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1 El caso

El 14 de julio del 2016 el oficial Lucas Muñoz salía de su vivienda, en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Vestía su uniforme de trabajo, llevaba la gorra en la mano y portaba el arma reglamentaria. Abordó el transporte urbano que lo dejó a metros de la unidad 42. En ese contexto desapareció. Fue retenido cautivo durante 27 días. Sin vida, su cuerpo fue arrojado en un descampado en las afueras de la ciudad. Permaneció bajo la lluvia por lo menos 24 horas hasta ser identificado por el comando especial COER. El crimen fue caratulado, tras las pericias correspondientes, como “homicidio”.

El caso Lucas Muñoz tuvo una importante cobertura mediática. Incluso a pesar del desgano atribuido a los jefes policiales en el momento de la búsqueda, el desembarco de las fuerzas federales, la creación de una comisión de 5 fiscales en la causa, no son cuestión de todos los días. Tampoco lo es la desaparición de un policía.

Este capítulo reúne la información disponible públicamente de la prensa nacional, regional y barilochense. [1] Asimismo retoma discursos oficiales tanto de la gobernación como de la Legislatura. Por último, recurre a la opinología y rumores -policiales y ciudadanos- que un buen navegador sabrá encontrar en la web. Ahora, puesto todo junto, permite conocer el caso Muñoz.

Secuestro y desaparición

La desaparición de una persona siempre trae un enorme misterio por descubrir. Sobre todo cuando esa persona es un policía y aun más en un país como Argentina donde “desaparecido” aporta un largo bagaje de imágenes, connotaciones y miedos fundamentados. La desaparición del oficial ayudante de la Policía de Río Negro evoca todos los fantasmas al centro de la escena. Con la intención de entender sus implicancias nos hundimos en las cronologías, hipótesis, pruebas, implícitos y escenarios que Lucas Muñoz, el caso, arroja sobre la mesa.

El primer problema es dónde empieza y dónde termina este caso, en el que el oficial salió de su casa el 14 de julio del 2016, no sabemos si llegó a la comisaría donde se desempeñaba, estuvo desaparecido por 27 días y apareció muerto de un tiro en la cabeza en la circunvalación de la ciudad de Bariloche. Establecer cronologías tiene menos que ver con las fechas que con los eventos que se vuelven relevantes a la luz de los acontecimientos y su impacto público. Pero en todo caso, empezamos por el día poco habitual, según Daniela Rodio –la novia del oficial en cuestión que estaba de visita en Bariloche- en el que Lucas salió de su habitación de la pensión de Moreno y Frey, en pleno centro de la ciudad, se tomó el colectivo y caminó hacia la comisaría 42 donde prestaba servicios como oficial ayudante. Si llegó o no a su lugar de trabajo no lo podemos saber, ya que una cámara de seguridad y varios testigos lo vieron en camino, pero las hojas del libro de guardia de la comisaría fueron adulteradas en siete folios. Siete folios fueron reemplazados y no sabemos qué datos contenían, ni tampoco se explicó por qué fueron reemplazados, aun cuando el reemplazo de una hoja debe ser declarado tal y como lo indica el proceder administrativo legal.

Ese mismo día por la tarde/noche los agentes Luis Daniel Irusta y Maximiliano Morales ingresaron al domicilio de Lucas, sin orden de allanamiento, y revisaron su computadora y otras pertenencias, de donde extrajeron información que compartieron con su jefe David Paz -jefe de Seguridad Vial- quien a su vez se la comunicó a Manuel Poblete, subjefe de la Regional III.

La alarma resuena por todos los medios. La prensa nacional, regional y local comienza a darle seguimiento a la búsqueda. La familia de Lucas, proveniente de Ramos Mexía –un pueblo de la Línea Sur de la provincia de Río Negro- viaja a Bariloche para iniciar un reclamo por su aparición, y el operativo empieza a tomar forma en medio de un crudo invierno patagónico. La policía de la provincia está bajo la crítica pública desde, por lo menos, los últimos 6 años. En Bariloche, en particular, desde los asesinatos de junio del 2010, cuando en pleno mundial asesinaron con un tiro por la espalda a Diego Bonefoi, de 15 años, y en la pueblada que reaccionó frente al hecho mataron a 2 pibes más: Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Sin embargo, el nombre de Irusta y su vinculación con el caso Solano -el joven laburante de Tartagal desaparecido, con complicidad de la policía y que se encuentra aun impune desde el 2011- también era señalado desde el Valle rionegrino. Por si fuera poco el subjefe Poblete había sido conocido en la ciudad cuando las denuncias por torturas a presos de la Alcaidía lo colocaron en el 2013 en la sección judiciales de los diarios locales.

