su lógica propia ya fuera para avalar pedidos de diálogo o para determinar la pertinencia de las denuncias presentadas. La insuficiencia de tales intervenciones se tradujo en la persistencia de las acciones de protesta desde el sindicato, que apelaba a la prensa y a la opinión pública para denunciar las injusticias de la administración escobarista. En el segundo caso el conflicto con la Mesa Intersindical tuvo distintas etapas, que fueron desde la negociación a la represión, involucrando sucesivamente a distintos actores. La propia MI fue resquebrajándose frente a la presión de sus bases y la persistencia del atraso en el pago de salarios. El desborde de sectores de trabajadores y la respuesta represiva por parte del Ejecutivo a una manifestación fueron puntos de inflexión, no obstante, los dirigentes sindicales propendieron siempre a la negociación. La progresiva multisectorialización del conflicto se fue concretando debido a la escasez de recursos financieros, limitación impuesta por el gobierno nacional y que obturaba toda la vida social de una provincia fuertemente dependiente del empleo público. En ambos casos la persistencia del conflicto derivó en el recurso, uno más del repertorio de protesta, a la presentación de un pedido de juicio político. Este elemento, que es central, se relaciona con el diseño institucional de la provincia: según la Constitución cualquier ciudadano puede iniciar un pedido y, debido a la Ley que lo reglamenta, esto activa inmediatamente el proceso en la LP.

A partir de los casos aquí estudiados, podría plantearse una hipótesis general: la movilización de actores sociales con capacidades para desarrollar conflictos duraderos y alterar el orden político normal es una condición necesaria para que una situación sea definida como crítica y pueda recurrirse, en última instancia y entre otros remedios posibles, a la destitución por medio de juicio político del titular del Poder Ejecutivo. Ahora bien, no todos los casos presentan esta configuración: como se señaló anteriormente, hay casos que tienen por característica una fuerte intervención de sectores de las elites políticas, intelectuales, sindicales y mediáticas. Sin embargo, se podría afirmar que existe un tipo particular de situación destituyente que no tiene en su origen la conspiración de los sectores dominantes, sino la movilización de sectores dominados que luchan por no ver perjudicados sus intereses.

SEGUNDO MOMENTO

	Caso 1: Jorge Escobar	Caso 2: Alfredo Avelín
Políticas/estilo de gobierno	– Decisionismo.	– No-decisión.
	– Grandes medidas de reforma.	– Resistencias tácticas a las presiones de ajuste.
	– Aislamiento del partido de gobierno.	– Personalismo, confrontación y paulatino aislamiento.
Posición de otros actores	-Acompañamiento general.	-Acompañamiento general.
	– Conflictos al interior del oficialismo.	– Rupturas en la coalición oficialista.
Protesta social	– Tregua laboral.	– Intensa confrontación multisectorial.
	– Formatos poco masivos.	– Formatos masivos.
	– Sindicatos estatales y docentes como protagonistas.	– Sindicatos docentes y estatales como protagonistas.
Conflictos persistentes	– Sectorial.	– Multisectorial.
	– Negociación.	– Represión.
	– Apelación a la LP y la justicia provincial.	– Apelación a la LP.
	– Mediaciones insuficientes.	– Mediaciones insuficientes.

La dinámica de relación entre actores que se describió permite relativizar el peso del balance estructural del poder gubernamental como elemento explicativo, y también del gobierno dividido como fuente de conflictos. Como se ha señalado, fue la interacción entre distintos tipos de actores la que configuró un escenario de conflicto persistente en el cual las jugadas siguientes fueron encadenándose de modos poco previsibles desde las pertenencias partidarias o la estructura de poder, y mucho más inteligible desde la puesta en práctica de las racionalidades propias de cada actor individual ó colectivo que fue modificando, a partir de sus marcos de referencia y en la propia interacción, sus tomas de posición. Lo que cierra este segundo momento son las presentaciones, que comparten un rasgo fundamental: en ambos casos fueron sectores de la sociedad civil los que trasladaron al ámbito de los profesionales de la política la demanda de resolución de un conflicto persistente, traducida en términos de una auditoría a los gobernadores. Lo sectorial de sus presentaciones, la pertinencia de sus reclamos, quedaban instaladas a partir de allí en el seno de la relación entre poderes. Dinámica que de todos modos estaría escrutada permanentemente por todos los actores que participaban, hasta ese punto, de la interacción que había configurado ese escenario conflictivo. Pero también por aquellos que pasivamente participaban del despliegue de un juego político que ayudaban a co-constituir. Quienes habían definido en los cuartos oscuros el recambio gubernamental habían apostado colectivamente por un candidato y su actitud expectante posibilitaba también el desarrollo de las decisiones y las confrontaciones.

Este balance permite afirmar que no existen factores aislados que permitan explicar una configuración proclive a la destitución. Y tampoco existen indicadores objetivos que permitan definir a una situación de crisis. Antes que una influencia propia de ciertos factores, se combinan distintos elementos en un proceso que los selecciona, elabora y combina dando lugar a un complejo escenario definido como crítico. Esta definición es elaborada por los actores mismos en el proceso de la interacción, contribuyendo a ello un desborde de las movilizaciones sociales sobre las capacidades de intermediación del sistema político (Habermas, 2005).

10.3. Mayorías destituyentes, resistencia gubernamental y mecanismos institucionales

El desarrollo del procedimiento de juicio político es el siguiente momento del ciclo. En esta fase se organiza un plan de acción oficial para el tratamiento del problema que emerge con la presentación de los pedidos en la LP. La enunciación de un conjunto de fundamentos para auditar a los gobernadores implica una tematización de aspectos de la interacción política que obliga a los actores a re-definir la situación, a re-posicionarse, a construir una manera de justificar su intervención.

Para el análisis puntual de los procedimientos de juicio político se ha señalado reiteradamente la importancia del diseño institucional, de sus bases constitucionales y legales y también de elementos históricos que las enmarcan, como el papel declinante de las salidas cesaristas -ó, en casos provinciales, de las intervenciones federales o las renuncias forzadas-. Por otra parte se han señalado como variables relevantes el contenido de las acusaciones contra los mandatarios, si protagonizaron escándalos -sobre todo por corrupción- y la disponibilidad pública de la información sobre los cargos (Kada, 2003b). Estos tres aspectos se relacionan con el rol de los medios de comunicación, la opinión pública y la movilización social en cada caso. Se han considerado también para casos nacionales: el rol de los presidentes como actores político-institucionales, las divisiones partidarias, el papel de las CI, los criterios de los legisladores durante el proceso y la fortaleza ó debilidad legislativa del oficialismo. Los capítulos cinco y seis conjugan este conjunto de variables, integrándolas en cuatro grandes dimensiones.

