Este capítulo reconstruye las instancias finales de los procedimientos de juicio político, considerando dos aspectos sucesivos e interdependientes. En primer lugar, se describen las reacciones de los gobernadores ante sus suspensiones, en tanto actores con peso propio que inciden en el desarrollo posterior de los acontecimientos. En segundo lugar, se analizan los períodos de actuación de la Sala Juzgadora (SJ), que constituye la instancia final del mecanismo institucional donde se contraponen acusaciones y defensas, culminando finalmente en los fallos que disponen cada destitución.

8.1. Suspensiones y reacciones de los gobernadores

La reacción de los gobernadores frente a la acusación tiene una importancia central para el proceso de enjuiciamiento: es una de las jugadas que se encadenan para dar sentido a su carrera dentro de la crisis^[1]. Las alternativas de reacción no pueden definirse a priori, aunque existen, a grandes rasgos, dos posibilidades centrales: continuar en el cargo o renunciar^[2].

La importancia de conceptualizar a los jefes del Ejecutivo como actores y no como simples sujetos en el proceso ha sido puesta en evidencia por Kada (2003a). Haciendo propio el argumento del autor, en este apartado se considera a los gobernadores como agentes con diversas posibilidades subjetivas de acción que impactan de modo diferencial en el juego. La asignación de un margen de libertad a los mandatarios es un elemento que ayuda a comprender por qué escogen una cierta opción en una cierta etapa del proceso.

Para contribuir a la comprensión de las líneas de acción desarrolladas por los gobernadores, una de las hipótesis en que se apoya este trabajo es la de la regresión hacia los habitus. Como señala Dobry (1988), en coyunturas de fluidez política los comportamientos de los actores no necesariamente cuentan con mayor libertad. Por el contrario, lo que los actores han sido y las experiencias que han conocido, tienden a persistir e incluso a modelar sus percepciones y comportamientos en los precisos momentos en los que el mundo social parece derrumbarse en torno a ellos.

En suma, sus disposiciones no dejan de operar, es decir de engendrar comportamientos y representaciones. Esto explica en parte por qué experiencias de frustración o desclasamiento similares pueden desembocar en alternativas prácticas tan heterogéneas como movilizaciones de protesta, estrategias individuales de compensación o desquite social, procesos de desbandada o de repliegue egoísta a la vida privada o también proyectos colectivos utópicos (Dobry, 1988).

Por otra parte, las reacciones de los gobernadores sólo pueden comprenderse en un conjunto de relaciones: las posiciones asumidas pueden modificarse y/o reforzarse según cómo se organicen las jugadas de los restantes actores. En este apartado se busca reconstruir estas jugadas y la consecuente rearticulación provisoria de las relaciones políticas, en un contexto donde no está excluida la posibilidad de retorno.

Para ello se describen tanto las reacciones de los gobernadores frente a la acusación (y su consecuente suspensión en las funciones) como las posiciones asumidas por los demás actores políticos en esta etapa del procedimiento. Para cada caso se analiza el período que va desde la finalización de la sesión de la SA hasta la puesta en marcha del proceso de juicio propiamente dicho: la apertura del período de treinta días que establece la Constitución Provincial para que la SJ se expida.

8.1.1. La resistencia neoliberal

En la tarde del 16 de noviembre Jorge Escobar se encontraba en la casa de gobierno, rodeado de un grupo de militantes y simpatizantes que habían sido convocados por allegados al gobernador para resistir. Acompañado de sus ministros, el gobernador se dirigía entonces a los manifestantes explicitando su estrategia de resistencia frente a una posible suspensión: ya fuera por una presentación de recurso de amparo a la Corte provincial o por un decreto que invalidase lo actuado por la LP, su posición firme era la de no renunciar ni abandonar el cargo.

Las distintas tácticas disponibles para la resistencia que habían sido enunciadas fueron puestas en práctica paralelamente. Luego de presentar en la Corte un recurso de amparo, Jorge Escobar firmaba junto con todos sus Ministros el decreto acuerdo 0740/92 que declaraba nulo todo lo actuado por la LP y ratificaba el ejercicio pleno de las atribuciones del Ejecutivo. Apoyado en la legitimidad electoral y apelando al carácter compartido del proyecto político, el gobernador se dirigía a los manifestantes y ratificaba la necesidad de hacer explícita la resistencia: se organizaba entonces una permanencia en los jardines de la casa de gobierno.

Dirigiéndose mayormente a los militantes y ciudadanos ordinarios, Jorge Escobar se apropiaba desde dos ángulos complementarios del folklore político provincial: haciendo uso de la máxima sarmientina sobre la inmortalidad de las ideas^[3], y ubicándose en el rol de caudillo. No obstante, su carácter de recién llegado se evidenciaba en la estrategia escogida: buscaba apoyarse en el público profano para desconocer el peso de los partidos y dirigentes políticos, el peso institucional de la LP como cuerpo, y la trama de relaciones que habían sido construidas para llegar a la definición de suspenderlo.

En un lapso récord, que evidenciaba la urgencia de la situación, se expediría la Corte provincial: la madrugada del 17 de noviembre se daba a conocer el rechazo de este Poder al pedido de amparo presentado por el gobernador. Los magistrados se declaraban incompetentes frente a lo que, consideraban, no constituía un conflicto de poderes sino la actuación legítima del Legislativo debido a sus facultades constitucionales^[4].

Con este fallo se cierra el circuito de Poderes: el Judicial se excusa, el Ejecutivo retrocede, el Legislativo termina imperando. En la mañana del día 17, el clima en la casa de Gobierno se mantenía tenso. Un operador político del gobierno nacional, Carlos Mazzón, se encontraba en la provincia y había mantenido sucesivas reuniones durante la víspera con los representantes del Ejecutivo en su sede. En horas del mediodía, Jorge Escobar firmaba un segundo decreto, luego de evidentes negociaciones y diálogos con las autoridades nacionales. Este breve documento se limitaba a reconocer el fallo de la Corte y a dejar sin efecto el decreto firmado el día anterior.

