Este capítulo busca conocer la incidencia que puede haber tenido la actividad de actores no propiamente políticos en el desencadenamiento y canalización de las situaciones de crisis política. Se reconstruyen para ello los conflictos subyacentes a cada proceso a partir de un análisis de los procesos de movilización sectorial.

El ejercicio habitual de las actividades políticas concierne a los actores especializados que las profesan o que están interesados en su cumplimiento. Esto no significa que los demás actores estén completamente marginados de las actividades políticas. Algunos reivindican con mayor o menor éxito el derecho a participar, otros pretenden que sus intereses y actividades queden incluidos entre las prioridades políticas (Lagroye, 1994).

De este modo, la disputa por la direccionalidad de las políticas públicas es dirimida en la interacción entre sectores en distintas arenas. En el espacio público-político, una arena amplia y relativamente indiferenciada (Habermas, 2005), se hacen visibles los distintos sectores de la sociedad civil que, al movilizarse, pugnan por ocupar una posición en este juego (Lagroye, 1994).

Este capítulo se ocupa de tales movilizaciones y contempla para ello dos apartados. El primero consiste en una descripción general de la dinámica de la contienda en los períodos de gobierno previos a las destituciones. A continuación se indaga sobre la fisonomía los conflictos más agudos en cada coyuntura, que signaron las administraciones y actuaron como prolegómenos de los pedidos de juicio político.

5.1 Dinámicas de contienda

La noción de movilización es objeto de amplios debates que exceden los objetivos del presente capítulo^[1]. Desde una perspectiva relacional que hace énfasis en la actividad táctica de los protagonistas de la contienda “sólo hablaremos de movilización cuando unos recursos dados se inserten en una línea de acción, o mejor, en una jugada (coup, move) y ello únicamente en un contexto conflictivo” (Dobry, 1988: 9).

Una movilización constituye una forma de acción colectiva: concierne a un grupo de individuos, que actúa en función de motivaciones e intereses comunes, en pos de un objetivo compartido. Tanto como la idea de movilización, la noción de acción colectiva incluye formas muy diversas de conflicto o cooperación que han variado desde el horneado comunitario de pan hasta las campañas electorales (Tilly, 2000: 9).

Las movilizaciones de las que se ocupa este apartado conciernen a modalidades de acción colectiva que se desarrollan en situaciones conflictivas porque, por definición, tratan de obtener ventajas que los otros grupos se niegan a conceder (Lagroye, 1994). Se optará por la denominación de “acción de protesta social”^[2] ya que permite delimitar un tipo específico de movilización que implica: a) una situación conflictiva (o bien mixta) protagonizada por actores no propiamente políticos, b) que se desarrolla en el espacio público-político; y c) que tiene como referente el sostenimiento de una demanda al gobierno (en tanto representante del Estado con capacidad de decisión sobre los lineamientos de las políticas públicas y la distribución de los recursos)^[3].

Tomando como unidad de análisis cada una de las acciones de protesta registradas por la prensa gráfica provincial, se codificaron todas las acciones que tuvieron lugar en el ámbito provincial en un período de un año previo a cada destitución, a fin de conocer las dinámicas de la contienda^[4]. El trabajo de codificación apuntó a delimitar un conjunto de características de las acciones de protesta social acontecidas: a) el formato de protesta que se utiliza, b) la recurrencia en el uso de cada formato, c) el o los sectores que se movilizaron en cada caso, d) la duración de la acción, d) las demandas que las articularon. Permitió además datar las acciones de protesta y establecer una fisonomía general de las dinámicas de contienda (creciente, decreciente) en cada período.

5.1.1. Resistencia al neoliberalismo (1991-1992)

Para realizar una descripción general de la dinámica de la contienda resulta útil cuantificar las acciones de protesta registradas por mes, lo que permite establecer un promedio anual y graficar la intensidad de los conflictos en distintos momentos del período. En 1992 se observa una dinámica relativamente homogénea, con un promedio mensual de 9 acciones y valores cercanos a la media en casi todo el ciclo. La excepción la representan los meses de junio, julio y agosto de 1992, donde se evidencia un marcado incremento, con un pico máximo en julio, que duplica inclusive la media.

Gráfico 3: Acciones de protesta, San Juan. 1992 

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios.

Es importante destacar que el trimestre en que se concentra la mayor cantidad de acciones de protesta no coincide directamente con el cumplimiento de ninguna de las instancias formales del juicio político, ya que la presentación del pedido fue realizada en septiembre y el fallo de destitución se dictaría en diciembre. La distribución parece indicar que el pedido de juicio es la coronación de un ciclo corto de intensificación de las movilizaciones colectivas, que son descomprimidas a través de este mecanismo institucional. A su vez, la destitución marcaría el cierre del ciclo largo de incubación, emergencia y desarrollo de la crisis.

La dinámica de conflictividad social nacional es un parámetro de comparación entre escalas que permite comprender mejor la dinámica provincial^[5]. Para ello se retoman aquí los resultados de un relevamiento mayor, que analiza las cifras de la protesta social en Argentina en el período 1989-2003 (Schuster, 2006).

