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2 El fin de la Cooperativa

Crisis de la coalición dominante del Partido Justicialista de Santa Fe (1988-1991)

En este segundo capítulo analizamos la crisis de la Cooperativa como coalición dominante del PJSF. El primer elemento que puso de manifiesto el resquebrajamiento de la lógica partidaria imperante fue el cuestionamiento de la autoridad del gobernador Víctor Reviglio como presidente electo del partido en 1988. La emergencia de Carlos Menem como nuevo líder a nivel nacional reordenó las posiciones partidarias en el distrito santafesino, cuya cúpula dirigencial había apoyado de forma mayoritaria a Antonio Cafiero en la interna presidencial de aquel año. Un segundo factor de coyuntura que minó aún más la legitimidad del gobernador como presidente del PJ fue la derrota del partido en las elecciones municipales de 1989 en las principales ciudades de la provincia (Rosario y Santa Fe). Por último, el tercer elemento que terminó por catalizar la crisis de la coalición dominante del partido lo constituyó la destitución del vicegobernador Antonio Vanrell mediante un juicio político en junio de 1990 por denuncias de corrupción, lo cual desembocó en la intervención del PJ local por parte de las autoridades nacionales del partido en 1991.

Bajo esta sucesión de acontecimientos, se venían desplegando una serie de procesos más estructurales. Al interior de la organización partidaria, el sindicalismo había empezado a perder progresivamente influencia, tanto en la nominación de candidaturas como lugares en las listas y en áreas del gobierno (Lacher, 2015). Ese proceso se sellará con la nueva coalición reutemannista, donde los representantes sindicales serán marginados de las primeras líneas de la estructura partidaria. En paralelo, y con la irrupción del nuevo liderazgo menemista, la dirigencia local del peronismo se vio atravesada por las transformaciones más generales que se estaban dando en los formatos de la representación política (Cheresky, 2006; Manin, 2006; Novaro, 1994). Los perfiles “tradicionales” de los políticos santafesinos (en gran medida vinculados a la dirigencia sindical y a la militancia de larga data en los partidos políticos tradicionales –como el PJ y la UCR–) empezaron a ser cuestionados, al tiempo que comenzó a valorarse por parte de la ciudadanía una dirigencia que representara nuevos valores (de tipo moral y de tipo tecnocrático) [Frederic, 2004; Pereyra, 2013].

En ese marco, la coalición dominante del PJSF (expresada en la persona de Reviglio como su principal referente) reorientó sus estrategias de cara a las elecciones gubernamentales de 1991: redefinió el perfil de los candidatos y de la campaña electoral y promovió la sanción de un nuevo régimen electoral en la provincia, el Doble Voto Simultáneo y Acumulativo (popularmente conocido como “Ley de Lemas”), que le permitirá sortear las dificultades que presentaba el extremo faccionalismo partidario.

El capítulo sugiere, entonces, que la Cooperativa Santafesina se caracterizó por constituir una dirigencia que, en medio de la crisis organizacional y representativa que atravesó, fue capaz de darse a sí misma los elementos que le permitieran transitar entre viejos y nuevos parámetros de organización partidaria interna y de representación política frente a la ciudadanía.

Crisis socio-económica y cambios institucionales: la irrupción del menemismo en la escala nacional y sus efectos en la coalición dominante del Partido Justicialista de Santa Fe (enero de 1988-julio de 1989)

El tiempo transcurrido entre la interna presidencial que disputaron Carlos Menem y Antonio Cafiero el 9 de julio de 1988, y la victoria del primero en las elecciones generales el 14 de mayo de 1989, produjo en la dirigencia del peronismo santafesino vertiginosos reposicionamientos. En efecto, los ciclos de elecciones internas y posicionamientos en el PJSF se comportaron como un reflejo de los cambios políticos e institucionales producidos en el nivel nacional a partir del adelantamiento de las elecciones presidenciales y de la asunción del nuevo presidente de la Nación.

El 8 enero de 1988 se consolidó en una reunión de cúpula en Mar del Plata la conducción “renovadora” del PJ nacional con Antonio Cafiero a la cabeza. Para ese momento, los sectores sindicales del partido –especialmente aquellos ligados a la conducción de Lorenzo Miguel en las 62 Organizaciones– habían quedado en una situación minoritaria en la nueva composición de la conducción partidaria, en la cual además de Cafiero como presidente ocuparon los primeros puestos Carlos Menem, como vicepresidente, José María Vernet como vicepresidente 1° (en representación de “las 62”), Roberto García, del sector sindical de “los 25” como vicepresidente 2°, Carlos Grosso como secretario general y Juan Manuel de la Sota como secretario político (Ivancich, 2004).

Según Steven Levitsky, “la Renovación se convirtió en la conducción de facto del PJ” (2005: 72) obligando a renunciar a la conducción existente (encabezada por Vicente Saadi) y proclamando a los nuevos dirigentes en la mencionada reunión de gobernadores. Según este autor, la Renovación provocó una reestructuración casi completa de la jerarquía del PJ, manteniéndose sólo un puesto en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional: el del gobernador Víctor Reviglio (ibíd.: 72). Así, la dirigencia política santafesina –fuertemente sostenida por los sectores del sindicalismo local que habían logrado también colocar a José María Vernet en los primeros lugares de la jerarquía partidaria nacional– fue capaz de mantenerse en cargos partidarios encumbrados a nivel nacional, tanto durante el predominio del llamado ciclo “ortodoxo” (1993-1987) como durante el de la coalición “renovadora” (1987-1991).

Dada esta nueva configuración de fuerzas al interior del PJ la dirigencia santafesina se reposicionó frente a la interna presidencial. Por un lado, Cafiero contó con el respaldo del gobernador Reviglio, del ex gobernador Vernet, del presidente del PJSF, Carignano, y de sectores sindicales vinculados al intendente de la ciudad de Santa Fe, Carlos Martínez (Alimentación) y a los diputados provinciales Oscar Barrionuevo y Luis Parra (ambos de Obras sanitarias). Por otro lado, Menem obtuvo el apoyo del vicegobernador Antonio Vanrell, del sector sindical de la UOM Rosario y “las 62”, del dirigente del SMATA, Rubén Cardozo, de otros gremios como Aceiteros, Gráficos, Construcción y Correos y de sectores tan disímiles como Guardia de Hierro y el Peronismo Revolucionario (Baeza Belda, 2010; Lacher, 2015).

La elección consagró ganador a Menem en el distrito santafesino –en sintonía con el resultado nacional– en gran medida debido al apoyo de la mayoría de los gremios peronistas locales, mientras que la mayor parte de la rama política del partido había respaldado a Cafiero. Según Arturo Fernández, “el ‘militantismo menemista’ de Vanrell inclinó muchas voluntades dentro y fuera del sindicalismo de Rosario y zona de influencia” (1993: 49). En efecto, tanto Vanrell como Cardozo integraron el grupo de los “Doce Apóstoles”, el núcleo informal mediante el cual Menem operó durante la campaña electoral y hasta que condujo formalmente la presidencia del PJ en agosto de 1990 (Levitsky, 2005). Los resultados de la interna tuvieron, además, efectos en la Legislatura provincial: un nuevo bloque justicialista identificado con el menemismo surgió en la Cámara de Diputados (“9 de julio”), integrado por tres legisladores (Luis Ghezzi, Jorge Dubolois y José Yódice) que serán, a la sazón, fervientes opositores al gobernador (Rinaldi, 2016).

La candidatura de Menem a la presidencia provocó la formación de Mesas de Enlace Sindical con el nombre “Menem Presidente” en todo el país. Estos agrupamientos informales constituyeron el principal órgano mediador entre el candidato riojano y los sindicatos que continuó funcionando durante el primer año del mandato presidencial (ibid..). En Rosario las cúpulas de las dos CGT (Regional Rosario –que anteriormente se había referenciado en Cafiero– y la CGT Unificada –más coherentemente alineada tras el menemismo–), a tono con la tradición de unificarse en contextos electorales, formaron parte de este agrupamiento sindical durante la campaña (Fernández, 1993). En efecto, “más de la mitad de los sindicatos que conformaban la mayoritaria CGT calle Córdoba, cercana al ‘miguelismo’, integraron la Mesa Sindical ‘Menem Presidente’” (ibid..: 53).

Pero antes de iniciarse la campaña presidencial, en el PJSF se desarrollaron elecciones internas para seleccionar candidatos a diputados nacionales y autoridades partidarias. El 11 de diciembre de 1988 se presentaron 5 listas para disputar los distintos cargos, siendo la ganadora la lista n° 7 (“Unidad y Federalismo”) que postuló a Reviglio para la presidencia del PJSF y para la lista de diputados nacionales a Raúl Carignano, Gualberto Venesia, Gerardo Cabrera, Oscar Lamberto y Ovidio Calleja. La lista del gobernador ganó con el 60% de los votos obteniendo la mayoría y la minoría de los cargos, contando con el apoyo de Rubén Cardozo por el sindicalismo del norte de la provincia y de Liliana Gurdulich, Luis Rubeo y Eduardo Cevallo por la dirigencia del sur (LC, 12/12/88)[1]. Con el aporte de la mayoría de las principales líneas internas del partido se esperaba que este resultado expresara el camino hacia una estructura de relaciones más homogénea y menos facciosa, encolumnada detrás de quien reunía en su persona el gobierno de la provincia y del partido. Los voceros de Reviglio afirmaban que

A partir de aquí se inicia una nueva etapa, en la cual el partido trabajará en paralelo con el gobierno provincial. Urge terminar con un modelo de partido que, al convertirse en una fuente alternativa de poder, siempre culmina presionando al gobierno provincial (LC, 12/12/88).

El deseo de un partido ordenado tras la autoridad del gobernador tuvo, empero, corto alcance. El 14 de mayo de 1989 Menem ganó la elección presidencial al candidato radical Eduardo Angeloz. En Santa Fe, el candidato del peronismo obtuvo el 51,95% de los votos contra el 33,32% del de la UCR, es decir, un 4% por encima del total nacional (Tow, 2014). Entre la elección y la asunción del presidente se produjeron con epicentro en la ciudad de Rosario una serie de sucesos que terminaron por precipitar la entrega adelantada del mando (de diciembre a julio). Entre el 24 y el 31 de mayo se produjeron saqueos a supermercados y comercios en distintas partes del país pero el grueso de ellos se concentró en Rosario (Águila y Viano, 2006).

La conmoción social que generaron estos hechos en el marco de la aguda crisis económica que el gobierno alfonsinista no estaba pudiendo controlar (hiperinflación, paros bancarios, renuncias de ministros), impactaron no sólo en la dinámica institucional nacional sino también en las relaciones políticas de la provincia y de la ciudad. En efecto, dos días antes de iniciarse los saqueos el intendente de Rosario, Horacio Usandizaga, renunció a su cargo en virtud del fuerte compromiso que había asumido con la campaña de Angeloz. En ese marco, había prometido renunciar a la intendencia si su referente político perdía la contienda electoral (Guberman, 2004). Por su parte, Reviglio –que asumió la presidencia del PJSF el 28 julio de 1989– empezó a recibir críticas por parte de las principales figuras del partido que lo habían acompañado en la interna. Los días previos a asumir el cargo aseguró que “hubo gente que boicoteó” (LC, 25/7/89) la realización de un congreso partidario –concretamente, los sectores de Rubeo y Cevallo– para definir la asunción de los nuevos congresales, la eliminación de la incompatibilidad entre el cargo de gobernador y el de presidente del partido y la reforma de la carta orgánica en torno a una serie de puntos atinentes a la vida interna de la organización (LC, 24/7/89). En paralelo, el gabinete provincial se mostraba poco dinámico para enfrentar la situación de emergencia social expresada por los estallidos (Rinaldi, 2016) que, como veremos luego, se repetirán unos meses más tarde.