Una vez conocido este desenlace, y recién entonces, el gobernador es notificado de la resolución de la SA en horas de la tarde del 17 de noviembre^[5]. Luego de haber protagonizado una especie de acuartelamiento, Jorge Escobar modificaba su estrategia: acataría el fallo de la Corte y la resolución de la LP retirándose de la sede del Ejecutivo. Entre lágrimas y abrazos, que expresaban el alto costo de la decisión y el carácter inesperado de los acontecimientos, el gobernador era despedido por sus funcionarios y llevado en andas hasta su automóvil por los manifestantes que todavía se encontraban en la sede de gobierno.

En paralelo a la notificación se organizaba la asunción de Juan Carlos Rojas, que tuvo lugar el 17 de noviembre a las 18 horas, en su despacho de la Presidencia de la LP. En medio de cánticos favorables, el vicegobernador expresaba su sorpresa por el curso de los acontecimientos, al tiempo que hacía saber a los justicialistas que no dejaría de ocupar el lugar en que lo habían ubicado los acontecimientos: “hoy comienza una nueva etapa dentro de un mismo proyecto político que encabecé con el compañero Escobar, no va a cambiar nada del proyecto político si van a cambiar los hombres y va a cambiar la metodología” (Discurso de asunción de Juan Carlos Rojas. Audio Radio del Sur 17/11/92).

En la designación provisoria de Juan Carlos Rojas se hacía doblemente evidente la disputa interna del justicialismo. Por una parte, se diferenciaba de su compañero de fórmula haciendo eje en la humildad frente a la soberbia, es decir, cuestionaba la estrategia de resistencia y legitimaba la resolución de la LP. Por otra parte, reivindicaba el proyecto político justicialista aunque consideraba necesario el cambio de hombres haciendo pesar el aparato partidario frente a los recién llegados, gesto que se completaba con la entonación de cánticos peronistas durante la ceremonia y las declaraciones de referentes partidarios una vez concluida. Emilio Mendoza, presidente del bloque, definía como reafirmación democrática el curso de los acontecimientos, ratificando la legitimidad del vicegobernador como auténtico representante de un proyecto justicialista.

La reivindicación de los mecanismos institucionales para resolver conflictos, presente en la retórica de los legisladores justicialistas, era uno de los resortes en que se apoyaba el recurso al juicio político como herramienta de acción legítima. La canalización de las tensiones por esta vía les permitía instalar la idea de continuidad de un proyecto político que contaba con el respaldo de los electores. Los referentes legislativos del justicialismo proporcionaban salientes a los militantes y público en general para posicionarse frente a la suspensión. Al mismo tiempo este sector disidente se apropiaba de un triunfo electoral y un proyecto político en el que antes parecía no tener lugar^[6].

Los partidos de la oposición se ubicaban idénticamente frente a la acusación: todos rechazaban el accionar inexperto de Jorge Escobar y ratificaban su apoyo al gobernador interino como sucesor indiscutido. Desde la CR la definición de la SA era significada como síntoma del buen funcionamiento del sistema democrático, y, por ello mismo, debía ser acatada evitando así toda posibilidad de una intervención que afectase el federalismo.

El máximo dirigente del PB contraponía en su discurso la inexperiencia y juventud de Jorge Escobar, atributos que relacionaba con la suerte del mandatario, a la amplia trayectoria del bloquismo en el ámbito político provincial, desde la cual legitimaba la continuidad del justicialismo frente al Ejecutivo: “espero que esto le haya dejado algunas enseñanzas al gobernador, quien es un hombre joven que si cambia su carácter y metodología tendrá otras oportunidades” (Leopoldo Bravo, Diario de Cuyo, 18/11/92).

Por su parte, la UCR nacional emitió un comunicado de prensa mediante el cual reafirmaba su apoyo a la resolución de la LP y a la actuación de sus legisladores. El único partido nacional con peso en la provincia hacía pública su satisfacción por la puesta en práctica de un mecanismo idóneo para la preservación de la democracia frente a la corrupción y el abuso de poder, sumándose así al coro de voces que legitimaban la suspensión del gobernador acusado^[7].

La estrategia de resistencia de Jorge Escobar, frente a este escenario adverso, giró hacia la búsqueda de apoyo en el ámbito nacional. Haciendo explícita su incorporación a la actividad política de la mano del presidente, el gobernador suspendido reclamaba a los funcionarios nacionales una jugada de apoyo similar a la que había realizado él cuando se lanzó a competir en un ámbito que le resultaba ajeno. En este momento adverso se imponía la necesidad de redefinir la situación: su continuidad en el cargo, y el consecuente enfrentamiento del proceso de juicio, era una decisión que sólo podía tomar a partir del diálogo con sus referentes políticos directos, los máximos dirigentes del proyecto menemista.

Jorge Escobar viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Carlos Menem el 20 de noviembre, tres días después de su suspensión. Este encuentro le permitió posicionarse nuevamente frente al juicio político, a partir de retomar y articular un conjunto de salientes presentes en el discurso presidencial: “le di el ejemplo de Juan Carlos Rousselot que fue destituido en dos oportunidades como intendente de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense, regresó al ganar nuevamente las elecciones y ahora está haciendo una tarea realmente excepcional” (Carlos Menem, Diario de Cuyo, 21/11/92). La respuesta del presidente abría la perspectiva de sortear los obstáculos institucionales y partidarios en la disputa por puestos de mando. Por otra parte, corría el eje de debate: dejaba de lado la disputa moral y se centraba en la competencia política, haciendo pensable la posibilidad de retorno más allá de cualquier acusación o juicio. La posición del presidente tenía corolarios casi inmediatos: para el proyecto transformador menemista lo relevante era la ocupación de cargos ejecutivos y resultaba válido disputarlos con casi cualquier herramienta, aunque la apelación al público profano era la más efectiva.

