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12-1891t

1 Movimientos sociales, protesta
y acción política en Argentina

Si hasta entonces se trataba de explicar la acción de los individuos en términos de totalidades predefinidas, ahora se trata de entender cómo se construyen identidades colectivas (o sujetos colectivos) a partir del componente individual. (Naishtat y Schuster, 2005: 10)

La sociedad avanza y se repliega, experimenta titubeante la diversidad que la asusta y la fortalece simultáneamente. …. Los ciudadanos demandan su derecho a ser tratados como tales. Deciden en gestos dramáticos y espectaculares asumir la conducción de sus propios destinos para luego replegarse en sus nichos privados donde la muerte de cardenales, las explosiones de drenaje, la impunidad, la corrupción y la violencia son apenas imágenes televisivas (Reguillo, 1994: 93)

En este capítulo se desarrolla un panorama de los movimientos sociales contemporáneos para ubicar nuestro problema de estudio y contextualizar tanto la emergencia de los movimientos como las teorías que pretenden explicarlos. Lo haremos en cuatro pasos. En la primera sección consideramos los principales abordajes teóricos, que incluyen los enfoques de movilización de recursos y de identidad, y las conexiones entre ambos. En la segunda sección se trata la relación de los movimientos sociales con la denominada “tercera fase de la modernidad”, incluyendo cuestiones relativas al lugar del Estado, el sujeto y la ciudadanía. En la tercera sección, se incluyen los aportes teóricos provenientes de América Latina y Argentina. Finalmente, en la cuarta sección, explicamos la situación de los movimientos sociales en Argentina, realizando un panorama histórico y caracterizando las circunstancias particulares que surgieron de la crisis de 2001-2002, que permiten comprender el nacimiento de formas nuevas de sindicalismo y de un movimiento de trabajadores desocupados conocidos como “piqueteros”.

1 – Los abordajes teóricos sobre movimientos sociales y acción colectiva

A partir de su protagonismo a fines del siglo XX, los movimientos sociales pasaron de ser identificados como un fenómeno coyuntural o marginal para la opinión pública a ser un tema central en los estudios sociológicos y políticos. Con el movimiento por los derechos civiles[1] o las corrientes del feminismo[2], por citar dos ejemplos clásicos, se consideró a los denominados “nuevos movimientos sociales” en el marco de procesos políticos y se buscó identificar sus posibilidades y su impacto. ¿Por qué surgían estas manifestaciones sociales en el contexto de fuerte movilización que vivían las sociedades de Estados Unidos y Europa de posguerra?

Se revisaron los enfoques de inspiración funcionalista, orientados al análisis de las conductas colectivas, y se buscó interpretar el carácter racional de la acción de estos movimientos. En el contexto europeo, se cuestionaron las perspectivas que asociaban la acción colectiva con la clase social. Las primeras investigaciones sobre movimientos y protesta social estuvieron hegemonizadas por la teoría que adjudicaba la centralidad a las clases que promovían la transformación social a través de la toma del poder, otorgando el protagonismo al movimiento obrero y considerando tangencialmente tanto las antiguas revueltas, como los modernos movimientos de protesta y otras formas de movilización popular. En la década del 60, junto con el surgimiento de nuevas formas de acción social aparecieron actores vinculados con temas como derechos civiles, género, demandas de pueblos originarios, entre otros[3]. Algunos estudios abordaron el tema buscando causas en el contexto económico y político, haciendo hincapié en situación de crisis y deterioro del Estado de Bienestar o en determinados cambios económicos y sociales, como el posfordismo o la crisis habitacional[4]. Sin embargo, al profundizar en el fenómeno de los movimientos sociales y la acción colectiva, se advertía que las explicaciones mecánicas eran insuficientes y no se trataba solamente de condiciones sociales que generaban estos nuevos actores.

En 1985, en el contexto de un seminario realizado en el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires), Fernando Calderón reflexionaba sobre las profundas transformaciones que advertía en América Latina y se preguntaba “hasta qué punto los movimientos sociales están convirtiéndose en sujetos políticos fundamentales de un nuevo orden” (Jelin, 1989: 11). Las interpretaciones que llevaron a analizar estos actores sociales se orientaron a poner el acento ya en la racionalidad de la acción colectiva[5], dando pie a las teorías de movilización de recursos, que hacían foco en una faceta estratégica y se asociaban a la tradición funcionalista de Estados Unidos, ya en la identidad de los “nuevos movimientos sociales”, que destacaban la construcción de nuevos colectivos con reivindicaciones, bienes simbólicos y significados propios, predominante entre los académicos europeos, como se explica a continuación.

Racionalidad y movilización de recursos

Los teóricos de la “sociedad de masas”, como Le Bon[6]  plantearon que los movimientos sociales surgían por el aislamiento de algunos sectores respecto de las instituciones rectoras de la sociedad. Otros autores presentaron el criterio de “privación relativa”, es decir, que las acciones sociales respondían a situaciones de privación percibidas por actores sociales que se ponían en marcha para reclamar públicamente, ya sea por escasez de bienes, por expectativas defraudadas, por la restricción en bienes que poseían o por otras situaciones de privación que percibían. En procesos de cambio social, cuando los individuos veían frustradas sus expectativas, el descontento se volvía público y se politizaba a través de acciones de protesta, lo que derivaba en la constitución de movimientos sociales (Olson, Herman y Zanna, 1986). Esta posición se encuentra relacionada con el abordaje de “elección racional”, que explica que la acción colectiva surge de individuos interesados en obtener un beneficio, para lo cual plantean una estrategia racional. Esto implica que pueden tener razones “justas” o simplemente ser un sector de la sociedad interesado en obtener mayores beneficios, dentro de sociedades prósperas donde las principales necesidades se encuentran satisfechas.

Su base empírica, situada en la sociedad norteamericana, se asoció a los análisis del “posmaterialismo”. De este modo, no sería el malestar social o la privación lo que anima el surgimiento de los movimientos sociales, sino cierta prosperidad producto de un Estado con perfil social, lo que implica una idea de privación relativa. La limitación de esta posición radica, como menciona un autor, en “el desafío de proporcionar unos micro fundamentos a los fenómenos sociales y específicamente basar todas las teorías de la sociedad en las elecciones racionales de los individuos orientadas hacia un objetivo” (Przeworski, 1987: 98)

Por otra parte, dentro de la teoría de la modernización, que considera que los resultados económicos y sociales permiten asegurar que las sociedades modernas son más productivas, efectivas y socialmente integradas, Smelser (1989) analiza las tensiones sociales y el conflicto. Considera que, a pesar de las funciones claras de las instituciones, éstas enfrentan un problema de integración. En ese marco se puede considerar su definición del comportamiento colectivo como “movilización no institucionalizada para la acción a fin de modificar una o más clases de tensión, basadas en una reconstrucción generalizada de un componente de la acción” (Smelser, 1989: 86). Esto supone un actor sometido a condiciones sociales que escapan a su control y frente a las cuales se moviliza.

Mancur Olson (1965) propone una teoría de la acción colectiva que supone la movilización cuando los individuos pueden obtener beneficios. Si bien los beneficios pueden ser tanto bienes individuales o colectivos, el autor considera que sólo un incentivo individual y selectivo impulsaría a una persona a actuar con espíritu grupal. Analiza distintos elementos presentes en esta motivación e incluso la posibilidad de que haya coerción o incentivos negativos que limiten la participación. Pone el acento en la racionalidad de los actores de los movimientos sociales, su capacidad de organización, los problemas estratégicos que enfrentan y la posibilidad de influir en el cambio social. Plantea que los movimientos son respuestas racionales de adaptación frente a situaciones de conflicto, cuando los miembros participan para lograr un bien colectivo que es considerado posible. Los movimientos sociales se constituyen a partir de los recursos disponibles, la organización, los incentivos selectivos y las oportunidades de acción colectiva. La estructuración y la centralización son eficaces para lograr el éxito, que está determinado por cuestiones estratégicas dentro de los procesos políticos en que se desarrollan y por medio de una movilización que asegura el control sobre los recursos necesarios para la acción colectiva.

En una línea afín, John McCarthy y Mayer Zald[7] (1977) consideraron la “movilización de recursos”, priorizando la investigación de los recursos organizativos, los recursos externos y las oportunidades políticas para los movimientos sociales. Examinan qué recursos deben movilizar, qué lazos establecen con otros grupos, cómo consiguen apoyo externo y también qué tácticas utilizan las autoridades, tanto para controlarlos (a través de la coacción externa) como para incorporarlos.

Craig Jenkins (1985) amplía esta perspectiva con un modelo multifactorial en el que intervienen varios elementos en la formación de los movimientos. Esta teoría abrió también debates sobre el origen y la constitución de los denominados nuevos movimientos sociales. Plantea:

Estos estudios también han señalado la necesidad de una aproximación multifactorial al problema de la formación de los movimientos. Los movimientos se forman a través de diversas vías dependiendo de los elementos ausentes en la situación pre-movimiento. Gamson, Fireman y Rytina (1982) han provisto una sugestiva formulación argumentando un modelo “umbral” de recursos. Más allá de este umbral, los recursos adicionales hacen una pequeña diferencia. Presumiblemente lo mismo se aplica a las protestas, la organización y las oportunidades. Cada factor debe estar presente en este nivel antes que el movimiento emerja. Al mismo tiempo, los déficits en algunas dimensiones (como la organización grupal) pueden ser contrarrestados por excedentes en otras dimensiones (por ejemplo, organizadores experimentados). En general, la aproximación multifactorial es más útil que el énfasis de Mc Carthy y Zald en los recursos de la organización. Al mismo tiempo, las clásicas teorías de tensión estructural acerca de las protestas han sido menos útiles que una aproximación que enfatice los conflictos estructurales de intereses. (Craig Jenkins, 1983: 528)

Una síntesis de esta postura, basada en los procesos que sigue la acción colectiva, incluye las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos políticos y económicos en que están enmarcadas estas acciones, como se encuentra planteado también en trabajos de Tarrow (1997) y Tilly (1978). La movilización de recursos es una interpretación eficaz para analizar la acción colectiva en general, pero resulta insuficiente para comprender las múltiples facetas de los movimientos sociales contemporáneos. Y está basada en una sociedad individualista.

La investigadora Susana Eckstein considera las limitaciones de los planteos de Jenkins (1983), así como de Mc Adam, McCarthy y Zald (1987):

ven las acciones de los movimientos como respuestas racionales a los costos y beneficios de diferentes líneas de acción. Con todo, enfatizan que son contingentes en cuanto a recursos, organización y oportunidades de acción colectiva. Esta teoría ha planteado que mientras los grupos comparten fuertes identidades distintivas y densas redes interpersonales, sus miembros son fácilmente movilizables: tanto la identidad como las redes proveen una base para incentivos colectivos (Eckstein, 1989:6).

En particular, cuando el movimiento trasciende instancias reivindicativas, incluye pequeños grupos y organizaciones populares autónomas, permite la consolidación de un sujeto más allá de la coyuntura de la acción colectiva, desarrolla procesos internos permanentes de tipo horizontal, con los aspectos culturales específicos. Estas cuestiones serán abordadas por planteos identitarios que se vinculan con los aportes europeos.

Identidad

Los enfoques identitarios plantean otra perspectiva e incluso, en los años 90, protagonizaron debates con los teóricos de la movilización de recursos, como es el caso de los debates entre los citados Mc Carthy – Zald (1973, 1977) y Laraña – Gusfield (1994). Los trabajos de Alain Touraine (1987, 1991, 1994) y Alberto Melucci (1994, 1996), por ejemplo, surgieron de un contexto de sociedad que se “revisa a sí misma” como fruto de las grandes transformaciones capitalistas.

Alain Touraine (1987) elaboró inicialmente una concepción “accionalista” en la que el concepto de movimiento social resultaba abarcador del de “clase social”: era un accionar colectivo y organizado de un sector social que lucha contra su oponente por la dirección colectiva del presente histórico y que genera orientaciones socioculturales que le permiten controlar los recursos centrales de la sociedad. “La concepción de Touraine pretendía sintetizar los aportes teóricos de Marx, Weber y Durkheim con los del novedoso funcionalismo norteamericano” apunta Arturo Fernández (1991: 14), para indicar que la idea tradicional del sujeto revolucionario había entrado en crisis y eso explicaba por qué la mayoría del movimiento obrero de los países de Europa occidental tenía crecientes relaciones de integración con la sociedad burguesa.

Touraine incorpora las nociones de historicidad y sujeto. El movimiento social es una acción conflictiva que cambia tanto las orientaciones culturales como el campo de la historicidad en forma de organización social, definidos a la vez por normas culturales generales y por relaciones de dominación social. Los movimientos sociales se constituyen a partir de principios de identidad (es decir, en nombre de quién se habla), oposición (es decir, con qué actor se enfrenta, lo cual implica una construcción de identidad) y totalidad (qué ideología sustenta el conflicto). De aquí se desprende una consecuencia en la acción de los movimientos, ya que generan una nueva historicidad, una cultura propia y un enfrentamiento con la dominación social.

