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España como espacio social atractivo de las migraciones argentinas

En los capítulos anteriores se delinearon las condiciones sociales y económicas de producción de las migraciones en la sociedad de origen, que han funcionado como factores de expulsión (en sentido amplio, y no solo de carácter económico). Las transformaciones en el espacio social de origen y las correlativas mutaciones de las estrategias de reproducción social han impelido a los sujetos a expandir sus posibilidades para garantizar su permanencia en ciertas posiciones sociales. En esta ampliación de miras, el espacio social español viene ejerciendo un efecto de atracción sobre las trayectorias posibles de los agentes. En este capítulo se considera la consolidación de los factores de atracción de la sociedad española como receptora de inmigración, a partir de dos fuerzas que configuran el campo español: el mercado de trabajo y el marco normativo. El espacio social español ejerce un efecto campo (Bourdieu y Wacquant, 1995) sobre los migrantes potenciales, orientando unas illusio que antes se canalizaban hacia otros cauces. Analizo aquí el proceso histórico por el cual España llegó a constituirse en un espacio social atractivo para vastas capas de migrantes, entre ellos, de los argentinos.

Los papeles migratorios de España y Argentina se intercambian en el último tercio del siglo pasado. España estuvo vinculada durante fines del siglo XIX y casi todo el siglo XX con la emigración de su población, en la forma de exilio, posterior a la Guerra Civil; pero también como emigración económica, tanto hacia América Latina como hacia Europa del Norte y Central, bajo la figura de trabajadores invitados (gastarbeiter), durante los años 1960 y 1970. Argentina, en cambio, estuvo fuertemente identificada durante el siglo XX con la recepción de inmigrantes, transatlánticos primero y de países limítrofes después (Novick, 2005). En la primera parte de este capítulo indago los dispositivos que convierten a España en un lugar atractivo para los migrantes argentinos. Para ello analizo cuatro elementos que han confluido para orientar estas corrientes: a) las relaciones históricas de tipo colonial; b) el pasado más reciente de flujos de migrantes españoles hacia Argentina; c) el cambio de la imagen de España, a raíz de las inversiones económicas de envergadura en Argentina; y d) el repentino cambio de políticas de inmigración estadounidenses.

La segunda parte del capítulo está dedicada a caracterizar el proceso de conformación de la España inmigrante (Cachón, 2002), resultando este país atractivo para todos los flujos de inmigrantes, a raíz de los cambios sociales acaecidos en el estado español. Se considera la incidencia de dos factores en la conformación de España como polo de atracción de inmigrantes: la conformación de un mercado de trabajo segmentado y la eficacia de un marco de regulación restrictivo para la inmigración legal; ambos elementos han configurado un mercado de trabajo etno-estratificado.

Cómo se constituye España en polo de atracción para los argentinos

Tres tipos de factores históricos, más uno colateral, concurren en la conformación de España como lugar de destino atractivo para los migrantes argentinos. El primero, vinculado al pasado colonial; el segundo, a las migraciones masivas de españoles hacia Argentina desde fines del XIX hasta mediados del XX; y el tercero, relacionado con la fuerte presencia de las inversiones de capital español en la década de 1990 en América Latina y en Argentina. A ellos se suma un factor colateral que incide de manera indirecta como orientador del flujo de migrantes argentinos: los cambios en la legislación migratoria de Estados Unidos, destino históricamente preferente de las clases medias argentinas.

Relaciones post coloniales

Las migraciones, como señalan Portes y Böröcz (1992) son la culminación de un proceso que comienza con la colonización. En este sentido, existe una “historia del anterior contacto económico y político y en las asimetrías de poder entre naciones emisoras y receptoras” (Portes y Böröcz, 1992: 22). Las relaciones coloniales históricas inciden en la elección de España como lugar de asentamiento por parte de los inmigrantes, a raíz de las afinidades culturales, especialmente lingüísticas y religiosas. Pero también estas relaciones postcoloniales actúan en la selección de poblaciones preferentes por parte de las sociedades de acogida (Gil Araujo, 2010). Algunos aluden a la existencia de un favoritismo étnico (Vives González, 2007) para referirse al tratamiento preferencial que España otorga a las excolonias[1]. Aunque también hay matices y jerarquías dentro del sistema de preferencias. Sobre los aspectos culturales e históricos se solapa la mayor o menor similitud étnica (García y Garzón, 2008). Por ejemplo, Martínez Buján (2003) interpreta, dentro del espectro de predilecciones, a los inmigrantes latinoamericanos como preferentes por sobre los marroquíes, que representan, junto con los africanos en general, el estereotipo de inmigrante en España (Izquierdo, 1996). Este favoritismo étnico se pone de manifiesto en el relativamente fácil acceso a la ciudadanía, estableciendo un lazo entre ciudadanía y atributos culturales en el proceso de asentamiento de los inmigrantes. De modo tal que, “en pleno debate sobre la Ley de Extranjería 4/2000, Abel Matutes, Ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, declaró que el tipo de inmigración más conveniente para España, por la facilidad de su integración, sería una inmigración católica e hispanoparlantes” (Zaguirre Altuna, 2004: 15). El acceso a la ciudadanía con dos años de residencia, frente a los cinco exigidos para refugiados, y diez para el resto de extranjeros, es un ejemplo de estas condiciones favorables.

No obstante, las relaciones postcoloniales entre España y Argentina no han sido en todas las etapas históricas de carácter asimétrico. O, en todo caso, esta asimetría no se ha dado siempre en la misma dirección, sino que permaneció invertida entre la antigua metrópoli y la excolonia durante el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX. Y con esto doy entrada al segundo factor histórico: Argentina fue un país de recepción de migraciones transatlánticas, siendo la inmigración española la segunda en importancia cuantitativa[2]. En cierta medida, esto invirtió durante un tiempo las asimetrías propias de las situaciones típicamente postcoloniales, al haberse posicionado Argentina como país de inmigración.

Migraciones en sentido inverso

Las migraciones desde España hacia Argentina tienen una incidencia más potente sobre la actual inmigración de argentinos a España, si cabe, que las relaciones coloniales. Reher y Sánchez interpretan el vínculo histórico de las migraciones de españoles hacia Argentina como “una fuerza de primer orden a la hora de explicar las peculiaridades de este grupo [los argentinos] en comparación con otros inmigrantes latinoamericanos a España” (2009: 105).

Las consecuencias de ese flujo de finales del siglo XIX y primera mitad del XX sobre los actuales movimientos, se vinculan con la proximidad generacional de los ancestros para acceder a ventajas como la ciudadanía. Esto, además de proporcionar significativas posibilidades de índole pragmática –como ingresar con estatus legal a España–, dota de legitimidad a esta inmigración, que se auto representa en ocasiones como un retorno (Sarrible, 2000a; Vives González, 2007; Viladrich y Cook-Martín, 2008)[3]. El discurso del retorno de muchos argentinos, que analizaré a través del material empírico, cobra sentido en cuanto constituye un regreso por interpósita persona de los antiguos emigrantes, tomando prestado el término jurídico. Malgesini (2005) interpreta el retorno en base a la autopercepción de los inmigrantes argentinos como un derecho de herencia; mientras que Novara (2005) ha analizado, en sintonía con el ideario de retorno, la ilusión de pertenencia de los inmigrantes argentinos a España, que redunda en la expectativa de sentirse en casa, debido a la ascendencia española –y europea, en general– y a las redes socio-familiares.

Precisamente esta historia reciente de España como país de emigración, se encuentra detrás de la primacía del ius sanguinis (criterio de sangre), por sobre el ius soli (criterio territorial) y el ius domicili (criterio de radicación) para el acceso a la nacionalización (Vives González, 2007). Esto explica que muchos argentinos tienen beneficios añadidos de los que disfrutan la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos (y de los procedentes de las excolonias); beneficios que comparte con otros países receptores de inmigración española (México, Cuba y Venezuela, por ejemplo)[4]. En el caso de los inmigrantes argentinos, el régimen de ciudadanía segmentada (Vives González, 2007) los beneficia por partida doble: como descendientes de antiguos inmigrantes europeos (y, por tanto, potenciales ciudadanos de la Unión Europea), y por su región de procedencia (y el trato especial que tienen los latinoamericanos frente a otros extranjeros no pertenecientes al espacio europeo).

Otro elemento que beneficia a los argentinos frente a otros inmigrantes latinoamericanos es el componente de etnicidad atribuida a los argentinos, al ser percibidos como descendientes puros de los europeos y, entre éstos de los españoles. La construcción histórica de la identidad en Argentina se sustentó en un proceso de desmarcación étnica que otorgaba preeminencia a los blancos, como si de un enclave europeo se tratara, invisibilizando los procesos de mestizaje con negros o indígenas (Grimson, 2006).

