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6 Cuestión agraria e identidades políticas en clave local

El peronismo y los arrenderos de Yavi (Jujuy)

Adriana Kindgard (UNIHR‑UNJu/CONICET)

Introducción

En tiempos en que el peronismo irrumpió en el horizonte político nacional la estructura agraria prevaleciente en la región de la Puna jujeña se caracterizaba por la presencia de las “haciendas de arrenderos”: grandes extensiones de tierra en manos de propietarios –en general absentistas– que se beneficiaban de los ingresos de rentas y pastajes que cobraban a los aborígenes habitantes de sus fundos. Hacia el sur de la frontera con Bolivia y al oeste de la línea divisoria entre Jujuy y Salta, siguiendo las cumbres de las serranías de Zenta, se emplazaba uno de esos latifundios: Yavi, con 236.812 hectáreas, era el más extenso de la provincia, abarcando prácticamente la totalidad del departamento homónimo.

Una motivación de peso en la reconstrucción histórica que proponemos en torno a los arrenderos de la gran hacienda de Yavi ha sido la de intentar horadar ciertos supuestos sobre la cultura política de los habitantes del altiplano jujeño en tiempos de la irrupción del peronismo. Otra motivación, no menos importante, fue la oportunidad de reflexionar, a la par, sobre el camino metodológico elegido para hacerlo. Empecemos por exponer aquellos y explicitar este.

La medida en que ha sobrevivido en la historiografía la imagen del profundo contraste entre un dinámico centro metropolitano y un interior tradicionalista, con relaciones sociales anquilosadas y comportamientos políticos “premodernos”, pueden darla, por ejemplo, las interpretaciones prevalecientes sobre las motivaciones y los significados que los aborígenes de la Puna jujeña otorgaron al llamado “Malón de la Paz” de 1946.[1] Así, Moira Mackinnon veía en este episodio una manifestación del fenómeno de “quiebre de la deferencia” que el peronismo habría posibilitado en las “provincias más tradicionales”, enfatizando los rasgos novedosos que adquirieron las prácticas contestatarias de los “indígenas del norte” (“grupo social particularmente subordinado”, al decir de la autora) en un contexto de conmoción de rutinas y certezas fruto de la movilización que el nuevo movimiento político alentaba (Mackinnon, 1996: 93‑94). Esta imagen del súbito despertar de una conciencia indígena habituada a la obediencia y al consentimiento queda –como veremos en las páginas que siguen– relativizada por la larga tradición puneña de acción social reivindicativa en torno a la cuestión agraria, pero lo que me interesa resaltar aquí es la idea implicada en esta visión respecto de la debilidad que habrían tenido en vísperas del peronismo los procesos de integración de los pobladores del altiplano jujeño a la dinámica político‑partidaria provincial y nacional. Más recientemente, en un registro similar en la medida en que desdibuja el espacio que la mirada analítica deja a la articulación entre identidad étnica y política, la antropóloga Diana Lenton creía ver en la decisión de los puneños de emprender la travesía a pie –descartando la utilización del ferrocarril estatal– “su negativa a subordinarse ellos mismos a los símbolos del Estado de bienestar”, resistiéndose a encuadrarse en la homogeneizadora imagen peronista del “pueblo” y en el lugar que el proyecto político de Perón les asignaba como partes, ellos también y en tanto trabajadores, de la “comunidad organizada” (Lenton, 2010: 101).[2] Una de las formas del proceso de homogenización aludido habría sido la igualación del estatus cívico de los puneños respecto al resto de los habitantes del país. Pero, como una mirada local va a permitir develar, los campesinos indígenas arrendatarios del altiplano jujeño portaban desde hacía largo tiempo sus libretas de enrolamiento, figuraban en los padrones electorales, se afiliaban a partidos políticos, concurrían a las convocatorias comiciales e incluso se postulaban como candidatos, resultando electos en algunas ocasiones.

Discernir los significados que para los puneños tuvo la irrupción del peronismo en el horizonte nacional, vislumbrando la naturaleza del vínculo identitario, nos enfrenta a una cuestión teórico‑metodológica superlativa.[3] Una forma de encararla sugiere –al modo de los microhistoriadores italianos– anclar la problemática en un espacio local para procurar observar la acción humana en el entrecruzamiento de los múltiples contextos que le otorgan un sentido, develando de este modo los perfiles de la racionalidad implicada (Levi, 2018). Al asumir que este es el camino, reconocemos también que las páginas que siguen representan, en todo caso, solo un tramo del recorrido.

Raíces del conflicto social puneño en torno a la propiedad de la tierra

El derecho a la tierra había sido una reivindicación constante y central en las diversas formas de protesta social en el norte jujeño. En 1835, al momento de conquistar Jujuy su autonomía respecto de Salta, la Legislatura provincial había sancionado una ley reconociendo a las comunidades indígenas de las tierras altas su derecho de propiedad inalienable. Sin embargo, los sucesivos gobiernos hicieron de esta legislación letra muerta, realizando subastas públicas o vendiéndolas en forma directa, proyectando el latifundio en el tiempo y convirtiendo a los indígenas en arrendatarios.

La hacienda de Yavi había formado parte durante la colonia de los vastos dominios del Marquesado del Valle de Tojo, unidad socioeconómica con centro en Tarija (Bolivia) y Yavi (Argentina) que consiguió preservarse intacta hasta el último tercio del siglo xix, a pesar del trazado de las fronteras nacionales tras el proceso independentista (Teruel: 2016). Aunque la encomienda era una relación tributaria que no implicaba la propiedad del territorio del grupo encomendado, los marqueses se impusieron como dueños de las que habían sido tierras de reducción de los indígenas de las encomiendas de Casabindo y Cochinoca, obtenidas por sus antepasados en 1654, obligando a sus habitantes a pagar arriendos. La situación empezó a ser cuestionada por estos hacia la década de 1870, canalizándose los reclamos a través de la justicia provincial, lo que al cabo derivaría en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando que las tierras en cuestión eran propiedad del fisco jujeño. El ejemplo cundió a lo largo del altiplano, desencadenándose una ola de protestas materializadas en la negativa a pagar los arriendos.