En primer lugar, se analizaron los pedidos de juicio político para indagar sobre sus fundamentos (apartado 5.1). Un elemento común de ambas presentaciones es la causal constitucional en la que se inscribieron: la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los gobernadores. Debido a lo ambiguo de esta figura, resulta crucial el modo en que se argumenta en los escritos. Considerando que una denuncia se construye apelando a un criterio de justicia, se buscó describir el modo de dar razones por las cuales los legisladores debían auditar a los mandatarios. Otro aspecto común de las denuncias es el carácter sectorial de sus signatarios y de los cargos elevados: ambos pedidos involucran denuncias que remiten a la situación de los trabajadores y docentes dependientes del Estado provincial. En el primer caso ATE denunciaba a Jorge Escobar por alterar prácticas consuetudinarias en el manejo del Estado provincial y tomar medidas de reforma que afectaron al sector público, además de tener una actitud persecutoria hacia el sindicato. En el segundo caso la MI, acompañada de instituciones civiles, denunciaba a Alfredo Avelín como responsable del incumplimiento de la función educativa, cuyo origen radicaba en la falta de pago de salarios a trabajadores docentes y estatales en general. El evidente carácter sectorial de los cargos elevados buscó ser contrarrestado mediante sendas estrategias que apuntaban a la universalización de la denuncia. En el primer caso los dirigentes de ATE inflaron la denuncia con una presentación posterior en la cual acusaban al gobernador de cometer actos de corrupción. Buscaron generar un escándalo haciendo pública una filmación que mostraba a Jorge Escobar utilizando recursos del Estado en beneficio propio. La idea de resguardo del bien común, marco típico de la operación de develamiento que representa un escándalo (Boltanski, 2000), se hacía presente fuertemente en este segundo escrito y una tercera ampliación de denuncia que lo sucedió. En el segundo caso la búsqueda de colectivizar la causa se combinaba con la necesidad de diferenciar la denuncia de presentaciones anteriores que habían sido desestimadas. El sentido de urgencia y los peligros potenciales de una situación que describían como crisis terminal fueron los elementos que articularon la argumentación, en la cual se advertía sobre el riesgo de intervención federal debido a la ineptitud del gobernador para administrar la provincia. Los pedidos de juicio político hicieron visible la conexión entre las políticas aplicadas y las expectativas e intereses de los sectores movilizados: revelaban en ambos casos una disputa por la manera en que se administraban los recursos estatales.

En todos los casos se verifica que el enjuiciamiento de un mandatario se asienta en una serie de enunciados susceptibles de configurar una causa legítima: la puesta en marcha de un proceso de auditoría sobre el ejercicio del gobierno tiene que ser justificada por sus promotores (ante sí mismos, ante los actores encargados de realizarla y ante otros públicos diversos y más o menos difusos como la opinión pública). En Venezuela, por ejemplo, el juicio contra Carlos Andrés Pérez se fundamentó en hechos de corrupción, que habían sido develados en sucesivos escándalos, que gracias al rol de los medios se convirtieron rápidamente en asuntos de debate público. El principal cargo presentado por los legisladores se relacionó con un hecho de desaparición de fondos. El Congreso hizo eje en una denuncia sobre 250 millones de bolívares que habrían sido cambiados a dólar a precio diferencial y dirigidos a la presidencia, tras lo cual se desconocía su destino. La negativa a dar información sobre el asunto fue la llave para el inicio y la continuidad del juicio al presidente. En otra dirección, el caso de Madagascar se desarrolló fundamentalmente al interior del Congreso: los legisladores fueron documentando y justificando paulatinamente una serie de cargos desde la propia asunción de Albert Zafy, en un trabajo que se sostuvo hasta conseguir un volumen suficiente de pruebas para enjuiciarlo por una serie de violaciones constitucionales y abusos de autoridad. La evidencia muestra que las justificaciones pueden provenir de la sociedad civil o de la propia LP, pero siempre forman parte del proceso. En ese sentido, los juicios políticos comparten con otras configuraciones destituyentes la necesidad de argumentar acerca de la necesidad y la legitimidad de un cambio de timón.

En segundo lugar, se analizaron los períodos de investigación iniciados automáticamente ante cada denuncia y protagonizados por una CI de cinco legisladores (apartado 5.2). En ambos casos estos períodos y el rol de las CI fueron variables clave en el desarrollo de los procedimientos, pese a que el lapso y modo de actuación fueron muy distintos. Durante estos períodos la interacción de los protagonistas y sendos terceros actores derivó en un encadenamiento de jugadas que hicieron cada vez más irreversibles las acusaciones. En el primer caso, la investigación se inició con un ritmo lento, y estuvo enmarcada por una estrategia de confrontación pública desde el Ejecutivo (y el justicialismo) hacia ATE y su denuncia, y también por un pedido de diálogo desde los bloques opositores. Fue durante este período de investigación cuando el escándalo aparece como elemento, a partir de la nueva denuncia de los sindicalistas, para contrarrestar la campaña de desprestigio. La nueva jugada marcó un punto de inflexión en la actividad de los investigadores y la situación política en general. El cambio de actitud de Jorge Escobar hacia la negociación fue radical, e intervino la Iglesia como nuevo tercer actor para resolver el conflicto. Pese al resultado positivo de la mediación, los sindicalistas no retiraron la denuncia y la CI continuó investigando: el nivel de publicidad del escándalo generado, sobre todo por la intervención de los medios de comunicación, hacía muy difícil volver atrás a aquellos que lo habían incentivado. Otro elemento que se conjugó posteriormente fue la estrategia oficialista de culpar a la oposición de desestabilizadora, ante la cual la respuesta fue una mayor radicalidad en la investigación. Durante este período la interacción política se fue encadenando para dar como resultado un escenario de enfrentamientos locales cada vez más radicales y tomas de distancia desde los dirigentes políticos nacionales. En el segundo caso la misma CI había actuado frente a tres denuncias previas contra Alfredo Avelín, lo que implicó que habían producido dictámenes y tomado posiciones que condicionaban su accionar posterior. En este caso se limitaron casi exclusivamente a reunir pruebas de tipo documental durante un breve período, que estuvo signado por la continuidad de la protesta, y por la presión de los dirigentes sindicales sobre distintos representantes del Poder Legislativo. El agravamiento de la situación financiera provincial y la profundización de la confrontación del gobernador con las autoridades nacionales fueron dos elementos que se conjugaron para fogonear la celeridad del proceso, durante el cual el rol de los periodistas y medios de comunicación fue una variable de peso. El acuerdo generalizado sobre la falta de margen de acción del Ejecutivo se hizo evidente en el corto período investigativo: todos los actores, incluso el gobernador que insistía en no renunciar, compartían la definición de una urgente necesidad de rearticular las relaciones políticas, un saliente que operó sobre la dinámica de la CI y su resultado. Estos períodos de actuación de las CI evidencian que las sucesivas jugadas se desplegaron en un clima de incertidumbre: en ambos casos se puede observar cómo la pérdida de marcos de referencia habituales signó el accionar del conjunto de los actores, haciendo poco previsible para todos tanto el encadenamiento de jugadas como su resultado.