Luego de esta reunión Jorge Escobar da a conocer su decisión de no renunciar y enfrentar el proceso de enjuiciamiento. Su llegada al gobierno había subvertido el orden en el ámbito político provincial poco tiempo atrás y estaba dispuesto a luchar por mantener su posición dominante. Sus adversarios habían encontrado en la retórica de la honestidad un modo de legitimar la suspensión, intentando instalar como capital político la ética de los dirigentes. La movilización del electorado, de los ciudadanos en aras de la honestidad o de la transformación era lo que se jugaría de ahora en más.

La apuesta de Jorge Escobar consistía en construir un espectáculo político que le permitiera obtener, nuevamente, el apoyo del electorado. En el sentido común de la época, compartido por académicos y políticos profesionales, las estructuras partidarias atravesaban una crisis: se podía y era preferible ir por fuera. La instalación de una lógica neoliberal, donde el capital político era la novedad tenía como correlato esta cierta exterioridad, una lógica a la que Jorge Escobar se plegaría completamente.

8.1.2. Impugnación del juicio, reclusión en la esfera privada

El 26 de agosto de 2002 Alfredo Avelín esperaba en casa de gobierno la resolución de la SA, rodeado de sus familiares y amigos. Entre ellos se encontraban sus hijos, la Senadora Nancy Avelín y el intendente de la Capital, Alfredo Avelín Nollens, antiguos amigos como el dirigente del sindicato de trabajadores municipales, Pascual Manchineles y sus colaboradores más cercanos. En horas de la tarde dos secretarios legislativos llevaron personalmente la notificación de suspensión: Alfredo Avelín los recibió en su despacho y una vez que le entregaron la nota la rompió en cuatro partes. La inesperada escena tenía matices melodramáticos: mientras el gobernador declamaba su legitimidad electoral entre el público presente se combinaban lágrimas y aplausos.

Una vez superada la sorpresa, los funcionarios encargados de la notificación recogieron los trozos de papel y los guardaron: la incómoda escena no cambiaba el curso de los acontecimientos, en todo caso, confirmaba el carácter excéntrico de un gobernador aislado y anacrónico. Alfredo Avelín había adelantado que no se defendería de ser acusado, pero que tampoco renunciaría: tendrían que destituirlo. Sus experiencias anteriores, su trayectoria político-profesional y las circunstancias en que se desarrollaba el proceso de enjuiciamiento eran tres elementos que se conjugaban para dar sentido a la reacción del mandatario que se autodefinía como rebelde y coherente. Alfredo Avelín había enfrentado una situación similar cuando se desempeñaba como intendente de la Capital en 1958. Esta primera experiencia en un puesto ejecutivo culminaba con una intervención del gobierno provincial, frente a la cual el mandatario saliente se negaba a renunciar.

La decisión del gobernador de replegarse facilitaba la sucesión: el 27 de agosto en horas de la mañana, tal como se había anunciado desde la prensa y desde la propia dirigencia bloquista, Wbaldino Acosta se hacía cargo interinamente del Ejecutivo. La ceremonia se desarrolló en un clima de sobriedad absoluta, y el discurso de asunción estuvo marcado por una problemática central: la recomposición del vínculo con la Nación. La dificultad de la tarea era evidente para el nuevo mandatario: “nuestra consigna será trabajar intensamente en estos 30 días, de ahí en adelante se verá. Dios proveerá. No hay que atropellar los carriles institucionales” (Wbaldino Acosta, Diario de Cuyo, 28/08/02).

Wbaldino Acosta hacía explícito el carácter precario de su nueva posición. Desde esta definición se preocupó por estructurar un equipo de colaboradores que le permitiera, por una parte, resignificar las relaciones al interior de la coalición provincial y, al mismo tiempo, negociar en mejores términos con las autoridades nacionales. En primer lugar, nombró a Enrique Conti como ministro de Economía, reafirmando así la presencia bloquista en el gobierno interino. Otro nombramiento inmediato fue el de Hugo Pérez (UCR) como ministro de gobierno, un gesto que contribuía a la recomposición de los acuerdos previos. Los dirigentes radicales lo reconocían, y hacían explícita su voluntad de cooperar para resolver una situación que percibían como crítica.

Los dos partidos más importantes de la coalición reafirmaban sus acuerdos y sumaban fuerzas para afrontar el nuevo escenario, accionar que era legitimado desde la oposición. La posibilidad de contar con un Ejecutivo menos débil dejaba lugar, en un marco de gran incertidumbre, para que el justicialismo sostuviera una retórica de oposición constructiva: “me parece bien que recreen la Alianza, a ver si a los sanjuaninos nos va bien (…) hacer oposición no es poner piedras en el camino sino ayudar” (José Luis Gioja, Diario de Cuyo, 28/08/02).

Los representantes del gobierno nacional también redefinían su posición en este nuevo momento. Por una parte, explicitando su malestar por el modo en que Alfredo Avelín había conducido previamente la relación entre ambas escalas de gobierno. Por otra, deslindando responsabilidades por la situación financiera de la provincia, brindando a los nuevos funcionarios salientes para organizar las futuras relaciones y negociaciones. Fundamentalmente, en el manejo de las formas, dejando de lado los exabruptos y las apelaciones místicas, apelando a que asumieran la responsabilidad de la situación provincial como parte de su deficiente gestión.

La suspensión tuvo como consecuencia casi inmediata que, por primera vez, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recibiera a un funcionario del Ejecutivo sanjuanino. Esta reunión había sido solicitada insistentemente pero recién con la asunción de Wbaldino Acosta logró ser concretada. Las autoridades nacionales se hacían eco de la urgencia con que definían la situación los funcionarios provinciales que declaraban abiertamente la inexistencia de alternativas al pedido de financiamiento. El pedido de fondos era imperioso y cuasi extorsivo: si no lograban cuanto antes un apoyo nacional estaban dispuestos a dejar sus cargos. Información que se encargaron de publicitar apropiadamente: “Lavagna nos espera el viernes a las 17, pero iremos antes por si nos pueden atender (…) no vamos a venir a mentir que algún día les vamos a pagar. Yo prefiero ponerme colorado una sola vez. Si no nos van a dar nada venimos y nos despedimos” (Enrique Conti, Diario de Cuyo, 29/08/02).