Aunque el reclamo de los puneños encontró eco en las estructuras del poder político, el derrocamiento del gobernador por una facción opositora precipitó la solución armada, y se produjeron varios movimientos de resistencia y rebelión. La reacción más violenta tuvo lugar en 1874; uno de sus cabecillas fue el arrendero de la hacienda de Yavi, Anastasio Inca (Fidalgo, 1988). Tejiendo una red de contactos entre arrenderos de diversos distritos, un millar de puneños se levantaron en armas atacando los pueblos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada y obteniendo un triunfo en los campos de Cochinoca para finalmente ser vencidos en el paraje de Quera, suceso que tuvo como epílogo una serie de masacres y fusilamientos ordenados por el nuevo gobierno, que sofocó el movimiento (Paz, 1992). Según da cuenta la tradición, en cada esquina de la plaza del pueblo de Yavi fue ejecutado un insurrecto (Fidalgo, 1988).

Los terrenos de las antiguas encomiendas, expropiados y traspasados al Estado provincial, fueron vendidos o subastados en grandes extensiones, proyectándose el latifundio en el tiempo, de modo que a mediados del siglo xx las tierras de la Puna estaban concentradas en unas pocas manos privadas. Según informe del entonces senador nacional por Jujuy, Miguel Tanco, presentado al Congreso en 1949, había en la Puna latifundios que abarcaban departamentos enteros, valuados por el fisco en $108.000. Sus propietarios percibían de $30.000 a $40.000 por año en concepto de arrendamiento, lo que equivalía a un rédito de alrededor del 37% por lo que cada tres años –decía– los arrendatarios puneños pagaban el valor de las tierras que ocupaban.[4]

Tras la expropiación de la década de 1870 y la venta de la finca de Yoscaba a sus habitantes a finales del siglo xix, los territorios del exmarquesado en el altiplano argentino fueron la hacienda de Yavi, en Jujuy, y la de Santa Victoria, en Salta. En el interior de la primera, el único pueblo que podía considerarse como tal era Yavi, con su famosa iglesia (declarada monumento nacional en 1941) y la antigua casona que había sido residencia de los marqueses. A los fines de su administración la finca estaba dividida en 16 fracciones denominadas “rodeos”, cuyo emplazamiento seguía en general la topografía del terreno, surcado por tres cadenas de serranías que formaban dos amplios valles donde se distribuían los centros poblados.[5] Cada rodeo tenía un capataz (que era la autoridad administrativa), un juez de paz auxiliar y un comisionado rural, recayendo estas últimas funciones en los mismos arrenderos, quienes las cumplían ad honorem.

Yavi tenía características excepcionales respecto de otras zonas de la Puna, por contar con numerosas aguadas que, además de las ventajas para el pastoreo, permitían el cultivo de cereales, hortalizas y legumbres en una escala significativa para la región.[6] En general, la agricultura intensiva en la Puna era impensable sin acudir a las relaciones recíprocas; entre ellas, la principal era la minka, consistente en intercambios de trabajo en los picos del ciclo agrícola, a restituirse antes de que este finalizara. Como ha sido señalado, la significación que tenía la posesión de la tierra para los puneños no derivaba solamente de su valor económico, sino que entrañaba a la vez un fuerte contenido simbólico ligado a la recreación de lazos de solidaridad que estaban en la base del sentido comunitario de organización social (Isla, 1992). He aquí un punto nodal de la cuestión agraria puneña: el acceso común a los recursos hídricos, indispensable en una sociedad de campesinos “criadores”, que practicaban la ganadería extensiva. La interacción entre los pobladores de Yavi se vio favorecida por la extensa red de caminos vecinales que atravesaban la propiedad en todas direcciones, uniendo los distintos rodeos.[7] Esto debió haber facilitado, como veremos en el próximo apartado, la integración de los arrenderos en una organización política supralocal que canalizó sus aspiraciones de cambio social.

Cuestión agraria y experiencia político‑partidaria entre los arrenderos de Yavi

En 1918, año del triunfo en Jujuy del primer gobernador radical, Horacio Carrillo, un grupo de campesinos puneños se trasladaba hasta Buenos Aires con el fin de interesar al presidente Yrigoyen en la cuestión de las tierras del altiplano jujeño.[8] Al año siguiente, habitantes de distintos distritos de la hacienda de Yavi se dirigían al gobierno pidiendo la suspensión del cobro de arriendos y la expropiación del fundo, por entonces en manos de la salteña Corina Aráoz de Campero (Fidalgo, 1988).

En 1921 el teniente de fragata Miguel Tanco regresaba a su provincia natal, por expresa petición de Yrigoyen, a fin de colaborar con el jaqueado gobierno del radical Mateo Córdova, asediado por la oposición que obstruía el funcionamiento del Poder Legislativo local. Ocupando en la ocasión la Jefatura de Policía, en 1922 Tanco asumía como ministro de Gobierno, dando así los pasos iniciales de una larga carrera política, tras solicitar su retiro de la Armada. Imbuido de las ideas de Henry George, desde el principio de su actuación pública dio prioridad a la cuestión del latifundio y la estructura agraria en las tierras altas. Dispuesto a extender las bases del yrigoyenismo en Jujuy y con el objetivo de sostener su candidatura a gobernador, impulsó en 1923 la formación de una red de comités políticos a la que llamó La Unión Popular (Fleitas, 2010), privilegiando dentro de ella la organización de cuadros en la Quebrada y Puna:

Ciudadanos Nativos de Jujuy!! Representantes de la raza primitiva!! Pobladores de la Quebrada y de la Puna!! Oíd!!! […] Congregaos en vuestros Departamentos, intensificad la propaganda y designad vuestros representantes que merezcan mayor confianza, para que organicen un Comité en debida forma, y para convenir el programa que ha de servir de bandera a la nueva agrupación ¡ADELANTE![9]

El llamado no se hizo esperar. Entre los treinta y siete suscriptores de la nota que circuló por la Puna y la Quebrada hacia mediados de 1923 se hallaban Julio Sarapura, Gregorio Espejo, Pedro Gaspar y Pedro Mamaní, arrendatarios “criadores” de las fincas o “rodeos” de Corral Blanco, Sansana, Tafna y Chalguamayo, respectivamente, que formaban parte de la hacienda de Yavi, erigiéndose en representantes seccionales de La Unión Popular.[10]