Esta línea de reflexión hizo hincapié en la identidad colectiva que implican los movimientos sociales frente a la disolución de identidades tradicionales. Significa un proceso de conocimiento y construcción simbólica y articulación en redes de analogía (afinidad en el tema o motivo de las luchas) y territorialidad (con otros actores dentro de un territorio definido). En ellas se construye identidad personal y colectiva, las relaciones sociales y el sentido de la existencia. En una perspectiva de análisis afín, Guy Bajoit (1985) prefiere hablar de “movimientos populares” y considera que un actor popular es cualquier grupo discriminado, sometido o manipulado por grupos dominantes y que pueden ser tanto una clase, una raza, un pueblo, una minoría, un grupo de edades o de diferencia sexual. Manuel Castells (1998) explica a los movimientos sociales urbanos como prácticas sociales que contravienen el orden establecido, actores sociales relativamente autónomos capaces de construir por sí mismos la historia y la sociedad.

La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial/temporal (Castells, 1998).

Alberto Melucci (1977, 1994, 1996) considera que los movimientos sociales incluyen varios sentidos de acción colectiva y propone una actitud más empírica que las mencionadas. Considera diversas características, distinguiendo movimientos de tipo reivindicativo, de construcción política y de clase, en tanto reconoce la organización preexistente a los mismos. Apunta:

…quienes se rebelan primero no son los grupos más oprimidos y disgregados, sino aquellos que experimentan una contradicción intolerable entre una identidad colectiva existente y las nuevas relaciones sociales impuestas por el cambio. Estos pueden movilizarse más fácilmente porque a) tienen experiencia en la participación y conocen el procedimiento y los métodos de lucha, 2) tienen un líder propio y un mínimo de recursos organizativos que provienen de los vínculos comunitarios o asociativos preexistentes, 3) pueden reconocer más fácilmente los intereses comunes (Melucci, 1977: 109)

A nivel local Adrián Scribano (1999 b, 2002 a, 2002 b) realiza un análisis pormenorizado de los ejes que plantea Melucci, y extrae algunos aspectos que resultan destacados para nuestra reflexión:

el carácter determinista o no de la interpretación de la acción …. el debate en torno a la superación de la tensión permanente entre objetivismo y subjetivismo. Existiendo un acuerdo más o menos generalizado sobre la importancia de no caer ni en la sobrevaloración de la estructura ni en el énfasis exclusivo en el sujeto… los elementos del micro-mundo de la interacción cotidiana y los componentes macro de los sistemas… la discusión sobre la constructibilidad de la observación de las acciones colectivas… a nivel ontológico se presenta la necesidad de incorporar una fenomenología de la vida cotidiana de las sociedades complejas. Escenario que deviene clave fundamental para la interpretación de las acciones colectivas en contextos de planetarización (Scribano, 2002 a: 70)

Analizando los cambios operados en la sociedad europea, Melucci considera que las transformaciones socio políticas vividas en la posguerra dan cuenta de cierta “disfuncionalidad” en la cual el sistema político pierde legitimidad para encarnar las demandas colectivas. La forma de actuar colectivamente es un “motor” constante de cambio social, compitiendo con el sistema político tradicional. Este doble papel de los movimientos sociales amplía el rango de fenómenos que contiene, evidenciando su carácter cultural y reforzando su papel en la producción simbólica. La acción colectiva se vincula con la identidad individual, las necesidades afectivas y la solidaridad del grupo. El movimiento social es una de las formas que adopta la necesidad de identidad del sujeto y la dinámica de transformación social.

Los teóricos de la identidad de los movimientos sociales no desconocen la faceta instrumental que invocan dichos movimientos, como menciona Marisa Revilla:

En la acción de todo movimiento social, como confirmación del proceso de identificación, están presentes los dos componentes: la (re)constitución de una identidad colectiva (expresivo) y la obtención de recursos políticos y sociales para el desarrollo de esa identidad (instrumental) (Revilla, 1994: 200)

Defendemos aquí, por tanto, el movimiento social como proceso de construcción social de la realidad, por el cual situaciones de exclusión individual respecto de las identidades colectivas y las voluntades políticas … se resuelven en procesos de (re) constitución de identidades colectivas como proceso de reapropiación del sentido de la acción (Revilla, 1994: 206)

Algunas investigaciones buscaron la compatibilidad entre las dos líneas citadas, entre ellos se pueden mencionar a Jean Cohen (1985) y a  Riechmann y Fernández Buey (1994). Por otro lado, para los investigadores latinoamericanos, la articulación entre estas perspectivas resultó un camino teórico y una forma de análisis que dio cuenta de la riqueza y especificidad de sus experiencias, tal como explicaremos en el punto 3 de este capítulo. Proponían “Una suerte de cruce de investigaciones entre las identidades centradas y las aproximación de movilización de recursos, entre métodos cuantitativos y cualitativos y teorías endógenas y externas es estimado necesario” (Escobar y Álvarez, 1992: 6).

Esta investigación, se enmarca en esta línea. Las particularidades de los movimientos de trabajadores analizados permiten articular nuevas formas de acción colectiva con fuertes elementos identitarios. En palabras de Federico Schuster, uno de los investigadores que ha profundizado mejor el estudio de estos movimientos sociales:

Para hablar de un movimiento social es necesario detectar una continuidad en un conjunto relativamente homogéneo de acciones colectivas, tal que: 1) pueda hablarse de una identidad común a todas ellas, 2) que dicha identidad pueda reconocer continuidad a través del tiempo (independientemente de que pueda presentar períodos de latencia), 3) que exista efectivamente una expansión en el espacio del sistema identitario de acciones y 4) que la línea de identidad de las acciones pueda reconstruirse a través de sus sucesivas emergencias y ocultamientos (Schuster, 2005: 45)

Los casos seleccionados para el trabajo de esta tesis, la Juventud de la Central de los Trabajadores Argentinos y el Frente Popular Darío Santillán, muestran una identidad definida que se expresa en el discurso y en la trayectoria. Es una referencia no exenta de complejidad pero que provee elementos visibles y características dinámicas, como se explica en los capítulos 4 y 5.

2. Movimientos sociales como actor clave en la tercera fase de la modernidad

Al realizar una caracterización más completa de los movimientos sociales, surge la pregunta acerca del peso del contexto histórico actual: ¿en qué medida se los puede considerar una expresión de la modernidad o elementos de un modelo socio-económico diferente que se ha estado gestando? Y en esta dirección, ¿qué posibilidades presentan en el presente contexto, desde las perspectivas de análisis del Estado y la ciudadanía? Estas preguntas han atravesado también el campo académico y resulta oportuno analizar algunas conceptualizaciones que dan cuenta del período histórico que transitamos a fin de ubicar a los movimientos sociales en ese contexto.

Modernidad y movimientos sociales

El estudio de los movimientos sociales llevó a varios pensadores, como Claus Offe (1985, 1992) y Jürgen Habermas (1981, 1988), a desarrollar un análisis abarcador de las características propias de la modernidad y proponer conceptos teóricos específicos. Offe y Habermas ponen el acento en la crisis de los dos “subsistemas” de la modernidad que inundaron con su lógica todos los aspectos de la vida social: el subsistema de producción y el de administración. Frente al carácter totalizador de estos sistemas, los movimientos sociales constituyeron una ruptura de la lógica cultural y plantearon la necesidad de una “autolimitación inteligente”, al decir de Habermas (1988). Este autor explica la modernidad como el “desacople” (Habermas, 1987) entre el mundo de la vida y los sistemas autorregulados, profundizando el concepto de abstracción real[8] que alude a la distancia que se genera cuando los sistemas autorregulados propios del capitalismo colonizan el mundo de la vida, desplazando la acción comunicativa de las personas. Frente a la acción instrumental propia del capitalismo, Habermas propone la acción comunicativa, una relación interpersonal lingüística que busca el consenso y el entendimiento mutuo, que revaloriza el protagonismo de los actores. Los movimientos sociales se encuentran en una situación privilegiada para desarrollar esta acción. Adrián Scribano, analizando los movimientos sociales en Argentina, considera que desarrollan una acción comunicativa, y propone una tarea hermenéutica de “comprender el mundo de la vida, las manifestaciones intersubjetivas y los discursos” (Scribano, 1999: 222). Rossana Reguillo considera también estas posibilidades, sin descartar las dificultades para desarrollar un proceso eficaz:

La pregunta es cómo establecer, a lo Habermas (1989), comunidades de argumentación orientadas al entendimiento, si los actores sociales participan en y de la vida urbana desde sus propios·”mundos de la vida” anclados en pretensiones de validez y construidos en largos procesos históricos, donde la resistencia al cambio de la subjetividad se explica, entre otras cosas, por la dificultad de generar matrices culturales que sean capaces de ofrecer nuevos símbolos que interpelen a estas subjetividades. (Reguillo, 1994: 94)

Este concepto de acción comunicativa está vinculado con la posibilidad de los movimientos sociales de generar un “re-anclaje”[9] reflexivo de carácter colectivo que supere la abstracción real, particularmente, en un momento histórico privilegiado, el de la tercera fase de la modernidad (concepto que se amplía más adelante). Domingues comenta: “La modernidad multiplicó las situaciones de desamparo en las cuales las identidades básicas y abstractas de ciudadano y trabajador libre […] no fueron suficientes para proporcionar a las personas identidades estables” (Domingues 2002: 67). En este sentido, los movimientos sociales constituyeron formas de re-anclaje para amplios sectores de la sociedad, brindando estructuras de sentido para las prácticas, un lugar de reconocimiento entre pares, de acción social y política y, en muchos casos, un modelo de inserción productiva con parámetros ajenos al modo de producción capitalista.

Offe (1990, 1992) analizó la crisis del Estado Benefactor, de la que se desprenden, a su criterio, tanto corporativismos como nuevos movimientos sociales. En su libro “Partidos políticos y nuevos movimientos sociales” (1992) parte de la situación de Alemania para hablar de un “nuevo paradigma” en construcción alrededor de los nuevos movimientos sociales, dentro de una perspectiva de modernidad hegemonizada por un sistema político que protagonizaban el Estado y los partidos: “El campo de acción de los nuevos movimientos es un espacio de política no institucional, cuya existencia no está prevista ni en las doctrinas ni en la práctica de la democracia liberal y del Estado de Bienestar” (Offe, 1992: 174)

Los debates acerca de la modernidad y las características sobresalientes de la misma han sido objeto reiterado de estudios académicos y numerosas publicaciones a fines del siglo XX, muchos de los cuales abordaron el tema desde el punto de vista de la crisis o para considerar directamente el advenimiento de una “posmodernidad”. Más allá de los planteos de Lyotard (1986), Baudrillard (2002) o Lipovetsky (1986), otros autores pusieron el acento en las transformaciones de la propia modernidad. Y señalaron tanto el carácter incompleto de la misma, cuyos ideales no se habían podido cumplir, como el sentido profundamente “moderno” de algunos de los nuevos emergentes. Entre los abordajes que se pueden incluir en este último análisis, Touraine otorga peso a los mecanismos de subjetivación en los nuevos movimientos sociales y Harvey (1998) identifica voces “modernas” en los debates de la posmodernidad. A estos se suma Frederic Jameson (1999) planteando que nos encontramos frente a una lógica de un “capitalismo tardío” y Marc Augé (1996), quien considera que a fines del siglo XX se asistía a una aceleración de la misma modernidad en lugar de una etapa radicalmente diferente, por lo tanto la denomina “sobre-modernidad”. Beck (1996), por su parte, habló de una “modernización reflexiva”.

En medio de estos debates se puede considerar que hubo una revalidación del concepto de modernidad y su capacidad explicativa, sin dejar de reconocer los cambios importantes que se habían producido y abarcaban tanto a la sociedad, como a la producción capitalista y al sistema político. Dichos cambios fueron considerados por otros autores como una transformación interna de la propia modernidad. De allí la caracterización de “fases” de la modernidad.

Cabe aclarar que al priorizar el marco de análisis de la modernidad no se pretende disolver el peso de la dominación económica relativizando a través de los procesos culturales el papel de la explotación económica. Tampoco se trata de quitar protagonismo a la dominación capitalista, que es característica de esta etapa y, más allá de las caracterizaciones que se hacen sobre la globalización, es uno de los rasgos distintivos. En este sentido, tomamos las palabras de José Mauricio Domingues, uno de los investigadores que ha analizado el potencial de este concepto, que señala:

Aquí utilizaré del concepto de modernidad dentro del marco de la teoría crítica que, considerada de una manera ecuménica, se encuentra en las obras más antiguas de Giddens y sobre todo en las de Habermas, a modo de incluir en su definición no sólo al capitalismo sino también al imaginario y las otras dimensiones institucionales de la modernidad, sin privilegiar la dimensión económica de la vida social. (Domingues, 2005: 597)

Siguiendo esta línea de análisis, Peter Wagner (1994) propuso analizar a la modernidad en “fases”, considerando que hubo una primera fase hegemonizada por el liberalismo y la formación del Estado Burgués y una segunda fase en la que predominó la organización estatal. La crisis de esta fase fue caracterizada como “posmodernidad” en los debates, pero para este autor a partir de dicha crisis se abrió una nueva fase moderna, caracterizada por las redes y la aparición de los movimientos sociales. Se analizan a continuación los elementos más destacados de estas fases de la modernidad.[10], considerando que enriquecen la comprensión del contexto socio-histórico de aparición de los movimientos sociales.