En primer lugar, es importante destacar que el número total de acciones de protesta social registradas en San Juan se mantuvo permanentemente en cifras muy inferiores a los valores nacionales. Además se puede observar que la dinámica sanjuanina muestra un comportamiento disímil del nacional, ya que en la provincia se da un crecimiento sostenido en el número de acciones durante los tres primeros trimestres de 1992, con un marcado descenso sobre en el final del año, a diferencia de las pocas variaciones registradas a escala nacional durante el período.

Gráfico 4: Acciones de protesta, Argentina y San Juan, según trimestres. 1992

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios y secundarios.

Un dato adicional sobre la relación entre ambas escalas es que la protesta registrada en San Juan se refiere centralmente a la esfera local, siendo mínima la cantidad de acciones coordinadas a nivel nacional durante 1992. Este elemento contribuye a sostener la idea de una provincialización de la protesta social durante los ’90 (Farinetti, 1999), ya que prevalecen las acciones restringidas al ámbito local y es escasa la actividad registrada por parte de las centrales obreras y/ sindicatos por rama de actividad.

Considerando ahora a los protagonistas de las movilizaciones, se observa que el sector más activo son los sindicatos, fundamentalmente de trabajadores estatales, destacándose la intervención de los dos gremios mayoritarios: ATE y UDAP^[6]. Dada su incidencia e importancia en la esfera local, estos actores han sido considerados por separado de los sectores estatales y docentes, dentro de los cuales se incluyen sendos conjuntos de sindicatos menores, los cuales se movilizaron durante el período.

Gráfico 5: Acciones de protesta según sector, San Juan. 1992

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios.

Los sindicatos de trabajadores del sector privado son los que mayor cantidad de acciones de protesta realizaron de conjunto, aunque esta categoría agrupa una gran cantidad de actores más o menos relevantes en la esfera provincial, cada uno de ellos con una participación minoritaria en el total de las acciones registradas en el período^[7]. Por fuera de los sindicatos, los dos actores que se movilizaron fueron: a) habitantes de villas y barrios marginales, y b) asociaciones de viñateros y chacareros de la provincia. Aunque el sector de sindicatos estatales registra una intensa actividad en su conjunto, es necesario destacar la participación de la ATE, asociación que aparece como el actor singular que realizó mayor cantidad de acciones de protesta durante 1992.

Tomando en cuenta el formato de las acciones registradas, se observa que las particularidades del escenario local se cristalizan en un repertorio^[8] singular. Las principales maneras de movilizarse durante este período revistieron un carácter simbólico. Tres modalidades de acción colectiva que lo caracterizan son las solicitadas, las declaraciones públicas y la “formalización de reclamos”. Esta última resume diversas acciones tales como: conferencia de prensa, comunicados, reuniones con legisladores, e inclusive presentación de pedidos de juicio político como su expresión más acabada. Están presentes también los formatos más tradicionales, característicos de los sectores sindicales (Schuster, 2006; Auyero, 2002; Farinetti, 1999). La huelga, parcial o total (incluidas las medidas nacionales), tomada de modo conjunto se convierte en el formato preponderante durante 1992.

Gráfico 6: Acciones de protesta según formato, San Juan. 1992

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios.

En este período las demandas se concentraron, en coincidencia con el protagonismo de los sindicatos, en torno a reivindicaciones salariales de diversa índole, dentro de las cuales primó la demanda de recomposición salarial por parte de los sindicatos estatales y docentes, pero que fue compartida por los gremios del sector privado en general. Muy por detrás de este primer tipo de reclamos se ubica la categoría “laborales”, que si bien tienen vinculación con las demandas salariales no son idénticas, y resulta necesario diferenciar por las consecuencias políticas que se desprenden de su especificidad^[9]. Otro tipo de demandas se relacionó con garantías educativas, en el marco de un proceso de provincialización de la educación media.

Las demandas salariales y laborales se combinaban de maneras diversas, en un marco general de reforma del Estado y achicamiento de su planta de personal. Los trabajadores viales (Sitraviap) resistieron la implementación del retiro voluntario, conjuntamente con ATE y otros sindicatos menores. Los gremios docentes reclamaron financiamiento educativo antes y después del traspaso de establecimientos nacionales, demanda que se articulaba con el rechazo nacional del sector a la Ley Federal de Educación que se discutía en el Congreso. Acciones que pueden ser entendidas como formas reticulares de resistencia al neoliberalismo, basadas en demandas concretas relativas a la situación vital de los actores involucrados y no en una posición política explícita de rechazo al proceso general de transformaciones.

La incidencia que tuvieron estas movilizaciones en la implementación de políticas públicas fue proporcional a la intensidad de las acciones, aunque la tónica del período fue el retraimiento del poder de negociación de los sindicatos. Aquellos gremios que movilizaron mayor cantidad de recursos simbólicos y materiales, sosteniendo en el tiempo una reivindicación, lograron algún tipo de respuesta del Ejecutivo, ya fuera la asignación de recursos que posibilitaron mantener derechos adquiridos (UDAP), o una persecución sindical y un enfrentamiento abierto (ATE).