A cuatro días de la suspensión de Alfredo Avelín la situación distaba de ser calma: los sindicatos de trabajadores estatales sostenían acciones cotidianas de protesta debido a que la situación de falta de pago de salarios se mantenía. Pese a que los dirigentes habían planteado un pacto de gobernabilidad, el anuncio de Enrique Conti de realizar recortes salariales implicó una confrontación inmediata y un cuestionamiento al funcionario y su continuidad. Aún cuando pareciese una opción muy poco viable, en este escenario no podía descartarse la posibilidad de retorno del gobernador suspendido. Esta hipótesis y otras tales como el llamado a elecciones anticipadas, no podían excluirse por completo debido al marco de incertidumbre en el que se movían los actores^[8].

A cinco días de ser suspendido Alfredo Avelín reafirma su posición: se encontraba retirado a su antiguo oficio, atendiendo pacientes en forma gratuita en su consultorio particular como lo había hecho durante toda su trayectoria previa a la gobernación. El retorno a su actividad médica y la negativa a designar un abogado defensor eran una estrategia de repliegue al ámbito privado frente a lo que consideraba un golpe institucional. No obstante, el gobernador desplazado no guardaba silencio. Por el contrario, realizaba declaraciones radiales casi cotidianamente en las cuales se posicionaba como opositor^[9]. Sus denuncias incluían al presidente Eduardo Duhalde, a quien definía como traidor a la patria y, en igual medida, a su compañero de fórmula y a los legisladores encargados de enjuiciarlo, a quienes etiquetaba de traidores y corruptos. Afirmando su carácter de mártir y aunque declamaba no querer volver al cargo, se mantenía expectante: “ojalá me destituyan pronto nomás (…) pero si llega a pasar al revés, voy a volver nada más que para ir a verlo a Duhalde y exigirle la caducidad de todos los mandatos, las elecciones inmediatas y que pague la deuda que la Nación tiene con la provincia” (Alfredo Avelín, Diario de Cuyo, 31/08/02).

La estrategia de Alfredo Avelín tenía un marco de inteligibilidad: la denuncia de un golpe institucional, argumento recurrente de quienes han sido destituidos, es un poderoso instrumento para organizar estrategias de retorno^[10]. Más allá de declamar su conformidad con la nueva situación vital que atravesaba, el gobernador suspendido no descartaba por completo la posibilidad de volver a ocupar el cargo para el cual había sido electo legítimamente. En su dilatada trayectoria había hecho cuerpo la lógica última del juego político: era un profesional y no podía abandonar la competencia.

8.2. La actuación de la Sala Juzgadora

Una vez que se formaliza la acusación, está prevista en la legislación una instancia posterior: la actuación de la SJ. Este período, que consta de treinta días para el desarrollo de la defensa y la recolección de pruebas complementarias, culmina con la sesión especial donde se define la destitución. Pese a que el éxito de la acusación aumenta las posibilidades de destitución efectiva (Pérez Liñán, 2009), el comportamiento de los actores políticos durante esta etapa del procedimiento pone en juego nuevos elementos, que merecen ser considerados dada la relevancia de la definición final.

8.2.1. El quiebre del PJ

Durante el período de actuaciones de la SJ tres elementos se combinaron para delinear el clima político provincial. Por una parte, el accionar de Jorge Escobar y su entorno, que continuaban propiciando medidas de resistencia. En segundo lugar, la presencia de un público militante en cada una de las reuniones de la Sala y la publicación de sus resultados por la prensa. Finalmente, la disputa por la interpretación de estos acontecimientos, de la que participaban centralmente tres actores que pugnaban por imponer su visión como legítima: los dirigentes políticos opositores y dos sectores al interior del justicialismo.

Desde el entorno de Jorge Escobar se articularon dos nuevas acciones para sostener la estrategia de resistencia. La Presidencia del PJ, sectores de la Juventud Peronista de distintos departamentos y el Sindicato de Amas de casa fueron algunos de los actores que hicieron público su apoyo al mandatario suspendido y llevaron adelante la recolección de más de 30 mil firmas en distintos puntos de la provincia. Las autoridades partidarias insistían en la falta de mérito para el juicio político, apostando a una de las alternativas posibles que no prosperase la acusación: “este episodio de la finca que él compró, es un hecho infortunado pero sus implicancias no tienen entidad suficiente para que sea destituido (…) una voluntad generalizada en el mismo sentido en el seno de la comunidad sanjuanina” (José Amadeo Conte Grand, presidente del PJ, Diario de Cuyo, 24/11/92).

Por otra parte, el Sindicato de Amas de Casa fue la cabeza visible de una manifestación que se organizó hacia la LP para entregar las firmas recolectadas a los integrantes de la SJ. Denominada marcha del silencio, esta manifestación contaba con todos los elementos típicos: una bandera argentina de grandes dimensiones como encabezado, pancartas, manifestantes transitando ordenadamente por un recorrido preestablecido y un acto final, la entrega de las planillas con firmas a los legisladores. El carácter silencioso era un elemento adicional, que simbolizaba la falta de participación del pueblo. Según la prensa y los organizadores el número de manifestantes superó los cinco mil, y la efervescencia que generó el éxito de la iniciativa se expresó en sus momentos finales, cuando los participantes rompieron la consigna de silencio y entonaron cánticos favorables al gobernador suspendido durante más de una hora frente a la LP. Posteriormente se trasladaron al domicilio particular de Jorge Escobar, quien pronunció un breve discurso donde instaba a los dirigentes políticos a reestablecer el diálogo: “estamos a tiempo de hablar otro idioma (…) de nada vale tener excelentes abogados o presentar una óptima defensa si no tenemos la voluntad política por parte de todos de resolver un problema” (Jorge Escobar, Diario de Cuyo, 29/11/92).