Como se acaba de mencionar, a partir de las investigaciones de Peter Wagner (1994) pero también a través de los trabajos de Boltanski y Chiapello (1999) y Claus Offe (1990, 1996), se pueden analizar dos fases en el proceso histórico de la modernidad. Una primera fase se consolida con las revoluciones de fines del siglo XVIII y se desarrolla hasta la década de 1920 y 1930 aproximadamente, si bien se registran elementos de “crisis” con anterioridad a esa fecha. A partir de ese momento se identifica una segunda fase, que llega hasta fines de siglo XX, cuando evidencia signos de desgaste, lo que llevó a los debates y aportes teóricos ya mencionados que consideraron el final de la modernidad o, directamente, la posmodernidad.

La primera fase estuvo caracterizada por la consolidación del capitalismo liberal, con base en el mercado, y del Estado Moderno basado en la idea de pacto social. El principio organizador radicaba en el intercambio voluntario propio del mercado y el sistema político nacional e internacional, así como la reproducción ideológica y cultural, respondían a este modelo capitalista liberal. Diversos factores económicos y políticos llevaron a la crisis de esta fase. La necesidad de los sectores dominantes de contar con una mayor organización para dotar de previsibilidad al sistema y evitar las pérdidas, condujeron a la emergencia de una segunda fase de la modernidad. La segunda fase puede considerarse una economía organizada a partir del Estado, “modernidad estatal” (Wagner, 1994) o “modernidad organizada estatalmente” (Domingues, 2001, 2002). Estuvo caracterizada por el Estado como organizador del mercado y de la sociedad y la introducción de formas políticas afines, como el neocorporativismo. Se reconocieron los derechos sociales, que serían velados por el Estado a través de su aparato burocrático. En los años 30 y 40 se formalizó la participación de sindicatos y organizaciones empresariales. El Estado de Bienestar se ensayó en Europa y Estados Unidos, en tanto, en América Latina los proyectos de base nacional se estructuraron a través de experiencias como el Cardenismo (México), el Varguismo (Brasil) o el Peronismo (Argentina).

Es importante destacar la permanencia de muchos elementos centrales para la modernidad liberal, como lo eran la familia patriarcal, la economía capitalista de mercado, el Estado liberal de base republicana, el derecho formal, la ciudadanía civil y política. Aún con el aumento de la regulación estatal, la economía capitalista de mercado se vio fortalecida. La ciudadanía civil y política, cada vez más ampliada, fue complementada con los derechos sociales. El principio organizador de esta etapa era vertical y Domingues (2001) lo traduce como “orden y comando”, tanto desde el actor estatal como desde los otros actores sociales. Si bien las mujeres desempeñaron mayores tareas laborales (por ejemplo, en el contexto de la segunda guerra mundial), primó una concepción de familia burguesa tradicional, con acceso a bienes materiales y el modelo del “hombre trabajador” y la mujer “ama de casa”. Las familias de clases sociales dominadas reproducían el modelo y encontraban un lugar social con las posibilidades limitadas que el acceso a los derechos sociales les brindaron (vacaciones pagas, seguridad social, etc.). El reconocimiento y la institucionalización de ciertos actores sociales, principalmente los sindicatos, también tradujo una forma de organización centralizada y vertical. Decrecieron en importancia las sociedades obreras que habían sido nutridas por anarquistas y sindicalistas y predominaron nuevas formas de organización gremial. Los sindicatos desarrollaron estructuras verticales fuertes, y en muchos países se fortalecieron a través de un modelo de sindicato nacional por rama, lo que se tradujo mayor capacidad de negociación y reclamo al Estado. En el caso latinoamericano, se trató de la “segunda etapa” que combinó el modelo de desarrollo “hacia adentro” con el modelo sindical institucionalizado y vertical (Zapata, 1993).

La crisis de la segunda fase incluyó un proceso de deterioro económico a partir de la crisis del petróleo de 1973, la emergencia de gobiernos conservadores y la aplicación de ajustes sociales. A fines de los años 80 se sumaron la caída del socialismo de base estatal, las dificultades del crecimiento económico mundial, la incorporación de nuevas tecnologías. En este contexto, tuvieron un papel importante los actores sociales que habían aparecido en la escena pública en los años 60 y que protagonizaron un cambio cultural de notables proporciones: jóvenes, mujeres, agrupaciones étnicas, grupos de defensa de los derechos civiles.

Con el impacto de la revolución científico-tecnológica y la consolidación de una globalización neoliberal[11], los Estados Nacionales se vieron cuestionados. Estaban presionados “desde adentro” por demandas de distintos actores que protagonizaban reclamos públicos y cuestionaban la legitimidad de la representación política. Y estaban limitados “por afuera” por las condiciones de internacionalización del capital financiero, la concentración del poder militar y los organismos supraestatales del nuevo orden mundial.

Cabe aclarar que no se trató de una crisis del capitalismo como modelo de acumulación: al contrario, la libertad del poder financiero internacional, la desregulación del mercado laboral, el peso de las empresas multinacionales tendió a incrementarse.

Así pues, el capitalismo internacional, definido por la posibilidad de hacer fructificar su capital a través de la inversión o de la colocación económica, va bien. Las sociedades, por retomar la separación de lo social y lo económico con la que vivimos desde hace más de un siglo, va francamente mal (Boltanski y Chiapello, 1999: 22)

Las culturas occidentales experimentaron cambios que abarcaron desde las formas de la vida cotidiana, los modelos de familia y la vivencia de la sexualidad hasta los debates teóricos y las discusiones del campo académico, que llegaron a plantear el fin de los modelos disciplinares principales, incluso un “fin de la historia”. Del mismo modo, se observó una marcada apatía respecto de las elecciones políticas y un descenso en la afiliación a los partidos políticos, en tanto se multiplicaban otras expresiones públicas de indudable contenido político: grupos, marchas, expresiones artísticas no convencionales. El concepto de posmodernidad, que se mencionó anteriormente, buscó interpretar la diversidad de posibilidades aludiendo a la caída de los grandes relatos o “metanarrativas”.

La Tercera Fase de la Modernidad

Una tercera fase de la modernidad puede identificarse desde los años 90 a nivel mundial, caracterizada por la consolidación de los vínculos en redes y la aparición de un “nuevo espíritu del capitalismo”. José M. Domingues (2001, 2002, 2005) sostiene que esta tercera fase es una “modernidad de articulación mixta”, ya que los principios de organización anteriores persisten y conservan importancia mientras aparece un nuevo mecanismo de coordinación que denomina “colaboración voluntaria” para explicar la participación en redes horizontales. Es el momento característico de los movimientos sociales, que marcan una nueva relación entre el Estado y la sociedad, nuevas formas de relaciones sociales y construcción simbólica, nuevas expresiones y nuevos sentidos en disputa. El autor habla de “articulación mixta” para comprender la complejidad de elementos remanentes de etapas anteriores y las posibilidades que la fase actual contempla

A nivel de producción industrial, el pos-fordismo y la especialización flexible tomaron el control de la escena, el Estado se ve limitado en términos de regulación económica por las grandes corporaciones y los grupos internacionales concentrados. Las redes se volvieron un principio central de coordinación y las economías se articularon como red, así como muchos adelantos científicos y tecnológicos surgieron de la colaboración entre empresas y sectores gubernamentales en red. Sin embargo, en las redes las relaciones de poder siguen predominando y subsisten elementos de organización y dominación de etapas anteriores, por ejemplo en términos de poder militar. Se puede decir que no se trata de un fenómeno homogéneo, lo cual le adjudica una mayor complejidad: las relaciones de poder modifican sus formas y, en algunos casos, las relaciones de dependencia se vuelven más indirectas y menos visibles, pero no menos potentes. A nivel internacional, por ejemplo, se advierte la preponderancia de los Estados Nacionales que consolidaron el poder militar-industrial y el peso de economías en crecimiento[12], la influencia de las instituciones de financiamiento internacional y las articulaciones supranacionales en términos de acuerdos y sistema jurídico.

Resulta una simplificación hablar de una sociedad “de redes”. El fenómeno de las redes no es un elemento totalmente nuevo, aunque su extensión sea creciente. Tanto desde la teoría como desde las prácticas asociativas locales, muchas articulaciones que aparecen como redes son, en realidad, vínculos basados en modalidades de dirección vertical, con núcleos de concentración del poder al “viejo estilo” de la dominación capitalista[13] y sectores de exclusión. La exclusión es, justamente, una de las claves de la nueva cuestión social contemporánea, y uno de los objetivos de los enfoques críticos al sistema actual.

En la tercera fase se observa la emergencia de una responsabilidad compartida entre diversos actores en el desarrollo de políticas y el abordaje de problemas sociales. No sólo hay instancias de conflicto y de mediación, sino hay procesos de trabajo “colaborativo”: organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) trabajan conjuntamente a través de organismos mixtos. Esta colaboración posee varios significados, que sintetizaremos en dos líneas principales: la política alentada desde los años 90 por organismos internacionales de crédito (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) en la línea neoliberal de reducir el “tamaño” del Estado, y por otro lado confiar en las “ONGs”, lo que se diversificó a principios del siglo XXI con posiciones críticas y proactivas por parte de numerosas organizaciones que adoptaron un nuevo rol[14], que se vincula incluso con perspectivas de ciudadanía activa que se explican más adelante y están relacionadas con el protagonismo de los movimientos sociales.

Tanto los organismos mixtos como las redes de instituciones constituyen un campo heterogéneo, que incluye conflictos, proyectos divergentes y relaciones de poder. Los mismos movimientos sociales constituyen espacios complejos que se encuentran atravesados por estas cuestiones. Dentro de la red, se corre el riesgo de la debilidad o la irrelevancia. Y aquí es donde se traducen las relaciones de poder, donde hay sectores de mayor peso y conexiones: los grandes actores, sintetizan Boltanski y Chiapello, no se detienen: “para aspirar a la grandeza conviene, en este tipo de realidad, moverse continuamente para tejer nuevas redes”, lo que hace menos visible la explotación, porque “para descubrirla, sería imprescindible comprender que la inmovilidad de unos permite la movilidad de los otros” (Boltanski y Chiapello, 1999: 468).

En esta tercera fase se observan modificaciones en las relaciones de los actores colectivos e individuales, relaciones personales, familia, sexualidad, que construirán otras prácticas culturales. Estar “conectado”, como sinónimo de estar aparentemente inserto en un sistema frente a la posibilidad de estar excluido, resulta más una metáfora del modelo social que una forma específica que adopta la “sociedad de la información”. La concepción des-centrada de las redes se aplica tanto a los ámbitos cotidianos de las relaciones personales, es decir las configuraciones “micro”, con el uso de la tecnología y las formas de expresión personales, como a las relaciones “macro”:  los vínculos de las instituciones, las relaciones políticas y económicas. Es decir, desde el cuerpo hasta la política en general.

Estado, sujeto y ciudadanía

Ante la crisis de la segunda fase de modernidad basada en la organización estatal, numerosas voces plantearon el fin del Estado-Nación, analizando la situación de los años 80 a la luz de las tradiciones liberales y el denominado Consenso de Washington. Quizás una de las más notorias fue la del japonés Kenichi Ohmae (1996), quien sugería que se impondrían regiones-estado en lugar del modelo Estado-Nación en 1990[15]. Sin embargo, a principios del siglo XXI esta posibilidad se disolvía con la fuerza de la realidad. Atilio Borón escribía:

La “centralidad” del Estado se ha visto paradójicamente reafirmada en estos tiem­pos violentos del neoliberalismo por una sucesión de “Cumbres” gubernamentales que, a contracorriente del ethos neoliberal predominante, han insistido en la necesidad de que los Estados pongan en marcha un amplio conjunto de políticas activas para combatir a la pobreza (Copenhagen), promover los derechos de la mujer (Beijing), contro­lar el aumento desorbitado de la población (El Cairo) o preservar la biodiversidad y el medio ambiente para las siguientes generaciones (Río de Janeiro). En todos estos casos, en los cuales se confrontaban graves problemas de diverso tipo, la bancarrota de la “magia del mercado” se hizo evidente y aun sus más acérrimos partidarios tuvieron que reconocer que las recetas derivadas del Consenso de Washington no tenían la menor posibilidad de encontrar una salida positiva a las crisis analizadas en las cumbres. (Borón, 2000 a)

La retirada del Estado de áreas que antes le eran propias se produjo de formas traumática en países periféricos, donde los gobiernos se habían debilitado por condicionantes internos y externos y se orientaban a políticas neoliberales en medio de situaciones de corrupción. Esto volvió relevante el papel de organizaciones y movimientos sociales como espacios de participación. Algunos autores plantearon la posibilidad de construcción de poder desde ellos para contrarrestar el peso del poder económico concentrado (Santos 1999, Domingues 2002) y otros discutieron cómo influir en la construcción estatal sin tomar el poder en términos tradicionales (Holloway, 2002). La emergencia del Movimiento Zapatista, en México (1994) y el crecimiento de los movimientos sociales en otros países reavivaron estos debates[16].