5.1.2. Crecimiento y pluralización de la protesta ad infinitum (1999-2002)

Para describir la dinámica de la contienda en el período previo a la destitución de Alfredo Avelín se analiza el periodo que comprende los meses de octubre de 2001 a septiembre de 2002. Se puede observar en este lapso una dinámica de movilización relativamente homogénea, con un promedio mensual de 34 acciones de protesta y dos picos de conflictividad en los meses de abril y agosto de 2002.

Gráfico 7: Acciones de protesta, San Juan. 2001-2002

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios.

Vale destacar que durante la administración avelinista la agudización de la crisis política provincial se desarrolló en paralelo al incremento de las cifras de la protesta, aunque no exclusivamente en relación con el juicio político. En este sentido, el primer pico registrado, en el mes de abril, coincidía con una amenaza de renuncia por parte del gobernador, luego de graves enfrentamientos con sindicatos de trabajadores estatales provinciales, que culminaron en la represión de una manifestación a la casa de gobierno. En tanto que el segundo pico, que se observa en el mes de agosto, coincide con el inicio del procedimiento de juicio político al gobernador, ya que a principios de este mes fue presentado el pedido en el marco de una manifestación multisectorial hacia la LP^[10]. En este caso, el pedido de juicio es un componente del proceso general de movilización social, uno de los actos de expresión de descontento, antes que el resultado de – o la respuesta a – esa movilización. Finalmente, en septiembre la cantidad de acciones de protesta registradas decrece fuertemente, con un valor inferior inclusive a la media, pese a ser el mes en que se destituye al gobernador. Es posible pensar que este comportamiento decreciente se deba a una descompresión de la tensión social a partir de la suspensión del gobernador en sus funciones, producida hacia fines del mes de agosto de 2002.

Considerando la intensidad de la conflictividad social en San Juan con respecto a la dinámica nacional, es importante destacar que los años 2001 y 2002 constituyen momentos particularmente efervescentes en ambas escalas. Pese a este signo compartido, se observa que la provincia presenta una tendencia inversa a la nacional: mientras que el año 2002 significó allí un período decreciente, en San Juan se produjo un crecimiento sostenido.

Gráfico 8: Acciones de protesta, Argentina y San Juan, según trimestres. 2001-2002

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios y secundarios.

Otro aspecto relevante de la relación entre escalas es que la cantidad total de acciones registradas son significativamente similares, lo que indica un período de gran intensidad en la conflictividad social en San Juan, que muestra cifras cercanas a la media nacional. Aparentemente, en este nuevo comienzo de década se estaría replicando, aún con mayor intensidad, el proceso de provincialización de la protesta observado en la década del 90, o más precisamente, una re-provincialización (Suárez, 2005).

Al descomponer las cifras registradas según sectores, es posible observar que los principales protagonistas en este período fueron los actores más tradicionales, es decir, los sindicatos, fundamentalmente de trabajadores estatales y docentes. No obstante, se observa el surgimiento de nuevos actores en la escena provincial, que pese a su menor participación contribuyen a configurar una dinámica más plural que en períodos previos. A los fines del análisis estos actores agruparon en dos categorías: piqueteros y ciudadanos activos. La primera de estas categorías es relativamente homogénea y corresponde a sectores desocupados o de gran vulnerabilidad social que adoptaron la modalidad de cortes de calle, puente o ruta como forma de reclamo. En cuanto a la segunda categoría, refiere a un conjunto de colectivos heterogéneos relativamente efímeros: sectores de clase media urbana que protagonizaron cacerolazos en el primer trimestre de 2002, y organizaciones tales como CAI. Otro conjunto de actores que se movilizaron fueron los sectores empresarios y profesionales de la salud.

Gráfico 9: Acciones de protesta según sector, San Juan. 2001-2002

Fuente: Elaboración de la autora en base a datos primarios.

En cuanto a los sindicatos que se movilizaron en el período se observa un amplio abanico de gremios que se relacionaron de modo disímil. En distintos momentos, los trabajadores estatales y docentes articularon sus acciones en una Mesa Intersindical de Gremios Estatales (MI) que coordinó acciones conjuntas, aunque las medidas implementadas efectivamente pocas veces fueron homogéneas^[11].

Paralelamente se dieron acciones singulares de los gremios mayoritarios, ATE y UDAP, registrándose asimismo enfrentamientos internos y el desborde de las organizaciones por parte de trabajadores estatales y docentes que desconocieron a sus sindicatos. Un claro ejemplo de esta situación fue la vigilia de los docentes del departamento Jáchal, que se movilizaron hasta la ciudad de San Juan en agosto, acampando frente a la casa de gobierno durante cuatro días, con la consigna central de reclamar sus salarios y diferenciarse de la demanda de juicio político de la conducción gremial.