En plena feria judicial, la reacción de la fiscalía fue lenta y recién al tercer día de la desaparición comenzaron un trabajo sistemático junto con la policía para llevar adelante rastrillajes que dieran datos sobre el posible paradero del oficial. El desgano en la búsqueda de un compañero desaparecido fue tan abrumador que incluso fue observado por el propio gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, quien afirmaba: “Llama la atención la respuesta tan pasiva de la fuerza en Bariloche ante la ausencia de un camarada, hay algo que no me cierra”.[2] Pero fundamentalmente fueron las manifestaciones que comenzaron a sucederse en Bariloche, Viedma, Ramos Mexía y General Roca, movidas por la familia del policía, las que evidenciaban la desaparición.

La información que aparecía por esos días era poca y confusa. El 15 de julio, por ejemplo, en la localidad de Colonia Catriel, el policía Néstor Meyreles compró con el número de DNI de Lucas Muñoz un chip telefónico. Este episodio le costó ser imputado como encubridor a fines de ese mismo mes. En su declaración testimonial relató que esa compra la hizo siguiendo la orden del oficial de la división de investigaciones, Federico Valenzuela. Estos dos personajes, “perejiles” según sus abogados defensores, quisieron iniciar la investigación por su cuenta.[3] Eso declararon y fueron absueltos.

Las primeras decisiones políticas sobre el caso fueron tomadas desde la Jefatura de Policía bajo el flamante mando del abogado Mario Altuna, quien resolvió trasladar a José Jaramillo, subcomisario de la 42 y también al subcomisario Rodolfo Aballay, de la -tristemente conocida- comisaría 28.[4] Altuna había llegado en abril del mismo año a la Jefatura de Policía en el medio de una tormenta de opiniones. Por un lado, daba continuidad a una política iniciada por el gobernador de poner civiles al mando de la fuerza. Una decisión polémica y resistida desde adentro del cuerpo policial. Por otro lado, era cuestionado por organismos y militantes de derechos humanos de la provincia dado que Altuna había hecho carrera defendiendo policías, entre ellos, los señalados por los crímenes de junio del 2010. La decisión de los traslados de estos jefes comenzó a producir malestar e incertidumbre dentro de la policía. Se podía empezar a oler una purga policial.

Para el 25 de julio, la procuradora general de la provincia adelantó sus peones y colocó nada menos que 5 fiscales a trabajar en la causa. Ellos son: el fiscal general Marcelo Álvarez, Marcelo Gómez –fiscal de Cipolletti-, Gastón Pierini de Villa Regina, y Martín Govetto y Guillermo Lista de Bariloche. La respuesta parecía contundente, los rastrillajes continuaron y comenzaron también las colaboraciones de fuerzas federales. La Prefectura participó de los rastrillajes en los lagos y por tierra se recurrió a Gendarmería. Así como también se apeló a personal de bomberos y al helicóptero destinado a la prevención de incendios. En la medida en que la participación policial en la desaparición quedaba cada vez más clara para los fiscales se daba intervención también a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (que ejecutó los allanamientos a las comisarías), la Policía Federal y la Agencia Federal de Inteligencia. Pero no nos adelantemos, primero el Poder Ejecutivo provincial ofreció una recompensa de $200.000 a quien aportara datos. El 29 de julio la Jefatura desplazó a Manuel Poblete, al comisario Jorge Elizondo (titular de la comisaría 42 y guardia personal del gobernador), a David Paz, José Jaramillo (subcomisario de la 42) y a los ya mencionados oficiales Irusta y Morales.

Tanto Poblete como Elizondo reaccionaron mediáticamente frente a estos desplazamientos. Ambos jefes se presentaron (siempre en los medios) victimizados y bien dispuestos frente a la justicia. Poblete denunció penalmente al jefe de la Unidad Regional III, comisario Juan Fernández, por no haber activado el protocolo de búsqueda de personas en las primeras horas de desaparecido Muñoz. En esta misma denuncia involucró al jefe de policía y el por entonces subjefe, Daniel Jara. Además narró un episodio que hasta ese entonces se desconocía. Días antes (la prensa difiere en si fueron dos días o dos semanas antes) su auto había sido baleado. Cuestión que Poblete no denunció, según sus dichos, por temor a su vida y resguardo de su familia (que por alguna razón no quedarían en peligro para este momento). También Elizondo acusó en el programa “De la A a la Z” de Canal 6 de Bariloche, aunque no lo habría hecho en la causa, al Ministerio de Seguridad y la plana mayor de la policía. En sus palabras:

…a partir de ahora no va a ser más Ministerio de Seguridad, va a ser Ministerio de Cultura, porque de nosotros hizo una actividad cirquense [sic]. Y aparte de ser una actividad cirquense faltó que nos ponga al costado una murga de custodia, la verdad que es bochornoso…[5]

El 8 de agosto los familiares del oficial desaparecido nombraron sus dos abogados querellantes, que de inmediato pidieron la separación de la fuerza provincial de la investigación. El fiscal, ahora con dedicación exclusiva a la causa, Martín Govetto, no hizo lugar a sus pedidos. La policía de la provincia a través de la brigada canes, del cuerpo especial de operaciones y rescate C.O.E.R., entre otras formas de participación en la causa, continuó haciendo “diligencias” para la investigación judicial.

