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Evolución de la economía campesina en América Latina

Jorge Echenique L.

Resumen

En el año internacional de la agricultura familiar se afirmó que el 88% de las explotaciones agrícolas del mundo son familiares; que estas proporcionan trabajo a la mayoría de los activos agrícolas; y que representan el principal proveedor de alimentos básicos en los mercados del mundo. Además se puso de relieve su conocimiento de los ecosistemas, su contribución a la seguridad alimentaria y al ordenamiento de los territorios.

Dada su importancia, en el artículo se repasan los mayores procesos ocurridos en la agricultura y la ruralidad regional: procesos de reforma agraria y programas de desarrollo rural integrado (DRI) que se desarrollaron hasta 1980; las grandes transformaciones en las políticas públicas que se producen en las décadas de 1980 y 1990, que ponen término al sesgo pro sustitución de importaciones industriales en detrimento del crecimiento de las exportaciones agropecuarias; las políticas sectoriales para impulsar la agricultura regional y las políticas sociales para enfrentar la pobreza rural que tienen lugar a partir de la década de 1990. Luego se discute si el balance de los programas y políticas sectoriales de los últimos 30 años tuvo alguna incidencia positiva sobre la evolución de la agricultura familiar.

Dado que la agricultura familiar sigue siendo un concepto borroso, poco estable, que representa una extrema diversidad de formas de producción, en este artículo se presentan las definiciones, caracterizaciones y tipologías que dan cuenta de la heterogeneidad de la agricultura campesina. Con mayor detención se examinan las transformaciones más recientes de los espacios rurales y su población, el nuevo rol de la agricultura en el desarrollo, y los cambios de tenencia en la agricultura. Finalmente, se postulan ciertas áreas que deben ser tomadas en cuenta en las futuras políticas públicas y programas territoriales, que resaltan por su progresiva relevancia: medio ambiente y cambio climático, agricultura de precisión y sustentabilidad, gestión y uso de energías renovables, acuicultura y pesca artesanal, circuitos cortos y comercio justo.

1. Introducción

Invitado por Rimisp al seminario en que se rendiría un homenaje a Alejandro Schejtman por sus valiosos aportes al estudio del desarrollo rural en América Latina, para lo cual se me pedía colaborar con un artículo sobre la economía campesina en la región, experimenté dos reacciones. La primera obviamente favorable a participar en el evento por sus motivaciones y muy en especial por haber compartido con Alejandro una trayectoria amistosa y profesional de casi 50 años, durante la cual incorporé muchos de sus contribuciones al conocimiento de lo rural, reconociendo en estas su amplio respaldo teórico, así como su inteligente y rigurosa capacidad de análisis. La segunda reacción fue de aprehensión, generada por cierto escepticismo frente a lo que se podría agregar en un tema tan extensamente tratado, en múltiples investigaciones de alta calidad y con diferentes enfoques y disciplinas.

En razón de lo anterior, opté por recorrer “a vuelo de pájaro” los procesos mayores ocurridos en la agricultura y la ruralidad regional, desde los años setenta a la fecha, al igual que las definiciones, caracterizaciones y tipologías, que dan cuenta de la heterogeneidad de la agricultura campesina. Con mayor detención me dispuse a examinar las transformaciones más recientes de los espacios rurales y de su población, así como las tendencias de cambio que se han expresado en el entorno de la economía campesina.

Aun sin mayores certezas con respecto al devenir de transformaciones estructurales y fenómenos futuros, como el cambio climático, la evolución de las innovaciones tecnológicas y la matriz energética, las renovadas exigencias de sustentabilidad productiva, inocuidad de los alimentos o mercados emergente, me pareció interesante incursionar en estas temáticas y examinar sus posibles consecuencias sobre la agricultura familiar.

Esta apuesta ha sido motivada en gran parte por la experiencia de mi último trabajo en 2015, colaborando en un programa para los próximos 10 años, de una fruticultura sustentable en la región de Valparaíso, en Chile central. Experiencia que me ha sorprendido por los vertiginosos cambios de los últimos años, en un sector siempre considerado moderno y cuyos actores más gravitantes avisoran escenarios futuros complejos e inciertos, con variaciones a ritmos más acelerados que los del pasado.

2. Los campesinos “maestros de la supervivencia” frente a los procesos políticos

Como afirmaba Wolf (1971), en muchas zonas del mundo el campesinado todavía constituye “una espina dorsal del orden social”. Aunque en los cuatro decenios transcurridos desde esa sentencia, esta espina dorsal ha dejado de ser tal en muchas latitudes, en América Latina sigue siendo efectiva en vastos territorios.

El quehacer campesino, como parte de una valiosa estrategia de reproducción social, inventa nuevas iniciativas y amplía los espacios geográficos para hacerlo, rehace las tradiciones y también recurre a ellas, participa en nuevos mercados, pero básicamente transita en los ámbitos de la defensa y de la resistencia. En ello ha sido eficaz, pero esto no ha sido suficiente, como afirmaba Warman (1987).

Sin el conocimiento (memoria) acumulado y la capacidad de percepción del entorno, los campesinos no habrían sobrevivido a los variados contextos históricos que les han tocado. Esta capacidad de sobrevivencia se enfrenta a una etapa histórica en la cual se les está negando la posibilidad de ejercerla. El capitalismo, sostenía Rafael Baraona (1987, p. 181), “como cualquier otra formación social histórica, no puede en cuanto tal, hacer campesinos. Solo puede deshacerlos y con una intensidad y una escala no experimentada antes”.

Con gran visión precursora, Fajnzylber (1983) postulaba que la gran heterogeneidad característica de la estructura del agro regional ha sido acentuada con la modernización capitalista, la que a través de su penetración ha polarizado, con pocas excepciones, la estructura dual de un sector empresarial moderno y otro campesino, incrementando sus brecha tecnológicas y de productividad, desplazando a los campesinos hacia áreas crecientemente marginales. Las intervenciones y gasto público en infraestructura, subsidios y créditos habrían acentuado esta polarización, mediante un sesgo en general dirigido en favor de la agricultura empresarial.

2.1. Reforma agraria y desarrollo rural integral

El presidente Kennedy en el mensaje expuesto en la Conferencia de Punta del Este de 1960 sostuvo que la vida democrática no reconocía a las instituciones que privilegiaban a unos pocos desconociendo las necesidades de las mayorías, y llamó a realizar cambios profundos y difíciles, como la reforma agraria y tributaria, junto a amplios mejoramientos en la salud, la educación y la vivienda. Este llamamiento, con el cual se lanza la Alianza para el Progreso, inicia procesos de cambio en la tenencia de la tierra en general atenuados por poderes dominantes.

Al margen de las reformas agrarias que acompañaron procesos políticos de mayor envergadura: México (1917-80), Guatemala (1952-54), Bolivia (1953-70), Cuba (1959), Nicaragua (1979), el lanzamiento de otras reformas de fines de los sesenta y principios de los setenta en varios países de la región tiene alcances más profundos en Chile (1966-73), que se retrotraen en parte con el golpe militar de 1973; y en Perú (1969-76) durante el gobierno de Velasco Alvarado, cuando se afectaron en mayor grado territorios de la costa y otras zonas de plantaciones. Los cambios de tenencia en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y República Dominicana tuvieron alcances variados en cuanto a cobertura y traspaso de tierras a campesinos.

De Janvry (1981) y Chonchol (1994) ofrecen interesantes tipologías y análisis de las reformas agrarias en América Latina. Se desprende de estos estudios que, aun con el apoyo político de EE.UU. y con los recursos económicos adicionados por este al específico fin de la reforma, el rechazo político de los grupos dominantes tuvo mayor energía para frenar las transformaciones. No sorprende si, como destacaba el economista sueco Gunnar Myrdal en sus reflexiones sobre este proceso, la reforma agraria no solo es precondición para levantar la productividad agrícola, sino una manera de socavar los fundamentos de la vieja estructura de clases de una sociedad estancada (Barraclough, 1968).

Incluso en Chile, diversos analistas políticos han concluido que la reforma agraria fue una de las causas fundamentales que incitaron a la derecha política a propiciar el golpe militar.

En 1979, en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (FAO), se constata que la primera había perdido su impulso o se había eliminado de las opciones políticas en casi todos los países de América Latina. Por el contrario, en el transcurso de los setenta y durante los ochenta, se trasladan las iniciativas públicas hacia los programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI), que tienen un apoyo político consensuado y que se presentan como estrategia para enfrentar la pobreza rural y la migración rural-urbana, así como una respuesta en favor de los pequeños productores marginados de los beneficios tecnológicos y de productividad, atribuibles a la Revolución Verde.

Concurren a los DRI en la región las instituciones financieras internacionales (BID, Banco Mundial) con montos significativos de crédito, complementando los recursos propios aportados por los gobiernos y el apoyo de diversas agencias internacionales. Entre 1975 y 1986 se implementan programas que, en comparación con otras políticas rurales de la región, tienen una cobertura significativa en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Brasil, Paraguay y Perú.