En efecto, a partir de la asunción de Menem a la presidencia de la República algunas figuras que habían acompañado al gobernador como presidente del PJSF (y que habían apoyado a Cafiero, en línea con la postura del primer mandatario provincial, en la interna presidencial) se “despegaron” de éste. Fue el caso de Rubeo, Carignano, Lamberto, Gurdulich, Cevallo, Cardozo y Sacks (Lacher, 2015) a quienes el gobernador advertía: “hay que dar la cara y trabajar en la provincia y no hablar criticando en Buenos Aires” (LC, 21/7/89). Algunos de ellos, efectivamente, habían renunciado a sus cargos dentro de las cámaras legislativas (Carignano en la Cámara de Diputados nacional y Barrionuevo en la provincial) para asumir como funcionarios nacionales: Raúl Carignano fue designado como subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Eduardo Cevallo como Interventor de Obras Sanitarias y Rubén Cardozo como secretario ejecutivo adjunto de la COPPAL (Conferencia de Partidos Políticos de América Latina). Será este grupo, precisamente, el que presionará para provocar una intervención de la provincia por parte del gobierno nacional o una renuncia del gobernador cuando la crisis institucional de la provincia se vaya agudizando.

“Si no se roba, se pueden hacer bien las cosas”. La derrota del Partido Justicialista de Santa Fe en las elecciones municipales de Santa Fe y Rosario (noviembre de 1989)

El 26 de noviembre de 1989 se realizaron comicios extraordinarios para el cargo de intendente en Rosario y en Santa Fe por motivo de la interrupción de los mandatos de quienes eran los titulares del Poder Ejecutivo. En la ciudad de Santa Fe (capital y centro administrativo de la provincia), el intendente peronista Carlos Aurelio Martínez debió renunciar al ser acusado de cometer una serie de irregularidades en la administración del municipio[2]. El acontecimiento tuvo como efecto una contundente derrota para el PJ frente al Partido Demócrata Progresista (PDP) en las elecciones que se desarrollaron para elegir un nuevo intendente. Así, el demoprogresista Enrique Muttis, profesor universitario y ex diputado nacional, obtuvo la victoria luego de que el PJ gobernase la ciudad desde 1983[3]. Según Muttis, la ciudadanía santafesina había preferido el “cambio” frente a un partido que representaba el “color político tradicional” de la ciudad:

Estos comicios muestran una ciudadanía que, por encima de su color político tradicional, prefirió elegir un cambio para la ciudad, y constituye una demostración de madurez de la democracia (Enrique Muttis, LC, 27/11/89).

El desempeño irregular de Martínez constituyó la clave de lectura de la derrota por parte de los dirigentes de los distintos partidos. Los peronistas reconocían que deberían “hacer ahora una autocrítica y una reflexión profunda” mientras que algunos sentenciaban que “si no se roba, se pueden hacer bien las cosas”. Por su parte, el secretario general del PDP –Rafael Martínez Raymonda– afirmaba que su partido había logrado “una victoria sobre el pasado, sobre las opciones falsas y sobre la inmoralidad” (LC, 27/11/89). La dirigencia de los partidos más importantes de la ciudad reconocía, entonces, que estos resultados electorales expresaban una demanda por la calidad moral los funcionarios públicos (o, a la inversa, un descontento por el manejo poco “honrado” de los bienes de la comunidad). Esa interpretación –que ponía el foco en los atributos morales de los políticos– constituirá la antesala de lo que sucederá unos meses más tarde a partir de las denuncias por corrupción efectuadas al vicegobernador.

A su vez, estos comicios dieron cuenta de un cambio en las preferencias ciudadanas con respecto al perfil de sus representantes políticos. Mientras que los dos intendentes peronistas que gobernaron la ciudad provenían del sector sindical, el nuevo intendente portaba rasgos socio-profesionales (era profesor universitario) completamente ajenos al mundo obrero y sindical[4]. En efecto, Tomás Berdat (intendente entre 1983 y 1987) había sido secretario gremial de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) [Maina, 2016] y Carlos Martínez –oriundo de un pequeño pueblo rural cercano a la ciudad de Santa Fe, con estudios primarios– había sido hasta antes de la dictadura militar secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) de la regional Santa Fe y delegado de la CGT.

En Rosario –donde el intendente Usandizaga había renunciado por propia decisión en medio de los saqueos a comercios de la ciudad– las características de la derrota peronista asumieron rasgos específicos aunque, como veremos, también cobró fuerza un discurso de la “ética” y del “cambio moral”. A diferencia de lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, el peronismo perdió por un escaso margen de votos frente al Partido Socialista Popular (PSP), un partido minoritario que empezaría a crecer a partir del manejo de los recursos del municipio más importante de la provincia. El candidato ganador, Héctor Cavallero, era un bioquímico de profesión y el único concejal del PSP en el Concejo Deliberante de la ciudad[5].

La magra diferencia de votos entre ambos candidatos (aproximadamente 8.000 sobre 600.000) provocó una fuerte discusión al interior del PJ porque se sospechaba que algunos dirigentes del partido que habían perdido la elección interna, ordenaron votar por Cavallero. Por ese motivo, el precandidato que perdió la interna, Gualverto Venesia, fue sancionado por el tribunal de disciplina del partido (EL, 2/12/89). El rumor estuvo instalado ya durante la campaña y se intensificó al conocerse los resultados definitivos. Así, el candidato derrotado, Alberto Joaquín, atribuyó la victoria de la fuerza opositora al voto de “algunos compañeros [que] a pesar de que perdieron la interna, no aceptaron que habían perdido y trabajaron para Cavallero” (LC, 28/11/89).

Según un diputado provincial entrevistado, la interna de 1989 tuvo consecuencias a largo plazo para el peronismo local que se manifestaron en la dificultad de esta fuerza para ganar la intendencia de la ciudad, gobernada hasta la actualidad por fracciones del Partido Socialista:

[La interna] produce un quiebre muy grande del peronismo en Rosario […] Esa duda que quedó ahí flotando abrió la posibilidad de que el peronismo rosarino justifique cualquier acuerdo posterior. Ese acuerdo no escrito en el ‘89 entre Cavallero y un sector del peronismo dio pie y fundamento para que después se dieran múltiples acuerdos entre el peronismo y un sector del socialismo, siempre en detrimento de las oportunidades y de las posibilidades del peronismo en Rosario (Marcelo Gastaldi, Diputado provincial entre 2003 y 2011. Entrevista con la autora, 24/8/16).

Sin embargo, la diferencia entre ambos candidatos se observó, principalmente, en sus estrategias discursivas de campaña y en el modo de vincularse con la ciudadanía rosarina. En efecto, Cavallero recurrió en su discurso a tópicos de índole moral como la “honestidad” y el “amor al prójimo”, construyendo un destinatario lo más amplio e indiferenciado posible en términos políticos e ideológicos, es decir, un “para-destinatario” (Verón 1987). Ese clivaje moral se sustentaba en las denuncias por corrupción que estaban afrontando tres ex concejales de los partidos tradicionales (del peronismo y del radicalismo) y once propietarios de distintas empresas prestatarias de servicios públicos[6]. Observemos, por ejemplo, el siguiente fragmento:

El 26 de noviembre van a triunfar los valores de la moral, la honestidad y la vocación de servir al pueblo […] El odio sirve para destruir; el amor al prójimo es la base para la construcción de una ciudad para la vida (Héctor Cavallero, LC, 24/11/89).

El candidato del PJ, en cambio, recurrió a la estrategia discursiva inversa: apuntó a fortalecer la comunidad de creencias con el electorado peronista en torno a la “lealtad”, la memoria de “Perón y Evita” y la historia de las “luchas de los compañeros”. Le hablaba, entonces, a su “pro-destinatario” (ibid..), apelando a la tradición del movimiento peronista y a una concepción del peronismo como mayoría “natural” (De Ipola, 1987). Decía Joaquín:

El peronismo tiene como valor y tradición fundamental la lealtad. Y esa lealtad se verificará el 26 de noviembre cuando ganemos la Intendencia […] En nombre de nuestras viejas luchas y dolores, por la memoria de tantos compañeras y compañeros que quedaron en el camino, por Perón y Evita […] El peronismo votará por el peronismo porque sabe que así se defiende a sí mismo y a su presidente […] No vamos a quedar aislados, gobernados por partiditos que han perdido el tren de la historia (Alberto Joaquín, LC, 24/11/89).

Así, los términos de la campaña del candidato peronista en Rosario se parecían mucho a los que había enunciado el PJ en la campaña nacional de 1983: una campaña “introspectiva” (Cheresky y Pousadela 2004) y cerrada al electorado partidario (Arfuch 1987).

Ante el resultado electoral, el intendente electo reafirmó su discurso en torno a una concepción moral de la política (Frederic 2004), esto es, la valoración de los políticos en términos de su bondad o maldad, su ética personal, su “vocación de servicio”, mientras desestimaba los clivajes partidarios:

[Esta] no es la derrota de ningún partido político, sino el triunfo de una forma de vida política […] Este resultado significa un reconocimiento a los valores éticos y la esperanza de la ciudadanía por un cambio moral […] Esto demuestra que la gente quiere, ante todo, transparencia, vocación de servicio, autoridad, trabajo […] Esto es el triunfo de una concepción que se encarna en un hombre (Héctor Cavallero, LC, 27/11/89).

Ambas elecciones municipales constituyeron, entonces, una muestra clara de los cambios que se estaban dando en los atributos reconocidos por los ciudadanos en sus representantes políticos. Tuvo mayor valoración un discurso centrado en las cualidades o virtudes morales de la persona de los candidatos (y en el “castigo” a los individuos cuyas conductas eran consideradas “inmorales”) que en la representación de grandes tradiciones o identidades partidarias históricas.

En efecto, desde la vuelta de la democracia en el país se venían produciendo transformaciones en el formato de la representación política. Si durante los años del alfonsinismo (1983-1989) predominó lo que se llamó “democracia de partidos”, donde la relación de representación se canalizaba principalmente a través de las organizaciones partidarias tradicionales (Cheresky y Pousadela 2004), a partir de la asunción de Menem a la presidencia el 8 de julio de 1989 se empezó a evidenciar el deterioro de esa forma y pasó a conformarse un tipo de representación “personalizada” que tenía en la confianza en el líder –y no en un corpus ideológico o partidario– su principal punto de apoyo (Martucelli y Svampa 1997; Novaro 1994)[7]. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevos “líderes de popularidad” (Cheresky 2006) distanciados de las fuerzas políticas tradicionales, cuyo discurso –viabilizado, principalmente, a través de los medios de comunicación– se centraba en la crítica de la corrupción que emanaba del centro del poder (Mauro 2012; Palermo y Novaro 1998). Por último, a partir de la crisis social, política y económica eclosionada en 2001 hasta el presente, se habría desplegado un nuevo formato: el de la “representación de proximidad”, en el que aparece una manera de vincularse el político con los ciudadanos expresada en la figura del “hombre común” y en el rechazo a la “clase política” como principal clivaje de identificación (Annunziata 2012a y 2013b).