Ese mismo año, desde la administración de la hacienda de Yavi se comunicaba a los “arrenderos de los rodeos de la Finca” que, de no pasar a retirar los recibos de los pagos que adeudaban, “se procederá al Embargo y Desalojo cargándoles las costas y perjuicios que originen, como determinan los Art. 456 y 458 del Código Civil, Comercial y Criminal Vigente”. Desafiantes, los “hermanos de La Unión” replicaban a los “falsos propietarios [que] pretenden asustarnos” que:

… es inútil todo lo que hagan con el fin de pescar incautos. Primero que acrediten sus títulos y después que recién invoquen [sic] artículos del Código. Los tontos se terminaron. Hoy conocemos lo que es la constitución y leyes, tanto de la nación como de la provincia.[11]

En otro suelto de 1923, del que se conserva la versión manuscrita con las firmas originales, cincuenta y dos pobladores de los rodeos yaveños de Tafna y de Cerrillos, expresaban:

… unidos como un solo hombre venimos a dirijirnos [sic] al Exmo. Señor Gobernador de la Provincia para pedirle amparo en los derechos que nos acuerdan las leyes y hacer que se nos conozcan los títulos que tenemos a la pacífica tenencia de las tierras que poseemos desde épocas inmemoriales, como continuadores de la posesión de nuestros antepasados.[12]

Desde su cargo de ministro de Gobierno, Miguel Tanco elaboró un –al cabo malogrado– proyecto de ley para subvencionar la adquisición de tierras en la Quebrada y Puna. En oportunidad de su tratamiento en la Cámara, se había hecho circular el texto de la ley, bajo la forma de suelto propagandístico de la UCR, instando a concurrir al recinto legislativo en su apoyo:

¡Hoy los hijos del pueblo ya no deben arrastrar cadenas! A concurrir todos en masa cuando se trate de sancionar la ley para conocer personalmente y no confundir a los legisladores que no quieran sancionarla; los cuales desde ese momento serán reos de alta traición a los intereses de los humildes. ¡Vivan los hijos del pueblo! ¡Vivan los liberados! (Kindgard, 2003: 199).

Reivindicador de la enfiteusis rivadaviana, Tanco defendía la idea de mantener la tierra en manos del fisco como garantía del acceso a ella de quienes la habitaban y trabajaban, no solo para asegurarles la indispensable disposición comunitaria de las escasas fuentes hídricas de la región, sino para evitar con ello los procesos de concentración en los que solía desembocar incluso la enajenación de la tierra en forma de pequeñas propiedades. Estas concepciones lo acercaban al ideario georgista.[13]

Hacia finales de 1923, ciento cuarenta “ciudadanos nativos del departamento de Yavi” llamaban a apoyar la candidatura a gobernador de Miguel Tanco y de los diputados puneños a la Legislatura, en los comicios a celebrarse el 6 de enero de 1924:

… a todos los ciudadanos argentinos radicales de verdad para dar una voz de alerta compañeros de “La Unión”, ahora más que nunca marchamos unidos con una sola opinión para concurrir a los comicios del seis de enero próximo, á elegir nuestras autoridades, quienes sabrán hacer respetar nuestros derechos consultando las lejítimas [sic] aspiraciones del pueblo jujeño, y como pobladores unidos de estas regiones, unidos como un solo hombre lucharemos abiertamente con todos los enemigos políticos que se nos opongan y dando un grito de libertad sacaremos triunfante al futuro Gobernador Señor Miguel A. Tanco y los Diputados a la H. Legislatura de la Provincia, elegidos para bien de nuestra raza, quedando desde ya libres de la exclavitud [sic] de los terratenientes.[14]

Aunque la alianza entre conservadores y radicales antipersonalistas frustró en lo inmediato el acceso de Tanco a la gobernación, el puneño Francisco Quipildor fue consagrado diputado por el departamento de Rinconada. Un lustro después los puneños volvían a ilusionarse anta la perspectiva del triunfo. Los primeros números del periódico tanquista La Unión publicaban el programa social de la UCR de Jujuy donde se incluía, junto a las tradicionales reivindicaciones partidarias –salario mínimo, jornada de ocho horas– la expropiación de los latifundios norteños.[15]

Al igual que desde otros distritos norteños, también los arrenderos de los rodeos de Yavi hacían llegar sus adhesiones:

Señor Miguel A. Tanco: Los abajo suscritos, vecinos de este Distrito [Cara Cara] y viejos amigos suyos tienen el agrado de dirigirse al único jefe del Partido Radical de Jujuy señor Miguel A. Tanco manifestándole nuestra solidaridad a la política que desde hace tantos años sostiene con admirable entereza.[16]

Una carta firmada por cincuenta habitantes de Barrios (Yavi), fechada el 9 de octubre de 1928, decía:

Tenemos el agrado de dirigirnos al digno Jefe de la Unión Cívica Radical de Jujuy y por su intermedio a nuestro presidente electo doctor Hipólito Irigoyen, que para bien de la patria el 12 de Octubre próximo asumirá por segunda vez la presidencia de la nación, manifestándole nuevamente nuestra adhesión a la sana política de la cual es Ud. en toda la Provincia de Jujuy, el único jefe. Sin otro motivo quedamos como siempre a sus gratas órdenes.[17]

A mediados de 1929 el diario refería a la “triunfal gira política” de Tanco, quien “ha sido aclamado futuro gobernador de la provincia a su paso por todas las estaciones de la Quebrada y Puna”.[18]

Todas las crónicas coinciden en afirmar que el 95% del electorado de la zona norte de la provincia responde la política sostenida por nuestro jefe señor Miguel A. Tanco en forma tan decidida y entusiasta como jamás ha ocurrido un caso igual al punto que, refieren nuestros corresponsales, estaciones ordinariamente desiertas como Purmamarca, Huacalera, Senador Pérez, Iturbe, Tres Cruces, Puesto del Marqués y Pumahuasi [este último un rodeo de Yavi] se han visto el jueves [25 de julio] al paso del tren atestadas de un gentío enorme de hombres, mujeres y niños, participando del júbilo delirante con que se ovacionaba al íncito caudillo.[19]

