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9 ¿La calma después de la tormenta?

Sucesiones y reacomodamientos

Este capítulo se ocupa de describir los momentos finales de cada ciclo de crisis, partiendo del supuesto que las destituciones implican, necesariamente, algún tipo de rearticulación de las relaciones políticas. Para conocer el modo en que se produjo esta rearticulación se consideran dos dimensiones centrales. Por una parte, se describen las trayectorias de los vicegobernadores y sus posicionamientos, en tanto se convierten en actores centrales a partir de la sucesión. Por otra parte, se describe la dinámica de los escenarios políticos provinciales durante sus períodos de gobierno y los resultados electorales inmediatamente posteriores.

9.1 Los vicegobernadores: ¿sucesores naturales?

La sucesión que se genera con la destitución de un gobernador pone en primer plano a una figura que hasta entonces se encontraba a su sombra: la del vicegobernador. Al igual que los vicepresidentes, en el diseño constitucional argentino, estos agentes no tienen una función relevante, constituyendo un elemento de reserva, de escaso poder actual pero de enorme poder eventual o potencial. “La vicepresidencia es una figura que puede pasar, de repente, de la nada al todo (y dentro de un sistema presidencialista fuerte) esta circunstancia constituye la raíz de las paradojas que la envuelven” (Serrafero, 1999: 28).

El paso de la nada al todo generalmente se sucede en situaciones críticas: salvo cuando se trata de casos de enfermedad o muerte, son los contextos de inestabilidad política los que preceden, generalmente, su llegada al Ejecutivo. Pero la sucesión no implica una continuidad o un traspaso directo del poder gubernamental. Por el contrario, toda sucesión exitosa requiere de la construcción de una legitimidad de reemplazo (Serrafero, 1999). Las características personales del vice, las condiciones políticas y la causa que originó su llegada a la vicegobernación son elementos que condicionarán el proceso de construcción de esta legitimidad.

En este apartado se busca conocer la relación entre las características de los vicegobernadores y los resultados de sus gestiones, adaptando para ello el modelo de análisis propuesto por Serrafero para el estudio de los ejecutivos nacionales (1999)[1]. Se parte del supuesto de que las formas de constitución del binomio y las dinámicas de relación entre ambos integrantes de las fórmulas ejecutivas generan efectos políticos diversos. El análisis que se propone incorpora cuatro dimensiones centrales: a) las trayectorias personales de los vicegobernadores, b) su llegada a la fórmula, c) su relación con el gobernador durante el período de vicegobernación, y d) su desempeño una vez a cargo de la gobernación.

9.1.1. Juan Carlos Rojas: ascenso del peronismo telúrico

El 18 de diciembre de 1992, Juan Carlos Rojas asumía como gobernador de San Juan. Su designación definitiva se producía treinta días después del nombramiento provisorio, y pese a que significaba una continuidad en su ejercicio del Ejecutivo, esta ceremonia constituía también un punto de quiebre.

El flamante gobernador provenía de una familia de obreros rurales. Había nacido el 8 de enero de 1945 en el seno de un hogar justicialista: su padre, Pablo Rojas, era dirigente del gremio vitivinícola FOEVA[2] y militaba junto al ex gobernador Eloy Camus (1973-1976). En 1975, siendo diputado nacional por el Frejupo, Pablo Rojas fue asesinado en la vía pública por dos sicarios. Su muerte se vinculó a la defensa de un proyecto de ley polémico, referido al envasado de vino en origen, y a sectores opositores de su sindicato.

Juan Carlos Rojas estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, una institución tradicional de formación de la dirigencia política sanjuanina. A su regreso a la provincia, una vez en democracia, formó parte del Consejo Provincial del PJ, manteniendo una participación relativamente marginal en este organismo durante casi una década. Su militancia se anclaba en el Comité Departamental de Chimbas, el segundo departamento más popular del Gran San Juan.

En sus vínculos político-profesionales, la frecuentación de un estudio de jurídico denominado Escribanía Lima, lo acercaría a los hermanos Gioja, dos figuras centrales en el proceso de conformación de la fórmula que lo llevaría a la vicegobernación. Luego de una serie de disputas internas Juan Carlos Rojas llegaba, de la mano de estos dirigentes, a desempeñarse como vicepresidente del partido en 1991.

Previamente a su candidatura no contaba con experiencia en ningún tipo de cargo público. Su trayectoria profesional se había desarrollado en el ámbito de la abogacía, de manera privada, y pese a integrar el Foro de Abogados de San Juan su participación era de segunda línea. En el único ámbito donde Juan Carlos Rojas había desempeñado un rol de gestión era en el deportivo: había sido presidente del Club Atlético Peñarol. El estadio de este club de fútbol, que representaba al departamento Chimbas en la Liga Sanjuanina, sería bautizado durante su mandato como “Estadio Ramón Pablo Rojas”, en honor a su padre, quien también había sido hincha y presidente de la institución.

Si bien su trayectoria familiar y ocupacional contrastaba visiblemente con la de Jorge Escobar, compartía con él rasgos tales como la falta de experiencia política y un escaso peso en la estructura partidaria. Los dos integrantes de la fórmula justicialista de 1991 eran, por motivos distintos, poco conocidos entre la militancia de base partidaria.

En la constitución del binomio, ocupar la vicegobernación no siempre se relaciona con una coherencia programática con la gobernación (Serrafero, 1999). En este caso, la participación de Juan Carlos Rojas en la fórmula electoral se relacionó con tres elementos: por una parte, la reconocida trayectoria de su padre como dirigente histórico del justicialismo; por otra, su rol marginal en la estructura partidaria, que lo hacía más permeable que otros pre-candidatos a aceptar las condiciones de la línea Escobar conducción; y, fundamentalmente, su disponibilidad en una situación de confrontación entre dirigentes que hacía peligrar el proyecto de los hermanos Gioja.