La corrupción como problema público: la destitución del vicegobernador Vanrell mediante juicio político (junio de 1990)

Al momento de analizar el fenómeno de un juicio político existen al menos dos perspectivas de abordaje. Una es aquella que lo considera como un “problema social”, es decir, como mecanismo de resolución de conflictos sociales que se expresan en variables institucionales como una forma de reordenamiento de las relaciones políticas (Rodrigo, 2014). En estos casos, la iniciativa para encarar el proceso de un juicio político se origina en la existencia previa de una serie repertorios de protesta social y/o ciudadana que inciden, finalmente, en las instancias institucionales de gobierno y en las relaciones de la élite política. Varias provincias de nuestro país han experimentado sucesos de este tipo en la historia reciente (como San Juan y Santa Cruz), donde las destituciones de altos funcionarios del gobierno mediante juicio político han estado fuertemente vinculadas a demandas presentadas por parte de la ciudadanía y a situaciones de gran conflictividad social o forman parte, incluso, del mismo repertorio de protesta (cfr. Rodrigo, 2013 y Sosa, 2014). Es allí donde, en consecuencia, el mecanismo puede ser utilizado por los actores de manera recurrente (Rodrigo, 2014). La misma motivación, también, han tenido otros eventos de crisis institucional como renuncias de gobernadores o intervenciones federales (Tucumán, Catamarca, Jujuy, Chubut).

Otra perspectiva de examen del juicio político es entenderlo como un modo de resolución de los conflictos al interior de las elites gobernantes; es decir, como una solución institucional a una situación de crisis política que se desarrolla, principalmente, al interior de los sectores gobernantes y cuyo actor central es el Congreso, Parlamento o, en el nivel provincial, la Legislatura (Pérez Liñán, citado en Rodrigo, 2014). Es esta segunda manera de abordar los juicios políticos la que nos hace comprender mejor, creemos, la situación del juicio al vicegobernador Vanrell. Por supuesto que la dinámica de disputas al interior de la dirigencia peronista santafesina sucedía en un contexto social crítico y conflictivo, producto –sobre todo– de la crisis económica que estaba atravesando el país a partir de los episodios hiperinflacionarios del final del gobierno de Alfonsín y del primer año del gobierno de Menem, contexto que también fue capitalizado por quienes promovieron el juicio. Sin embargo, la situación de crisis que se construyó como catalizador del proceso del juicio fue originada en este caso por la propia dirigencia gobernante (los legisladores de los distintos partidos políticos) y no por acciones colectivas provenientes del exterior de la Legislatura. Un indicador de ello es que en Santa Fe, luego de este episodio, no volvió a producirse un proceso similar, como así tampoco experiencias de intervención federal o renuncias de primeros mandatarios, lo cual da cuenta de una característica de relativa estabilidad política e institucional en la provincia[8]. En efecto, el juicio político y la posterior destitución del vicegobernador constituyeron el punto más crítico de deslegitimación del gobierno de Reviglio producto del traslado de los conflictos de la coalición dominante del PJSF al ámbito de las instituciones estatales y de los sucesivos posicionamientos internos que disparó la consolidación del liderazgo menemista. El propósito de los acusadores fue desprestigiar a las principales figuras del peronismo gobernante intentando, luego de la destitución de Vanrell, replicar el procedimiento con la persona del gobernador.

Ahora bien, el juicio formó parte central de la agenda pública local e instaló un tópico que trascendió al propio proceso institucional del impeachment: el de la corrupción de los funcionarios gubernamentales. En efecto, este tema terminó por constituirse en un “problema público” que atravesó tanto la esfera mediática santafesina como el debate de todo el arco político-partidario, en especial, el que se suscitó al interior del PJSF en torno al perfil que deberían adoptar sus futuros candidatos en vistas a las sucesivas elecciones provinciales.

El juicio político: coyuntura nacional y provincial

Entre agosto y septiembre de 1989 se sancionaron las Leyes nacionales de Reforma del Estado y de Emergencia Económica. La primera de estas leyes –la Ley nacional n° 23.696– ordenaba la “racionalización” de las estructuras del Estado nacional, lo cual implicaba una reorganización de las mismas, reducción del personal en las diversas dependencias y, de acuerdo al caso, privatización de empresas estatales. La segunda ley –n° 23.697– otorgaba el marco para suspender todo tipo de subsidios, subvenciones, becas, etc., que afectasen los recursos del Tesoro Nacional dadas “las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padec[ía]”. La provincia de Santa Fe sancionó, en línea con estas leyes, la Ley n° 10.472 el 28 de diciembre de 1989[9]. A partir de allí, se inició una política de reducción de gastos (“ajuste”) en las distintas reparticiones del gobierno provincial, comenzando por una revisión administrativa de los presupuestos de cada poder del Estado.

La aplicación de estas medidas en la provincia tuvo consecuencias a tres niveles. Por un lado, el gobierno empezó a afrontar una fuerte resistencia (mediante paros y movilizaciones) por parte de los trabajadores del Estado, entre otros, personal civil (UPCN), docentes (AMSAFE) y bancarios, principalmente en cuanto a sus efectos sobre la reducción de personal y la denominada “racionalización” de algunas dependencias estatales. El 21 de marzo de 1990 se produjo la mayor concentración desde el retorno a la democracia, según la prensa local, frente a la Casa de Gobierno. De la misma participaron la mayoría de los gremios estatales (ATE, AMSAFE, FADUL, ASOEM, FESTRAM, SUTEN, APUL, SADOP y Judiciales), aunque no participó la UPCN. Reviglio y el ministro de Hacienda, Rodolfo Vacchiano, fueron los destinatarios de estas demandas, que se redujeron a un motivo de índole estrictamente salarial. Junto con la ley de Reforma del Estado, el gobierno provincial había promulgado una ley de Reforma Ministerial que promovía la reducción de algunas subsecretarías –aunque dejaba intacta la cantidad de ministerios– con la correspondiente reducción de personal para, decía el gobernador, “colocar a la provincia en paralelo con la Nación” (EL, 21/3/90). Por otro lado, se produjeron saqueos a comercios y supermercados en la ciudad de Rosario, en un contexto todavía no controlado de inflación de precios (EL, 9/3/90). En tercer lugar, se elaboraron por parte de legisladores provinciales opositores al gobierno (de otros partidos políticos y del partido de gobierno) varias denuncias por irregularidades en diversas áreas del Estado, tales como Salud, Acción Social, Dirección de Vialidad, Dirección de Vivienda y el Banco Provincial (EL, 7, 13 y 17/3/90).

Mientras se sucedían estos episodios de convulsión social, se publicó en los diarios nacionales un rumor sobre la posible intervención Federal de la provincia, motorizada por legisladores y funcionarios justicialistas santafesinos con cargos a nivel nacional. Entre ellos se encontraban Raúl Carignano, Oscar Lamberto, Eduardo Cevallo, Saturnino Danti Aranda y Liliana Gurdulich de Correa, quienes presentaban como justificación del pedido el hecho de que “los saqueos siguen” y por “las denuncias por corrupción en los tres poderes” (EL, 26/3/90). De la “maniobra intervencionista” también eran acusados por el gobernador algunos dirigentes gremiales (como el secretario general de la UPCN local, Alberto Maguid) que estaban a favor de la reforma del Estado a nivel nacional pero se oponían a su aplicación en la provincia (EL, 23/3/90 y 8/4/90). Una vez abortada la iniciativa interventora, el peronismo opositor a Reviglio publicó una serie de solicitadas en la prensa en las que pedía al gobernador que renunciara a su cargo. La clave de lectura de estas comunicaciones era la “dramática situación de la provincia” y “los casos puntuales de corrupción” (EL, 4 y 11/4/90).

En medio de este convulsionado clima social y político el bloque del PJ de la Cámara de Senadores provincial solicitó al secretario administrativo de la Cámara informes del manejo de fondos, estados de cuenta y asignación de gastos en el marco de la aplicación de la Reforma del Estado. El propósito era, según los legisladores, “acompañar desde senadores la política de ajuste del Ejecutivo” (EL, 23/3/90). Sin embargo, ante la negativa del secretario de la Cámara a entregar el detalle de lo solicitado fue separado del cargo y fueron los propios legisladores quienes tomaron la tarea de revisión de las cuentas (EL, 24/3/90). Desde entonces, se constituyó una Comisión Administrativa permanente la cual detectó importantes irregularidades en el manejo presupuestario del anterior secretario[10]. Esta situación condujo a la creación de una Comisión Investigadora de las compras realizadas por el Senado, cuya composición era de tres senadores por el PJ y uno por la UCR. Como resultado de su trabajo se encontró que se habían efectuado cuantiosas partidas sin autorización ni comprobantes que acreditaran las erogaciones. El proceso llevó, primero, a la separación del vicegobernador de las funciones de manejo del presupuesto de la Cámara Alta –debido a su responsabilidad personal detectada en cada una de las irregularidades y asumida por el propio Vanrell (EL, 30/3/90)–, luego a su suspensión como presidente de la Cámara y, por último, a su destitución como vicegobernador mediante juicio político el 29 de junio de 1990[11].

La Cámara de Diputados constituyó la “Comisión acusadora” (compuesta por diputados de todos los partidos), mientras que el Alto Tribunal de enjuiciamiento estuvo conformado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial y la totalidad de los senadores (EL, 29/6/90). La acusación final fue la de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos, ordenándose su captura policial. Luego de su separación del manejo administrativo de la Cámara, Vanrell se ausentó de la escena pública durante 40 días. Se presentó en la Legislatura con sus abogados para realizar su defensa el 27 de junio de 1990 y, una vez destituido y con pedido de captura policial, su paradero volvió a desconocerse hasta el 28 de noviembre de 1991, cuando se presentó espontáneamente ante la Justicia. Estuvo detenido durante 8 meses por haber permanecido prófugo por más de un año (EL, 24/10/00).

