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2 El transa

… eh Chupete, decime que hace un patrullero sin patente,

rondando por el barrio y hostigando a mi gente.

Va a salir por la radio diciendo que somos delincuentes.

Ya lo sé, que así es.

Estas guardando al comisario que sabes que es culpable y se hace el inocente…[1]

Se despertó de un sobresalto pensando que llegaba tarde al trabajo, una gota le corría por la cara. El piso estaba helado y húmedo, tanto que ni siquiera sentía ya la mano que le habían destrozado. A lo lejos, como en otra habitación escuchó un, “Ahhh pero buen día ¿se despertó la princesa?”. De inmediato fue volviendo a su realidad, era tan metálico el gusto a sangre que prefería el mate lavado de la 42. “Si no decís donde lo tenés, no vas a salir de acá, gil” escuchó alguien más cerca. Algo en la voz le era familiar pero tenía la cara tapada. Una especie de gorro de lana sudado y mugroso le impedía reconocer cuantos y quienes lo tenían. El frío lo partía al medio pero por suerte le impedía especular con las formas en que lo podían seguir apretando.

La información tiene vías de circulación -muchas veces secretas- y de jerarquización que terminan en la vidriera de los medios y las redes sociales. Quién produce y quién define qué información se transmite y cuál se oculta, cuál se reitera una y otra vez y cuál -si llega- se suspende o se arroja al olvido, son algunas de las preguntas que guían este capítulo. Este circuito también instala nociones sobre las cosas y la gente que son aceptadas o rechazadas, naturaliza términos, impone discursos y verdades. A la larga, crea sentidos comunes, que como bien dice el dicho, es el menos común de todos. Este capítulo habla de Lucas Muñoz, el “transa” como escuché decir más de una vez en los rumores “bien fundados” de las personas que conforman la sociedad con la que charlo, ceno o me encuentro en los pasajes de la cotidianeidad. El transa y también, la víctima. Una categoría largamente disputada en nuestro país.

Muñoz carne del show mediático

El misterioso caso del policía desaparecido y muerto tomó una dimensión mediática notoria y la cobertura de medios nacionales fue constante. Evidentemente no alcanzaba con el drama que el caso en sí suscitaba, o bien, era una oportunidad excelente para instalar versiones que explicaban los motivos de fondo de los hechos. Versiones que como veremos guardan una profunda consonancia con las políticas de la seguridad a nivel nacional. A la vez que aportan imágenes a los repertorios que engrosan las definiciones de víctimas.

El autoproclamado “gran diario argentino” viene aquí a la cabeza de este show. Para el 22 de agosto, Claudio Andrade recoge la información de una “verdadera célula de investigación paralela” y vincula el asesinato de Muñoz con el crimen de Micaela Bravo.[2] Esta joven, madre de 3 niños, estuvo desaparecida durante 15 días y su cuerpo -maltratado- apareció a escasos metros de donde meses después se halló el de Muñoz. Micaela Bravo se suma a la malamente armada estadística de femicidios de nuestro país.[3] Su rostro ensamblado en pancartas marchó junto a la familia Muñoz, inundó las redes y también fue bandera de las cada vez más numerosas marchas de “Ni una menos”. Como en otros casos de violencia extrema hacia una mujer, los medios -en un patchwork de morbo e indignación que vende bastante- narraron hasta el último detalle de su vida y de su cuerpo sin vida.

Las coincidencias en los casos y la participación -declarada por el diario- de Muñoz en la investigación del crimen de Micaela cerraron el círculo explicativo para vincular ambos casos a los mismos perpetradores. En esta nota también se introduce la idea de bandas narco -y posiblemente vinculadas a la trata de personas- que disputarían territorio. Sin embargo, esta nota abonaba la idea de que Muñoz era un policía limpio que buscaba llevar a justicia el caso Micaela.

Menos de una semana después, Gonzalo Sánchez,[4] en el mismo diario, invierte totalmente esta hipótesis en su “retrato de la ciudad más violenta de la Patagonia”, y promueve -aferrándose discursivamente a esos lugares comunes establecidos ya de antemano en los lectores- que Muñoz no era ningún héroe.[5] Para fortalecer su sentencia invoca la autoridad del fiscal: “La justicia descree de la historia del policía héroe”. El fiscal Govetto personifica la justicia en el relato del periodista, aunque su fuente no es el fiscal sino un “investigador”. Sánchez introduce varios rasgos que van ilustrando el perfil de Muñoz. Primero que “Creen que Lucas integraba una banda de policías narcos y que pudo haber participado con varios de ellos en una fiesta sexual con mujeres esclavizadas. Otra línea señala que podría haberse quedado con cocaína de un decomiso para “hacer su propio juego”. La nota continúa construyendo la Bariloche de las dos caras, el alto violento y criminal y el paraíso para los turistas. También esta versión de las fotos de fiestas sexuales se rumoreaba en los pasillos de los tribunales barilochenses.