Las acciones de protesta multisectoriales, pese a su incidencia presencia, representan la confluencia de amplios sectores alrededor de ciertas demandas: organizaciones sindicales, organismos empresariales y asociaciones ciudadanas. Es decir, posibilitaron la convergencia de todo el abanico de actores movilizados en el período, realizándose en momentos de agudización de la crisis política, durante los meses de abril y agosto fundamentalmente.

Tomando en cuenta los formatos de la movilización se observa que durante este período la huelga fue predominante, fundamentalmente la huelga total, aunque se registraron también huelgas parciales y una serie de huelgas provinciales que involucraron tanto a trabajadores estatales como cámaras empresarias y otros sectores, los cuales accionaron conjuntamente en lo que se ha denominado como acciones de protesta multisectoriales.

La importancia de las movilizaciones multisectoriales radica en que éstas implican una reducción de la autonomía de los distintos sectores, y por ende una alteración de sus lógicas y ritmos propios de funcionamiento. Son un indicador de la desespecificación de los temas, el desplazamiento de los espacios de confrontación y la pérdida de marcos de referencia habituales con que los actores realizan sus cálculos (Dobry, 1988).

Desde el punto de vista del repertorio de acciones de protesta presentes este período se puede observar que aparecen modalidades relativamente nuevas como tomas de edificios y empresas, cortes de calle, e inclusive una megatoma de edificios públicos, acción coordinada que se realizó reiteradamente y estuvo destinada a paralizar toda actividad dependiente del Estado provincial por períodos superiores a una semana. Consistente con la definición de Auyero (2002), se observa una combinación de formatos tradicionales y nuevos que muestra que los trabajadores se apropiaron de modalidades de acción características de otros sectores y los combinaron con sus formas de movilización tradicionales en un momento de suprema conflictividad.

Gráfico 10: Acciones de protesta según formato, San Juan. 2001-2002

Fuente: elaboración propia en base a datos primarios.

La duración de las acciones es un elemento relevante en este período, ya que se registraron reiteradas huelgas por tiempo indeterminado, tanto parciales (por parte del sector estatal), como totales (desde el sector docente). También se observaron tomas prolongadas de edificios y cortes de calle durante semanas y meses.

Por otra parte, es importante destacar que, si bien se ha considerado el formato predominante para registrar singularmente cada movilización, hubo múltiples casos de acciones de protesta combinadas. La huelga, que fue predominante, se acompañó generalmente de manifestaciones, cortes de calle y concentraciones, que tuvieron un carácter relativamente espontáneo en diversas oportunidades.

Respecto de las demandas que se sostuvieron, se observa que predominaron los reclamos salariales, sobre todo en debido a los atrasos en el pago de haberes, que no se realizó en tiempo y forma durante todo el período, y en algunos casos llegó a significar hasta tres meses de deuda salarial consecutiva. Por detrás de esta categoría se ubicaron demandas laborales de diversa índole, referidas tanto a condiciones de trabajo como a derechos sindicales y obligaciones patronales. El sentido que los actores daban a tales reclamos dista de ser unánime, aunque las demandas políticas explícitas como motor de las acciones de protesta fueron incrementándose a medida que transcurría el período. Como se analiza a continuación, una combinación de demandas salariales y laborales constituyó la base de sustentación del pedido de juicio político presentado por la MI en agosto de 2002.

Coincidentemente con la dinámica nacional, en la provincia se registró un número significativo de movilizaciones que reclamaron modificaciones de diversa índole en la situación política, en todas las escalas, inclusive, municipal. En Jáchal, un departamento del interior de la provincia, se reiteraron cacerolazos y manifestaciones exigiendo la renuncia del intendente y el Concejo Deliberante, mientras que en la ciudad de San Juan se registraron movilizaciones similares, aunque en ellas estuvo ausente la enunciación de demandas específicas. A ello se suman reiteradas acciones centradas en la demanda concreta de renuncia del gobernador protagonizadas por ciudadanos activos y el CAI.

La incidencia que las acciones de protesta tuvieron en la implementación de políticas públicas fue diversa, aunque la tónica del período fue el crecimiento sostenido de la conflictividad en un marco de falta de respuestas a la demanda de mayor urgencia para los sectores movilizados: el pago de salarios. La asignación de recursos extraordinarios desde la Nación para hacer frente a esta obligación del Estado provincial estuvo condicionada en reiteradas oportunidades al recrudecimiento de la confrontación, que evidenciaba estallidos ocasionales que eran resueltos tanto con represión como con auxilios parciales e inclusive estrategias de cooperación de autoridades políticas con los sectores movilizados^[12].

5.2. Los conflictos más agudos y sus protagonistas

Este apartado busca conocer la fisonomía de los conflictos que previamente fueron identificados como los de mayor intensidad durante cada una de las administraciones. La indagación se orienta a caracterizar a los actores que los protagonizaron y a describir la dinámica propia que adquirieron las relaciones de confrontación con los respectivos gobiernos. Ambos casos tienen como protagonistas a instituciones u organismos sindicales de trabajadores dependientes del Estado provincial. Para su análisis se consideran, en este apartado, tanto las características propias que presentan en tanto organizaciones, como sus posicionamientos y las dinámicas de relación con otros actores que establecieron a lo largo del período.