En este nivel, es necesario tener en cuenta que las argumentaciones favorables a una destitución pueden apoyarse en justificaciones aceptables y aceptadas, pero sólo podrán dar lugar a actos institucionales en caso de que existan mayorías legislativas que impulsen la drástica solución habilitada por las normas constitucionales. Es aquí que el juicio político evidencia su carácter democrático: sólo puede avanzar a partir del acuerdo de una mayoría de los representantes elegidos por el voto popular. Carácter que se ve reforzado en situaciones de fuerte movilización social y conmoción política, ya que los legisladores son condicionados estructuralmente hacia una mayor receptividad respecto de las demandas sociales que expresan las movilizaciones, proclamas, solicitadas y diagnósticos enunciados por portavoces de distintos sectores sociales. Elementos que constituyen salientes que retoman para orientar su accionar: para mantener su posición en el escenario político los legisladores deben ratificar su representatividad, cuyos fundamentos descansan en normas más o menos explícitas de relación con sus votantes, las cuales, a su vez, están inscritas dóxicamente en su posición y forman parte de su habitus. Es por ello que este tipo de resolución de situaciones de crisis actualiza, ratificándolos, la legitimidad de los fundamentos en que se basa el juego político democrático. Esto se observa en otros casos de destitución por juicio político, por ejemplo, en Filipinas, donde la receptividad de los legisladores se vio reforzada por la intensidad del movimiento que exigía la remoción del presidente, del que participaban líderes eclesiásticos, empresariales, sectores de clase media y sindicatos de diversas ramas. Todos estos actores confluían para demandar a los representantes que avanzaran en una investigación sobre hechos de corrupción que había sido desactivada en un acuerdo dentro del Congreso, pero que fue luego reactivada y retomada en el marco de una escalada de manifestaciones cada vez más masivas y multisectoriales. En sentido contrario el caso de Colombia muestra cómo una serie de acusaciones basadas en justificaciones aceptadas y aceptables, no prosperaron por no contar con una mayoría legislativa suficiente para sostenerlas.

Durante la actuación de la CI, la disciplina partidaria, el manejo de la información del caso y la evaluación personal de los legisladores fueron variables que se conjugaron para decantar finalmente en la redacción de los dictámenes que se elevarían a la SA (apartado 6.1). Estos documentos fueron redactados individual ó colectivamente tomando en cuenta tanto los cargos como las pruebas recabadas. En ambos casos se pudo advertir la relevancia de este conjunto de variables, cuya imbricación se hizo evidente en el resultado final de la labor de los investigadores: los dictámenes producidos, donde plasmaron los criterios de juicio legítimos que servirían como salientes al conjunto de la SA. Del análisis de estos documentos destaca, en el primer caso, la pertenencia partidaria de los tres escritos, es decir, la relevancia de la disciplina partidaria. Dos de ellos, de los bloques opositores, aconsejaban acusar al gobernador. El tercero, del oficialismo, desestimaba punto por punto las denuncias. Las posiciones públicas de cada partido y las estrategias discursivas de sus dirigentes se replicaban en los resultados finales de la CI. En cada escrito se evidenciaba, por un lado, la ubicación de cada partido en el escenario político y, correlativamente, un modo particular de justificar su posición que se orientaba a un público más amplio que los propios legisladores: los profanos. La mayor radicalidad en la acusación y la apelación al sentido común como fuente de legitimidad se condensaron en el dictamen del PB, oficialismo desplazado del gobierno poco antes; la mayor cautela y búsqueda de argumentos de tipo racional se concentraron en el escrito de la CR, fuerza provincial que aspiraba al gobierno y tenía buena relación con el justicialismo nacional; y el rechazo total de las acusaciones y la apelación a la legitimidad electoral fueron características del dictamen del PJ, oficialismo que había logrado imponerse por un escaso margen y defendía su posición dominante recientemente conseguida. En el segundo caso se puede advertir que el margen de evaluación personal de los legisladores sobre los cargos fue una variable relevante, que se combinó con la disciplina partidaria y la ubicación de los distintos partidos en el escenario político. De los cuatro escritos tres aconsejaban acusar, evidenciándose una coincidencia de casi todo el arco político. El cuarto dictamen, oficialista, desestimaba la denuncia en una defensa acérrima del gobernador. La persistencia de un clima de incertidumbre que difuminaba los marcos de referencia de los legisladores y el carácter público de los procedimientos -que eran escrutados por los sectores movilizados y los medios de comunicación-, son elementos que permearon todos los escritos. En ellos quedó plasmada la necesidad de justificar ante profesionales y profanos la persistencia o cambio de posición de cada miembro de la CI respecto de los juicios anteriores. Entre los escritos acusatorios existieron grandes matices: el escrito conjunto del PB y la UCR, inicialmente parte del oficialismo, buscó establecer la exclusiva responsabilidad del gobernador por la situación provincial. El dictamen del PJ se centró en justificar su cambio de posición y despejar toda acusación de conspiración. El texto de Desarrollo y Justicia apelaba al resguardo del bien común para apuntalar la acusación. En sentido contrario, el escrito de la CR denunciaba un acto conspirativo y apelaba a la legitimidad electoral. Estos dictámenes cristalizaron las posiciones políticas construidas durante el período investigativo y enunciaban, además, los principios de justicia que formaban parte del sentido común político de la provincia, recuperándolos para la construcción del acuerdo necesario para que la acusación avanzara. El principio de justicia enunciado unánimemente fue la búsqueda del bien común, una máxima republicana inscripta en las instituciones del régimen democrático.