Juan Carlos Rojas fue la figura que permitió equilibrar la fórmula (Linz, 1988). Se trataba de un personaje de segunda categoría, que, no obstante, no puede ser considerado como de menor estatura política que el candidato a gobernador, ya que la trayectoria de Jorge Escobar difícilmente podía ser mesurada en esos términos. Lo que terminaría de definir los contornos de su figura como segundón (Serrafero, 1999), sería el rol marginal que ocupó durante la campaña electoral de 1991, centrada en el candidato “empresario exitoso”.

Una vez electo, la relación con el gobernador sería relativamente distante. Su lugar en la gestión se definió desde un principio: le correspondía el ámbito de la LP, es decir, limitarse a tocar la campanilla[3]. No obstante, Juan Carlos Rojas representaba a un sector del justicialismo que no resignaba sus aspiraciones de participación en cargos de gobierno y, por lo tanto, una tensión permanente signaba su desempeño.

A siete meses del inicio de la gestión se produjeron una serie de enfrentamientos internos en el justicialismo, ante los cuales el vicegobernador mediaría entre partido y gobierno. La relación entre gobernador y vice se desenvuelve en un marco perceptivo de situaciones o estados difusos y confusos de confianza-desconfianza, lealtad-deslealtad, identificación-no identificación (Serrafero, 1999). Para despejar hipótesis de falta de lealtad, Juan Carlos Rojas enfatizaba en sus declaraciones el carácter armónico de la relación con el gobernador, reafirmando además el compromiso partidario con el proyecto transformador en marcha.

La destitución de Jorge Escobar lo tomó por sorpresa. Una concatenación de jugadas de la que él no había participado directamente lo ubicó como protagonista de la nueva situación política. El carácter relativamente inesperado de su nombramiento provisorio fue evidente en su discurso de asunción, en el cual hizo explícito, además, su compromiso con el sector del justicialismo que estaba presente para apoyarlo[4].

Tanto por sus características personales, como por las condiciones políticas y las causas que originaron su llegada a la vicegobernación, la asunción de Juan Carlos Rojas implicaba una discontinuidad con el gobierno anterior. Y requería, por lo tanto, la construcción de una legitimidad de reemplazo para que la sucesión fuese exitosa (Serrafero, 1999).

Dos medidas fueron implementadas casi de inmediato. La primera de ellas fue el nombramiento de un nuevo gabinete. Ello se debió, fundamentalmente, a que los funcionarios presentaron masivamente su renuncia una vez conocida la suspensión de Jorge Escobar. En un mismo acto los ministros y secretarios hacían pública su lealtad al líder cuestionado y dejaban sin su respaldo al sucesor.

Si bien las renuncias masivas se orientaban a deslegitimar a la nueva gestión, también abrían la puerta para un comienzo renovado, toda vez que había quedado demostrado que la legitimidad electoral no resultaba suficiente como punto de apoyo. La gestión de Juan Carlos Rojas podía a partir de allí refundar la administración justicialista sobre nuevas bases, para lo cual convocó a los dirigentes partidarios más tradicionales, como Ubaldo Montaño.

La segunda medida fue la búsqueda de respaldo nacional. El nuevo gobernador y su entorno buscaban instalar la idea de una discontinuidad de hombres, no de proyectos. El modo en que se desarrollaron las audiencias con funcionarios nacionales desnudó la total falta de identificación entre ambos integrantes de la fórmula Ejecutiva provincial: mientras Jorge Escobar se reunía con Carlos Menem, Juan Carlos Rojas era recibido por Eduardo Bauzá y Carlos Corach. La respuesta obtenida en las distintas audiencias fue clave para el futuro accionar de la nueva gestión: el gobierno nacional no estaba dispuesto a intervenir la provincia. Esta definición operaba como saliente para los distintos actores y a partir de allí se reconfiguró el discurso del gobernador interino.

El 24 de noviembre, a una semana de su nombramiento provisorio, se dirigía a la comunidad sanjuanina a través de un mensaje transmitido por cadena de radio y televisión. En este discurso se condensaban una gran cantidad de salientes a partir de los cuales las autoridades entrantes definían la nueva situación. Elementos que operarían, a su vez, como salientes para los distintos públicos a los que se destinaba el mensaje, que abarcaban a la oposición, a sus correligionarios, a la Iglesia y fundamentalmente a un conjunto heterogéneo de actores individuales y colectivos que eran englobados en la categoría “sanjuaninos”. Su designación requería tanto colaboración como confianza: “llegué a la casa de gobierno y no encontré a nadie (…) he debido comenzar la celérica reorganización de nuestro gobierno, designando ministros, ordenando directivas y firmando resoluciones (…) los sanjuaninos deben saber que en la casa de gobierno tienen un amigo. Un amigo que siente, percibe y padece los mismos problemas de todos” (Juan Carlos Rojas, El Nuevo Diario, 27/11/92). Convocando a la unidad, el nuevo gobernador se apoyaba en la Iglesia y el gobierno nacional para apuntalar su accionar de reestructuración de la gestión. No se buscaría una discontinuidad radical, por el contrario, se trataba de reafirmar el compromiso ético asumido y el programa de gobierno votado por el pueblo de San Juan.