El 10 de agosto, con la presencia del gobernador y su ministro de Seguridad en Bariloche, se encontró en una zona ya rastrillada y a pocos metros de donde fuera hallado el cuerpo de la joven Micaela Bravo –al parecer un triste nuevo caso de femicidio que conmocionó la provincia y que aun no ha sido resuelto- el cuerpo del oficial Lucas Muñoz.

Un sinfín de preguntas se desató con este desenlace que evidencia el temor social que el caso infunde. Esta muerte provoca pensar que existen organizaciones capaces de desaparecer y mantener en cautiverio a un oficial de la policía, de la fuerza que debe garantizar la seguridad de todos. ¿Qué queda entonces para los demás? ¿Dónde tuvieron a Lucas?, ¿por qué razón?, ¿sabía Lucas que su familia y amigos marchaban bajo viento y lluvia anhelando su regreso? ¿Cuál es el mensaje y hacia quién/es está destinado? ¿Es incompetencia de las instituciones del Estado o justamente una forma de demostrar la fortaleza de la corporación policial? ¿Por qué la reacción de la policía fue tan pasiva? Por dónde empezar a responder es el puntapié inicial para las múltiples hipótesis que se manejan del caso.

Las hipótesis

A un año de la aparición del cuerpo, las hipótesis abundan. Algunos de estos planteos los seguiremos pensando y desarrollando más adelante pero dejaremos asentados los principales en este momento de los acontecimientos. Sobre todo, porque estas hipótesis traen sobre los vivientes –en general, digo, no solo los implicados en el caso- diferentes consecuencias y efectos.

Una primera hipótesis fue la del suicidio. Esta posibilidad tomaba realidad dado que el hecho de que un policía pudiera haber desaparecido sin más era algo impensable para muchos desde fuera y desde dentro de la fuerza. Desaparecido, sin rastro. Sin ninguna información, ni siquiera cuando su familia pedía en la Catedral, en el Centro Cívico, en la intersección de las ruta provincial 23 y la ruta nacional 3, y frente a la Regional III de la policía, que apareciera. Esta primera hipótesis la descartó el fiscal inmediatamente por los rastros de las balas en su cuerpo.

Sin embargo, el suicidio parece ser un problema presente en la fuerza ya que en los últimos 5 años se contabilizan unos 12 jóvenes policías suicidados, por los que nadie responde, ni siquiera son un problema a tener en cuenta. Por otra parte, los “suicidios” –sí, las comillas refieren a la mentira- en comisarías sí cubren una estadística destacada por organizaciones sociales a nivel nacional.[6]

Una segunda hipótesis es la que refiere a las dos bandas en conflicto. Esta en particular tiene unas cuantas variantes. La idea es que existen dos bandas narcos que se disputan el territorio. En la versión más repetida, de ambas bandas participan policías corrompidos o acorralados que permiten, habilitan o hacen la “vista gorda” al enorme tráfico de estupefacientes que hay en especial en Bariloche, por ser una ciudad de frontera y de turismo. La desaparición de Lucas Muñoz podría estar vinculada a que se quedó con algo que no le pertenecía. Así, el oficial estaba secuestrado y apretado para que confesara dónde estaba la parte que se guardó. Siguiendo esta línea, su muerte, el cuidado sobre el cuerpo -que estaba limpio, con uniforme y con su arma reglamentaria- se interpreta como un mensaje mafioso. Aunque aún no sabemos destinado a quién. Probablemente a otros policías que intentaran quedarse con lo que no les pertenece. Esta hipótesis tiene el problema de no explicar por qué lo tuvieron 25 días vivo,[7] además que tampoco se encontró droga, ni rastros de la misma, en su cuerpo ni pertenencias.