Los argentinos acceden con relativa frecuencia a diversas ciudadanías europeas (mayoritariamente, italiana o española), gracias a los convenios bilaterales entre los países, y a las estrategias de padres previsores que las tramitan desde el país de origen[5]. La tramitación de la doble nacionalidad (española o de otros países europeos, además de la argentina) entra en juego con las demás estrategias de reproducción social de las familias, al prever más recursos potenciales que se activarán en caso de necesidad. Como bien señalan Reher y Sánchez, esto responde a las creencias de los inmigrantes en Argentina, quienes se identificarían, en este caso, como españoles:

[…] una persona con nacionalidad española desde el nacimiento lo es porque sus padres ya pensaban que o bien era español de verdad o bien que sería una buena estrategia más adelante en la vida del recién nacido. Se trata de personas que provienen de familias que realmente se identifican como españolas a pesar, en algunos casos, de llevar tiempo fuera de España (Reher y Sánchez, 2009: 104).

La ciudadanía italiana, como la de otros países comunitarios, se utiliza en muchos casos como una puerta de entrada a la residencia legal en España, gracias a la figura de la ciudadanía europea (Actis y Esteban, 2007). Aunque, como bien señala Vives González, dentro de las jerarquías de alteridad en las que participan todos los inmigrantes, los argentinos, si bien ocupan un lugar privilegiado, éste tiende a ser desafiado por el avance de las restricciones de las leyes de inmigración y por los marcos de integración que imponen las diferentes Comunidades Autónomas. Esto diluye parcialmente el origen nacional de los argentinos, quedando homogeneizados bajo la categoría de inmigrantes (Vives González, 2007).

Relaciones neocoloniales

Otro eje de análisis para recomponer el proceso de conformación de España como lugar atractivo para la inmigración de argentinos, tiene que ver con su papel como uno de los principales países inversores extranjeros en la región. Autoras como Saskia Sassen (1993 y 2007) y María Jesús Criado (2001) han puesto de relieve que las inversiones internacionales son la variable olvidada en los estudios sobre migraciones. Sassen vincula las migraciones con las inversiones mediante el concepto de geoeconomía de las migraciones, producto de la internacionalización de la producción y del desplazamiento de mano de obra al Tercer Mundo (Sassen, 1993). Criado, además, se refiere a la transformación de las pautas de consumo en sociedades periféricas, por la injerencia de las inversiones extranjeras (Criado, 2001).

En efecto, España se constituyó en el segundo país inversor en Argentina durante la década de 1990, después de Estados Unidos. Esto convierte a Argentina, para España, en una fuente de capital transnacional (Viladrich y Cook-Martín, 2008), que incide en el fomento de lazos culturales y étnicos a ambos lados del Atlántico. Además, el cambio de imagen de una España pobre que expulsaba a sus ciudadanos, a otra poderosa que forma parte del bloque europeo y que realiza inversiones en el extranjero, sin duda también ha contribuido a orientar las migraciones de miles de argentinos[6] (Esteban, 2007; Actis y Esteban, 2007).

Por último, incide en la conformación del flujo de argentinos hacia España un factor que puede entenderse como colateral, pero también encuadra los vínculos neocoloniales que mantiene Argentina con ciertos países. Estados Unidos, el país con más inversiones en Argentina cambió su política de visados hacia inicios de milenio. En efecto, Estados Unidos funcionaba hasta entonces como destino predilecto de los migrantes latinoamericanos, representando este contingente el 51,5% de la población inmigrante presente en ese país en el año 2001 (Martínez Buján, 2003). Varias investigaciones sobre migraciones en la península ibérica constatan esta reorientación de los flujos internacionales de los latinoamericanos desde EE. UU. hacia España (Martínez Buján, 2003; Ayuso y Pinyol, 2010).

A partir del año 2001, y en sintonía con la crisis que se vivía en Argentina, Estados Unidos inicia una persistente –aunque moderada– deportación de argentinos, por entender que utilizaban el programa de visa waiver para quedarse a residir (Esteban, 2003). Este programa, que EE. UU. tiene pactado con varios países, suponía la entrada al país solo con pasaporte del país de origen, sin exigir el requisito de un visado especial. La estrategia que utilizaron muchos migrantes, de acuerdo con lo estudiado por Viladrich (2007), era residir por periodos de tres meses, salir y volver a entrar como turista. De este modo no se perdía la legalidad, aunque se mantenía un estatus de turista. Por último, el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 afianzó una política de control que derivó en el endurecimiento de ingresos de argentinos (Lambiase, 2004). Argentina comenzó a ser sospechada por la falta de controles en sus zonas fronterizas, especialmente en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay (Viladrich, 2007).

Todos estos elementos constituyeron a España en el principal destino de los migrantes argentinos, aunque la inserción de argentinos en este país es de las más antiguas, habiendo pasado de destino de segunda[7] a primer destino. Entre los dos países (España un 28,4%, y Estados Unidos, un 17,9%) reúnen en la primera década del milenio a casi la mitad de la población emigrante total procedente de Argentina (Texidó, 2008).

España como destino de inmigración internacional

Los elementos hasta aquí detallados se refieren a la orientación de los flujos de emigración, es decir, de salidas desde Argentina hacia España a principios del nuevo milenio. Ahora bien, ¿qué había en España que provocara tal efecto de llamada, como se conoció mediáticamente al fenómeno? Muchos autores han remarcado la existencia de un mercado de trabajo segmentado o de una economía sumergida como factor de atracción de inmigrantes a España (Villa, 1990; Herranz, 1998; Zaguirre Altuna, 2004; Reyneri, 2006; Cachón, 2009). El proceso de transformación en el mercado de trabajo español, que se ha caracterizado en las últimas décadas por un creciente desajuste entre el nivel de aceptabilidad de los trabajadores españoles y los puestos ofrecidos por el mercado, ha operado como un fuerte factor de demanda de trabajadores inmigrantes (Cachón, 2009). Siguiendo esta hipótesis, se impone analizar cómo se constituye España en un país de inmigración, hasta situarse en la actualidad con una tasa de población inmigrante a la medida de sus vecinos europeos con más trayectoria como receptores de inmigración, como Francia o Alemania (en el año 2019, los inmigrantes superaban el 10% de la población; INE, 2019). El importante crecimiento de la tasa de población inmigrante en España coincide con un considerable ciclo de expansión económica, combinado con una tendencia de envejecimiento de la población (Colectivo Ioé, 2005; Actis y Esteban, 2007). En consonancia con un desajuste en el mercado de trabajo español, se ha generado una demanda de trabajadores en el mercado sumergido. Analizo brevemente a continuación los cambios operados en el mercado de trabajo, así como los instrumentos jurídicos que han acompañado y delineado este proceso. A continuación de esto, examino brevemente la consolidación en España de mercados de trabajo etno-estratificados, como resultado de los dos factores combinados. Posteriormente, caracterizo la inserción de argentinos a partir del último ciclo migratorio que se abre desde el año 2000. La combinación de factores de expulsión (Argentina) con factores de atracción (España) es analizada en el contrapunto de dos edades (Sayad, 1977) de las migraciones de argentinos: el exilio y las migraciones económicas.

De cambios sociales y niveles de aceptabilidad: la configuración de los factores de atracción

Si bien no es novedoso el fenómeno de la inmigración en España, si lo es la magnitud que ha tomado desde fines de los años noventa. Hasta aproximadamente mediados de los años ochenta, España contaba con una modesta inmigración, principalmente compuesta por europeos (65%), algunos latinoamericanos (18%), norteamericanos (7%) y africanos y asiáticos, que no llegaban al 10% (Cachón, 2002). En general, se trataba de exiliados, de trabajadores desplazados por las empresas de sus países de origen o de jubilados que escogían las costas de España para estirar sus pensiones, con un clima más afable. Sin embargo, la cantidad de españoles viviendo en el extranjero superaba a los extranjeros viviendo en España, no llegando a constituir los inmigrados ni el 1% de la población total (Colectivo Ioé, 2005: 32).

A mediados de la década del ochenta, el saldo migratorio español se va tornando positivo, por lo que puede decirse que España deja de ser un país de emigración, para convertirse en un país de inmigración. Un hito de esta transformación lo constituye la Ley de Extranjería de 1985, primera en su haber, y considerada por algunos analistas como excesiva respecto a la situación de la inmigración de España de aquel tiempo[8]. Primaba en esta Ley, fundamentalmente, un criterio de control policial: la entonces Comunidad Europea recomendó que España contara con un estricto control de las entradas de inmigrantes para incorporarse como miembro, puesto que se presumía que las entradas en el país podrían servir de antesala para el resto de Europa (Actis, 2005; Gil Araujo, 2005; Cachón 2009). Así, la incorporación de España en la Unión Europea y el proceso de europeización de España (Vives González, 2007) marcan un nuevo rumbo en materia de migraciones. En el plano de las relaciones internacionales, en torno al año 1985 España cambia su política de relaciones con Latinoamérica y rompe con los llamados vínculos históricos (Herranz, 1998).