El período de transición consistió fundamentalmente en el reacomodamiento de los distintos actores frente a un nuevo escenario. Proceso que precedió y posibilitó la destitución definitiva de Jorge Escobar. Una vez que la LP resolvió el juicio político, el discurso de asunción de Juan Carlos Rojas reafirmaría el ascenso del peronismo tradicional: llegaban al gobierno dirigentes de verdadero cuño político. Por ello mismo, el acto contó con gran cantidad de público en las bandejas del recinto y la marcha peronista fue entonada incesantemente durante la ceremonia.

Al llegar al gobierno llegó además a presidir el partido. Pese a ocupar dos de los máximos cargos a que un dirigente provincial puede aspirar, la preocupación del nuevo gobernador por construir redes de apoyo político se mantenía vigente. Ello se evidenciaría en la convocatoria al Consejo Económico y Social, una de las primeras medidas de relevancia en este período. La sucesión emergía de una situación de crisis que no estaba saldada. Esta definición se tradujo en un llamado a la participación activa de los distintos sectores y en una reivindicación de los mecanismos democráticos, los mismos que habían hecho posible la llegada al gobierno de aquellos que invocaban el legado doctrinario de Perón.

9.1.2. Wbaldino Acosta: el retorno del bloquismo

El 26 de septiembre de 2002 Wbaldino Acosta asumió como gobernador, exactamente un mes después de su designación provisoria. El acto de sucesión marcaría un punto de inflexión en el escenario político provincial. No sólo significaba un cambio de color político en el Ejecutivo, luego de casi tres años de mandato de la Cruzada Renovadora; también representaba el retorno del Partido Bloquista al poder, después de once años.

Wbaldino Acosta había nacido en San Juan el 1 de agosto de 1938, en el seno de un hogar humilde. Su trayectoria educativa fue relativamente típica: formaría parte del sector que, durante la década del cincuenta, protagonizó el proceso de movilidad social ascendente. La tipicidad de su trayectoria se registra tanto en la elección de una carrera liberal, la abogacía, como en la casa de estudios donde la realizaría: la Universidad Nacional de La Plata[5].

Una vez egresado, en 1966, volvió a la provincia para radicarse definitivamente. Pese a dedicarse al ejercicio profesional en el ámbito privado, se especializó en un ámbito de interés público: el derecho constitucional. Una de las estrategias para reafirmar su posición en el espacio social sanjuanino, que además contribuyó a definir su perfil de hombre tradicional, fue su enlace con Beatriz Teresita Zapata Ramírez, celebrado en 1970 en la cripta de la Catedral capitalina[6]. Ese matrimonio, además de incrementar su capital social al relacionarlo con las familias más tradicionales de la provincia, signaría su futuro político: su suegro había sido ministro durante los gobiernos cantonistas y fue una fuerte influencia para que Wbaldino Acosta se inclinara hacia el PB.

Durante los años setenta se dedicó al ejercicio de su profesión, que combinó con una cada vez más activa participación en organizaciones profesionales y deportivas. En 1972 fue elegido presidente del Colegio de Abogados, asumiendo en 1977 la vicepresidencia. El período de gestión en esa asociación profesional se complementó con el ejercicio de la docencia universitaria. Fue profesor de Derecho Administrativo en la UCC, principal institución de reclutamiento de los funcionarios del Poder Judicial sanjuanino. A través de estos vínculos profesionales llegaría, en 1979, a ser electo presidente del Foro de Abogados.

Su trayectoria en cargos públicos se inició en el último gobierno de facto. En 1978 fue designado jefe de Asuntos Legales de la Municipalidad de la Capital. Todavía en tiempos de dictadura, se desempeñaría luego como Jefe de Policía, designado durante la gobernación de Leopoldo Bravo. También en ese período fue nombrado ministro de gobierno, en 1981.

En esos años, Wbaldino Acosta combinaba la actividad política con la presidencia en la Federación Sanjuanina de Boxeo, cargo que ocupaba desde 1978. En el ámbito partidario también tuvo una participación activa a partir de su afiliación en 1981. Desde entonces fue apoderado, vicepresidente segundo y miembro del Comité Central del Partido Bloquista.

Su trayectoria casi ininterrumpida en cargos públicos lo convirtió en el gobernador con mayor cantidad de cargos previos. Una vez restituido el régimen democrático volvió a ser electo Jefe de Policía en 1983. Posteriormente fue presidente del Consejo de la Magistratura. En 1985 fue electo convencional constituyente, participando activamente en la reforma Constitucional de 1986. Wbaldino Acosta era además el referente de una de las líneas internas del bloquismo, que atravesaba un momento de fuertes debates, que tuvieron inclusive consecuencias institucionales, como la renuncia del gobernador Leopoldo Bravo en 1985.

En 1986 volvió a ocupar el ministerio de gobierno, durante la administración de Jorge Ruiz Aguilar—vicegobernador que asume en el marco de esa crisis. En 1987 fue electo vicegobernador junto a Carlos Gómez Centurión, fórmula surgida del ala derecha del bloquismo que había logrado hegemonizar el partido. Gestión que lo convirtió en el único vicegobernador del período democrático que terminó un mandato.

Pese a la estabilidad institucional conseguida, la red de apoyos que sostenía esta fórmula bloquista se había deteriorado fuertemente, lo que se tradujo en un final de gestión signado por persistentes enfrentamientos internos. La salida del gobierno del bloquismo en 1991 alejaba por primera vez a Wbaldino Acosta del ejercicio de cargos públicos. El alejamiento del Ejecutivo se tradujo en una diáspora de dirigentes y militantes, que fue debilitando paulatina y sostenidamente la estructura partidaria. Las reiteradas derrotas electorales y su consecuente rol secundario en la escena política provincial orientaron, a un grupo de dirigentes, a impulsar la constitución de la Alianza por San Juan en 1998. Wbaldino Acosta sería uno de los principales gestores de la coalición.

