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Schejtman: el posibilista[1]

Gustavo Gordillo y Santiago Ruy Sánchez

[…] los manantiales de la libertad humana no están tan solo donde los vio Marx, en las aspiraciones de las clases ascendientes a conquistar el poder, sino tal vez aún más en los gemidos agónicos de una clase que la ola del progreso está a punto de arrollar (Moore, B. Jr., 2015).

Resumen

Frente a la creciente mercantilización de los hogares campesinos y la expansión de sus mecanismos de reproducción externos al ámbito agrícola, ¿en qué medida sigue siendo razonable y provechoso hablar de economía campesina en México? A partir de esta pregunta y de las contribuciones a la investigación del campesinado de Alexander V. Chayanov, Theodor Shanin, Eric Wolf y Alejandro Schejtman, el presente artículo estudia la transformación de la economía campesina mexicana a partir de los años ochenta y noventa, período en que se desarrollaron reformas de carácter económico e institucional.

Se identifican cuatros grandes cambios que contribuyeron a reconfigurar el perfil de los productores rurales y la forma de funcionamiento de la economía campesina en México. Estos son: las fuentes de ingreso para el hogar rural; la creciente pobreza rural y la desigualdad regional; la migración y las remesas; y la feminización de las actividades productivas.

Finalmente, al reflexionar sobre los escenarios futuros para el campo mexicano, se distinguen tres tendencias: los campesinos mexicanos tienden a ser menos campesinos y más productores rurales con base en el núcleo familiar, es decir, están fuertemente orientados a la multiactividad productiva; aun cuando la propiedad ejidal se mantiene e incluso crece levemente, el mecanismo de gobernabilidad en el campo articulado por el presidencialismo, las intervenciones estatales y el corporativismo agrario se ha ido desmadejando sin que se cree una arreglo institucional alternativo; y el debilitamiento de las formas de intervención estatal en el campo y particularmente en el ejido permite el resurgimiento de la economía campesina y el afianzamiento de la función de representación campesina del ejido.

1. Alejandro Schejtman y la economía campesina en México

El itinerario intelectual de Alejandro Schejtman es un excelente punto de partida para pensar los avatares de la economía campesina en América Latina en el cierre del siglo XX e inicios del XXI. Las razones son múltiples, y muy significativas para México, país donde se concentrará la mayor parte de esta reflexión.

Antes de entrar en detalles, cabe subrayar la mirada serena y equilibrada de Alejandro, quien concibe la investigación como una herramienta al servicio de la sociedad, sin por ello prestar ninguna obediencia ideológica o demagógica. Una mirada apasionada, dotada de un sano optimismo escéptico que previene de dogmatismos tan comunes entonces como hoy. Esta actitud de pensamiento franco e independiente constituye hoy un singular estímulo para la reflexión responsable y la crítica propositiva.

Un joven Alejandro Schejtman llega a México a principios de los años setenta para captar, con singular agudeza, el efervescente movimiento social en el campo y el intenso debate intelectual en torno a la crisis de reproducción de la economía campesina y, poco después, de la producción de alimentos misma.

En el periodo anterior, entre 1940 y 1970, el campo mexicano había contribuido con creces al crecimiento económico en las tres dimensiones clásicas: divisas, bienes y mano de obra barata. Tras el fracaso de las respuestas a las crisis basadas en la expansión del intervencionismo estatal y el impulso de las asociaciones colectivas en los setenta, se llevan a cabo en los noventa los “ajustes” cuyo énfasis casi único era el papel de los mercados. Las reformas suponían que la economía “abierta” crecería a un ritmo adecuado para generar suficientes empleos formales en los sectores secundarios y terciarios, para absorber la mano de obra excedentaria del campo (Gordillo, 2014).

La visión de quienes consideraban que el mejor campo era un campo sin campesinos –un campo que en términos de producto interno, empleo y población fuera marginal– fue contradicha por la realidad. Ni el crecimiento ni el empleo formal estuvieron a la altura de las predicciones, la población rural siguió aumentando en términos absolutos, y persistió la propiedad campesina en pequeña escala acompañada de una conversión de los productores rurales en trabajadores informales precarios.

En el ámbito de la economía campesina en México es referencia obligada el informe coordinado por Alejandro en CEPAL en 1981 Economía campesina y agricultura empresarial: Tipología de productores del agro mexicano, que más tarde se convertiría en libro (Schejtman, 1982) y múltiples artículos que alimentarían tanto el debate entre especialistas como la discusión pública.

Las aportaciones del informe son tan ricas como la amplitud y la libertad de espíritu que guió su elaboración: combina de manera original una reflexión histórica con una rica documentación estadística y censal; aporta a partir de información empírica y lecturas novedosas de los clásicos una reformulación a los enconados, a veces excéntricos, debates entre formalistas, estructuralistas, des y campesinistas, terceristas, continuistas; además, tiende puentes de investigación económica de la dependencia, del indigenismo, del modo de producción frecuentes con el debate público en política y antropología en el México de la época. Huelga decir, la tipología que propuso Alejandro constituyó un parteaguas para muchos que veíamos cómo la realidad rural –necia, dinámica e imprevisible– se transformaba a un ritmo que rebasaba nuestras teorías y herramientas analíticas.

Nuevamente hoy, las dinámicas y los fenómenos que enaltecen y padecen los habitantes de los territorios rurales en América Latina desafían con singular ímpetu tanto las instituciones y políticas como nuestro entendimiento. Esto es particularmente cierto cuando pensamos las vigencias y obsolescencias de la noción de economía campesina en el mundo contemporáneo. La pregunta fundamental sigue vigente, como lo han planteado diversos autores: frente a la creciente “mercantilización” de los hogares “campesinos” y la expansión de sus mecanismos de reproducción externos al ámbito agrícola, ¿en qué medida sigue siendo razonable y provechoso hablar de economía campesina?

2. Leer a Chayanov y a sus intérpretes en la globalización

Un vistazo al informe de 1981 conduce inequívocamente a la capacidad de Alejandro de hacer una lectura acuciosa, renovadora y profunda de Alexander V. Chayanov. La década de los sesenta y setenta son un periodo de resurgimiento de la obra del director del Instituto de Investigación Científica de la Economía Agrícola de Moscú. También es cuando se traducen sus obras al inglés, y una perspectiva “sustantivista” en economía invita a repensar la vida rural desde sus dinámicas contradictorias, más que desde la deducción de modelos individualistas o materialistas. Este momento excepcional, entre la muerte física de Chayanov –durante el estalinismo– y su omisión deliberada a partir de los noventa entre académicos y especialistas del desarrollo, abocados a los ajustes estructurales, debe de entenderse en el marco de la posguerra y los movimientos revolucionarios –en México, China, Argelia, Vietnam, Bolivia– con alta participación campesina.

Aunque parecieran obviedades, hoy como entonces es necesario subrayar por lo menos tres contribuciones de la profusa investigación de campesinado. Primero, el rechazo categórico a la tendencia a subordinar lo diferente: la discriminación, la desigualdad social, el racismo y el paternalismo han demostrado ser fenómenos persistentes, que asumen nuevas formas, a pesar de avances sustantivos y discursivos. Lo mismo aplica para la tendencia a arcaizar –es decir, atribuir un carácter de “supervivencia” propio de un pasado superado y en vías de desaparición– a aquello que no se ajusta a los cánones dominantes de racionalidad, formalidad, lucro o los ritmos de las reglas de la oferta y la demanda. Esto pasa por un doble reconocimiento: por un lado, sustituir en el análisis homogeneidad por heterogeneidad y linealidad por procesos diferenciados, frente a dicotomías ordinarias, administrativas o “científicas”. Esos “juegos de suma cero” lejos de ser “reflejos” del mundo social son resultados de infinidad de acciones de construcción –heredadas, sí, pero siempre por rehacer y reinventar (Bourdieu, 1977). Por otro lado, de las limitaciones metodológicas inherentes al estudio del funcionamiento económico de los hogares campesinos, en los cuales la fluidez y la subjetividad dificultan cuantificaciones unívocas.