Pero ¿qué ocurrió en España a mediados de los años ochenta para que aconteciera tal cambio? A diferentes niveles, España protagoniza una gran metamorfosis desde décadas anteriores. En el plano económico, se produce una penetración de capital extranjero y tecnología de punta, que generan gran desarrollo económico e instalan a España dentro de los países del Primer Mundo (Herranz, 1998). Gran parte de esta inserción se debe, evidentemente, a una inclusión política y, especialmente, económica de España dentro de la Unión Europea (mediante la asignación de fondos estructurales comunitarios, el desarrollo del sector servicios, un importante crecimiento económico, fuerte actividad económica en ciudades globales, etc.). En el plano político, también la democratización de España después de cuatro décadas de dictadura va plasmando uno de los Estados de Bienestar más jóvenes de Europa. A su vez, la Constitución española de 1978 y el restablecimiento de un marco democrático para las relaciones salariales, reconfiguran el panorama social, a través de la negociación colectiva y la libertad sindical (Cachón, 2009). Y, en el plano propiamente social, donde se dirime la cuestión del nivel de aceptabilidad de los trabajadores autóctonos, ocurren varios fenómenos combinados. En primer lugar, la expansión de prestaciones sociales, como el seguro de desempleo, las pensiones, el acceso general a salud y educación tras el pacto social anclado en la Constitución de 1978. Asimismo, el mantenimiento de redes familiares complementa este efecto del Estado de Bienestar, permitiendo amortiguar o sostener búsquedas de empleos convenientes o aceptables. Por último, el aumento del nivel educativo de la población activa[9] y la ampliación de expectativas sociales de movilidad ascendente, trasladada por vía intergeneracional también inciden en estas transformaciones. No sólo por la cuestión de medrar socialmente (Cachón, 2009) sino por el surgimiento de nuevos estilos de vida y hábitos de consumo, que demandan ciertos bienes y servicios. El crecimiento económico y el aumento de formación, generan nuevas aspiraciones respecto al trabajo, asentando una especie de “aburguesamiento de la joven clase media española”, como lo define Herranz (1998: 46). Estos cambios sociales hacen que:

[…] determinados puestos de trabajo comiencen a aparecer a los ojos de un número creciente de grupos sociales españoles como “no-deseables” o “menos deseables”, es decir, por debajo del nivel de lo que les parece (socialmente) aceptable: se eleva el “nivel de deseabilidad” (Cachón, 2009: 114).

La elevación del nivel de aceptabilidad de los trabajadores autóctonos es fruto de la mixtura de estos procesos, y colabora en la explicación de la ocurrencia de fenómenos de carácter estructural, el reconfigurar las posiciones de los trabajadores en el mercado laboral. De acuerdo con Villa (1990) las posiciones en el mercado de trabajo dependen, por una parte, de los puestos de trabajo existentes que oscilan en sus condiciones de trabajo y que resulta un factor subsidiario del empleo total por rama productiva y por empresa (lo que a su vez depende de la demanda efectiva en el mercado de trabajo). Y por otra parte, las posiciones laborales dependen del grado de aceptación de las condiciones de empleo por parte de los trabajadores, factor que está determinado por la composición de la clase trabajadora, lo que a su vez depende del sistema de reproducción social (Villa, 1990).

Los trabajadores inmigrantes se insertan en los sectores marginados, también llamado mercado secundario del mercado de trabajo segmentado, rellenando “los huecos que han surgido del crecimiento reciente” (Izquierdo, 1996: 179). Huecos que han sido dejados por los trabajadores autóctonos, en base a sus umbrales de aceptabilidad. Como apunta Herranz:

El mercado de trabajo secundario incluye empleos mal pagados y con malas condiciones laborales. En este segmento del mercado de trabajo se da, además, la inestabilidad en el empleo y una elevada rotación de la población trabajadora. Los trabajadores en este sector son poco cualificados y tienen poca posibilidad de mejorar o de una movilidad ocupacional ascendente, debido a que en ellos se da frecuentemente una relación trabajador-empleador o empresario muy personalizada, lo que da lugar a favoritismos y a una disciplina laboral caprichosa (Herranz, 2000: 133-134).

Aunque, como mostraré a la luz del análisis de los casos, los inmigrantes no se limitan sólo a rellenar los huecos dejados vacíos por los trabajadores autóctonos o inmigrantes, ya residentes en España, sino que también generan puestos y transforman el mercado de trabajo (Riesco, 2010).

Aproximadamente hasta mediados de los años ochenta, las economías del sur de Europa no necesitaron recurrir a la demanda extranjera de mano de obra, al contar con abundante fuerza de trabajo doméstica, de origen agrícola y que encontraron en el acceso a puestos obreros y del sector turístico una vía de promoción social (Reyneri, 2006; Cachón, 2009). Sin embargo, el acceso a niveles educativos cada vez más altos de la población activa española fue generando poco a poco, y cíclicamente procesos de sobre educación con relación a las cualificaciones exigidas para ocupar esos puestos, así como importantes cambios en las expectativas de los trabajadores españoles.

Retomando el otro de los ejes que, según Villa (1990) configuran las posiciones de los trabajadores en el mercado laboral, la demanda efectiva de trabajadores inmigrantes se ha producido en nichos muy específicos del mercado de trabajo[10]. Y esta demanda ha sido orientada en la sociedad de acogida, a través de lo que Lorenzo Cachón denomina el marco institucional discriminatorio, que se esboza en el apartado siguiente (Cachón, 2002).

Una fugaz mirada sobre lo ocurrido en cinco de las ramas económicas donde más se concentraban los trabajadores inmigrantes –extranjeros no-comunitarios–, hacia el año 1999, da una idea de esta segmentación sectorial: servicio doméstico (26%), agricultura (21%); hostelería (12%), construcción (9%) y comercio al por menor (7%; en Cachón, 2009: 122). Cinco ramas que en 1999 absorbían el 76% de los 199.753 trabajadores extranjeros no-comunitarios con permiso de trabajo. Y cinco ramas que, volviendo al punto anterior, juntas cuentan con el nivel de aceptabilidad más bajo.

Las ramas de inserción mayoritaria de los trabajadores inmigrantes lo son también de los jóvenes españoles, siendo éstos quienes compiten por esos puestos con baja aceptación social. Una franja de edad que se ha reducido a la mitad, por el descenso en las tasas de fecundidad. Evidentemente, se trata de una escasez relativa de mano de obra, que afecta a determinados nichos, sectores o áreas geográficas del mercado de trabajo secundario.

Y con esto se entrelaza un factor de atracción de tipo demográfico, para sostener la inmigración en España. La vinculación de las migraciones internacionales con los riesgos de envejecimiento de la población (Requena, 2005), se convierte en un eje problemático –especialmente, en el plano de las políticas de control de flujos para el mantenimiento del tamaño de la población española, dado que el recambio generacional no estaría garantizado por el envejecimiento de población[11]. Y en este marco se plantea a la inmigración como una solución, como un factor necesario para mantener, además del tamaño de la población, el nivel de actividad y el sistema de seguridad social. Según este argumento demográfico el fomento de la inmigración se torna una herramienta necesaria para remediar el envejecimiento de la población española, que tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. Reconociendo esto, Susana Novick se pregunta:

¿Cómo explicar entonces la tendencia restrictiva de las políticas migratorias europeas? Ellas deben ser interpretadas como una estrategia para mantener precarizados a los inmigrantes; colocándolos siempre al borde de la ilegalidad, se constituyen en una mano de obra vulnerable, dependiente y disminuidos sus derechos sociales y recursos de protesta (2005: 25).

La complicidad de los marcos normativos

El conjunto de normas que regulan las migraciones internacionales en España genera situaciones que oscilan entre dos polos: una segregación extrema (como es el caso de los inmigrantes sin papeles) y una relativa invisibilización de los inmigrantes en el espacio social de destino. Los migrantes latinoamericanos en general y los argentinos, en particular, pueden gozar de ciertas ventajas en esta invisibilización, al ser uno de los colectivos preferidos respecto a la nacionalización y al mantenimiento de doble ciudadanía (García y Garzón, 2008). Sin embargo, el estatus jurídico se transforma en un elemento diferenciador más, que se yuxtapone con el entramado de caracteres sociales: clase social, género, etnia, edad, nacionalidad, nivel educativo, salario, etc.

En rasgos generales, un inmigrante se puede encontrar sometido a dos grandes regímenes de regulación de su situación jurídica: el comunitario y el general. El primero, es aplicado a los extranjeros procedentes de los Estados que pertenecen a la Unión Europea –más los originarios de Islandia, Noruega, Liechtenstein o Suiza, es decir pertenecientes al Espacio Común Europeo (Riesco, 2010)–; y a los familiares de algún ciudadano comunitario. Este régimen otorga permisos que habilitan residir y trabajar en cualquier ocupación, aunque esto último no es un requisito. El régimen general, en cambio, es de aplicación para la mayoría de los inmigrantes extracomunitarios, y su concesión está supeditada a la existencia de una oferta o contrato de trabajo. A su vez, las ofertas de trabajo están reguladas por un mecanismo institucional que determina la Situación Nacional de Empleo, que establece una cláusula de prioridad nacional mediante la cual se tiene en cuenta la escasez de mano de obra española –o extranjera, pero ya radicada legalmente–, en la actividad/zona geográfica en que se quiera insertar (Gil Araujo, 2005).