Como se ha señalado, la SA es el principal filtro para el progreso del juicio político. Las sesiones especiales de este organismo representaron, en ambos casos, puntos de inflexión: en ellas se consolidaron los endebles acuerdos que se habían articulado en contextos de incertidumbre para suspender a los gobernadores (apartado 6.2). Tres elementos que signaron su desarrollo fueron la movilización de sectores de la sociedad civil, el seguimiento integral de los medios de comunicación y las estrategias del oficialismo frente al avance del proceso. Otro elemento compartido fue la ausencia de debate al interior de la cámara -con escasas excepciones-, lo que evidencia que la cristalización de posiciones en los dictámenes fue un elemento crucial, y que la disciplina partidaria operaría a partir de allí como marco de referencia para el accionar de los legisladores. En 1992 el justicialismo intentó frenar la acusación con distintas jugadas, pero ninguna de ellas alteró el curso de la sesión y, ante el retiro de la bancada oficialista en pleno, la votación se resolvió por unanimidad entre la CR y el PB. Todos los legisladores replicaban en votos ó ausencias las definiciones volcadas en sus dictámenes partidarios. En 2002 la vigilia de sindicalistas frente a la LP era un elemento de presión sobre los legisladores, presencia a la que se sumaba lo público de su accionar debido a la transmisión televisiva y radial íntegra de la sesión. Ambos elementos se conjugaron para resaltar las posturas personales de quienes se oponían a la acusación, cuya intervención y búsqueda de debate contrastaban con la pretensión mayoritaria de resolver rápidamente la acusación. El PB, el PJ, Desarrollo y Justicia y una parte de la UCR votaron a favor, mientras que otro sector de la UCR y bloques unipersonales más el oficialismo votaron en contra. Nuevamente se replicaron las posiciones que habían hecho públicas los legisladores en momentos previos a la sesión, aunque en este caso no se reproducían las pertenencias partidarias de los dictámenes, sino que existía un margen de acción personal, y/o partidaria mayor, debido además a la mayor heterogeneidad de bloques al interior de la LP. Puertas afuera se festejaba abiertamente la suspensión del gobernador desde los sectores movilizados. El desarrollo de ambas sesiones evidencia que una vez iniciadas no existía margen para negociaciones.

Tanto en la dinámica de la CI como en la de la SA, se observa la importancia de la dimensión partidaria, pero sobre todo el principio fundamental de división del sistema político (gobierno/oposición) que explica gran parte de las acciones que allí se desarrollan (Luhmann, 1993). Ahora bien, si en un primer momento este clivaje explica la defensa que el oficialismo hace del jefe de gobierno, en un segundo momento se establece una estrategia corporativa (del tipo “clase política”) que resigna a uno de sus miembros (en estos casos, a miembros relativamente recientes o marginales) para salvar al conjunto. Aquí se vuelve importante el análisis de la cohesión interna del partido o la coalición de gobierno. Mirando hacia otras latitudes, el caso de Paraguay evidencia la importancia de las divisiones internas en el partido gobernante: Raúl Cubas Grau asumió con mayoría parlamentaria (55 por ciento de las bancas) y la votación en su contra se resolvió por 49 votos a favor y 24 en contra. Este resultado sólo fue posible por la división del Partido Colorado. Por otra parte, el juicio contra Joseph Estrada en Filipinas muestra el cambio de posición de los legisladores ante la presión de terceros actores. Allí se pasó de un primer momento de defensa corporativa desde la mayoría oficialista al presidente a un segundo momento de avance de las acusaciones y la remoción final del mandatario.

TERCER MOMENTO

	Caso 1: Jorge Escobar	Caso 2: Alfredo Avelín
Pedido de juicio político	– Iniciado por actores sociales: ATE.	– Iniciado por actores sociales: MI y organizaciones civiles.
	– Apelación a la causal de falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público.	– Apelación a la causal de falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público.
	– Demanda sectorial como eje de la denuncia: retenciones gremiales adeudadas.	– Demanda sectorial como eje de la denuncia: falta de pago de salarios.
Actuación CI	– Escándalo como nuevo eje.	– Continuidad de la protesta.
	– Mediación de la Iglesia para desactivar el juicio político.	– Celeridad en el proceso.
	– Polarización entre oficialismo y oposición.	– Confrontación creciente gobernador-gobierno nacional.
Dictámenes/criterios	– Defensa del oficialismo: apelación a la legitimidad electoral.	– Defensa del oficialismo: apelación a la legitimidad electoral.
	– Acusación de la oposición: apelación al resguardo del bien común.	– Acusación de la oposición: apelación al resguardo del bien común.
Acusación	– Defensa del oficialismo: retiro de la bancada justicialista.	– Defensa del oficialismo y bloques menores.
	– Unanimidad de la oposición provincial para acusar.	– Consenso bloques opositores mayoritarios para acusar.

En San Juan, la presentación de los pedidos se dio, en ambos casos, luego de una serie de jugadas conflictivas que fueron posicionando a los actores en lugares que no eran simples de revertir sin poner en riesgo su lugar en el juego. La necesidad de justificar cada toma de posición se relacionaba con la propia posibilidad de realizar acciones futuras, es decir, autojustificarse y, al mismo tiempo, aparecer como actor legítimo ante los demás. Para nadie era posible desconocer lo que se había tematizado: se habían lanzado al espacio público-político una serie de elementos que todos los participantes debían manejar. Todos los actores tomaban posición frente a los procedimientos, fuesen legisladores, gobernadores, sindicalistas, periodistas, gobierno nacional, Iglesia, jueces, sectores de la sociedad civil o ciudadanos más o menos bien informados que escrutaban el proceso. Los principios de justicia explicitados en estos períodos serían un saliente que orientaría la interacción política en lo sucesivo. Principios abstractos que eran completados con argumentos específicos en cada dictamen, los cuales fueron validados —o al menos no enfáticamente rechazados — y que permitieron a la LP suspender al gobernador legítimamente.