Una tercera hipótesis, vinculada a esta, aunque con otra salida y otros actores del cautiverio es la del policía héroe. Es decir, la idea centrada en que Lucas sabía algo –ya sea del caso Micaela Bravo o de negocios turbios que llevarían sus jefes. Se sabe que días antes el oficial Muñoz discutió duramente con uno de sus jefes en la comisaría 42. En esta línea de pensamiento está el testimonio de su mujer, Daniela Rodio, que relata el nerviosismo de Lucas y su intento de obligarla a regresar a Villa Regina. También, en cierta forma, podría explicar cómo estuvo cautivo tantos días, negociando quizás una salida que terminó en una muerte innecesaria. Lo raro en este pensar es por qué sus compañeras y compañeros no apoyaron este acto. ¿Tan podrida está la policía que infunde este dramático temor hacia adentro? o ¿tan impensable es que alguno de sus elementos se anime a denunciar a un superior por un acto ilegal? Esta hipótesis no supone bandas sino algunos policías corruptos capaces de tapar sus errores aun con la vida de un oficial.

Finalmente, aparece la hipótesis del secuestro extorsivo. Esta línea explicaría por qué lo tuvieron vivo 25 días, justamente para negociar su salida. Los indicios que la vuelven pensable es que quienes llevaron adelante su secuestro, no eran improvisados, sabían lo que hacían. Eran hábiles en evitar vestigios. De la misma forma que supieron ejecutarlo, trasladar su cuerpo y plantarlo como lo hicieron. Algunos presumen incluso que mantuvieron a Muñoz oculto con su consentimiento, engañándolo bajo supuestas órdenes que le hacían permanecer encubierto y que finalmente, lo ejecutaron en el lugar.

El peritaje de la Corte desmiente esta opción ya que revela que el tiro que tenía en la rodilla se lo dieron pocos días después del secuestro, quizás producto de un intento de escape. La profesionalidad del accionar es indudable y terrorífico pero todavía no se explica a quién o quienes querían extorsionar. Su familia no recibió ningún mensaje en este sentido. También el gobernador niega oficialmente que haya sido un mensaje para él, aun cuando se dio aviso del lugar donde estaba el cuerpo cuando el mandatario llegaba a la ciudad. La línea política de la extorsión se sigue también en las diferencias que existían entre la fuerza y algunas decisiones políticas como la jefatura civil de la Policía o la misma reforma en progreso que se hacía sobre la ley orgánica de la policía.

Por supuesto, todas estas líneas y sus ramificaciones tienen sus difusores y convencidos. Y, como decíamos, las retomaremos más adelante en este libro, con más elementos para juzgar sus alcances. Pero vamos a seguir poniendo en orden nuestros datos, pruebas y actores, aun con la aparición del oficial Muñoz muerto.

Luces y sombras azules

La aparición sin vida de Lucas Muñoz abre una segunda etapa de este caso y un nuevo juego en las relaciones de poder y políticas de la provincia. Porque a la denuncia del “pacto de silencio” por parte del Poder Ejecutivo provincial le sigue una importante purga policial. El 17 de agosto se desplaza por decisión de la Jefatura de Policía a la cúpula policial. Sin ser imputados aun por el fiscal Govetto, la jefatura pasa a disponibilidad al comisario mayor, director de Seguridad de la provincia, Carlos Arias; al comisario, jefe de la Regional I en Viedma, Hugo Adrián Paillalef; y al comisario Oscar González. Estos se suman a los otros ya apartados durante la desaparición haciendo un total de 10. A estos desplazamientos también se agregan los traslados, como referíamos por ejemplo, del subcomisario Aballay. Cabe destacar que si bien los traslados son periódicos y se registran en la ley orgánica policial, también es histórico el habitual traslado de aquellos agentes u oficiales que tienen algún tipo de problema o conflicto, hacia otra dependencia. Una forma de ocultar -u arrojar al olvido- que además es legal.

Igual, llama la atención esta decisión, sobre todo para los oficiales que no formaban parte –por lo menos no de forma evidente- en la trama del caso y para algunos nombres que fueron olvidados en esta purga. Así algunos alzan la voz directa o indirectamente. Tal es el caso del comisario Paillalef, quien fuera jefe de la Regional III antes que Fernández pero que desde por lo menos un mes antes del inicio del caso había pedido su retiro. El eje del conflicto nada tenía que ver con Muñoz, como sí con Daniel Jara y la disputa interna entre estos para quedarse con la jefatura o más bien, por ese entonces, subjefatura (que era el lugar asignado en los últimos años a los hombres de la fuerza). También de forma indirecta surgían algunos reclamos como, por ejemplo, los del presidente de la junta vecinal del barrio Malvinas para evitar el traslado de su amigo personal Rodolfo Aballay (cuestión que se había logrado en julio del 2016 pero ya no en este nuevo contexto). Aballay estuvo en el ojo de la tormenta cuando años antes se hizo público que fue el responsable de conseguir las balas de plomo que mataron a Cárdenas y Carrasco en ese invierno del 2010, además de otras actividades como la filmación y marcación de manifestantes en marchas. Como broche de este extraño -por definirlo de algún modo- movimiento interno de la fuerza podemos mencionar el nombramiento por primera vez en la historia de una mujer al mando de la Regional III, la comisaria inspectora Rosalba Beatriz Castillo.