El conglomerado de normas y regulaciones va conformando lo que Cachón denomina marco institucional discriminatorio. Para este autor, el mismo: “está formado por todos los elementos normativos específicos, por las “reglas” que afectan a los inmigrantes, sea en las políticas de inmigración o de integración […] que contribuyen a la construcción institucional de realidades diferenciadas” (Cachón, 2009: 161).

Las políticas de cupos o contingentes, la contratación en origen de acuerdo con la Situación Nacional de Empleo, los catálogos de trabajos de difícil cobertura[12] y todo el andamiaje jurídico que supone la puesta en práctica de las Leyes de Extranjería son mecanismos que redoblan –vía acción estatal– las asignaciones de puestos que el mercado infiere para los trabajadores inmigrantes. Se sancionan sucesivas leyes y se promueven procesos de regularización, aunque prima en ellos la idea del papel subsidiario que cumple la mano de obra inmigrante respecto al mercado de trabajo autóctono (Colectivo Ioé, 2005; Actis y Esteban, 2007; Cachón, 2009). Las normas jurídicas establecen campos de contratación de inmigrantes que, precisamente, coinciden con aquellas ramas de actividad que les han sido asignadas por el mercado de trabajo con anterioridad (Cachón, 2002: 112).

Se produce, así, una situación paradójica[13]: se pretenden restringir los flujos de inmigrantes, cuando existe una demanda efectiva desde el mercado de trabajo, con un componente fuerte de irregularidad (Colectivo Ioé, 2005). Las pretensiones de controlar la migración se tornan ineficaces, en gran medida, porque el propio mercado segmentado está demandando una fuerza de trabajo precaria (Pedreño, 2005). Mercado y Estado se sustentan mutuamente en la conformación de mercados segmentados o balcanizados (Villa, 1990): en los mismos, hay fuertes discontinuidades entre los empleos, sectores de actividad, ramas o regiones. La demanda de empleo se rige por la informalidad y la precarización del trabajo. Rasgos que responden al modo específico de inserción de la economía española en el mercado internacional, que permite “la coexistencia de una minoritaria aristocracia laboral (trabajadores cualificados con altos salarios), con una mayoría de trabajadores precarios” (Gil Araujo, 2005: 7). Desde el lado de la oferta, la existencia de trabajadores con estatus jurídico irregular casa bien en este escenario. Aunque los inmigrantes (regulares o no) no son los únicos candidatos para ocupar los puestos de la economía sumergida: también lo son las mujeres, los jóvenes, los desocupados, y los trabajadores mayores de 55 años (Cachón, 2009).

Las personas inmigrantes en situación irregular han aumentado considerablemente en el periodo mencionado (1997-2004): eran casi la mitad de los inmigrantes en total, aunque la Regularización de 2005 hizo que disminuyera la proporción (desde el 50,3% en 2002 al 46,4% en 2005), mas no la cantidad de personas afectadas (más de 1,7 millones, Colectivo Ioé, 2005).

El cruce de la frontera política torna vulnerables a los trabajadores inmigrantes, puesto que asumen una relación de outsiders (Gil Araujo, 2010) frente al Estado y a cualquier reclamo de derechos. Como señala Sassen (1993) la mano de obra inmigrante no es cualquier mano de obra, sino que cuenta con dos especificidades: a) la externalización del trabajo reproductivo de la mano de obra –y de su coste[14] (Sayad, 1986)-; y b) la condición de inmigrante, que configura un proletariado precarizado sometido a bajos salarios y eventualidad (Pedreño, 2006: 225).

Si se estableciera una especie de ranking (Cachón, 2009: 166) de acuerdo a la situación jurídica de los habitantes de España, éste sería del siguiente orden: 1º) los españoles autóctonos; 2º) los extranjeros nacionalizados –de cualquier origen–; 3º) los ciudadanos europeos comunitarios; 4º) los inmigrantes no comunitarios con diversos permisos: permanente (después de haber residido cinco años con permiso de trabajo), temporales: a.- con más de un año y menos de cinco; b.-los que tienen permiso de residencia inicial; y c.- los que tienen contrato por temporada (entre 9 meses y 1 año) y 5º) inmigrantes indocumentados o irregulares, los más indefensos.

En definitiva, la vulnerabilidad jurídica redobla los efectos de segmentación de la precarización laboral. A este problema responde mal la legislación, poco adecuada a la realidad del funcionamiento de los mercados de trabajo. Por ejemplo, la figura de arraigo laboral, junto con las “normalizaciones” periódicas, presuponen un contrato de trabajo para poder dar curso a las solicitudes de regularización. Para ello, los trabajadores han de “denunciar” a sus empleadores, para justificar el vínculo laboral, a riesgo de perder el empleo. Como bien denuncia el Colectivo Ioé “todo el edificio se construye a partir de la existencia de puestos de trabajo formales: sin contrato no hay regularización” (Colectivo Ioé, 2005: 37). Así, las constantes exigencias de requisitos imposibles de cumplir (contratos de trabajo en sectores muy informales, como puede ser el servicio doméstico o de cuidados) para lograr la regularización, choca con los nichos que se les ofrecen a los migrantes, colmados de precariedad e informalidad (Colectivo Ioé, 2005; Pedreño, 2006).

Etno-estratificación del mercado de trabajo

A raíz de los cambios en el nivel de aceptabilidad de los trabajadores españoles, las posiciones ocupacionales –y posiblemente, las clases y fracciones de clase– se han reconfigurado notablemente. La combinación de los efectos de las diferentes situaciones institucionales (regular/irregular; residencia permanente/temporal; nacionalidad española o ausencia de ésta, etc.) refuerzan la consignación de puestos (de trabajo, y también sociales) en la estructura de las clases sociales.

El impacto de la inmigración en España ha sido especialmente intenso en los últimos años. El periodo 1997-2004 es el de mayor crecimiento de la inmigración extranjera en España, siendo que se multiplicó en casi cinco veces (4,8%) la cantidad de extranjeros que residen en España. Estos representaban en 1997 el 1,6% de la población total, mientras que a comienzos de 2005 el 8,4% (Actis y Esteban, 2007). En este periodo, se produce un gran crecimiento económico que generó una fuerte demanda en el mercado de trabajo, tanto regular como sumergido (Colectivo Ioé, 2005).

Desde el ingreso de trabajadores inmigrantes al mercado de trabajo en España, que se insertan –de manera concentrada, aunque no exclusiva– en ramas de actividad muy específicas, se ha producido una especie de desplazamiento de la estructura ocupacional en los últimos años. Desplazamiento que ha significado una elevación relativa de las posiciones de algunos trabajadores españoles, y una proletarización de los trabajadores inmigrantes (Cachón, 2009).

La tabla 7 muestra sintéticamente esta evolución. Entre los años 2000 y 2008 aumenta la participación de trabajadores españoles en los puestos más elevados de la jerarquía ocupacional (categorías 1, 2 y 3). En tanto, los trabajadores extranjeros (tanto comunitarios como extracomunitarios) disminuyen su peso en las tres categorías; siendo mayor la disminución entre los primeros: del 20% de los puestos directivos en 2000 los comunitarios pasan a ocupar el 5% en 2008. En el extremo inferior, en las categorías de ocupación de trabajadores calificados (6, 7 y 8), en el mismo periodo disminuye la presencia de españoles, mientras aumenta la de extranjeros comunitarios (de 11% a 34%) y extracomunitarios (de 25% a 29%). Es llamativo el aumento de la proporción de trabajadores no cualificados entre los extranjeros comunitarios, que fue de casi 15 puntos, siendo que los extranjeros no comunitarios han descendido su participación en este estrato (de 39% a 36%). Las recientes ampliaciones de la Unión Europea, con especial incidencia de la incorporación en el año 2007 de Rumania y Bulgaria, infla la representación de la participación de trabajadores extranjeros comunitarios en los segmentos inferiores de la estructura ocupacional (Cachón, 2009: 231).

Tabla 7: Cambios en la estructura ocupacional de españoles y extranjeros (2000 – 2008)

Ocupaciones

Españoles

Extranjeros

Extranjeros UE

Extranjeros no UE

2000

2008

2000

2008

2000

2008

Total (N en miles)

14.965,6

17.276,8

137,0

893,6

286,8

2049,5

Total %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 Dir. Empresas y AP

7,7

8,3

20,4

4,9

5,6

3,3

2 Téc. y profesionales

11,6

14,2

15,9

8,1

4,3

2,3

3 Téc. y prof de apoyo

9,7

13,4

14,2

7,7

2,6

2,5

4 Empleados administ.

10,0

9,8

9,6

5,2

3,0

3,9

5 Trab. Servicios

14,1

15,3

18,6

15,6

20,6

22,9

6/7/8 Trab. Cualificados

32,5

27,4

10,9

33,8

24,8

29,3

9 Trab no cualificados

13,9

11,1

10,4

24,7

39,2

35,7

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, en Cachón (2009: 232) y elaboración propia (simplificación del cuadro, eliminando incrementos porcentuales y absolutos).

