De la emergencia en seguridad a la doctrina Chocobar (2016-2018)

Este libro se comenzó a escribir con la desaparición de un policía de Río Negro en julio del 2016. En comunidades chicas, como Bariloche, donde nos conocemos entre muchos este tipo de hechos remiten a experiencias cercanas, a gente conocida, y en parte por esto se vuelven personales. Pero también la figura de desaparición seguida de asesinato remite a la trágica historia reciente de nuestro país. De aquí se desprenden y transitan lugares comunes a partir del caso Lucas Muñoz.

“¿Quién mata a Lucas Muñoz? Versiones sobre la vida, desaparición y muerte de un policía rionegrino” Se terminó de escribir en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado un año después. La obra compitió y obtuvo la primera mención en el concurso de ensayos de narrativa testimonial en conmemoración de los 40 años de la desaparición y fusilamiento de Rodolfo Walsh propuesta por el Fondo Editorial Rionegrino (FER) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro. En esta edición se respetó la obra sin abundar en datos que tenemos en el presente. No obstante el tiempo transcurrido demuestra que muchas de las tendencias sociales que aquí se esbozan se profundizan día a día en nuestro país. Por esto, además de la obra original sumamos un breve estado de la cuestión sobre estudios policiales en Patagonia.

Las políticas de seguridad de la Alianza Cambiemos avanzan a paso firme desde el decreto de emergencia en seguridad de enero de 2016. Desde entonces, y sin reparar en chicanas que han provocado movilizaciones masivas de quienes defendemos los derechos humanos, también se liberó a genocidas condenados o se les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Asimismo, en julio del 2018 se progresó –siempre por medio de decretos y decisiones unilaterales del ejecutivo- en la disolución de la legislación que distingue entre seguridad y la defensa habilitando de esta manera a las fuerzas armadas a entrometerse en cuestiones de seguridad interior. Cuestión que retrotrae los avances jurídicos y sociales hasta antes de 1983. Los militares fueron apartados de su intromisión en seguridad interna porque asesinaron miles de personas (de aquellas que debían defender) bajo el pretexto de la existencia de un enemigo interno. Y ahora también, diciembre del 2018, estamos presenciando la legalización –a partir de la llamada “doctrina Chocobar”^[1]– del gatillo fácil. Hoy cualquiera de nosotros podemos ser blanco de una ejecución policial, porque está permitido tirar antes que defender la vida.

Tal y como lo anticipó -tan sabiamente siempre- Rodolfo Walsh con sus “milongas clásicas” las variaciones de excusas policiales ahora están legitimadas^[2]. La sospecha que suele usarse -de forma más asidua que lo que el común de la gente imagina- como justificativo luego de un abuso, de un disparo que da muerte, cuenta hoy con el respaldo del gobierno nacional. Por supuesto, estas políticas de seguridad se dan en un contexto de despidos masivos, como consecuencia del cierre de fábricas, comercios e incluso de ministerios de nuestro país (salud, trabajo, ciencia y técnica, nada menos). Por supuesto entonces, ya sabremos quienes serán las víctimas de los disparos preventivos. Por suerte también dentro de las mismas fuerzas hay voces disidentes.

Mientras tanto en el sur, y casi como un calco de lo que sucede en el país trasandino, se construyen históricas fantasías de amenazas. Un supuesto grupo terrorista mapuche, la R.A.M., que prácticamente satisface todas las puntos del imaginario nacional respecto de los “indios maloneros” del siglo XIX. Ciudades atravesadas por conjeturadas bandas “narco”. Estos “flagelos” que la prensa adicta engorda y revela cada día hacen lugar a opiniones discriminatorias e ignorantes que abren las puertas de par en par a sitiar silenciosamente pero a la vista de todos las ciudades patagónicas. Los mapuche vivieron en esta tierra mucho antes de que Chile y Argentina fueran imaginadas por nuestros libertadores, fueron violentados por ambos estados nacionales y gracias a su fortaleza y constancia forman hoy parte de nuestra sociedad, de nuestro propios órganos de gobierno, son parte de nuestras ciudades interculturales y es gracias a ellos que en parte nos confrontamos día a día con la responsabilidad de vivir y crear una sociedad mas justa e igualitaria, que busque erradicar el racismo y reparar históricamente el daño causado por la Conquista y el sometimiento de la “civilización”.

Durante el año 2017 la supuesta policía modelo de Sudamérica, los carabineros de Chile, fue protagonista de dos escándalos que en nuestro país pasaron desapercibidos. Primero fueron denunciados por corrupción y robo de 38 millones de dólares lo que le costó el cargo a la cúpula de la fuerza. Segundo, fueron condenados por fraguar información relativa a dirigentes mapuche falsamente acusados de actos terroristas. La llamada “Operación Huracán” fue un montaje de la policía en donde quemaron camiones acusando a 6 comuneros mapuche. Aun así, este año el gobierno de Piñera creó una nueva fuerza de asalto para la región de la Araucanía y advirtió que esta fuerza está destinada a los terroristas y –atención- a todos aquellos que “colaboren”. ¿Quienes serían estos? ¿Quiénes seriamos estos? Hoy lamentamos el asesinato de otro comunero mapuche, Camilo Catrillanca, a manos de los carabineros en la Araucanía. Catrillanca no estaba haciendo nada más que trabajar y, claro, ser mapuche.

Paralelamente, las luchas sociales, la memoria viva del pueblo y las familias y amigas/os de las víctimas han logrado históricos procesamientos, llevando al banco de acusados policías que amparados en sus redes de poder se creían intocables. Me refiero a los juicios por la desaparición y asesinato de Daniel Solano que logró condena a 7 efectivos policiales. La sentencia histórica en los casos de la masacre de junio del 2010 en Bariloche que dictaminó cárcel a 6 policías, entre ellos el ex secretario de seguridad de la provincia Víctor Cufré, por los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

Aunque tristemente muchos partieron sin justicia como Julieta Vinaya, madre del joven Atahualpa, muerto en Viedma con involucramiento policial. Gualberto Solano, padre de Daniel, que murió sin poder enterrar el cuerpo de su hijo porque ningún policía rompió el pacto de silencio. Pero atención policías también, los que van al banco de acusados, son uds, no así otros responsables políticos que dan órdenes, ni miembros del poder judicial que también son parte de estas redes de poder. Y como ya expresó un policía en sus memorias, el hilo siempre se corta por lo más delgado.^[3]

Los muertos nos están anticipando acciones y políticas que avanzan sobre algunos “sospechados” que pueden ser mapuche o anarquistas, como Rafael Nahuel o Santiago Maldonado. Pero que a la larga puede ser cualquiera. Incluso un oficial de la policía como Lucas Muñoz o un niño como Ismael Ramírez. Hablo de estos temas que son parte de lo que Lucas, policía, bandera, hijo, hermano y amigo, es y representa. Hablo de esto porque sobre el caso Lucas Muñoz dos años después no hay mucho más para contar, hasta que los que callan rompan el silencio y mientras los que pedimos justicia seguimos marchando sin ninguna novedad.