La intervención de otras fuerzas, la diversidad de hipótesis y los caminos sin salida que enfrentaba el caso motivó también que el 20 de agosto se elevara la recompensa a $1.000.000 y se le diera mayor difusión. El escándalo sin resolución comenzaba a dar paso a las numerosas estrategias de la politiquería y de la política. El 25 de agosto la oposición presentó un proyecto de Comisión especial de la Legislatura para investigar el caso Muñoz. Proyecto que fue eyectado de plano por la mayoría oficialista con el argumento de evitar interferir en los esfuerzos que llevaba adelante ya la justicia. La provocación –con buenos o quizás vacuos objetivos, no importa realmente- permitía ver la fortaleza del gobierno para clausurar un posible debate real sobre la policía. Pero este es justamente el trasfondo profundo de lo que aquí estaba en cuestión.

A casi 30 años de la reforma constitucional de la provincia de Río Negro existe aún una incoherencia entre la carta magna rionegrina y la centralización de la policía en el Poder Ejecutivo. La Constitución provincial prevé la creación de una policía de investigaciones dependiente del Poder Judicial. Sin embargo, usos y costumbres sostienen hasta la fecha la centralización de la policía en el Ejecutivo. Las lecturas sobre este –para nada menor- conflicto van en dos líneas diferentes.

Una primera sostiene que el Poder Ejecutivo, que se vuelve evidente en la gobernación de Weretilneck, no quiere descentralizar el poder de policía. Las razones que podemos empezar a esbozar –y sobre las que profundizaremos más adelante- se encuentran en los estrechos vínculos que existen entre un buen gobierno y una buena relación con las fuerzas del orden. Por su parte, la policía como institución tiene una tradición y carrera policial vinculada directamente al Poder Ejecutivo y la sola fractura de sus tareas implica una reforma hacia adentro con impactos poco previsibles. Cuestión que resulta antipática a la fuerza. ¿Qué sucedería con las carreras particulares en proceso? ¿Quién sería el jefe último de esta nueva repartición? ¿Si le quitan las tareas vinculadas a la justicia, están de alguna manera sospechados de no cumplirlas como se debe? Cierto es que la policía tiene un enorme poder de producir información –que la relaciona estrechamente a la justicia[8]– y que esta división por lo menos la cercenaría.

La segunda lectura golpea sobre el siempre mejor consentido Poder Judicial. La crítica responde a que la justicia debería aportar de su holgado presupuesto –basta comparar los salarios de los funcionarios del Poder Judicial con cualquiera en la Policía- la partida destinada a conformar la fuerza. Por lo tanto ésta sería la primera responsable en haber retrasado en el tiempo, desde 1988 por lo menos, la creación de una policía propia. No está de más recordar que muchos miembros del Poder Judicial tienen en nuestra provincia denuncias judiciales y públicas gravísimas por abusos de toda índole –corrupción, abuso de menores, apropiación de tierras, entre otras. Pero sin embargo, será quizás por una cuestión de clase, de status, de poder tácito y/o de franco temor, que el Poder Judicial suele ser menos cuestionado por la sociedad.

En el telón de fondo provincial del caso Muñoz se debatía la nueva ley orgánica de policía en el marco de la reforma procesal penal pronta a ser puesta en ejecución en agosto del 2017. La ley orgánica de la policía salió como de improvisto para la sociedad rionegrina, y capaz que también para algunos shockeados legisladores en diciembre del 2016. Esto significa en primer lugar la casi nula instancia de debate y el descarte de cualquier proyecto alternativo al del Ejecutivo. Entre sus críticos se preguntan por la incoherencia con la Constitución provincial; el margen de arbitrariedad para el accionar policial y la falta de control externo previsto para la fuerza. Entre quienes la apoyan se celebra la claridad y continuidad de las jerarquías policiales, la formulación del proyecto por la misma policía –según la legisladora Lastra-[9] y la necesidad de ajustarse a la inminente reforma procesal penal. En más de un sentido, esta ley producida por la policía está conforme a la policía –tal cual está hoy en Río Negro- como institución.

Para febrero del 2017, no quedó ni un solo procesado, ni imputado en la causa Muñoz. La justicia sobreseyó por falta de mérito a Elizondo, Paz, Poblete y Jaramillo.