5.2.1. ATE: una lucha judicial y política

Del análisis de la movilización según sectores se desprende que, durante el gobierno de Jorge Escobar, la contienda fue protagonizada por una asociación sindical que organiza y representa a los trabajadores del Estado: ATE. En este apartado se describen sus principales características y modalidades de relación con otros actores provinciales y nacionales.

ATE es una organización de carácter nacional, que nuclea a una parte de los trabajadores estatales, compitiendo por la representación del sector con otro sindicato, también de carácter nacional, la UPCN. Esta competencia al interior del espacio de asociaciones sindicales implica el despliegue de estrategias distintivas desde cada organización, según su posición en la relación de fuerzas que sostienen.

Desde una perspectiva nacional se podría considerar a UPCN como el sindicato dominante en dos sentidos: por una parte, debido a que las cifras de afiliados lo ubican como sindicato mayoritario; por otra, debido a que cuenta con una gama de prestaciones que supera ampliamente la cobertura de ATE, lo que puede resultar atractivo para los trabajadores. En ese marco, la disputa por la representación en las mesas de negociación con el gobierno, planteaba a la ATE una necesidad imperiosa de incorporar afiliados. La estrategia durante los 90 sería apelar a la dinámica democrática de funcionamiento interno del sindicato, y un discurso político abiertamente opositor al neoliberalismo (Diana Menéndez, 2008).

En la provincia la relación entre ambas asociaciones es distinta, dado que el sindicato con mayor número de afiliados es ATE que agrupa a los agentes dependientes del Estado provincial. La diferencia en el peso específico de la organización local no modificaba los rasgos generales del sindicato, que durante los 90 era hegemonizado por la Lista Verde. Esta agrupación, conducida en San Juan por Héctor Sánchez, mostraba una gran heterogeneidad ideológica, con miembros de distintos sectores del peronismo, inclusive peronismo de izquierda, e independientes con marcado perfil progresista en su composición (Diana Menéndez, 2008). Los rasgos ideológicos y el carácter político del discurso de la organización se traslucen en la retórica de los dirigentes provinciales sobre la década del 90. En tanto peronistas, eran opositores a la política de desguace y destrucción sistemática del Estado del menemismo, plasmada en la provincia por Jorge Escobar, ambos ajenos a los principios fundantes del justicialismo.

La postura de ATE fue girando del apoyo a la oposición durante los dos primeros años de la presidencia de Carlos Menem, período que bastó para configurar una diferenciación profunda entre dos sectores del sindicalismo local, que sostendrían actitudes contrastantes a lo largo del gobierno de Escobar: la CGT y ATE (Rodrigo, 2011). La distancia entre vertientes sindicales replicaba la dinámica nacional, donde la CTA, desde su surgimiento, se opuso a las estrategias planteadas por la CGT tanto en el plano económico como social y político (Palomino, 2000).

En la provincia, ATE mantuvo una confrontación permanente con el gobierno de Escobar, que se inicia casi en paralelo a su asunción, en diciembre de 1991, y se organizaría en base a dos ejes fundamentales: por una parte, las cesantías y ajustes que se producían en la administración pública; por otra, la transferencia de retenciones gremiales que el Estado adeudaba al sindicato.

Durante los primeros meses de 1992, los dirigentes mantuvieron reuniones con distintos ministros, como así también con legisladores provinciales, para abordar ambos aspectos, aunque las declaraciones de los sindicalistas se centraban en la defensa del empleo estatal frente a las políticas de ajuste implementadas, instando a los funcionarios a tomar medidas alternativas a los despidos.

En contraste, las restantes entidades gremiales de la provincia creaban en febrero de 1992 el denominado Frente Intergremial, que surgía para analizar distintos problemas del sector público y privado. La primera medida de la organización sería una reunión con el gobernador para expresarle su apoyo, como así también la disposición de acompañar la Reforma del Estado propuesta por el mandatario, encabezada por la dirigencia de UPCN.

Por su parte, la reafirmación de la posición opositora de ATE frente al proceso de reforma del Estado expresaba un alineamiento con la estrategia nacional. De este modo, el gremio se diferenciaba de su competidor, UPCN, sosteniendo la disputa por la representación del sector. Esta posición era encarnada en San Juan por Héctor Sánchez, quien confrontaba abiertamente con el gobernador. A cien días del inicio de la administración Escobar, el dirigente sindical sería uno de los actores más taxativos a la hora de condenar las medidas implementadas, cuestionando además la falta de experiencia de las autoridades. Tras el discurso pronunciado por Jorge Escobar a 100 días de su gobierno el sindicato tomaba una posición de abierta confrontación. En declaraciones a la prensa, el secretario general de ATE Héctor Sánchez instaba a definirse como gerente el FMI o gobernador de la provincia a Jorge Escobar, acusándolo de falta de propuestas e incapacidad de diálogo.

