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2 Revisitando un pueblo azucarero desde lo local[1]

Desafíos metodológicos
y problemas historiográficos

Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera (ISES‑UNT/CONICET)

Introducción

¿Por qué volver a preguntarnos por los pueblos azucareros? ¿Cómo se forjó esa noción y cuáles fueron las implicancias de apropiarse de ella? ¿De qué modo la adopción de una escala de observación situada en lo local contribuye a revisitar problemas y perspectivas de análisis? [2]

El pueblo azucarero fue conceptualizado por la arquitecta Olga Paterlini de Koch en 1987 en un estudio pionero que marcó una forma de pensar y de entender estos espacios agroindustriales. Su preocupación se centró en desentrañar el surgimiento y los criterios de urbanización de esa estructura organizativa que se erigió al calor del despegue industrial en el último cuarto del siglo xix. Con este fin, Paterlini acuñó la categoría de pueblo azucarero cuyo núcleo interpretativo apuntaló la centralidad unívoca del Ingenio como organizador del espacio y del modo de vida de sus habitantes. Su estudio ofreció un modelo que priorizó el accionar de los empresarios en la configuración arquitectónica de esos pueblos, definidos como espacios privados y controlados por la patronal (Paterlini de Koch, 1987).

Esta noción ya gravitaba en la literatura promocional impulsada por la corporación de industriales azucareros que circuló, especialmente, entre los años veinte y cincuenta del siglo xx. Estos textos articularon un discurso “apologético” que posicionó a los industriales como los hacedores del progreso económico y social del norte argentino, una de cuyas expresiones se materializaba en los pujantes ingenios y los pueblos forjados a su alrededor (Campi y Bravo, 1999: 75). Esta mirada fue inescindible de la idea de paternalismo industrial, asistencialismo social y filantropía, aspectos que esta literatura se centró en destacar y que delinearon un extendido imaginario social (Padilla, 1922; Schleh, 1921; Nougués, 1976).[3]

Estas preocupaciones fueron retomadas hacia finales de los años noventa por Daniel Campi, quien recuperó la noción de pueblo azucarero. Si bien el ingenio fue definido como “el punto neurálgico” de la nueva sociedad, este análisis introdujo la conceptualización del pueblo como “complejo sociocultural”. El énfasis otorgado a la formación del mercado de trabajo y las relaciones laborales brindaron las claves para abordar ese “mundo de contrastes” marcado por las disímiles formas de sociabilidad, vida cotidiana, representaciones y creencias que convergían en estas comunidades (Campi, 1999). En síntesis, este balance refleja una paradoja: por un lado, la carencia de reflexiones sobre los pueblos azucareros como un objeto de estudio en sí mismo y, por otro, su incidencia en múltiples abordajes que se apropiaron de dicho concepto (Vidal Sanz, 2009; Santos Lepera, 2012; Landaburu, 2013a; Gutiérrez, 2013), configurando una suerte de sentido común historiográfico.

En este contexto de preocupaciones, el objetivo del presente trabajo es recuperar y problematizar la noción de pueblo azucarero desde lo local, perspectiva que, al estar ausente en los trabajos previos, homogeneizó y uniformó la mirada sobre esas comunidades. Una excepción en ese derrotero historiográfico lo constituye el estudio de Ignacio Sánchez sobre el pueblo de Santa Ana que, al recuperar su conformación socioespacial, revisa la noción de pueblo azucarero (Sánchez, 2018). Previamente, miradas centradas en una perspectiva local contribuyeron a repensar la espacialidad de los pueblos al territorializar el análisis de las prácticas políticas y sociales (Lichtmajer, 2014; Lichtmajer y Gutiérrez, 2017). En esa dirección, creemos que situar espacialmente las experiencias, conflictos y acciones contribuye a tensionar construcciones historiográficas. La elección de Bella Vista como un laboratorio para discutir nociones, formular hipótesis y arriesgar propuestas metodológicas se vincula con diversas marcas identitarias que lo erigieron en un modelo de pueblo azucarero. Tales marcas remiten a la relevancia de su producción fabril, a su amplia política asistencial, a la activa participación político‑partidaria de sus propietarios, y la exitosa resistencia obrera en los años sesenta frente a la amenaza de cierre del ingenio, entre otras razones.

De este modo, el capítulo se articula en torno a tres ejes problemáticos: la configuración espacial, las marcas estatales y la experiencia social del pueblo de Bella Vista. Incorporar la preocupación por el espacio supone abordarlo no solo como producto de procesos sociales (espacio “socialmente construido”), sino como parte de la explicación de esos procesos (lo social “espacialmente construido”) (Massey, 1984: 6). Esta propuesta permite repensar la construcción cotidiana de la estatalidad –los actores, negociaciones y conflictos que formaron parte de esa configuración– y la territorialidad como una variable explicativa de esas dinámicas. Asimismo, la experiencia social situada posibilita rediscutir el paternalismo como una categoría rígida y unidireccional, problema que inserta nuestras preocupaciones en un fructífero debate historiográfico y habilita diálogos con otras investigaciones que alentaron revisiones en torno a este problema (Andújar, 2015; Simonassi y Badaloni, 2013). En suma, proponemos un abordaje exploratorio de la conformación y consolidación del pueblo de Bella Vista entre la instalación del ingenio en 1882 y los primeros años de la década de 1920, cuando se sucedieron diversos cambios vinculados a las estrategias empresariales (traspaso en la dirección de la fábrica y formación de una sociedad anónima) y la experiencia obrera (impacto de las primeras huelgas azucareras).

El pueblo azucarero: ¿espacio privado?

La imagen del ingenio como generador y organizador de los pueblos, espacios privados, en algunos casos cercados, donde la circulación de personas era “controlada” en su ingreso y egreso, y los modos de vida eran “impuestos” desde la fábrica, constituye un sentido historiográfico común. La necesidad de problematizar esta construcción supone restituir la espacialidad y las experiencias sociales de los múltiples actores, las disputas y los términos de negociación que operaron en la construcción de la estatalidad, la escolaridad y el cuidado de la salud.