¿Quién era Antonio Vanrell? ¿Qué lugar ocupaba en la estructura del PJSF? ¿Cuál había sido su trayectoria en el partido? Este dirigente –nacido Villa Cañás, una pequeña ciudad del sur de la provincia– había emergido del core del sector peronista sindical, en línea con el perfil que dibujaban quienes lo habían precedido en los altos cargos del gobierno (Vernet o Martínez). Su trayectoria es, sin embargo, difícil de encuadrar en alguna categoría. Vanrell se acercó a la militancia peronista, en primer lugar, durante sus años de estudio en la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Allí se sumó, al igual que algunos otros militantes que luego formarían parte de las primeras líneas del peronismo en Santa Fe, a las filas del Frente Estudiantil Nacional (FEN), desde una línea cercana a los grupos cristianos (Acosta, 1989). Pese a ello, reconocía su vinculación temprana con los sectores sindicales rosarinos –iniciada a fines de los años sesenta– y la definía como la causa de su ruptura con los grupos del FEN. En este sentido, afirmaba:

Yo me fui [del FEN] en el ‘69. Porque una de mis ponencias fue la defensa del concepto sindical del peronismo, cosa que en la universidad en general, no sólo en el FEN, era pecado […] Los sectores juveniles de aquella época, o estaban enrolados en la estructura del FEN o estaban enrolados en la estructura de la juventud sindical. Y le rindo un homenaje a David Alonso, de la UOM, por un pedido de Eugenio Blanco (yo me separo del FEN por esta discusión) y armamos la primera juventud sindical en Rosario (entrevista a Antonio Vanrell, cit. en Acosta, 1987: 149).

Vanrell no terminó sus estudios universitarios y se dedicó a comerciar hierros en la ciudad de Rosario, a partir de lo cual tomó contacto con el secretario general de la UOM de esa localidad, Miguel Gómez. Esos vínculos con el sindicalismo rosarino se expresaron en cada una de las coyunturas electorales entre 1983 y 1987, periodo para el cual Vanrell había conformado su Mesa Unificadora Ortodoxa (Baeza Belda, 2010). En la apertura democrática de 1983 –en la cual la UOM jugó un papel protagónico– Vanrell formó parte de la organización de la campaña electoral sin ocupar ningún cargo formal público ni partidario. Recién en las elecciones internas de 1986 se posicionó como precandidato a vicegobernador en la lista del “Frente para la Victoria” que llevaba a Reviglio como precandidato a gobernador (Maina, 2012). Dos años más tarde, intentó ocupar la máxima jerarquía dentro del PJSF pero perdió frente a la lista del gobernador Reviglio, siendo aún apoyado por la poderosa UOM-Rosario que llevaba a Gómez como cabeza en la lista de precandidatos a diputados nacionales.

En efecto, la figura de Vanrell fue víctima del desdoblamiento de los clivajes distritales del peronismo. Mientras que en la interna Cafiero-Menem constituyó un operador clave dentro del sindicalismo del sur de la provincia en favor de la victoria del riojano (Fernández, 1993), al momento de elegirse autoridades distritales, el clivaje local primó por sobre el nacional: muchos dirigentes que habían votado a Menem en la interna, apoyaron a Reviglio como presidente del PJSF (Lacher, 2015). Al mismo tiempo, su amigo y principal aliado entre la dirigencia sindical, Gómez, había sido derrotado en los comicios internos de la UOM Rosario (LC, 11/12/88). Así, la suerte de Vanrell, muy atada a los avatares de la dirigencia sindical rosarina y a sus estrechos vínculos personales, hizo que –llegados los cuestionamientos por su desempeño gubernamental– careciera de todo apoyo político por parte de la organización partidaria.

“El Movimiento va a echar a los fariseos del templo”. Repercusiones del juicio político entre la dirigencia peronista

El tema que atravesó el debate público santafesino durante los meses que antecedieron y siguieron a la destitución de Vanrell fue el de la corrupción de los funcionarios de gobierno. Ya describimos cómo esta idea empezó a asomar en ocasión de las elecciones de las ciudades de Rosario y Santa Fe pero cobró mayor centralidad a partir de la destitución del vicegobernador. La percepción sobre la consecución del juicio político estuvo fuertemente atravesada por la convicción de que la administración pública y sus representantes gubernamentales y partidarios enfrentaban una situación generalizada de manejo discrecional y poco transparente de los recursos públicos.

Esta especie de consenso sobre la “realidad de la corrupción” entre la dirigencia política (del que participaba también la ciudadanía) estaba, asimismo, instalado en el debate nacional como un “problema público”. Un problema público tiene lugar cuando “determinada condición o situación se transforma en un problema, a partir de su repercusión, su importancia o su reconocimiento en una sociedad específica” (Pereyra, 2013: 29). La década del noventa estuvo atravesada por el tópico de la corrupción política como problemática pública[12]. Según Sebastián Pereyra, “en esos años encontramos un crecimiento muy importante de las denuncias de corrupción en diversos países, uno de cuyos rasgos comunes más notables es la incorporación definitiva de los escándalos a la vida política” (2013: 17). Precisamente, el presidente Menem había destacado la cuestión de la corrupción de los funcionarios en su discurso de Asunción ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1989. Exclamaba:

Vengo a anunciar ante los representantes del pueblo que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública será considerado como una traición a la patria. Así como vamos a investigar los ilícitos cometidos en los últimos tiempos, también vamos a ser inflexibles con nuestros propios funcionarios. Aspiro a que mi gobierno sea un ejemplo de austeridad, de limpieza, de patriotismo (Carlos Menem, en De Privitellio y Romero, 2000: 434).

El tópico de la corrupción aparecía asociado a fenómenos más amplios que tenían que ver con dos procesos de diverso origen, pero que corrían paralelos. Por un lado, el diseño e implementación de la Reforma del Estado. Los principios de la Reforma respondían a las medidas de política económica impulsadas desde el Consenso de Washington para las cuales la idea de la corrupción extendida en las estructuras estatales resultaba funcional[13]. En efecto, las políticas del Banco Mundial (uno de los principales organismos internacionales promotor de aquéllas medidas) contra la corrupción estaban basadas en la idea de que ésta iba en detrimento de la eficiencia en el uso de los recursos estatales como condición del desarrollo en especial, se afirmaba, en los países “en desarrollo [donde] la corrupción se ha vuelto parte del sistema” (Klitgaard, 1992: 11)[14]. A la inversa, la aplicación de políticas de privatización, desregulación o ajuste fiscal desmotivaría la recurrencia de prácticas corruptas extendidas por causa de la amplitud de las esferas en las cuales el Estado tenía intervención.

Esta percepción estaba fundada en la crónica crisis que estaba atravesando el Estado bajo el modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones y en la centralidad del aparato estatal en la regulación de dicho modelo (O’ Donell, 1993). Del Estado “dinosaurio” se estaba pasando a un modelo de Estado “anémico” que tampoco resolverá, a futuro, las incapacidades y los déficits sociales, económicos y de regulación de aquél. Mientras tanto, en los inicios de esa transformación, las políticas neoliberales promovían una fuerte ideología “antiestatista” (ibid..) que apuntaba a degradar el status del funcionariado público resaltando su costado más cuestionable en base a sus conductas incompetentes, corruptas, prebendarias, clientelísticas, etc.[15].

Ante ese panorama general, el nuevo modelo que se proponía instaurar en el país (en sintonía con los procesos regionales) suponía “nuevas reglas de juego en las cuales las condiciones para el florecimiento de la corrupción –un Estado empresario y una excesiva regulación de la actividad económica– habrían desaparecido” (Pereyra, 2013: 206). El presidente Menem insistía en que “la Reforma del Estado deb[ía] sincerar y transparentar mecanismos que conspira[ba]n contra el bienestar general” (EL, 5/10/90).

En línea con esta perspectiva, en Santa Fe las denuncias de corrupción contribuyeron a justificar discursivamente la necesidad de implementar las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. Un diputado justicialista provincial, en el marco de las acusaciones contra el gobernador y el vice, asociaba ambos fenómenos, diciendo:

Todo el sacrificio de la gente fue para pagar ñoquis, asesores, gastos desmedidos, que todavía hoy se siguen incrementando. Todo esto no habría sucedido con una real Reforma del Estado […] Si no renovamos esta dirigencia, el justicialismo pasará muy malos momentos, [por lo que consideraba que] como decía el General Perón, el movimiento generará sus propios anticuerpos para echar a los fariseos del templo (Luis Ghezzi, EL, 20/9/90).

En el debate público, entonces, el juicio político promovió la instalación de la asociación entre “reforma del Estado”, “corrupción” y “crisis de la dirigencia gobernante”. En efecto, una “real Reforma del Estado” iría en beneficio de evitar usos discrecionales del dinero público a favor de intereses personales. A continuación, este dirigente exponía la necesidad de “renovar la dirigencia” gobernante, dirigencia que pertenecía a su mismo partido. Aparecía, entonces, el segundo fenómeno al cual se vinculaba el problema de la corrupción: la crisis de representatividad por la que estaba atravesando el peronismo y la demanda de recambio en las cúpulas partidaria y gubernamental. Como dijimos, el final de la década del ochenta significó en Santa Fe un momento de crisis de la dirigencia gobernante, encarnada –en este caso– por los políticos del peronismo. Esta crisis significó un cambio en los atributos reconocidos en los representantes políticos (de las tradiciones político-partidarias a las virtudes morales y los recursos tecnocráticos de los individuos). La corrupción política fue, entonces, un modo de expresión del quiebre de este tipo de vinculo político (Pereyra, 2013) que reforzaba la imagen de una clase política que, lejos de atender las demandas de los ciudadanos, extraía de su práctica beneficios de tipo personal, especialmente vinculados al enriquecimiento material.

¿Qué rol ocupó el problema de la corrupción en el discurso de la dirigencia peronista santafesina? ¿Qué significó para ésta el juicio político al vicegobernador? ¿Qué concepción de la política y la moral empezó a circular? ¿Cómo se relacionaban ambos términos?

Ya en ocasión de los comicios municipales de 1989 el gobernador Reviglio había reconocido que, en parte, la derrota electoral del PJ se debía al “voto castigo” (EL, 7/12/89) que la ciudadanía había dado a los representantes peronistas, vinculados con denuncias de corrupción en ambas ciudades. Algunos dirigentes apuntaban directamente a la persona del gobernador como responsable de dichos resultados y enfatizaban la necesidad de mantener las “reservas morales y políticas del justicialismo basadas en la honestidad de sus dirigentes” (Enrique Vallejos, diputado nacional, EL, 8/12/89).

Meses más tarde, las reacciones frente al denominado “affaire Vanrell” reproducían la clave interpretativa de “los funcionarios corruptos”. Sin embargo, se advierte la configuración de dos tipos de interpretaciones sobre el suceso del juicio político, según el posicionamiento tomado con respecto a la autoridad institucional (partidaria y gubernamental) de Reviglio. Así, quienes condenaban enfáticamente el accionar del vicegobernador destituido eran, también, acérrimos opositores de Reviglio. Para quienes se posicionaban de este lado, el juicio a Vanrell era la expresión en la superficie de la corrupción–entendida como “robo” del dinero público– que se extendía a todos los poderes del Estado y el origen de toda una cadena de irregularidades responsable de la crisis económica y social que atravesaba la sociedad santafesina. Algunos establecían una analogía con los tiempos previos a la Revolución Francesa según la cual el estar prófugo de la justicia (como lo estaba Vanrell) constituía un “delito con pena de fusilamiento” (diputado provincial Luis Ghezzi, EL, 29/6/90).