Desde este rol protagónico conquistó, en 1999, su lugar en la fórmula electoral. No se trataba de un personaje de menor estatura política que su compañero (Serrafero, 1999). Su ubicación subalterna respondía a la lógica de coalición: se trataba de un acuerdo entre partidos cuyas ubicaciones dependían de sus caudales electorales[7]. En todo caso, las trayectorias de ambos candidatos eran contrastantes y la experiencia en cargos públicos de Wbaldino Acosta no fue un capital explotado políticamente durante la campaña.

Luego de resultar electo su rol en el gobierno sería secundario: su participación se limitaba a cuestiones formales y no realizaba declaraciones que pudieran evidenciar diferencias con el gobernador. Pese a ello, mantenía una distancia clara, sin participar en eventos públicos o acompañar en los discursos a su compañero de gestión.

La relación de enfrentamiento histórico entre los dos partidos provinciales hacía complejo el vínculo: no podía esperarse una identificación y/o una lealtad entre ambos, se planteaba, pragmáticamente, una coexistencia pacífica que soterrara antagonismos. En todo caso, era la desconfianza lo que caracterizaba este vínculo. Una nota disonante en la relación fueron las declaraciones realizadas en un acto partidario, sobre los exabruptos del gobernador, que se hicieron públicas y generaron malestar en ambos mandatarios. Estas declaraciones se daban en el marco de una interna partidaria, y, aunque Wbaldino Acosta se caracterizaba por la mesura, le resultaba necesario posicionarse para ganar espacios de poder en la estructura. La consecuencia fue casi inmediata: en las elecciones internas del 2 de agosto era electo presidente Ejecutivo del PB, desplazando por primera vez en la historia a Leopoldo Bravo, quien era relegado a la Presidencia Honoraria.

Durante el proceso de juicio político mantuvo nuevamente el bajo perfil. No realizó declaraciones de ningún tipo y restringió su actividad pública al mínimo indispensable, adoptando una actitud expectante frente a los acontecimientos. La asunción de Wbaldino Acosta implicaba una discontinuidad en la gestión aliancista. Una sucesión no implica la transferencia automática del poder (Serrafero, 1999) ni, en este caso, de los cuestionamientos que los distintos sectores realizaban al gobernador por su accionar.

El interinato fue el período inicial de construcción de una legitimidad de reemplazo. Las primeras medidas implementadas fueron abiertamente contrastantes con la situación precedente. Por una parte, el gobernador provisorio designó nuevos ministros en áreas sensibles como Economía y Salud, dando una impronta bloquista a la gestión. Por otra, se diferenció de la retórica de enfrentamiento con las autoridades nacionales, adoptando una postura dialoguista. Pese a esta estrategia de diferenciación, Wbaldino Acosta no modificó la orientación principal de la gestión anterior: el pedido insistente de auxilio financiero a la Nación. La inmensa deuda que comprometía el funcionamiento del Estado provincial era un corsé que se mantenía vigente. Desde la gobernación se convocó a todos los sectores políticos a aunar esfuerzos, apoyar las negociaciones y promulgar las leyes necesarias para el reordenamiento de la provincia.

Los resultados distaban de ser inmediatos. Dos semanas después de su designación provisoria el gobernador no había logrado obtener un auxilio financiero que le diera oxígeno a su gestión. La posición frente al pacto fiscal giró completamente en esta nueva etapa, la provincia no pondría condiciones para avalar una política nacional: “yo en esta coyuntura prefiero correr la suerte de la Nación a que nos dejen aislados y librados a nuestra propia suerte. Porque ¿sabe a dónde vamos a ir a parar si ocurre lo segundo? Al Pacífico” (Diario de Cuyo, 21/09/02).

La posición de Wbaldino Acosta puede enmarcarse en la hipótesis de regresión al habitus (Dobry, 1988). El marco de fluidez política en que accedió al ejercicio del Ejecutivo reforzó el carácter conservador de su formación y orientó su accionar hacia medidas de reordenamiento y pacificación del escenario político provincial. Postura que se terminaría de cristalizar en el discurso de asunción final, donde su definición de la situación incluía una noción de crisis que combinaba las dimensiones de endeudamiento, necesidad de auxilio nacional y cuidado del orden institucional.

Escalar al máximo cargo de la provincia fue una aspiración que Wbaldino Acosta nunca había negado, pero tampoco había conseguido hasta entonces. Su llegada al Ejecutivo evidenciaba que este vicegobernador no era un suplente del titular sino un gobernador alternativo (Serrafero, 1999). A partir de allí se propondría que el bloquismo volviera, con él, a ser un gobierno electo.

9.2. ¿Resolución de conflictos?

El período de gobierno posterior a la destitución, que representa al mismo tiempo la culminación del mandato constitucional de la fórmula ejecutiva electa, puede ser concebido como un momento de rearticulación de las relaciones políticas. Una vez concluido el juicio político y realizada la sucesión, las distintas categorías de actores políticos redefinen la situación y se posicionan frente al nuevo escenario.

Las “redes de agradecimientos mutuos” (Dobry, 1988) que permiten la consolidación de un sistema político tienden a ser reconstruidas o modificadas, dependiendo tanto de las estrategias desplegadas por los protagonistas del juego político como de la fortaleza que hayan tenido previamente. Un proceso de crisis puede estar expresando la emergencia de una nueva red de relaciones colusivas o la consolidación de una pre-existente. En cualquiera de estos casos, es posible que la destitución implique el cierre del ciclo de crisis o sea sólo un hito en un proceso de mayor duración. Este apartado se busca describir cuál de estas alternativas se ajusta a cada caso.