Las evaluaciones de estos programas indican que indujeron impactos positivos en torno a nuevos accesos a infraestructura e insumos tecnológicos, contribución a la descentralización y participación de las comunidades en el diseño y ejecución de sus actividades; y muy primordialmente, a la dotación de servicios inexistentes en las regiones rurales, tales como: electricidad, agua potable, centros de salud, unidades educativas y caminos. Se ha destacado además, como una externalidad genérica muy favorable para los habitantes de regiones DRI, sus efectos en el mejoramiento de las comunicaciones y flujos de bienes con la sociedad mayor.

Sus limitaciones en cuanto a resultados más contundentes se han atribuido a su carácter de proyectos específicos, mayormente locales y puntuales, discontinuos y desconectados de las estrategias nacionales, e incluso lo que es peor, “en muchos casos han asumido finalidades contradictorias con las políticas macroeconómicas y sectoriales impulsadas simultáneamente” (BID, 1998, p. 7).

Los procesos de reforma agraria y programas DRI a pesar de sus limitaciones fueron, a mi juicio, los más importantes para la economía campesina en términos de recursos, cobertura y universabilidad de las intervenciones públicas implementadas en América Latina durante el último medio siglo.

2.2. La modernización capitalista y las políticas sociales

Las grandes transformaciones en las políticas públicas que se producen en las décadas de 1980 y 1990, que ponen término al sesgo pro sustitución de importaciones industriales en detrimento del crecimiento de las exportaciones agropecuarias, impulsan la apertura comercial y la reducción del rol del Estado, junto a la privatización de los servicios públicos. Este proceso de modernización capitalista involucra con mayor intensidad a ciertas regiones.[1]

El impacto de estas medidas tuvo repercusiones desiguales sobre el sector agropecuario. En los sectores más competitivos, dotados de mayores y mejores recursos productivos, que manejaban tecnologías más avanzadas y que en muchos casos ya participaban en los mercados externos, la desregulación de la economía facilitó la expansión de la producción y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado, a principios del nuevo siglo. En otros sectores el impacto fue negativo por la competencia de bienes importados y el término de recursos de apoyo público (PIADAL, 2013).

En la agricultura regional, el papel más significativo que ha correspondido al sector público desde la década de 1990 a la fecha ha estado relacionado con la investigación e innovación tecnológica, la sanidad animal y vegetal, inocuidad de los alimentos y en algunos países, las inversiones en riego y drenaje. En paralelo a estas políticas sectoriales, se han llevado a cabo planes para enfrentar la pobreza rural, a través de políticas sociales que algunos han denominado como compensatorias a la globalización, tales como programas de transferencias condicionadas, instrumentos pro-empleo, subsidios y pensiones a hogares y personas más vulnerables.

Algunos programas más masivos han combinado estas políticas sociales compensatorias con iniciativas redistributivas y apoyos a la agricultura familiar como Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil.

En general los estudios regionales de FAO y CEPAL, IICA y FIDA, al igual que las investigaciones a nivel de países, son concluyentes en cuanto al gravitante efecto de estas medidas en los ingresos de los hogares rurales y su contribución determinante en la reducción de la pobreza, a tal grado que al desaparecer, gran parte de los que han superado el umbral de pobreza volverían a ella.

Los apoyos directos a la producción de la agricultura familiar (AF) han experimentado en muchos países drásticas reducciones. En otros, se han desarrollado en los últimos 25 años políticas específicas de apoyo a la AF, como el PRONAF en Brasil, con créditos y asistencia técnica; el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en Chile, con una batería de iniciativas diferenciadas para la producción familiar (SAT) y para los campesinos de subsistencia (SAL); Alianza y Procampo en México, con una batería amplia de instrumentos, los que según las evaluaciones han tenido un sesgo recesivo.

Aun cuando se afirma que la frontera entre lo urbano y lo rural es cada vez más difusa, la dicotomía entre los servicios básicos en zonas urbanas y rurales persiste en la mayor parte de la región. Las políticas públicas, salvo excepciones, no han contribuido a la reducción de estas brechas.

Se puede sostener con cierta certeza que el balance de los programas y políticas sectoriales de los últimos 30 años indica que estos no tuvieron mayores incidencias positivas sobre la evolución de la agricultura familiar, cuya trayectoria, como se verá más adelante, ha continuado demostrando signos de debilitamiento. Este sector, en un mercado de tierras abierto y funcional, como el existente mayoritariamente en la región y sin el apoyo de políticas públicas, siguió perdiendo sus patrimonios de tierras, aguas y bosques.

Los DRI y políticas de combate a la pobreza rural sí han tenido consecuencias más favorables para los segmentos de hogares sin tierras y hogares de campesinos de subsistencia, así como para el conjunto más marginal de la población rural. Sin embargo, la persistencia de subsidios y pensiones ha sido considerada por diversos estudios como un peligro, por desincentivar la búsqueda de ingresos autónomos, coincidiendo en que su supresión debe ser paulatina, para evitar que sus beneficiarios regresen a la condición de pobreza.

3. Caracterización y tipologías de la agricultura familiar

La definición única acordada en la Conferencia de FAO en 2014, declarado Año de la Agricultura Familiar (AF), estableció:

la AF (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la granja están vinculados, como evolución y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales (Salcedo, De la O. & Guzmán, 2014, p. 26).

Esta definición amplia, probablemente construida incorporando diferentes visiones y conceptualizaciones relativas al sector, se puede contrastar con la establecida por T. Shanin hace más de 100 años y referida a la unidad campesina rusa: “es una empresa de consumo-trabajo, con las necesidades de consumo de la familia como su objetivo y la fuerza de trabajo familiar como medio de producción, con poco o ningún uso de trabajo asalariado” (Schejtman, 1980, p. 125). La exhaustiva y rigurosa caracterización que ofrece Schejtman (1982)[2] de la agricultura campesina, que utiliza nueve elementos de caracterización, permanece válida casi en plenitud hasta hoy día, alterada tal vez por los incentivos de la modernidad y capacidades erosivas del contacto con el modelo dominante. Así por ejemplo, la capacidad de sobrevivencia de la AF ha estado amenazada crecientemente por la dificultad para convertir en valor la fuerza de trabajo marginal de la familia, por la desaparición de los trabajadores familiares no remunerados, los hogares rurales envejecidos o los hogares nucleares reducidos.

En términos operativos Schejtman opta por privilegiar la distinción más significativa que permite separar al sector campesino del empresarial, es decir, la circunstancia de que se contrate o no mano de obra extrapredial en términos esenciales o no marginales. Esta característica ha continuado siendo básicamente utilizada por los estudiosos del tema para perfilar a la AF.

Suscribiendo la visión clásica marxista, De Janvry (1981) sugiere que la conceptualización de agricultura campesina como la fracción transitoria de una clase al interior del capitalismo es la más acertada. Rechaza otros elementos de caracterización que circulaban en la época, como la producción no orientada a generar utilidades, sino a la reproducción simple; o el modo de producción campesino, diferenciado por mantener relaciones sociales específicas. Recoge, sí, otro elemento comúnmente aceptado: que los campesinos participan en un proceso productivo basado en la mano de obra familiar donde el hogar constituye, en consecuencia, una unidad de producción, consumo y reproducción.

3.1. Las tipologías de la agricultura familiar

Desde los inicios de la década de 1960 los estudios reconocían en la AF su gran heterogeneidad, y bajo diferentes metodologías, en su mayoría recurriendo a censos agropecuarios y a escalas de tamaño, diferenciaron estratos o tipologías en su interior. Es así como el estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), acerca de la tenencia de la tierra en ocho países de América Latina, reconoció unidades campesinas familiares y subfamiliares, siendo las segundas mayoritarias y definidas como minifundios sin capacidad de asegurar mediante la producción propia la subsistencia familiar.

En el trabajo en México, Schejtman (1982) distinguió cuatro categorías de unidades campesinas, en función de su capacidad de reproducción de las condiciones de vida y de trabajo, expresadas en la producción de maíz. Estas unidades ocupaban menos de 25 jornales externos al año y tenían cuatro estratos equivalentes a superficie: i) infrasubsistencia, unidades incapaces de satisfacer las necesidades alimenticias de una familia promedio, que contaban con menos de 4 ha; ii) subsistencia, unidades con recursos de tierra capaces de producir para satisfacer el conjunto de necesidades básicas del grupo familiar, con menos de 8 ha y más de 4 ha; iii) estacionarias, unidades con tierra suficiente, que además de saldar las necesidades básicas, eran capaces de generar un fondo de reposición para insumos y amortización de medios de producción, tendrían de 8 a 12 ha; y iv) excedentarias, que potencialmente podían acumular después de cubrir las necesidades de reposición de la familia y la unidad productiva, con más de 12 ha.

Además, se agregó a la tipología anterior un grupo de agricultores transicionales, que contrataban fuerza de trabajo de cierta consideración (de 25 a 500 jornadas/año), suponiendo que esta contratación los alejaba de los campesinos dependientes básicamente de la fuerza de trabajo familiar y de los empresarios, que contrataban al año más de 500 jornadas asalariadas.