Ante esta interpretación de la corrupción como el origen de todos los males que vivía la provincia, la única solución posible se encontraba en una salida institucional que expulsara a toda la dirigencia en ejercicio, ya sea por medio de una Intervención Federal o por juicio político al mismo gobernador. Uno de los abanderados de la propuesta interventora afirmaba que “el fantasma de la intervención es la consecuencia natural de [la] incapacidad [de Reviglio] para conducir los destinos de la provincia” (Raúl Carignano, EL, 12/4/90). En cuanto a la opción por el juicio político al gobernador (por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”) fueron dirigentes de este mismo sector (nucleados en el bloque peronista no oficialista), entre otros de los demás partidos, los que reforzaron su iniciativa luego de la destitución de Vanrell e intentaron darle concreción mediante la presentación de varios proyectos en la Legislatura provincial los cuales, finalmente, no prosperaron (EL, 4/10/90).

Una percepción opuesta a ésta presentaban legisladores y dirigentes justicialistas alineados con el gobernador, defendiendo su gestión y la autonomía institucional de la provincia. Para ellos, el enjuiciamiento a un alto funcionario de gobierno no manifestaba, necesariamente, un estado de “corrupción total” en las distintas áreas del Estado. Por el contrario, era la expresión del funcionamiento normal de las instituciones y de la voluntad política del gobernador de sancionar cualquier tipo de comportamiento reprochable moralmente (incluso, de un propio compañero de partido). Constituía, entonces, una acción ejemplar que debía ser imitada por el resto de los representantes del arco partidario local. En este sentido, un diputado provincial del Bloque Peronista (oficialista) y presidente de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, solicitaba que

se valor[ara] la gestión del peronismo en su total dimensión, pues es un acto de decencia y honestidad [promover el juicio político a un miembro del propio partido] que merece su correlato en otros estamentos de la vida pública y política donde también hay actos de corrupción (Emilio Rodes, EL, 15/5/90).[16].

Desde la Cámara de Senadores también se defendía la visión de que ésta era “una nueva etapa para restablecer la credibilidad” (Alberto Monti, presidente del bloque del PJ, EL, 29/6/90). En el mismo sentido, el gobernador concebía que lo que estaba sucediendo en Santa Fe era “un ejemplo de lucha contra la corrupción; aquí todo se investiga” (Víctor Reviglio, EL, 12/7/90)[17]. Así, se apuntaba a la responsabilidad individual del que había cometido el acto de corrupción. Decía Reviglio en su último discurso ante la Asamblea Legislativa:

Suponer que la existencia de individuos corruptos en algún estamento de la sociedad permite asumir que todos sus componentes son corruptos es, como mínimo, un grueso error y una enorme injusticia para la inmensa mayoría de sus miembros que no cometen actos de corrupción y cumplen fielmente su deber […] Una cosa es formar parte del mismo gobierno y otra muy diferente es compartir la misma conciencia. Nada más personal y más privado que la conciencia de los hombres y la decisión que impulsa sus acciones (Víctor Reviglio, Discurso ante la Asamblea Legislativa, 1/5/91).

Aquí el gobernador establecía una distinción fundamental entre individuos corruptos y otros que no lo eran, que justificaba también el accionar del gobierno frente a lo sucedido con Vanrell. Se apuntaba, entonces, al ámbito de la conciencia individual de la persona que cometía el acto de corrupción y no a un juicio contra toda la clase política. Desde el discurso oficial se transmitía un modo de juzgar el accionar de los políticos del gobierno a partir de criterios de índole moral e individual, haciendo abstracción de la representación de pertenencias partidarias, preferencias programáticas o ideas políticas.

Este mismo modo de juzgar la acción de los corruptos se advierte cuando los dirigentes peronistas querían separar la conducta de Vanrell no sólo de la del gobierno sino también de la de quienes integraban la institución partidaria. Luis Rubeo, senador nacional y futuro candidato a gobernador, afirmaba:

Nuestra fuerza política […] mantiene intacta todas sus estructuras orgánicas […] con autoridades legalmente constituidas y en pleno ejercicio de sus respectivas funciones. Prueba de ello es su evidente capacidad de practicar una acción de profilaxis política, separando de su seno a aquellas personas que no han honrado las designaciones con las que se los ha distinguido, como en el caso de Vanrell (Luis Rubeo, EL, 24/6/90).

En efecto, unos días después de ser excluido de la cámara de Senadores, Vanrell fue desafiliado del PJSF por determinación del Tribunal de Disciplina[18].

Sin embargo, esta vara para medir la acción política era compartida también por los sectores del peronismo opositores al gobernador. Ambos bandos interpretaban el derrotero de denuncias, renuncias y destituciones a partir de nociones que atenían a la moral privada (de ahí que los hechos se entendieran como “robos” y las penas apuntaran a algún tipo de castigo personal). El tópico de la corrupción conducía, por lo tanto, a reforzar la personalización del vínculo político (Pereyra, 2013) y a la evaluación de la conducta de los gobernantes con parámetros propios de una moral o ética individual que juzgaba por igual al ciudadano común y al político. “La compra de los juguetes es un hecho que agravia a la sociedad”, decía un importante dirigente del sindicalismo local (Rubén Cardozo, EL, 29/4/90).

Como afirma Sabina Frederic, “en la Argentina de los noventa el problema de la política fue definido por dirigentes y candidatos políticos como de naturaleza moral” (2004: 21). En efecto, desde esta visión se arribaba a una indistinción entre la figura de los políticos y el resto de la sociedad; el político y el ciudadano eran igualmente individuos privados cuyas conductas se juzgaban desde la moral privada. Se perdía entonces la distancia entre representantes y representados propia de todo gobierno representativo (Manin, 2006). Como afirmaba Reviglio, todos formaban parte de algún “estamento de la sociedad”; eran un “componente” entre otros; algunos corruptos y otros que cumplían “fielmente su deber”. Se trataba del advenimiento de nuevos criterios en la configuración del vínculo político o, en otros términos, en la definición del límite que separaba a los políticos de quienes no lo eran (Frederic, 2004). El escándalo desatado por la corrupción del vicegobernador y de los funcionaros a él vinculados colocó en un lugar subalterno los valores relativos a la tradición peronista, propios de un tipo de representación “tradicional” (Aboy Carlés, 2001a) o, en términos de Manin (2006), de una “representación de partidos”. Estas mutaciones simbólicas darán lugar a nuevos valores representativos como la “honestidad”, la “transparencia” y la “eficiencia” de la persona de los políticos.

El abandono de las internas y la búsqueda del “candidato exitoso”. La sanción de la Ley de Lemas (noviembre de 1990)

La evaluación de la derrota del PJ en las ciudades de Santa Fe y Rosario había llevado a los dirigentes locales del peronismo a admitir que quienes fueron derrotados en esos comicios “no fueron los candidatos de los afiliados, ni de la sociedad, sino el producto de las internas”, por lo cual el propio gobernador Reviglio solicitaba “bajar los decibles de la discusión interna” (EL, 7/12/89)[19]. La idea del “internismo” que atravesaba el partido circulaba, además, en otros estamentos de la organización. La cúpula nacional del PJ había exhortado a “desterrar el internismo partidario y actualizar la doctrina justicialista” (EL, 27/5/90). Por su parte, el término había sido blandido también por los gobiernos peronistas de varias provincias que buscaban modificar sus respectivos sistemas electorales –como en Santa Cruz (Sosa, 2014) o Tucumán (Novaro, 1994)–, o que estaban atravesando diversas situaciones de crisis políticas, como la ocurrida con la destitución del vicegobernador salteño (Maidana, 2013). En verdad, la idea del internismo (o del carácter dinámico de la lucha entre facciones, grupos o “líneas” del PJ) se remonta a los orígenes mismos del partido en los años cuarenta y expresa una característica organizacional del mismo: la de su carácter abierto, intenso y variado que, lejos de constituir una debilidad organizativa, dotaba al partido de múltiples “centros de poder” político (como, por ejemplo, lo eran las unidades básicas), en el sentido que lo define Glifford Geertz de puntos nodales en la construcción del carisma dentro de la organización (Quiroga, 2008).

Ahora bien, como tantas otras, esta era –además de una característica organizacional– una etiqueta utilizada por los propios actores para dar sentido a las disputas que se libraban. En el caso del PJSF de finales de la década del ochenta, el internismo era entendido como la lucha egoísta de las cúpulas de la organización por lograr candidaturas y mantener cargos partidarios en vistas a reproducirse en puestos clave de poder. Según las acusaciones cruzadas entre los dirigentes, el internismo había llevado a la selección interna de un candidato a la intendencia en Santa Fe que finalmente resultó repudiado por la ciudadanía y en la ciudad de Rosario a la sospecha por la falta de acompañamiento en la elección general al candidato ganador de la interna. De este razonamiento se desprendía entonces que era el método de selección interna de las candidaturas el aspecto principal que minaba las posibilidades electorales del partido y que se debía modificar para las próximas elecciones.

En efecto, el sistema de selección de candidatos por medio de comicios internos tenía, desde el punto de vista de los actores, dos consecuencias negativas para el desempeño electoral del partido. Una de carácter interno que consistía en la pérdida de la capacidad de este procedimiento para canalizar los conflictos del peronismo. Hasta aquí, el sistema había permitido zanjar las diferencias entre una multiplicidad de sectores vista la imposibilidad de constituirse un único liderazgo partidario que mediara entre las disputas. La realización regular de elecciones directas de candidatos partidarios y a cargos públicos por parte de los afiliados había demostrado que, durante la década del ochenta, el peronismo de Santa Fe no era ajeno a cierta “rutinización” partidaria (Baeza Belda, 2010). Este costado virtuoso del sistema se consideró agotado a la luz de los resultados electorales de 1989. Las internas no lograban ya la unificación de las distintas líneas partidarias detrás del candidato seleccionado sino que, al contrario, provocaba mayor fragmentación y dispersión. El candidato derrotado de la ciudad de Santa Fe sentenciaba, así, la inutilidad de este sistema y propiciaba el cambio del régimen electoral hacia la “Ley de Lemas”:

La realidad demuestra que las internas, tal como se hacen ahora, no sirven […] La interna abierta […] daría ventajas a quienes tengan mayor aparato […] [La ley de Lemas] posibilitará devolver la credibilidad de la gente en la democracia. Se sabe el desprestigio que sufre la dirigencia política y con la ley de Lemas habrá una motivación para que la gente vuelva a creer (Mario Papaleo, EL, 18/12/89).

El otro efecto negativo que generaba el sistema de internas, desde el punto de vista de los actores, tenía que ver con la baja cualidad representativa de los candidatos frente a la ciudadanía que surgía de él. Si el mecanismo se sostenía solamente en la lucha interesada por la obtención de cargos, entonces la calidad representativa de los candidatos quedaba supeditada a ese interés. La búsqueda de los “mejores” resultaba opacada por el objetivo de mantenerse en las estructuras, haciendo que individuos con fines egoístas fueran los que representaran al partido de cara a la sociedad.