Para ello se analizan los escenarios políticos posteriores a las destituciones, tomando en cuenta los principales acontecimientos que rodearon los mandatos de los sucesores. Se consideran dos dimensiones: por una parte, las orientaciones de políticas públicas y los nuevos posicionamientos de los distintos actores; por otra, los resultados electorales inmediatamente posteriores y la rearticulación de las relaciones políticas que ellos implicaron. Este conjunto de indicadores se articula para intentar conocer de qué manera se recompuso el orden político provincial en cada caso.

9.2.1. La vuelta de Escobar: restitución y reelección

El gobierno de Juan Carlos Rojas fue un período de reacomodamientos en el escenario político, que no terminaría de reconfigurarse hasta las elecciones de 1995, momento en que culminaba el mandato constitucional y sería posible dirimir en las urnas una nueva sucesión.

Durante su ejercicio del Poder Ejecutivo hubo un cambio de orientación en las políticas públicas. Si bien las negociaciones sobre la aplicación de las medidas de reformas estructurales propuestas desde la Nación nunca estuvieron ausentes (Rodrigo, 2011), la nueva etapa del gobierno justicialista se caracterizó por un accionar político que podría denominarse populista: sus acciones eran poco compatibles con la matriz de retraimiento del Estado que se impulsaba como modelo en la década del 90.

El ala más tradicional del PJ había logrado el control del Ejecutivo, pero la disputa con el sector que lideraba Jorge Escobar se mantenía vigente en distintas arenas. Por una parte, en la arena judicial: sus abogados defensores habían presentado un recurso de inconstitucionalidad del juicio político frente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, solicitando la restitución del gobernador. Por otra parte, los dirigentes que habían acompañado su candidatura buscaban reinstalar la retórica de la transformación, y construir un relato que victimizara al gobernador destituido: Jorge Escobar había sido objeto de una traición.

La resolución del juicio político impactó en la posición de todos los actores políticos. El PB, que había tomado parte activa en el proceso, evaluaba retrospectivamente sus jugadas y el resultado obtenido. Un sector de la dirigencia cuestionaba el accionar de los legisladores debido al escaso consenso social que tenía la destitución y al carácter interno de la disputa que, desde su definición, la había originado. Se instalaba paulatinamente una definición compartida de la situación: la disputa interna del justicialismo era una de las principales causas de la destitución de Jorge Escobar. Esta interpretación era avalada por los dirigentes intermedios del justicialismo, quienes, desde su sentido común, hacían inteligibles los sucesos y el horizonte de su accionar futuro: “ningún gobernador, ningún presidente llega solo al poder, llega porque hay una estructura dirigencial (…) hay gobernadores que creen que ellos son Dios, y que no necesitan del dirigente, y el dirigente te sube o te baja” (Entrevista a dirigente justicialista del departamento Chimbas, realizada por la autora).

Este sector sería el pilar fundamental para el retorno de Jorge Escobar: con el respaldo nacional todavía vigente y junto a un grupo de dirigentes que veían hipotecado su futuro político por la destitución, se comenzó a articular una estructura partidaria paralela: el Frente de la Esperanza. Dos elementos que coadyuvaban a esta nueva apuesta serían la dinámica de personalización política y el proceso de vaciamiento de la vida interna de los partidos que caracterizaron a la década del 90 (Novaro, 1994; D’alessandro, 2009).

En la retórica del justicialismo se condensan elementos que permiten a los dirigentes legitimar este tipo de accionar sin dejar de ser leales al movimiento. Si bien la lógica de competencia por cargos es uno de los motores más importantes de enfrentamientos entre fracciones y partidos, no es la única dimensión en juego. Los sectores disidentes necesitan construir, además, un relato que les permita justificar su accionar frente a sí mismos y, al mismo tiempo, frente a sus oponentes, sus bases y los profanos. El relato que permitiría apuntalar la construcción del Frente de la Esperanza se apoyaba en una idea central: la necesidad de transformar el Estado y erradicar la cultura política bloquista.

No obstante, el carácter de hereje del ex-gobernador se ratificaba en el ámbito institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia fallaba, el 6 de agosto de 1993, desestimando el recurso de inconstitucionalidad del juicio político. El fallo de los magistrados ratificaba la posición que habían tomado previamente: no intervenir en una disputa propiamente política. Frente a esta negativa, los abogados patrocinantes de Jorge Escobar doblaron la apuesta: interpusieron el recurso extraordinario federal contra la sentencia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de agosto de 1993[8]. Si recurrían a la esfera nacional no era sólo porque el circuito de poderes provincial les daba la espalda o porque existía la posibilidad legal. La apelación a la Corte se daba en un momento en que la connivencia de poderes en la esfera nacional comenzaba a ser cada vez más evidente, y de la mano del apoyo más o menos velado del presidente a la estrategia de retorno del escobarismo.

De todos modos, la arena electoral sería el ámbito privilegiado de disputa: en 1993 se renovaban diputados nacionales y esta elección aparecía como una suerte de plebiscito para las posiciones asumidas por los legisladores y partidos. Debido a que la inhabilitación para el ejercicio de cargos que le impuso la LP no consideraba cargos nacionales, Jorge Escobar se presentó como candidato, encabezando la lista del Frente de la Esperanza.