Otro elemento que incidía en el clima político de este momento era la asistencia de público a las reuniones de la SJ, que era alentada por sus propios integrantes y tenía como protagonistas a las amas de casa que apoyaban a Jorge Escobar. El principal corolario del carácter público de las sesiones era el apego a los procedimientos y la extensión de cada uno de los pasos procesales, ya que se apuntaba a esclarecer la verdad sobre los distintos cargos^[11]. Además, las reuniones eran cubiertas por la prensa, que reconstruía en su propia clave los acontecimientos y los difundía a la opinión pública, actor en nombre del cual, paralelamente, interpelaba a los dirigentes en reiteradas ocasiones^[12].

El juicio político estaba orientado hacia afuera. Jorge Escobar mantenía una estrategia ofensiva, de presión: había movilizado al pueblo y los legisladores eran escrutados en cada reunión por ese público al que, de todos modos, debían responder. El capital político de cada legislador estaba en juego. La dinámica del ámbito político, en otros momentos reservada sobre todo a un debate entre profesionales, se desarrollaba ahora de cara a la ciudadanía a la que los legisladores buscaban representar y de la cual dependían para su continuidad en sus puestos.

En el transcurso de estas actuaciones los actores definían y redefinían permanentemente sus posiciones ante los elementos desplegados por la acusación y la defensa. Para los legisladores esta actividad representaba un gran esfuerzo de construcción cotidiana: cada nuevo testimonio modificaba levemente los matices del procedimiento. Trabajo al cual se sumaba la necesidad de tomar en cuenta otros acontecimientos, más o menos velados, que incidían en las actitudes partidarias^[13]. Si bien durante la década del 90 se sucedieron este tipo de turbulencias y no existió ninguna sanción al ejecutivo por parte del Congreso, que parecía impotente como instancia de control (Llanos y Mustapic, 2006), en la provincia no cuajó este intento de desactivar el enjuiciamiento porque apuntaba al interés económico de los dirigentes, pero no tomaba en cuenta el carácter de profesionales de la política (Weber, 1982; Gaxie, 2004) que ellos revestían, y que, por ende, su conducta se orientaba también por intereses eminentemente políticos.[/footnote].

Uno de los referentes más importantes del PB, Leopoldo Bravo, reafirmaba la posición de su partido, proporcionado salientes que permitirían a sus legisladores contar con marcos de referencia en este clima de incertidumbre. Tres tópicos se destacan en su posición: el federalismo, la experiencia política y la honestidad: “lo ocurrido en San Juan constituye una virtual reivindicación de los políticos, la política y el gobierno y sus respectivas exigencias no son para los amateurs (…) este juicio político un gesto autonómico, frente a las pretendidas digitaciones de los grandes partidos nacionales (Leopoldo Bravo, Diario de Cuyo, 09/12/92).

El dirigente denunciaba el desconocimiento, por parte de las autoridades nacionales, del peso de los partidos provinciales, haciendo evidente el fracaso de operaciones políticas relativamente veladas. Dirigiéndose tanto al público profano como a sus competidores, instalaba y reforzaba la legitimidad del accionar de los partidos provinciales, proveniente de una doble fuente: su caudal electoral y su trayectoria, que los convertía en interlocutores que debían ser considerados como actores propiamente políticos.

La disputa por la interpretación de los acontecimientos fue, desde el entorno de Jorge Escobar, protagonizada por uno de sus más cercanos colaboradores, quien presentaba una lectura alternativa de las palabras del caudillo bloquista. José Luis Gioja se apoyaba en el pueblo de San Juan, que había expresado su voluntad mediante los resultados electorales y la había reafirmado con su manifestación reciente. Denunciaba el desconocimiento de este actor legítimo, construyendo al bloquismo como una dirigencia deslegitimada y desplazada que buscaba torcer el espíritu de las leyes. Retomando los salientes propuestos por la dirigencia bloquista la disputa pasaba por diferenciarse de prácticas políticas caudillistas, anacrónicas y antidemocráticas.

Otro sector del justicialismo intervenía también en esta disputa, donde la honestidad y el apoyo electoral eran las cartas en juego, dosificando ambos elementos para articular un discurso que se despegaba del gobernador suspendido y, al mismo tiempo, reivindicaba el liderazgo justicialista en la provincia. El resultado de la investigación determinaría, para los legisladores oficialistas, la posición final en el recinto “se va a demostrar la culpabilidad o la inocencia del licenciado Escobar, contra quien, si tiene los números en orden, ningún justicialista va a levantar la mano para que sea castigado. Pero de no ser así todos los diputados justicialistas van a votar por su condena” (Luis Alberto Martínez, Diputado Nacional PJ, Diario de Cuyo, 10/12/92).

En este clima actuaba la SJ, manteniendo una intensa actividad: realizó siete reuniones, registrando más de quince testimonios y recabando múltiples pruebas documentales. El 12 de diciembre el cuerpo fijó fecha para su sesión final, donde debía elaborar el fallo definitivo: la suerte de Jorge Escobar se definiría el 18 de diciembre. Entre ambas fechas se producía un nuevo punto de inflexión en la situación política: la SA hacía prosperar el segundo pedido de juicio político al gobernador con el voto de seis legisladores justicialistas^[14].

La sesión especial del 18 de diciembre contó con la presencia de los 21 miembros de la SJ que, rodeados de un gran operativo policial, comenzaban su labor a las 8:30 horas, cumpliendo con todas las formalidades, advirtiendo, adicionalmente, sobre la posibilidad de desalojar del recinto a cualquier persona que atentara contra el normal desenvolvimiento de la reunión. El uso de la palabra fue cedido en primer lugar a la acusación, para la lectura de su alegato. Los legisladores responsables de esta tarea invocaron reiteradamente en el curso de su alocución el resguardo del bien común como principio de juicio de las acciones del gobernador. En función de este principio establecieron que la conducta de Jorge Escobar era condenable, por hacer prevalecer los intereses particulares y subvertir así el mandato que le había sido delegado por su mandante: el pueblo. La retórica republicana de la acusación culminaba con una reflexión sobre los mecanismos de control, enfatizando la posibilidad, en un Estado de derecho, de sancionar las faltas de los gobernantes sin por ello afectar el orden social y político de la provincia.