El modelo de Estado es uno de los ejes de discusión política en el siglo XXI. Se podría decir que el desmantelamiento del Estado de Bienestar y la globalización neoliberal hicieron suponer que se entraba en una crisis terminal del Estado Moderno, imposibilitado de resolver conflictos entre sectores y problemas sociales, inmerso en una crisis de representación política. Pero el Estado retornó al centro de la escena. Esto se pudo observar tanto en el papel que jugó en Estados Unidos y Europa a favor de empresas e instituciones financieras, en el contexto de la crisis económica internacional de 2008, como en las nuevas configuraciones del mapa latinoamericano. Su rol volvió vuelto central en términos económicos, militares y legales en el primer decenio del siglo XXI. Actúa como sostén de bancos y grupos económicos concentrados o propone políticas sociales activas en función de sectores vulnerados, en un proceso que lo muestra fortalecido. Los encuentros mundiales alternativos que reunieron a numerosos movimientos y organizaciones sociales, como el Foro Social Mundial[17], coinciden en esta centralidad, cuestionando las políticas neoliberales y reclamando un rol activo de los Estados en defensa de los ciudadanos. Como señala Houtart, al enumerar las multitudinarias reuniones que se repiten regularmente desde la protesta de Seattle en 1999[18], “las resistencias contra el capitalismo no son nuevas, pero sí lo son las convergencias” (Houtart, 2009: 86).

A partir de estas circunstancias, se puede afirmar que hay numerosas demandas que impactan en la organización del Estado. Algunas provenientes de las nuevas cuestiones de desarrollo sostenible y ecología, otras del derecho y el sistema judicial (nacional y supranacional, a través de los pactos y organismos internacionales), así como la multiplicación de subjetividades colectivas que se traducen en movimientos y organizaciones. Los conflictos, en una sociedad crecientemente heterogénea, asumen formas legales que cuestionan la visión positivista del derecho y requieren elaborar nuevas respuestas, en una dinámica de construcción que reconozca a los nuevos actores. A partir de lo señalado se advierte el dinamismo que poseen los movimientos sociales y el protagonismo que adquirieron en el contexto de una modernidad de articulación mixta.

A su vez, las formas de acción colectiva que desarrollan y los procesos identitarios llevan a analizar en qué medida los movimientos sociales son constructores de nuevas subjetividades y plantean demandas de derechos que revitalizan el concepto de ciudadanía, como vemos a continuación. Se trata de actores sociales que replantean el lugar del sujeto en relación con las estructuras. En esa tensión, que se advirtió a lo largo de esta investigación, se ponen en marcha procesos de construcción y recuperación de la subjetividad, trayectorias personales que se integran en marcos comunes para proponer nuevas estrategias. De la Garza (2001) analiza la importancia de la subjetividad en la teoría social del siglo XXI, al debatir la relación entre estructuras, subjetividades y acciones sociales. Plantea que praxis y subjetividad están conectadas desde el momento en que la subjetividad antecede a la práctica y, a su vez, la práctica “rebasa” los textos.

Foucault (1994) planteó que la subjetivación es el proceso mediante el cual el sujeto se constituye, en tanto Bourdieu (2003) señalaba que la objetividad arraiga en la experiencia subjetiva que brindaba legitimidad a la dominación. La práctica de los movimientos sociales permite la reflexión sobre las posibilidades del sujeto en tanto resistencia y creación dentro de un conjunto de estructuras sociales constituidas históricamente. Boaventura de Souza Santos indicaba, en esta misma línea de reflexión, la necesidad de fortalecer formas de socialización que promuevan “subjetividades rebeldes” (De Souza Santos, 2005).

Dentro de su riqueza y heterogeneidad, los movimientos sociales plantean nuevas demandas e incorporan la construcción de nuevas condiciones de ciudadanía. Federico Schuster señala:

“…acción colectiva y ciudadanía están hoy fuertemente unidas. Protestas sociales, movimientos y organizaciones civiles surgen continuamente en el espacio público reclamando al Estado garantías básicas de libertad, seguridad ciudadana, igualdad ante la ley, no discriminación, a lo que se agregan demandas sociales por derechos elementales a la subsistencia, la salud, la educación, pero también por el derecho a condiciones ambientales de resguardo básico” (Schuster, 2005: 73).

La cuestión de la ciudadanía se puede considerar una forma de superación del des-anclaje propio de la modernidad, dado que los individuos ceden su libertad y su soberanía al Estado, más allá del orden local y de las particularidades de cada uno, y el Estado le garantiza derechos civiles y, posteriormente, derechos políticos que le permiten controlarlo. Se trata de un re-anclaje pasivo, ya que una vez conquistados los derechos civiles y políticos, no implican una participación activa de las mayorías. Peter Wagner (1994) y José M. Domingues (2002) plantean que los movimientos sociales pueden desarrollar re-anclajes reflexivos colectivos en la tercera fase de la modernidad, restaurando la conexión con el mundo de la vida[19].

Además del estudio de las identidades sociales, las formas de acción colectiva y la construcción política que realizan, los movimientos sociales permiten abordar el lugar del sujeto desde una perspectiva de superar la “diferenciación social”[20]. En la segunda fase de la modernidad, el reconocimiento de los sindicatos y la acción estatal promovieron una participación social que superaba la diferenciación social propia de la modernidad, surgida a partir de la división del trabajo. Con la exclusión social y la fragmentación social de la última fase, quedaron debilitados los procesos de integración social (des-diferenciación) como la familia nuclear, la inclusión a partir de un trabajo de por vida o la idea de nación. La aparición de grupos y movimientos sociales, dotados de un principio de identidad reconocible, responden a esta situación y resuelven la diferenciación social, promoviendo una integración y un reconocimiento de los actores como sujetos de derechos, es decir, como ciudadanos.

Justamente el concepto de ciudadanía adquiere relevancia en relación con la experiencia contemporánea de los movimientos sociales. En sus prácticas se reconoce una nueva forma de ciudadanía que consideraremos en este estudio y que es diferente de la ciudadanía social sostenida por el Estado y proclamada por las corporaciones en la segunda fase de la modernidad[21]. La organización en redes y el protagonismo de los nuevos movimientos sociales resultan relevantes desde este punto de vista, porque la identidad del trabajo ya no es la identidad exclusiva de las organizaciones de trabajadores. Y aparecen nuevos fenómenos identitarios en los movimientos sociales latinoamericanos, como lo han demostrado desde perspectivas diferentes Evers (1986), Eckstein (1989), Escobar y Álvarez (1992), Svampa (2000), Gurrera (2002) y Piñeiro (2004)

La acción de los movimientos sociales contemporáneos reinstala el debate y plantea posibilidades para hablar de una nueva ciudadanía. García Delgado (2004) distingue diversos tipos de ciudadanía a partir de la crisis argentina de 2001-2002 y asocia a los movimientos sociales con una ciudadanía “radical de ruptura” y una ciudadanía “participativa y transformadora. Este aspecto es analizado críticamente en el texto “Movimientos sociales y ciudadanía” (De La Fuente y Hufty, 2007) y también es objeto de talleres y encuentros de organizaciones sociales, como el caso de las “Escuelas de Ciudadanía” que se promueven en varios países y diversos encuentros orientados a discutir derechos y participación juvenil[22].

La riqueza de la experiencia de los movimientos sociales en América Latina ha llevado también a considerar sus posibilidades en términos de nuevas formas de representación y acción política, así como en cuestionar al capitalismo y a la modernidad en su conjunto. La consolidación de los Foros Sociales Mundiales como articuladores entre movimientos sociales y proyectos políticos aún no ha sido explorada con profundidad pero posee indudable importancia en la agenda política regional. Por ejemplo, Sader (2011) considera que muchas de las propuestas del Foro fueron implementadas por países latinoamericanos y que la presencia de estos nuevos actores sociales resulta una constante en la vida política de los distintos países de la región. (Sader, 2011)[23].

En los movimientos que hemos investigado se advierte la confluencia entre, por un lado, este plano “macro” del debate acerca del sistema capitalista y la modernidad, la construcción política regional y la relación con el Estado y, por otro, las formas que adopta la subjetividad y las nuevas facetas de ciudadanía activa. En esta confluencia adquiere un papel central la perspectiva latinoamericana que se analiza en la próxima sección.

3 Una perspectiva latinoamericana para los movimientos sociales

¿Cuál es el aporte desde la situación y los estudios de los movimientos sociales latinoamericanos? ¿Se aplican los conceptos generados a la realidad regional? ¿Qué diferencias y qué aporte pueden hacer en la presente coyuntura histórica? La emergencia de nuevos colectivos en un contexto de ricas tradiciones de luchas planteó la necesidad de un análisis que diera cuenta de los matices propios, más allá de la comparación con los desarrollos europeos y estadounidenses. Se comenzó a discutir la posibilidad de construcción de un conocimiento autónomo como base para proyectos políticos, económicos y sociales propios e independientes, en la coyuntura de principios del siglo XXI.

Las investigaciones en Latinoamérica

En América Latina, los primeros estudios aplicaron categorías de análisis predominantes en Europa y Estados Unidos y concibieron a los movimientos sociales como “prácticas subordinadas a los partidos” (Calderón 1986: 328), analizándolos de manera secundaria. En los años 70 y 80 aparecieron publicaciones vinculadas al movimiento de Derechos Humanos y a organizaciones de base y los textos reflejaban experiencias de militancia, estudios situados en una realidad específica y escasez de bibliografía[24]. Progresivamente, los movimientos sociales fueron concentrando la mirada académica. Entre los aportes teóricos iniciales se puede citar la obra de Fernando Calderón, “Los movimientos sociales ante la crisis” (1986), o su libro junto a Mario dos Santos publicado en 1995. También los trabajos de Tilman Evers (2986) y Gómez de Souza (1990), de Brasil, Elizabeth Jelin (1987, 1989) de Argentina y Alberto Restrepo (1987) de Colombia. Además del ámbito científico hay que sumar los esfuerzos de sistematización que desarrollaron los propios movimientos y organizaciones, que encontraron en las nuevas tecnologías de información y comunicación medios propicios para compartir documentos y reflexiones.

Durante los años 80, los estudios desarrollaron un abordaje que pusieron el acento en las características de la acción desarrollada por los nuevos movimientos y establecían comparaciones con las tradiciones de los movimientos históricos, principalmente el sindicalismo y la lucha de clases. En la escena pública, mientras persistían acciones tradicionales del movimiento obrero o estudiantil, se da la aparición de las organizaciones de Derechos Humanos, de agrupaciones de habitantes de barrios populares, de organizaciones indígenas y campesinas. En estos casos se hacía hincapié en las demandas de derechos de ciudadanía vulnerados por las dictaduras y la internacionalización del capital financiero.

En los años 90 los debates europeos hicieron impacto en América Latina. Entre ellos cabe mencionar la noción de “la nueva cuestión social” que planteó Robert Castel (1997) para considerar al individuo frente al desmoronamiento de los referentes que lo contenían, la anomia producida por la decadencia de la sociedad salarial y la ruptura de vínculos respecto de los grupos que le daban pertenencia. También fue relevante el impacto de las publicaciones de Ulrich Beck (1986), quien planteaba una “sociedad de riesgo” donde los marcos colectivos se resquebrajan y emergen nuevas dinámicas de socialización, así como las producciones de Offe (1990, 1992), Habermas (1987) o Lechner (2002), que daban cuenta de la emergencia de nuevas subjetividades brindando claves de socialización en lugar de la política tradicional y el trabajo. El estudio de la constitución de la subjetividad incluyó no sólo cuestiones económicas y políticas sino también estéticas, como lo hicieron Lash y Urry (1994), al escribir sobre la cuestión de la reflexividad estética, la imaginación creadora, los afectos, el deseo y el placer. A partir del debate que se promovió, se reintrodujo el debate acerca de las teorías de la identidad y el lugar de lo heterogéneo y lo “diferente”, analizando cómo las identidades colectivas se construían en una relación de resistencia o conflicto en América Latina.

Uno de los aportes más significativos en el ámbito regional lo constituyó la publicación coordinada por Susan Eckstein (1989) quien proponía identificar los elementos institucionales y culturales que modelaban las respuestas de los movimientos de protesta y resistencia en América Latina. Los artículos que reúne la publicación abarcan las rebeliones de Sendero Luminoso en Perú, las luchas campesinas de los años 70 en Colombia, los movimientos guerrilleros, las comunidades mineras y la resistencia contra gobiernos militares,  con menor representatividad de sectores urbanos y de clases medias. La característica común es el predominio de un enfoque histórico-estructural, que se advierte acertado para dar cuenta de las particularidades, y permitir la teorización. En la primera parte de su obra provee un estado de la cuestión para fundamentar su elección teórica y diferenciarse de los análisis que explican la acción colectiva desde el punto de vista individual. Considera que las teorías de la elección racional no pueden dar cuenta de las formas en que movilizan a la gente las solidaridades de grupo, los principios morales y otros valores “no-racionales”. La autora realiza un repaso de las corrientes histórico-estructurales partiendo de Marx, pero también considerando a los autores no marxistas, entre los que incluye a Smelser (1989), para plantear que la teoría de la movilización de recursos es quizás la escuela no-marxista que mejor explica los movimientos sociales en un nivel organizacional (y no individual). Una clave de interpretación relevante del libro es haber resaltado el valor de las resistencias, que resultan menos visibles pero son significativas en el mediano plazo.