El resultado electoral ubicó al Frente de la Esperanza como amplio triunfador, con más del 43 por ciento de los sufragios, que significaban la obtención de dos de las tres bancas en juego. En un lejano segundo lugar quedaba el justicialismo oficialista que lideraba Juan Carlos Rojas y más atrás el bloquismo, que obtuvo la menor cantidad de votos de su historia. Las cifras convalidaban nuevamente la posición dominante del justicialismo en el escenario político provincial: sumando los caudales de sus dos candidatos se superaba el 65%, mientras que los partidos provinciales no alcanzaban el 20%.

Tabla 10: Resultados electorales. Diputados Nacionales.
San Juan, 03/10/93

Partido

Votos

Porcentaje

PB

36.533

12,99

CR

19.793

7,04

De Centro

2.453

0,87

PTP

943

0,34

Frente de la Esperanza

122.065

43.40

FREJUPO

65.787

23.39

MST

1.077

0,38

UCR

32.618

11,6

Votos Positivos

281.269

98,11

Votos en Blanco

2.927

1,02

Votos Anulados

2.499

0,87

Total votantes

286.695

Fuente: Provinfo.

La interpretación de los resultados sería casi unánime: la lucha interna del PJ se había transformado en una disputa política global y Jorge Escobar salía fortalecido debido al apoyo mayoritario del electorado. La actuación de la LP aparecía deslegitimada por el resultado, que en el relato de los dirigentes era interpretado como una ratificación de la voluntad popular.

Poco tiempo después de este triunfo, y ya en ejercicio de su cargo como diputado nacional, Jorge Escobar volvía a enfrentar electoralmente al justicialismo en las elecciones a Convencionales Constituyentes del 10 de abril de 1994. El apoyo nacional al Frente de la Esperanza en esta instancia era evidente: la reforma constitucional buscaba habilitar la reelección presidencial y contar con convencionales leales era un elemento crucial para lograr este objetivo de Carlos Menem.

Nuevamente los resultados convalidaron la posición dominante de Jorge Escobar: pese a haber reducido su caudal electoral respecto del año anterior, duplicaba al justicialismo oficialista. La conversión de votos en escaños implicaría que de los ocho cargos que se disputaban tres fueran para el Frente de la Esperanza, tres para la Cruzada Renovadora, uno para el Justicialismo y uno para el Bloquismo[9]. La UCR, por su parte, llegó al caudal más bajo de su historia, en la primera elección posterior al Pacto de Olivos[10].

La participación en la arena electoral había ratificado a Jorge Escobar como dirigente político legítimo. Al proceso de recomposición de su imagen contribuiría un triunfo en otra arena: la judicial. En diciembre de 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expedía sobre el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto. En un fallo histórico y controversial, por la jurisprudencia que generaba, los magistrados hicieron lugar al pedido de restitución. Anularon así el fallo de la SJ, ordenaron retrotraer la situación al momento anterior al juicio político y dispusieron “que el señor Lic. Jorge Alberto Escobar vuelva a ocupar el cargo de gobernador de la Provincia de la provincia de San Juan del que fuera destituido” (Expte. 858440-C-94, folio 1).

Pese a la autonomía relativa de los Poderes provinciales, la definición nacional no podía ser desconocida. Luego de una serie de comunicaciones oficiales a fin de aclarar los términos del fallo y sus implicancias, la LP sesionó para restituir en su cargo al gobernador que había destituido previamente. Se había invalidado todo su accionar por errores de procedimiento: el juicio político, que se había dado por concluido en 1992 respetando los canales institucionales legítimos, era anulado por completo dos años después.

La restitución en el cargo de Jorge Escobar consolidaba una dinámica de connivencia de poderes que signaría la década del 90. La provincia de San Juan, que había marcado una diferencia respecto al patrón general de control de las instancias legislativas en esos años (Llanos, 2006), debía acompasarse ahora forzosamente por la injerencia nacional en sus conflictos internos.

El proceso de recuperación de su legitimidad como dirigente llegaría a su punto cúlmine en las elecciones a gobernador de 1995. Previamente a estos comicios se había modificado el sistema electoral de la provincia, introduciendo la modalidad conocida como “ley de lemas”, en un acuerdo entre el justicialismo oficialista y el bloquismo que buscaban frenar el avance electoral del escobarismo[11]. Esta reforma electoral había sido adoptada por casi todas las provincias argentinas a partir de 1986, ya que permitía privilegiar la fuerza del aparato partidario por sobre las figuras personales, es decir, procesar el conflicto interno de cara a los ciudadanos profanos que, con su voto, contribuían a dirimir los liderazgos en disputa.[12]

El cambio en las reglas electorales se tradujo en la reunificación del justicialismo, que se presentaba como FREJUPO. La coexistencia de lemas implicaba un reparto de votos y escaños entre competidores. La estrategia de construcción de las candidaturas en el lema escobarista se centró en el control de la LP, lo que evidenciaba un aprendizaje en la manera de construir las redes de apoyos necesarias para sostener un gobierno propio: “vos eras candidato a intendente, te apoyaba el gobernador, pero el diputado, tu diputado departamental capaz que ni lo conocías vos, pero era un hombre de él” [13].

Los resultados terminaron de consolidar la posición dominante de Jorge Escobar, que fue reelecto gobernador con un caudal muy superior al de 1991 y una clara hegemonía de su lema en el FREJUPO. Las cifras consolidaban además la tendencia decreciente en los caudales electorales del PB reforzando la tendencia al desplazamiento de los partidos provinciales y el acompasamiento de la política sanjuanina a la dinámica nacional.