Estas preocupaciones disparan un conjunto de interrogantes: ¿fue la patronal el vértice unívoco de la organización social del pueblo de Bella Vista? ¿Cómo percibieron, denominaron e intervinieron los vecinos en la conformación del espacio bellavisteño? ¿De qué modo las marcas estatales (Ferrocarril, Comisión de Higiene y Fomento, Juzgado de Paz y Comisaría) incidieron en la configuración identitaria y socioespacial?

Bella Vista “nació dividida”. Por un lado, el Ingenio que “constituía un nombre y un lugar” y, por otro, la Villa, dicotomía que incidió en “la consolidación de las identidades” (Valeros y Salazar, 2012: 430). Hacia fines del siglo xix, dos marcas de origen impulsaron esta particular configuración territorial y gravitaron en la experiencia social local. La instalación de la estación ferroviaria en 1876 y la fundación del ingenio homónimo en 1882 por Manuel García Fernández, un inmigrante español, fueron los polos de atracción de población que dinamizaron la vida económica y modelaron las formas de sociabilidad. Cabe tener en cuenta que la temporalidad de estos dos espacios fue disímil. Prevalecen indicios de que la Villa constituía una población importante previa a la llegada del FF. CC. y la instalación del ingenio.[4] Sin desconocer la magnitud de las transformaciones generadas por ambos polos, pensar las dimensiones espaciales previas contribuye a desandar el mito de origen que señala al ingenio como “fundador” del pueblo, al que le dio nombre, y lo encumbra como el primer y único organizador social.

Bella Vista se ubica a 25 km al sudeste de la capital provincial. El gran crecimiento poblacional coincide con la llegada del ferrocarril y el impulso fabril. El Censo Nacional de 1895 precisa una población de 947 habitantes, mientras que en el de 1914 ascienden a 6.223. Si bien las metodologías de ambos censos fueron distintas, el salto cuantitativo expresa las profundas transformaciones en el espacio en el tránsito al siglo xx (Valeros y Salazar, 2012: 260‑263).[5] Los cambios poblacionales fueron inescindibles de las innovaciones tecnológicas introducidas en la fábrica y el salto productivo, que llevó de moler 4 millones de kilos en la primera zafra de 1882 a 14 millones de kilos en 1912.

Plano de Bella Vista

 PLANO BELLA VISTA-Model

Laboratorio de Cartografía Digital, Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES‑CONICET).

Asimismo, desde fines del siglo xix, el espacio de la Villa creció bajo el influjo de la llegada de inmigrantes árabes que se dedicaron a las actividades comerciales. Fueron los propietarios de los almacenes de ramos generales quienes, en mayor medida, se instalaron alrededor de la estación del ferrocarril, conformando un centro comercial. A continuación de la estación ferroviaria se encontraba la proveeduría La Atalaya, propiedad de la familia García Fernández, donde los obreros intercambiaban los vales y fichas del ingenio por mercadería. A escasas cuadras se levantaba la escuela de la Villa y, desde los primeros años del siglo xx, el edificio destinado a la Gota de Leche, la Biblioteca Popular y las instituciones estatales (Comisaría, Comisión de Higiene y Fomento, Juzgado de Paz y Registro Civil, la Oficina de Correos y Telégrafo). El pueblo, asimismo, contó con una iglesia desde 1895 (convertida en parroquia en 1945). Alejado de este centro urbano, pero bajo la órbita de la Villa, se creó el cementerio en los albores del siglo xx. En suma, la Villa fue el espacio en que las incipientes marcas estatales arraigaron, el lugar por excelencia de la actividad comercial y de residencia de profesionales, cañeros independientes y, en menor medida, empleados del ingenio. Del mismo modo, la estación del ferrocarril fue el centro de la sociabilidad del pueblo hasta la creación de una plaza pública en 1932, junto con el club Sportivo Bella Vista fundado en 1925 y el Club Social de Empleados y Obreros (que ocupó el edificio de la proveeduría una vez cerrada).

El territorio donde se levantaban los edificios del ingenio comprendía unos 10.000 metros cuadrados. Hacia 1910 se indica que trabajaban en la fábrica 1.200 peones de surco (temporarios) provenientes de las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. Los obreros de fábrica (permanentes) ascendían a un total de 400. Sin embargo, teniendo en cuenta que los peones temporarios se trasladaban con sus familias para cumplir las tareas estacionales de la cosecha de caña de azúcar y que los empleados jerárquicos y técnicos de la fábrica sumaban aproximadamente 50, el total del personal involucrado en el proceso productivo era aún mayor. Esta circulación de trabajadores marcada por el ritmo de la zafra (mayo a octubre) imprimía al pueblo un fuerte dinamismo.

En la zona del Ingenio, cuyo centro era la fábrica, se erigían los talleres, depósitos, el chalet de los propietarios y un complejo habitacional destinado al personal jerárquico, técnico y administrativo, ámbito cerrado que tenía una única vía de acceso. Al unísono con la creación de la fábrica, se levantó el “cuadro del ingenio”, un espacio contiguo donde originalmente se alojaban los obreros permanentes y cuya construcción se fue modificando al compás de las transformaciones productivas. El complejo fabril, transformado en sociedad anónima en 1920, diversificó su producción cuando a fines de esa década incorporó fábricas de vinagre, de cartón corrugado, de cigarros y un molino arrocero, ubicadas en la zona de los talleres. En esos años se creó dentro de este espacio el Centro Obrero Tulio García Fernández, una mutual alentada por los propietarios de la fábrica pero administrada por los trabajadores del establecimiento.

Vista parcial de la entrada del ingenio Bella Vista

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 Álbum Argentino, Tucumán, 1910, p. 75. Archivo Fotográfico del ISES (UNT/CONICET).