Segundo, la necesidad de conceptualizar las lógicas de las economías sociales, entre ellas la campesina, cuyas racionalidades y legitimidades propias y distintas no se definen por el Estado ni por el capital, aun cuando son intrínsecas a sus desarrollos. Las alteridades no admitidas –cuya integración al sistema socioeconómico dominante es, por decir lo menos, improbable– son factores fundamentales en la persistencia del hambre y la marginación así como en el crecimiento tan expansivo de la informalidad en nuestro continente. La lógica campesina –como otras expresiones económicas solidarias– no es maximizadora y acumulativa, sino que opera a partir de razonamientos intrínsecos “más sociales que económicos”. La renta, salarios y ganancias son categorías inoperantes, el ingreso familiar total (en especie o dinero) es indivisible.

Finalmente, cuestionar la problemática idea de inevitabilidad histórica por medio del rastreo de los factores que contribuyen –en palabras de Schejtman– “a la persistencia, recomposición y descomposición” de la economía campesina. Esto es particularmente cierto en la reorganización de la economía a escala global –no como un inexistente todo global, sino como distintos segmentos integrados parcialmente–, que hace transitar la diversidad por un embudo que incorpora aquello que puede ser comercializado o capitalizado para distintos propósitos. La “polarización clasista”, el “ciclo demográfico” o la “diferenciación ocupacional” son fuerzas o procesos que deben ser estudiados en su especificidad e historicidad. Como bien lo aplica Alejandro en el informe, analizar las actividades de los campesinos a medida que se esfuerzan por mantener sus medios de vida no equivale a negar las presiones a las que se someten, ni a emprender una romántica búsqueda de autenticidad.

La economía campesina en primer lugar es una perspectiva de entrada “desde abajo”, un cuerpo teórico auxiliar para conceptualizar procesos de cambio en una formación social compuesta por segmentos heterogéneos que responden a lógicas, a primera vista, contradictorias. Shanin concibe al campesinado como un grupo social que se distingue por no solo un patrón de vida específico, sino por pautas cognitivas, de socialización y de aprendizaje intermedias entre el tribalismo-nómada y las sociedades industrializadas. “Los campesinos persisten mientras de forma gradual se transforman y se relacionan con la economía capitalista que les envuelve, adentrándose en los más íntimo de su ser” (Shanin, 1982, p. 417).

La definición de Eric Wolf trajo consigo un consenso relativo y pasajero en cuanto al contenido del concepto de campesino. Se trata de unidad de producción-consumo, que emplea en lo fundamental el trabajo de sus propios miembros, cuyos ciclos sostienen una interdependenica respecto a los ciclos productivos dentro de una estructura política y económica mayor (Wolf, 1999). Un modo de vida definido por condiciones ligadas a la agricultura, cría de animales y labores artesanales en pequeña escala, actividades privilegiadas sobre el trabajo asalariado. De ahí se desprenden rasgos distintivos como el autoempleo extensivo, la diversificación ocupacional y el ejercicio real del control sobre una dotación mínima de medios de producción, entre ellos la tierra.

La caracterización de la economía doméstica campesina de Schejtman toca otros elementos fundamentales de las reglas que gobiernan su funcionamiento interno. Las unidades campesinas tienen una peculiar manera de internalizar riesgos, que devienen en sustento de la diversidad de sistemas productivos rurales basados, no en la especialización, sino en la multiactividad y multifuncionalidad. Este elemento incorpora el aprovechamiento de fuerza de trabajo (niños, ancianos, mujeres) o recursos (tierras marginales con bajo potencial productivo) no susceptibles de valoración en otros contextos.

Segundo, la familia campesina es una “unidad teleológica” –dice Chayanov (1966)– que tiende al equilibrio entre subsistencia y trabajo penoso: el producto-trabajo es la única categoría de ingreso accesible, no hay manera de descomponerlo objetiva o analíticamente. A diferencia del entrepreneur agrícola empresarial, el jefe de la unidad tiene poco margen de acción para regular la fuerza de trabajo, los despidos son inexistentes ante la falta de alternativas laborales y se presupone cierto derecho de los miembros de la familia a una parte de la propiedad de los medios de producción. En una unidad que produce trabajo no remunerado, la intensidad en el uso de factores está determinada por el grado de satisfacción de las necesidades de reproducción de la unidad familiar y la productiva, así como las deudas o compromisos con terceros.

Tercero, la unidad campesina produce principalmente para la subsistencia familiar y para alcanzar un cierto estatus social dentro de un pequeño campo de relaciones sociales. Armando Bartra aclara: “después de una cuota mínima indispensable para la supervivencia física las necesidades subsiguientes tienen valores subjetivos decrecientes” (Bartra, 2006, p. 320). En conjunto el campesino persigue algo que se podría denominar “bienestar”. Para asegurar la inserción familiar en relaciones comunitarias el campesino debe cubrir el gasto ceremonial y un “fondo de renta” (en dinero o especie, para el señor, hacendado o el Estado). La pertenencia a un grupo territorial provee condiciones de estabilidad a esta situación contradictoria y es un factor explicativo crucial para la persistencia campesina.

El “mecanismo causal” fundamental de esos cambios es, según el mismo Chayanov (1991), demográfico: las dinámicas de sobrepoblación alteran el funcionamiento de la economía campesina. Es decir, donde el tamaño históricamente condicionado de la población campesina excede la mano de obra necesaria para cultivar en niveles de intensidad que permitan un ingreso neto acorde a las necesidades de consumo familiar. En esas circunstancias la fuerza de trabajo excedentaria tiene efectos disruptivos para la economía campesina en su conjunto.

Theodor Shanin (1990) sugiere tres patrones de metamorfosis estructural, más que de desaparición del campesinado: primero, la eliminación gradual de los campesinos por la competencia con la agricultura mecanizada en gran escala, intensiva en capital, que concentra tanto tierras cuanto productos, que adquiere los rasgos de “rama industrial-empresarial”, donde no hay cabida a la reciprocidad o las consideraciones de vecindad. Segundo, la transformación de los campesinos en un estrecho y profesionalizado grupo ocupacional, un estrato de farmers, mientras que la fuerza de trabajo excedentaria se coloca en la ciudades. Este patrón supone la formación de dos estratos: en el mejor de los casos, campesinos-medios que mediante figuras cooperativas logran acceder a los mercados de productos; y, con mayor frecuencia, obreros-campesinos que complementan actividades de subsistencia con salarios. Tercero, un patrón caracterizado por una pauperización acumulativa del campesinado, en condiciones de oferta limitada de empleo en la industria y los servicios y acumulación insuficiente de capital.

Gustavo Esteva (1978) sugiere un patrón de transformación en América Latina próximo al tercer tipo, aunque con posibilidades de confluencias con el primero y el segundo. Distinto a la formación del estrato de farmers o a la gran empresa agrícola, en América Latina los campesinos no tuvieron oportunidades económicas para desarrollarse como clase a costa de las propiedades señoriales o de otros campesinos. Si bien en la época colonial surgen emprendimientos capitalistas rurales, la debilidad relativa de la clase empresarial en formación, y la fuerza relativa de las comunidades campesinas limitaron las posibilidades de que la producción misma se organice de manera determinantemente capitalista. Hasta hoy, no se han cumplido los requisitos de esa “transición clásica”, la expoliación de los productores directos, su separación radical de los medios de producción, su transformación en trabajadores asalariados.