Así, el 30 de mayo de 1990 –mientras avanzaba el proceso de juicio político al vicegobernador– el partido inició oficialmente un debate interno sobre el cambio de procedimiento para la selección de los candidatos a cargos electivos (EL, 31/5/90). Dos fueron las alternativas que se discutieron al respecto: virar hacia un sistema de “internas abiertas” o hacia uno de “doble voto simultáneo y acumulativo”, usualmente denominado “sistema de Lemas”. Finalmente, el PJSF impulsó la ley de Lemas mediante la modificación de su carta orgánica (EL, 18/9/90). El sistema obtuvo media sanción en el Senado provincial el 17 de agosto y se aprobó en la Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 1990[20].

Nuestro propósito no es aquí realizar un análisis del debate sobre la sanción de la Ley de Lemas en Santa Fe y su impacto en el régimen electoral, ya que ha sido objeto de una extendida literatura sobre el tema en esta provincia (Borello y Mutti, 2003; Delgado, 2009; Puig 2003; Robin, 2007; Robin y otros, 2008; Sánchez, 1995; Venesia y Petracca, 1996). Nos detendremos, en cambio, en el debate interno que este tema suscitó en el peronismo santafesino como expresión de la crisis de representatividad y de la dificultad que atravesaba para procesar sus conflictos internos.

Según Borello y Mutti, “los principales sostenedores de [la ley de Lemas] eran los miembros del PJ que esperaban contrarrestar con la aplicación su dispersión interna y la casi segura derrota en las elecciones de gobernador que se avecinaban” (2003: 4). ¿Cuáles eran los fundamentos del PJ para afirmar que el sistema de Lemas le permitiría enfrentar el peligro de una próxima derrota electoral?

En primer lugar, toda la dirigencia peronista estaba de acuerdo en que los partidos políticos y los líderes políticos estaban en crisis. Según esta lectura, los partidos ya no eran más un ámbito de participación de la ciudadanía sino que se parecían a los “viejos comités de los años treinta”. Por entonces, el dirigente Raúl Carignano reconocía que:

El sistema de elecciones internas era válido cuando la gente participaba pero ahora la gente no ve a los partidos como la forma clásica de participación […] Yo creo que se ha desvirtuado el propósito de las elecciones internas en los partidos, es decir, que aquél que gane pueda ser candidato y el que pierda lo acompañe […] Y si no, mire las unidades básicas. Hoy se parecen a los viejos comités de los años ’30 […] El justicialismo de la provincia de Santa Fe está deteriorado […] Hay que abandonar esa imagen de la política semejante a la de la Roma clásica en la que los políticos permanecían todo el día en el templo y el pueblo detrás del muro sin saber cómo se proyectaba su futuro (Raúl Carginano, EL, 20/12/89).

La crisis de la política se entendía como una crisis de “participación”. Los ámbitos tradicionales de la práctica política se habían vaciado de atractivo para la ciudadanía, mientras que los políticos ejercían una práctica cerrada sobre sí misma (de ahí la imagen de los “comités” o de la “Roma clásica”). En efecto, la idea de una práctica de comité remitía a lo que Bernard Manin (2006) define como una representación “parlamentaria” o “de notables”, anterior a la representación de los partidos políticos de masas, en la cual los representantes ejercían su cualidad de tales en el cuerpo cerrado del Parlamento con absoluta independencia de la acción de los representados (“mandato libre”), mientras que éstos expresaban sus demandas por fuera del ámbito parlamentario o del periodo eleccionario. Esta asociación entre la actividad política profesional y una práctica de “comité” será una de los tópicos centrales en la nueva construcción del vínculo representativo por parte de Carlos Reutemann.

Bajo esta perspectiva, la ley de Lemas permitiría volver a unir a los dos polos de la representación: ciudadanos/afiliados y políticos/candidatos. Al constituirse como una especie de selección de candidatos obligatoria, la “participación” en dicho proceso estaba garantizada[21]. Se empezaba a promover una idea de democracia (más) “directa”, sin la mediación cerrada de las estructuras partidarias. En este sentido se expresaba el senador nacional Luis Rubeo:

La sociedad está cansada de internas partidarias sangrientas y costosas, desconfía de los conciliábulos entre dirigentes que muchas veces promueven candidaturas desvinculadas del deseo de los electores, razón por la cual entiendo que la ley de Lemas es el instrumento más genuino y transparente a fin de permitir que sea la sociedad sin filtros amañados la que determine quiénes deben ser los candidatos que representan a los partidos políticos (Luis Rubeo, EL, 24/10/90).

Participación, democracia directa, transparencia, eran los términos que se oponían a desconfianza, elitismo, opacidad. Una propaganda del PJSF en la prensa resumía estos conceptos:

Con la ley de Lemas su voto vale. Porque ahora usted no solo vota, elige. Porque votando al mejor candidato siempre sumará para el partido. Porque con la ley de Lemas la suma tiene legítimos dueños, el pueblo. Porque con la ley de Lemas mueren los acomodos espurios. Ahora vote y decida (EL, 11/3/91).

En segundo lugar, se argumentaba que la renovación de las reglas electorales promovería mejores dirigentes, es decir, que tendría un efecto cualitativo sobre el perfil del candidato que surgiera del voto popular. Esta creencia se derivaba de la anterior: si una elección menos mediada por los “internismos” partidarios era más virtuosa, más “democrática”, las figuras surgidas de esa elección serían también, “mejores”, menos “corruptas”, más “honestas”. Esto era posible, además, porque el sistema permitía que se presentaran candidatos que no pertenecieran a la estructura partidaria y que, por lo tanto, fueran ajenos a los vicios de dicha estructura[22]. Jorge Obeid, intendente de Santa Fe, afirmaba que la ley de Lemas era “un avance, ya que de esta manera los candidatos se plebiscitan directamente ante a la sociedad, contribuyendo así a que no se repitan experiencias en donde los delincuentes terminan ocupando cargos electivos” (Jorge Obeid, EL, 12/5/90).

En consecuencia, la discusión sobre la ley de Lemas respondía a los términos en los cuales se estaba dando el debate sobre el fenómeno del juicio a Vanrell y el comportamiento moral de los funcionarios de gobierno. Las “internas” se habían vuelto un mecanismo espurio a través del cual los funcionarios electos eran “ya-delincuentes” desde el proceso mismo de su selección interna y no sólo a partir del ejercicio de la función pública. Por el contrario, se le atribuía al sistema de Lemas una garantía moral porque lo que estaba corrompido, viciado y desprestigiado era la instancia que hasta ahora realizaba la selección de candidatos. Decía Carignano: “la ley de Lemas es un método que tiene la virtud de que la honestidad, la capacidad y el prestigio estén por encima de cualquier otra consideración” (Raúl Carignano, EL, 20/12/89).

En vistas a producir ese cambio moral de los candidatos del peronismo algunos sectores (más vinculados a la conducción nacional del partido) impulsaron la candidatura de figuras extrapartidarias: “buscamos un candidato que no sea dirigente político y, en lo posible, un empresario”, sostenía por ejemplo Rubén Cardozo, dirigente del SMATA y funcionario nacional en ese momento (Rubén Cardozo, EL, 12/9/90)[23]. En efecto, una vez sancionada la ley, el peronismo emprendió una estrategia electoral para las elecciones de 1991 que se dio en llamar la estrategia del “candidato sorpresa” (EL, 5/10/90) esto es, un candidato empresario o figura con alto conocimiento popular que no perteneciera formalmente al partido político. La conducción nacional del PJ intervino activamente en la búsqueda del candidato a gobernador, mientras que la conducción provincial presentó su propio candidato con raigambre partidaria (Fernando Caimmi, ex ministro de Obras Públicas de Reviglio). Según el periodista Horacio Vargas,

En noviembre de 1990 Duhalde bajó a Rosario a dar una conferencia sobre drogadicción en el Círculo Católico de Obreros. Una excusa perfecta para poner en marcha la Operación Empresario Exitoso [donde informó a los periodistas que] ‘el peronismo tendrá un candidato a gobernador que es un empresario joven, exitoso y famoso. Pero no me pidan precisiones… El anuncio oficial se hará en su momento’ (Vargas, 1997: 96).

Sin embargo, no todos los dirigentes más encumbrados del peronismo local estaban de acuerdo con promover la ley de Lemas ni con presentar un candidato extra-partidario. Este grupo consideraba que el problema del justicialismo no era de “método” sino de “un estado de conciencia de la dirigencia y la militancia” (Eduardo Cevallo, EL, 21/12/89) y que cambiar las reglas electorales era sólo una “formalidad si no hay predisposición a cambiar las cosas” (Liliana Gurdulich, EL, 21/12/89). Este posicionamiento no constituía un desacuerdo menor. Como veremos en el próximo capítulo, el clivaje entre los partidarios y los outsiders se desplegará fuertemente en la discusión interna en ocasión de la designación de un nuevo senador nacional (que se expresará en la disputa entre la reelección de Gurdulich y el candidato de Reutemann) y en la postulación de éste como presidente del PJSF. Algunos sentenciaban que “el peronismo vive, existe y propondrá sus propios hombres, los más honestos y los más capaces, para contener a los hombres de derecha o de izquierda” (Ángel Pascutto, EL, 8/11/90).

La intervención del Partido Justicialista de Santa Fe y el fin de la conducción de la Cooperativa (junio 1991)

La sanción de la ley de Lemas constituyó un mínimo punto de acuerdo entre las autoridades del gobierno y del partido encabezadas por Reviglio y los sectores del peronismo que le habían quitado su respaldo. Sin embargo, una nueva embestida contra su figura se reanudó al momento de definir las candidaturas del PJ a la diputación nacional. En efecto, el sistema de Lemas no contemplaba la selección de este tipo de cargos sino que la lista de legisladores nacionales debía definirse a través de las tradicionales elecciones internas o de un acuerdo de unidad partidario.

Con ese propósito, el gobernador convocó a un congreso partidario provincial en la ciudad de Santa Fe para el 15 de junio de 1991, el cual debía elegir por consenso la lista de candidatos a diputados nacionales. El congreso tuvo una nutrida concurrencia (341 congresales sobre un total de 547) donde se decidió postergar los mandatos partidarios hasta el 10 de noviembre y donde se presentaron dos listas[24]. Una encabezada por Reviglio a quien le seguían Héctor García Solá (MID), Jorge Albertengo, Miguel Blanco (UOM) y algunos de los diputados provinciales del bloque oficialista. Al frente de la lista opositora se encontraba Evaristo Monti (periodista rosarino de origen desarrollista, dueño de la emisora radial LT3) y lo secundaban los sectores de Cardozo (SMATA), Rubeo (Carne), Venesia y Barrionuevo (Obras Sanitarias) aunque, dada la interrupción del congreso, la lista no se terminó de conformar. En efecto, debido a que ninguna de las listas presentadas había logrado los dos tercios propios para imponerse sobre la otra –vía modificación de la carta orgánica–, el partido dispuso la realización de elecciones directas.