Tabla 11: Resultados electorales. Gobernador y vicegobernador.
San Juan, 14/05/95

Lemas / Sublemas

Votos

Porcentaje

FREJUPO

137.164

47,9

– Frente de la Esperanza

125.107

43,7

– Arriba mi Gente

12.057

4,2

Alianza Federal

82.021

28,6

– Alternativa Federal

53.022

18,5

– Garantia Federal

28.999

10,1

Alianza Cívica

66.317

23,1

– Cruzada Frente Grande

47.078

16,4

– Union Civica Radical

15.834

5,5

– Justicia social

3.405

1,2

Del Trabajo y del Pueblo

248

0,1

MST

267

0,1

Votos positivos

286.017

95,5

Votos en blanco

11.304

3,7

Votos anulados

1.892

0,6

Total votantes

299.213

Fuente: Provinfo.

La reelección significó para San Juan un retorno a la matriz neoliberal de políticas públicas: en el segundo mandato de Jorge Escobar se retomaron y profundizaron medidas de reforma que habían quedado suspendidas a partir de su destitución, apuntaladas ahora en su caudal electoral, su reivindicación judicial y su apoyo nacional.

9.2.2. El bloquismo como transición: triunfo justicialista en 2003

El gobierno de Wbaldino Acosta operó como una bisagra entre gobiernos de distinto color político: luego de quince meses de gestión bloquista sería el PJ quien asumiría el Ejecutivo, respaldado por un amplio triunfo electoral. Si bien puede considerarse como un gobierno de transición, este carácter solo puede atribuírsele retrospectivamente, ya que su accionar se desenvolvía, al igual que el del gobierno nacional, en un marco de gran fluidez política.

La principal tarea a la que se abocó esta administración fue la recomposición de las relaciones con las autoridades nacionales, como estrategia alternativa al enfrentamiento que había protagonizado Alfredo Avelín, con el objetivo de obtener auxilio financiero para normalizar el calendario de pago de salarios a los empleados de la administración y docentes provinciales. El carácter dificultoso de esta tarea se había instalado como clima de época, y obraba como saliente para definir la situación tanto en los actores propiamente políticos como en los profanos.

La vuelta al estilo bloquista no implicó la recomposición inmediata de las transferencias por Coparticipación Federal. Pese al notorio cambio de actitud con la asunción de Wbaldino Acosta, que era considerado relevante tanto por actores provinciales como nacionales en sus definiciones de la situación, las relaciones bilaterales estaban afectadas por variables que excedían ampliamente las simpatías personales. Las negociaciones por fondos se replicaban entre la Nación y organismos de crédito como el FMI, que a su vez planteaba condicionamientos para auxiliar a una administración signada por el conflicto. La definición nacional de no intervenir y, fundamentalmente, la ausencia de un planteo alternativo para recomponer la situación desde los actores provinciales, coadyuvaron a que se sostuviera una suerte de compás de espera.

La administración bloquista no implementó ninguna otra orientación en políticas públicas en este período, y su accionar se centró en gestionar la regularización de transferencias por Coparticipación Federal y solicitar otros auxilios extraordinarios a la Nación. Después de un inicio de gestión donde los fondos se obtenían de modo esporádico e irregular, la normalización de la situación financiera fue cada vez más sostenida. El gobierno de Wbaldino Acosta logró contar con fondos suficientes para el pago de salarios cada mes, e inclusive obtuvo recursos suficientes para el saneamiento paulatino de la deuda salarial acumulada durante el período anterior.

La conjunción del cambio de actitud y la paulatina recomposición financiera fueron los elementos que distintos actores recuperaron para posicionarse frente a este gobierno. La imagen que se instalaba era la de una gestión exitosa en un escenario muy adverso, la de un gobernador capaz de sortear obstáculos y manejar la crisis: “le tocó tomar el timón de un barco muy difícil, que era la provincia, pero supo encaminarla y sortear la crisis. La ubicación, la prudencia y la templanza lo caracterizaron siempre” (Alfredo Castillo, exdiputado Provincial PB, Diario de Cuyo, 02/08/07).

Una de las decisiones más importantes de Wbaldino Acosta como gobernador fue la de no adelantar las elecciones. En un marco de normalidad este accionar no sería considerado como una política orientada a producir efectos específicos, por el contrario, sería lo esperable. No obstante, el contexto nacional de adelantamiento del calendario electoral, y de incertidumbre frente a la sucesión presidencial hacía posible pensar que la provincia se plegaría a esta medida.

En febrero de 2003 hizo pública su intención de competir por la gobernación. Con su candidatura, el ala más conservadora del PB aspiraba a acceder al control del Ejecutivo nuevamente, luego de haber sido desplazada por última vez del Sillón de Sarmiento en 1991. El éxito relativo de este período, sumado al alto grado de incertidumbre que rodeaba a los comicios de 2003, eran los elementos que hacían posible pensar en un retorno del bloquismo por la vía electoral pese a su participación en la Alianza.

Las elecciones presidenciales de abril fueron un punto de inflexión en todas las escalas de gobierno. El resultado de la provincia convalidaba la lectura del voto castigo a los partidos que habían conformado la Alianza por San Juan: el justicialismo se imponía por un amplio margen, sumando entre sus tres representantes el 82.3% de los votos[14].

Los primeros meses de Néstor Kirchner en el gobierno serían decisorios para el rumbo político de la provincia. La percepción compartida por un amplio abanico de actores políticos sobre la necesidad de acuerdo entre escalas y el impacto favorable de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional hacían cada vez más esperable el triunfo del justicialismo en los comicios de octubre.