Según Schejtman, la economía campesina no es “natural” o autárquica, más bien se articula con la economía en su conjunto a través de dos mercados: productos y trabajo. La articulación en ese contexto se entiende como sistemas de relaciones que entrelazan los sectores campesinos y empresariales con el resto de la economía, formando un todo integrado, cuya estructura y dinámica está condicionada por las relaciones entre sus partes. Por eso, el funcionamiento de los sistemas empresariales y campesino es complementario, se ajustan y modifican mutuamente, en un contexto de intervenciones estatales discursivamente próximas a los segundos, pero con un sesgo efectivo en favor de los primeros.

Estos intercambios asimétricos conducen a transferencias de excedente del sector campesino al resto de la economía. Los dos mecanismos de articulación –aclara Schejtman (1980)– tienen un fondo común:

capacidad y disposición […] de la unidad campesina de subvalorar su tiempo de trabajo con respecto a los patrones establecidos por las reglas de funcionamiento del sector capitalista, ya sea como fuerza de trabajo propiamente tal, o como fuerza de trabajo materializada en los productos que entrega al mercado (p. 137).

En el mercado de productos, el campesino es proveedor o comprador de insumos y bienes finales con una subvaloración “originaria” de sus productos. Si distintos elementos para la reproducción son adquiridos en los mercados de bienes y servicios, la unidad campesina busca limitar la dependencia; privilegia la intensificación del trabajo sobre la compra de insumos. En el mercado de trabajo, con frecuencia, las “ventajas comparativas” de la agricultura capitalista tienen como base los salarios inferiores al costo de la mano de obra en otros sectores, la posibilidad de pagar “jornales” solo por los días efectivamente trabajados y pasar por alto todo tipo de prestaciones.

Las dos tipologías de Alejandro Schejtman –tanto la de carácter analítico-descriptivo como la clasificación-propuestas de intervención– captan la esencia de los postulados de Chayanov. Frente a tipologías previas, por ejemplo, abandona con acierto el tamaño del predio como parámetro único de clasificación. Pone en primer plano su utilidad bajo el supuesto implícito de la tendencia socioeconómica general, así como de las pautas de determinación mutua de sus elementos. En ese sentido, el informe de CEPAL, al igual que Chayanov, toman como referencia la penetración capitalista y creciente desagrarización de los hogares, al colocar en su sexta y última categoría a los hogares que, sin abandonar del todo las actividades primarias en pequeña escala, venden su fuerza de trabajo en el mercado, sin obtener en conjunto ingresos suficientes para la supervivencia. En cambio, en el estrato colocado en el polo opuesto Schejtman ya no coloca a los farmers o al kulak, sino a la agricultura empresarial. En estas unidades el capital y la fuerza de trabajo se encuentran claramente separados, las relaciones entre unidades están reguladas por reglas mercantiles y universales, su producción es exclusivamente mercantil y el riesgo entra en consideraciones probabilísticas.

Este esquema presenta una gradación que supera las dualidades “agricultura de subsistencia-agricultura comercial” o “agricultura viable-agricultura no viable”. Se pueden identificar al menos cuatro tipos de unidades donde la fuerza de trabajo es fundamentalmente familiar y solo se contrata mano de obra de forma marginal y eventual: i) unidades de infrasubsistencia, cuyo potencial productivo es insuficiente para la alimentación familiar; ii) de subsistencia, cuyo potencial rebasa el requerido para la alimentación, pero es insuficiente para generar un fondo de reposición; iii) estacionarias, cuyas unidades son capaces de generar un excedente por encima de las necesidades de consumo, equivalente al fondo de reposición más ciertas reservas para eventualidades; y, finalmente, iv) excedentarias, la unidad tiene el potencial necesario para generar un excedente por encima de sus necesidades de reproducción simple. Más que optar por uno u otro estrato, Schejtman aplica un enfoque unificado, que aprovecha sinergias potenciales en los vínculos de trabajo, aun cuando esto implique que la agricultura quizá no es la mejor opción en todos los casos.

En ese sentido, el uso del concepto campesino trae detrás tipologías o taxonomías, en tanto despliegue de un campo de estudios con parámetros metodológicos y conceptuales sofisticados. El referido informe de 1981 es, sin duda, un punto de partida para tipologías posteriores como la de Gordillo, De Janvry y Sadoulet (1999) sobre el ejido mexicano entre 1990-1994 o la del reporte 2008 del Banco Mundial Agricultura para el desarrollo.[2]

Más recientemente, el grupo de colegas alrededor del objetivo estratégico sobre reducción de la pobreza de la FAO propusieron una tipología que reconoce el espectro diverso de los hogares que viven en pobreza rural y propone un amplio enfoque con estrategias diferenciadas en apoyo a las formas de vida y al empoderamiento de esos hogares rurales, de suerte que puedan (transitar) desde un nivel de baja remuneración laboral y baja productividad a uno con mejores remuneraciones y mayor productividad (FAO, 2017).

En función de lo anterior proponen la siguiente tipología de hogares rurales: i) hogares con actividades comerciales medianas y grandes; ii) hogares con actividades comerciales en pequeña escala; iii) hogares con actividades comerciales emergentes (con potencial para insertarse en los mercados agrícolas pero con obstáculos en el acceso a tierra, crédito, seguros, etc.); iv) hogares con actividades de subsistencia con participación marginal en mercados, la agricultura de subsistencia constituye una red de protección social (ingreso y seguridad alimentaria) y dependen de otros ingresos, como salarios, actividades no-agrícolas, remesas o transferencias públicas; v) hogares que no poseen recursos como tierra y dependen totalmente de ingresos no-agrícolas. Dependiendo de esos ingresos, estos hogares pueden estar entre los más pobres o los más ricos en el medio rural.

Lo más interesante es que la tipología de Alejandro Schejtman anticipa o prefigura lo que serían tres elementos indispensables a partir de la década de los noventa, para analizar los hogares rurales campesinos: actividades no-agrícolas, remesas y transferencias públicas.

3. Economía campesina y reformas estructurales

En los ochenta y noventa, los vertiginosos ritmos de cambio económico e institucional contribuyeron enormemente a reconfigurar los perfiles de los actores rurales y, muy particularmente, de los pequeños productores rurales. La globalización trajo de nuevo a la escena a los campesinos y en la era de la “acumulación flexible”, la noción de campesinado se tornó más escurridiza. Ya desde 1982, Theodor Shanin anticipó un llamado a la desconceptualización para explorar sus márgenes y umbrales de ambivalencia. Más aún en un contexto de capitalismo global, los requisitos en la definición de “campesinado” se vuelven menos operativos, principalmente, tres: primero, la agricultura ha dejado en muchos casos de ser la principal fuente de sustento; segundo, la unidad familiar también se ha transformado así como su organización económica y social del trabajo; y, finalmente, la “vida aldeana” claramente no es la cultura específica de las pequeñas comunidades rurales.