El 15 de septiembre de 1929 se realizaban elecciones internas del Partido Radical, instalándose mesas de votación en distintos distritos de la geografía provincial. En Yavi funcionaron tres: una en la ciudad fronteriza de La Quiaca, otra en el domicilio particular del “criador” de 55 años, José Cruz Valle, en el rodeo de Pumahuasi, y la tercera en la casa de Crespín Cusi, de 48 años y también criador de hacienda, ubicada en Cangrejillos.[20] Valle, Cusi, y los presidentes y suplentes de las mesas de los distritos rurales (Julio Sarapura, Mauricio Gerónimo, Pablo Torres y Vicente Farfán) aparecían entre los firmantes de, al menos, alguno de los petitorios de la primera mitad de la década de 1920. Los tres primeros habían suscrito –junto a otras ciento veintiséis personas– una larga requisitoria dirigida

… a los que han cobrado como dueños los arriendo de tantísimos años en esta titulada finca que acrediten la propiedad legítima ante un Juez Competente […] ¡Vivan los pobladores del Departamento de Yavi! ¡Viva la Unión Cívica Radical! ¡Levantarse los que han quedado![21]

Los tres –junto con Valle y Cusi– habían firmado también la carta de apoyo a la candidatura de Tanco en 1923 (ver supra).

El primer punto de la plataforma partidaria y del programa de gobierno difundido durante la campaña electoral rezaba: “Expropiación y fiscalización de los latifundios” y se refería a “la importantísima cuestión agraria que desde tanto tiempo acá mantiene latente el anhelo de mejoramiento de los sufridos y expoliados pobladores de la Puna y la Quebrada”.[22] Trayendo a colación un folleto de su autoría, Tanco aclaraba

… la forma racional en que habrá de llevarse a cabo por mi futuro gobierno la expropiación y fiscalización de los latifundios de esos apartados lugares en los que gimen sus pobladores angustiados por la exacción de exagerados arriendos y la desconsideración con que generalmente son tratados por los dueños de esas tierras.[23]

Miguel Tanco asumió al cabo la gobernación el 1º de enero de 1930. Lo había apoyado el 74% del electorado de la provincia, siendo mayor aún la proporción (82,3%) entre los habitantes de los distritos de las tierras altas y particularmente en Yavi, donde el radicalismo yrigoyenista se impuso sobre la alianza conservadora por el 90,2% de los votos.[24]

El 7 de mayo de 1930, a menos de una semana de inaugurado el período ordinario de sesiones en la Legislatura local, se trataba sobre tablas el proyecto enviado por el flamante mandatario sobre expropiación de los latifundios puneños “[que] ha constituido uno de los principales puntos del programa político del actual gobierno, que en su prédica partidaria no pudo dejar de contemplar la situación y los anhelos de los pobladores de la Puna”.[25] En cada uno de los cuatro departamentos puneños, el tanquismo había logrado triunfar, llevando sus candidatos a la Legislatura local. Honorio Cabana, un “tenedor de libros” domiciliado en La Quiaca, triunfó en Yavi.

Con mayoría oficialista, el parlamento jujeño sancionaba finalmente la Ley 880 de expropiación de los latifundios mientras se prohibían por decreto los trabajos personales de los arrendatarios. Decía el diputado Mendoza, al informar el proyecto:

Durante varias décadas los naturales protestaron, unas veces en forma pacífica y otras, al no ser escuchadas sus justas quejas, recurrieron a las armas, en los sangrientos choques de Quera y Cochinoca, que prueban la altivez y valentía con la que estos hombres defendían, no renunciando jamás a la esperanza de que llegara un día en que fueran reconocidas las justas y legítimas aspiraciones de los desheredados del altiplano. Y bien, señores diputados, ese día ha llegado.[26]

La brevedad de la administración tanquista –interrumpida a poco de andar por el golpe militar que el 6 de septiembre derrocó a Hipólito Yrigoyen de su segundo mandato presidencial– no permitió el pasaje de la letra a los hechos. Sin embargo, la memoria de aquellas iniciativas políticas se mantendría largamente activa en la región. Durante los años de la “restauración conservadora”, la lealtad del campesinado de las tierras altas hacia el líder radical jujeño mostró claros signos de persistencia, pese a los mecanismos de coerción desplegados desde el poder.

En 1930 Corina Aráoz de Campero aceptaba arrendar la hacienda de Yavi a la sociedad Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy, propietaria del ingenio salteño San Martín del Tabacal.[27] Como hubo de advertir años después el perito del Consejo Agrario Nacional, Pedro Pugno, “la finalidad principal de este campo es la de concentrar elementos humanos que permiten asegurar la tenencia de mano de obra, estable y barata, con destino a la provisión de jornaleros para los ingenios azucareros de la provincia de Salta”.[28] A partir de entonces, la permanencia de los arrenderos de la hacienda en sus hogares dependía del cumplimiento de las obligaciones contractuales preestablecidas que lo obligaban a concurrir anualmente a la zafra azucarera:

El TANTERO, vecino de…….Departamento de…….Provincia de…….se compromete a ir al INGENIO SAN MARTÍN a trabajar en la hachada, pelada, cargada y cultivos de caña y en otros trabajos que el Ingenio le ofreciere, durante todo el tiempo de la cosecha y cultivos de 1940. A tal efecto deberá presentarse en la Estación…….a tomar el tren que lo conducirá al ingenio, el día señalado para la partida, el cual le será comunicado oportunamente por intermedio del Administrador de la Finca…….El TANTERO reconoce haber recibido del INGENIO la suma de…….pesos m/n como anticipo, cantidad que se compromete a devolverle íntegramente con el producto de su trabajo en el INGENIO SAN MARTÍN.