En las inmediaciones del ingenio, fuera del predio cerrado, se construyeron las viviendas para los trabajadores de fábrica permanentes. Este proceso dio lugar a la creación paulatina de distintos barrios obreros que reconoció, a principios de los años 20, un punto de inflexión con la expansión fabril y la legislación laboral que estipuló la jornada de ocho horas y obligó a la creación de un tercer turno obrero. La familia García Fernández era la propietaria de las tierras, las viviendas y la encargada de su construcción y mantenimiento. El usufructo de las casas estaba atado al vínculo contractual con el ingenio. Recién en la década de 1950 se comenzó con el loteo de las tierras y su venta a los vecinos. Los barrios eran espacios abiertos con distintas vías de acceso, lo que facilitaba la circulación de los trabajadores. Por último, bajo la zona de influencia del ingenio y en terrenos de su propiedad se fundó la Escuela Ingenio Bella Vista en 1895 y el Hospital San Luis en 1916, ubicados en los dos extremos de los complejos barriales obreros.

Otros espacios que dependían del ingenio eran las colonias, fundos que proveían de materia prima a la fábrica, cuya explotación era delegada por los industriales a “una familia de agricultores o a un empresario” (Bravo, 2008: 53‑54). Los propietarios aportaban los instrumentos de labranza y todo lo necesario para los trabajos de cultivo y cosecha a cambio de un porcentaje del precio de la caña. Cabe señalar que estas tierras se distribuían de forma fragmentada y, por tanto, la distancia con la fábrica era disímil. En las colonias vivían los trabajadores de surco, tanto los permanentes como los temporarios, quienes llegaban con sus familias para la época de la zafra. Cada colonia tenía galpones destinados al alojamiento de estos últimos, compuestos por hileras de habitaciones sumamente precarias que compartían el espacio de la galería y las letrinas.

En el proceso de configuración del pueblo de Bella Vista, las marcas estatales incidieron en la percepción del espacio que remitía a la división entre el Ingenio y la Villa. Las distintas instituciones que surgieron a principios del siglo xx –Comisión de Higiene y Fomento, Registro Civil, Juzgado de Paz–, producto de la extensión capilar del Estado en las zonas rurales de la provincia, funcionaron en la denominada Villa del pueblo. Signos de la estatalidad en construcción, tales órganos de gobierno desempeñaron funciones importantes que modelaron el espacio. Su ejercicio efectivo recayó, en gran medida, en un conjunto de vecinos que “no conformaban una burocracia profesional” (Lionetti, 2010: 4). La reconstrucción de estas estructuras incipientes en Bella Vista demuestra la activa participación de los vecinos del pueblo, a través de la formulación de un conjunto de demandas, pedidos de designación y remoción de funcionarios o la impugnación frente a la toma de determinadas medidas. ¿Qué imagen del pueblo nos devuelve la preocupación por las marcas estatales? ¿Es posible matizar el imaginario de control social y político articulado de forma omnímoda desde el ingenio?

Creadas por ley en 1900, las Comisiones de Higiene y Fomento debían desarrollarse en las villas o pueblos sin municipalidades (con una población que superase los 500 habitantes). Estaban compuestas por tres personas designadas por el gobernador entre “los vecinos más progresistas y honorables de cada comunidad” (Vidal Sanz, 2017a: 85). Se trataba de cargos gratuitos y obligatorios por dos años y entre sus principales funciones se establecía el cuidado de caminos, la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos y el cobro de impuestos (Fernández, 2012). Tres años antes, en 1897, se había creado el Registro Civil; distintas oficinas funcionaron en todo el territorio provincial a cargo de jueces de paz, funcionarios rentados y nombrados por el Poder Ejecutivo por el lapso de un año. Estos últimos acumularon cada vez más funciones y se convirtieron en los “representantes del poder del Estado en el ámbito rural” (Madozzo Jaén, 2013: 4‑5). A la vez que fueron jefes de los registros civiles locales, ejercieron como notarios públicos, notificadores, inspectores judiciales, llevaron registros comerciales y rurales y también se desempeñaron como jueces para asuntos civiles y comerciales

En Bella Vista, el Juzgado de Paz se creó en 1902. El juez de paz constituyó el principal cargo político ya que además de las funciones señaladas tuvo bajo su responsabilidad el enrolamiento, aspecto clave en las prácticas político‑electorales. Cabe preguntarse, por lo tanto, quiénes ocuparon esos cargos y si estuvieron vinculados, directa o indirectamente, con el ingenio. Durante las primeras décadas del siglo xx, el trasvase de autoridades entre el Juzgado de Paz y la Comisión de Higiene y Fomento fue un común denominador. El primer juez de paz fue Ciríaco Galván (1902‑1905), agricultor del pueblo y referente de la Unión Cívica Radical en los años posteriores. Elías Godoy, comerciante de la Villa, se desempeñó en ese cargo entre 1906 y 1917.[6] A manera de hipótesis, sus figuras permiten entrever la injerencia de los actores de la Villa –y el peso de los comerciantes– en el funcionamiento de las dependencias estatales en Bella Vista, como así también matizar la influencia de la patronal en la designación de estas autoridades.[7]

En lo que respecta a la primera Comisión de Higiene y Fomento, estuvo conformada en 1904 por José Boucau, José Alesson y Belisario Gramajo. Boucau tenía una relación familiar directa con García Fernández y se desempeñó como administrador del ingenio, mientras que Gramajo era un “prestigioso vecino” del pueblo, cañero independiente y vinculado a los propietarios de la fábrica por su filiación política al conservadurismo. En los años subsiguientes, los miembros de las comisiones no fueron empleados directos del ingenio. Los nombres expresaban una pertenencia a las actividades y sociabilidad propias de la Villa. Fueron, principalmente, grandes comerciantes, ganaderos o productores cañeros. Cabe retomar el ejemplo de Gabino Núñez y Pedro Galante, comerciantes acomodados de la Villa que ejercieron cargos en la Comisión de Higiene y Fomento en 1907 y 1914, respectivamente. Núñez se desempeñó también como juez de paz en 1917.[8] Sin desconocer la gravitación de la patronal, este primer acercamiento a la conformación de los órganos de gobierno del pueblo refleja la participación de comerciantes y productores de la Villa en las instancias gubernamentales y, por lo tanto, remite a una dinámica no tan supeditada a la influencia y el poder de los industriales.