Posteriormente se dio lugar a la defensa, que presentó un alegato escrito, leído por los abogados patrocinantes y solicitó el uso de la palabra por parte del acusado. Dirigiéndose a los legisladores y al pueblo de San Juan, Jorge Escobar ratificaba el carácter conspirativo del proceso y su disposición a enfrentarlo hasta sus últimas consecuencias, aún siendo destituido: “si ustedes levantan la mano para destituir a este gobernador, no crean que cierran así el capítulo final de esta historia (…) hombre o un pueblo puede renunciar a los honores pero jamás puede renunciar a la lucha (Versión taquigráfica, Sesión SJ 18/11/92, folio 100).

Luego de estas palabras y en medio de aplausos y silbidos, el acusado se retiró del recinto y fue ovacionado por sus seguidores en las inmediaciones del edificio. Puertas adentro los integrantes de la Sala procedían a realizar la sesión secreta, en la cual consensuaron los cargos que se pondrían a consideración mediante votación nominal. Las acusaciones serían dos: 1) falta de cumplimiento a los deberes a su cargo y 2) delitos en el desempeño de sus funciones. A estos cargos se sumaba la puesta en consideración de una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un lapso a determinar.

La culpabilidad del acusado se decidió por diecinueve votos a favor y dos en contra en cada uno de los cargos, mientras que la inhabilitación se aprobó con diecisiete apoyos y cuatro negativas. A este resultado contribuyó gran parte de la bancada justicialista, en la cual se evidenció un claro quiebre al momento de votar: sólo dos de sus siete legisladores se pronunciaron por la inocencia de Jorge Escobar.

Tabla 8: Votación Sala Juzgadora de la Comisión de Juicio Político, 18/11/92

	Nombre	Partido	Cargo 1	Cargo 2	Inhabilitación
1	Aravena, Agustin	PJ	Inocente	Inocente	No
2	Avelin, Nancy B.	CR	Culpable	Culpable	Sí
3	Baliña, Eduardo	PB	Culpable	Culpable	Sí
4	Cantoni, María U.	PB	Culpable	Culpable	Sí
5	Capello, Mario	UCR	Culpable	Culpable	Sí
6	Carelli, Oscar A.	UCR	Culpable	Culpable	Sí
7	Cerdera, Rogelio	PJ	Inocente	Inocente	No
8	Conti, Enrique	PB	Culpable	Culpable	Sí
9	Fabris, Carlos	PB	Culpable	Culpable	Sí
10	Fierro, Julio	PJ	Culpable	Culpable	Sí
11	Kulichevsky, Fernando	CR	Culpable	Culpable	Sí
12	Kurban, Orlando	PJ	Culpable	Culpable	Sí
13	Medina, Pedro	PB	Culpable	Culpable	Sí
14	Navas, Miguel A.	PJ	Culpable	Culpable	Sí
15	Mendoza, Emilio	PJ	Culpable	Culpable	Sí
16	Ochoa, José	CR	Culpable	Culpable	Sí
17	Posleman, Gladys	PB	Culpable	Culpable	Sí
18	Riveros, Manuel	PJ	Culpable	Culpable	No
19	Sancassani, Edgardo	PB	Culpable	Culpable	Sí
20	Villa, José	PJ	Culpable	Culpable	No
21	Yanello, Roberto	UCR	Culpable	Culpable	Sí

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos del archivo de la Legislatura Provincial.

La definición de los legisladores puede haber estado influida por la confiabilidad y validez de la información recabada y la publicidad de los hechos denunciados (Kada, 2003). Pero el factor fundamental que incidió en la votación del justicialismo fueron las divisiones en el seno del partido, que durante el período de actuación de la SJ se fueron consolidando, haciéndose más fuerte el sector que reivindicaba las banderas históricas del justicialismo encarnado por Juan Carlos Rojas. Ello explica que al momento de culminar la votación se haya entonado la marcha peronista en el recinto, pese de que se destituía un gobierno del mismo color político.

El fallo final de la SJ establece la culpabilidad del acusado y dispone su destitución, con el anexo de una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el lapso de cuatro años. Una vez terminada la redacción del fallo, su firma y agregación a la causa, las autoridades de la SJ clausuraban formalmente el proceso de juicio político contra Jorge Escobar. El gobernador quedaba destituido.

8.2.2. La legislatura como bloque

Durante el período de actuación de la SJ, en 2002, la relación con la Nación se había convertido en la preocupación central de los distintos actores políticos provinciales. La obtención de recursos era el eje central de la administración transitoria, que buscaba recuperar la actividad cotidiana del Estado, paralizada en sus funciones esenciales por la continuidad de las protestas.

El insistente pedido de fondos se daba en un marco político de incertidumbre, también, en la escala nacional, donde se estaba desarrollando un proceso de juicio político a la Corte Suprema que, de concretarse, significaría un duro revés para la administración del presidente Duhalde^[15]. Los tres diputados nacionales de la Alianza eran un arma de doble filo para la administración de Wbaldino Acosta: si bien los acuerdos con la UCR se habían reflotado a partir de su asunción y negociaban en bloque con los funcionarios nacionales, la postura del radicalismo era hacer prosperar el juicio a la Corte.

La simultaneidad de procesos de juicio político evidenciaba tomas de posición diferenciales de parte de los actores colectivos que se desempeñaban en ambas escalas, cuyos matices se explicaban en gran medida por los juegos cruzados en los que participaban.