Tanto el pasaje de ida al Ingenio como el de regreso serán por cuenta del INGENIO, pero queda bien entendido que el TANTERO no tendrá derecho a su pasaje de regreso antes de la amortización total de su deuda ni antes de la terminación de la Cosecha, ni tampoco si durante el transcurso de esta hubiera hecho abandono de sus tareas.[29]

Los abusos a que daba lugar el sistema y la forma brutal en que los campesinos eran transportados a los ingenios fueron objeto, a lo largo de los años, de numerosas denuncias por parte de políticos y funciona­rios.[30]

El administrador de la finca de Yavi erigido en contratista o “conchabador” era Mamerto Zalazar, comerciante oriundo del pueblo de Yavi quien se convirtió, además, en pieza central de la maquinaria electoral conservadora jujeña.[31] Su compañero de bancada Roberto Bidondo se refería a Zalazar de la siguiente manera:

Su consecuencia y lealtad partidaria se ha puesto de manifiesto en las diversas oportunidades en que el Partido Popular tuvo que intervenir en los actos electorales realizados en Yavi, en donde a pesar de la fuerte oposición que allí siempre ha habido, ha sabido conquistar un franco y decisivo triunfo.[32]

Los arrendatarios de las tierras altas jujeñas eran obligados –si querían conservar sus parcelas– no solo a acudir a los trabajos de la zafra azucarera, sino también a votar por el candidato a diputado provincial del conservadurismo.

Todavía a mediados de la década de 1940, un grupo de arrenderos del rodeo de Cangrejillos se dirigía al entonces interventor federal de la provincia, haciéndole saber que

Alministrador [sic] de la Finca de Yavi Don Mamerto Zalazar a depositado para su cobro recibos de arriendos de años anteriores y dentro de breves días saldrá para travar [sic] embargos de nuestras haciendas. Señor Interventor si aun adeudamos algunos rezagos de otros años no es porque en su oportunidad nos hayamos negado a pagar si no porque el Sr. Alministrador [sic] y sus capataces nos obligaban a ir al Ingenio Tabacal a pagar con nuestro trabajo el importe de nuestros arriendos. Muchas veces nos hemos presentado con el dinero listo para pagar sin lograr que se nos reciba y es por esta causa que aun somos deudores.[33]

El clivaje de 1943

Hacia el momento en que se producía el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que derrocó a Ramón Castillo de la presidencia y habilitó al cabo el acceso de Perón al poder, el latifundio de Yavi estaba en manos de la salteña Hortensia Campero, hija de Corina Aráoz, quien continuó arrendando la propiedad al ingenio San Martín. Para entonces, dentro de los límites de la finca tenían sus viviendas las familias de 1.309 arrenderos, la mayoría de los cuales (92%) eran criadores de hacienda (principalmente de ovejas pero también de llamas y burros) que combinaban, cuando las condiciones del suelo así lo permitían, actividades de labranza. El resto eran jornaleros, entre los que se contaban –de acuerdo a los datos recogidos del padrón electoral– “obreros de vialidad” y “mineros”, probablemente en los yacimientos existentes en el mismo fundo, aunque no podemos descartar que migraran estacionalmente a trabajar en algunas de las dos grandes empresas mineras que empezaron a funcionar en la Puna hacia mediados de los años 30: Mina Pirquitas, yacimiento de estaño en el departamento de Rinconada, y Mina El Aguilar (Humahuaca) para la explotación de plomo, zinc y plata.[34] Caso aparte era el del pueblo de Yavi, donde predominaban con mucho los labradores (81%) seguidos de jornaleros, comerciantes y algunos empleados públicos.[35] En orden descendente, la distribución de familias de arrenderos en cada rodeo era la siguiente: 155 en Cara Cara y Pulpera, 147 en Yavi Chico, 134 en Sansana, 139 en Yavi, 113 en Cangrejillos, 106 en Barrios, 87 en Chocoite, 86 en Pumahuasi, 76 en Suripugio, 46 en Corral Blanco, 42 en Cóndor, 42 en Escaya, 41 en Cangrejos, 34 en Cholacor, 29 en Toconaite y 27 en Abra Colorado.[36]

Al igual que vastos sectores populares a lo largo del país, los arrenderos de Yavi no tardarían en percibir, de modo concreto, el nuevo horizonte que el cambio de gobierno parecía abrir a sus expectativas de mejoras en sus condiciones de vida. Daniel Campione ha dado cuenta de las aristas del proceso de transformación político institucional inaugurado, que se tradujo rápidamente en un notorio fortalecimiento de la función presidencial vinculado a la idea de un Estado organizador de la sociedad (Campione, 2007), a lo que Perón añadiría la integración sociopolítica de los trabajadores. Un decreto del Ejecutivo Nacional creaba en noviembre de 1943 la Secretaría de Trabajo y Previsión, una de cuyas primeras medidas en Jujuy fue neutralizar la odiosa figura del contratista, que bien conocían las comunidades de las tierras altas. Se les exigió una fianza como garantía de cumplimiento de los contratos de trabajo, disponiéndose que el traslado de los obreros hasta los ingenios se hiciera en coches de segunda clase de los ferrocarriles. Se establecieron las condiciones genera­les de labor y se estipuló el precio a abonarse por tonelada de caña cosechada, fijándose salarios mínimos para las otras tareas conexas al cultivo.

Como ha apuntado Juan Carlos Torre, la legislación reformista de Perón no pudo menos que impactar hondamente en las masas populares dadas las grandes postergacio­nes que venían sufriendo (Torre, 2006). Prueba de que el fenómeno no quedó limitado a las áreas urbanas o a zonas con alta concentra­ción obrera la daba un poblador de Iturbe, en la Quebrada de Humahuaca, que en 1944 se dirigía por carta al mismo Perón, pidiéndo­le justicia por la explotación que sufría la gente del lugar a manos “del dueño de los negocios de almacenes y tiendas que es contratista del ingenio San Martín del Tabacal”.[37]

Si la política distributiva implementada desde Trabajo y Previsión apuntalaba la gravitación a nivel identitario del gobierno nacional y del líder que la propiciaba, en la Puna y la Quebrada jujeñas el fenómeno se conjugó con las expectativas de campesinos arrendatarios en torno a la solución de su ancestral problema agrario, esperanzas que hallaron un anclaje material concreto en las gestiones llevadas adelante por el Consejo Agrario Nacional, coronadas, además, por las promesas de campaña del propio Perón.