El 5 de octubre de 2003 se consolidaba el predominio del PJ en el escenario político sanjuanino. De la mano de un alineamiento total con las autoridades nacionales, el candidato por el Frente para la Victoria, José Luis Gioja, fue electo gobernador con el 41 por ciento de los votos. Además de este amplio respaldo al oficialismo nacional, el justicialismo disidente también obtenía un resultado favorable: su candidato, Roberto Basualdo, se ubicaba en segundo lugar con el 30 por ciento de los sufragios. El PB, hasta entonces a cargo del Ejecutivo, era el claro perdedor, quedando en tercer lugar y su presencia legislativa mermaba considerablemente a partir de estos resultados. Los restantes integrantes de la coalición aliancista cosecharon los más magros resultados desde 1983.

Tabla 12: Resultados electorales. Gobernador y Vicegobernador.
San Juan, 05/10/03
Partido/Alianza VOTOS  %
Alternativa Progresista 2466 0,8
Movicom 92768 30,7
FPV (1) 115018 38,1
Provincia Unida 57964 19,2
Izquierda Unida 1922 0,6
CR 14257 4,7
Dignidad Cuidadana 5461 1,8
Actuar Intransigente (1) 9775 3,2
Recrear 2064 0,6
Votos positivos 301695 94,3
Votos en blanco 16093 5,0
Votos anulados 1892 0,5
Total votantes 319680

Fuente: Provinfo

De este modo, San Juan se convertía en la primera provincia recuperada por el peronismo desde la asunción de Néstor Kirchner. En la misma fecha se eligieron diputados nacionales y provinciales, además de autoridades municipales. El Frente para la Victoria, se impuso en todas las categorías y logró quórum propio en la LP al conquistar 18 de sus 34 bancas.

La interpretación del resultado era coincidente: se trataba de un castigo a la administración aliancista en su conjunto, más allá de las diferencias que se evidenciaron entre los estilos de gestión entre Alfredo Avelín y Wbaldino Acosta. La Alianza recibía, al igual que en la escala nacional, un voto castigo contundente (Rodrigo, 2003). Este mensaje de los ciudadanos profanos aparecía como elemento central de las lecturas, por sobre la lógica conspirativa o de beneficio de los sectores opositores: “está claro que se castigó a la Alianza, si se quiere mirar de esa manera, porque, como fuere, aunque el que siguió era otra persona, era parte de ese proyecto que se le propuso a la comunidad en 2003” [15].

Luego de su derrota ante el PJ y el cambio de mando con José Luis Gioja, Wbaldino Acosta también se alejó de la presidencia del Partido Bloquista. No obstante, su gestión exitosa de los conflictos que lo habían llevado a ocupar el máximo cargo provincial (Serrafero, 1999), le permitió mantener un rol activo en la escena política sanjuanina. Una vez que su partido se plegó al Frente para la Victoria, el ex-gobernador se enfrentó a sus correligionarios defendiendo la independencia del bloquismo desde una línea de centroderecha, lo que implicó una división interna que se sostiene desde entonces.


  1. Se adopta este modelo ya que los sistemas políticos provinciales, como se mencionó anteriormente, pueden ser caracterizados como “presidencialismos subnacionales” (Carrizo, 2006).
  2. Fue fundador de la Sociedad de Obreros y Obreras de la Industria Vitivinícola y Afines, que luego sería la “Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines” (FOEVA).
  3. Esta célebre frase de Domingo F. Sarmiento se utilizaba para caracterizar la naturaleza del vicepresidente que, como figura institucional, parece estar destinada únicamente a “tocar la campanilla en el Senado”.
  4. En su definición de la destitución como hecho inesperado, revela la interna de la cual es, también, víctima.
  5. Si bien Wbaldino Acosta es el único ex-gobernador sanjuanino que se formó en esta institución, la UNLP ha formado a generaciones de dirigentes políticos (Cfr. Ferrari, 2008; De Imaz, 1965; Canelo, 2011).
  6. Hablar de estrategia en términos de alianzas matrimoniales no implica imputar un cálculo racional y/o utilitario a los actores, que, dominados por su habitus se orientan de modos no previstos pero si previsibles hacia alianzas que son convenientes. Sobre el peso de las alianzas matrimoniales como estrategia de posicionamiento en el espacio social sanjuanino ver Goldberg (2009).
  7. Sobre la conformación de la Alianza por San Juan ver capítulo 1.
  8. El recurso extraordinario federal está previsto en el artículo 14 de la Ley Nacional 48. El recurso cuestiona la legitimidad del juicio político desde la apelación a la legitimidad electoral y la defensa del sistema democrático (Expte. 782-92, folios 2498 a 2518).
  9. El resultado muestra una nueva fluctuación en el caudal de la Cruzada Renovadora, que en esta elección capitalizaba electoralmente su postura de enérgico rechazo al “Pacto de Olivos”. Por otra parte, reafirmaba el retroceso sostenido del bloquismo, contribuyendo a la interpretación de un proceso de larga duración de cambio en la correlación de fuerzas entre las alianzas populista y neoliberal. Al respecto ver Ruffa (Ruffa, 2005b).
  10. Ver resultados en anexo.
  11. El tratamiento y aprobación de la Ley de Lemas se produjo el 24/11/94, un mes antes de que Jorge Escobar fuera restituido en el cargo. En el debate parlamentario los bloques UCR y CR se opusieron a la reforma, mientras que el PJ y el PB sumaron sus votos a favor del proyecto (Cfr.Pousadela, 2004).
  12. Sobre la aplicación y resultados de la Ley de Lemas ver Tula (1995; 1997).
  13. (Entrevista a dirigente justicialista del departamento Chimbas, realizada por la autora el 06/11/08.
  14. Ver resultados en aexo.
  15. Entrevista abogado querellante juicio político realizada por la autora el 07/11/08.


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