En suma, la preocupación por la espacialidad de Bella Vista y la construcción de una incipiente estatalidad invita a revisar la imagen del pueblo azucarero como un espacio privado, noción con fuertes implicancias en el análisis de las experiencias sociales. Como veremos a continuación, el proceso de construcción de la escolaridad y el cuidado de la salud expresa la complejidad de las relaciones entre los múltiples actores del pueblo, así como las tensiones, disputas y consensos que atravesaron la configuración social del espacio bellavisteño.

Escolarización y atención hospitalaria: ¿unívoca construcción patronal?

¿Cómo se construyó la escolarización y la atención hospitalaria en Bella Vista? ¿De qué forma la iniciativa de los García Fernández, de las autoridades públicas y los vecinos definieron la cuestión educativa y sanitaria? ¿Cuáles fueron las disputas y consensos que primaron en esa configuración? Estas preguntas implican desandar los términos de compromiso y negociación que signaron esa construcción en Bella Vista y, por ende, invita a recuperar a los actores, las prácticas y las marcas territoriales de ese proceso. Asimismo, supone repensar el entramado escolar y sanitario como un campo de fuerza donde se dirimieron –de diversas formas y con distintas velocidades– las atribuciones estatales y las responsabilidades privadas. En síntesis, la clave transaccional de esas experiencias restituye la complejidad de un proceso donde la definición del compromiso empresarial y estatal, en lo que a educación y salud se refiere, fue materia de disputas, acuerdos y negociaciones (Lionetti, 2010).

A partir de 1880 algunos empresarios azucareros se involucraron de disímiles maneras en la fundación de escuelas por el cordón agroindustrial. Así, en 1895, los García Fernández fundaron la Escuela Ingenio Bella Vista, integrada al sistema provincial educativo, condición que suponía el acceso a subvenciones oficiales e implicaba la supervisión del Consejo de Educación (CE). Nació como una escuela infantil, es decir, se impartían los dos primeros grados de enseñanza inferior. En general, estas escuelas, ubicadas a escasos metros de las fábricas, fueron el “primer establecimiento escolar instalado en el predio de un ingenio […] el más antiguo, grande e importante” del pueblo (Vidal Sanz, 2017b: 89).

Sin embargo, en el caso de Bella Vista, la Escuela Ingenio fue la segunda, la primera –cuya fecha de fundación no es posible precisar– funcionaba en la Villa y diversas referencias datan su existencia, al menos, desde 1881. En 1905 este primer establecimiento, denominado Escuela Bella Vista y luego Escuela Rural Mixta, fue trasladado a un local que pertenecía a una vecina de la villa, al año siguiente, allí también empezó a funcionar la escuela nocturna para obreros adultos. En 1909 el propietario del ingenio hizo construir un nuevo edificio para su funcionamiento.

En materia educativa, la convocatoria del CE para involucrar a los empresarios en la expansión escolar –en una coyuntura que los posicionaba como protagonistas del boom azucarero– resultó un sensible acicate. En 1900, esta institución envió a algunos empresarios una nota solicitando que, “como lo habían hecho otros industriales, quieran coadyuvar también con sus esfuerzos y con su buena voluntad en pro de la educación pública de la Provincia, facilitando a este Consejo el local necesario para instalar en él la escuela de esa localidad”.[9] Esta circular expresa la preocupación del poder público de expandir la red escolar y de la necesidad de contar con la iniciativa de los industriales para tal fin. Finalmente, esa nota también precisaba que “establecido el horario alterno, como lo está en las escuelas de la campaña, la asistencia de los niños a las aulas no podrá ofrecer dificultad a los trabajos de su fábrica”. En ese sentido, expresó las tensiones entre trabajo infantil y escolarización, y la forma en que ese complejo vínculo modeló la construcción del hecho educativo. El horario alterno, impulsado por el CE, procuraba compatibilizar la asistencia a la escuela, las demandas laborales de los propietarios de ingenio y las necesidades de la familia obrera. Por ende, esta particularidad invita a repensar los imperativos del hogar proletario en la construcción de la escolaridad y la forma en que el trabajo infantil, especialmente durante la zafra, condicionó la asistencia y continuidad de los niños en los establecimientos.

La territorialización escolar bellavisteña –la ubicación de los establecimientos, la distancia entre ambos, los locales en que funcionaron– posibilita incorporar la espacialidad como un aspecto sensible para comprender la configuración del pueblo y la escolarización. Allí, la inscripción territorial de las primeras escuelas remite a sus polos más dinámicos: la Villa y el Ingenio. La forma en que iniciativas públicas y privadas estuvieron presentes, de diversas maneras en ambas escuelas, invita a recuperar la dinámica transaccional entre los empresarios y las autoridades políticas, experiencia relacional que modeló la escolarización en el espacio azucarero. Por otro lado, es una muestra más del modo en que los espacios de la Villa y el Ingenio se percibían integrados y cómo los primeros no resultaron ajenos a la preocupación patronal.

Ahora bien, la expansión de la escolarización se proyectó, paulatinamente, por las colonias. En el ingenio Bella Vista se levantaron escuelas en María Elena y El Mollar en 1906, en Puerta Grande y Campo Redondo en 1919 y 1918 respectivamente, y en Colonia 8, donde no se conoce el año preciso. Todas ellas eran infantiles y funcionaron en locales precarios, a veces en la propia casa del mayordomo de la colonia, como en Puerta Grande. El involucramiento de la familia García Fernández en la fundación de esas escuelas fue diverso, por ejemplo en Campo Redondo donaron un terreno donde se levantó el local escolar (Vidal, 2017a: 75‑77). La falta de información vinculada a la permanencia de las maestras, la continuidad y el funcionamiento de esas escuelas, la asistencia de los niños y la disponibilidad de ingresos económicos invitan a repensar la escolaridad como un campo heterogéneo, fragmentario y en construcción, donde las iniciativas públicas y privadas constituían una esfera de responsabilidades en definición.