Los elementos analizados permiten entender la dinámica política e institucional que rodea al desarrollo del juicio político. Ahora bien, esto puede servir para echar luz sobre una cuestión fundamental: ¿por qué la resolución al conflicto se dio a través de una destitución por juicio político, y no por medio de otros mecanismos? En efecto, muchas crisis pueden atravesarse con cierto equilibrio y resolverse con una recomposición del poder gubernamental. También puede suceder que un gobierno débil se prolongue hasta que los tiempos institucionales resuelvan la situación a través de elecciones. Ahora bien, hay soluciones que interrumpen el mandato de un gobierno. Algunas de ellas, como los golpes de Estado en el nivel nacional, son contrarias a las normas constitucionales (aunque su regularidad durante el siglo XX en América Latina puede hacer pensar que se trataba de un mecanismo establecido en la cultura política de nuestros países). Otras soluciones se enmarcan dentro de las reglas institucionales de la república democrática: la renuncia voluntaria, la convocatoria a elecciones anticipadas, la intervención federal y el juicio político. En este caso, se trata de respuestas previstas por los procedimientos constitucionales, que aportan soluciones pacíficas y de relativa continuidad a situaciones conflictivas. ¿Por qué razones, en un determinado momento, una solución se impone sobre otras posibles? ¿Qué papel desempeña en ello la estrategia de los actores relevantes, léase la intransigencia de un gobierno sin apoyos o la relativa deslealtad de la oposición política y social? En el caso sanjuanino, la hipótesis es que el juicio político es, en primer término, una solución que preserva la autonomía provincial frente a la intervención del gobierno central: los actores locales logran así controlar la resolución de la crisis sin resignar facultades. Queda así descartado el llamado a la intervención federal. Ahora bien, la renuncia del gobernador es una salida posible: esto supone que el mandatario es persuadido, por sus asesores, aliados o adversarios, de que no tiene sentido resistir y que la situación se ha ido de las manos. Casos frecuentes ha habido en la historia argentina reciente de gobernadores renunciantes (Carlos Ruckauf), o incluso de un presidente (Fernando De la Rua) que ha abandonado su cargo ante una situación concebida como ingobernable. El llamado a elecciones anticipadas es una solución menos drástica, una especie de renuncia postdatada: en cierto modo, la salida del presidente Duhalde del gobierno nacional asumió este formato (y suele darse con frecuencia en los sistemas parlamentarios, donde las reglas institucionales prevén este mecanismo). En los casos aquí estudiados, los gobernadores rechazaron la salida voluntaria del gobierno y resistieron los embates de sus adversarios, incluso una vez que el juicio político estaba en curso. Por lo tanto, el juicio político parece ser la solución adoptada por actores que – en una situación definida como crítica – quieren poner fin al gobierno sin resignar poder frente al gobierno central y sin poder contar con la colaboración voluntaria del mandatario cuya partida se juzga conveniente. El primer factor opera en ámbitos subnacionales como San Juan, o en casos en los que se planteó la misma alternativa: la singularidad del caso sanjuanino parece estar dada por la presencia de fuertes partidos provinciales que tienen en alta estima a la autonomía de su sistema político. En otros casos aparece la combinación de consenso de la mayoría de los actores políticos y resistencia por parte de un mandatario crecientemente aislado. Esto parece suficiente a escala nacional, como se verifica en el caso de Fernando Collor de Mello y Albert Zafy.

10.4. Reversibilidad, recomposiciones contingentes y reordenamiento político

Las suspensiones marcan un punto de inflexión y dan lugar al momento final del ciclo de la crisis. En la literatura se ha prestado atención tanto al modo en que culminan los juicios como a la sucesión, analizando variables como el rol de los gobernadores, las características de los sucesores, el diseño institucional, el rol de la oposición, la intervención y/o posicionamiento de terceras partes, la continuidad de los conflictos y el modo en que se cerraron las coyunturas críticas. Al análisis de este conjunto de variables se dedicron los capítulos siete y ocho, que articularon cuatro grandes dimensiones: la reacción de los gobernadores ante la suspensión, la actuación de la SJ y las destituciones efectivas, las características de los sucesores y el reacomodamiento del escenario político durante sus períodos de gobierno.

En primer lugar, se analizaron las reacciones de los gobernadores ante su suspensión elemento que tiene una importancia central para el proceso de enjuiciamiento ya que es una de las jugadas que se encadenan para dar sentido a su carrera dentro de la crisis. Como se describió en el capítulo siete, en los dos casos la posición que asumieron fue no renunciar, aunque con estrategias contrapuestas (apartado 7.1). Los gobernadores mantuvieron un alto perfil, coherente con el que había caracterizado su intervención en el juego político durante los momentos anteriores del ciclo de crisis, ya sea que iniciaran una estrategia de resistencia, como en el primer caso, o se replegaran a la vida privada como en el segundo. Las estrategias escogidas por cada uno avalan la hipótesis de una regresión hacia el habitus en contextos de incertidumbre: cada gobernador realizó jugadas que formaban parte del universo de lo posible a partir de sus disposiciones. Jorge Escobar optó por la resistencia, redactando decretos que desconocían las definiciones de la LP y recurriendo a la Corte provincial para que lo amparase. Lo infructuoso de estas jugadas, que fueron deslegitimadas incluso por la estructura del justicialismo, hacía evidente su carácter de outsider. Pero este era justamente el capital político con el que contaba y, por ello mismo, el gobernador suspendido optó por no renunciar y enfrentar el juicio apelando a dos tipos de actores que habían apuntalado su candidatura y su llegada al gobierno: los dirigentes nacionales del justicialismo oficialista y su base electoral. En el segundo caso, Alfredo Avelín optó por una estrategia de salida que consistió en la impugnación del procedimiento, combinada con la reclusión en la vida privada. Coherente con su trayectoria previa, también declaraba que no renunciaría al cargo, pese a que tampoco haría uso de la instancia de defensa. La continuidad de las acciones de protesta y la falta de certeza sobre auxilios financieros configuraban un escenario de gran fluidez. En ese marco la suspensión y posterior retiro a la vida privada del gobernador lo ubicaron nuevamente en un lugar que le resultaba familiar: la oposición. Su intervención política se centró en denunciar el carácter conspirativo del procedimiento. Fiel a su carácter de político de vocación, no se retiraba ni cerraba la posibilidad de retorno, aún cuando se habían desarticulado la mayor parte de los apoyos que lo habían catapultado al Ejecutivo. En ambos juicios las posiciones adoptadas por los gobernadores impactaron sobre el encadenamiento de jugadas posteriores: todos los actores percibían que en ningún caso podía descartarse completamente la posibilidad de retorno. La negativa de los gobernadores a renunciar, la continuidad del juicio y el carácter provisorio de las nuevas autoridades eran elementos que se combinaban para dotar a la nueva situación de una elevada cuota de inestabilidad.