Sin embargo, a la semana siguiente del congreso partidario el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito santafesino. El interventor, Oscar González (diputado nacional del PJ por Córdoba), desplazó a la conducción local el 21 de junio aduciendo que se había aprobado “un programa electoral de muy difícil cumplimiento” y que “sin que nadie quede afuera de la estructura partidaria, sean los mejores hombres los que, en definitiva, representen al peronismo en las elecciones” (Oscar González, EL, 21/6/91). Al mismo tiempo, se buscaba controlar la “exagerada proliferación de sublemas” en el contexto de la definición de candidaturas para las elecciones a gobernador del mes de septiembre (para ese momento, el peronismo había presentado 18 de los 28 sublemas provinciales con candidatos a gobernador). El objetivo no explicitado de la intervención era evitar que Reviglio y otros miembros de la Cooperativa se postularan en los primeros lugares de la lista porque se creía que si ello sucedía el peronismo atravesaría, con seguridad, un nuevo revés electoral. En efecto, Menem estaba muy interesado en no perder bancas en el Congreso Nacional para que votaran en el futuro de manera favorable las leyes de Reforma del Estado en curso.

¿Cómo significaron uno y otro sector del peronismo la medida interventora? Desde el lado del oficialismo provincial, entendían que “no ha[bía] fundamento político ni jurídico” para intervenir el partido (EL, 24/6/91). En efecto, ésta había sido una maniobra muy utilizada por el presidente Menem para disciplinar los distritos provinciales del PJ que le eran adversos. En el periodo 1989-1991 se realizaron nueve intervenciones por parte del Consejo Nacional Justicialista a los distritos provinciales (Levitsky, 2005: 246). Según este autor, mientras en la esfera nacional del PJ Menem logró tener un control personal de las decisiones partidarias (provocando una “menemización” del partido), en el nivel de los distritos provinciales tenía dificultades para imponer sus propios candidatos o para lograr que éstos controlaran el partido luego de haberlo intervenido.

La primera reacción de la cúpula desplazada fue convocar a un congreso extraordinario en el cual se decidió modificar el calendario electoral para adecuarlo a los requerimientos de las autoridades nacionales. Se sostenía que la medida interventora era un “acto de proscripción para elegir y ser elegido” y “un retroceso de diez años dentro de la vida partidaria” (Víctor Reviglio, EL, 22/6/91). Según esta visión, quienes promovían la intervención del partido eran “santafesinos sin representatividad” que buscaban “evitar la democratización de las candidaturas” (Antonio Ciaurro, EL, 12/5/91).

Del lado opositor a la conducción local, se argumentaba que las autoridades del partido querían “los primeros lugares de las listas porque necesitan los fueros parlamentarios para no ir presos” (Jorge Obeid, EL, 16/6/91). Ese era un peronismo “de los dirigentes”, no “de la gente”. El tópico de la corrupción seguía presente un año después del juicio político al vicegobernador y se constituía como criterio legítimo para definir quiénes eran los representantes del peronismo y quiénes sólo buscaban “lugares en las listas”.

Aquí se enfrentaban, entonces, dos visiones sobre el peronismo. Una que se sostenía en un criterio procedimental (la realización de elecciones por voto directo para elegir candidatos) y que recuperaba elementos de la corriente de la Renovación y de la experiencia del partido a la salida del periodo de la dictadura; y otra de tipo sustancial, con contenido moral, que consideraba que los “corruptos” no debían volver a presentarse a cargos públicos. Estas dos concepciones remitían a dos nociones sobre la democracia. Una que entendía a la democracia como un procedimiento de selección de líderes (Schumpeter, 2015); y otra de tipo rousseauniana que apelaba a un fundamento sustancial en torno al sujeto popular (la “gente”), por oposición a las estructuras dirigenciales o de elite.

La deslegitimación de las figuras asociadas a la Cooperativa ya no tendría reversión en un contexto donde la valoración del vínculo político estaba fuertemente referenciada en la persona de los representantes y no ya en una tradición político-partidaria. En este sentido, Saturnino Danti Aranda, diputado nacional alineado con Menem, afirmaba categóricamente:

El presidente está persuadido de que hay una nueva realidad en el país, más relacionada con el perfil de los hombres que con el de los partidos. En este caso es que no es tan importante la estructura del partido como el candidato [y] los buenos administradores exitosos en sus tareas […] En Santa Fe el partido tiene la misma imagen que el gobernador, y a partir de allí el partido está tan invalidado como el gobernador (Saturnino Danti Aranda, EL, 23/1/91).

En efecto, como señalamos, la política argentina estaba asistiendo a un proceso de marcada personalización del vínculo representativo y así también lo interpretaban los actores. Ese proceso se relacionaba con el debilitamiento de las grandes tradiciones políticas argentinas (como el peronismo o el radicalismo) en torno de las cuales se habían constituido sólidas identidades a lo largo del siglo XX (Martucelli y Svampa, 1997; Novaro, 1994 y 2000), y de sus estructuras partidarias como principales canalizadoras de ese vínculo. Sin embargo, en cuanto al peronismo, este fenómeno novedoso de personalización de la representación convivió con una tradición estructurada en torno de un liderazgo carismático. El lugar central del líder como encarnación de la voluntad popular en el peronismo ha colocado a la organización partidaria en una dimensión subalterna respecto de la figura de aquél (Aboy Carlés, 2001a; Nun, 1995; Palermo y Novaro, 1998; Portantiero, 1995; Sigal y Verón, 2010) activada, principalmente, como maquinaria electoral.

Por lo tanto, si el PJSF durante la década del ochenta representó una versión que se acercó bastante al modelo de partido burocrático de masas (Panebianco, 1995), con procesos electorales regulares, rotación de sus coaliciones dominantes, intensa actividad militante, movilización propia de recursos económicos y organizativos (principalmente, a través de los sindicatos), etc., ese proceso se vio finalmente opacado por su incapacidad para recrear el elemento principal de su modo de organización: la existencia de un único liderazgo político-partidario que ordenara las relaciones internas. Fue la imposibilidad de los sucesivos presidentes del partido (Raúl Carignano y Víctor Reviglio) de generar un liderazgo partidario en torno suyo que ordenara las relaciones internas lo que impidió contener las tendencias centrífugas de una organización que se caracteriza por integrar múltiples corrientes internas. En un contexto de fuerte deslegitimación de las principales figuras de la organización (que integraban también el gobierno provincial), la estructura partidaria quedó atravesada por ese mismo proceso de ilegitimidad y extrema fragmentación. El periodo de intervención de dos años (1991-1993) operó como un mecanismo excepcional para transitar hacia la constitución de una nueva coalición dominante que se compondrá por quienes lograron desplazar a la conducción presente y por las nuevas figuras convocadas en torno del liderazgo del futuro gobernador.

Conclusiones. Entre la tradición y la novedad: los cambios organizacionales y representativos de la Cooperativa Santafesina al final de la década del ochenta

En este capítulo analizamos el proceso de crisis organizacional, de liderazgo y de representatividad por el que atravesó el PJSF entre finales de los años ochenta e inicios de los noventa. El ciclo consistió en la pérdida de autoridad de la principal referencia del partido y del gobierno –Víctor Reviglio–, en la exacerbación de las disputas internas entre las distintas líneas del partido (y entre sus respectivos dirigentes), en el desempeño electoral defectuoso del PJ en las elecciones municipales de Santa Fe y Rosario y en el resentimiento de la institucionalidad de la provincia a partir de la destitución del vicegobernador Antonio Vanrell.

La crisis de la Cooperativa como coalición dominante del peronismo santafesino fue el resultado de la combinación de distintos fenómenos que se pueden analizar en torno a tres dimensiones. Una primera dimensión de tipo organizacional tuvo que ver con la dificultad que a partir de 1988 empezó a experimentar el partido para procesar su conflictividad interna a través del mecanismo de elecciones directas, procedimiento que había resultado funcional para ese propósito desde 1985. En efecto, el recambio de autoridades que se produjo a partir de la elección de Reviglio como presidente del partido (que contó con un apoyo mayoritario entre las distintas vertientes que habían disputado esa elección) no logró traducirse en un control efectivo de los recursos partidarios y en una alianza duradera en el tiempo. En ese marco, la conducción del partido advirtió que debía modificar el mecanismo de selección de autoridades partidarias y a cargos electivos para la siguiente coyuntura electoral.

La segunda dimensión –relativa al liderazgo político y a la relación entre las escalas de gobierno– se vinculó a la emergencia de la figura de Carlos Menem como líder de la fuerza política y como presidente de la Nación. En efecto, los comicios internos en el peronismo de 1988 y las elecciones nacionales de 1989 tuvieron un influjo determinante en la configuración de fuerzas al interior del PJSF. Quienes habían apoyado a Antonio Cafiero en la interna con Menem –y, por lo tanto, se habían alineado con el gobernador santafesino en el nivel local– abandonaron luego la precaria alianza tejida con Reviglio y se plegaron al naciente liderazgo presidencial. A partir de ese reposicionamiento ejercieron una dura oposición a la autoridad partidaria y gubernamental de Reviglio. La crítica situación social y económica que atravesó la última parte del mandato del gobernador (en el contexto de la crisis hiperinflacionaria nacional) operó como insumo para horadar, desde los sectores opositores internos, la legitimidad de la conducción local, corporizada tanto en el gobernador como en el vicegobernador.

Una tercera dimensión que intervino en la crisis de esta dirigencia se relaciona con los cambios a nivel representativo, simbólico o de las ideas. En efecto, esta coalición partidaria y gubernamental expresaba también un corpus de ideas relacionado a los elementos tradicionales del peronismo y de la representación partidaria muy presentes durante los años ochenta en la provincia que manifestaron sus limitaciones a partir de 1988. El debilitamiento de la potencia representativa de los elementos de la tradición peronista (que en Santa Fe se componían no solamente de referencias a la historia y a los líderes del movimiento sino también al componente obrero y sindical del mismo), dejaron de tener reconocimiento entre la ciudadanía. La primera manifestación electoral de ese debilitamiento fueron las elecciones municipales de Santa Fe y Rosario. En su lugar, los valores de la honestidad de los funcionarios y de la eficiencia en el manejo de los asuntos públicos, vinculados a los parámetros morales y tecnocráticos que empezaban a regir la vara de juzgamiento de la actividad política, le dieron un marco significante central a las visiones y posicionamientos del toda la dirigencia partidaria local pero, en especial, a los combates al interior del peronismo.

Ante un panorama sombrío que se abría para la fuerza gobernante y para sus líderes, el PJSF fue capaz de tramitar las disputas que obstaculizaban su performance electoral y su funcionamiento institucional. Así, Reviglio –como máxima autoridad formal del gobierno y del partido– consensuó con los sectores internos afines y con los que se le oponían la alternativa de la ley de Lemas. El cambio de sistema electoral le permitió al peronismo no solamente encontrar una vía de tramitación de su encarnizada conflictividad interna sino, además, habilitar la búsqueda de nuevas figuras electorales que reconstituyeran la capacidad representativa del partido. Carlos Reutemann será la expresión exitosa de esa estrategia que combinó nuevos procedimientos de selección de candidatos con innovadores atributos de representación política, dentro los límites de una estructura partidaria tradicional.