En términos sanitarios, el involucramiento de los industriales y el poder público en la expansión de la atención médica implicó un conjunto de acciones que impulsan a realizar un contrapunto con el hecho educativo. En tal sentido, desde principios del siglo xx, la preocupación por el cuidado de la salud de los trabajadores azucareros reportó diversas instancias de participación empresarial. Desde 1904 los propietarios del Bella Vista determinaron que, en caso de enfermedad, los peones tendrían “derecho a la visita médica semanal” y al suministro de remedios y cuando el facultativo determinase que el peón no podía trabajar, el ingenio “le suministraría la ración completa gratis hasta su restablecimiento”.[10] En 1916, la atención médica se institucionalizó con la fundación del Hospital San Luis, que disponía de una veintena de camas destinadas a la internación de obreros y empleados, así como de sus familiares (Padilla, 1922: 301‑309).

La creación de este hospital privado en el Ingenio contrastó con la carencia de infraestructura sanitaria pública en la Villa. Una mirada integral sitúa esta ausencia en perspectiva, en tanto hasta la década de 1930 en el interior tucumano solo existieron tres hospitales: dos en el departamento de Chicligasta y uno en Monteros. Por su parte, la ciudad capital contaba con los hospitales de mayor complejidad, uno mixto y otro para mujeres, ambos municipales. En Bella Vista, el primer hospital público comenzó a proyectarse en 1954, en un terreno donado por los propietarios del ingenio, pero su inauguración recién se concretó en 1961. En este contexto, el cuidado de la salud se inscribió en un complejo y fragmentario mosaico.

Así, fuera del radio del ingenio, las posibilidades de atención médica eran escasas y parciales. Quienes vivían en la Villa y eran “pobres de solemnidad” (es decir, quien carecía de todo recurso, incluida la aptitud para trabajar), podían recurrir al local de la Comisión de Higiene y Fomento donde, una vez a la semana, un médico diplomado recibía las consultas de los enfermos. La visita y el suministro de medicamentos eran gratuitos para quienes contaran con la tarjeta que certificara su condición de pobres. Para quienes sí disponían de recursos, las opciones, por lo menos desde la década de 1910, era recurrir al médico de la Villa, Dr. Alejandro Sehadi, o trasladarse a la ciudad de San Miguel de Tucumán donde funcionaban los nosocomios de mayor complejidad.[11] Las funciones o excepciones que podía hacer el hospital del ingenio con quienes no eran obreros o empleados pero necesitaban atención médica, así como los servicios que el médico del hospital podía brindar en la Villa, constituían otra vía de acceso a la atención médica. Hay indicios para suponer que la asistencia brindada por el ingenio irradiaba a los habitantes de la Villa.[12] De este modo, nuevamente los vasos comunicantes entre los dos espacios, la Villa y el Ingenio, fueron múltiples y nos devuelven una imagen más dinámica y compleja del pueblo de Bella Vista.

Frente a la débil presencia sanitaria, no es difícil suponer que los curanderos, sanadores y la medicina casera fueran las principales opciones cuando de curarse se trataba, por lo menos, hasta mediados del siglo xx y especialmente en los espacios rurales. En este contexto, las farmacias y la venta libre de medicamentos (píldoras, beberajes, tónicos) constituían otra opción para enfrentar algunas dolencias (para 1914 existían, al menos, dos farmacias en Bella Vista), alternativa que podía conjugarse con la popular y extendida consulta a los curanderos o “charlatanes” (Fernández, 2012). De esta forma, la debilidad de la infraestructura hospitalaria y la desconfianza o desconocimiento de las prácticas de la medicina diplomada modelaron las posibilidades de acceso a la cura, especialmente, entre las clases populares.

A diferencia de lo acontecido en el ámbito escolar, la definición del campo sanitario en los espacios azucareros fue tensionada por las disputas entre iniciativas particulares y demandas públicas. Así, la invitación de las autoridades estatales para que los industriales se involucrasen en la construcción de escuelas contrastó con las denuncias públicas e intentos legislativos que procuraron revertir la indiferencia empresarial por el cuidado de la salud obrera. Desde 1919 estas voces encontraron en la Legislatura provincial el ámbito de expresión privilegiado y alcanzaron un pico de tensión en 1925 con la sanción de la ley de asistencia médica permanente y gratuita en los ingenios. Esta legislación obligaba a las fábricas azucareras y demás establecimientos industriales (cuyo personal no sea menor de 200 personas) a disponer de una enfermería y una sala de primeros auxilios para brindar asistencia médica a los empleados y obreros (permanentes y temporarios) y sus familias. Las enfermerías debían contar con una cama cada 100 trabajadores o fracción que no bajara de 50. Anualmente, el Consejo de Higiene –con base en la información suministrada por el Departamento de Trabajo– determinaría cuáles eran los establecimientos que debían cumplir con las exigencias de la ley.

La temprana creación del hospital San Luis excluyó a los propietarios del Bella Vista de las multas que empezaron a labrarse en 1926 en razón de la inobservancia de la novel legislación. Sin embargo, la asistencia médica brindada por la familia García Fernández y otros cuatro empresarios sobre un total de 24 no impidió la articulación corporativa de los industriales, quienes se abroquelaron, exitosamente, para exigir la suspensión de la ley. Significativamente, uno de los impulsores de la derogación de la normativa de asistencia médica en los ingenios fue Arturo Álvarez, médico del Bella Vista entre 1916 y 1930, y senador provincial en 1926, cuando se aprobó la mencionada supresión.[13]

De esta forma, los términos de compromiso y negociación entre los industriales y las autoridades públicas para avanzar en la construcción de la escolaridad y la asistencia médica en el espacio azucarero fueron disímiles. A diferencia de la primera, la esfera sanitaria expresó mayores puntos de fricción al interpelar a los empresarios con la sanción de una ley, que despertó el unánime rechazo corporativo. Por su parte, en Bella Vista, la escolaridad avanzó y se multiplicó prioritariamente bajo el paraguas estatal, a diferencia de la atención hospitalaria que –hasta la década de 1960– fue un servicio provisto exclusivamente por la patronal. Esta situación inscribió el cuidado de la salud en un fragmentado y complejo entramado donde el avance de la medicina diplomada quedó asociado, prioritariamente, a la iniciativa particular de los empresarios y, en menor medida, a la presencia estatal (a través de la Comisión de Higiene y Fomento), particularidad que alentó la persistencia de la medicina popular.