Los extranjeros han ido ocupando progresivamente los puestos de menor calificación, en tanto que los trabajadores españoles se han ido moviendo hacia la cúspide de la jerarquía ocupacional. Aunque tanto las ramas de actividad donde se concentran los inmigrantes, como los puestos de trabajo que ocupan, no suelen corresponder ni con los puestos ocupados ni con los niveles de formación que traen desde sus países de origen, padeciendo procesos de descualificación y sub-cualificación (Reyneri, 2006; Cacopardo et al., 2007). Esta situación ha llevado a algunos autores a caracterizar el mercado laboral español como etno-estratificado (Cachón, 2009), dando lugar a sociedades etnofragmentadas (Pedreño, 2005).

Autoras como Solé y Parella (2003) han expuesto el carácter discriminatorio que tiene el mercado de trabajo español con los inmigrantes no comunitarios respecto a los trabajadores locales: para el acceso a los trabajos o para las condiciones de trabajo, no se tienen en cuenta las cualificaciones, el nivel educativo ni la experiencia laboral previa de los inmigrantes. A ello se suma la dimensión étnica, que se convierte en un marcador diferencial sobre determinadas poblaciones, inferiorizadas en la distribución de recursos sociales y ocupacionales, al limitarse sus posibilidades de elección y acceso a los recursos. Así, en base al marcador étnico se produce una clasificación de los trabajadores inmigrantes, sustentada en estereotipos:

[…] que distribuyen diferentes grados de cualificación laboral en función de la nacionalidad de origen (y que no hacen sino reproducir la estructura de distribución del valor social de los diferentes tipos de inmigración: bajo capital simbólico en el caso de los marroquíes, alto en el caso de los europeos del este, etc.) (Pedreño, 2005: 91).

Dos edades inmigratorias en España: exilio y migración económica

Utilizando la categoría de Sayad (1977), se pueden identificar dos edades de las migraciones de argentinos en España: el exilio y las migraciones económicas. Cada una de estas etapas ha supuesto diferentes contextos de socialización y trayectorias vitales de los migrantes en la sociedad de origen (Actis, 2010b:2); así como diferentes contextos de recepción en la sociedad de destino (Herranz, 1998 y 2000).

Lo distintivo de la etapa de exilio[15] –hasta 1983, cuando inicia la etapa democrática en Argentina–, es el contexto de socialización en origen, en el marco de un desarrollismo conflictivo, con movilidad social ascendente y luchas sociales” que fue el escenario predominante en Argentina entre 1950 y 1970 (Actis, 2010b: 2). Como señalo en el capítulo dos, los mecanismos de reproducción social vinculados al Estado eran eficientes hasta principios de los años ochenta, en que éstos comienzan a privatizarse y mercantilizarse. Así, dentro de las corrientes de exiliados también se entremezclaron migrantes cualificados que no encontraban posibilidades para competir por buenos puestos, en el ya desajustado mercado de trabajo.

Los inmigrantes que llegaron a España en la década del setenta se beneficiaron, además, de un contexto de recepción muy favorable (Herranz, 1998). Durante los años ochenta existía una demanda en España de trabajadores calificados, que les permitió incorporarse en el mercado de trabajo primario. Para Herranz “[…] la absorción de inmigrantes latinoamericanos técnicos y profesionales en los primeros ochenta está asociada al crecimiento de la demanda laboral de mano de obra cualificada en el sector servicios, que absorbía igualmente a población autóctona” (Herranz, 1998: 41). La autora se refiere específicamente a la inmigración de argentinos, quienes traían credenciales universitarias, en ocasiones por sobre la población autóctona. Además, en este contexto afable, los argentinos contaban con la ventaja de ser los que llegaron primero, al constituir el grupo de origen extracomunitario más antiguo en la incipiente España inmigrante (Martínez Buján, 2003; Cacopardo et al., 2007; Merino y González, 2007).

Otro factor ventajoso en España de esa época fue el proceso de apertura democrática que experimentó este país, que acogía bien a los exiliados políticos de las dictaduras del Cono Sur. Como señala Sarrible (2003: 156): “los motivos políticos tienen más prestigio que los económicos”, y pueden generar más solidaridades entre la población autóctona. Al igual que Herranz, esta autora destaca la buena recepción hacia los profesionales exiliados quienes, aún sin regularizar su situación jurídica, pudieron insertarse en igualdad de condiciones que la población autóctona. “Los profesionales fueron bien acogidos y las redes construidas por ellos permitieron no sólo la ayuda inicial a los que llegaban, sino también muestras de solidaridad constantes que contribuyeron a favorecer la inserción” (Sarrible, 2003: 153).

La incidencia de un contexto de recepción beneficioso se plasmó en una movilidad ocupacional de tipo ascendente, tanto respecto a las posiciones existentes en la sociedad de origen (movilidad transnacional), como en la trayectoria laboral en España (Actis, 2010b: 6). Posiblemente, estas trayectorias exitosas estén detrás de las percepciones positivas con que cuentan los migrantes argentinos en España, tema que analizo en el último capítulo del libro.

En comparación con este ciclo relativamente exitoso, la última etapa de las migraciones argentinas en España tiene unas características muy diferentes[16]. Tanto el contexto de origen de los migrantes, como el contexto de recepción han cambiado sustancialmente. El contexto de origen de la emigración de los años 2000 (y su contexto de producción) es de una importante regresión y polarización social, con hegemonía del ideario neoliberal (Svampa, 2005), que fue detallado en el segundo capítulo. El contexto de recepción, asimismo, es completamente diferente, calificado por Herranz como de hostilidad (1998: 47).

En comparación con la etapa previa a 1983, la última edad migratoria de argentinos en España presenta diferencias significativas en cuanto a su composición sociodemográfica. La población que la protagoniza tiene, en términos relativos, inferiores niveles formativos y ocupacionales que los exiliados. Mientras que estos últimos tenían una representación del 64% en la categoría profesionales y directivos, los inmigrantes a partir de 2000 cuentan con un 42% en esta misma categoría[17] (Actis, 2010b: 6). Paralelamente, aumenta en esta última corriente la proporción de trabajadores manuales calificados y no calificados (49%, frente al 26% de esta categoría entre los exiliados). Otra diferencia importante es la rama de actividad en la que se insertaban en Argentina, antes de emigrar: los dos tercios de los exiliados lo hacían en servicios (a la comunidad y personales un 23%, en servicios a empresas e inmobiliarios un 22%, y en sanidad y servicios sociales un 19%). En cambio, entre los emigrados del nuevo milenio los sectores predominantes son comercio (21%), industria (17%) y hostelería (11%).

En cuanto a los niveles de estudios alcanzados (al momento de la encuesta, ENI 2007) los exiliados cuentan con más titulados universitarios (46%) que los inmigrantes post 2000 (32%). Asimismo, ha aumentado la proporción de personas con estudios secundarios en la última oleada (55% frente a 42% de los exiliados), manteniéndose constante la proporción de los que poseen estudios primarios (12% para los dos periodos). Todos los datos presentados parecen indicar que el último ciclo es menos selectivo (Esteban, 2003: 25), es decir, que se ha democratizado parcialmente la posibilidad de emigrar a partir del cambio de milenio. No obstante, dadas las dificultades en la sociedad de origen analizadas en el capítulo dos –entre las cuales son destacables la devaluación de la moneda en Argentina en 2002 y la restricción temporal de disponer de los ahorros, llamada corralito– se pueden haber constreñido significativamente las posibilidades de emigrar de no pocas personas (Lambiase, 2004: 29).

Respecto a la movilidad ocupacional que experimentaron los migrantes de los años 2000, la exploración realizada por Actis (2011) señala una movilidad transnacional descendente (Argentina-España)[18], aunque también una movilidad dentro del mercado laboral español de tipo ascendente –esto responde, en gran medida, a las precarias inserciones iniciales–. De todos modos, este aspecto será profundizado mediante el análisis del material empírico, a la luz de las trayectorias de los entrevistados.

Argentinos en España

Dentro del panorama de la inmigración en España –descrita rápidamente en el apartado anterior– los argentinos constituyen, tomando prestada la expresión de Bachelard (1989), un caso particular de lo posible. Es decir que, si bien comparten en tanto inmigrantes extracomunitarios rasgos comunes con otros inmigrantes, también cuentan con cierta singularidad. Lo más destacable es su relativa invisibilidad, por dos rasgos fundamentales: por un lado, la antigüedad de su asentamiento y las relaciones históricas con España que, en muchas ocasiones, les posibilita el ingreso y estancia en suelo español con ciudadanía española o de algún país comunitario. Por otro lado, el componente de etnicidad resulta favorecedor para los argentinos, al percibirse sus rasgos fenotípicos similares a los de los españoles (Sarrible, 2000a). Sin embargo, su situación legal está en un rango entre la precariedad extrema y una total invisibilización en tanto inmigrantes.