A fines de agosto de 1943, el abogado y periodista Antonio Manuel Molinari –autor del libro El Drama de la Tierra en la Argentina– había pasado a integrar el Directorio del Consejo Agrario, del que fue nombrado interventor a mediados de 1945. El 6 de noviembre de ese mismo año la entidad iniciaba los trámites para la expropiación de nueve campos (un total de 1.131.279 hectáreas) en las tierras altas de Jujuy y algunas zonas del altiplano salteño, disponiéndose las inspecciones preliminares de práctica en el terreno.

El Consejo Agrario había venido estudiando las posibilidades de colonización en la provincia de Jujuy –acogida a la Ley de Colonización 12.636– ya en septiembre de 1943. Tras fracasar la serie de llamados a licitación pública para adquirir “campos destinados a colonización” en la zona y no disponiéndose de terrenos fiscales en la región, se decidía “recurrir a la expropiación con el fin ineludible de adquirir tierras para resolver el problema de la colonización de la zona puneña, llevando el bienestar a que tienen derecho los pobladores de la Puna argentina”.[38]

El Plan Colonizador incluía a la hacienda de Yavi y también a Rodero y Negra Muerta, los dos territorios bajo control de los propietarios del ingenio San Martín del Tabacal que fueron los primeros –en razón de su “accesibilidad vial en épocas de lluvias estivales”– en ser inspeccionados por los técnicos de la repartición oficial. La expropiación afectaba, además, a otros latifundios importantes, como a San José de la Rinconada y a San Juan y Granada (departamento de Rinconada), pero dejaba afuera a importantes rodeos del departamento de Cochinoca, entre ellos, Tusaquillas, Abralaite, Quebraleña, Miraflores, Quera, Tinate, Queta y Abra Pampa, y es importante notar que fueron estos los distritos que aportarían el mayor contingente de arrenderos al “Malón de la Paz”.

Concretada la posesión de las fincas, la idea era “estudiar la situación de propietarios y arrendatarios a fin de resolverla oportunamente y entre tanto se hará practicar la mensura y se realizarán los estudios de subdivisión”.[39] El propósito de subdividir la tierra para racionalizar las explotaciones rurales –enunciado en el artículo 1.º de la Ley 12.636– entraba en colisión con el ideario tanquista, defensor de la fiscalización considerada vital para asegurar a los puneños el acceso comunal a los escasos recursos hídricos (ver supra). Resaltemos que, en medio del trance de la expropiación, la misma Hortensia Campero argumentaría que “El inmueble constituye una universalidad de hechos que sirve a la comunidad indígena allí establecida. Las distintas partes del campo se complementan recíprocamente y lo que no es apto para la agricultura se destina a campos de pastoreo común”.[40]

El 5 de diciembre, Molinari escribía al ministro de Guerra, el Gral. Humberto Sosa Molina, solicitando colaboración para que, por medio del Destacamento de Montaña con asiento en la provincia de Jujuy, se ayudara a la Comisión destacada en la Puna para hacer los estudios. Dos días después, en su edición del 7 de diciembre de 1945, el periódico Democracia (dirigido por el propio Molinari junto a Mauricio Birabent y Fernando Estrada) publicaba en primera página: “La Revolución expropiará feudos de Patrón Costas”.[41]

Los acontecimientos del 17 de octubre de ese año habían puesto de manifiesto la gravitación adquirida por el movimiento obrero en el escenario político del país. Un mes más tarde quedaba constituido el Partido Laborista, con voluntad de erigirse en representante y defensor de los intereses de la clase trabajadora. El 18 de diciembre tenía lugar en la ciudad capital jujeña una reunión de militantes obreros de distintos sindicatos de trabajadores y empleados, y de “simpatizantes del movimiento cívico encabezado por el Partido Laborista de la ciudad de Buenos Aires, con voluntad de constituir una filial del mismo en la provincia”.[42] El 23 de diciembre se dejaba constituido en la ciudad de La Quiaca el Comité Departamental del Partido Laborista de Yavi, cuyo presidente era el comerciante Manuel Díaz, acompañado como secretario por el empleado Alfredo Rodríguez. Entre los asistentes a la asamblea –todos los cuales dejaron plasmada su firma en las actas– predominaban comerciantes y empleados ferroviarios, y no figuraban habitantes de los distritos rurales del departamento, con la sola excepción del criador de 39 años, López Quispe, oriundo del rodeo de Cerrillos.[43]

Además de pronunciamientos sobre preservación y ampliación de las conquistas sociales logradas por los trabajadores en los últimos tiempos, la plataforma del Partido Laborista de Jujuy incluía una propuesta específica sobre el régimen agrario en el territorio provincial, en la línea propugnada por el Consejo Agrario Nacional, cuyos técnicos y peritos se encontraban recorriendo la Puna: el punto clave era la expropiación y la colonización de la región mediante la parcelación de la tierra.[44] En Jujuy el otro apoyo partidario a la candidatura de Perón provino del radicalismo liderado por Miguel Tanco, dotando al proceso de configuración del peronismo en la provincia de un referente central. Más allá de las promesas de Perón, el retorno del viejo caudillo a la primera escena política debió haber renovado en los puneños las esperanzas frustradas.