Revisitando el paternalismo: ¿construcción unilateral, vertical y uniforme?

¿Cómo se construyó la noción de paternalismo en la esfera azucarera? ¿Cuáles son las implicancias y posibilidades de su uso para abordar los pueblos de ingenio? ¿Qué alcances, tensiones y negociaciones es posible advertir en la configuración de las políticas asistencialistas? ¿Quiénes y cómo las interpelaron? La concepción paternalista de las relaciones laborales azucareras, definida e impulsada tempranamente por los empresarios, se convirtió en un común sentido historiográfico que, con diversos énfasis y matices, modeló la visión del empresariado y de la experiencia obrera. En 1910 los industriales precisaron que “los ingenios de Tucumán son los únicos establecimientos industriales del país, en que persiste aún algo del régimen patriarcal, de las relaciones personales e íntimas que existían entre los patrones y obreros en otros tiempos”. Expresión de ese régimen eran los hospitales, escuelas y otras instituciones de beneficencia creadas y sostenidas exclusivamente por los patrones, las que revelaban su “espíritu humanitario” y el “interés personal por la suerte de sus obreros”.[14] Esta construcción “desde arriba” permeó la historiografía pero, en las últimas décadas, diversos esfuerzos coadyuvaron a tensionarla. Así, el paternalismo y el asistencialismo fueron repensados al influjo de la resistencia obrera y de la diversidad y asimetría de los servicios sociales brindados por los empresarios (Campi, 1993 y 2002; Landaburu, 2013a). Por su parte, el mundo obrero de principios del siglo xx disputado por católicos, anarquistas y socialistas habilitó intersticios para repensar el paternalismo; al tiempo que los estudios sobre el Departamento Provincial de Trabajo, creado en 1917, y la huelga de 1923, que conquistó el salario mínimo y la jornada laboral de ocho horas para los obreros de fábrica, pusieron en tensión la concepción privada de las relaciones laborales defendida por los industriales (Bravo, 2004; Bravo y Teitelbaum, 2009; Landaburu y Lenis, 2015; Landaburu, 2013b; Ullivarri, 2018). Si bien estas líneas de investigación complejizaron la visión del paternalismo empresarial, analizar los cuestionamientos formulados a esas políticas habilita un punto de mira que, situado en lo local, nos devuelve una imagen más dinámica y conflictiva de su construcción. En efecto, asumir este desafío implica recuperar las marcas territoriales del asistencialismo, los múltiples actores que, al desbordar la relación patrón/obrero, intervinieron en esa trama; y las prácticas cotidianas donde anidaron disconformidades, demandas y humillaciones.

En este contexto de preocupaciones, la proveeduría constituye una vía de entrada para problematizar las tensiones que interpelaron las políticas paternalistas. Como ya señalamos, en Bella Vista, La Atalaya se fundó en 1898 en un local ubicado en la Villa, a un costado de la estación ferroviaria. En ocasión del conato de huelga de 1917, los obreros presentaron un petitorio para demandar aumento salarial y la exigencia de su pago en moneda legal y “en el escritorio del ingenio”.[15] En esa oportunidad, los trabajadores informaron que los salarios “los abonaba el ingenio con órdenes que giraban a cargo de la casa comercial de los señores Ángel Valdecantos y Cía.”, quienes proveían de las mercaderías y “al abonarles las órdenes antes expresadas les descontaban la cantidad que ellos adeudaban y, religiosamente, les entregaban el saldo en efectivo”.[16] A trece años de la generalizada huelga que había culminado con la abolición formal de fichas y vales y, por ende, de las proveedurías, esta nueva medida de fuerza evidenció su vigencia y el restringido y condicionado acceso que los obreros tenían a la moneda de curso legal. Así, una vez saldadas las deudas en la proveeduría, los obreros podían percibir, en el mejor de los casos, un porcentaje de su salario en efectivo. En estas coordenadas se inscribía el petitorio obrero para que el pago de salario se hiciera en moneda legal y se abonara en el escritorio del ingenio.

Frente a este cuestionamiento, García Fernández señaló que

… respecto a los vales no veo la razón de la queja, pues es igual que dinero en efectivo […] Prueba de la aceptación que tienen esos vales es que gran parte del comercio de la villa los canjea a los obreros, para luego cobrarlos en la Atalaya.[17]

Esta respuesta supone incorporar un actor importante en el entramado bellavisteño, los comerciantes de la Villa, quienes dieron vida a una densa actividad mercantil, especialmente, desde la llegada de los inmigrantes árabes. La multiplicación de almacenes pudo significar un polo de competencia para La Atalaya y un acicate para alentar acuerdos con “los turcos”, prácticas que relajaron el monopolio comercial de la proveeduría pero, en principio, no conllevaron a la abolición de los vales.

Aunque difíciles de captar en la documentación histórica, una arista de estas prácticas puede percibirse en referencias brindadas por la patronal. Así, en 1922 señalaban que en la proveeduría del ingenio los obreros podían conseguir artículos de calidad

… como no los ofrecen comercios importantes […] y mucho menos, a los precios que se cotizan en las casas establecidas en Bella Vista, las que son ayudadas por el ingenio, siempre que se mantengan sin ejercer explotaciones odiosas a los peones, como sucede en las que se instalan fuera del radio de acción de los administradores de esta fábrica. (Padilla, 1922: 307).