Otra modalidad de clasificación es la que utiliza De Janvry (1981) basada en los modos de producción y clases sociales que han existido en la región después de la Segunda Guerra Mundial, la cual indicaría diferentes dinamismos a partir del desarrollo capitalista. Así, se admiten cuatro tipos de unidades de lo que podría ser la agricultura campesina (al margen de las empresas capitalistas y proletariado rural), como se ve en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Tipos de agricultura familiar según modos de producción

Modos de
producción

Clases sociales

Tipos de
unidades

Dinámicas con avance del
capitalismo

Comunidad primitiva Campesinos integrados Subsistencia

Desapareciendo

Semifeudal Campesinos y medieros internos a la unidad precapitalista Subsistencia interna

Desapareciendo

Capitalista Pequeña burguesía campesina rica Agricultura familiar

En proceso de diferenciación hacia semiproletarios y en menor número a empresarios.

Campesinos pobres semiproletarios -Infrasubsistencia individual e
-Infrasubsistencia en comunidades

Emergencia rápida hacia proletarios rurales. Reserva de mano de obra de agricultores.

Fuente: extraído a partir de De Janvry (1981).

Los dos modos de producción precapitalistas estarían cambiando rápidamente con el avance del capitalismo en la agricultura y los procesos de reforma agraria.

Años más tarde, en 1996, Chiriboga distingue, en un interesante análisis (como le era habitual) de los desafíos de la AF frente a la globalización, las unidades campesinas (minifundistas y campesinos pobres sin tierra) de la agricultura familiar propiamente tal. Esta última obtiene sus ingresos principalmente de la agricultura, ha incorporado cambios tecnológicos (semillas mejoradas, agroquímicos), dispone de suficiente tierra y en ciertos casos agua, produce principalmente para el mercado y se asemeja a las unidades campesinas en que realiza actividades productivas principalmente con el concurso de la familia.

Chiriboga también establece diferencias en cuanto a sus dinámicas, lo primeros proclives a procesos de proletarización, los segundos con mayores potenciales de capitalización. Coincide con otras investigaciones en cuanto a la gran importancia numérica de las unidades campesinas en la región, con respecto a las explotaciones de la agricultura familiar.

Los conceptos utilizados por Echenique y Romero (2009) para caracterizar a la AF y distinguirla de la empresa agropecuaria recurrían a cuatro atributos de la primera: uso preponderante de fuerza de trabajo familiar; acceso limitado a tierra, agua y capital;[3] estrategias de supervivencias de ingresos múltiples; heterogeneidad de sus componentes, en cuanto a los niveles de ingresos, tamaños, articulación con los mercados y mayor o menor ponderación de ingresos agropecuarios de la producción propia, respecto a los salarios y transferencias.

A partir de estos criterios se establecieron tres tipos de AF: agricultura familiar de subsistencia (AFS), con bajo potencial agropecuario y en descomposición; agricultura familiar en transición (AFT), con dificultades para generar excedentes que les permitan la reproducción de la familia y de la unidad productiva; agricultura familiar consolidada (AFC), que genera excedentes para avanzar hacia la capitalización de la unidad productiva.

En los seis países incluidos en la investigación señalada,[4] la AFS representaba el 62% de las unidades totales, mientras que la proporción de AFT era del 26% y la de AFC solo el 12%.

En un estudio que amplía el número de países, pues agrega a Argentina, Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú a los seis anteriores, A. Schejtman (2008), utilizando las mismas tipologías, llega a proporciones parecidas: AFS 60,2%; AFT 28,2% y AFC 11,6%.

Las dificultades para discriminar operativamente entre AF y agricultura empresarial, empleando el criterio principal del uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar en relación con la asalariada, más aun para cuantificar la importancia relativa de cada tipología de AF, ha sido permanente en la región, por carencia de información estadística confiable. Por ello se ha recurrido normalmente a estratos de tamaño o ingresos, postulando ciertos criterios de equivalencia entre estos y requerimientos totales de jornadas, versus disponibilidad de jornadas del hogar familiar. Estos ejercicios incorporan cierto grado de discrecionalidad por la recurrencia a cálculos, entre otros, de estructuras productivas para las regiones y la consiguiente estimación de jornadas demandadas en ellas por los diferentes sistemas productivos, y por estimaciones (heroicas) de productividad y precios (en el caso de ingresos).

En el caso de disponer de información por país de las unidades productivas con datos de ocupación de mano de obra asalariada y familiar (censos agropecuarios, encuestas representativas o estudios de casos), se pueden hacer las diferenciaciones casi directas. Un caso interesante ha sido el estudio sobre Chile realizado por Berdegué y Rojas (2014), recurriendo al Censo Agropecuario 2007 y a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica de Hogares, Casen, en el cual se hicieron las diferenciaciones y cuantificaron tipologías con base directamente en el empleo de las unidades y a su origen familiar y asalariado.

Entre los estudios más recientes acerca de la AF en América Latina destacan dos por el número de países, por sus definiciones y esfuerzos de cuantificación:

  1. El primero, de Héctor Maletta (2011), comparte en términos críticos las definiciones sobre AF utilizadas en la región y recurre a las tres tipologías de Echenique y Romero (2009) (AFS, AFT y AFC); aportando ciertas cifras para dimensionar al sector. Los capítulos referentes a las tendencias de la AF y políticas públicas dirigidas a ella fueron ejemplificados en los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y México.
  2. El otro (FIDA-Rimisp, 2014), además de las definiciones conceptuales, incluye varias caracterizaciones de la AF por país (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y México), analiza semejanzas y diferencias entre estas agriculturas familiares y propone políticas para este estamento campesino.

En el marco de este último trabajo, Schneider (2014) ofrece un esquema de las tipologías encontradas en los estudios de países, con una estimación de la importancia relativa de ingreso agrícola, para el conjunto de ellos, como se ve a continuación.

Figura 1. Tipología de la agricultura familiar

fig 1 cap 1

Fuente: Schneider (2014, p. 27).

3.2. Tipología de hogares rurales

Otra perspectiva de agrupación tipológica en América Latina ha sido realizada por Rodríguez (2016). A partir de encuestas de hogares de finales de la década recién pasada, procesadas para doce países, preparó un análisis del cambio estructural en el medio rural, en el cual determinó cuatro tipos de economías rurales, teniendo en cuenta los porcentajes de empleo rural en la agricultura y las tasas de pobreza en el total de hogares rurales. Los tipos resultantes son:

  1. Agraria tradicional: más del 50% de los hogares rurales son pobres y más del 50% de la población rural está ocupada en la agricultura, con unidades por cuenta propia dominantes: Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay.
  2. Agrícolas diversificadas: menos del 20% de los hogares rurales son pobres y más del 50% de la fuerza de trabajo rural esta empleada en la agricultura, mayoritariamente asalariada: Chile y Uruguay.
  3. Rural diversificada: menos del 20% de los hogares rurales son pobres y menos del 30% del empleo rural es agrícola. Trabajo asalariado es más importantes que por cuenta propia en agricultura: Costa Rica.
  4. Rural en transición: con nivel intermedio de pobreza rural (20 a 50%) y un alto grado de variación en el porcentaje de ocupaciones agrícolas y no agrícolas, cuenta propia y asalariada: Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana.

Cada una de estas economías rurales fue caracterizada por el tipo de hogares que domina en ellas, el empleo prioritario que hacen de ellas, el nivel educativo de los jefes de hogar, el porcentaje de mujeres que laboran y la residencia urbana de los ocupados en la agricultura.

Paralelamente, en el trabajo se distinguieron tipologías de los hogares rurales y entre ellas se reconocieron cuatro categorías: i) hogares agrícolas, son aquellos cuyos miembros perciben el 100% de sus ingresos, laborales y cuenta propia, de la agricultura; ii) hogares no agrícolas, en los cuales el 100% de los ingresos no provienen de la agricultura; iii) hogares pluriactivos, cuyas fuentes de ingresos son agrícolas y no agrícolas; y iv) hogares sin ingresos laborales y dependientes de transferencias.

4. Trascendencia de la agricultura familiar

Las poblaciones campesinas son importantes desde el punto de vista histórico, en razón a que la sociedad industrial ha sido construida sobre los cimientos y ruinas de la sociedad campesina (Wolf, 1971).

La memoria campesina está en la base de nuestra primera cultura, la que ha investido la toponimia de miles de lugares de la región, ha dado nombre y significado a sus entidades animales y vegetales, a las cualidades de los terrenos, al transcurso y accidentes de las estaciones climáticas en los territorios. Sin estas referencias de base nuestra existencia no tendría estilo (Baraona, 1986).

Cuando llegan los primeros europeos a América no se encontraron una sola de las plantas cultivadas en el viejo mundo, con la excepción probable de una especie de frijol (Phaseolus vulgaris). En cambio se sorprendieron con una agricultura que desde Mesoamérica hasta el extremo Sur de Chiloé hacía uso de material vegetativo nativo, en parte con especies cultivadas y en parte mediante la recolección de otras. En árboles frutales aprovechaban más de cuarenta especies, algunas hoy día tan universales como la palta o aguacate, guayaba, papaya, chirimoya y tunas. En arbustivas, un total de veintiún especies, entre ellas plátanos, vainilla, piña, cacao, achiote, eran conocidas y aprovechadas. Cultivos anuales como solanáceas (ají, tomate, pepino, papa) cucurbitáceas (zapallo, calabaza), cereales (quinoa, amaranto, madi) y otras plantas como algodón y coca (R. Lachtman, 1936).