A partir de 1980, un rasgo distintivo de la reconfiguración del Estado en la economía rural mexicana fue un “periodo corto” (1985-1992) de liberalización con amplios cambios –la eliminación de los sistemas de administración de precios de garantía; privatización o liquidación de empresas públicas para compra, distribución y gestión comercial– y, a partir de 1994, un “regreso paulatino” del Estado por medio de programas de combate a la pobreza, transferencias directas e indirectas a productores y un abanico de intervenciones económicas de distinta índole (Léonard & Losch, 2009). Según Banco Mundial (2008):

la expectativa [del ajuste estructural desde los ochenta] era que remover el Estado liberaría al mercado para que los actores privados tomaran a su cargo estas funciones –reduciendo sus costos, mejorando su calidad y eliminando su sesgo regresivo. Con mucha frecuencia esto no sucedió. En algunos lugares el retiro del Estado fue, en el mejor de los casos, tentativo, limitando la entrada del sector privado. En otras partes, el sector privado surgió solo lenta y parcialmente –principalmente sirviendo a los agricultores comerciales, pero dejando a muchos pequeños agricultores expuestos a las extendidas fallas del mercado, a altos costos de transacción y riesgos y a carencia de servicios. La existencia de mercados incompletos y de brechas institucionales, impusieron elevados costos en crecimiento perdido y en disminuciones de bienestar para los pequeños agricultores, amenazaron su competitividad y en muchos casos su supervivencia (p. 119).

En las últimas dos décadas, la acción pública en el campo en México se caracterizó por un alto grado de fragmentación. Por un lado, transferencias condicionadas –principalmente, Progresa-Oportunidades-Prospera– y, por otro, una multiplicidad de programas temáticos, regionalizados y altamente focalizados. El resultado es una proliferación de iniciativas desarticuladas que muchas veces reproducen patrones regresivos de distribución (Fox & Haight, 2010). A las transferencias públicas se suman las privadas, ligadas a la migración a Estados Unidos, que han sostenido amplias fracciones del mundo rural mexicano, a pesar de la pobreza persistente.

El análisis que elaboraron Gordillo, De Janvry y Sadoulet (1999) permite vislumbrar una “reacción campesina” en la agricultura, así como el incremento de las estrategias de reproducción no-agrícolas frente a la crisis y a la reconfiguración del Estado entre 1990 y 1994.[3] El diseño del estudio buscó identificar el efecto inicial de las reformas de 1991-1992 sobre el balance del maíz en los hogares campesinos, así como estimar la importancia de ingresos emergentes rurales y no-rurales (microemprendimientos, mercado de trabajo y remesas). Los hallazgos que presenta el estudio expresan un balance contrapuesto: una fuerte tendencia hacia la diferenciación social y la prevalencia de la economía campesina. Este último elemento es muy importante. Las estrategias de reproducción tras el “ajuste” económico en el sector agrícola señalan las dificultades propias –en términos de Chayanov– del “excedente” de mano de obra. Por ejemplo, para enfrentar la crisis de rentabilidad, el sector ejidal optó por intensificar el uso de mano de obra sobre inversiones en capital y una parte importante de la producción de maíz se orientó al autoconsumo.

Los autores identificaron la consolidación de los sistemas de producción campesina. Uno de los rasgos más notables en el período 1990-1994 fue la expansión de la tierra sembrada de maíz inducida por distorsiones en los precios que favorecían el maíz por sobre otros cultivos, debido a que el sistema de precios de sostén fue eliminado en once cultivos pero se mantuvo en el maíz y el frijol. El maíz fue en consecuencia un cultivo relativamente atractivo durante esos 4 años. En los ejidos resultó en un crecimiento del 20% en la superficie cultivada con maíz en tierras de secano y un 68% en tierras de riego. En las áreas de secano, 66% de ese incremento corresponde al monocultivo y 34% al cultivo intercalado. La especialización es típica de la agricultura comercial, en tanto que la diversificación es una característica de las economías campesinas. En las tierras irrigadas ejidales, 91% de la expansión ocurrió en predios grandes bajo el monocultivo y donde se desplazaron a cereales tradicionales como trigo y también oleaginosas. En los predios pequeños creció el maíz intercalado. De suerte que la respuesta a los incentivos para producir maíz aceleró también el proceso de diferenciación entre economía campesina en los pequeños predios y agricultura comercial en los grandes predios, todos ellos empero de carácter ejidal.

Es claro por los datos obtenidos que hubo en esos 4 años una severa regresión tecnológica en los ejidos en casi todos los aspectos y en todo tipo de predio por tamaño. Mirando la evolución tecnológica en el maíz, la única excepción a esta regresión tecnológica fue el crecimiento en el uso de semillas mejoradas en los predios más grandes de los ejidos. En el resto de los predios hubo una reducción drástica en el uso de agroquímicos y de fertilizantes. El sector ejidal fue virtualmente abandonado en términos de acceso a la asistencia técnica independientemente del tamaño de los predios ejidales. Al mismo tiempo ocurrió un incremento generalizado en el uso de trabajo manual y una reducción en el uso de maquinaria agrícola. El sector ejidal, en consecuencia, se enfrentó a la crisis de rentabilidad usando menos tecnología por unidad de producción y recurriendo más a mano de obra familiar.

En el periodo, la producción de maíz tuvo una fuerte orientación al autoconsumo. Para comprobar la prevalencia de la economía campesina y la fuerte diferenciación social en el sector ejidal el estudio revisó el grado de participación de los productores ejidales de maíz en el mercado de ese producto tanto como vendedores y como compradores. Se encontró que 28% de los productores eran vendedores netos, en tanto que otro 13% compraba y vendía maíz según la temporada. Otro 31% era autosuficiente, y usaba la mayor parte del maíz para consumo doméstico (24%) y en menor medida para su ganado (7%). Finalmente, un 27% de los productores rurales eran compradores netos de maíz. Esto revelaba una aguda diferenciación social en donde poco más de una cuarta parte de los ejidatarios productores de maíz participaban en el mercado solo como vendedores. Los compradores netos, compradores-vendedores y autosuficientes eran pequeños productores con poco ganado y poca tierra de riego. De suerte que la presencia de un economía campesina extendida jugaba un papel de amortiguador en el proceso de adaptación aunque con resultados diferenciales entre las distintas categorías de hogares rurales dependiendo de su inserción en el mercado.

En consecuencia, el estudio en cuestión presenta el panorama de un sector ejidal en crisis entre 1990-1994 en los primeros años de un proceso de adaptación y transformación derivado de las reformas impulsadas entre 1991-1992. Lo interesante de este diagnóstico ciertamente “coyuntural” (ya que es un lapso relativamente corto de análisis) es una reacción “campesina” al shock externo.

4. Expansión de la población rural y la propiedad ejidal post 1992

La apertura económica en México fue particularmente asimétrica, imperfecta y pauperizadora: entre 1990 y 2015, los niveles de bienestar se estancaron, el tejido social y las condiciones de gobernabilidad se debilitaron a niveles alarmantes, el mercado nunca alcanzó condiciones satisfactorias de competencia y el gasto público, sumamente regresivo y asistencial, tuvo efectos mínimos en términos de equidad y productividad. La población rural en México decrece en términos relativos –de 41,3% en 1970 a 23% en 2015– y su tasa de crecimiento es menor al promedio nacional. Sin embargo, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no ha dejado de crecer en términos absolutos –de 19,9 millones en 1970 a 27,5 millones en 2015–, con un crecimiento pronunciado entre 2005 y 2010 por aumentos en la tasa de fertilidad, reducción de tasa de mortalidad y de los flujos migratorios.[4]

A pesar de la importancia de las megaconcentraciones urbanas se ha mantenido una persistente dispersión demográfica a lo largo del siglo XX.[5] En 2015, si tomamos umbrales de ruralidad distintos a 2.500 habitantes, las cifras son importantes: el 37,9% de la población nacional reside en localidades de menos de 15.000 habitantes y observamos que esta representaba el 53%, en localidades de menos de 100.000 habitantes. La población nacional total representa desde 2000 el doble de la de 1970, el incremento de la densidad poblacional y los cambios socioeconómicos –por ejemplo, la diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas– ameritan modificar el criterio de clasificación de 2.500 habitantes a los 15.000 habitantes propuestos por Gordillo y Plassot (2017).