Probablemente, esta “ayuda” aludiera a los acuerdos que permitían a los obreros comprar artículos en los almacenes de la Villa con los vales del ingenio, prácticas que también implicaron la participación de estos comerciantes en las redes políticas de los García Fernández, especialmente, desde finales de los años 20, luego de su desembarco en el Partido Radical. Por su parte, los comerciantes marginados del “radio de acción” de la fábrica eran excluidos de los acuerdos con la patronal y, por ende, no “tenían cabida en las redes políticas vinculadas al ingenio”.[18]

En este contexto de prácticas, es viable suponer que ese pujante comercio tensionara la continuidad de la proveeduría e incidiera en su desaparición. Probablemente, la competencia mercantil de “los turcos” –que alentó acuerdos comerciales con la patronal y ofreció a la comunidad obrera una cercana y más amplia variedad de productos y precios– repercutió en su cierre, a principios de la década de 1930. De esta forma, la particular configuración espacial de Bella Vista, la ubicación de la proveeduría, las demandas obreras y los intereses de los comerciantes locales definieron el ocaso de una práctica paternalista que, en otras fábricas, perduró hasta mediados de los años cuarenta.

Por otro lado, los propietarios del ingenio se involucraron en diversas iniciativas asistencialistas como la Gota de Leche. En Bella Vista, esta institución, creada en 1918, fue administrada por la Sociedad San Vicente de Paul en un edificio construido por el gobierno provincial en la Villa. Funcionó con la colaboración de la patronal quien –a través de la instalación de un tambo– suministraba la leche para los niños, involucramiento que conllevó a bautizar el local como Gota de Leche Manuel García Fernández.[19] Otras medidas asistenciales fueron el sostenimiento de una olla infantil –que repartía raciones diarias de comida a los niños– y una cocina popular instalada en la Villa, que distribuía alimento durante los meses de la interzafra cuando el trabajo disminuía. Asimismo, impulsaron acciones de beneficencia católica que incluyeron el contrato de una monja francesa para dictar catequesis a los hijos de los obreros y promover su primera comunión, ocasión en la que obsequiaban a los niños la vestimenta y el calzado y cuyo festejo se concretaba en el chalet del ingenio.

¿Qué alcances tuvieron estas políticas asistencialistas? ¿Contribuyeron a la integración del espacio bellavisteño? ¿Qué tensiones y cuestionamientos se advierten en su implementación? Los destinatarios del asistencialismo no se limitaron a la zona el Ingenio, sino que se extendieron a los habitantes de la Villa. Si, por un lado, estas prácticas fueron una instancia de integración comunitaria, por otro, fueron objeto de tensiones. Así lo demostró el funcionamiento de la olla popular al cristalizar las disputas entre los “carenciados” de la Villa y los del Ingenio, quienes se consideraban los exclusivos destinatarios de las raciones y obligaban a los de la Villa a “pelearse a patadas para llegar a la popular”.[20]

Esta experiencia nos devuelve cómo las rivalidades y la mirada sobre “el otro” alimentaron el imaginario de ambos espacios. Revela las tensiones entre quienes se sentían con más “derecho” a la “popular” por estar vinculados al ingenio y aquellos que formalmente no tenían vínculos con “don Manolo” –apodo con el que se identificaba al propietario del ingenio– por no ser hijos de obreros. Es decir, entre quienes reivindicaban ser beneficiarios directos de la fábrica y aquellos que afirmaban su derecho porque “don Manolo había dicho que era para todo Bella Vista, siempre que sea gente carenciada”. Este juego de prácticas y percepciones del otro invita a repensar la forma en que la construcción de identidades sociales delineó sentidos de pertenencia y de exclusión que también modelaron y resignificaron las políticas asistencialistas (Fernández, 2007: 33).

En suma, recuperar los actores, las prácticas y la territorialidad que involucraron a la proveeduría y la olla popular en Bella Vista habilita un punto de mira privilegiado para descomponer y horadar la noción unívoca y vertical del paternalismo empresarial. La escala local permite recuperar las implicancias “a ras del suelo” del asistencialismo; las tensiones, interpelaciones y negociaciones que lo modelaron y que, como pudimos analizar, no involucraron solamente a sus directos destinatarios, los obreros, sino a múltiples vecinos de la Villa. En efecto, reponer la espacialidad invita a repensar el paternalismo y sus implicancias, más allá de las fronteras del Ingenio y la comunidad laboral.

Consideraciones finales

Este capítulo recuperó tres preocupaciones que permiten repensar los supuestos inherentes a la noción uniforme de pueblo azucarero: la espacialidad y las marcas estatales; la experiencia transaccional en la construcción de la escolaridad y el cuidado de la salud; y los actores y relaciones involucrados en el paternalismo. La perspectiva local adoptada para abordar estos problemas nos permitió restituir experiencias, visibilizar actores y rescatar la territorialidad de las relaciones sociales. De ese modo, la configuración espacial de Bella Vista ilumina la complejidad de un espacio que, si bien se desarrolló bajo el impulso socioeconómico del ingenio, contempló a actores, dinámicas y sociabilidades que lo desbordaron.

Al diferenciar los espacios del Ingenio y la Villa fue posible cuestionar la presencia de la patronal como única articuladora del pueblo y la noción homogénea de una comunidad exclusivamente obrera. En línea con las interpretaciones más recientes sobre los pueblos de ingenio, esta propuesta socialmente espacializada nos llevó a desandar la agencia de los vecinos en las instancias de gobierno, la relación entre la iniciativa pública y privada en el armado de la trama educativa y sanitaria y las tensiones inherentes a las prácticas paternalistas que incluyeron a un amplio espectro de actores. Por tanto, los vasos comunicantes entre los espacios que dinamizaron el pueblo fueron múltiples y modelaron sentidos de pertenencia compartidos, sin embargo, ese horizonte común convivió con tensiones arraigadas en las particularidades de la Villa y el Ingenio.

En suma, apostamos por un abordaje local como una vía de entrada privilegiada para cuestionar construcciones de conocimiento que tendieron a desdibujar las diferencias entre los pueblos azucareros y discutir un sentido historiográfico que uniformó sus aportes al conjunto de las unidades agroindustriales. Frente a esta imagen que tendió a la generalización, los estudios localizados alientan interrogantes que nos devuelven una imagen más densa y compleja de los pueblos, de la construcción de la estatalidad y del rol de la patronal.