El otro logro policial es lo que el gobernador sancionó como “fin de una etapa”. El 12 de junio del 2017 los azules volvían al frente de la Jefatura de Policía. El gobernador explicó en el discurso con motivo de la asunción de Daniel Jara las razones que llevaron a 5 años de jefaturas al mando de civiles (la seguidilla entre Ariel Gallinguer, Fabián Gatti y el ya mencionado Altuna)[10]. Lo argumentó por motivos políticos. “Veníamos de una interna de la policía” en donde “existía una excesiva partidización y politización de los mandos más altos de la policía”. A su vez, seguía el gobernador “…traía una relación traumática con el Poder Judicial…”. Desde ahora, entonces, el poder político -sentencia el gobernador- “…no se mete en la organización interna de la policía”.

¿Fin de etapa? Vale decir que es una etapa difícil de caracterizar. En los tiempos de la historia (como disciplina) una etapa está marcada por un inicio y un fin que indican ciertos cambios y/o continuidades respecto de una etapa previa y posterior. Cosa difícil de entender acá, excepto que luego de 5 años el jefe de policía vuelve a ser un policía. Lo primero que hay que decir es que el recorte excluye los crímenes de junio en Bariloche, invierno del 2010. Es decir, ese día que la violencia policial ejecutó a un chico de 15 años, mintió sobre el crimen y una pueblada reaccionó (a ese episodio que coronaba muchos otros) y se enfrentó con la policía en las calles de Bariloche. Ese 17 de junio murieron otros dos jóvenes más a manos de la policía que usó balas de plomo contra el pueblo, ese mismo que debe cuidar. Ese mismo que se defendió con piedras y meándoles los escudos. Los máximos responsables de la seguridad de la provincia, el ministro de Gobierno Diego Larreguy, y el secretario de Seguridad Víctor Cufré, que estaban en Bariloche, huyeron de la ciudad y de la justicia y aun lo hacen.

Pero también ese recorte de etapa que hizo el gobernador excluye el “caso Solano”, otro caso impune de un joven trabajador de Tartagal que como tantos otros vino a trabajar en condiciones de explotación semi-esclava a la recolección de la fruta en el Valle rionegrino. La noche del 5 de noviembre del 2011, Solano fue secuestrado por policías y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Si bien hay 7 procesados y otros 18 policías involucrados en menor medida en el caso, la justicia no avanza. El padre de Solano vivió años en una carpa de nylon en una plazoleta frente al juzgado reclamando justicia a miles de kilómetros de su familia. Aunque este último caso es identificado como el parteagua de la conflictividad de la institución policial.[11]

Con estos antecedentes comenzaría “la etapa” señalada por el gobernador. No está de más recordar que Weretilneck llegó al poder tras el trágico asesinato del gobernador Carlos Soria a manos de su esposa en el año nuevo del 2012. Entre las estrategias de gobierno el ordenamiento de las políticas de seguridad era prioritario. Por esto, la gestión de la policía así como el sistema penitenciario, pasó a manos civiles, y se intentó a partir de la convocatoria de personajes destacados como Marta Arriola -referente de la reconstrucción en las relaciones policía-comunidad en Buenos Aires- una nueva gestión policial. Ese año comenzó a ponerse en ejecución -proyecto gestado por Soria-, el fruto del convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Universidad Nacional de Río Negro, la tecnicatura en Seguridad Ciudadana destinada a la formación de oficiales policiales en el ámbito de la universidad pública. Lucas Muñoz fue graduado y abanderado –por elección de la policía- de esta tecnicatura.

Otro punto relevante a tener en cuenta fue, en el 2013, el anunció de la creación de un “mapa del delito” para Río Negro. Esta herramienta es utilizada por las fuerzas de seguridad en varios lugares del país para individualizar bandas, sectores y anticipar posibles crímenes en base a los antecedentes recogidos por la justicia y la policía. La presentación de esta herramienta fue duramente criticada por organizaciones sociales vinculadas al trabajo en los barrios y con jóvenes. Lo que las cartografías policiales mostraban eran zonas rojas de delito que teñían las zonas más pobres de las ciudades como Bariloche. Qué novedad, la más que usada asociación entre la pobreza y la delincuencia. La gráfica exponía pobres y olvidaba delincuentes de uniforme o traje y/o los delitos de otra clase social.

Para poner un ejemplo, entre los crímenes cartografiados aparecía la comercialización de droga. Los circuitos de la droga quedaban en los márgenes sociales, en los barrios del “alto”, cuando todos sabemos –y sin duda los especialistas en seguridad, más- que esto no es así. Ni la venta, ni el consumo se restringen por ingreso económico. Pero el “mapa del delito” era muy preciso en delimitar estas fronteras.