Para sorpresa de muchos, la cancelación del reparto agrario en 1991 no produjo el desmantelamiento del régimen “social”[6] que auguraron sus detractores, pero tampoco un dinamismo productivo y una distribución más eficiente de los activos de tierra. A pesar del supuesto componente “privatizador” de la reforma de 1992, entre 1991 y 2007 se observó una expansión moderada y constante –en términos de superficie, núcleos y sujetos agrarios– de la propiedad ejidal y comunal, y solo el 2% de esta superficie adquirió el dominio pleno de la propiedad privada (tabla 1). Al comparar los resultados de los Censos Ejidales 1991 y 2007, se observan un mayor número de ejidatarios y comuneros (20%), un incremento moderado del número de núcleos agrarios (5%) y una expansión marginal de la extensión territorial bajo régimen ejidal o comunal (3%). Esto constituye un verdadero desafío analítico.

Tabla 1. Comparativo entre superficie, núcleos y sujetos agrarios,
1991, 2001 y 2007
1991 2001 2007 1991-2007
Superficie total (ha) 103.290.099 105.052.370 105.948.306 2.658.207
Ejidos y comunidades 29.983 30.305 31.514 1.531
Ejidatarios y comuneros 3.523.636 3.873.054 4.210.830 687.194
Posesionarios

959.101

1.442.807

1.442.807

Fuente: Censos Ejidales VII (1991), VIII (2003) y IX (2007), Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI.

En 2013, el Ejecutivo federal estimó que existen 31.893 núcleos agrarios –29.533 ejidos y 2.360 comunidades–, 1.910 más de los registrados en 1991 (DOF, 16/12/2013 y INEGI, 1991). Entre 1991 y 2007, el 68% de los núcleos agrarios constituidos se concentraron en Chiapas (751) ­–como expresión de la respuesta gubernamental al levantamiento zapatista–, San Luis Potosí (158) y Sonora (89). En términos absolutos, el mayor incremento de áreas ejidales se reportó en Oaxaca (573.000 hectáreas), Chihuahua (476.000 hectáreas) y Guerrero (439.000 hectáreas). En contraste, Campeche presenta una reducción del 8,6% de las áreas ejidales (300.000 hectáreas), seguido por Coahuila con 8,1% (581.000 hectáreas) y por Nuevo León con 5,8% (128.000 hectáreas).

El artículo 135 de la Ley Agraria reconoce cuatro categorías legales de sujetos agrarios: ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. Así, el Censo 2007 registró 5,65 millones de sujetos agrarios “formales” y “de hecho”, de los cuales 4,21 millones son considerados ejidatarios. Entre 1991 y 2007, 2,13 millón de individuos fueron reconocidos por las autoridades ejidales y comunales como integrantes del sistema ejidal; entre ellos, 687.000 lo hicieron como ejidatarios o comuneros y 1,44 millones como posesionarios.

Si observamos el número de ejidatarios y comuneros, los estados con mayor expansión, en términos absolutos, fueron Guerrero (90.479), Oaxaca (88.616) y Chiapas (59.988). Si en los dos primeros casos el aumento se debe al reconocimiento y adjudicación, por las asambleas, a terceros de tales derechos –una suerte de reparto social–, en Chiapas el aumento está ligado a los 722 “nuevos ejidos”, resultado de la política de compra de tierras, por medio de fideicomisos, para grupos con demanda de tierra “histórica” insatisfecha en el contexto del levantamiento zapatista de 1994 –reparto estatal “vía el mercado” (Reyes, 1998; 2001). En contraste, en algunos estados se dio una disminución del número total de ejidatarios –como en Nayarit (5.908), Zacatecas (5.386) y Michoacán (2.981)–.

La posibilidad de adoptar el dominio pleno, inaugurada por la reforma constitucional de 1992, no desencadenó una privatización masiva de tierras ejidales –según el Censo 2007–, a 16 años de la reforma solo el 4,5% de la superficie adquirió esta categoría, aproximadamente 4,66 millones de hectáreas. Incluso, para diciembre de 2013, los registros del Registro Agrario Nacional (RAN) indican una proporción menor: el 3%, que equivale a 2,86 millones de hectáreas. Una interpretación inadecuada, que la comparación de los censos permite disipar, es que la adopción del dominio pleno desemboca en la compra-venta de tierras ejidales. No parece existir una correlación entre ambas tendencias. En escala nacional, entre 1997 y 2007, las tierras en dominio pleno superan –por más de 1,56 millones de hectáreas– la superficie reportada como vendida.

En los últimos años, han surgido investigaciones que han dejado atrás las posturas polarizadas del debate en los noventa y nos acercan a una comprensión más cabal de la reforma al artículo 27 en 1992 y sus consecuencias no esperadas[7] (Deininger & Bresciani, 2001; Appendini, 2010). Así, es posible identificar cuatro elementos para proporcionar una explicación más completa a los efectos no esperados del cambio legal: primero, la consolidación de derechos y el valor de la propiedad ejidal como patrimonio familiar; segundo, el anclaje sociocultural y político a la tierra en tanto vehículo de organización y gestión; tercero, la falta de incentivos para la adquisición del dominio pleno o para realizar ventas de acuerdo con la normatividad; y cuarto, la creación de “nuevos” ejidos posteriores a 1992 resultado de negociaciones entre grupos sociales, tribunales agrarios y gobierno.

Estos estudios tienen en común centrar el análisis en los efectos directos e indirectos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), considerar a los sujetos agrarios como actores activos en el proceso de implementación de la reforma y proponer la construcción gradual de mercados de tierras ejidales.[8] Kirsten Appendini (2010), por ejemplo, sostiene que la certificación de derechos mediante Procede, más que promover el traslado de la propiedad social a la privada, modificó la asignación de la tierra en el interior de ejidos y comunidades. Esto se debió a que el programa implicó mayor seguridad en la tenencia y permitió la incorporación de un mayor número de poseedores (posesionarios e hijos de ejidatarios, por ejemplo). A pesar de condiciones económicas adversas para la agricultura y la caída de su importancia en la sustentación de los hogares rurales, las tierras ejidales aportan alimentos y son una plataforma para la demanda de financiamiento público para múltiples fines. Así, consolidan su valor como patrimonio fundamental de las familias campesinas (Appendini, 2010).

Otros analistas han insistido en las capacidades organizativas, de gestión y de movilización asociadas al ejido (Azuela, 1995; Léonard, 2011). Esto abarca la provisión y acceso a bienes y servicios públicos –electricidad, agua, vivienda– y subsidios de diferentes índoles –agrícolas, ambientales, entre otros–. También se relaciona con protestas en contra de proyectos que amenazan los intereses de los sujetos agrarios, como en el caso de las expropiaciones (Azuela, 2010). Nuevamente, a pesar de la pérdida relativa de importancia respecto a otras instituciones –como los municipios beneficiados por la descentralización (Torres-Mazuera, 2009)–, el modelo ejidal o comunal en muchas regiones involucra “capital social”: lógicas de organización (autoridades, asambleas, etc.) y aprendizajes para la gestión ante dependencias gubernamentales. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este modelo implica criterios desiguales de integración y exclusión de los beneficios derivados del régimen ejidal y comunal (Azuela, 1995).