Hace centenares de años los Andes fueron uno de los siete centros mundiales de domesticación de plantas para el cultivo (Mesoamérica fue otro centro). Los incas figuraban como los mejores agricultores del mundo. En las laderas de la parte occidental de América del Sur, a más de 5.000 de altura, en climas entre polar y tropical, cultivaban casi tantas especies de plantas como lo hacían en toda Asia (Vietmeyer, 1986).

La condición de custodios de la biodiversidad vegetal la conservan todavía los agricultores campesinos, incluso cuando se trata de especies introducidas desde otros continentes con posterioridad a la conquista. Los especialistas que trabajan en jardines botánicos o los colectores para bancos de germoplasma son hasta hoy día testigos de esta realidad. Sin con ello negar que los campesinos más pobres, en situaciones de vulnerabilidad, son importantes destructores de esta misma biodiversidad y del agotamiento de los recursos naturales no renovables a su alcance.

4.1. La dimensión de la agricultura familiar

En el año internacional de la agricultura familiar, se ha afirmado que el 88% de las explotaciones agrícolas del mundo son familiares; que estas proporcionan trabajo a la mayoría de los activos agrícolas y representan el principal proveedor de alimentos básicos en los mercados del mundo. Además se ha puesto de relieve su conocimiento de los ecosistemas, su contribución a la seguridad alimentaria y al ordenamiento de los territorios.

La AF sigue siendo un concepto borroso, poco estable, que representa a una extrema diversidad de formas de producción. Se necesita de una definición a escala planetaria, compartida, que permita medir a largo plazo sus contribuciones (CIRAD, 2014).

Hemos visto que en la región, se han intentado cuantificaciones de este segmento de productores, en diferentes épocas, con distintas metodologías y cobertura de países, por tanto no son comparables. Sí pueden destacarse, por el número de países que cubren y por su esfuerzo metodológico de utilizar conceptos y fuentes homogéneas, algunos de los estudios ya mencionados.

En 1990, según M. Chiriboga, existían 17,3 millones de unidades agropecuarias en la región, el 85,8% de ellas podían clasificarse como campesinas: de estas un 62% con recursos insuficientes (minifundios) y un 23,8% con recursos suficientes.

Tabla 2. América Latina. Nº de unidades y su superficie por tamaño.
Circa 1990 (porcentajes)

Estratos
Conosur Brasil México Centro América Región andina Total
Sup. Sup. Sup. Sup. Sup. Sup.
Minifundio 49,1 0,9 52,8 2,7 58,5 15,9 81,0 11,5 69,7 5,8 62,0 3,2
Pequeña explotación 26,1 3,6 29,8 10,5 32,7 4,6 10,0 14,1 16,7 8,2 23,8 8,9
Mediana explotación 15,9 20,3 16,5 43,1 5,1 33,3 8,1 37,7 11,1 28,9 11,8 33,4
Gran explotación 8,9 75,2 0,9 43,7 3,7 46,2 0,9 36,7 2,5 57,1 2,4 54,5
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Chiriboga (1996).

La AF, en estricto rigor, era para Chiriboga la denominada pequeña explotación, con el 23,8% de las unidades y el 8,9% de la tierra. Su presencia en cuanto a número sería mayor en México, pero en superficie más importante en Centro América y Brasil. En el Cono Sur, a pesar de la alta representación del minifundio y explotaciones familiares (75%) estas controlarían en conjunto solo el 4,5% de la superficie total.

Dos decenios más tarde con la información de las encuestas de ingreso-gasto, se diferenciaron tipos de hogares rurales en función del origen principal de los ingresos (CEPAL, 2016): hogares agrícolas, asalariados, cuenta propia, empleadores; hogares no agrícolas, ingresos laborales no agrícolas; y hogares dependientes de transferencia. El estudio estableció para doce países de la región las proporciones de hogares rurales en cada uno de los tipos, y llegó a los siguientes porcentajes.

Tabla 3. Porcentaje de hogares rurales según fuentes de ingresos

Asalaria­do agrícola Cuenta propia agrícola Emplea­dor agrícola Ocupa­ciones no agrícolas Transfe­rencias Total

Bolivia

6,4 26,4 6,6 44,7 16,0 100

Brasil

13,0 17,6 5,4 33,8 30,1 100

Chile

24,9 10,3 4,0 40,2 20,5 100

Costa Rica

11,6 2,9 3,3 71,3 10,9 100

Ecuador

23,3 16,1 7,5 40,5 12,6 100

Guatemala

13,2 11,0 6,5 48,7 20,6 100

Honduras

11,4 20,1 1,9 44,4 22,2 100

México

8,2 3,5 7,6 58,4 22,4 100

Panamá

9,2 11,2 2,6 54,3 22,6 100

Paraguay

5,4 33,2 9,3 38,8 13,3 100

Rep. Dominicana

3,1 17,3 1,6 59,9 18,1 100

Uruguay

24,0 22,5 18,3 20,4 14,8 100

Fuente: UDA, CEPAL (2016) con base en encuestas 2009-2011 (Obtenido de cuadro A4).

De estos antecedentes se pueden deducir algunas afirmaciones:

  • Los hogares por cuenta propia o agricultura campesina familiar representan proporciones bajas de los hogares rurales, aunque cabría agregar los crecientes productores campesinos con residencia urbana. Paraguay, Bolivia y Uruguay tienen los porcentajes mayores.
  • Es muy significativa en casi todos los países, con la excepción de Uruguay, la participación mayoritaria (absoluta y relativa) de los hogares rurales con ingresos no agrícolas, destacando en ello Costa Rica, República Dominicana, México y Panamá.
  • Los hogares dependientes de transferencias son muy numerosos, con las mayores cifras en Brasil. En ocho países (de doce) es más gravitante la proporción de hogares dependientes de transferencias que los de cuenta propia agrícolas, y en seis de ellos, estas superan el 20% del ingreso total de los hogares.
  • Aproximadamente el 40% de los hogares de cuenta propia agrícola fueron clasificados como multiactivos, en razón a la importancia de los otros ingresos diferentes a la producción agrícola propia en el conjunto de ingresos del hogar.

4.2. Las contribuciones de la agricultura familiar

El aporte de la AF en la producción de alimentos ha sido destacado en general y estimado en diversos estudios regionales, pero sin cobertura total de países. Además, la calidad de la información y diversidad de definiciones de la AF dificultan la validación plena de sus cifras.

En la investigación FAO/BID (2007) se establecieron participaciones de la AF en el valor de la producción agropecuaria total, en el amplio rango de 27% (Chile) a 67% (Nicaragua); con valores intermedios de 38 y 39% (Brasil y México, respectivamente). Estas contribuciones eran preponderantes en la AF en transición y AF consolidada.

La importancia relativa de los aportes por alimento y por país varía, según la especialidad de sus agriculturas campesinas, pero algunos productos básicos son más significativos en general como aportación de la AF: maíz, frijol, hortalizas, banana, papa y otros tubérculos. También se valora la significación de la producción campesina de café, cacao y caña de azúcar.

En razón a la estructura de producción de la AF, con alto empleo de fuerza de trabajo, su colaboración al empleo sectorial total es mayor que la que le corresponde en la producción.

Ha cambiado el papel asignado a la AF en las políticas de lucha contra la pobreza en América Latina. En el pasado, en concreto a fines del siglo XX (CEPAL, FAO, OIT, 2010), la pobreza rural se identificaba con los pequeños agricultores con poca tierra y de zonas marginales; en la actualidad se comprueba que los hogares rurales pobres adoptan muy diversas formas de sobrevivencia, y aunque para muchos con menor acceso a tierras la producción propia sigue siendo una base importante de sustentación, los salarios y transferencias son el complemento obligado para sobrevivir.

En la evolución de los ingresos de los hogares rurales pobres durante el primer decenio del presente siglo, se incrementaron más los ingresos no laborales (transferencias, remesas, pensiones) que los laborales en la mayoría de los países. Igualmente, al interior de los ingresos laborales, crecieron más los ingresos salariales que los originados por cuenta propia (FAO, 2013).

Sin embargo, la reducción de la pobreza rural fue mayor cuando se dinamizaron actividades no tradicionales y creció más el sector agrícola, tanto en el periodo precrisis (2002-2008) como en el periodo posterior (2008-2010). En menor grado, pero con una contribución relevante, fueron las transferencias, especialmente en el periodo postcrisis, las que tuvieron mayor impacto.

Conjuntamente a lo anterior, ha contribuido a esta reducción de pobreza la confluencia de políticas rurales relativamente ordenadas y en constante perfeccionamiento, en un marco de políticas macro coherentes (CEPAL, 2016).

5. Las transformaciones del entorno y las circundantes a la agricultura familiar

En los últimos cuatro decenios las mutaciones del entorno político, económico, ambiental y social de la agricultura familiar han sido múltiples y profundas, e igualmente en el seno de la familia campesina se ha producido una notoria metamorfosis. Estos cambios han alterado también la organización de las formas de producción de la AF.

A continuación, se intenta hacer una síntesis de las transformaciones más relevantes que han tenido incidencia en la AF.