Las fuerzas que apoyaron la candidatura presidencial de Perón en las elecciones realizadas el 24 de febrero de 1946 resultaron triunfantes a nivel nacional y en cada una de las provincias, con la sola excepción de Corrientes. En Jujuy el 70% de los electores del distrito votaron en tal sentido. El triunfo del tanquismo fue arrollador. Obtuvo la gobernación de la provincia, las dos diputaciones nacionales y 16 de las 22 diputaciones provinciales, asegurándose así la presencia de Tanco en el Senado de la Nación. Las seis restantes bancas en el parlamento local fueron ganadas por el Partido Laborista.[45]

En el departamento de Yavi, la Unión Cívica Radical yrigoyenista liderada por Tanco había triunfado en forma contundente en todas las mesas receptoras de votos emplazadas en las escuelas nacionales o provincias de los distritos rurales, a saber: Pumahuasi (dos mesas con un promedio de 76%), Cerrillos (una mesa con el 63%), Barrios (una mesa con el 74%) y Cangrejillos (una mesa con el 77%).[46] Aunque con menor performance, el tanquismo se impuso también cómodamente en La Quiaca, atrayendo el 44% de los votos, seguido allí por el radicalismo del Comité Nacional (34%), mientras el laborismo alcanzó el bajo índice del 8%. El único distrito en donde este logró imponerse sobre el tanquismo fue el pueblo de Yavi (26% y 24%, respectivamente) pero –consideradas aisladamente– ambas fuerzas peronistas fueron derrotadas por el conservadurismo (Partido Demócrata Nacional) que, en este pueblo de labradores, comerciantes y empleados ligados al ingenio El Tabacal, obtuvo el 40% de los sufragios.[47] A nivel departamental el tanquismo había llegado a captar el 53% de las voluntades de sus moradores, frente al 10% alcanzado por el laborismo, el 18% del conservadurismo, el 18% del radicalismo (Comité Nacional) y el 0,7% del Partido Socialista.

Cuánto gravitó en el voto tanquista de los yaveños la preferencia por el programa de fiscalización del caudillo por sobre el proyecto de acceso a la propiedad privada propugnado por el Consejo Agrario y el laborismo es cuestión a dilucidar a través de aproximaciones más ajustadas al objeto. También lo es la medida en que estas consideraciones influyeron en la decisión de emprender la marcha hacia Buenos Aires tres meses después de esas elecciones. En tal sentido, un dato a tener en cuenta es que la casi totalidad de los puneños que participaron del “Malón de la Paz” residían en el departamento de Cochinoca, donde se había impuesto el laborismo llevando a la Legislatura a Viviano Dionicio, empleado de Mina Aguilar y figura clave en la organización de la travesía. Solo tres de los 170 participantes eran oriundos de Yavi: Hermenegildo Cruz (criador de 73 años, residente en Cangrejillos), Bruno Cruz (criador de 50 años, con residencia en Cerrillos) y Cirilo Flores (joven jornalero de 22 años que vivía en La Quiaca).[48]

En fin, creemos que el análisis localizado en Yavi marca un camino para vislumbrar la medida en que la irrupción del peronismo, con sus medidas de justicia social y de igualación de los estatus cívicos, permitió dar continuidad –si bien en un contexto diferente– a un proceso más largo de conformación de identidades políticas en la región que, inextricablemente vinculado a la problemática agraria, se ligaba a la vez con la participación activa de sus habitantes en un juego político‑partidario de dimensiones nacionales.

Reflexiones finales

El estudio de las experiencias asociadas con la irrupción del peronismo involucra dimensiones diversas, solo analíticamente disociables. Además del proceso de configuración de un marco para la integración –en novedosa clave– de trabajadores, campesinos y sectores populares en general en la comunidad nacional, cabría analizar los mecanismos subjetivos que pusieron efectivamente en acto tal integración, lo que en las comunidades norteñas que analizamos tuvo mucho que ver con la resignificación de las expectativas en torno a la restitución de las tierras que ocupaban.

Centrando la mirada en los habitantes de la hacienda de Yavi, nos propusimos entrever, a partir de las fuentes disponibles, la imbricación entre adscripciones partidarias y cuestión agraria, e intentar una aproximación a la elusiva cuestión de las identidades, asumiendo que no se trata aquí de restituir el sentido mentado por un individuo en particular, considerado aisladamente, sino más bien de entrever formas lógicas de orientación de su acción, comunes a las de otros tantos sujetos, operación que requiere de una contextualización intensiva. Hasta aquí solo hemos ensayado el inicio de un ejercicio tal, reduciendo la escala de análisis para anclarla en un espacio local en procura de relacionar las escasas huellas que dejaron los arrenderos en padrones electorales, actas partidarias, notas que traslucían simpatías políticas y aspiraciones de cambio social, a fin de confrontarlas con realidades socioeconómicas específicas, formas culturales y étnicas, tradiciones políticas, singulares modos de acción contestataria y materializaciones muy tangibles de la existente estructura de poder. Todo ello habría concurrido a configurar un contexto peculiar que gravitó en las tierras altas en donde se emplazaba la hacienda de Yavi, dejando su impronta en los procesos de redefinición identitaria también desatados allí –como en el país– a partir de 1943, e imprimiendo un significado particular a la experiencia popular en tiempos de la emergencia del peronismo. Como ha dicho Marshall Sahlins a propósito de su relato hawaiano, incluso las historias de remotas islas pueden echar luz sobre el mundo social de occidente: “de pronto aparece un mundo de cosas nuevas para tener en cuenta” (1988: 79).