Entre los tratos agrarios registrados en el RAN e INEGI se pueden distinguir dos grandes conjuntos: aquellos en los que predominan los arrendamientos con fines agropecuarios con frecuencia de corto plazo, a la palabra, y en menor medida los cambios de dominio, es decir, las ventas para fines de desarrollo urbano, turístico o industrial extractivos (Plata Vázquez, 2013). Más que concentración de la tierra, las unidades de producción se multiplicaron y fraccionaron. Las agroindustrias encontraron en el control del proceso productivo la vía predilecta para concentrar indirectamente la tierra. Así, aprovechan la disponibilidad de tierras arrendables para expandir o contraer la producción en función de las fluctuaciones de los precios en el mercado, mientras transfieren riesgos y costos a los propietarios. Los esquemas de “agricultura por contrato” –transferencias de semillas e insumos y/o cosechas comprometidas– se suman a la vasta capacidad de un puñado de agroempresas para concentrar, procesar y comercializar grandes volúmenes de producción (Robles, 2012).

Las creación de “nuevos” ejidos a partir de negociaciones en torno a conflictos agrarios es un fenómeno residual. Según datos del RAN,[9] entre 1993 y 2014, se registraron 4.019 núcleos agrarios (es decir, cerca del 12% del número total). Entre estos se pueden identificar dos grandes fuentes de origen: por un lado, aquellos que se crearon por medio de sentencias de tribunales agrarios (1.611) –en ejercicio de facultades transitorias, es decir, los casos de rezago agrario– y ejidos creados “vía acuerdos” (2.408) –mediante acuerdos de asamblea firmados ante notario, con base en distintas figuras de incorporación de tierras al régimen ejidal o cambios en el estatus de los núcleos agrarios–. Entre estos últimos ejidos domina el proceso de constitución:[10] 1.778 ejidos creados con una superficie de 522.498 hectáreas y 76.824 beneficiarios directos. Como respuesta al levantamiento zapatista de 1994, se reporta una fuerte concentración de esos ejidos post 1992 en Chiapas: el 44% de la superficie, el 61% de los ejidos y el 64% de los beneficiarios.

5. ¿Refuncionalización de la economía campesina?

En términos de estructura productiva agrícola, en los últimos 25 años en México los sectores exportadores de hortalizas, frutas y, en menor medida, ganadería han experimentado las tasas de crecimiento y productividad más importantes, mientras que los granos (maíz, frijol y sorgo) para el mercado interno han tenido un crecimiento exiguo. El mayor reto en términos de bienestar y productividad es el sector de la pequeña producción. Los agricultores con menos de 5 hectáreas representan el 22% de la superficie total con actividad agropecuaria y forestal, los pequeños productores y cerca del 85% del trabajo contratado por la agricultura nacional, así como el 88% del trabajo familiar en el sector.[11]A partir de estos distintos procesos podemos identificar cuatros grandes cambios socio-económicos que impactan el perfil de los productores rurales y la forma de funcionamiento de la economía campesina en México.

5.1. Ingresos en los hogares rurales

En la última década ha habido una dramática transformación de las fuentes de ingreso para el hogar rural promedio. El ingreso no salarial asociado a producción agrícola se ha colapsado de 28,7% a 9,1% como proporción del ingreso total de los hogares entre 1992 y 2004, mientras que el ingreso total por unidad de producción agrícola (salarial y no salarial) ha disminuido de casi 38% a apenas 17% del ingreso total de los hogares.[12]

Los pobres extremos en el sector rural participan más en actividades agrícolas, pero también obtienen una proporción relativamente baja de su ingreso del sector (Scott, 2010). El quintil más pobre incorpora a más de la mitad de los trabajadores agrícolas y el 60% de los hogares; el decil más pobre integra a trabajadores agrícolas, aunque solo el 26,6% de esos hogares reporta ingreso independiente asociado a producción agrícola. Además, el 30% más pobre de los hogares obtiene en promedio menos de una tercera parte de su ingreso de actividades agrícolas.

“El salario por actividades no agrícolas representa la principal fuente de ingreso para todos los deciles con excepción del más pobre, y para este, la principal fuente de ingreso son las transferencias públicas” (Scott, 2010, p. 88). En comparación con los hogares urbanos, los hogares rurales obtienen una menor proporción de su ingreso del mercado laboral (41%), y son más dependientes de las transferencias (18%) y el autoempleo (18%).[13]

Según los datos de la ENIGH para el año 2014, las fuentes de ingreso rural que más han crecido son los salarios no-agrícolas y las transferencias públicas, específicamente. Las remuneraciones al trabajo subordinado representan la mayor proporción del ingreso a partir del año 2006, sobrepasando el 60% y, sin embargo, se mantienen alrededor de ese valor hasta 2014, cuando representan el 55,9%. La misma encuesta informa que, para 2014, el autoconsumo representó el 8,3%; las transferencias en especie el 37,2%; las remuneraciones en especie el 6% y el alquiler de la vivienda el 48,5% (Gordillo, Méndez & Ruy Sánchez, 2015).

Un informe reciente de CEPAL confirma las tendencia observada desde años en el mercado de trabajo rural en América Latina:

El patrón de cambio más común en la estructura de distribución de los hogares rurales durante la última década en América Latina fue la reducción en la importancia relativa de los hogares 100% agrícola-familiares vs. el incremento en el porcentaje de hogares asalariados no agrícolas (Rodríguez, 2016, p. 32).

En la primera década del siglo, se observa una reducción en el peso del empleo agrícola en el mercado laboral rural, el incremento en el empleo de las mujeres (sobre todo en actividades no agrícolas), el incremento del empleo asalariado en detrimento del empleo por cuenta propia, y el incremento de la residencia urbana entre los empleados agrícolas. Estas transformaciones, que se presentan desde mediados de los ochenta, se consolidan a lo largo de la década anterior en el mercado de trabajo rural (Carton de Grammont, 2009).

5.2. La pobreza rural no cede y crece la desigualdad regional

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 en México 55,3 millones de personas estaban en situación de pobreza, de los cuales 43,9 se encuentran en situación de pobreza moderada y 11,4 de pobreza extrema. De acuerdo con los criterios de Carencia social, 22,4 millones de personas se encuentran en rezago educativo, mientras que 21,8 millones carecen de acceso a servicios de salud, 70,1 millones de mexicanos carecen de acceso a la seguridad social, 14,8 carecen de calidad y espacio suficiente en la vivienda, mientras que 25,4 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos en la vivienda. Finalmente, de acuerdo con CONEVAL, 28 millones de personas carecen de acceso a la alimentación. En términos generales, 24,6 millones de mexicanos cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y 63,8 millones cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar general.[14]

La tasa de pobreza se dobla de localidades de más de 15.000 habitantes a localidades de 2.500 a 15.000, se dobla nuevamente cuando pasamos a pequeñas localidades de menos de 2.500 habitantes (Banco Mundial, 2005). El contraste entre las áreas rurales del norte y el sur muestra una diferencia que multiplica casi diez veces las tasas de pobreza extrema: de 6,5% en Baja California a cerca de 60% en Chiapas y Guerrero. Los ocho estados más pobres concentran el 64% de los pobres rurales y solo aportan el 18% de PIB agrícola (Scott, 2010).

En cuanto a la concentración del ingreso, en 2008 el valor del índice de Gini en el ámbito nacional fue de 0,506. Respecto a la desigualdad rural medida en ingresos, esta se incrementó significativamente entre 1994 y 2002. Esquivel, Lustig y Scott (2009) señalan que esta regresó a los niveles de 1994 en 2006. Es muy probable, como señala Scott (2010, p. 86), que “las transferencias han contribuido a reducir la desigualdad rural”. Esto reflejaría el papel de programas como Oportunidades, PROCAMPO[15] y las remesas.