La relación con el gobierno se fue deteriorando al ritmo de la aplicación de políticas de reforma. Las acciones de protesta en distintos niveles organizadas por la ATE crecían progresivamente. La postura distintiva del sindicato respecto del conjunto de las organizaciones gremiales provinciales, se tradujo en un trato especial por parte de la administración escobarista, que dejo de transferirle dinero en concepto de retenciones gremiales. Esta decisión del gobierno condicionaba la supervivencia del sindicato debido a la falta de fondos para su funcionamiento. Aunque como marco general esta situación limitaba su accionar, también era una posibilidad de apertura y creación de nuevas formas estratégicas para la supervivencia institucional (Drolas, 2003).

Una de las estrategias desplegadas por ATE para asegurar su supervivencia fue recurrir a la mediación de los Poderes Legislativo y Judicial. Estrategia que se inscribe en una actitud defensiva, sostenida por ATE (nacional y provincial) en el marco del proceso de restructuración del Estado, que buscaba preservar los beneficios de sus afiliados, fueran prestaciones sociales, condiciones de trabajo o el trabajo mismo, con resultados dispares (Pérez, 2003). Solicitó audiencias con los presidentes de bloques en la LP, para exponer la situación de tensión con el gobierno que había hecho pública mediante una presentación formal de la problemática^[13]. Tanto los diputados opositores como un sector de la bancada oficialista se hicieron eco del pedido, reuniéndose de modo conjunto con los dirigentes y comprometiéndose a la presentación y discusión de un proyecto de Ley que estableciera una jornada máxima para los trabajadores estatales.

Estas acciones redundaron en agradecimientos por parte del sindicato, que consolidaba su relación con los legisladores y fortalecía su postura tanto frente al gobierno como a su competidor y oponente, UPCN, a quien desafiaba pública y abiertamente por la postura asumida. Por otra parte, ATE amenazaba al gobierno con iniciar una demanda penal por malversación de fondos de retenciones sindicales. Se iniciaba así una batalla judicial que comenzó con la presentación de un recurso de amparo reclamando la transferencia de retenciones adeudadas. La justicia respondería en lo inmediato recusando la vaguedad de la presentación y citando a los dirigentes para que aclarasen el alcance de la demanda.

En paralelo se generaban dos situaciones contrastantes que involucraban a otros sectores sindicales. Por una parte, la creación del Consejo Económico Social de la Provincia, donde se incluía a la CGT, y por otra, la emergencia de un extenso conflicto con el sector docente. Ambas situaciones serían atendidas especialmente por parte de las autoridades. Respecto de la CGT, el gobernador en consonancia con los apoyos recibidos, destacaba la importancia de su participación en el debate, legitimando su rol de interlocutor en la implementación de políticas públicas.

En contraste se desarrollaba la protesta del sector docente, que formaba parte de un conjunto de conflictos sindicales de variada intensidad, entre los que se destacaba tanto por la magnitud de sus manifestaciones como por su duración. Este conflicto, protagonizado centralmente por UDAP, se desarrolló intensamente entre los meses de junio y agosto de 1992. En diversas oportunidades los dirigentes de UDAP y otros sindicatos fueron recibidos por el gobernador, que tomaba posición frente al conflicto refiriendo la problemática a la esfera nacional y destacando los avances en materia salarial durante su gestión. En una actitud opuesta a la que mantenía frente a ATE, Jorge Escobar buscaba dialogar con el sector, en el marco de huelgas y manifestaciones recurrentes^[14].

Pese a la proximidad de los reclamos de trabajadores docentes y estatales las organizaciones sindicales no establecieron un diálogo ni coordinaron acciones de protesta durante este período. Por el contrario, ATE continuaba su reclamo de manera individual, implementando acciones de protesta que serían protagonizadas mayormente por sus dirigentes, con algunas excepciones que, no obstante, se diferenciaban del clásico formato de la manifestación. La estrategia central de ATE sería reforzar la presión sobre los legisladores para que mediasen en el conflicto y controlasen las acciones del Ejecutivo. Presión que se evidenciaba en la organización de reuniones previas o posteriores a cada sesión con legisladores provinciales y nacionales a fin de informarles sobre la situación del conflicto. La cámara se haría eco de esta presión debatiendo y aprobando, en una sesión presenciada por un gran número de dirigentes sindicales y afiliados, una ley de aumento salarial que señalaba además la obligatoriedad del pago de retenciones por parte del gobierno.

La dinámica del conflicto adquirió a partir de aquí nuevos contornos. Pese a la normativa sancionada, el Ejecutivo radicalizó su posición: continuó sin transferir las sumas adeudadas al sindicato, evidenciando un trato discriminatorio respecto de los restantes gremios, que sí recibían las sumas correspondientes. A ello se sumó la definición de la Justicia provincial, cuya imparcialidad, tal como la de los tribunales nacionales, sería puesta en tela de juicio reiteradamente durante los ‘90: no hizo lugar al pedido de amparo del sindicato. ATE presentaría entonces una demanda ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto por las retenciones involucraba a esta altura a los tres poderes del Estado. En confrontación permanente con el Ejecutivo, habiendo obtenido fallos desfavorables y en espera de otros tantos por parte del Poder Judicial, la próxima acción de ATE sería el inicio de una huelga de hambre en los jardines de la LP. Luego de dos semanas de ayuno y una serie de solicitadas preanunciando la presentación, los dirigentes sindicales ingresaron por la mesa de entradas de la cámara un pedido de juicio político al gobernador, el 18 de septiembre de 1992.