En efecto, en el régimen de ciudadanía segmentada (Vives González, 2007) no todos los argentinos asumen la misma posición privilegiada. En la Tabla 8 pueden observarse las diferentes situaciones jurídicas que afectan a los inmigrantes argentinos. La adquisición de la nacionalidad española antes de la emigración –lo que se denomina retornados; o bien después –con dos años de residencia legal o uno para familiares de españoles– serían las situaciones más ventajosas. Pero no es insignificante, en el polo opuesto, la presencia de argentinos en España que tienen situación jurídica irregular (sin papeles). En el año 2002 –el del boom emigratorio argentino– los sin papeles representaban el 78% de los argentinos empadronados (Actis, 2010a: 152). Dos años más tarde, casi llegaban a 100.000 los argentinos indocumentados (96.782). La profunda crisis que atravesaba Argentina en el año 2000 y 2001, empujó a una emigración desesperada, que algunos autores calificaron de éxodo (Mira, 2005: 178) y otros como exilio económico (Esteban, 2003: 32).

Tabla 8: Nacidos en Argentina empadronados en España, según situación jurídica (1997-2008)

Año

Comunitarios

Nacionalidad argentina

Total

Españoles

Italianos

Empadronados

Residentes

Sin papeles*

1997

40.039

1.920

19.315

17.188

2.127

61.323

1998

40.767

2.100

21.096

17.007

4.089

64.020

1999

44.349

2.700

23.351

16.290

7.061

70.491

2000

47.247

5.000

32.429

16.610

15.819

84.872

2001

52.607

8.800

56.714

20.412

36.302

118.903

2002

62.896

18.271

109.445

27.937

81.508

191.653

2003

69.225

25.128

130.851

43.347

87.504

229.548

2004

74.389

30.961

152.975

56.193

96.782

259.765

2005

81.819

37.341

150.252

82.412

67.840

271.444

2006

86.953

42.198

137.837

86.921

50.916

272.985

2007

93.335

46.837

147.382

96.055

51.327

290.281

2008**

101.400

51.300

140.443

97.277

43.166

293.227

2000-07

54.153

46.300

108.014

80.667

27.347

208.335

% 00-07

114,6

926,0

333,1

485,7

172,9

245,5

(*) Estimación basada en la diferencia entre empadronados y poseedores de permiso de residencia. Las cifras de residentes corresponden a 31 de diciembre de cada año; las de empadronamiento a 1 de enero. (**) Cifras provisionales, excepto residentes.
Fuente: Elaborado por Actis (2010: 161) en base a INE, Padrón Municipal de Habitantes y Ministerio del Interior.

Otra categoría importante, cuantitativamente hablando, es la cantidad de argentinos que ingresaron y residen en España utilizando su ciudadanía italiana. En términos porcentuales fue el grupo que más creció entre el 2000 y el 2007 (926%). Como comenté en páginas anteriores, un factor de peso en la orientación de los flujos de argentinos a España se relaciona con la historia reciente de Argentina como país receptor de inmigrantes del Sur de Europa[19] (Italia y España, principalmente).

En la última década, la composición por condición jurídica de los argentinos en suelo español se ha transformado. En el año 2000, más de la mitad eran españoles (63%), muchos de ellos asentados durante la década de 1970 y corresponden a la edad del exilio; el 33% tenía nacionalidad argentina, y el 4% contaba con la nacionalidad de un tercer país (Italia u otro). En 2008, en cambio, estas proporciones han cambiado: 32% son españoles; argentinos el 51% y de otras nacionalidades un 17% (Actis, 2010a: 153).

Algo que quizá explique, al menos en parte, el importante contingente de inmigrantes sin papeles[20] (en torno a 40.000 personas, según estimaciones para 2007 de Actis, 2010a: 152), además de lo expuesto sobre las restricciones que imprime la legislación de extranjería española, es la dificultad de tramitar la ciudadanía de algún país europeo en Argentina. Si bien ésta constituye una práctica relativamente difundida entre las familias argentinas –práctica en la que se involucran padres, abuelos, incluso primos y tíos–; en los años críticos (2000-2002) de excesiva demanda se tornó casi un arte[21]. El complejo proceso administrativo en los consulados o embajadas suele llevar años, e implica la movilización de todo tipo de recursos –económico, cultural y social– de los interesados (García y Garzón, 2008). Por otra parte, no todos los argentinos cuentan con ancestros –o éstos no son lo suficientemente próximos en términos genealógicos– a los que puedan aludir para reclamarse retornados.

Características demográficas de los inmigrantes argentinos en España

El grupo de argentinos que residía en España en 2007 conforma un stock de 293.227 personas (Tabla 8) y responde a diferentes etapas de asentamiento. Aunque la mayoría de los argentinos que residían en España al momento de la investigación (2008) llevaban más de diez años en el país, hay un 47% de arribados después del año 2001 (Reher y Sánchez, 2009: 82).

Los argentinos en España presentan un relativo equilibrio entre sexos, siendo la tasa de masculinidad en torno al 51,8% al año 2007. Esto marca una pequeña diferencia con otros grupos de inmigrantes latinoamericanos, que presentan tasas de feminidad del 62,4% (dominicana); del 56,6% (colombiana); del 55,6% (boliviana); 53,8% (peruana; Actis y Esteban, 2008: 97). Es posible que, a raíz de la crisis económica, se hubieran definido proyectos migratorios en los que el varón resultó ser el pionero, dejando al resto de la familia (cónyuge e hijos) en Argentina. Así todo, las migraciones de grupos familiares parecen ser habituales entre los argentinos: los grupos de edad de menores de 19 años y entre 20 a 44 crecieron a ritmos parejos (664% y 695%, respectivamente), lo que hace suponer a algunos investigadores la existencia de una importante migración de familias nucleares (Actis y Esteban, 2008: 98). Esta hipótesis se vería respaldada con otros datos referidos a la composición de los hogares: el 66% de los hogares de los nacidos en Argentina son de convivencia con familiares directos (parejas, padres, hijos); el 56,7% de los argentinos mayores de 16 años está casado (similar a la proporción de españoles 57,6%); y un 62% de las parejas cuentan con ambos miembros nacidos en Argentina, un tercio se establece con españoles/as, y el resto (un 5%) con migrantes de otros países (Actis, 2010a: 154). Además, hay otras dinámicas subyacentes: un 12% de los hogares son unipersonales, mientras que un 15% vive con otros familiares. Sólo un 7% de los argentinos convive con no familiares.

Sin embargo, los grupos de edades mayores también aumentaron su ritmo de crecimiento desde el año 2000. La cohorte de 45-64 años pasó de 5.500 a 26.000 personas entre 2000 y 2004; y los mayores de 65 de 2.500 a 6.600 en el mismo tramo temporal (Actis y Esteban, 2008: 98). Lo que indica que la migración fue protagonizada por todos los grupos de edad, incluso en etapas de la vida –adultos mayores– en las que no se participaría del mercado de trabajo. Es posible que, si disponían de ciudadanía española, pudieran beneficiarse de una pensión que compensara sus magros ingresos como jubilados o pensionados en Argentina[22].

Distribución territorial

Las pautas de asentamiento de los argentinos en España no han seguido necesariamente los lugares de origen de los antiguos emigrantes españoles hacia Argentina, tal como lo constatan Reher y Sánchez (2009: 90). Más bien se han dirigido a los polos de atracción de mano de obra en los principales nichos de inserción de los inmigrantes argentinos: las zonas turísticas de costa; las grandes ciudades globales (Madrid y Barcelona), sus áreas metropolitanas y algunas zonas de interior (Actis, 2010a).

El ciclo de exiliados tendió a asentarse en dos de las grandes ciudades españolas (Barcelona y Madrid). Es posible que quienes tuvieran más antigüedad en España –y mejores inserciones socio-ocupacionales–, orientaran de algún modo los asentamientos de los recién llegados, a través de contactos y redes.

Las regiones que concentran más cantidad de personas nacidas en Argentina son[23]: Cataluña y Aragón (22%); luego sigue la región Centro –que incluye Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura– con un 17,5%. Y en tercer lugar Andalucía (17%). Sin embargo, en términos relativos las Comunidades Autónomas donde más aumentó la cantidad de argentinos entre los años 2000 y 2004 fueron[24]: Comunidad Valenciana (411%), Andalucía (380%), Cataluña (368%); Canarias y Baleares (330%), y Castilla La Mancha y Murcia (325%). Es notable que se trate de nuevos sitios de asentamiento desde los años ochenta, que coinciden con sectores en expansión –especialmente, zonas turísticas y costeras–, en las que el comercio y la hostelería facilitan inserciones rápidas, y no siempre exigentes en lo que respecta a documentación.