En todos los casos de juicio político los mandatarios reaccionaron dentro de un abanico de respuestas posibles según la etapa del proceso en que se encontraban y el diseño institucional en el que se inscribían. Primero debieron resolver entre las dos grandes opciones ante la acusación (renunciar o no). La opción de continuar en el cargo implicó en algunos casos dotarse de una estrategia de enfrentamiento, que generalmente consistió en la denuncia de golpe, conspiración o maniobra de grupos de interés. Esto se constata en el caso de Madagascar, donde Albert Zafy denunció un golpe de Estado constitucional, en Ecuador, donde Abdalá Bucaram denunció un golpe, en Paraguay, donde Carlos Andrés Pérez denunció una conspiración y en Brasil, donde Fernando Collor de Mello denunció un complot, un cuartelazo parlamentario. Otra de las estrategias posibles fue la negociación, como se constata en los casos de Ernesto Samper en Colombia y Luis González Macchi en Ecuador. La evidencia muestra que el despliegue de estas estrategias de enfrentamiento o negociación puede tener duraciones muy dispares pero que, en todos los casos, la reacción individual de los mandatarios dota de un elevado margen de inestabilidad al escenario político. Se puede afirmar que ese margen de acción individual es un elemento que incide sobre los marcos estructurales, orientando la interacción hacia un abanico de resultados posibles, a cuya emergencia coadyuvan las jugadas de otros actores que se encadenan posteriormente.

En los casos ocurridos en San Juan, todavía era necesario transitar la etapa final de los procedimientos: la actuación de la SJ (apartado 7.2). En esta etapa formaron parte de la interacción política, en los dos casos, un conjunto de actores que incluía a los propios mandatarios, los legisladores, dirigentes de partidos nacionales y provinciales, dirigentes sindicales, periodistas y medios de comunicación, ciudadanos profanos movilizados por estructuras colectivas o por los sondeos más o menos formales de la opinión pública. Si bien se ha señalado que el éxito de la acusación aumenta las posibilidades de destitución efectiva, ésta no se encuentra prefijada ni resulta automáticamente del avance del proceso. Por el contrario, otras opciones de resolución son posibles, entre ellas, revertir el fallo inicial de la SA. El avance del procedimiento hacía necesario que cada jugada fuese legitimada frente a distintos públicos. Como se pudo advertir en ambos casos, la interacción política durante estos períodos se orientaba hacia afuera: la sociedad civil, un público amplio y heterogéneo, era la depositaria de las justificaciones esgrimidas por los distintos actores, toda vez que la tematización de una serie de elementos había planteado la necesidad de explicitar los fundamentos de cualquier toma de posición. En el primer caso Jorge Escobar mantenía una estrategia ofensiva de resistencia, definiéndose como víctima de una conspiración. Junto a su entorno más cercano, llamaba al pueblo a movilizarse en su apoyo. La realización de manifestaciones y otras acciones, fue acompañada de declaraciones cotidianas en los medios tanto del gobernador como de sus colaboradores, que apostaban a enfrentar el juicio hasta las últimas consecuencias. La continuidad justicialista en el Ejecutivo planteaba un escenario problemático, que fue resuelto por Jorge Escobar mediante la apelación directa a su electorado, al pueblo que había apoyado el proyecto nacional al que representaba. El momento final del juicio evidenció las tensiones que atravesaba el justicialismo: sólo dos de sus siete legisladores se pronunciaron por la inocencia del gobernador. La definición de todos legisladores estuvo influida por la confiabilidad y validez de la información recabada y la publicidad de los hechos denunciados, por el encadenamiento de jugadas que tornaba cada vez más irreversible el resultado, pero contribuyó en gran medida al desenlace el peso de las estructuras partidarias y, fundamentalmente, la llegada al poder de una línea distinta del justicialismo. En el segundo caso la SJ actuaba en un clima de urgencia: por una parte se mantenía la movilización de sectores de trabajadores estatales y docentes, por otra, los recursos financieros eran insuficientes. Escenario que jaqueaba a la administración interina y quitaba protagonismo a la LP. Por su parte, el gobernador se negaba a cualquier tipo de participación, pero tampoco renunciaba. La atención de todos los actores estaba en otra parte: se debatía sobre las cifras de la provincia, la preocupación central que se había instalado era cuánto faltaba, cuándo llegaba, para qué alcanzaba. En ese marco, los legisladores apostaban por la pronta finalización del juicio, por lo que acortaron los plazos, definiendo la destitución por una serie de cargos que distaron de ser votados unánimemente. En ambos casos el apego a los procedimientos fue una característica de las sesiones, y fue un elemento explicitado como rasgo permanente de los procedimientos en declaraciones mediáticas de las autoridades de la SJ y distintos legisladores. Buscaban dotarlos de legitimidad, despejando toda posibilidad de que recusara su accionar, tanto por la naturaleza de los cargos que justificaron las destituciones, como por la movilización puertas afuera o la celeridad de los plazos. El respeto de los pasos procesales y el apego a las garantías de las partes eran los aspectos que parecían otorgársela.

Aquí nuevamente aparece la importancia del factor partidario y del rendimiento de la gestión gubernamental. Pero no se trata de variables estáticas. La debilidad de la coalición gobernante, o el bajo nivel de cohesión interna del partido/coalición de gobierno, es un dato inicial en los dos procesos que aquí se analizan, las cuales, lejos de resolverse, se van profundizando con el desarrollo de la crisis. Los fracasos de las medidas de gobierno, la falta de apoyos externos y la movilización popular socavan los fundamentos mismos del orden en el transcurso del proceso y permiten entender en contexto las jugadas de los actores en su etapa final. La no renuncia de los gobernadores es una jugada individual que niega elementos de la realidad política, pero es también un indicador de la contingencia inherente a la constitución de las configuraciones sociales. Esto puede constatarse en la experiencia brasileña, donde Fernando Collor de Mello se mantuvo en el gobierno después de ser suspendido, pese a la sugerencia de algunos de sus ministros de renunciar para evitarle el problema de un proceso de juicio político al país. De modo similar a lo que hizo Jorge Escobar, el presidente se negó a renunciar e intentó distintas defensas, desplegando una estrategia de resistencia. Primero acudió a la cadena de radio y televisión y rechazó las actuaciones de la CI, por tratarse de falsas acusaciones, intrigas y traiciones que significaban un golpe contra su figura. Más tarde presentó como defensa la “Operación Uruguay”, una estrategia poco exitosa que le costó caro. Después intentó en vano que se aplazara el juicio y que hubiese voto secreto de los legisladores. Una vez iniciado el proceso, sostuvo ante el Congreso que toda la responsabilidad cabía a un ex-colaborador y que él no tenía conocimiento de nada de lo ocurrido. Finalmente, renunció a último momento alegando que había sido forzado a hacerlo en vista del complot organizado en su contra. Fernando Collor de Mello renunció para evitar que le fueran privados sus derechos políticos, pero la pérdida paulatina de apoyo político que había sufrido se expresó en la votación del Senado, que además de destituirlo votó privarlo de derechos políticos por ocho años, e iniciar acciones penales por delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita. Otro ejemplo similar es el caso de Madagascar, donde Albert Zafy se negó a renunciar y se defendió de todos los cargos, manteniendo una estrategia ofensiva durante todo el proceso, pese a que finalmente aceptó la decisión de su remoción. En sentido contrario se desarrolló el caso de Colombia, donde Ernesto Samper también se negó a renunciar y enfrentó el proceso. Durante ese período se mantuvo en el cargo y adoptó una posición de negociación que le permitió sobrevivir al juicio político. Resultado que sólo sería posible por una conjunción del accionar del mandatario, un acuerdo entre políticos profesionales para absolverlo y la aceptación, relativamente pasiva, de esta decisión por parte de otros actores y sectores. Como se puede advertir tanto en casos de remoción como de supervivencia, la dinámica de interacción en escenarios altamente contingentes es un factor clave para el desenlace de las situaciones de crisis.