5.2.2. Mesa Intersindical: integrantes y características

Entre 1999 y 2002 las organizaciones que mayor protagonismo tuvieron en la protesta fueron los sindicatos de trabajadores estatales y docentes, cuyas acciones se realizaron de modo conjunto en numerosas oportunidades bajo la convocatoria de un organismo creado durante el período: la MI. Este conglomerado de sindicatos se articula a mediados de 2001, aunque sin ningún tipo de institucionalización, constituyendo una organización de facto que se hacía visible ante la agudización de los conflictos multisectoriales. En San Juan hay antecedentes de este tipo de agrupaciones intergremiales, los que han involucrado un amplio abanico de sectores que van más allá del ámbito de influencia de las distintas centrales obreras^[15].

En la transición política de 1999, el sindicalismo sanjuanino presentaba una división, que replicaba las tensiones nacionales entre centrales obreras, aunque en la provincia la relación se distorsionaba debido a la centralidad de la CTA, organización que, debido a la importancia del empleo público en la provincia, representaba a una porción mayoritaria de los trabajadores (Palomino, 2003).

Pese a esta unidad formal, la dirigencia docente provincial de UDAP se manejaba de modo relativamente autónomo de la CTA, cuya conducción se encontraba hegemonizada por ATE, enmarcando su actividad en el ámbito de la CTERA como referente nacional. No obstante, la conformación de la Alianza por San Juan significó un momento de confluencia entre estos dos sindicatos de trabajadores del Estado, debido a la participación de un conjunto de dirigentes de la CTA en las listas de la coalición nacional y provincial.

Diversos sindicalistas accedieron a cargos legislativos, pero el ajuste económico implementado por el nuevo gobierno llevó rápidamente a la CTA al campo opositor, abriendo un debate interno sobre la postura política de la central. Las opciones parecían ser dos: consolidarla como interlocutor social del gobierno y del sistema político, o constituirla como nueva expresión política frente a la incapacidad de los partidos (Palomino, 2000).

En la provincia, las primeras medidas del nuevo gobierno ratificaron la situación de confluencia entre los gremios mayoritarios, que cristalizaría a mediados de 2001 en la conformación de la MI. Como conjunto de gremios estatales, esta organización mostraba una composición muy heterogénea, abarcando, en primer lugar, a los sindicatos mayoritarios que competían por hegemonizar el espacio compartido: UDAP y ATE. Nucleaba además a gremios relativamente influyentes, como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) y UPCN, además de otras organizaciones sindicales minoritarias como SOEME, SITAR y Sitraviap.

La MI surgió como respuesta a una situación de confrontación sostenida con el gobierno provincial por los sucesivos retrasos en el pago de salarios, situación que se complejizaba a medida que transcurría el período de administración avelinista. Una de las finalidades explicitadas por los dirigentes sobre su conformación fue la articulación de las demandas en un frente unificado. Otro de sus objetivos, relativamente velado, era la contención de la protesta, la articulación de un ámbito de negociación con las autoridades en el marco de una situación de efervescencia social que amenazaba con desbordar a los propios dirigentes. La precipitación de los acontecimientos de fines de 2001 implicó, no obstante, un desborde de las organizaciones sindicales y el surgimiento de sectores que articularon protestas de diversa intensidad durante un período relativamente prolongado. Ante esta situación, los representantes de la MI sostuvieron sus acuerdos y disputaron conjuntamente la posibilidad de comandar la protesta.

Sin embargo, entre los meses de enero y febrero los espacios asamblearios autoconvocados no confluían con la MI en acciones comunes, transitando por carriles paralelos, pese a coincidir básicamente en las demandas enarboladas. La MI protestaba ante miembros de la Corte por no haber investigado sobre la crisis provincial, ante OSSE para que no cortase el suministro, ante el Banco San Juan para que prestara plata a la provincia para pago de sueldos, pero, y aquí una diferencia sustancial, los vecinos agregan además de la disconformidad con funcionarios y con el accionar de las empresas públicas privatizadas, la denuncia hacia las empresas privadas y la complicidad de las organizaciones gremiales (Ruffa, 2007).

La posición de la MI no se modificó sustancialmente durante los primeros meses de 2002, una vez que disminuyeron su presencia en el espacio público los movimientos autoconvocados, los dirigentes sindicales procuraron canalizar y contener el descontento de sus afiliados. La MI se asemejaba más a un colaborador de la administración avelinista que a un oponente, participando en decenas de audiencias y elaborando propuestas conjuntas con los funcionarios que la ubicaban entre los actores con peso específico en el diseño e implementación de políticas públicas^[16]. La persistente falta de pago de salarios a los trabajadores estatales era un elemento difícil de manejar para los dirigentes sindicales, que se veían confrontados por sus bases ante la falta de recursos materiales para la subsistencia cotidiana en grandes franjas de la población económicamente activa de la provincia.