5.1. El nuevo rol de la agricultura en el desarrollo

La implantación de reformas económicas sustanciales en la región, con posterioridad a la grave crisis mundial de 1982-1983, fue desarrollándose al compás de las orientaciones políticas dominantes, con anterioridad al cambio de siglo en la mayoría de los países latinoamericanos. La apertura comercial y los acuerdos de libre comercio, las privatizaciones y reducción de la incidencia del sector público en apoyo de la agricultura tuvieron consecuencias dispares en los países y en sus sectores productivos. Se produjeron situaciones exitosas de articulación a los mercados más rentables y crecimiento de productividad e ingresos, junto a retrocesos económicos y sociales.

Las distintas respuestas al cambio, con ganadores y perdedores, son en buena parte atribuibles a las diferentes dotaciones de recursos entre países y territorios, a las disímiles estructuras de producción y capacidades de emprendimiento, a la infraestructura de comunicaciones con los mercados y a la disponibilidad de tecnología en la oferta mundial (menor para productos tropicales).

Los cambios en la sociedad mayor imponen nuevas demandas sobre el desarrollo de la agricultura, asignándole ciertos roles específicos (PIADAL, 2013):

  1. Continuidad en sus contribuciones al PIB, generación de divisas, con crecimiento de la producción y la productividad de factores.
  2. Mejoramiento de la seguridad alimentaria, con mayores exigencias en cuanto a la respuesta a los consumidores en torno a nutrición, sanidad e inocuidad.
  3. Reducción de la pobreza rural y la vulnerabilidad de los segmentos más desprotegidos: ancianos, mujeres, pueblos originarios, jóvenes.
  4. Fortalecimiento de la sustentabilidad de la agricultura, protección del medio ambiente y la biodiversidad, trazabilidad de los productos y huella ecológica de los procesos productivos.
  5. Progreso en el desarrollo de los territorios, que aportan a la corrección de los desequilibrios y desigualdades.

En el contexto regional, estos cambios se desarrollaron junto a transformaciones estructurales de sus economías, singularizados en la diversificación de sus estructuras productivas; mayores encadenamientos entre sus sectores productivos; incremento de la importancia relativa de actividades intensivas en conocimiento; e inserción en mercados internacionales de mayor crecimiento.

5.2. Los cambios en los mercados y la oferta regional

Se estima que el intercambio internacional de alimentos ha crecido 500% entre 1980 y 2010. El mercado se ha modificado profundamente en los últimos 20 años con la inclusión de China y sus reestructuraciones internas: políticas de apertura comercial; suscripción de acuerdos comerciales; la reducción de compras del Estado, para su entrega a los agronegocios y corporaciones alimentarias (GRAIN, 2014).

China se ha transformado para la región en un mercado prioritario, al mismo tiempo que sus decisiones de política económica han contribuido (junto a Rusia y Europa) a la volatilidad de precios de los alimentos en los últimos años.

El incremento de los ingresos en los países emergentes (América Latina, Asia, Europa oriental, en menor grado África) ha movilizado sustantivamente la demanda por alimentos. Se ha proyectado un crecimiento mundial de un 80% del consumo de alimentos entre 2010-2050, como consecuencia de los mayores ingresos y el aumento vegetativo de la población, con un serio reordenamiento del origen y destino de estos bienes por la alta incidencia de los países emergentes (55% del PIB mundial en 2050).

En la última década ha sido América Latina, junto a EE.UU. y Canadá, la única región del mundo que ha incrementado su exportación de alimentos (granos, soya, aceite, carnes) y probablemente lo continuará haciendo porque la región dispone del 30% del agua superficial del mundo y de casi un tercio de la frontera agrícola potencial del planeta (PIADAL, 2013).

A pesar de ello, el acelerado crecimiento de la agricultura de varios países asiáticos y africanos, además de las negativas condiciones climáticas en América Latina, han venido afectando las exportaciones regionales de productos tropicales, entre ellos café, cacao, banano y piña. Esta es una perspectiva a considerar en el largo plazo, estiman los expertos.

La agricultura regional ha aumentado su productividad e incrementado el valor agregado de sus productos agrícolas. Gran parte de esta variación se ha producido en la agricultura comercial en los últimos años, asociada a la utilización de OGM; labranza cero; producción en ambientes protegidos; incorporación de TIC; empleo de la genética en variedades más resistentes; junto al impulso en bioinsumos sustitutos de agroquímicos y métodos de cultivos más amigables con el medio ambiente (CEPAL, FAO, IICA, 2015).

Los eslabones agroindustriales son los operadores del 80% del valor de los alimentos consumidos actualmente en la región. Este sector agroalimentario ha experimentado un significativo proceso de concentración y transnacionalización. Se constata una progresiva importancia de cadenas internacionales de valor, en la producción alimentaria y su comercio (PIADAL, 2013).

5.3. La tenencia de la tierra y la agricultura familiar

Las teorías sobre las economías de escala en la agricultura han venido evolucionando. En la década de 1960, en la academia imperaba un cuasi consenso acerca de las deseconomías de escala en la agricultura, argumento en favor de la reforma agraria. Otros estudios optaron por la neutralidad.

En América Latina varios factores, como las restricciones en el acceso a tecnologías y las falencias en educación, por ende, en capacidad de gestión, explicarían casi sin excepción de rubros los inferiores rendimientos actuales en los predios de menor tamaño. Sin embargo, el uso más intensivo del suelo por los pequeños podría explicar el mayor valor de producción unitaria.

La baja productividad podría ser una razón para explicar la reducción del número de explotaciones y la pérdida de superficie por parte de la agricultura familiar. Pero las razones son más complejas. Solon Barraclogh, en los inicios de la reforma agraria en América Latina, sostenía que tal como la Iglesia católica predicaba el fin del pecado hace 20 siglos y este seguía más vital que nunca, los que pregonaban el fin de los campesinos y su absorción por las grandes explotaciones seguirían esperando “per secula, seculorum”.

Los niveles de concentración/extranjerización de la tierra en los últimos años han crecido manifiestamente en la región, lo cual contradice lo que sucedía hace 50 años en la época de las reformas agrarias, afectando ahora sí a la agricultura familiar. Ejemplares por su magnitud han sido las pérdidas posteriores de tierras entregadas a campesinos, en los procesos de reforma agraria de las zonas de mayor valor agrícola de Chile y la Costa del Perú.

Los cambios de tenencia en la agricultura obedecen predominantemente, hoy en día, al proceso expansivo de las empresas agropecuarias y forestales exitosas y a las compras de tierras por parte de conglomerados económicos multisectoriales, los que amplían sus actividades hacia los sectores más dinámicos de la economía (Soto Baquero & Gómez, 2012).

La concentración mediante las compras de Estados inversionistas (Land Grabbing) no se manifiesta con la fuerza de otras regiones del mundo, solo se han observado ciertas transacciones en Argentina (Arabia Saudita, Qatar, China y Corea del Sur) y en Brasil. En Chile y Argentina, importantes inversionistas extranjeros han comprado grandes extensiones de la Patagonia con fines conservacionistas y secundariamente turísticos.

Otra forma de concentración observada en los últimos años ha sido la expansión de las cadenas de valor dentro de los países de la región, mediante el empleo de diferentes mecanismos:

  1. Las empresas translatinas que movilizan desde sus sedes capital, tecnología, recursos humanos hacia otros países, para expandir sus actividades. Los ejemplos más evidentes son: empresas forestales de Chile y su ampliación a Uruguay, Brasil y Argentina; arroceras de Brasil y su expansión hacia vecinos (Misiones en Argentina); azucareras de Costa Rica, hacia países de Centroamérica (Soto Baquero & Gómez, 2012).
  2. Los pools agrícolas de Argentina y Uruguay, que combinan propiedad y renta de tierras para producir soya o cereales, son modelos de empresas que gestionan alianzas con agricultores locales e instituciones financieras, de modo que manejan grandes extensiones con tecnologías de vanguardia.
  3. La migración de empresas a países con menores precios de la tierra, es el caso de Brasil y sus compras en Paraguay y Bolivia.

Muchas son las otras modalidades en que la agricultura familiar ha perdido sus tierras en los últimos 50 años, contribuyendo con ello a la desaparición de productores campesinos o a su reconversión en agricultores part-time.[5] Entre ellas se distinguen:

  1. La expansión de las empresas agropecuarias en búsqueda de mayores escalas de diversidad climática y de rubros productivos e, incluso, buscando la permanencia de la fuerza de trabajo asalariada (rotación de empleos).
  2. El crecimiento de las urbanizaciones de grandes, medianas y pequeñas ciudades. Condominios urbanos de alto valor en ubicaciones privilegiadas; viviendas populares, en terrenos exrurales para reducir costos. El desarrollo de urbanizaciones turísticas en la montaña y en el borde marítimo, de lagos y ríos.
  3. El traslado a zonas rurales de actividades con resistencia urbana: cárceles, vertederos de basura, plantas de tratamiento de aguas servidas, centrales termoeléctricas o cementerios.
  4. Las parcelas de agrado o segundas residencias rurales, de grupos urbanos con mayores ingresos, hacia perímetros cercanos de grandes y medianas ciudades.
  5. En los últimos años se aprecia la ocupación de amplios espacios rurales para producir energía renovable, en parques eólicos y solares.
  6. La extensión al medio rural de agroindustrias, almacenamiento en frío, bodegas de insumos, parques de maquinaria y otros servicios relacionados con la modernización de la agricultura.
  7. No deja de ser menor la pérdida de tierras campesinas por coerción y violencia en zonas de conflicto, o por vías ilegales.