En San Juan, la actuación de la LP como mecanismo de control concluyó con estas sesiones, donde se definió la destitución de los gobernadores y se dispuso la continuidad de los vicegobernadores ahora en carácter de sucesores definitivos. En el capítulo ocho se constató que las destituciones implicaron discontinuidades y rearticulaciones de las relaciones políticas, y que los sucesores necesitaron construir legitimidad de reemplazo durante sus períodos de gobierno para poder transitar sus gestiones de modo relativamente exitoso (apartado 8.1). La manera de llegar al binomio y la trayectoria personal de los vicegobernadores condicionaban el modo en que se realizaría esta construcción, como así también la relación que sostuvieron con los gobernadores, con sus entornos y con su base electoral en cada caso. Ambos sucesores presentaban características muy distintas. En el primer caso, Juan Carlos Rojas era un dirigente menor, sin experiencia en cargos públicos, que había llegado al binomio por ser representante de un sector tradicional del justicialismo y estar disponible en un momento clave donde se necesitaba equilibrar la fórmula de los renovadores. En el segundo caso, Wbaldino Acosta era un político de dilatada trayectoria que había llegado a la fórmula gracias a su ubicación en la estructura del PB y su rol en las negociaciones para la constitución de la Alianza. No obstante, desempeñaron su papel de modo muy similar: casi no participaron de las campañas, mantuvieron bajo perfil durante las administraciones y no se posicionaron públicamente durante los juicios políticos. Este rol marginal se revirtió con su ascenso al gobierno, que en ambos casos implicó una discontinuidad, sea porque llegase un sector distinto del justicialismo u otro partido a controlar el Ejecutivo. Los dos tomaron medidas similares al iniciar sus gestiones: nombraron nuevos gabinetes, reafirmaron la relación con las autoridades nacionales y llamaron pública y abiertamente a todos los sectores a colaborar con ellos. Buscaban así acumular un cierto capital político que les permitiera encarar sus respectivas gestiones con una legitimidad que no podían extraer ni de la etapa anterior ni del apoyo electoral.

Esta dinámica se pudo observar en otros casos de suspensión de primeros mandatarios, como por ejemplo en Brasil donde asumió transitoriamente el vicepresidente, Itamar Franco, quien conformó un gobierno provisional en base al peso de las fuerzas políticas a nivel nacional, con ministerios en manos de diferentes partidos. Con esta medida que buscaba generar apoyo a un gobierno interino en un marco de incertidumbre. Un proceso similar se dio en Venezuela, donde luego de la suspensión de Carlos Andrés Pérez asumió interinamente Octavio Lepage, titular de la Cámara Alta. Su período de mandato no era claro y generó debates que evidenciaron el vacío institucional que implicaba la remoción del presidente. Menos de 20 días después asumió Ramón José Velazquez como presidente del consenso, respaldado por los dos principales partidos y por el sector empresario. En el mismo sentido, pero con otros matices, se orientó el gobierno interino de Ecuador. En un primer momento se vivieron horas de confusión porque la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, se autodesignó como legítima sucesora. Poco después y tras la mediación de las fuerzas armadas, la vicepresidenta aceptó permanecer en ejercicio del poder dos días y renunciar para que el Congreso nombrase presidente interino a Fabián Alarcón. Este, con el apoyo de la clase política tradicional y el Ejército, formó un gobierno de coalición y se orientó a mantener el país por el sendero de la estabilidad democrática hasta la transferencia del poder, que se daría en el marco de elecciones anticipadas en 1998. Como se puede observar, pese a las diferentes características institucionales de la sucesión, en todos los casos la apelación al cogobierno aparece como reaseguro para los mandatarios que son designados como sucesores luego de un proceso de enjuiciamiento.

En último término se analizaron los períodos de gobierno de los sucesores, a partir de lo cual se constató que una destitución puede implicar el cierre del ciclo de crisis o ser un hito en un proceso de mayor duración, y que para ello se conjugan una serie de variables (apartado 8.2). Resultan relevantes aquí el rol de los gobernadores destituidos, de los gobiernos nacionales, las decisiones en materia de política pública y la interacción con los profanos. Estos son, en última instancia, quienes mediante su apoyo electoral permiten que se apuntale, o no, una red de agradecimientos mutuos, componente fundamental para que se consolide un determinado orden político. Esta última ratio es la que da un carácter democrático, parcial y variable, a un juego político autonomizado que opera según sus propias reglas. Este conjunto de indicadores se articuló para conocer de qué manera se reconfiguró el escenario político provincial. En el primer caso se trató de un proceso de mayor duración, donde el rol activo y la estrategia de disputa del gobernador desplazado —y el sector del justicialismo al que representaba, provincial y nacional — serían variables fundamentales para la reorganización paulatina de las relaciones políticas. Si bien durante dos años se registró un cambio en la matriz de políticas públicas y no hubo roces evidentes con las autoridades nacionales, la estrategia de disputa por fuera de la estructura del PJ fue avalada explícitamente por el presidente Menem y sostenida en el tiempo por Jorge Escobar hasta lograr su restitución en el cargo y su posterior reelección. Para ello fue necesario reconstruir su carácter de dirigente político legítimo, luego de haber sido inhabilitado para la función pública y acusado de corrupción. La estrategia fue una campaña sostenida de victimización, acompañada de una disputa judicial y política. El eje central pasó por la recuperación de la legitimidad electoral, a partir de una estructura partidaria alternativa al oficialismo justicialista. La apuesta por recuperar la figura de un candidato carismático, que enarbolaba la adhesión al proyecto nacional en marcha, fue convalidada sucesivamente por un electorado que parecía sostener la expectativa en el cambio de rumbo por el que había votado en 1991. Lo que permite otorgar un marco de inteligibilidad es la lectura a mediano plazo y a mayor escala, a partir de la cual se puede advertir que la llegada del justicialismo menemista al gobierno provincial expresaba una nueva configuración de las relaciones políticas, un recambio en los sectores dominantes del ámbito político difícil de revertir, ya que apostaban a su consolidación tanto profesionales como profanos. En el segundo caso el ciclo de crisis se cerró en un período más acotado, que estuvo atravesado por menores niveles de confrontación pública y en el cual no hubo disputa desde los sectores desplazados para reconquistar espacios de poder. La administración bloquista operó como una bisagra entre gobiernos de distinto color político, reordenando las finanzas provinciales y pacificando el escenario de protesta provincial. En paralelo, se clarificaba el rumbo político nacional: la emergencia de un nuevo presidente justicialista ratificaba el voto castigo a una coalición que había defraudado las expectativas de recambio de amplios sectores del electorado. Poco tiempo después este fenómeno que se replicaría en la provincia: el éxito relativo de la administración de Wbaldino Acosta no fue suficiente para contrarrestar el aprendizaje social que había implicado en ambas escalas la desilusión con la Alianza como propuesta de recambio.