Por mucho, los hogares más pobres en las localidades rurales que están en Oportunidades-Prospera no son los que no poseen tierra, sino los pequeños propietarios, especialmente los hogares con menos de 2 hectáreas. Estos hogares también tienen una proporción mayor de población indígena y trabajadores agrícolas (más del 70% de estos hogares reporta como ocupación principal de la cabeza del hogar el trabajo agrícola), pero una proporción menor de ejidatarios o comuneros.

5.3. Migración y remesas

Durante 1987-2001, la migración neta presentó un nivel promedio de 250.000 emigrantes mexicanos anuales hacia Estados Unidos, la cual aumentó hasta alcanzar la cifra de 485.000 en 2000-2004. En los periodos posteriores la migración neta disminuyó hasta 387.000 emigrantes mexicanos anuales en 2002-2006 (Leite & Giorguli, 2009). Según los datos del Censo de Población 2010, entre 2000 y 2010 hubo una caída en el total de migrantes internacionales de 1,6 millones a 1,1, producto de una caída de emigrantes de 1,2 millones a 723.000 en ese período y de un aumento de migrantes de retorno de 285.000 a 351.000 en esos años. Se trata de una reducción promedio anual de 135 mil personas.

Las remesas juegan un papel estratégico en los ingresos de los hogares rurales. Se estima que 52% de las familias que reciben remesas residen en pueblos de menos de 2.500 habitantes. Estas familias reciben en promedio 2.372 dólares por familia por año, que representa el 53% de su ingreso corriente (Leite & Giorguli, 2009).[16] De acuerdo con el Banco Mundial el monto total de remesas en 2010 bajará a 22.500 millones de dólares de 27.000 millones en 2007. Empero los pronósticos para 2011 y 2012 del propio Banco Mundial indican un moderado ascenso en las remesas.

5.4. Feminización de las actividades productivas

Las mujeres tienden a constituir un eje decisivo en el impulso y la coordinación de actividades productivas en el medio rural. Parte importante de lo anterior se debe a la migración internacional: en los hogares sin remesas provenientes del extranjero, el número medio de hombres por cada cien mujeres está prácticamente equilibrado (94%). En cambio, en los hogares perceptores de remesas hay casi tres hombres por cada cuatro mujeres.

A partir de la información que ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se observa que la emigración internacional se da en menor medida en las mujeres. Durante 2009, la tasa bruta de emigración de estas fue de 2,4 por cada mil mujeres, mientras que la de los hombres fue de 7,5 por cada mil varones.

La inmigración internacional también presenta una menor participación femenina. Durante el mismo periodo, por cada mil mujeres residentes en el país arribaron 1,6, mientras que en los hombres esta relación es de 5,5. Debido a esto el saldo neto migratorio refleja una mayor pérdida de población masculina (-2 por cada mil) que femenina (-0,8 por cada mil).

Las mujeres que participan en la producción de bienes y servicios (población ocupada) representa el 94,8% del total de la PEA femenina, en tanto que 5,2% corresponde a mujeres que buscan trabajo y no lo encuentran (tasa de desocupación). En cuanto a la población ocupada, dos terceras partes de las mujeres (64,8%) son subordinadas asalariadas, una cuarta parte (25,8%) son trabajadoras independientes (empleadoras o por cuenta propia); en los varones la proporción de empleadores es mayor que en el caso de las mujeres, 6,2% contra 2,4%, y el porcentaje de mujeres que trabajan sin pago (9,4%)[17] es cuatro puntos porcentuales mayor al de los varones (5,1%).

Conforme a la ENOE, al segundo trimestre de 2010, uno de cada cuatro hogares (25,5%) es encabezado por una mujer; de estos, 8,4% de las jefas tienen menos de 30 años, 37,3% tienen de 30 a 49 años, 20,9% de 50 a 59 años, mientras que la tercera parte (33,4%) son adultas mayores.[18]

6. Y venimos a contradecir…[19]

¿Cuáles son los escenarios futuros para el campo mexicano? La respuesta a esta pregunta amerita un ensayo completo. Pero de lo que hemos analizado podríamos apuntar tres tendencias.

Los campesinos mexicanos tienden a ser menos campesinos y más productores rurales con base en el núcleo familiar – en términos restrictivos o pensando más en la familia ampliada–, es decir, fuertemente orientados a la multiactividad. Empero, para los que cuentan con tierra en propiedad o arrendamiento, el ingreso agrícola constituye una especie de sucedáneo de una pensión o de un seguro social. Incluso la agricultura de autoconsumo es en sí misma un ingrediente clave para la diversificación productiva de los habitantes rurales con tierra. Estos productores rurales viven en un entorno mucho más integrado a los mercados y a los flujos comerciales en territorios grandemente diversificados desde pequeñas rancherías de menos de 500 habitantes hasta pequeñas ciudades de hasta 15.000 habitantes. Constituyen cerca del 38% de la población total de México (Gordillo & Plassot, 2017).

No se entiende el campo mexicano sin entender el ejido y sus multifacéticas funciones. Cualquier tipología de productores rurales debe partir de entender el ejido como institución clave del campo mexicano. En síntesis el ejido es un aparato institucional creado por una parte de la dirigencia político militar triunfadora en la Revolución Mexicana –la fracción cardenista–. Ha tenido una doble función: como aparato de control político y como órgano de representación campesina (Gordillo, 1988). Las dos funciones contradictorias entre sí son el resultado de la mayor genialidad en la creación del ejido. Así como la Iglesia católica en su labor evangelizadora construyó los templos católicos superpuestos sobre los lugares sagrados de los indios, del mismo modo el Estado revolucionario mexicano construyó el ejido superponiéndolo sobre la economía campesina. El peso de cada una de las dos funciones dependió de la inserción del ejido en las pautas de desarrollo económico del país. En el auge del campo –gruesamente, 1940 a 1970–, el ejido proveyó de alimentos y mano de obra barata al proceso naciente de industrialización en México. Así la función de control político se impuso a la función de representación campesina. Desde 1970 hasta 1991 el ejido entró en un largo proceso de desgaste y erosión. Ahí la función del ejido como órgano de representación campesina se impuso y creó las condiciones para las más amplias movilizaciones campesinas desde la Revolución Mexicana (Gordillo, 1980; Fox & Gordillo, 1989). La reforma constitucional de 1992 dio por concluido el ejido de la Revolución Mexicana en un amplio, complejo y conflictivo proceso de negociación-movilización (Gordillo, 1992). Desde entonces, aun cuando la propiedad ejidal se mantiene e incluso crece levemente, el mecanismo de gobernabilidad en el campo, articulado por el presidencialismo, las intervenciones estatales y el corporativismo agrario, se ha ido desmadejando sin que se cree una arreglo institucional alternativo. A la crisis de rentabilidad de la economía campesina se añade la crisis de gobernabilidad en el campo.

El debilitamiento de las formas de intervención estatal en el campo, y particularmente en el ejido, permitió el resurgimiento de la economía campesina, lo cual permitió afianzar la función de representación campesina del ejido. Los rasgos típicos de esa economía campesina: mayor uso de la mano de obra familiar, sistemas de cultivos intercalados, multiactividad productiva, se vieron acompañados de fuertes procesos de migración interna e internacional. Otra vez los mercados de trabajo han jugado un papel central en la inserción campesina en el desarrollo económico regional y sobre todo binacional. Pero también la retracción de la presencia estatal en el campo generó vacíos institucionales que han sido llenados por la presencia directa de empresas extractivas nacionales y trasnacionales, por nuevos cacicazgos y por el crimen organizado. El dilema para el futuro del campo mexicano se ve envuelto en un acertijo: la reconstrucción de la gobernabilidad en el campo requiere de una economía de pequeños productores rurales impulsada por formas nuevas de intervenciones estatales.