  1. En mayo de 1946 un grupo de habitantes del altiplano jujeño emprendía la marcha hacia la Capital Federal. Yendo la mayoría a pie, la caravana de alrededor de 170 aborígenes arribaba a Buenos Aires a fines de julio. Los animaba la expectativa de hallar solución, de manos del flamante presidente, a su problemática agraria. Al llegar, fueron saludados por Perón desde los balcones de la Casa Rosada y conducidos luego hasta el Hotel de Inmigrantes, donde permanecerían hasta su súbita y violenta deportación hacia finales de agosto, regresando al altiplano en los Ferrocarriles del Estado.
  2. Lenton afirmó que “ellos reafirmaron su identidad indígena e infligieron una nota discordante en el proyecto justicialista de construcción de una nación unificada” (2010: 101).
  3. En rigor, el camino requiere llevar la mirada al plano de lo subjetivo, toda vez que los sentidos del actuar humano son, como los sujetos que los portan, inaprehensibles a otro nivel, suscitándose a partir de allí la cuestión de los límites cognoscitivos para salvar el hiato que media en el pasaje de lo individual a lo colectivo.
  4. Congreso de la Nación Argentina, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, sesión del 21 de septiembre de 1949.
  5. Los rodeos de Abra Colorado, Barrios, Cangrejos, Cangrejillos, Cara‑Cara y Pulpera, Cóndor, Corral Blanco, Chocoite, Cholacor, Escaya, Pumahuasi, Sansana, Suripugio, Toconaite, Yavi y Yavi Chico.
  6. Archivo del Juzgado Federal de Jujuy (AJFJ), “Informe de Peritaje del Campo de Yavi”, Exp. 85, ff. 110‑139, 1946.
  7. Los más de 300 km de caminos, fácilmente transitables por las características del suelo, ponían en comunicación cualquier punto de la finca con el pueblo de Yavi y con La Quiaca, además de unir los rodeos entre sí. Por Yavi Chico, además, se empalmaba con el camino boliviano que iba de Villazón a Tarija. AJFJ, “Informe de Peritaje del Campo de Yavi”, cit.
  8. Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Jujuy (AHLP), Diario de Sesiones de la H. Legislatura Provincial, sesión del 7 de febrero de 1930.
  9. Archivo del Poder Judicial de Jujuy (APJJ), Carpeta Miguel A. Tanco, suelto impreso de la Unión Cívica Radical (UCR) del año 1923.
  10. Juzgado Nacional Electoral de la Provincia de Jujuy (JNEJ), Padrón Electoral de la Provincia de Jujuy, Año 1930.
  11. APJJ, Carpeta Miguel A. Tanco, suelto impreso de la UCR del año 1923, f. 273.
  12. APJJ, Carpeta Miguel A. Tanco, “Los Pobladores de Tafna y Cerrillos al Señor Gobernador de la Provincia”, fs. 284‑284v, s/f. El art. 17 de la Constitución Nacional, establecía: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
  13. La idea que está en la base de la filosofía social de Henry George es la distinción entre propiedad legítima e ilegítima de la tierra, siendo esta última la de aquel que, sin trabajarla directamente y, por lo tanto, sin tener título de productor, se apodera no obstante del producto del trabajo ajeno (George, 2010). En la misma línea, la propuesta agraria de Rivadavia asumía que la fuente de legitimidad del derecho de propiedad era el trabajo, siendo el dominio y uso de la tierra un don social y no un derecho natural, derivando estas ideas en el principio de la tierra como propiedad pública inalienable (Lamas, 1915).
  14. APJJ, Carpeta Miguel A. Tanco, “Los ciudadanos Nativos del departamento de Yavi”, f. 163, 6 de diciembre de 1923.
  15. “Guerra al latifundio” rezaba el encabezamiento de cada uno de los editoriales del diario La Unión, cuyo primer número databa del 17 de julio de 1928.
  16. La Unión. 1928. (Jujuy) 18 de octubre.
  17. La Unión. 1928. (Jujuy) 28 de octubre.
  18. La Unión. 1929. (Jujuy) 29 de julio.
  19. Ibidem.
  20. La Unión. 1929. (Jujuy) 9 de septiembre; JNEJ, Padrón Electoral de la Provincia de Jujuy, Año 1930.
  21. APJJ, Carpeta Miguel A. Tanco, “Los Pobladores del Departamento de Yavi”, 1923.
  22. La Unión. 1929. (Jujuy) 20 de septiembre de 1929.
  23. Ibidem.
  24. La Unión. 1929. (Jujuy) 3 de octubre.
  25. Diputado Pablo Mendoza. AHLP, Diario de Sesiones de la H. Legislatura de la Provincia, sesión del 7 de mayo de 1930, p. 44.
  26. Ibidem.
  27. En 1932 la misma firma compraba al Banco Hipotecario Nacional el latifundio de “Rodero y Negra Muerta”.
  28. AJFJ, “Informe de Peritaje del Campo de Yavi”, cit., f. 116.
  29. Copia de un contrato de trabajo incluida en ibidem, f. 118.
  30. Entre las voces que con tal fin se alzaron destaca la del socialista Alfredo Palacios quien, hacia 1939, integró una Comisión Senatorial para el estudio de la situación económico‑social de las provincias pobres.
  31. La Cámara de Diputados se convirtió en la década de 1930 en reducto de las fuerzas conservadoras vinculadas a los ingenios. Zalazar ocupó una banca legislativa ininterrumpidamente entre 1932 y 1942.
  32. AHLP, Diario de Sesiones de la H. Legislatura de la Provincia, Diputado Roberto Bidondo (Partido Popular), sesión del 11 de julio de 1938.
  33. Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (AHPJ), Carpeta vi, Exp. 244, 16 de mayo de 1946.
  34. Había yacimientos de plomo y zinc explotados desde la segunda década del siglo xx en las serranías del centro de la propiedad, entre Pumahuasi y Pulpera.
  35. JNEJ, Padrón Electoral de la Provincia de Jujuy, Año 1946.
  36. AJFJ, “Informe de Peritaje del Campo de Yavi”, cit., f. 114. El perito infería que la población total de la hacienda superaba las seis mil personas, con un promedio de alrededor de 33 habitantes por hectárea, índice muy superior al normal en la región.
  37. AHPJ, Caja 1944, Exp. 109 (v), 7 de octubre de 1944. El distrito de Iturbe se emplazaba dentro del latifundio de “Rodero y Negra Muerta” adquirido por Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy en 1932.
  38. AJFJ, Exp. 85, 1946, f. 86.
  39. AJFJ, Exp. 85, 1946, f. 86v.
  40. AJFJ, Exp. 85, 1946, f. 159.
  41. Democracia. 1946. (Buenos Aires) 7 de diciembre.
  42. JNEJ, Exp. 183, 1945, f. 31.
  43. JNEJ, Exp. 183, 1945, fs. 51‑52v.
  44. JNEJ, Exp. 183, 1945, f. 38.
  45. Además de Cochinoca, el laborismo se impuso en los departamentos de Ledesma, Humahuaca y Rinconada, concentrándose notoriamente los votos en los distritos azucareros, en el primer caso, y mineros, en los otros dos.
  46. El resultado alcanzado por el laborismo había sido en estos rodeos del 10%, 4%, 2% y 2%, respectivamente. Proclama. 1946. (Jujuy) 2 de marzo.
  47. Ibidem.
  48. JNEJ, Padrón Electoral de la Provincia de Jujuy, Año 1946.


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