El PB, a cargo del Ejecutivo e interesado principal en recomponer la relación con la Nación, se alineaba totalmente a la posición del presidente Duhalde. Su representación parlamentaria había funcionado tradicionalmente como prenda de cambio, ya que su interés se centraba en el control de la escena política provincial. Así, el único diputado nacional bloquista se posicionaba en contra del juicio a la Corte, haciendo suyos los argumentos que, en la escala provincial, había utilizado la CR para condenar el juicio a Alfredo Avelín: “es un golpe institucional, quieren provocar la anarquía. En este momento hay que ver cómo se pueden hacer bien las cosas, para entregar un Estado en mejores condiciones al nuevo presidente” (Julio César Conca, Diario de Cuyo, 04/09/02).

Los diputados radicales no se plegaban a este pacto, quebrando en parte las esperanzas de recomponer los acuerdos económicos pendientes: la racionalidad de la UCR era la de un actor político nacional, en esa escala se jugaban sus intereses. El radicalismo exhortaba a los precandidatos presidenciales a pronunciarse al respecto, de cara a la sociedad, en una clara jugada pre-electoral. De todos modos, los diputados radicales por San Juan adoptaban una postura coherente: desempeñaban en ambas escalas el rol de oposición y sostenían una posición unívoca de fortalecimiento institucional.

En los diputados nacionales del justicialismo las tomas de posición respondían también a lógicas nacionales, de alineamientos frente a las futuras elecciones, aunque los argumentos de cada actor tenían matices particulares. Jorge Escobar, que en la provincia apoyaba el juicio político a Alfredo Avelín, se posicionaba desde su propia experiencia: estaba en contra del juicio a la Corte Suprema que lo había restituido previamente^[16]. La negativa al juicio político a la Corte se teñía además por la necesidad de contar con un aliado vital para la gestión presidencial “necesitamos que la Corte acompañe al Poder Ejecutivo en las medidas económicas de emergencia, como el recorte de sueldos” (Jorge Escobar, Diario de Cuyo, 04/09/02).

Por su parte, el sector que encabezaba Adolfo Rodríguez Saá, cuyo exponente en San Juan era Roberto Basualdo, sostenía posiciones encontradas en las dos escalas y juicios: en relación a la Corte Suprema de la Nación se enfrentaba al gobierno de Duhalde mientras que en la provincia se diferenciaba del resto de sus competidores apoyando a Alfredo Avelín.

Estos actores colectivos, los partidos nacionales y provinciales, eran también los encargados de conducir la instancia final del juicio político a Alfredo Avelín. Era evidente que las futuras elecciones provinciales atravesaban este momento de definiciones. El precandidato que encabezaba las encuestas, Roberto Basualdo, era el único que apostaba a favor del mandatario suspendido: “si vamos a destituir a Avelín por haberse atrasado en los sueldos habría que destituir a la mitad de los gobernadores del país y, en un tiempo más, también habría que destituir a Wbaldino Acosta, porque no tendrá para pagar los cuatro meses adeudados” (Diario de Cuyo, 10/09/02). Su interés en que no prosperase el procedimiento era claro: la posibilidad de retorno del gobernador implicaría un inmediato adelantamiento de las elecciones, hipótesis que lo favorecía. De todos modos, esta jugada no podía prosperar: tenía solo un diputado que le respondía en la SJ y ni siquiera Alfredo Avelín quiso operar con él.

La actitud de repliegue de la CR era evidente: después de su suspensión, el gobernador había definido no participar del proceso posterior, en una postura de rebeldía que buscaba tanto deslegitimar el juicio político como retirarse dignamente de la escena política. Alfredo Avelín no nombró defensores y la SJ debió pedir a la Corte de Justicia que designara uno de oficio. El gobernador se negaba a cualquier tipo de participación en el juicio: no sólo no iba a defenderse, no quería que nadie lo hiciera. La posición estoica frente a la caída era clara: “respeto a la profesional y lo que la ley le manda hacer, pero estoy definido y yo ya he venido sosteniendo cuál es mi postura, no voy a dar elementos para que me defienda (…) el juicio político es una cosa juzgada y terminada y no tiene retorno” (Alfredo Avelín, Diario de Cuyo, 06/09/02).

La actuación de la SJ se prolongó por un lapso de veinte días, durante los cuales realizó cuatro reuniones que fueron cubiertas íntegramente por la prensa, que se había erigido como interlocutora legítima de la opinión pública^[17]. Una de las estrategias de la defensora oficial durante su actuación fue la presentación de un pedido de nulidad del procedimiento, que fue puesto a consideración de los miembros de la Sala el 10 de septiembre. Esta votación constituyó una especie de anticipo de las posiciones posteriores: el pedido fue rechazado por 20 votos. Pese a esta amplia derrota la defensa sostuvo su estrategia e hizo las reservas necesarias para apelar cualquier resolución del cuerpo ante la Corte Suprema.

El avance de las actuaciones implicó la apertura de una etapa probatoria, durante la cual se llamó a declarar a más de diez testigos, entre los cuales se encontraba el renunciado ministro de Economía Ricardo Ortiz. Se lo interrogó durante tres horas sobre las gestiones para la obtención de fondos. Luego de una serie de cuestionamientos a sus declaraciones el ex-funcionario fue denunciado por la parte acusadora por falso testimonio. Esta denuncia no era un hecho fortuito: pocos días atrás la defensa había intentado responsabilizar a Enrique Conti por el acrecentamiento de la deuda provincial. La tensión entre las partes evidenciaba una ventaja de la acusación en el manejo de los recursos y dejaba entrever la apuesta a todo o nada de las diputadas responsables de sostenerla.

Desde los márgenes del procedimiento, Alfredo Avelín sostenía su postura e instaba a que lo destituyeran. En su discurso hacía explícito que las definiciones más importantes ya habían sido tomadas, insistiendo en que el final del procedimiento se había convertido en una instancia cuasi formal. No obstante, los miembros de la SJ atravesaban momentos de tensión en cada una de sus reuniones, tanto por la estrategia de la defensa como por los cambios de posición de los legisladores opositores^[18].