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Wolf, E. (1999), Las luchas campesinas del siglo XX, Madrid, Siglo XXI de España Editores.


  1. Como señala Adelman (2013) en su biografía de Albert Hirschman, la “brújula ética del posibilista era un concepto de libertad definida por Hirschman como el derecho a un futuro no pronosticado”, la libertad de explorar destinos no previstos o pronosticados por las leyes de hierro de las ciencias sociales. El derecho a un futuro no pronosticado es en realidad un ejercicio de reformismo adaptativo.
  2. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el desarrollo del Banco Mundial plantea cinco estrategias que siguen en general los hogares rurales: participación activa en los mercados agrícolas (pequeños productores orientados a los mercados), hogares compuestos por productores de autosubsistencia; hogares orientados al mercado de trabajo que dependen del salario agrícola o ingresos no agrícolas; hogares determinados por la migración y el envío de remesas; y finalmente hogares diversificados que obtienen ingresos de la agricultura, de las actividades no-agrícolas así como de las remesas.
  3. El estudio parte de dos encuestas de hogares en el sector reformado mexicano en 1990 y luego en 1994, focalizado exclusivamente en ejidatarios y miembros de las comunidades indígenas. La encuesta de 1990 diseñada por el INEGI, realizada por FAO y CEPAL en 1990, fue representativa del sector ejidal y comunal a nivel nacional, estatal y por distrito de desarrollo rural (DDR). Incluía a 5.007 ejidos y 35.090 ejidatarios y comuneros. En 1994 se diseñó una encuesta de seguimiento a una submuestra de 275 ejidos a partir de los 5.007 seleccionados en 1990 (Gordillo, De Janvry & Sadoulet, 1999, p. 38-40). En ese estudio se utiliza la superficie de tierra como la variable inicial de clasificación, homogeneizando la tierra por su potencial productivo en equivalentes nacionales de tierras de temporal, parecido a como lo había planteado Schejtman hacía más de una década. En ese estudio se utilizaron cinco categorías y en cada una se planteó qué porcentaje de la encuesta corresponde a cada una: < de 2 ha ENTT (22,8%); 2 a 5 ha ENTT (34,4%); 5 a 10 ha ENTT(19,2%); 10 a 18 ha ENTT (16,6%); >18 ha ENTT (7,1%). En algunas partes del estudio simplemente se usa una clasificación en dos grupos: menos de 5 ha ENTT (57,1%) y más de 5 ha ENTT (42,9%). En otras, cuando se busca definir una posible “clase media” en los ejidos y comunidades se reagrupa en tres segmentos: menos de 2 ha ENTT (22,8%), entre 2 y 10 ha ENTT (53,6%) y más de 10 ha ENTT (23,7%).
  4. La tasa de fecundidad es de 4,0 en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) frente a 2,1 en los municipios de mayor IDH. De igual forma, el porcentaje de hijos fallecidos en mujeres de más de 12 años en los municipios de menos IDH es más de dos veces mayor que en los 125 municipios de mayor IDH (Censo de Población 2010).
  5. Warman (2001) señala que en 1910 había 70.000 poblados rurales.
  6. Para este debate véase Téllez Kuenzler (1994), promotor, y Concheiro Bórquez y Tarrío García (1998), detractores del proceso de privatización del agro.
  7. Con anterioridad a la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, las tierras ejidales que rodean a la mayor parte de las ciudades mexicanas solo podían incorporarse al desarrollo urbano mediante el mercado ilegal de suelo. Con dicha reforma, por primera vez se permite la venta del suelo ejidal y comunal [nota de la editora].
  8. Para una revisión de la literatura, véase Ruy Sánchez (2015).
  9. Regristro Agrario Nacional, RAN, Información de solicitud 1511100002851, 6/04/2015.
  10. Este proceso se fundamenta en los artículos 90, 91, 92 y 156 de la Ley Agraria: los requisitos son que un grupo de veinte o más individuos participen en su constitución y presenten un proyecto de reglamento interno, que cada individuo aporte una superficie de tierras y todo se presente en escritura pública para su inscripción en el RAN.
  11. INEGI, Censo Agrícola y Ganadero 2007, México, disponible en https://bit.ly/2qa62nS, consultado el 3 de octubre de 2013.
  12. Estos datos han sido elaborados por Scott (2010) con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH); la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2008); y la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH, 2004), una amplia y detallada encuesta que abarca hogares en las localidades que cubre el programa Oportunidades. “Aunque esta última encuesta no es representativa a nivel nacional, es representativa de los productores en localidades rurales en condiciones de pobreza” (Scott, 2010, p. 87).
  13. En una encuesta realizada en 1994 se observaba que en el sector ejidal las actividades no agrícolas generan en promedio el 55% del ingreso, el que varía entre un 38% en los predios ejidales más grandes a 77% en los más pequeños (Gordillo, De Janvry y Sadoulet, 2000).
  14. Las estimaciones de CONEVAL se realizan con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH), 2014.
  15. Empero, como se ha documentado, entre otros en el trabajo de Fox y Haight (ed.) (2010), PROCAMPO es un programa regresivo en términos relativos.
  16. Según el Banco de México, las remesas son la segunda forma más importante en entrada de divisas. Ellas se han triplicado entre 1991y 2000, y han llegado a los 6.200 millones de dólares. Una estimación de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) menciona que el 42% de los emigrantes internacionales venían de zonas rurales (es más del doble de probable que emigre fuera del país alguien del campo). Por ejemplo en 1996, 10% de todas las viviendas rurales reportaron que recibían remesas mientras que menos del 4% de las viviendas urbanas reportaron lo mismo.
  17. Un trabajo realizado para la OCDE por Miranda (2011) en 29 países sobre trabajo no pagado encuentra que Japón y México son los dos países que tienen mayor número de horas de trabajo –que incluye trabajo pagado, trabajo no pagado y tiempo de transportación al lugar de trabajo–, con 9 y 10 horas al día; con 4,2 horas al día de trabajo no pagado México alcanza entre los países analizados el nivel más alto; y en términos de la brecha de género en lo que respecta al trabajo no pagado, esta es de 2 horas y 28 minutos de las mujeres frente a los varones en promedio en los países estudiados, si bien México junto a la India y Turquía son los países que mantienen la brecha de género más alta: de 4,3 a 5 horas por cada 24 horas.
  18. Para contextualizar estos datos en el ámbito internacional, un reciente estudio de la FAO (2011) sobre la brecha de género en el mundo indica que “Las mujeres representan, en promedio, el 4 % de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo (desde el 20% en América Latina hasta el 50% en Asia oriental y África subsahariana). Su contribución a las labores agrícolas varía aún más ampliamente dependiendo del cultivo y la actividad de que se trate” (FAO, 2011, p. 6).
  19. Es el título de libro de Arturo Warman. Relata Warman el origen de esta frase. “En los viejos papeles coloniales comienzan [los indios] su alegato con esta frase ‘… y venimos a contradecir’. Les valió de poco y perdieron la tierra trozo a trozo, casi por terrones. Desde entonces los campesinos han estado siempre presentes para contradecir […]” (Warman, 1976, p. 17).


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