Así, las claves para la comprensión de los asentamientos geográficos estarían dadas: a) según las regiones donde las actividades económicas se presenten más favorables –especialmente a las primeras inserciones, en las que no se contaría con documentación–; y b) de acuerdo con el establecimiento previo de conocidos o redes, que facilitarían el acceso al mercado de trabajo y a la residencia. A través del material empírico se profundiza la incidencia de estos factores.

Inserciones laborales respecto a la etno-estratificación

Las ramas de actividad que ocupan los inmigrantes procedentes de Argentina (a continuación, Tabla 9), son comercio-hostelería (36%), industria (22%) y actividades financieras e inmobiliarias (14%). Respecto a los otros inmigrantes latinoamericanos, que se aglutinan también en comercio-hostelería, pero en menor medida (28%), en otros servicios –que incluye servicio doméstico y de cuidados– (24%) y en construcción (17%); se constata que la inserción de los argentinos parece no ser del todo desventajosa, ya que logran eludir –en concentraciones de dos dígitos– algunas de las ramas con menor nivel de aceptabilidad (construcción, servicio doméstico, agricultura). Sin embargo, están presentes en dos de ellas –comercio y hostelería– en proporciones elevadas, sólo superados por los asiáticos entre los inmigrantes extracomunitarios (Actis y Esteban, 2008: 107).

En tanto, respecto a los trabajadores españoles, los argentinos están menos representados en construcción (7% vs. 9%); agricultura (2% vs. 12%), mientras que en otros servicios ambos tienen participaciones similares (9,2% frente a 9,1). Tres ramas en las que se concentran los trabajadores inmigrantes.

Tabla 9: Ocupados según rama de actividad y procedencia (2005) (en % verticales)

Rama actividad

España

UE 15

UE +10

E. Este

África

A.
Latina

Asia

Argentina

Construcción

9,0

7,6

16,3

6,6

24,3

17,3

s.d.

6,8

Comercio-hotelería

25,8

41,1

20,2

21,9

26,1

27,9

77,9

35,7

Transporte

4,6

5,4

8,6

4,6

0,8

4,4

s.d.

3,7

Finanzas-inmobil.

9,3

15,5

17,1

11,1

5,8

7,7

s.d.

13,7

Educac., sanidad, AP

13,9

10,3

s.d.

1,5

4,7

5,6

s.d.

6,8

Otros servicios

9,1

7,4

15,9

15,1

10,3

23,9

6,1

9,2

Industria

16,0

9,2

9,9

25,1

8,4

5,9

6,6

22,1

Agricultura

12,3

3,5

11,9

14,0

19,5

7,4

9,3

1,9

s.d.= sin datos
Fuente: Actis y Esteban (2008: 108).

Atendiendo a las categorías de ocupación, se aprecian algunos detalles que especifican la posición de los argentinos en el mercado de trabajo etno-estratificado. El 40,2% son mandos[25] –directivos y empresarios, profesionales, técnicos y capataces– (Actis y Esteban, 2008: 108), por detrás de españoles (45,8%), asiáticos (49,8%) y trabajadores del resto de la UE (70%). En tanto, los inmigrantes no comunitarios se concentran en los puestos subordinados (90% de los africanos y europeos del Este; y 80% del resto de latinoamericanos).

Respecto a los puestos subordinados –administrativos y manuales–, los argentinos tienen la representación más elevada entre los inmigrantes extracomunitarios en los puestos administrativos (43%), superando a los comunitarios (41%) y a los españoles (39%). Asimismo, el resto de los inmigrantes no comunitarios se sitúa de manera muy concentrada en actividades manuales: 97% de africanos; por encima del 60% el resto de los latinoamericanos (Actis y Esteban, 2008: 109).

Tomando en cuenta los grupos de edad también se observan diferencias importantes, que pueden estar relacionadas con las diferentes etapas de la inmigración argentina a España. Los jóvenes argentinos de ambos sexos (menores de 30 años) trabajan con mayor frecuencia como empleados de servicios y vendedores de comercio que otros jóvenes inmigrantes, como sus coetáneos ecuatorianos o colombianos. Asimismo, tienen gran inserción en el sector hostelero (tanto hombres como mujeres). En cambio, los grupos de más edad –y, presumiblemente, aunque no siempre, los más antiguos–, tienen inserciones ocupacionales más variadas. Tienen mayor representación incluso que los españoles en los puestos de mayores calificaciones (directivos de empresas, técnicos, profesional científico y de apoyo): 43% frente a 32%, en todos los grupos de edad. Respecto al género, destaca el papel de las mujeres argentinas mayores, en ramas de educación y salud –similar a las españolas–, por sobre sus connacionales varones. También superan a éstos en las inserciones en actividades financieras, en hostelería y en comercio. Los varones argentinos, en tanto, se ocupan en diferentes ramas: industria, construcción y comercio (50%) y en actividades financieras e inmobiliarias, hostelería y educación y salud, en menores proporciones que las mujeres argentinas (Cacopardo et al., 2007).

Las inserciones de los inmigrantes argentinos se encuentran, en efecto, dicotomizadas, entre “los más favorecidos y los más perjudicados por su inserción laboral” (Actis y Esteban, 2008: 108). Parte de esta inserción diferenciada se debe a las edades de la migración de argentinos a España. Estas edades supusieron unas condiciones de producción de las migraciones (en origen), y unas condiciones de inserción o asentamiento (en destino), que no son equivalentes entre un ciclo y otro. Sin embargo, perdura la fama de los argentinos como pertenecientes a las clases medias urbanas, con niveles educativos elevados y con inserciones laborales exitosas. Quizá, la huella que ha dejado esa movilidad social ascendente del primer ciclo se perpetúe en las representaciones positivas que de los argentinos se tiene en España[26].

Así todo, cada vez más los argentinos en España van deviniendo inmigrantes extracomunitarios, como se observa en la Tabla 8, donde las cifras absolutas de empadronados superan bastante a las de ciudadanos comunitarios (españoles e italianos juntos). La categoría de inmigrantes extracomunitarios, con una fuerte marca de externalidad, se utiliza, como bien señala Gil Araujo (2010), para clasificar y calificar a las personas provenientes del Tercer Mundo, a los que no pertenecen a la Europa fortaleza.

Los inmigrantes argentinos en España han contado, de entre todos los preferidos del siglo XXI (Izquierdo et al., 2003), con una buena posición en las jerarquías de alteridad. Sin embargo, la nueva composición de los flujos (diversidad de orígenes sociales y de lugares de procedencia en origen), el importante incremento de este grupo nacional en los primeros años del milenio, sumado a la segmentación del mercado de trabajo español, van orillando a una parte de estos visitantes modelo a los lugares de inserción ocupacional de los demás inmigrantes.

La etnicidad atribuida a los diferentes orígenes nacionales es un marcador que estratifica a las poblaciones, para asignarles unos puestos (laborales), para los que se los presupone idóneos, sustentados en los estereotipos de los empleadores (Pedreño, 2005)[27]. Estas preasignaciones, como cualquier sistema de expectativas consolidado respecto a las oportunidades existentes, colaboran con la realización de lo probable (Bourdieu, 2011). Asimismo, es posible que la etnicidad se vaya modificando a medida que cambien también las condiciones del contexto de recepción, puesto que las categorías clasificatorias (y la etnicidad es una de ellas) son dinámicas y contextuales. ¿Quedarán atrapados los migrantes argentinos en las antiguas categorizaciones sociales, aquellas que los situaban entre las clases medias de origen urbano, con credenciales escolares y cultura? ¿O irán, cada vez más, deviniendo inmigrantes, subproletarizándose y precarizándose, como la mayoría de los que comparten su condición? Las próximas páginas del libro intentan arrojar luz sobre estos interrogantes.