Una vez terminada la etapa de testimoniales se definió la fecha de la sesión final: el 23 y 24 de septiembre se resolvería la suerte de Alfredo Avelín. Pese a contar con un plazo constitucional mayor, la Sala resolvió adelantar los tiempos ya que, más allá de los debates internos que atravesaba, su actividad no era el centro de la escena política del momento. La atención estaba en otra parte: se debatía permanentemente sobre las cifras de la provincia. Se había instalado como preocupación central “cuánto faltaba, cuándo llegaba, para qué alcanzaba”^[19]. Las reuniones de la MI con los funcionarios eran cotidianas y las acciones de protesta se mantenían vigentes por la falta de pago de salarios, que no se había regularizado debido a la escasez de recursos.

El ministro de Economía insistía en la necesidad de transferencias extraordinarias, ya que pese a las promesas nacionales sólo habían recibido diez de los cincuenta millones pre-acordados. La exigencia de apoyo político explícito de los legisladores nacionales a la gestión del presidente Duhalde se mantenía vigente para cerrar un acuerdo económico. La presión cruzada sobre los funcionarios hacía reaparecer el fantasma de su renuncia ante la ausencia de alternativas.

La sesión final de la Sala se desarrolló en un clima de formalidad, donde lo característico fue el apego a los procedimientos y la ausencia casi total de debate. Los alegatos de acusación y defensa fueron leídos en la reunión del día 23, y luego de un extenso cuarto intermedio, los cargos presentados fueron sometidos a votación el día 24 de septiembre.

Los cargos que se elevaron fueron cuatro: 1) administración deficiente y negligente con riesgo al normal desenvolvimiento de la administración, la prestación de servicios esenciales y daños sociales irreparables y particularmente no haber administrado las medidas necesarias para proveer soluciones inmediatas; 2) violación al derecho constitucional a la salud; 3) violaciones a los deberes como empleador y agente de retención; y 4) incumplimiento a sus deberes como funcionario público, puesto que no garantizó el derecho humano a la educación.

En el período de sesión secreta y los momentos previos a la votación, el accionar de los legisladores estaba orientado por el clima de urgencia que percibían. Los miembros de la Sala parecían compartir una definición de la situación según la cual, cualquiera fuese el resultado, la finalización del juicio no garantizaba la recomposición del orden.

El resultado de la votación fue dispar, fundamentalmente por la naturaleza de los cargos imputados. Los dos primeros fueron votados en bloque por 20 legisladores, siendo los que mayor consenso generaron, mientras que las restantes dos acusaciones mostraron diferencias de criterio que no eran necesariamente coincidentes con pertenencias partidarias. Estos márgenes individuales de acción se daban un marco general de acuerdo en la necesidad de avanzar en el proceso. La única resolución que se tomó por unanimidad fue no inhabilitar al gobernador para el ejercicio de cargos públicos.

Tabla 9: Votación Sala Juzgadora de la Comisión de Juicio Político, 24/09/02

	Nombre	Partido	Cargo 1	Cargo 2	Cargo 3	Cargo 4	Inhab.
1	Castillo, Alfredo	PB	Sí	Sí	No	Sí	No
2	Chica, Juan José	Frejusde	Sí	Sí	Sí	Sí	No
3	Elizondo, Ramón	CR	No	No	No	No	No
4	Farias, Ricardo	Frejusde	Sí	Sí	Sí	Sí	No
5	Fernández, Carlos	Modein	Sí	Sí	Sí	Sí	No
6	Frau, Martín	ARI	No	No	Sí	No	No
7	Icart, María Isabel	D y J	Sí	Sí	No	Sí	No
8	Martinez, Américo	PB	Si	Si	Si	Si	No
9	Miranda, Miguel	UCR	Si	Si	Si	Si	No
10	Molina, Fernando	UCR	Si	Si	Si	Si	No
11	Morales, Estela	FG	Si	Si	Si	Si	No
12	Ochoa, Blas	Frejusde	Si	Si	No	Si	No
13	Peñate, Ricardo	D y J	Si	Si	No	Si	No
14	Podda, José	UCR	Si	Si	No	No	No
15	Pujador, José	CR	No	No	No	No	No
16	Rahme, José Luis	UCR	Si	Si	No	Si	No
17	Romero, Roberto	Frejusde	Si	Si	Si	Si	No
18	Salva, José	Frejusde	Si	Si	No	Si	No
19	Tejada, Williams	D y J	Si	Si	No	Si	No
20	Tello, Domingo	Frejusde	Si	Si	No	Si	No
21	Tomas, Héctor	Frejusde	Si	Si	No	Si	No
22	Turon, Jorge	D y J	Si	Si	No	Si	No
23	Uzair Farias, Nallib	UCR	Si	Si	No	Si	No

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos del archivo de la Legislatura Provincial.

Debido a la celeridad y las características de los cargos que se debatieron en el recinto las autoridades de la Sala buscaban dotar de legitimidad al procedimiento, destacando el accionar de los legisladores y despejando toda posibilidad de recusar su accionar. El respeto de los pasos procesales y el apego a las garantías de las partes eran los aspectos que parecían otorgársela: “23 diputados que han estado en asistencia perfecta, en horario de las ocho de la mañana y en sesiones maratónicas, han tenido una observación plena y directa de cada una de las pruebas, lo que me da a mí la seguridad de que cada uno a su momento votó a conciencia, y no como simples levanta manos” (Alfredo Castillo, presidente de la SJ, Audio Radio Universidad, 24/09/02).

Con la puesta a consideración del fallo, que fue refrendado por veinte votos, la SJ daba por finalizada la sesión, y también por concluido el juicio político contra Alfredo Avelín, en una sesión maratónica que culminaba en horas de la noche del 24 de septiembre. El gobernador era así destituido.

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