Para fines del 2013 un levantamiento policial sitió la capital provincial –con repercusión en otras ciudades también- y, rápidamente, las y los “manifestantes” lograron el aumento salarial que esperaban.[12] Unos 20 policías fueron procesados por esta acción. Este hecho dejó en evidencia el poder de negociación policial, que a pesar de venir golpeada como institución, desacreditada socialmente y con intentos de disciplinamiento desde el gobierno, igual mostró su capacidad para negociar. Las asperezas entre gobierno y policía, si existieron, se limaron en esta etapa. Así lo presentó el gobernador en abril del 2017 cuando nombró a Daniel Jara jefe de la Policía de Río Negro. Pero, cómo se concluye una etapa con crímenes policiales que aun esperan justicia. Y más aun, con el secuestro, desaparición, cautiverio y homicidio de un hombre de la fuerza y con miembros de la fuerza involucrados. ¿A qué etapa pertenece este muerto? La que terminó –esa extraña búsqueda de transición hacia una policía profesional o democrática-, o la que viene -una policía que define su ley, cierra filas sobre el silencio y vuelve a su tradición de Jefatura. Sería bueno entenderlo.

Algo desconcertante debemos mencionar acá. La familia de Muñoz no fue invitada, y ni siquiera su muerte fue mencionada el 8 de diciembre del 2016, el Día de la Policía rionegrina. Una fugaz condolencia apareció en la página de la misma y fue borrada de inmediato. No se siguieron los protocolos de bandera a media asta tras la aparición del cuerpo del oficial. Ni siquiera se mencionó ni remotamente contemplarlo como un “caído en cumplimiento del deber”.

El escenario del caso Muñoz: Bariloche

Bajo el sol desaparecen en Pampa de Huenuleo.

Bajo el frío, el hielo de la muerte

desaparecen

en Pampa de Huenuleo.[13]

Bariloche, la ciudad de los estudiantes, el turismo y la belleza natural. Una referencia de la naturaleza a nivel internacional, lagos, montañas, bosques, arroyos y qué no. Y también, la ciudad de las dos caras, la llamada Suiza argentina. El pueblo devenido en ciudad de forma vertiginosa. Ubicada sobre la frontera nacional. Desmadrada en su crecimiento. Situada en Río Negro pero a veces tan lejos. Ahora también, según versiones policiales a la prensa, un castigo para los policías que son trasladados a la ciudad. Bariloche es cara, complicada, un poco como maldita.

Bariloche suele mostrar una cara para el turismo y los visitantes de toda índole que es la del centro de la ciudad y los barrios que se instalan siguiendo la ruta 237 que bordea al lago Nahuel Huapi. La cara que se oculta es la que está detrás del cerro Otto donde están las barriadas del “alto”, los pobres, para sacar los eufemismos. Esta distribución geográfica de la desigualdad tiene sus propias fronteras de tránsito interno. Por ejemplo en las posibilidades de moverse en una tercera zona que es el centro. Lugar de los turistas, el comercio y la administración. Los pibes del alto por ejemplo no pueden circular en libertad por el centro. Los pibes de los kilómetros, cuando lo hacen, tampoco pueden moverse sin cuidado por el alto. Más o menos esta es la denuncia que está en la base de todos los reclamos sociales y asistenciales, incluso de los trabajadores del municipio por ejemplo. Una tercera zona que viene despuntando últimamente es el “este”. La diferencia está más bien en su novedad que en la percepción que la asocia a “los kilómetros”. O sea, una zona para la clase media.

Esta cartografía condiciona y delinea la circulación policial, como dejó en evidencia el mapa del delito que presentó el gobernador en Bariloche en el 2013. Los policías que trabajan en la comisaria 27 (en barrio Melipal) saben que tendrán un trabajo más relajado que los que trabajan en la 28 (en el barrio Boris Furman), por ejemplo.

Sin embargo, esta forma de pensar el mapa, aunque fue útil y clara durante mucho tiempo, se está poniendo vieja y bastante poco explicativa, y fue sin duda la masacre de junio del 2010 a manos de la policía de Río Negro el hecho que lo expuso a todas luces. Esta división binaria, híper-simplificada de los kilómetros y los barrios del alto forma parte del sentido común de la ciudad. Explica prácticamente todo y ayuda a crear un imaginario que vuelve a la desigualdad estructural casi un fenómeno natural.

Esta cartografía binaria no permite explicar un hecho particular que se dio como efecto de la conmoción social que vivió Bariloche en ese junio del 2010. Me refiero a las marchas “en contra” de la policía y, más en especial, aquellas dos “a favor” de la misma. La miríada de posiciones en relación a lo sucedido se resolvió sobre el calor de los eventos en estas dos manifestaciones. Lo llamativo es que las marchas en contra y a favor estaban conformadas por personas de iguales procedencias del mapa de la ciudad. Es decir, en las dos había gente del “alto” y de los “kilómetros” y del “este”.