  1. Entre los favorecidos por este tratamiento especial, en la primera ley de inmigración española (Ley 7/1985) se encontrarían los países hispanoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, judíos sefardíes, y los nacidos en Gibraltar. De acuerdo con lo analizado por Vives González (2007) los beneficios se plasman por fuera de la legislación específica de inmigración: por ejemplo, los tratados bilaterales, los programas de exención de visados y el acceso preferencial a la ciudadanía que se recoge en el Artículo 22 del Código Civil Español.
  2. Sólo entre 1881 y 1914 se asentaron en Argentina un gran número de inmigrantes de muchas nacionalidades: 2.000.000 de italianos, 1.400.000 de españoles, 170.000 franceses, 160.000 rusos (Texidó, 2008: 7).
  3. Es habitual que ciertos estudios califiquen como migración de retorno a los movimientos realizados por los descendientes de europeos que regresan a la tierra de los antepasados (Aruj, 2004; Viladrich, 2007; Sarrible, 2000a). Grossutti (2005), en cambio, critica esta connotación de retorno de las migraciones que a finales de los años ochenta protagonizaron muchos argentinos a la región italiana de Friuli, de donde procedían algunos ancestros.
  4. Reher y Sánchez (2009) sostienen que entre 1947 y 1959, Argentina y Venezuela recibieron el 60% de la emigración española, momento a partir del cual este flujo comienza a orientarse hacia Europa.
  5. La promulgación de la ley de Memoria Histórica (N 52/2007) durante el gobierno socialista de Zapatero (2004-2012), amplió los derechos de quienes padecieron persecución política durante el régimen franquista. A efectos de esta investigación, significó para muchos argentinos una puerta de acceso a la nacionalidad española, por la disposición de otorgar este derecho a hijos y nietos de represaliados políticos, independientemente de la edad. En tanto, para el acceso a la ciudadanía italiana “[…] no existen en efecto límites generacionales siempre y cuando se demuestre la relación paterno-filial, lo que permite que algunos argentinos se beneficien de la nacionalidad italiana siendo la cuarta generación” (García y Garzón, 2008: 166).
  6. En la encuesta del Latinobarómetro de 2001, a la pregunta sobre “qué país del mundo era considerado más amigo”, el 40% de los argentinos consideraba que no había ningún “país amigo”, pero el 24% que lo era España, el 18% se inclinaba por Estados Unidos y el 6% por Italia. En el conjunto de América Latina los respectivos porcentajes eran 24%, 8%, 39% y 1% (Actis, 2010b: 12).
  7. En una estimación de stocks realizada para 1980, los argentinos censados en el extranjero se encontraban mayormente en Estados Unidos (68.887); los cinco países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con más de 100.000) e Israel (con 20.318). España, según la misma estimación, albergaba a 13.077 argentinos censados (Schkolnik, 1986: 51-52).
  8. Como bien señala Actis (2010: 148) entre 1971 y 1991 el volumen de inmigrados creció del 1,1% al 2,2% de la población total. En 1985 había menos de cuarto millón de inmigrados registrados, mientras que los españoles emigrados seguían contabilizándose por encima del millón (Colectivo Ioé, 2005: 33).
  9. “Si en 1987 el 56% de los activos tenían estudios primarios o inferiores mientras que sólo el 44% tenían estudios secundarios, técnicos o superiores, en 2001 esta distribución se ha invertido: sólo el 26% de la población activa tiene estudios primarios o inferiores frente al 74% que tienen estudios secundarios, técnicos o superiores” (Cachón, 2009: 119).
  10. La estructura del empleo entre 1976 y 2001 ha disminuido su incidencia –en generación de puestos- en los sectores de la agricultura y la industria, y ha aumentado en el sector servicios y en la construcción. Entre 1976 y el primer trimestre de 2002 la agricultura pasó de tener el 22% al 6% de los empleos, la industria del 27% al 19%, la construcción del 10% al 12% y los servicios del 41% al 63% (Gil Araujo, 2005).
  11. Las proyecciones de Población de la ONU estiman que España debería recibir por lo menos 240.000 inmigrantes por año hasta el 2050, para mantener el tamaño de población actual y el sistema de seguridad social (Viladrich y Cook-Martín, 2008; Zaguirre Altuna, 2004). A mediados de la década de los noventa, la tasa de natalidad cayó por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), que, sumado a la prolongación de la esperanza de vida, produjo un envejecimiento de la población (Colectivo Ioé, 2005: 33).
  12. En ocasiones, se trata de trabajos de difícil cobertura entre la población autóctona –que antes de la crisis de 2008 podrían haber elevado el “nivel de aceptabilidad”–, debido a las condiciones de trabajo y salario en que se ofertan. Es la degradación del trabajo, fundamentalmente, lo que genera el factor de escasez de mano de obra (Pedreño, 2005).
  13. Paradoja, además, nutrida de una “superproducción normativa” (Cachón, 2009: 132) entre 2000 y 2005: 6 normas generales –acompañadas de procesos de regularización masiva–, 2 Leyes Orgánicas en 2000 y 2 Reglamentos Generales de desarrollo de la ley (en 2001 y 2004).
  14. Sayad señaló el carácter político que tienen los planteamientos del hecho migratorio en términos economicistas. En todo caso, para él habría que abordar la pregunta desde otro ángulo: ¿a quien beneficia y a quien cuesta? O, radicalizando los términos económicos de la cuestión, habría que considerar el coste de crecimiento del inmigrante en su país de origen (Sayad, 1986: Nota 9, p. 82).
  15. Muchas investigaciones se pueden consultar sobre el exilio argentino en España: la tesis de Silvina Jensen (2004): Suspendidos de la Historia/Exiliados de la memoria. El caso de los argentinos desterrados en Cataluña (1976–); la tesis de Margarita del Olmo Pintado (1989): La construcción cultural de la identidad: emigrantes argentinos en España. Algunos artículos analizan, además, los aportes de científicos, especialmente en ciencias sociales, en el campo académico y profesional español de los exiliados latinoamericanos: Santamaría (2006) “Migraciones y ciencias sociales: el caso de los científicos sociales latinoamericanos”; Sarrible (2000b) “Innovación social y migraciones: los argentinos en España”.
  16. Para una exploración completa de los ciclos migratorios argentinos en España, consultar Actis (2011). Allí refiere a otra etapa (1984-2000) que aquí no se describe por ser sus características similares al ciclo que centra este estudio (2000-2007).
  17. Datos procedentes de una explotación de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007) llevada a cabo por el sociólogo Walter Actis (Actis, 2011).
  18. El análisis de Actis toma en cuenta tres dimensiones de la situación de empleo de los inmigrantes argentinos: la duración de la jornada, el tipo de vínculo y la categoría ocupacional. Mientras que la jornada se mantiene en la misma cantidad de horas en los dos países, el tipo de vínculo mejora levemente –en las dos movilidades, transnacional y dentro de España, pero no compensa el deterioro sufrido al emigrar–. Este se refleja en la otra dimensión analizada: la categoría profesional. La mitad de los que cambian de categoría respecto a la del país de origen, descienden en España (Actis, 2011).
  19. La pregunta obligada que surge es: ¿por qué los argentinos con ciudadanía italiana no emigran a Italia? La respuesta que han dado algunos investigadores a este interrogante es la falta de redes sociofamiliares en Italia, el desconocimiento del idioma, el papel que se asigna a los argentinos como latinoamericanos, sin beneficiarse del trato privilegiado del que gozarían en España, etc. (Garzón, 2006; Actis y Esteban, 2007; Vives González, 2007).
  20. El proceso de regularización llevado a cabo en el año 2005 tuvo un efecto limitado sobre los inmigrantes argentinos sin papeles. De los 80.000 argentinos irregulares estimados en ese año (Actis, 2010a: 152); presentaron solicitudes 23.896, de las que se resolvieron la mayoría: 21.519 (Informe Anual de Estadísticas de Migración y Asilo. Síntesis 2004-2005).
  21. Diferentes encuestas captaron las intenciones de emigrar de porcentajes muy elevados de la población en el año 2002: Gallup el 60%; Nueva Mayoría el 62% de jóvenes de entre 30-42; Römer el 50% de clase media (y el 38% recomendaba a sus hijos emigrar); etc. (Lambiase, 2004: 22-23).
  22. El grupo de los pensionados y jubilados fue uno de los que protagonizó la masiva entrada en la nueva pobreza durante la década de los noventa (Minujin, 1997).
  23. En base a explotación de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2007), realizada por Reher y Sánchez (2009: 90).
  24. Según la explotación de la ENI 2007 realizada por Actis (2010).
  25. Los autores que tomamos de referencia utilizan la oposición mandos/subordinados. Los subordinados son trabajadores manuales y administrativos (Actis y Esteban, 2008: 108).
  26. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en esta imagen construida de los argentinos como preferidos frente a otros inmigrantes extracomunitarios. Tal y como lo manifiestan Viladrich y Cook-Martín: “los medios de comunicación en España han contribuido particularmente a resaltar la imagen del inmigrante argentino como el del “visitante modelo”, cuyos reclamos de derechos ciudadanos tienen asidero en las similitudes étnicas, culturales y de sangre compartidas con sus pares españoles” (2008: 187).
  27. Este tipo de estereotipos está detrás de la asignación de los inmigrantes a determinados trabajos. Así, a los varones de Europa oriental se los elige para puestos de más responsabilidad que a los que proceden del norte de África, dentro de la construcción; a las mujeres latinoamericanas –colombianas y ecuatorianas– se las asigna a tareas de cuidados (puesto que son “dulces y cariñosas”); a las europeas del Este a tareas de atención al público en el sector de la hostelería (al ser éstas “bellas e inteligentes”), etc. (Pedreño, 2005: 90-95). Como sugieren Izquierdo et al. (2003), los niveles de preferencias de unos colectivos u otros se aprecian no sólo en la legislación y los vínculos históricos entre los estados de origen y destino, sino en comportamientos a pequeña escala, que incluyen desde las prácticas de los empleadores hasta el arrendamiento de pisos, o el trato en el bar.


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