Sin restar valor a las expresiones multitudinarias y a las protestas, tanto violentas y no violentas, Eckstein señala que hay procesos silenciosos, identificados como “formas de resistencia cotidianas” (everyday forms of resistance), que permiten crear condiciones de cambio en los grupos dominados, generando un consenso que podría brindar apoyo a acciones posteriores, al proveer de cohesión a los grupos mediante prácticas y rituales compartidos. En este aspecto es donde el texto resulta más iluminador para analizar los procesos vividos por los movimientos y organizaciones de barrios populares argentinos en los años 90, ya que la trama de articulaciones y la serie de procesos culturales asociados han sido “invisibles” para los medios de comunicación en tanto no desarrollaron formas violentas de protesta o no se tradujeron en expresiones públicas que les dieran visibilidad, pero iban construyendo una matriz donde se entretejía individualmente una acción colectiva. Esa trama organizacional, esas formas de concebirse a sí mismos y concebir la sociedad y la lucha, han sido claves en la gestación de otros procesos y son parte de la historia y el presente de los movimientos sociales en Argentina como mostraremos en esta tesis.

Un aporte relevante de esta autora en el análisis de los movimientos sociales estudiados es la consideración de las posibilidades de “salida”. En este punto, la autora se vincula a quienes proponen relaciones con las teorías de elección racional. Los movimientos sociales buscan alternativas para salir de la situación de necesidad, lo que los lleva a plantar diversas estrategias en lugar de la rebelión espontánea. Esto se da a partir de una variedad de elementos, donde se incluyen las situaciones de carencia material pero también las identidades que se han consolidado en los movimientos, las redes interpersonales fuertes, los marcos culturales y estructurales, aún rituales locales. Sin embargo, en determinadas circunstancias, estos factores también se pueden volver en contra de la salida estratégica adecuada y a favor de mantener una situación de injusticia, cuando elementos culturales, religiosos, lazos comunitarios o de parentesco se opongan a la lucha por las reformas. Esta tensión se percibe también en los movimientos estudiados para este trabajo y es referida por los jóvenes militantes en las entrevistas, al hablar de “nuevas” y “viejas” formas que conviven en las prácticas.

Otra obra de relevancia de análisis latinoamericano es la de Arturo Escobar y Sonia Álvarez (1992) que apuntan a identificar cómo se forman los movimientos sociales en América Latina identificando en el subtítulo los ejes hallados: “Identidad, Estrategia y Democracia”. Presentan un análisis teórico y estudios de caso en América Latina desde un recorte específico que aborda la cuestión de la autonomía, los actores, el poder político, y el feminismo entre otros. El material apunta desde el “mosaico de identidades” que se advierte en la región a identificar la naturaleza de la resistencia y el cambio social. El marco de referencia se nutre de las aproximaciones que se hicieron en los años 60 y 70 (identificadas en el texto como marxismo y funcionalismo), y cuestiona el optimismo que en los años ochenta acompañó la caracterización de los movimientos sociales, ya que la realidad posterior no justificó esas expectativas. Recuperan una imagen que proponen Calderón, Piscitelli y Reyna (1992): los movimientos sociales en América Latina, pese a sus contradicciones, pueden ser considerados como “estrellas duendes”, capaces de generar importantes cambios a nivel de participación y representación en la región. A pesar de que la cuestión de la identidad cultural y la autonomía resultan dos problemas importantes, de que los movimientos muestran orientaciones contradictorias y que mantienen relaciones críticas respecto de los partidos políticos, las instituciones estatales y los caudillos nacionales, los autores consideran que su análisis

 los lleva a concluir que la cuestión central es “cómo pueden los actores sociales reconstruir un sistema que los habilita a relacionarse entre ellos, proyectarse en la arena política y participar activamente en discusiones acerca de alternativas de desarrollo? …. En este espacio hay luchas y conflictos, afirmaciones culturales y políticas, expectativas y frustraciones, esperanzas y desilusiones –todas las cuales parecen estar enraizadas a un denominador común, en la lucha por un nuevo sistema de instituciones políticas que conduzca a nuevas expresiones y formas de representación… Este nuevo marco institucional sería particularmente importante en la coyuntura presente, no sólo por las demandas de democratización hechas de forma implícita o explícita por los actores colectivo sino también porque este sistema le proveería un espacio propicio para el fortalecimiento de los movimientos sociales y los sujetos históricos. (Calderón, Piscitelli y Reyna, 1992: 29)

Años más tarde la investigación de Margarita López Maya (1999) recoge también experiencias latinoamericanas de los años 90, en la que conviven varias protestas colectivas de Argentina (el santiagueñazo, los cortes de ruta), junto con experiencias de Colombia, Brasil, Guatemala, México, Venezuela y República Dominicana. Todas cruzadas por un análisis histórico-estructural, realizado desde la perspectiva de los actores pero con distintos niveles de involucramiento en los fenómenos estudiados El análisis de casos claves de América Latina incluidos en esta compilación, como son el citado EZLN y el Movimiento Sin tierra (MST), permiten advertir mecanismos de construcción y estrategias en los cuales reconocer similitudes y establecer comparaciones. Es significativo, por ejemplo, el proceso de territorialización y la organización institucional del MST, que se relaciona con procesos análogos de los movimientos sociales en Argentina. El artículo de Scribano (1999a), aborda los cortes de ruta y “piquetes” en Argentina apoyándose en datos estadísticos y estableciendo un análisis teórico, vinculando la protesta con la coyuntura política y el análisis de la protesta social. En su análisis resulta enriquecedora la incorporación de la variable de las representaciones que intervinieron en la dinámica de los cortes de ruta, tanto por parte de los actores como por parte de los investigadores que se aproximaron a ellos.

En Latinoamérica, como en todas las regiones con procesos de colonización cultural, el tema del conocimiento resulta clave y los actores sociales tienen un desafío para reconocer qué relato construir. En esta línea el investigador Arturo Escobar cuestiona,

¿Por qué enfatizo en los movimientos sociales como espacios de producción de conocimiento? Porque una lectura de los movimientos sociales de hoy en día es, precisamente, que los movimientos sociales se han visto abocados a crear su propio conocimiento (posiblemente siempre lo han hecho) en una forma mucho más consciente. ¿Y cómo lo están creando? Es un pregunta etnográfica muy interesante, de investigación de campo y seguirle la pista a los activistas –eso hoy en día quiere decir de Tmbiquí a Washington o Génova– y que sugiere que tenemos que romper esa barrera que antes, supuestamente, existía, por un lado, entre los académicos y los intelectuales como productores de conocimiento, y por el otro, los activistas como usuarios de conocimiento. Los activistas producen su propio conocimiento, recrean el nuestro —si queremos vernos por fuera de los movimientos sociales—. El conocimiento de los movimientos sociales se convierte para los académicos y los intelectuales en materia de estudio y de construcción de conocimiento solidarios como movimientos sociales. (Escobar, 2002: 9)

Reconocer los aportes propios permitiría vencer la “autoconciencia inversa” (concepto que también emplea Argumedo, 2003) que construye un “sentido común” de las sociedades latinoamericanas, y resulta un obstáculo para la construcción de un conocimiento autónomo que se traduzca en proyectos económicos, políticos y sociales propios. En una línea análoga Boaventura De Souza Santos (2010) o Immanuel Wallerstein (2005) plantean el papel de los movimientos sociales en la construcción de cierta emancipación mental que elabore propuestas alternativas.

Un paso más allá en esta reflexión acerca de la dependencia histórica de la región, la necesidad de revertir la situación desde la producción de conocimiento y el papel de los movimientos sociales es el que dan los autores de la corriente denominada “giro de-colonial”. La misma se encuentra sostenida por Escobar (1992), Quijano (2000), Walsh (2005), Mignolo (2001, 2003), entre otros[25], y ha crecido como una perspectiva de teoría crítica desde América Latina en los últimos años. Estos autores proponen desarrollar un pensamiento autónomo que evite la reproducción colonial tanto de derecha como de izquierda para construir un paradigma diferente de categorías de análisis. Por ejemplo, señalan:

La lógica de la colonialidad opera en tres diferentes niveles: colonialidad del poder (político y económico), colonialidad del saber (epistémico, filosófico, científico y en la relación de las lenguas con el conocimiento) y colonialidad del ser (subjetividad, control de la sexualidad y de los roles atribuidos a los géneros) (Walsh, García Linera y Mignolo, 2006)

La producción de análisis crítico desde América Latina ha tenido una trayectoria amplia y heterogénea, que se vio afectada en ámbitos de producción académica por la hegemonía del neoliberalismo de los años 90. En contraste con el mismo y con las formas de pensamiento único que se desarrollaron en la región, aparecieron las corrientes latinoamericanistas que rescatan el pensamiento regional, como el indigenismo, las expresiones de las comunidades afroamericanas (particularmente en el Caribe y en Brasil pero también en Uruguay y Argentina), las nuevas corrientes de religión (Comunidades Eclesiales de Base, Teología de la Liberación) y el movimiento de Educación Popular (que a su vez, como práctica orientada a la formación de la conciencia crítica, se incorporó en organizaciones y movimientos[26]. Estos aportes son retomados por la corriente del pensamiento de-colonial.

Los estudios en Argentina

¿Qué sucede con el estudio de los movimientos sociales en Argentina? Hay una amplia tradición de experiencias, publicaciones propias y periodísticas, así como estudios de tipo académico que no se limitan al ámbito local, ya que lo hacen en perspectiva latinoamericana. En primer lugar, se encuentran publicaciones consideradas “clásicas” como los escritos reunidos por Elizabeth Jelin (1989), en su compilación sobre movimiento de mujeres, derechos humanos, rock, sindicatos, vecinos y asentamientos publicado a fines de la década del ochenta. Fueron los primeros aportes, realizando una tarea más bien descriptiva que no abarcaba por supuesto a todos los movimientos de aquella época pero que dio visibilidad académica a varios de ellos. Poco después se edita la obra de Arturo Fernández (1991) que conceptualiza los movimientos sociales y analiza su potencial político, y la de Daniel García Delgado (1992), que aborda las transformaciones del Estado y la representación política.

Posteriormente se convirtieron en referentes los textos de Schuster y Pereyra (2001), Giarracca (2001), Scribano (1999 a, 2002 a, 2003 a y b), Svampa y Pereyra (2003) Naishtat y Schuster (2005) y también Pereyra, Pérez y Schuster (2009). Estas investigaciones dan cuenta de las formas específicas en que la protesta y los movimientos sociales se desarrollaron en Argentina considerando el contexto en que se formaron y se consolidaron los movimientos sociales a partir de la década de 1990 (cortes de rutas, piquetes, entre otros) poniendo el énfasis en analizar los procesos posteriores a la crisis económica y política de diciembre de 2001. Algunos de ellos proponen un análisis de la situación a partir del concepto de “red de protesta” que permite articular protesta y movimiento (Schuster, 2005: 58).

Estos autores dan cuenta de la evolución de la protesta social y la acción colectiva en la Argentina posterior a la crisis de 2001-2002 y su relación con el Estado y el espacio público, así como de los movimientos que las protagonizaron (principalmente, movimientos de trabajadores desocupados, pero también casos de protesta vecinales) y confrontan sus análisis con la teoría sobre movimientos sociales que hemos mencionado anteriormente. Entre los aportes teóricos, cabe destacar el análisis de cinco dimensiones propuestas por Schuster (2005) para estudiar la protesta social (que aluden a identidad, condiciones estructurales, demanda, formato y performatividad) y la línea propuesta por Scribano de considerar la subjetividad y las emociones, analizando la “geometría” de los cuerpos y la “gramática” de las acciones en la protesta social (Scribano y Figari, 2009).

Ejemplo de los avances en el campo de estudios sobre protesta social y acción colectiva fueron la aparición de jornadas específicas o grupos de trabajo, paneles y mesas en los congresos de ciencias sociales, así como la formación de grupos de estudios en ámbitos institucionales, como es el caso del que funciona en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires

4. Argentina, los desafíos de la coyuntura histórica a los movimientos sociales

En las secciones anteriores de este capítulo nos abocamos a presentar un panorama de los estudios sobre movimientos sociales, incluyendo algunos datos sociohistóricos para contribuir a la comprensión. Pero en esta sección pondremos la mirada en el proceso de la historia nacional que nos permite ubicar las condiciones de posibilidad para la emergencia de los movimientos sociales que constituyen el referente empírico de esta investigación doctoral.

Una tradición de movimientos y luchas en Argentina

La historia argentina posee una significativa trayectoria en cuanto a experiencias de protesta social y movimientos populares, principalmente alrededor del movimiento obrero como sujeto histórico. Las primeras organizaciones datan de la segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de sociedades obreras, sindicatos y mutuales: la Sociedad Tipográfica Bonaerense se formó en 1857 y es considerada la primera. Enmarcado en un modelo económico agroexportador de crecimiento “hacia afuera”, el movimiento obrero se fue estructurando a través de organizaciones sindicales que respondían a las corrientes socialistas y anarquistas, desarrollando la huelga como medida de lucha y encontrando una respuesta estatal que consistía en primera instancia en represión directa y luego en legislación represiva. La Ley de Residencia (1902) y la Ley de Defensa Social (1910) preveían la expulsión de los extranjeros que participaran en las protestas sociales, en un intento inútil de detener la multiplicación de huelgas. Eran los tiempos de las primeras federaciones de sindicatos y las luchas muestran lo que Zapata (1993) considera la etapa “heroica”. En esos primeros años del siglo XX el movimiento obrero sufrió momentos de fuerte represión, que pasaron a la historia con el nombre de Semana Roja (1909), Semana Trágica (1919) y Patagonia Trágica (1921-22)[27].