Otras experiencias de juicio político evidencian que los ciclos de crisis pueden tener duraciones muy dispares. En el caso de Brasil el período de gobierno del sucesor implicó una transición: Itamar Franco fue relevado en el cargo por su ministro de Economía, Fernando Henrique Cardoso, quien, luego de lograr estabilizar la inflación, ganó las elecciones presidenciales y gobernó por dos períodos consecutivos. En Venezuela, el escenario posterior al enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez mostró una elevada dosis de inestabilidad que no se resolvería rápidamente. Las elecciones siguientes significaron un duro golpe al bipartidismo, primando la abstención y la fragmentación. La transición fue mucho más extensa, y fue recién en los siguientes comicios, con la llegada al gobierno de Hugo Chávez, cuando se cerraría el período de inestabilidad que se había iniciado con el caracazo. En Ecuador la transición que significó el gobierno de Fabián Alarcón y la transferencia del poder al siguiente presidente electo, Jamil Mahuad, implicaron el cierre de la coyuntura crítica, pero no la clausura del período de inestabilidad. Por el contrario, dos años después el nuevo presidente sería enjuiciado y removido, una práctica que se volvió crónica y signó la dinámica política de Ecuador en los años subsiguientes. Como se puede observar, en todos los casos el cierre de un ciclo de crisis requiere un período de transición, cuya duración depende de la naturaleza de los conflictos que le dieron origen y del marco de relaciones en que se haya desplegado un juicio político.

CUARTO MOMENTO

	Caso 1: Jorge Escobar	Caso 2: Alfredo Avelín
Reacción gobernador	– No renuncia, se victimiza y busca movilizar apoyos para revertir la situación.	– No renuncia, se victimiza y se recluye en el ámbito privado.
Resolución del proceso	– Destitución.	– Destitución.
Sucesión	– Alternancia dentro del peronismo, cambio de sector.	– Alternancia dentro de la Alianza, cambio de partido.
Cierre de la crisis	– Estrategia de retorno. Restitución y reelección de Jorge Escobar.	– Alternancia de partidos.

El modo en que se cerraron ambos ciclos y sus diferentes duraciones permiten afirmar que un proceso de crisis puede dar lugar a la articulación de una nueva red de relaciones de gobierno o a la recuperación y consolidación de una pre-existente. Lo contrastante de los casos evidencia que una posición en el escenario político puede perderse y reasumirse según cómo se interactúe, con quienes, y con qué justificativos; elementos que se insertan, además, en marcos más generales y en una dinámica histórica de las relaciones políticas.

10.5. Apuntes para un marco general de interpretación del juicio político

La intención comparativa con que se estructuró este trabajo y la rearticulación realizada en este capítulo final permiten destacar algunos indicios que pueden orientar futuros análisis sobre casos de juicio político. Fundamentalmente, permite constatar la centralidad de algunas variables que fueron nombradas de modos relativamente heterogéneos en la literatura y que requieren ser repensadas de manera sistemática.

En el recorrido realizado fue posible constatar que todos los análisis sobre la temática involucran referencias a la orientación hacia afuera del juego político. Variables como el rol de la opinión pública, la movilización de actores sociales, el rol de los medios de comunicación, los resultados electorales, los escándalos, los resultados de sondeos de opinión, entre otras, fueron retomadas de la literatura para incorporarlas en un esquema de análisis unitario sobre los juicios políticos realizados en San Juan. Uno de los problemas fundamentales para articularlas fue constatar que no tenían una definición explícita, mucho menos unívoca y, fundamentalmente, que no se abordaban desde una misma concepción teórica acerca de la naturaleza de la interacción política. Este trabajo buscó resolver ese déficit, mediante la utilización de elementos de la teoría de la acción.

En todo caso, el análisis muestra que las movilizaciones sociales y los estados de la opinión pública son un componente importante de los procesos de crisis, aunque sólo se transforman en elementos de situaciones destituyentes cuando la configuración del juego político así lo permite. Esto requiere articular las influencias externas con los factores estrictamente políticos, tales como las relaciones de fuerza electoral y parlamentaria, las características e intereses de los actores políticos involucrados, la pertinencia de las estrategias desplegadas y la naturaleza de las reglas formales e informales que rigen el juego político.

La intención de este breve apartado es destacar la relevancia de este tipo de variables, explicitando que se trata de aspectos de la relación entre el ámbito relativamente autónomo que representa el juego político y un espacio de interacción más amplio y heterogéneo. Es posible afirmar que son justamente los elementos que hacen a la orientación hacia afuera del ámbito político los que permiten explicar tanto el avance de un juicio político como su estancamiento, fracaso o incluso la reversión de su resultado. Por ende, resulta necesario prestar especial atención al vínculo entre ámbitos o niveles de participación.

En otras palabras, se debe contar con una concepción general, explícita y coherente de la relación Estado-sociedad civil (y/o gobierno-sociedad civil) para articular futuros análisis. Numerosos trabajos sobre la noción de sociedad civil han sido realizados, y el debate sobre su naturaleza excede ampliamente la posibilidad de estos apuntes finales. No obstante, llamar la atención sobre la importancia de retomar y repensar este nudo problemático, es uno de posibles aportes de esta investigación que puede contribuir a la orientación de futuros estudios sobre la temática. En particular, destacar que el despliegue de la interacción política en distintos niveles, que no son transparentes ni homogéneos en sus formas, es un elemento nodal para comprender cómo un gobernante puede sostenerse o no en una posición, recuperar un cargo, salir completamente del juego o continuar en él.