Las calles tienen esta forma particular de contar y escenificar lo que afecta a la sociedad y estas marchas movilizaron el grueso de la población barilochense. Al paso de estas se evidenciaba cómo esos mapas trazados reducían una complejidad mucho más profunda hacia adentro de los barrios, todos.

El censo del 2010 demuestra que el 40% de la población de Bariloche no nació en la ciudad. El grueso de estos migrantes proviene de otros lugares del país. Cuando uno observa la ciudad, barrio por barrio, se encuentra que hay una amplia heterogeneidad, por ejemplo, en cuales son aquellos barrios que no tienen sus necesidades básicas garantizadas, o bien en la procedencia de los migrantes que los habitan (por ejemplo los migrantes internos rionegrinos se sitúan en algunas zonas del alto, mientras el grueso de los migrantes porteños se instala en los kilómetros). Esto indica que la segregación no es simplemente de clase social o económica sino que existen búsquedas diferenciadas en la migración y también racismo en la distribución geográfica. Además, dentro de los kilómetros también hay barrios marcados como “peligrosos”, hay tomas y asentamientos (de pobres y, también, de clase media), hay comunidades mapuche. Así como en el alto hay barrios de clase media trabajadora, barrios de planes de vivienda y asentamientos. Hay barrios marcados por las pertenencias institucionales (militar, Parques Nacionales, INTA, etc.). Por último, en toda la cartografía -ya sea alto, kilómetros o este- existen barrios privados, una nueva experiencia de vida vigilada para la ciudad. Por lo tanto es necesario profundizar en las diferencias sociales en la sociedad barilochense, antes de asumir rápidas explicaciones.

Sobre esta realidad caminaba las calles Lucas Muñoz, de esta ciudad fue tomado con vida un día que iba a trabajar desde su pensión en el centro hacia una comisaría del alto. Este paisaje lo tuvo cautivo durante 27 días y el 10 de agosto del 2016 su cuerpo apareció en la circunvalación de Bariloche.


  1. Para el armado de este capítulo tomé la información de un mínimo de 90 notas publicadas en la prensa entre el 15 de julio del 2016 y el 15 de julio del 2017. Los diarios utilizados principalmente son: Clarín, La Nación, Página 12, Diario Río Negro, Bariloche 2000 y El Cordillerano.
  2. https://bit.ly/2rMgj7N.
  3. https://bit.ly/2rLQncw.
  4. Epicentro y responsable de los crímenes de junio de 2010.
  5. Emisión del programa “De la A a la Z”, emitido por Canal 6, conducido por Mario Sandoval el 3 de agosto.
  6. A nivel local en enero del año 2011 apareció muerto en la comisaría 12 de El Bolsón “Coco Garrido”. Supuestamente, un suicidio. Sus familiares, amigas/os y la comunidad de El Bolsón marchan desde entonces reclamando justicia.
  7. Dentro de esta línea se suma también la especulación de que lo hubieran matado y congelado y esperado el mejor momento para arrojar su cuerpo. Cuestión que se descartó tras la autopsia.
  8. La relación entre policía y justicia tiene ramificaciones importantes y de larga data. El espectro cubre tanto la producción de la información a la que hacemos referencia, hasta las relaciones familiares entre las que podemos destacar varios matrimonios entre policías y miembros del Poder Judicial.
  9. Véase intervención de Lastra en la sesión del 16 de diciembre de 2016 en: https://bit.ly/2LqXu3h.
  10. Algunas voces sostienen que el poder civil al mando de la jefatura era simplemente una limpiada de cara. Sin embargo, varias voces internas de la policía y autorizadas por jerarquía y trayectoria gustaron de criticar estas jefaturas.
  11. Otros casos de violencia policial se encuentran detallados en el Informe realizado por la Multisectorial contra la represión policial (2016) en el fb de la organización: https://bit.ly/2Lqi6IK. La multisectorial fue creada como reacción a la masacre de junio de 2010.
  12. Este aumento se resolvió con rapidez pero cabe destacar que la negociación de los sindicatos de trabajadores del estado tuvieron –y sostienen- una larga lucha por delante para lograr algo de lo demandado al gobierno provincial. Además, el discurso actual del gobernador arremete directamente contra los gremios denunciándolos de atentar contra la vida de los policías. Por otro lado, los gremios docentes han denunciado desde el 2016 la infiltración policial así como la “toma de asistencia” por parte de policías en las escuelas los días de paro (véanse las denuncias de UnTER, tanto públicas como penal de marzo del 2017).
  13. Graciela Cros (2017) Pampa de Huenuleo. Ediciones en Danza, Buenos Aires.


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