A pesar de los múltiples valores culturales que vinculan al hombre del campo con la tierra, las nuevas penetraciones culturales provenientes del mercado y la publicidad, sumadas al incremento en el precio de la tierra, se han traducido en argumentos irresistibles, que estimulan la migración urbana o la residencia rural con venta de tierras. Mayor magnetismo tienen estas ventas de tierras campesinas si van acompañadas de ofertas de empleo familiar.

5.4. Los cambios demográficos de la ruralidad y la agricultura familiar

La población rural en América Latina y el Caribe es de 115 millones de personas, alrededor del 20% de la población total. Se puede sostener con datos que la emigración rural continúa en forma sostenida y persistente, producto de las desigualdades urbano-rurales, con carácter selectivo: mujeres y jóvenes con más educación son más propensos a ir a la ciudad (Salcedo & Guzmán, 2014).

En casi todos los países latinoamericanos el número de hogares vinculados a la agricultura se redujo en estos primeros años del siglo XXI. Durante el periodo 2000-2012 se manifiesta una evolución de la población activa en las zonas rurales de América Latina, con las siguientes peculiaridades (CEPAL, 2015; 2016):

  1. En todos los países estudiados, salvo México, se reduce el número de empleadores agrícolas.
  2. Con la excepción de Bolivia, Colombia y Nicaragua, en el resto de los países disminuye el porcentaje de trabajadores agrícolas por cuenta propia y familiares no remunerados.
  3. Esta disminución alcanza magnitudes muy elevadas en ciertos países: Brasil, de 36,4% a 25,2%; México, de 18,9% a 11,4%; Chile, de 17,6 a 10,7%.
  4. En sentido opuesto, es mayor la participación de cuenta propia no agrícola; salvo en México, Costa Rica, El Salvador y Panamá.
  5. Igualmente, con la salvedad de Colombia y Nicaragua, el porcentaje de asalariados agrícolas se mantiene o aminora en el resto de los países. Por el contrario, se incrementa, en estos últimos, la proporción de asalariados no agrícolas. Crecen los sectores de servicios, turismo e industria.
  6. Los inactivos aumentan relativamente, en dimensiones considerables en la mayoría de países. La gravedad de esta evolución amerita investigaciones específicas, especialmente examinar la repercusión en ella de las transferencias.
  7. Se aprecia mayor inserción laboral de la mujer rural, aunque en muchos países esta es mayor en ocupaciones no agrícolas, exceptuando los países andinos donde prevalecen sistemas tradicionales de producción agropecuaria, con altos niveles de ocupación femenina (más de 45% de participación en Perú y Bolivia). Aun cuando ha crecido en términos absolutos el empleo rural de la mujer, este es aún menor a 30% en Chile, Colombia y República Dominicana.

Se concluye de lo anterior que en la estructura del empleo rural, la agricultura pierde ponderación (con la excepción de Colombia y Nicaragua), aun cuando en la mayoría de los países el sector continúa siendo la principal fuente de trabajo. El retroceso relativo de la AF es también un hecho.

Esta contracción de los activos agrícolas y de los hogares rurales dependientes de la agricultura es atribuida por los estudios sectoriales, fundamentalmente, a tres causas: la falta de oportunidades en la agricultura para los jóvenes trabajadores más calificados; la mayor edad de la fuerza de trabajo, cuya formación no coincide con los avances tecnológicos de la agricultura moderna; y el envejecimiento de los jefes de hogar vinculados a la AF.

Otros indicadores de transición demográfica relacionados con los hogares y trabajadores rurales y agrícolas, que confirman los supuestos anteriores, son los siguientes (CEPAL, 2016):

  1. Los menores de 15 años, entre 1970 y 2010, disminuyen en la población rural de todos los países; con caídas mayores, cercanas a 14 puntos porcentuales, en Brasil, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.
  2. Se aumenta la edad media de los activos agrícolas por cuenta propia, que dominan el rango de 50 a 55 años, con creciente número de mayores a este rango. La edad promedio de los jefes de hogar asalariados no agrícolas es la menor de todos los tipos de hogares rurales.
  3. La residencia urbana de empleadores, cuenta propia y asalariados que laboran en la agricultura muestra tendencias de ampliación. Esta evolución se relacionaría con una mejoría de la infraestructura de comunicaciones en el medio rural y una mayor integración urbano-rural.
  4. El número de componentes del hogar rural se reduce en la mayoría de países, y así se asimila a los hogares urbanos.
  5. El grupo con la menor transición demográfica, donde los cambios anteriores son menos evidentes, lo encabezan Guatemala y Honduras, acompañados de Bolivia, Nicaragua y Paraguay.

Estos últimos cinco países tienen un índice de pobreza rural mayor a 50% y comparten una alta proporción de pobreza en hogares agrícolas y menor en no agrícolas.

En los tres países con pobreza rural inferior al 20% (Uruguay, Chile y Costa Rica), los mayores índices de pobreza rural se presentan en los hogares dependientes de transferencias y con bajos ingresos laborales.

En los países con pobreza rural intermedia, de 20 a 50%, se manifiestan dos situaciones:

  1. En Brasil, México, Panamá y Perú, la incidencia de la pobreza es mayor en hogares agrícolas.
  2. En Ecuador y República Dominicana, los mayores niveles de hogares pobres son dependientes de transferencias.

6. Proyecciones de futuro y agricultura familiar

Las políticas orientadas hacia un desarrollo positivo de la AF en América Latina y el Caribe han sido formuladas con amplia profusión y profundidad en varios de los estudios y documentos sectoriales publicados en los últimos años, tanto por los organismos internacionales como por instituciones privadas e investigadores. Muchos de ellos están incluidos en la bibliografía consultada en el presente trabajo.

Desgraciadamente han abundado más las formulaciones teóricas de estrategias políticas diferenciadas, de soluciones e instrumentos programáticos, que su real implementación por parte de las instituciones públicas y actores sociales involucrados en el sector.

Lo más probable es que esta distancia entre formulaciones de políticas, que en frecuentes ocasiones provienen de instituciones y expertos cercanos al gobierno de turno, sea atribuible a la débil gobernanza que prevalece en la agricultura regional. “La política agrícola es una suma de acuerdos parciales, construidos en una negociación fragmentada entre el Estado y sectores sociales de base estrecha”. En ellos están subrepresentados los actores sociales con menos poder (PIADAL, 2013).

No hay espacio en este trabajo para recoger las propuestas prioritarias de política pública, ni tampoco para formular las propias. Sí es relevante subrayar que, además del hecho de que existen variadas proposiciones de gran validez y amplio espectro, en América Latina y el Caribe hay múltiples experiencias concretas de programas e instrumentos de política agropecuaria y rural. Varias de ellas, aunque lamentablemente no todas, cuentan con evaluaciones de procesos e impactos, cuyas enseñanzas son muy útiles para los diseños futuros.

6.1. La visión multisectorial del desarrollo rural y la agricultura familiar

La nueva concepción de las políticas orientadas hacia el desarrollo y fortalecimiento de la AF se inscribe en una visión multisectorial de desarrollo territorial, con foco en la ruralidad, pero tomando en cuenta las redes y articulaciones con las zonas urbanas. Esta perspectiva destaca la importancia de lo siguiente:

  • Impulsar, desde la base social, el amplio y variado potencial de desarrollo de los territorios rurales.
  • Reconocer la multiactividad económica y trascendencia de empleos e ingresos agrícolas y no agrícolas.
  • Valorizar los recursos naturales, así como su conservación y recuperación.
  • Potenciar la identidad del patrimonio cultural del territorio y transformarlo en activos.
  • Priorizar la inclusión social y económica de sus habitantes más postergados.
  • Reforzar la descentralización y gobernanza local.

La visión personal de estos programas territoriales rurales inscritos en políticas públicas y sus ejes estratégicos ha sido expuesta sin mayor repercusión por el suscrito, con ocasión de los programas de gobierno de los cuatrienios pasados en Chile, la que en apretada síntesis ha sido como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Programas territoriales rurales inscritos en políticas públicas y sus ejes estratégicos

Ejes estratégicos

Contenidos

i. Desarrollo
silvoagropecuario

-Inversión en innovaciones tecnológicas que incrementen productividad de factores, sustentabilidad y ahorro de agua.

-Extensión y acceso al financiamiento para la AF, pequeños y medianos empresarios; inversión en riego (pública y privada); preservación del patrimonio sanitario (animal, vegetal y forestal).

-Impulso de alianzas público-privadas y universidades y centros regionales, para I+D.

-Protección y rehabilitación de recursos naturales.

ii. Inversiones públicas
destinadas a

-Superación de brechas de servicios básicos urbano-rurales y desequilibrios territoriales en educación y salud.

-Progresos de conectividad de zonas rurales (vialidad, telefonía celular, internet).

-Mejoramiento de espacios públicos, vivienda y sus servicios esenciales. Bienestar rural.