  1. Las demás listas eran la lista n° 4 “Participación y Federalismo” que impulsaba la candidatura a presidente del partido al vicegobernador Vanrell; la lista n° 9 MoPeFe (Movimiento Peronista Federal) que postulaba para ese cargo al Senador provincial Enrique Vallejos; la lista n° 3 “Perón Vuelve” que lo hacía con Raúl Druetta y la lista “Federalismo y Liberación” de Carlos Taboada.
  2. La denuncia de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante condenó, entre otros hechos, los siguientes: adulteración de instrumentos públicos y privados; manejo discrecional, arbitrario y oscuro de fondos públicos; y pagos efectuados por compras y/o servicios no realizados (LC, 26/7/89).
  3. El PJ perdió por 26,93% contra el 59,51% del PDP. El tercer lugar fue para la UCR con el 6, 45% (LC, 27/11/89), en un contexto de fuerte desprestigio del partido a nivel nacional.
  4. El gobierno del PDP en la ciudad tuvo corta duración. El intendente Muttis falleció repentinamente un año y medio después de haber asumido su cargo (EL, 14/7/91). A partir de allí, el partido entraría progresivamente en retroceso, sin volver a ejercer ningún cargo ejecutivo electivo en la provincia.
  5. La Unidad Socialista (alianza entre el PSP y el Partido Socialista Democrático –PSD–) obtuvo un 37,9% de los votos, mientras que el Frente Justicialista de Unidad Popular –FREJUPO– (alianza del PJ con el Partido Demócrata Cristiano –PDC– y el Movimiento de Integración y Desarrollo –MID–) logró un 36,5% (El Bimestre, noviembre de 1989).
  6. El Bimestre, noviembre de 1989. Cavallero creó, al momento de asumir, un organismo de Investigaciones Administrativas Municipales.
  7. Si bien Menem hizo campaña a partir de un discurso ligado al mundo de ideas de la tradición peronista (“salariazo”, “revolución productiva”, etc.), la inmediata aplicación de medidas de apertura del mercado y liberalización de la economía una vez que asumió el poder puso en cuestión el potencial representativo de aquella histórica identidad política. Ver, por ejemplo, Borón y otros (1995).
  8. Otro caso provincial en el cual la consecución del juicio político al gobernador tuvo una función idéntica a ésta fue el de la destitución del gobernador de Mendoza en 1974 (Mellado, 2009).
  9. El proceso de sanción de la ley no contó desde el inicio con el apoyo de la totalidad de los legisladores del peronismo. En la Cámara de Diputados el peronismo estaba dividido en el “Bloque Peronista” (oficialista) y el “Bloque Justicialista” (un conjunto heterogéneo de legisladores no alineados con el gobernador, algunos promotores y otros críticos de la Reforma del Estado promovida desde el gobierno nacional) [Maina, 2012]. El bloque Justicialista objetaba un aspecto de la ley sobre la constitución de una Comisión Bicameral con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la cual estaría encargada de intervenir en cada paso de la Reforma, especialmente en lo referente a privatizaciones de empresas estatales. Este bloque pretendía que los dictámenes de dicha Comisión se expusieran en las sesiones de la Cámara para su debate, demanda con la cual disentían los legisladores del oficialista bloque Peronista (EL, 14/12/89). Algunas versiones periodísticas argumentaban que parte del dinero declarado por Vanrell y su secretario como destinado a la “compra de juguetes” había sido utilizado como soborno a este grupo de diputados para la sanción de la ley (El Bimestre, mayo de 1990). Finalmente, la ley fue aprobada por la mayoría del bloque Peronista y el “pase” de tres diputados del bloque Justicialista; el PDP se abstuvo, y los socialistas y algunos radicales votaron en contra (EL, 28 y 29/12/89).
  10. Entre otros, se detectaron irregularidades en la compra de juguetes, pan dulce, pelotas, sidra, pantalones, gastos no realizados en reparaciones y compras de fotocopiadoras, domicilios inexistentes acreditados en facturas falsas, compras de chapas también inexistentes, compras realizadas sin su correspondiente comprobante, etc. (EL, 24/4/90, y El Bimestre, mayo y junio de 1990).
  11. El caso de Vanrell no constituyó un fenómeno aislado. A fines de 1989 casi la totalidad de los diputados radicales estaban de acuerdo, también, en solicitar el juicio político para el Ministro de Hacienda, Rodolfo Vacchiano (EL, 23/12/89). Entre 1990 y 1992 se produjeron, también, dos juicios políticos a gobernadores (Ricardo Del Val de Santa Cruz y Jorge Escobar, de San Juan) y uno al vicegobernador de Salta, Pedro Máximo de los Ríos. Además, trascendieron pedidos de juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia ante la falta de normalización del servicio de justicia (EL, 14/4/90). También se produjeron dos renuncias de gobernadores que interrumpieron la continuidad del juicio (De Aparici en Jujuy y Néstor Perl en Chubut) y dos intervenciones Federales (en Catamarca y Tucumán) [Página 12, s/f].
  12. Entre 1991 y 1993 se produjo un primer pico en la producción de denuncias en la prensa nacional que terminaron en escándalos de corrupción (Pereyra, 2013). El ciclo se inició con el caso del Swiftgate en 1991, e incluyó los escándalos que involucraron la destitución de mandatarios ejecutivos por parte de las legislaturas provinciales y municipales. Durante este periodo la corrupción ocupó un lugar central en el discurso de Menem, en tanto que amenaza para el buen desarrollo del gobierno (Canelo, 2001). Asimismo, la Iglesia Católica afirmaba que, en ese tiempo, “la corrupción se ha[bía] generalizado” (EL, 13/3/91). Fue también durante estos años que Menem firmó un proyecto de reforma al Código Penal por el cual se aplicaba a los delitos de corrupción de funcionarios públicos penas similares a las del delito de “traición a la patria” (EL, 12/5/90).
  13. El denominado “decálogo” del CW consistió en los siguientes puntos: mantenimiento de una férrea disciplina fiscal; reorientación del gasto público hacia áreas de alto retorno económico; amplia reforma tributaria que estimulase la inversión; tasas positivas de interés fijadas por el mercado; tipos de cambio competitivos; liberalización financiera; apertura completa a la inversión extranjera directa; privatizaciones; apertura comercial; desregulación y derechos de propiedad garantizados (Morresi, 2008).
  14. La asociación entre corrupción e ineficiencia estatal hizo que una de las maneras de abordar y constituir a la corrupción política como un problema fuera su tratamiento por parte de expertos en la materia, cuya visión técnica estaba orientada a prevenir y controlar la “enfermedad” de la corrupción (cfr. Pereyra, 2013). Volveremos sobre el tópico de la eficiencia y su relación con las Reformas del Estado en el último capítulo.
  15. En cuanto al comportamiento del personal legislativo (del Congreso de la Nación, pero también aplicable a los miembros de las Legislaturas provinciales), Guillermo O’ Donell (1993) habla de los “legisladores marrones”: una figura del parlamentario prebendario, conservador y oportunista, dependiente de un sistema de poder “privatizado” donde el Estado ha perdido su capacidad de hacer valer su legalidad tanto a nivel territorial como funcional y forma parte de un circuito de poder regido por intereses privados –por lo tanto, legitimadores de las asimetrías sociales–. Lo sucedido con las irregularidades en el Senado santafesino bajo la presidencia de Vanrell (en el contexto hiperinflacionario general) ilustra con bastante claridad esta misma idea: una red de relaciones clientelares y prebendarías en la que participan gran parte de los legisladores y cuya administración está regida por la autoridad superior del Cuerpo (el vicegobernador). Luego de estos acontecimientos, al presidente del Senado se le quitará la potestad de administrar los recursos del mismo.
  16. En este sentido, algunos dirigentes peronistas realizaron insistentes acusaciones contra Horacio Usandizaga (UCR) por “actos de corrupción”, supuestamente cometidos mientras éste fue intendente de la ciudad de Rosario entre 1987 y 1989 (EL, 1/6/91). La justicia investigaba, también, el destino final de más de 3000 cheques en Rosario (EL, 16/8/90). Por su parte, Luis Rubeo dedicó gran parte de su campaña a gobernador a denunciar a Usandizaga por sus vinculaciones con la “mafia santafesina” (EL, 14/8/90).
  17. Esta argumentación también aparecía en las palabras de Menem, en relación a las denuncias de corrupción en el ámbito nacional: “Lo que diferencia a este gobierno es que tuvo la valentía de sacar a la luz este problema que nos ha afligido a todos, que es el de la corrupción. Mientras otros lo taparon, nosotros lo estamos poniendo a consideración del pueblo argentino” (discurso de Menem en ocasión del juramento de nuevos ministros, 16/1/91, en Canelo, 2001: 16).
  18. El Consejo Ejecutivo provincial dictó dos resoluciones, mediante las cuales dictaminaba que “todo aquel afiliado que se encuentre procesado por la justicia o que haya sido expulsado de un órgano colegiado, automáticamente queda separado de la función que tenía dentro del partido: provincial, departamental, unidad básica, etc.”; y la segunda donde apoyaba el accionar de los legisladores en el juzgamiento de Vanrell y lo desafiliaba del partido (EL, 16/5/90).
  19. La prensa local también se hacía eco de la idea del vertiginoso estado de disputas internas en el peronismo local en una nota que titulaba “Peronismo: la interna eterna” (EL, 3/7/90).
  20. La votación en el Senado fue a favor de la ley de parte de los 16 senadores justicialistas y, en contra, de parte de los 2 senadores radicales presentes en la sesión (mayoría absoluta). En diputados, sin embargo, la sanción fue muy reñida. Los partidos votaron de forma dividida (PJ, UCR, PSD), excepto el PDP que votó en contra. La ley se sancionó por simple mayoría con 25 votos a favor y 24 en contra. Del PJ votó en contra el Bloque Justicialista, opositor al gobierno (Todos los diarios, 10/11/90). A éstos se los acusaba de representar “los resabios de las caducas prácticas políticas [que] se resisten a perder sus privilegios y elitismo en el manejo de los aparatos partidarios” (Senador Nacional, Luis Rubeo, EL, 10/11/90).
  21. El sistema se denominaba de “doble voto simultáneo y acumulativo” porque en un mismo acto electoral se elegían el candidato (“sublema”) a ocupar el cargo y el partido (“lema”) en el cual éste se inscribía, y se sumaban los votos que obtuvieron todos los candidatos (“sublemas”) para el partido por el cual se presentaron. El ganador era el candidato más votado del partido que obtuvo mayor cantidad de sufragios (Borello y Mutti, 2003).
  22. Sólo se requería que se presentara como aval de la candidatura un 6% del total del padrón de afiliados al Lema en todo el territorio provincial.
  23. Cardozo intentó postular la candidatura de César Luis Menotti –ex jugador y director técnico de fútbol– para gobernador, pero volcó finalmente sus votos en el sublema de Reutemann
  24. Sin embargo, no habían asistido los congresales a cuya cabeza estaban figuras de peso como Raúl Carignano, Mario Truffat, Bernardo Iturraspe o Jorge Obeid, y tampoco estuvieron presentes los dirigentes opositores Luis Rubeo, Eduardo Cevallo y Gualberto Venesia. Además, no faltaron acusaciones de “matonerismo” y “fascismo” por las medidas de “seguridad” que se habían establecido, al no permitir ingresar a la prensa al recinto de las deliberaciones (EL, 16/6/91).


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