Por su parte el movimiento estudiantil reconoce como origen las luchas en torno a la Reforma Universitaria que tuvieron lugar por 1918, a partir de la ocupación y de un “Manifiesto Liminar” presentado en la Universidad de Córdoba, para extenderse desde allí a otras universidades argentinas. Algunos de sus líderes, como Saúl Taborda, Deodoro Roca y Carlos Astrada fueron posteriormente escritores dejando testimonio de su compromiso con la democracia y la voluntad popular, en búsqueda de una síntesis entre las ideas europeas y las tradiciones locales[28].

Retomando lo escrito en secciones anteriores respecto de las fases de la modernidad, el modelo de crecimiento agroexportador en Argentina se enmarca en la primera fase. Una segunda fase, luego de la crisis internacional de 1929-30 (el Crack de Wall Street y sus consecuencias), se identifica claramente en la implementación de proyectos de base nacional, intervención estatal, participación sindical e integración social. Esto se produjo en Argentina en los años 40 alcanzando su punto máximo en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La ampliación del mercado interno, por medio de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, marcó un cambio significativo y un crecimiento “hacia adentro”. La etapa del peronismo histórico (1946-1955), considerada coloquialmente como la “edad de oro”, constituyó un período de integración vertical de la sociedad, pleno empleo y distribución de la renta. Se cimentó así un imaginario social de pleno acceso a derechos sociales y de justicia social que perduró en las décadas posteriores[29]. Argentina resultó un caso paradigmático de integración social con la consolidación de un movimiento obrero organizado con notable peso político y fuerte vínculo con el Estado en desde esos años. Hasta los años 70 se mantuvo la expansión de los sectores medios, la defensa de derechos sociales, un reducido porcentaje de trabajo informal, la participación política del movimiento obrero y una situación de menor inequidad social comparado con otros países de la región. Como mencionan Svampa y Pereyra (2004 b), Argentina fue uno de los pocos países latinoamericanos con “sociedad salarial” asociadas al proyecto del peronismo histórico que consolidó un modelo sindical definido. El movimiento obrero adquirió solidez como actor político y resultó en interlocutor indispensable para esa etapa histórica y también lo sería para los gobiernos posteriores. Esta cuestión se hace presente en la actualidad en los movimientos seleccionados. En el caso de la CTA, se trata de un proceso de discusión y replanteo estratégico que impacta en su conformación, en el marco histórico de la desocupación de los años 90. En el caso del Frente Popular Darío Santillán, como el de otras organizaciones piqueteras, se trata de trabajadores que han quedado excluidos pero que reconocen como referencia la sociedad salarial y los derechos conquistados por el movimiento obrero en su historia, lo cual también actúa como referente para la organización y las discusiones.

Los golpes militares y el ejercicio de un terrorismo de Estado promovieron procesos de concentración del poder económico y reestructuración de las condiciones de dominación del capital, asociados a la política exterior estadounidense de intervención en la región y a la Doctrina de Seguridad Nacional. En estos gobiernos se produjeron cambios en los modelos productivos y un fuerte disciplinamiento social. Distintas estrategias de resistencia y rebelión emergieron para responder a la represión, a las condiciones económico-sociales que se deterioraban rápidamente y a la proscripción del peronismo como opción política. El movimiento obrero vivió divisiones y osciló entre posturas de oposición y de negociación con los sucesivos gobiernos. Los años 60 registran numerosos hechos de resistencia, tanto orgánicos como dispersos. Se multiplicaron episodios en las fábricas, huelgas y planes de lucha. El movimiento obrero lideró las medidas, pero se sumaron otros sectores, como estudiantes y grupos juveniles de la Iglesia Católica. La situación de conflictividad social estalló en rebeliones masivas como el Cordobazo de 1969[30].

La profundización de la violencia política por parte del Estado que se produjo a partir del golpe de 1976 venía desarrollándose desde años anteriores y tuvo un impacto determinante en la destrucción de los lazos sociales y de las organizaciones del campo popular.

Al mismo tiempo que algunas personas, organizaciones y relaciones desaparecían, surgían otros actores políticos individuales y colectivos. Dentro de un panorama muy heterogéneo, los defensores de los derechos humanos consolidaron su protagonismo y consiguieron impacto público como oposición a la Dictadura. Esto fue más visible por la repercusión mediática de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1978. Entre las organizaciones cabe destacar la conformación de las Madres de Plaza de Mayo en 1977, que resultan una referencia para la construcción de acciones colectivas desde esa época hasta hoy. Raúl Zibechi (2003) destaca las características novedosas de esta organización: formación de un “grupo-comunidad”, autonomía respecto del estado y los partidos políticos, el “crecimiento interior” que promueven, la forma de ocupar el espacio público en modo permanente y la autoafirmación. Todas facetas que lo llevan a concluir que “En Madres ya están dadas algunas de las características fundamentales del movimiento social argentino actual” (Zibechi, 2003: 49).

La transición a la democracia no estuvo exenta de dificultades. Si bien la afirmación de la constitución y los derechos humanos, asumida en los primeros tiempos por el presidente Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical, 1983-89) propugnaba volver la política a “su lugar” (según señala Denis Merklen, 2005), la evolución de su mandato se encontró con conflictos políticos que no pudo resolver. Entre ellos se destacan la presión corporativa de las Fuerzas Armadas, que obtuvieron concesiones políticas luego de sucesivos alzamientos, y la crisis económica que determinó la entrega anticipada del gobierno a su sucesor Carlos Menem (Partido justicialista) en 1989.

En aquellos años 80 se registraron en los barrios populares procesos más silenciosos pero importantes. La demanda de vivienda llevó a la organización de “tomas de tierras” y formación de asentamientos en varios lugares del gran Buenos Aires y los sectores populares aumentaron su organización a través de cooperativas, sociedades de fomento y agrupaciones barriales. Algunos sectores de la Iglesia Católica, críticos de la dictadura y también del silencio cómplice de las cúpulas eclesiásticas, adquirieron protagonismo trabajando en la llamada “opción por los pobres”. No se trató sólo de autoridades eclesiásticas, sino de un proceso popular que dio lugar a la formación de Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), orientadas a la formación de conciencia crítica y la actuación social y aún política[31]. Estos procesos fueron recogidos por los movimientos analizados en esta tesis, tal como explicaremos en los capítulos 4 y 5.

El año 1989 marcó un punto de inflexión en cuanto a la magnitud de la crisis económico-social, con “hiperinflación” y saqueos a supermercados que llevaron a la mencionada entrega anticipada del mando. Una investigadora ligada a las organizaciones sociales de la zona sur recapitula aquel momento:

 Entre mayo de 1989 y marzo de 1990, más de 57.000 personas participaron de 771 saqueos que dejaron como consecuencia 17 muertos, 307 personas heridas y 3.188 detenidos” para señalar, entre otras conclusiones, que “los saqueos dejaron huellas que no quedaron sólo en la memoria como hechos singulares, sino que fueron el comienzo de la construcción de toda una trama organizativa barrial tendiente a la resolución de la vida cotidiana. (Rosenfeld, 2007: 39).

Raúl Zibechi recuerda que también a nivel internacional hubo “un sacudón, una suerte de terremoto político que puso en cuestión todo el imaginario y las certezas construidas durante décadas” (Zibechi, 2003: 78), debido a la desaparición del socialismo de base estatal impulsado por la Unión Soviética, simbolizada por la caída del Muro de Berlín, y la derrota sandinista (en un proceso revolucionario singular que había optado por un modelo republicano). El asalto de grupos de izquierda al cuartel de la Tablada[32] en los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín, también marcó la crisis de para algunos grupos de izquierda.

La llegada al poder de Carlos Menem (PJ, 1989-1995 y 1995-1999) impuso un cambio en el modelo político, signado por el pragmatismo en las relaciones con los grupos de poder – industriales, organismos financieros internacionales, militares, iglesia católica tradicional- y por la afinidad con la hegemonía norteamericana en el contexto internacional. También significó la banalización de la acción política a través de los medios masivos de comunicación y la reproducción de una imagen de bienestar y prosperidad que fue llamada popularmente como “pizza y champagne”. La aplicación de políticas neoliberales y un programa salvaje de privatizaciones beneficiaría a grupos concentrados produciendo un impacto muy grande en la modificación de las relaciones en la estructura económica y social. El ajuste económico, la precarización laboral, la eliminación de los mecanismos de protección social y la apertura indiscriminada al mercado externo llevaron a la paralización de fábricas, la desocupación estructural y la exclusión social. Amén de profundizar el estancamiento de las posibilidades de movilidad social ascendente para los sectores asalariados que ya se habían desacelerado desde mediados de los 70. Esta situación llevó a procesos de disolución de lazos sociales y profundizó condiciones estructurales de marginación. En términos identitarios podemos afirmar, utilizando la expresión de Svampa (2000), que se “astillaron” formas tradicionales de identidad y se produjo un desanclaje de varios sectores poblacionales. Esto tuvo un impacto relevante en los aspectos ideológicos y culturales de los sectores populares.

En ese contexto, la credibilidad de los partidos políticos, de los sindicatos y del propio gobierno se vio afectada. Se deterioraron los espacios de representación tradicional de los trabajadores como los sindicatos, en muchos casos alineados con el gobierno, y entraron en crisis los partidos políticos tradicionales. Entre los sectores populares se vio debilitada la identificación con el peronismo y se hizo más evidente el peso de nuevos actores sociales, que formaban un mosaico heterogéneo que iban desde iniciativas independientes hasta nuevas organizaciones y movimientos, como fueron los piqueteros. Esta etapa inaugura un proceso de fractura en los sectores populares que se traduce primero en la ruptura del empleo y las formas asociativas tradicionales, y luego en quiebres más profundos en la inserción social. Svampa y Pereyra (2004 b) aplican el concepto de “descolectivización” para explicar en este período el progresivo debilitamiento del peronismo en los sectores populares. La reacción a esta crisis (que acompañaba el discurso internacional acerca del “fin de la historia” y el ocaso de los grandes relatos vertebradores de las luchas populares), se gestó en espacios locales, en vínculos “cara a cara”, pertenencias de carácter más bien afectivo y grupos asociados por medio de intereses comunes. Surgieron ámbitos de resistencia local, centros comunitarios, comedores y formas de comunicación popular, como las radios comunitarias. Zibechi (2003) habla de “refugios” frente al terremoto ideológico-político que se había cernido, y caracteriza la novedad de estos espacios, poniendo como ejemplo a la FM La Tribu en la ciudad de Buenos Aires. La resistencia contra el modelo neoliberal quedó anclada en la memoria de los jóvenes militantes que se entrevistaron en esta investigación, y la lectura que hacen de esta etapa será constitutiva tanto para la Juventud de la CTA como para el Frente Popular Darío Santillán (Capítulos 4, 5, 6 y 7).

Lo local adquirió también relevancia con el crecimiento de redes sociales, con características heterogéneas y aún contradictorias. La jurisdicción municipal, o el barrio, se fortaleció como lugar de producción de la vida pública de los habitantes, de socialización y de construcción de lazos de identidad, incluso en la búsqueda de salidas laborales momentáneas y precarias. La situación de “local” se asoció a políticas sociales sectoriales y territoriales seguidas por los sucesivos gobiernos desde los años 90. Se daba en coincidencia con recomendaciones de organismos internacionales de crédito, que tendían a brindar soluciones focalizadas y a descentralizar la acción social con la concepción, explícita o implícita, de la ineficiencia estatal para atender cuestiones sociales y la necesidad de contar con una auditoría de consultoras de la sociedad civil o las empresas. Pero también se sumaron factores endógenos que valorizaron lo territorial, los vínculos cercanos y los lazos sociales, frente al repliegue del Estado y las estrategias de supervivencia frente a la crisis, incluso en términos de aprovechar las oportunidades que brindaban políticos locales. De esta forma, lo territorial se erigió en valor y adquirió vitalidad para articular propuestas y brindar organización y sentido, reflejándose en las prácticas locales.

Lentamente se fueron articulando modos institucionales de oposición, por parte de organizaciones sindicales y movimientos sociales que protagonizaron movilizaciones populares con demandas específicas. Entre ellos, una parte del movimiento obrero organizado (el Congreso de los Trabajadores Argentinos que luego se volvería CTA, Central de los Trabajadores Argentinos), las organizaciones de derechos humanos, el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero creado en 1990), varias agrupaciones estudiantiles universitarias y otras organizaciones sociales. El protagonismo juvenil en movilizaciones e incipientes organizaciones, con rasgos culturales nuevos y característicos, resultó un factor clave para el período (Zibecchi, 2003; Chaves y Nuñez, 2011)

El movimiento obrero argentino atravesó la crisis con discusiones al interior del peronismo y de la Confederación General del Trabajo (CGT) en los primeros años 90, que se sostenian en la tensión entre la fidelidad o la traición de las tradiciones peronistas. Un sector mayoritario, desde la cúpula de la CGT, apoyó las medidas de ajuste llevadas adelante por el gobierno de Carlos Menem. Pero, a pesar de que la percepción generalizada de la época es que todo movimiento obrero organizado resultó un aliado incondicional del gobierno menemista, un análisis más detenido de las leyes aprobadas permite reconocer matices y nos llevan a considerar dos aspectos significativos.