-Establecer redes interconectadas de servicios.

iii. Estímulos territoriales

-Fuentes de energías renovables alternativas: eólicas, solares, biomasa, centrales hidráulicas de paso.

-Turismo de intereses especiales ligados a cultura, patrimonio local, recursos naturales.

-Agregación de valor a producción primaria y atracción de emprendimientos en torno a genética, bioinsumos, envases inteligentes.

-Creación de servicios financieros para favorecer emprendimientos locales (jóvenes).

iv. Inserción y participación laboral

-Ampliación de la inserción laboral de la mujer e incentivos específicos con este fin.

-Iniciativas laborales que promuevan la participación, especialización y productividad.

-Programas concertados con minorías étnicas territoriales.

v. Transferencias
condicionadas y pensiones

-Identificación de grupos vulnerables y pobreza.

-Contribución a facilitar acceso a subsidios para estos grupos.

Fuente: elaboración propia.

Se postulan a continuación ciertas áreas de interés, que deben ser tomadas en cuenta en las futuras políticas públicas y programas territoriales, las que resaltan por su progresiva relevancia.

Todas ellas tendrían consecuencias para la AF, pero justamente su sentido y magnitud dependerá en gran medida de las estrategias y medidas que se adopten para incorporarlas.

6.2. Medio ambiente y cambio climático

El medio ambiente mundial está dando claras muestras de niveles de estrés críticos y amenazantes.

Las políticas ambientales han crecido en importancia, pero en general sus enunciados distan de ser políticas públicas y traducirse en acciones concretas; tampoco cuentan con la institucionalidad suficiente para su implementación (PIADAL, 2013). Esta es la corrección mayor a introducir. Los otros grandes problemas a enfrentar son:

  1. Los cambios en el uso del suelo, mayormente la deforestación y degradación forestal, son la mayor fuente de emisiones de carbono (62%) y otros daños ambientales que amenazan la biodiversidad en América Latina. De los diez países más biodiversos del mundo, cinco se encuentran en la región: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú (Nash, 2012).
  2. Es un deber ineludible del quehacer futuro la reducción de la huella ambiental, impulsada por la deforestación, la expansión ganadera, la ampliación de la frontera agrícola y las prácticas productivas no sustentables. Entre 2000 y 2010, América Latina sufrió la tasa más alta de deforestación, más de tres veces superior a la tasa mundial en el mismo decenio. En 1990, era la región más densamente forestada, pero ha sido superada por Asia, Pacífico y Europa.
  3. Los sectores agrícolas y ganaderos son causantes de casi el 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, más que el sector transporte e igual al energético, lo cual implica graves consecuencias en el calentamiento global (Salcado & Guzmán, 2014).
  4. La tasa de urbanización de América Latina es una de las mayores del mundo. La población urbana regional pasó de 176 millones en 1972 a 391 millones en el año 2000 y se espera que alcance a 600 millones en 2030. Esta gran expansión urbana ejercerá una presión brutal sobre los suelos agrícolas, sobre todo en ausencia de planos reguladores.
  5. Hace tiempo que la comunidad internacional reconoció que la desertificación es uno de los mayores problemas a escala mundial. Esta afecta a una gran cantidad de países en América Latina. La región ostenta una de las más altas tasas de erosión (por agua y viento), con un promedio anual de 30 a 40 t. de suelo/ha, lo que excede en gran medida la tasa de formación de suelo.
  6. Los mayores problemas se manifiestan en Centroamérica y en territorios andinos. Se precisa una urgente política de restauración ecológica, que devuelva a los ecosistemas degradados sus elementos y funciones. Esta debe ser acompañada de instrumentos operativos, los que permitirían movilizar el empleo rural en estos territorios vulnerables.
  7. La minería ha sido históricamente una de las actividades más contaminantes, con alto impacto sobre suelos, agua y vegetación, y ha ocasionado en la región graves conflictos sociales en tierras campesinas. Las nuevas tecnologías para la extracción de metales, más respetuosas con el medio natural (uso de bacterias oxidantes y especies vegetales), así como la regeneración de suelos (relaves) y tratamiento de aguas, son fundamentales para evitar los daños colaterales.
  8. La destrucción de materia orgánica por deforestación, sobrepastoreo, agricultura intensiva con fertilizantes inorgánicos y altas concentraciones de nitrógeno, junto a su quema autorizada o clandestina por incendios, afecta a millones de hectáreas de la región y con ello la capacidad de retención de agua y la fertilidad. Las prácticas que mantienen o incrementan la materia orgánica son múltiples e importantes generadoras de empleo.

El inventario de la degradación de suelos en los países de América Latina (Comisión Europea & FAO, 2014) es desolador. Los niveles de desertificación, erosión, hidromorfismo, salinización, degradación, etc., alcanzan magnitudes de varios millones de hectáreas anuales, con proyecciones de continuar a futuro en la mayoría de los países e incluso de agravarse.

6.3. Cambio climático

En los modelos de simulación del cambio climático para la región (3ª Conferencia Regional FAO, 2010), se estimaron ciertos efectos, tales como:

  • Reducción proyectada de productividad agropecuaria del 30% en zonas tropicales y subtropicales, por efecto de alza de temperatura.
  • Aumento de la desertificación y salinización en zonas áridas de Chile, Perú y noreste de Brasil.
  • Incremento de niveles del mar, que afecta zonas rurales pobres de los litorales.
  • Aumento de frecuencia y gravedad de fenómenos climáticos extremos (granizo, heladas, lluvias intensas y huracanes). En los Andes, elevación de la isoterma, menos acumulación de nieve y mayor escurrimiento de agua de lluvia.

Las acciones para aminorar el ritmo de esta evolución y reducir sus consecuencias incumben a todos los gobiernos de la región y deben formar parte integral de las políticas de desarrollo. Entre ellas destacan:

  • La ampliación de parques nacionales y áreas protegidas, y el control con reducción de la desforestación.
  • Las inversiones en conservación y recuperación de suelos, flora y fauna; con alto involucramiento de comunidades locales e impacto en el empleo.
  • La construcción de infraestructura de pequeños y medianos embalses para almacenar escurrimientos superficiales y recargar acuíferos.
  • Las normativas sobre buen manejo de suelos y agua (calidad y cantidad) y ampliación de prácticas de agricultura sustentable.
  • Inversiones y apoyo financiero para cambios en el uso del suelo, producto de nuevas condiciones climáticas. Por ejemplo, desplazamiento de frutales y viñas hacia zonas meridionales de América del Sur.
  • Investigaciones genéticas para nuevas variedades y especies vegetales aptas para afrontar estos cambios climáticos.

La AF es muy vulnerable para adaptarse a los cambios climáticos, por sus restricciones para reaccionar con nuevas tecnologías y usos del suelo; pero también puede existir mayor disposición de apoyos externos para enfrentarlos, por su carácter de fuerza mayor que compromete al planeta en pleno.

6.4. Agricultura de precisión y sustentabilidad

La agricultura sustentable[6], universalmente aceptada y progresivamente exigida por la sociedad contemporánea, los mercados y consumidores, plantea un conjunto complejo de exigencias, entre las que destacan: el uso eficiente del agua, el suelo y la energía; la reducción en el uso de agroquímicos; las prácticas productivas amigables con el medio ambiente; las relaciones laborales justas y dignas.

El cumplimiento de estas y otras exigencias, crecientemente normadas por las autoridades agropecuarias, ambientales y de salud, además, debe ser demostrado con certificaciones de buenas prácticas, trazabilidad, inocuidad y, más recientemente, comprobaciones de huellas ambientales (agua, carbono). La certificación, práctica generalizada para acceder a la mayoría de los mercados internacionales, se está propagando a los mercados internos, en especial como exigencia de las cadenas de supermercados y de consumidores más demandantes.

La adopción de las tecnologías propias de la agricultura de precisión, además de permitir avances substantivos en la economía de insumos como el agua y los agroquímicos, con la consiguiente reducción de costos y comprobados incrementos de productividad, facilita y objetiviza los procesos de certificación mencionados.

¿Cuáles son estas tecnologías?:

  • Internet de las cosas. La automatización de la información para un manejo más eficiente de factores productivos implica: utilización de sensores inalámbricos (agua, suelo, clima, aire); de activadores para intervenir (bombas de agua, fertirrigadores); de dispositivos de captura (drones, imágenes satelitales, redes metereológicas); computadores y software para ordenar bases de datos, monitorear a control remoto e intervenir con los activadores.
  • Redes agrometereológicas que unifican la información de diferentes estaciones privadas y públicas del territorio, las que mediante tecnologías de radiofrecuencia inalámbrica y su combinación con internet, utilizando modelos de relación clima-agua, clima-desarrollo de plagas, pueden prevenir y mitigar eventos climáticos extremos, además de detectar la incidencia de plagas en forma temprana.
  • Control integrado de plagas y control biológico. Emplea monitoreo y trampas (feromonas, engaños sexuales y sensores) para implementar sistemas de detección y seguimiento de la dinámica poblacional de plagas y enfermedades. Hace uso de insectos y parásitos benéficos, bioinsumos, progenitores estériles, etc., con el fin de reducir el empleo de agroquímicos. Estas tecnologías, además de requerir de monitoreo especializado, manejo de información metereológica y TIC, implica la creación de centros de reproducción de organismos de control biológico.
  • Diseño moderno de estructura de plantaciones, arquitectura de árboles para manejo peatonal, para facilitar labores y aumentar la productividad.
  • Montaje de plataformas tecnológicas territoriales para asistencia técnica e intercambio de conocimientos entre investigadores, productores y expertos. La plataforma de gestión del conocimiento, dirigida prioritariamente a la AF y pequeños-medianos empresarios agrícolas, estaría articulada en red y aprovecharía las TIC para brindar mayor cobertura y rapidez al intercambio de información.