  1. Agradecemos los comentarios de Sandra Fernández a una versión preliminar de este trabajo.
  2. Las preguntas y preocupaciones plasmadas en este capítulo se enmarcan en el proyecto PIP‑CONICET “La construcción social de lo político: cañeros y trabajadores en los pueblos azucareros, Tucumán, 1896‑1966”, dirigido por María Celia Bravo, y en el PICT “Las formas locales de la política. Actores, redes partidarias y dinámicas asociativas en el pueblo azucarero de Bella Vista (Tucumán, 1934‑1966)”, dirigido por Leandro Lichtmajer.
  3. Cabe señalar que, con objetivos y perspectivas distintas, la literatura testimonial vinculada a los pueblos azucareros recuperó aristas de este imaginario (Mercado, 1999; Valeros y Salazar, 2012).
  4. La categoría de distrito rural atribuida en 1869, la existencia de un batallón en 1870, la designación de distrito electoral en 1875 y la existencia de una escuela, al menos desde 1881, demuestran que Bella Vista constituía un centro de población importante.
  5. República Argentina, iii Censo Nacional. 1914. (Buenos Aires) tomo 4, junio; p. 470.
  6. Godoy, propietario de una panadería, fue un importante comerciante de la Villa y formó parte de la primera Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Marco Avellaneda fundada en 1915 (Guía Ilustrada de Tucumán, 1901: 177. Véase también Valeros y Salazar, 2012: 403, y Vidal, 2017: 234).
  7. A diferencia del fundador del ingenio, que si bien apoyaba al conservadurismo no se involucró en las prácticas partidarias, Manuel García Fernández (hijo) se convirtió, desde principios de la década de 1920, en un referente indiscutido del Partido Radical (Lichtmajer, 2020). Esta variable debe tenerse en cuenta al momento de explicar los cambios en la designación de las autoridades locales, en las que la patronal pareció ejercer una mayor influencia. El principal juez de paz durante la década de 1930 fue Felipe Salto, empleado jerárquico del ingenio y miembro del partido radical. Salto asumió su cargo con el aval y la autorización de García Fernández (hijo), ya que para desempeñarse como juez de paz debía dejar su cargo en el ingenio temporalmente (Archivo privado Manuel Valeros, Carta de Felipe Salto a M. García Fernández, 20 de octubre de 1944). Respecto a la Comisión de Higiene y Fomento, es posible hacer un contrapunto con la conformada en 1937, integrada por Eduardo Berry, Jesús Sobrevilla, Carlos Erbetta y Timoteo Ruiz, quienes se desempeñaban como empleados jerárquicos del ingenio y participaron en la vida partidaria local en las lides del radicalismo.
  8. Guía Argentina 1914. Comercial, industrial, profesional y social. Tucumán, Santiago del Estero y Salta, Tucumán, Flores y Cía., 1914.
  9. Consejo General de Educación. (1900). Educación Común en la Provincia de Tucumán. 1900. Memoria presentada al Ministro de Hacienda e Instrucción Pública por el Presidente del Consejo General de Educación, Ing. Miguel Olmos (Tucumán: Imprenta La Velocidad), pp. 47‑48. Referencia extraída de Vidal Sanz (2009: 202).
  10. Reglamento para los peones del ingenio Bella Vista, 1904. La ración consistía en el reparto diario de un kilo de carne y un kilo de maíz y la entrega de leña semanal.
  11. Guía Argentina comercial, industrial, profesional y social. Tucumán, Santiago del Estero y Salta, Tucumán, Flores y Cía., 1914. Sehadi fue el primer médico de la Villa y del Ingenio, que se desempeñó también en el Hospital San Luis.
  12. En efecto, en 1929 Bella Vista informó que 165 enfermos fueron atendidos en el “hospital” (posiblemente los efectivamente internados) y 4.434 recurrieron al “consultorio externo”. En tal sentido, esta segunda opción –por la cantidad de pacientes y la noción de “externo”– permite inferir que las consultas involucraban a un conjunto de pacientes que superaba a los obreros y empleados azucareros. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Antecedentes sobre las leyes 2.0182.029 y 2.0272.116. 1948. (Tucumán); p. 57.
  13. Finalmente, la ley de asistencia médica y hospitalaria de 1925 fue suspendida, al tiempo que se declaró obligatoria la asistencia médica diaria. Esta diferenciación desarticuló dos aspectos que resultaban irritantes a la patronal: la permanencia del médico en el ingenio y la exigencia de un determinado número de camas para internación.
  14. Revista Azucarera. 1913. (Buenos Aires) n.º 132, diciembre; pp. 243‑244. Con la llegada del radicalismo al poder, esta imagen del patrón proveedor fue potenciada, como una actitud defensiva, por los propios industriales. Así, “cuando el Estado intentó tener un rol más activo en la regulación de las relaciones laborales, uno de los argumentos centrales de los propietarios de ingenio giró en torno a las mejoras que habían brindado en sus fábricas” (Landaburu, 2013a: 41).
  15. El Orden. 1917. (Tucumán) 11 de julio. Agradecemos a Alejandra Landaburu estas referencias periodísticas.
  16. El Orden. 1917. (Tucumán) 12 de julio.
  17. El Orden. 1917. (Tucumán). 16 de julio.
  18. Entrevista a Manuel Valeros realizada por Leandro Lichtmajer, Tucumán, 7 de mayo de 2013.
  19. La Gota de Leche fue creada en Francia en 1894 para remediar la desnutrición y alta mortalidad infantil de los sectores populares. En Bella Vista funcionó hasta 1950, cuando se convirtió en dispensario (Valeros y Salazar, 2012: 387).
  20. Entrevista a Julio Lescano realizada por Lucía Santos Lepera y Florencia Gutiérrez, Bella Vista, 17 de marzo de 2016.


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