En primer lugar, el apoyo no fue absoluto ni se orientó a la política económica y social en su conjunto. El ámbito en el que se apoyó el gobierno para imponer estas reformas fue el Congreso, y los resultados de las votaciones permiten comprobar que, por ejemplo, el conjunto de las medidas de precarización laboral fue atenuado en el Congreso por los aliados sindicales del gobierno. Sólo un 40% de los proyectos fueron aprobados, a diferencia del 90 % de los que implicaban privatizaciones. Y en muchos casos el apoyo se consiguió cuando se hicieron concesiones que favorecían a los sindicatos, como fue el caso de su participación en las administradoras privadas de fondos de pensión (AFJP)[33]. Esto no alcanzó a disminuir la gravedad del ajuste, pero sí permite considerar otro aspecto: la capacidad de negociación de los sindicatos oficialistas, que obtuvieron beneficios y mantuvieron una cuota considerable de poder y apoyo de sus bases. Este es el segundo elemento a considerar, porque eso les permitiría retomar la iniciativa como actor político una vez superada la crisis de 2001-2002 y recuperar protagonismo, modificando el escenario político y constituyéndose en un aliado potencial para el modelo ensayado desde 2003[34].

La alianza con el menemismo profundizó la crisis en el interior de la CGT y llevó a la organización de los sectores críticos. El Movimiento de los Trabajadores Argentinos, liderado por Hugo Moyano, adoptó una estrategia de confrontación dentro de la Central. Y el Congreso de los Trabajadores Argentinos (luego, Central de los Trabajadores Argentinos, CTA) se conformó en un espacio opositor por fuera de la CGT. La CTA, como se desarrolla más detenidamente en el capítulo 4, se organizaría sumando a otros sectores sociales como asociaciones de jubilados, organizaciones populares y también agrupaciones piqueteras, en lo que algunos autores denominan “sindicalismo de movimiento social”[35].

Los movimientos sociales que habían aparecido silenciosamente, se volvieron más fuertes en el transcurso de los noventa conformando un mosaico heterogéneo. Dejando de lado diversas clasificaciones[36], podemos señalar que los nuevos movimientos y organizaciones sociales habían surgido en demanda de necesidades básicas insatisfechas y por reclamos que apuntaban a la calidad de vida de la población, como se ha desarrollado un trabajo anterior[37]. Se puede reconocer un tejido amplio de movimientos sociales y organizaciones populares que se fue consolidando, entre ellos grupos de vecinos, cooperativas de vivienda y trabajo, sociedades de fomento, grupos de hogares de niños, organizaciones surgidas de las marchas en reclamo de justicia y respeto a los derechos humanos o defendiendo el medio ambiente, así como grupos de mujeres, minorías sexuales o étnicas.

Si bien el origen los vincula con el cambio social, el panorama se volvió muy heterogéneo hacia finales de la década del 90, ya que las políticas internacionales de los organismos de crédito, y la propia política social del gobierno menemista, tendió a debilitar a los viejos actores y a fortalecer a organizaciones sociales con modalidad de fundaciones privadas. Esto obedecía, por un lado, a que se consideraba que las “ONG” resultaban más eficientes que el estado para aplicar planes sociales, y por otro lado porque la propuesta fue tercerizar la responsabilidad estatal y reducir su presupuesto social, en tanto se evitaba la confrontación masiva por problemas sociales ya que los sectores populares pasaban a tener varios interlocutores. Se puede considerar que de esta manera se ponía un orden y unos límites a la participación en términos afines al poder político y al modelo de asistencia de los organismos internacionales. Explica Rosenfeld que “Las estrategias de descentralización y de focalización tendieron a institucionalizar la participación social como una metodología de gestión, proponiendo en el territorio la acción conjunta de los gobiernos municipales, las ONGs y las organizaciones de base” (Rosenfeld, 2007: 55). Al mismo tiempo surgieron muchas fundaciones y grupos que adquiriendo personería jurídica, podían optar a subsidios y generaban ingresos a partir de problemas sensibles para la agenda social, como fue por ejemplo, la temática de drogas.

En ese contexto muchos grupos superaron la etapa de reivindicación inicial y adquirieron una organización más permanente, con contenidos ideológicos definidos y un abanico de actividades y reclamos, como fue el caso de las organizaciones de derechos humanos. Se trataba del momento de institucionalización que suele caracterizar al desarrollo de las organizaciones sociales. Otros grupos se articularon entre sí en redes y se organizaron a partir de posturas políticas afines, manteniendo una modalidad de acción común y un carácter combativo. Fue el caso de los movimientos de trabajadores desocupados, conocidos como “piqueteros”, que en los 90 acordaron medidas comunes a la vez que mantenían posiciones diferentes.

Es necesario aclarar que muchos movimientos y organizaciones incipientes vivieron procesos de debilitamiento o se encontraron con la paradoja de que el logro de sus objetivos implicaba la disolución de los mismos[38]. Se dividieron y perdieron peso de convocatoria y negociación, como sucedió con algunas agrupaciones barriales y sociedades de fomento. Otros movimientos, con menor presencia pública, desarrollaron articulaciones para la obtención de recursos, como la formación de mesas nacionales, las estrategias de organización interna y la utilización de medios de comunicación, que merecen un análisis más profundo para identificar su potencialidad de cambio social. Entre ellos se puede hablar de movimientos tan variados como los de Educación Popular (por ejemplo, las redes de apoyo escolar), el “Movimiento Chicos del Pueblo” que reunía a hogares de guarda de niños y niñas y experiencias de trabajos con “pibes”, las redes de comedores y cooperativas barriales o el movimiento de mujeres.

Otro tipo de organizaciones que debemos mencionar fueron grupos con perfiles más conservadores integrados por sectores medios-altos, principalmente vinculados con el auge de secuestros y robos englobados en la “inseguridad” (especialmente potenciados luego de la crisis de 2001-2002[39]). Aunque no se advierte la conformación de un movimiento aglutinador, el volumen de las convocatorias públicas, generalmente alentadas por los medios de comunicación, constituye un dato que debe ser tenido en cuenta en el panorama general de las perspectivas de movimientos y organizaciones, si bien las condiciones organizativas rara vez superaron la movilizaciones efímeras.

Se puede concluir que el espacio de movimientos y organizaciones sociales se constituyó en un campo de relaciones de poder en el que conviven elementos organizativos y culturales diversos. Modelos paternales o asistencialistas junto a otros de promoción social y autonomía, tendencias horizontales o verticalistas, manejos esquemáticos o elásticos y participativos de poder. En muchos de estos espacios se pueden advertir propuestas de transformación social y un imaginario solidario, la recuperación de la memoria histórica, códigos compartidos, formas de negociación y de articulación horizontal. Todo ello lo analizaremos particularmente para los dos casos de estudio.

En muchos casos se ven procesos de producción, apropiación y circulación de conocimiento, junto con procesos de concientización y formación vinculados a prácticas de Educación Popular (como se ha mencionado en el punto anterior). Los movimientos y organizaciones constituyen, más allá de la acción específica y el peso político que adquieren, procesos de conocimiento y construcción simbólica y nuevas subjetividades sociales. Implican la recuperación de la identidad personal y colectiva, las relaciones “cara a cara” y un sentido para la actividad cotidiana que constituyen formas de re-anclaje. Esto se observó a lo largo de la investigación y se desarrolla en los capítulos correspondientes, en particular en el 6 y 7.

Una expresión singular de la protesta social merece mayor detalle por ser un punto de la tradición en la que se inserta uno de los movimientos estudiados. En los noventa comenzaron cortes de ruta en zonas donde la economía petrolera se había desmantelado a partir de la privatización de la empresa estatal de petróleo, YPF. Los puntos críticos fueron Cutral Co-Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, y Mosconi-Tartagal, en la provincia de Salta. Esta modalidad se extendió a otras protestas en otros lugares del país, y fue incorporada por trabajadores desocupados de los barrios del Gran Buenos Aires en los años 1996-1997. La gravedad de la falta de puestos de trabajo y la pobreza se había hecho crítica en el Conurbano, marcando una vuelta a los espacios barriales como espacios de lucha. Los trabajadores desocupados adoptaron el nombre que provenía de los cortes de ruta y comenzaron a llamarse a sí mismos “piqueteros”. Proponían la atención de necesidades sociales básicas y la obtención de puestos de trabajo como aspiraciones a lograr en las negociaciones que establecieron con el estado, en sus diferentes niveles. El nombre adjudicó una identidad y una dignidad a los desocupados. El piquete constituía la posibilidad de desarrollar una acción frente al sistema económico excluyente y la posibilidad de entrever futuro a partir de la lucha para quienes habían perdido el trabajo y las posibilidades. Los hizo visibles como sujeto político frente al Estado, a las empresas y a la “ciudadanía” en general.

Retomando la “vuelta al territorio” que se planteó antes, podríamos decir que gran parte de la modalidad de acción colectiva a partir de esta época está signada por lo territorial[40]. Esto fue desarrollado por varios autores (como Scribano 2000, 2002 b) y es mencionado en el trabajo de Merklen (2004),

El piquete está organizado en base a una identidad territorial: no solamente porque son dirigentes barriales los que en general lo llevan a cabo, sino también porque es sobre esta base local que se hace posible la participación de los piqueteros y que se establecen las negociaciones con las autoridades. Así, las personas se movilizan, en gran medida, sobre la base de barrios organizados. (Merklen 2004 : 50).

La crisis de 2001-2002 y los nuevos caminos

En este contexto llegó al poder en 1999 Fernando de la Rúa, en nombre de la “Alianza por el trabajo, la Justicia y la Educación” (conocida en general como “la Alianza”). Asumió el mandato con una expectativa social a su favor, pero con las dificultades económicas que provenían del gobierno anterior y la limitación para conseguir créditos en el exterior en un contexto internacional adverso. Frente el agravamiento de los indicadores económicos, su gobierno volvió a las recetas neoliberales e incorporó a su equipo al responsable de la política económica menemista, Domingo Cavallo. Profundizó las grietas del modelo implementado por su antecesor e hizo más evidentes sus contradicciones, a la vez que sucumbió a la presión de los sectores económicos más concentrados (entre ellos, el financiero), desatando una crisis económica profunda que desembocó en la restricción para el acceso a los depósitos bancarios, denominado “corralito”.

Más allá de la recurrencia de las crisis en la economía argentina, una característica inédita fue el rápido desgaste político que la acompañó, expresado por un entramado de movilizaciones de distintos sectores. Se trató de un conjunto diverso que incluyó: el desencanto por la representación política en general (expresado en el voto en blanco en las elecciones del 2001, y el “que se vayan todos”); la ola de saqueos en el Gran Buenos Aires y otros grandes centros urbanos del país (una forma de presión política, más allá de los componentes espontáneos y organizados que los hayan motivado); la movilización de desocupados y piqueteros y, finalmente, la movilización y organización de los sectores medios urbanos expresada a través de “cacerolazos”, que hicieron eclosión en la noche del 19 de diciembre de 2001. El 20 de diciembre de 2001 el presidente De La Rua presentó la renuncia y se abrió un período de acefalía que incluyó cuatro presidentes interinos en pocos días[41] hasta que, a principios de 2002, Eduardo Duhalde (PJ) asumió la presidencia y, posteriormente, convocó a un proceso eleccionario en 2003.

La movilización de los sectores medios inició un proceso de organización heterodoxo alrededor de dos ejes: el reclamo por los ahorros perdidos en el “corralito” impuesto por el gobierno y luego confiscados por presión del sistema financiero, y la organización de las asambleas como espacios de debate. Más allá de los pormenores, significó una politización de los sectores medios. Pero la crisis económica y política encontró a las organizaciones barriales de sectores populares en otra situación: la mayoría de las organizaciones de desocupados y piqueteros estaban ya conformadas. Esto les permitió desarrollar una acción de contención de los saqueos en sí mismos y una estrategia de protesta y negociación a lo largo de 2002.

Un componente poblacional central de las organizaciones existentes lo brindaba la presencia de jóvenes. En el contexto histórico que se acaba de desarrollar, los jóvenes aparecían protagonizando algunos eventos históricos: la luchas universitarias, las protestas sociales de los años 60. Pero fueron considerados por los medios de comunicación como un sector social indiferente y sin perspectivas de futuro durante los años 90. Algunos investigadores han cuestionado la visión de la apatía y la falta de compromiso de los jóvenes en aquellos años. Para Vommaro y Vázquez (2008), el abandono de los partidos políticos y las viejas formas de hacer política no significó el alejamiento de la misma sino la aparición de nuevas formas de comprenderla: “la politización se produce a través de otro tipo de prácticas o por otros canales que no se desprenden de las vías institucionales de la política” (Vommaro y Vázquez, 2008: 492).