La aplicación de una o la combinación de estas tecnologías ha demostrado en la agricultura de varios países del Norte, y también en la región, reducciones en el uso de agua del 50%, de insumos hasta del 40% y aumentos de productividad laboral y del suelo, del orden del 20 al 30% (FIA, MINAGRI, 2015).

La apropiación y aprovechamiento por parte de la AF de estas tecnologías pueden ser directos, en la medida que se haga un programa especial de apoyo para su implementación, o más indirecta, mediante su incorporación a la plataforma del conocimiento para la captura y aplicación de tecnologías. La agricultura de precisión implica una amplia demanda de técnicos de diferentes niveles, especializados en el manejo de estos instrumentos tecnológicos, tales como: sensores y drones; equipos de riego y fertilización en línea; software y TIC; redes metereológicas. La oferta de estos especialistas es en la actualidad muy reducida y será una oportunidad laboral con mayores ingresos para los jóvenes rurales.

6.5. Generación y uso de energías renovables

Los altos costos energéticos de la agricultura de riego y la escasez de agua en muchos territorios han inducido la creciente introducción de pequeñas instalaciones solares y eólicas; en menor grado también la utilización de biomasa. El aprovechamiento del potencial energético de los canales de riego y otras corrientes de agua, mediante miniturbinas móviles o pequeñas centrales de paso, ha sido también estimulado por la posibilidad abierta en varios países de la región de Net Billing, es decir, la generación de energía eléctrica e inyección de los excedentes no consumidos a la red de distribución, lo cual permite minimizar pérdidas y costos de transmisión, y así generar ingresos adicionales.

La desalinización de agua de mar con nuevas tecnologías de energía fotovoltaica, que eleva más agua diurna que la consumida para generar por gravedad energía nocturna, está permitiendo evitar el empleo de acumuladores de alto costo. Es un sistema interesante en zonas costeras para proveer agua potable rural. El uso más masivo de energía solar para bombas de agua potable es una realidad en miles de hogares campesinos de Chile y otros países de la región.

6.6. Acuicultura y pesca artesanal

En 2015 se habría producido un cambio significativo en la oferta mundial de pescado, la producción de la acuicultura superaría el volumen total de capturas pesqueras. Este fenómeno inédito, impensable hace 50 años, no tendrá retroceso, por el contrario, se proyecta para el año 2022 que el 55% del pescado disponible provendrá de la acuicultura, para satisfacer una demanda creciente en todas las regiones con excepción de Africa, la cual sería en ese año mayor en 22% al año de referencia, 2012 (OCDE, FAO, 2013).

La producción pesquera de América Latina en 2013 alcanzó a 15,5 millones de toneladas y de ellas la acuicultura representó el 16%, pero en rápida expansión. Un total de 2,4 millones de familias dependen de ingresos generados en estas actividades en la región y de estas el 90% están ocupadas en producción acuícola o pesca de pequeña escala (Salcedo & Guzmán, 2014).

La acuicultura y la pesca artesanal tienen gran capacidad de dinamizar territorios rurales e inciden en términos relevantes en la alimentación y nutrición humana. Sus impactos ambientales en los océanos y bordes costeros, aunque infinitamente menores a los de las empresas industriales, son corregibles en la medida que se implementen programas que superen las prácticas no sustentables.

La protección y siembra de algas en zonas focalizadas, los parques de protección marina, los centros de manejo controlado, las áreas protegidas de reproducción y las vedas son programas de gran repercusión ambiental y con interesantes perspectivas de empleo. La asistencia e intercambio de conocimientos entre centros tecnológicos, universidades, pescadores y acuicultores deben ser parte de los programas territoriales rurales, al igual que el financiamiento para la innovación tecnológica de pequeños emprendedores del mar y agua dulce.

6.7. Circuitos cortos y comercio justo

Se han expuesto en páginas anteriores las exigencias crecientes de sanidad e inocuidad de los alimentos que plantean los consumidores, y los consiguientes requerimientos de trazabilidad y certificación de la sustentabilidad de los procesos productivos que se están desarrollando en el comercio internacional y en segmentos gradualmente mayores de los mercados domésticos.

Para la AF, estas condiciones están constituyéndose (y continuarán haciéndolo) en barreras de entrada a los mercados más rentables, en ausencia de asistencia y apoyos para superar estos requisitos.

Los esfuerzos por extender el comercio por la vía de contratos de producción entre la AF y empresas agroindustriales, exportadoras o supermercados, intentados en varios países de la región, han limitado sus proyecciones por diversos factores, tales como: desconfianzas mutuas, falta de volumen constante y calidad, carencia de fidelización de la oferta a los compromisos, altos costos de transacción por pequeña escala, dificultades asociativas de los productores; son limitaciones que solo pueden ser abordadas con programas públicos de apoyo a la AF.

Las compras a los pequeños agricultores por parte de entidades públicas, como escuelas con programas de comida escolar, hospitales, fuerzas armadas, han tenido desde principios del presente siglo, programas ejecutados en Brasil (PAP) con volúmenes significativos (155.000 agricultores de AF 2010); y del mismo modo en Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también ha realizado compras en Centroamérica a campesinos. Esta vasta experiencia ofrece enseñanzas invaluables para su réplica en la región.

Los programas de circuito corto, algunos con decenios de vigencia, para ventas directas de pequeños agricultores con apoyo de gobiernos regionales, municipios y asociaciones de productores y de consumidores, existen en Alemania, Bélgica, EE.UU., Francia, Japón, Reino Unido. Varios de ellos tienen programas especiales de entrega a consumidores, operan con sellos propios y normativas propias de sanidad-calidad.

Las ventas directas en los predios de la AF, en ferias locales y mercados especializados de pequeños agricultores, también han proliferado en la región y deberán continuar incentivándose en los programas de desarrollo.

Se han abierto nuevas vetas en torno a la valorización de los productos locales, el patrimonio natural de los territorios, la gastronomía y su identidad cultural. Los sellos de origen geográfico de los productos, los sellos de pequeños productores campesinos con certificación y normativas propias son instrumentos crecientemente más expandidos.

La producción para el autoconsumo, especialmente en la AF de subsistencia, ha mostrado una clara tendencia a desaparecer en muchos territorios de América Latina, tendencia que debe ser revertida con estímulos y asesoría especializada, dada su trascendencia para la seguridad alimentaria del hogar y del planeta.

Por último, lo que engloba estas diversas opciones es el concepto de comercio justo, no como la iniciativa de un grupo de ONG europeas, sino como un movimiento desde la base social que privilegia una cadena alternativa de mercado, que asegura la sustentabilidad de los productores de la AF, que garantiza transparencia, trazabilidad y sanidad de los alimentos, y que es apoyada por políticas públicas. Miles de consumidores jóvenes en el mundo (Millennium) son sensibles a la idea de comprar a campesinos sus alimentos, pero este encuentro no se realiza por generación espontánea, debe ser animado con estrategias de marketing.

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  1. Centro-sur de Brasil, Pampa de Argentina, Uruguay, zona Central de Chile, costa de Ecuador y Perú, sectores de la sierra de estos países y de Colombia, parte de Venezuela, zona Pacífico de América Central, Norte de México (Chonchol, 1994).
  2. Estos nueve elementos son: carácter familiar de la unidad productiva; compromiso irrenunciable con la fuerza de trabajo familiar; intensidad de trabajo y Ley de Chayanov; carácter parcialmente mercantil de la producción; indivisibilidad del ingreso familiar; carácter intransferible de una parte del trabajo familiar; la forma peculiar de asumir el riesgo; tecnología intensiva en mano de obra; pertenencia a grupo territorial.
  3. Exceptuando ciertas parcelas originadas en procesos de reforma agraria o colonización.
  4. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua.
  5. En Chile, en los 10 años transcurridos entre los Censos Agropecuarios de 1997 y 2007, la agricultura familiar perdió el 15% de sus tierras de riego y 12% de sus tierras de secano. Incluso las empresas medianas, también, perdieron 4% de sus tierras de riego y 9% de las de secano, en el mismo periodo. Toda esta superficie se agregó a las extensiones controladas por empresas grandes (Echenique y Romero, 2009).
  6. En términos más precisos, se entiende por agricultura sustentable la que respeta la sustentabilidad ambiental (protección de biodiversidad y recursos naturales, uso eficiente de agua, suelo y energía, control de emisiones y plagas con reducción y agroquímicos); sustentabilidad social (compromiso con consumidores, trabajadores, comunidad del entorno); sustentabilidad económica (eficiencia, rentabilidad; inocuidad alimentaria, microbiana y física).


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