En un marco de acciones multisectoriales, cada vez más inclusivas y radicalizadas^[17], la represión de una manifestación a casa de gobierno el 22 de abril marcó un hito en la política provincial. Los manifestantes y dirigentes se dirigieron a la LP, tanto para guarecerse de los efectivos policiales como para articular, aún de modo relativamente improvisado y espontáneo, una estrategia que permitiese canalizar el descontento en algún tipo de solución institucional, celebrando una asamblea en sus jardines. La dirigencia del gremio docente tendría un rol fundamental en esa asamblea para conseguir que se desactivasen focos de activismo radicalizados. El resultado inmediato de esta asamblea fue un documento remitido a los Legisladores que solicitaba formalmente que el gobernador considerara su renuncia, a fin de evitar mayores enfrentamientos y, fundamentalmente, evitar una posible intervención federal. Este pedido formal fue remitido al gobernador por los legisladores días después.

A partir de este momento se hicieron visibles las tensiones entre los gremios más numerosos de la provincia. Las diferencias derivarían en una ruptura de la acción conjunta de la MI, que a partir de mayo fue modificando su fisonomía debido a las sucesivas separaciones de gremios que se produjeron, y la incorporación de nuevos sectores.

En junio se produjo el quiebre fundamental, cuando ATE se distanció de la Mesa, siendo el único sindicato que no aceptaba la propuesta salarial del gobierno sintetizada en el “plan cuotas”, por el cual las deudas se pagarían en partes iguales durante diez meses consecutivos. A diferencia de los restantes integrantes de la MI, que se sentaban a negociar en la casa de gobierno y aceptaban el plan cuotas, pese a las escasas garantías que se podían dar a su cumplimiento futuro, los dirigentes de ATE se reunían con el representante de la Secretaría de hacienda por separado. Aunque en los hechos ATE continuó convergiendo en ciertas acciones relativas al conflicto salarial, los dirigentes se preocuparon por separar sus acciones de los demás sindicatos, tanto por la localización geográfica como por acotar sus demandas casi exclusivamente al pago de salarios adeudados.

Por su parte, la MI fue modificando paulatinamente de posición, articulando cada vez más sus demandas con las de un amplio conjunto de sectores, que se fueron sumando en el transcurso de los meses a la organización, como los colegios que nucleaban a distintos profesionales de la salud y prestadores del Estado. La MI asumía ahora una actitud activa, disputando un lugar protagónico en las interacciones políticas provinciales: “basta de palabras insustanciales e inconducentes. Exigimos hechos y políticas concretas. Dios, la Patria y los sanjuaninos lo demandan” ^[18].

Luego de hacer públicas una serie de exigencias, y pese a haber acordado con ellas, otro gremio que se alejó de la MI es ATSA, que en julio de 2002 dejó de participar en las medidas conjuntas, y, aunque no formalizó su ruptura, estuvo ausente en todas las acciones siguientes. La MI se convertiría a partir de allí en una agrupación sindical y extra-sindical, donde el gremio hegemónico, tanto por su actitud proactiva, como por su peso específico en las negociaciones y por la masa de trabajadores que representaba, era UDAP. Los rasgos biográficos de su Secretaria General abonaban el carácter protagónico del gremio: Ana María López de Herrera era parte del Secretariado de CTERA y estaba a punto de concluir su formación como socióloga, además de ser afiliada al PJ.

El sector docente había mostrado en sus estrategias y prácticas de confrontación y negociación sindical lo que puede considerarse un auténtico cambio cualitativo y de estilo en el desarrollo y manejo de la conflictividad social. Los sindicatos docentes, sobre todo los que responden a la CTERA (como en este caso), lograron estructurar en sus luchas formas de protesta social y sindical que incorporaron nuevas modalidades de gestión, expresión y difusión de los conflictos (Suárez, 2005).

Una de las modalidades de acción originales de la CTERA en 2002 fue la organización de una Caravana Nacional por la Educación^[19]. La caravana, en San Juan, contemplaba una huelga de 72 horas, durante las cuales cuatro columnas marcharon desde distintos puntos de la provincia para confluir en casa de gobierno. La manifestación docente convergía con la de los otros integrantes de la MI, en el marco de huelgas totales de los empleados estatales, cierre de municipalidades y comercios.

La multisectorialización del conflicto, que parecía atravesar todas las esferas de la vida social, evidenciaba que la gestión del conflicto salarial se había convertido en la gestión de la provincia. Ante la indiferencia nacional, para cuyas autoridades el caos era natural, los dirigentes de la MI convirtieron la “Caravana Educativa” en la ocasión para enarbolar una propuesta de gestión del conflicto: el pedido de juicio político al gobernador^[20].

---