Durante el gobierno de Eduardo Duhalde la conflictividad social aumentó, adquiriendo connotaciones trágicas por el accionar represivo del Estado. Se destaca, en junio de 2002, el asesinato de dos jóvenes líderes del movimiento piquetero: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki[42]. El desgaste del gobierno se hizo evidente y la convocatoria a las elecciones de 2003 estuvieron enmarcadas en un clima de “antipolítica”, que era en realidad un rechazo formal a los líderes de los partidos políticos y otras instituciones, continuando el descrédito en que habían caído los representantes partidarios durante las movilizaciones de diciembre de 2001.

 Las elecciones de 2003 se realizaron con normalidad y no registraron niveles importantes de abstención. De este modo luego de un gobierno marcado por el default y la devaluación, llegó a la presidencia Néstor Kirchner (PJ, 2003-2007). Durante su gobierno se pusieron en marcha diversas estrategias de recuperación económica e institucionalidad política. En la conformación de un bloque de poder que permitiera la gobernabilidad encontraron a un abanico de actores sociales que no pudieron ser ignorados. El nuevo gobierno incluyó medidas de valorización de la gestión y un discurso de “transversalidad” en la articulación con otros partidos y sectores no peronistas. Su gestión adoptó una serie de propuestas más orgánicas de vinculación con movimientos y organizaciones sociales: planes sociales en la relación con las organizaciones piqueteras, anulación de leyes que impedían el juicio a los responsables de la dictadura, en relación con organismos de derechos humanos, entre otras. Estas primeras medidas se asociaron con otras, como la conformación de mesas y espacios de diálogo dentro de los ministerios y la participación de organizaciones y movimientos en la implementación de diversos planes (plan jefes y jefas de hogar, subsidios del ministerio de salud, etcétera). Más allá de la evolución de estas alianzas, se configuró un nuevo escenario que implicaba el reconocimiento de varios actores sociales, la existencia de distintas formas de articulación institucional y la distribución de subsidios, que significaron para organizaciones y movimientos la posibilidad de contar con recursos financieros.

Palabras finales

En el presente capítulo hemos considerado estudios que aportan a la interpretación del fenómeno de los movimientos sociales. En primer lugar, identificamos las perspectivas de movilización de recursos e identidad, contemplando las conexiones entre ambas y su potencial para brindar una interpretación de las experiencias locales. En segundo lugar, analizamos cómo se vinculan estos movimientos con la forma que adopta la modernidad, dentro de una tercera fase de la misma. Esto nos permitió advertir que su consolidación provee formas de acción comunicativa que conectan al sujeto con el mundo de la vida, proveyendo identidades sociales que se reflejan en vínculos con el Estado y nuevas realidades de subjetividad y ciudadanía. En tercer lugar, sintetizamos los aportes latinoamericanos y argentinos que, además de realizar una lectura de las teorías provenientes de Europa y Estados Unidos, hacían foco en las particularidades de la realidad regional, con formas de resistencia cotidiana, cambios en las formas de participación, procesos de trabajo territorial y construcción de conocimiento autónomo.

Por último, brindamos un marco histórico que explica la emergencia de movimientos sociales en Argentina, vinculados a una tradición de luchas anteriores, pero dotados de elementos novedosos que se hacen evidentes después de la crisis de 2001-2002. Se adquieren formas propias entre las que se destacan la resistencia de los trabajadores organizados, el fortalecimiento del trabajo territorial y el surgimiento de un amplio y heterogéneo movimiento de trabajadores desocupados o “piqueteros”.


  1. Desarrollado en Estados Unidos entre 1955 y 1968, con líderes como Martin Luther King.
  2. La denominada Segunda ola del feminismo se tradujo en marchas y organizaciones en Europa y Estados Unidos en los años 60, con repercusiones en otros países.
  3. Al respecto, Vilas considera que históricamente “la movilización de los actores unidos por una identidad de clase en sentido estructural arrasó a un arco más amplio de actores”, pero que la desestructuración de la economía global y la diferenciación de sujetos subalternos permitió la aparición de nuevos actores, que expresan las “múltiples dimensiones de lo popular” (Vilas, 1994).
  4. Esto se observa en muchos trabajos de los años 80, como el trabajo sobre México de Perló y Schteingart (1984) y sobre las villas argentinas de Ziccardi (1984). También en el planteo inicial de Calderón (1985) sobre los movimientos y la “crisis”.
  5. Las definiciones de acción colectiva fueron también un tema de debate por la amplitud del concepto, como se puede ampliar en Elster (1990).
  6. Gustave Le Bon es uno de los autores clásicos que analiza la sociedad “de masas”, particularmente en su libro “Psicología de las Multitudes” publicado en 1901.
  7. Entre los trabajos de Mc Carthy, J. y Zald, M. podemos citar “The Trends of Social Movements” (1973) y la compilación “Dynamics of Social Movements (1979), además del artículo “Resource Mobilization and Social Movements” (1977) en el American Journal of Sociology.
  8. Habermas (1987) partió del concepto del mundo de la vida propuesto por la fenomenología de Alfred Schultz para el análisis de la sociedad contemporánea. Considerando que en épocas antiguas las relaciones sociales transcurrían en el mundo de la vida pero la diferenciación social y la complejización de la sociedad propia del sistema capitalista escapan al control de los actores, que pierden la comunicación con el mundo de la vida, al, siguiendo la idea de reificación de Marx y retomando la idea de abstracción real de Lukács.
  9. Giddens (1990), en su teoría de la estructuración, planteó que la modernidad lleva al “desanclaje”, para aludir a la pérdida de vínculos del sujeto con e mundo inmediato que lo dotaba de sentido, en medio de un complejo sistema “de expertos”.
  10. Cabe aclarar que no debe confundirse esta interpretación con el planteo de etapas o fases que hacer Marshall Berman (1993), cuyo planteo de la modernidad es más amplio y abarca cuestiones culturales y filosóficas.
  11. La cuestión de la globalización neoliberal tiene una profusa literatura que la ha analizado y ha sido motivo de un trabajo anterior (Giorgetti, 1999).
  12. En los primeros años del siglo XXI y a partir de la crisis internacional de 2008 se hizo evidente la importancia de China, India, Rusia y Brasil, entre otros.
  13. Al respecto, resulta elocuente observar la evolución entre los presupuestos optimistas enunciados tempranamente acerca de las redes, (por ejemplo E. Dabas 1993) y el planteo de la emergencia de la sociedad en red que hace Castells (1996), en comparación con posiciones más críticas, incluso Toni Negri (Hardt y Negri, 2002) o alguno de sus críticos como Borón (2002).
  14. Esto fue abordado en un trabajo anterior, publicado en el inicio de esta nueva relación con organizaciones críticas y proyectos autónomos (Giorgetti, 2001).
  15. Se hace referencia al mismo en Giorgetti, (1999).
  16. Entre los numerosos debates que surgieron, y dentro de la consideración acerca de la posibilidad de instalar un modelo de estado socialista, Sader, Emir (2010) considera que es necesaria una revisión amplia y un proceso largo de luchas sociales.
  17. El Foro Social Mundial es un encuentro anual de movimientos, partidos y agrupaciones que cuestionan el orden mundial, que surgió en 2001 en Porto Alegre, promovido por ATTAC (Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano) y que tuvo ediciones en distintos países.
  18. Al respecto se puede encontrar un desarrollo y enumeración en Amin y Houtart (2005), Seoane y Taddei (2001).
  19. Al respecto, De Zan (2006) habla de categorías más abiertas, múltiples y fluidas que se despliegan en los espacios públicos constitutivos del mundo de la vida social.
  20. La cuestión de la diferenciación social fue abordada por autores clásicos de la sociología. Niklas Luhman (1996) la aborda en su Teoría de los Sistemas, cuando analiza los subsistemas funcionales que operan en la modernidad para lograr que se supere dicha diferenciación (des-diferenciación) y se logre la unidad, por ejemplo, a través de la igualdad ante la ley y frente al Estado.
  21. Domingues (2002) recupera a Bobbio al hablar de un Estado “de los ciudadanos” basado en la idea de igualdad que reconoce al ciudadano los derechos civiles y políticos, incorporando sus demandas al derecho y volviéndose objeto de la acción del Estado.
  22. Como ejemplo de “escuelas de ciudadanía” podemos citar , el “Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible” (CIMAS) de España que lidera una red iberoamericana (en http://www.redcimas.org) . En Argentina, el Colectivo Ciudadanía y el Centro Nueva Tierra promueven varias experiencias locales, que se articulan en encuentros como el “Foro de Jóvenes y Ciudadanía” de Rosario (diciembre de 2010). Se puede consultar en www.colectivociudadania.org.ar y www.nuevatierra.org.ar.
  23. Algunos de estos aportes se pueden encontrar en http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=4&id_menu=19.
  24. Al respecto, en el Seminario de Doctorado “Movimientos sociales, acción colectiva y protesta social”, en la Universidad de Buenos Aires. Apuntes del curso 12 de mayo de 2005 dictado por el Dr. Adrián Scribano, se realizó un análisis de textos de los años 80 y 90 entre los que se podía advertir los cambios en la narrativa, el aumento de teorización y referencias bibliográficas latinoamericanas.
  25. Mignolo aclara que “El empleo de de-colonial, en vez de des-colonial (con o sin guión), lo propuso Catherine Walsh como manera de distinguir entre la propuesta de-colonial del proyecto modernidad/colonialidad, por un lado, del concepto de ‘descolonización’ en el uso que se le dio durante la Guerra Fría, y, por otro, de la variedad de usos del concepto de «post-colonialidad” (Mignolo, 2008 p 246).
  26. Entre los aportes bibliográficos que sustentan estas producciones podemos mencionar el aporte en el análisis de África de Fanon (1965), del conocimiento de campesinos nicaragüenses (Fals Borda, 1985), de la práctica de Educación Popular (Freire, 1971, 1972, 1975), de la filosofía de la liberación (Dussel, 1987 y 1996), de la teología de la liberación (Gutiérrez 1971 y Segundo 1975).
  27. En este último caso, “Patagonia Trágica” fue un nombre que se le dio posteriormente a las matanzas de obreros como consecuencia de las huelgas de 1921-22 en la zona de Santa Cruz, en el sur de la Patagonia, en los otros casos los nombres fueron propuestos en el mismo momento de los hechos.
  28. Entre los textos significativos de estos autores se pueden mencionar los textos de Taborda (1935), Astrada (1936) la biografía de Carlos Astrada en David (2004) y las citas de Biagini (2000) y Biagini y Sanguinetti (2010).
  29. Hay abundante bibliografía respecto de los cambios en el discurso e, incluso, la constitución de una mentalidad peronista que explique la perdurabilidad del peronismo, uno de los libros de referencia en este sentido es James (1990).
  30. Al respecto se puede consultar el ya mencionado texto de James (1990), Brennan (1996) y Godio (1991).
  31. Argentina registra una importante presencia de la Iglesia católica en su historia, ya desde los años 60 se advierten sectores diferenciados en sus posturas, más vinculadas al trabajo popular y a las simpatías progresistas, por un lado, y más conservadoras, vinculadas al liberalismo católico de los años 50 (Monseñor de Andrea) o al integrismo (el sacerdote J. Menvielle). La participación juvenil en experiencias populares es mencionada en el próximo capítulo, pero puede ser considerada en los textos de Vernazza (1989) y Eroles (1982).
  32. El ataque del cuartel de La Tablada, que se produjo el 23 de enero de 1989, ha sido analizado en diversas investigaciones periodísticas. Por ejemplo, Veiras (1999), Anguita (2010) y Hilb (2007).
  33. Se puede consultar el trabajo de Etchemendy-Palermo, (1998). Retomado en el análisis de Gurrera, 2002.
  34. Entre otros estudios, Etchemendy y Berins Collier, (2007) analizan el crecimiento de los conflictos sociales liderados por los sindicatos después de 2007 a la luz del poder que recuperaron después de la crisis.
  35. Al respecto, se puede profundizar en Moody (1997).
  36. La definición, las clasificaciones y la relación de los movimientos y las organizaciones que surgen en su seno es un tema que no abordaremos en este trabajo y que resulta complejo en función de la misma heterogeneidad que tienen las prácticas. Entre los autores que realizaron un aporte significativo podemos citar a García Delgado (1992, 1994), Mardones (1996), Restrepo (1991) y Raschke (1994).
  37. Giorgetti, 2001.
  38. En mi tesis de Maestría analicé el caso de una cooperativa de vivienda y consumo de la Villa Malaver, que consiguió subsidios para sus habitantes a cambio de que se mudaran, lo que implicó la disolución de la organización. En otro caso diferente, las Asambleas Barriales de la ciudad de Buenos Aires se debilitaron mayoritariamente poco tiempo después de la crisis de 2001-2002.
  39. El caso más famoso fue la fundación Axel Blumberg.
  40. La recurrencia del trabajo territorial se puede advertir en la historia argentina del siglo XX. Con modalidades diferentes, que no son objeto del presente trabajo, se trabajó lo barrial y territorial en las experiencias de los comités radicales desde principios del siglo XX, las bibliotecas populares socialistas desde los años 30, las unidades básicas peronistas desde los 40 y las comunidades eclesiales de base desde los años60.
  41. Cuando se sucedieron los presidentes Puerta, Rodríguez Saa, Caamaño y Duhalde.
  42. Estas historias particulares se desarrollan con detalle en el capítulo 5 dada la afinidad con el proceso del Frente Popular Darío Santillán.


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