Para septiembre se publicaron 3 notas que fueron incrementando la percepción de corrupción sobre Lucas Muñoz y la policía rionegrina. La primera de ellas, del 2 de septiembre,[6] mencionaba “misteriosas” transferencias bancarias del policía hacia una de sus ex-mujeres. Resaltaba también que Muñoz no era ningún trabajador ejemplar. La segunda, del 11 de septiembre,[7] basada en los datos extraídos del teléfono de Muñoz, refería a una deuda que el policía tendría con “personajes” de la noche barilochense, “dos narcos a los cuales se los asocia con dos jefes suyos”. En la nota se reitera desde diferentes voces -anónimas- que “siempre andaba a la caza ‘de algún fasito’.” También se hacia referencia al “estado” psicológico de Muñoz y, según una fuente de la provincia “Era un chico disoluto, fumador, pero no era alguien importante en la escala delictiva policial”.

Esta última frase me resuena extrañamente. Escala delictiva policial. O sea que no solo está totalmente certificado que hay una corrupción policial, implicada en bandas narco, sino que las autoridades provinciales reconocen hasta una escala. Esto que mínimamente debería sublevar a cualquier audiencia aparece, más bien, como un conocimiento tácito y compartido. Por esto remata la nota (y en negritas) “la situación se les fue de las manos a sus captores y lo mataron”. Fumón, fiestero, deudor, corrupto y vago, ah, y bueno, lo mataron.

¿Cómo se construyen estos relatos periodísticos? Las fuentes del periodista no se revelan. Uno entiende que es parte de su trabajo mantener a resguardo sus informantes o eventualmente nombrarlos para hacer algún tipo de negocio, deferencia o también de escrache. En este caso que analizamos se nombran de forma genérica fuentes policiales, judiciales y de provincia. Pero ¿quién produce la información en primer lugar de estos informantes?

Tanto para la prensa como para la justicia los principales creadores de datos, sospechas, ideas y pistas son desde tiempos muy antiguos los policías. Lo aclara el fiscal Govetto en una reciente nota: “Considero que había suficientes elementos para investigarlos [se refiere a los policías que fueran procesados]. Aparte era la misma Policía la que nos traía eso. Nosotros como fiscales no producimos investigaciones, nosotros como fiscales la dirigimos”.[8] De más está decir que esto lo puede corroborar cualquier periodista que trabaja en policiales, me dice una periodista local. En relación a las fuentes de “Provincia” podemos remarcar que fue el gobernador o “la provincia” -refiere a informantes del Poder Ejecutivo- quienes comenzaron a desplegar la idea de las bandas narco de las cuales forma parte la policía provincial, que depende del Poder Ejecutivo. Esto último lo aclaro porque la disociación que produce el posicionamiento de la gobernación a veces sorprende.

Por otra parte, la información policial viene cargada de datos, pruebas, sospechas y también de rumores. En una entrevista a un cabo de policía le pregunté por el caso Muñoz. Me explicó que lo que se dice en la policía es que “en algo andaba” y también que “uno sabe dónde meterse y cuándo callarse”. Que esto es parte del trabajo. Me pregunto si esa conclusión parte del desenlace del caso Muñoz, es decir, de su homicidio, o siempre manejaron esta información respecto de un colega. Le pregunté, ¿lo conocías personalmente? Y me dijo que no.

Entonces pienso en los rumores como forma de transmisión de versiones y de conocimiento, y también como forma de construir verdad. Tema delicado sobre el que voy a volver. El rumor ha sido estudiado por historiadores clásicos, como Georges Lefebvre. Este investigador estudió cómo a través del rumor y su rápida propagación se produjo uno de los levantamientos campesinos más impresionante de la historia, el “gran miedo” durante la Revolución Francesa de 1789.[9] Cuando nos referimos al rumor estamos pensando no solo en lo que se dice –que puede ir cambiando, cargándose de matices y énfasis- sino en cómo se dice y qué efectos produce. Los estudiosos del rumor saben que opera en por lo menos dos direcciones. Una, generando identificación entre sujetos que comparten en ese relato lugares e intereses comunes. La otra, en hacer circular ese rumor. Cuando el rumor refiere a un hecho cargado de incertidumbre y temor lo potencia. El rumor es central en la propagación del terror.

La prensa opera como difusora y jerarquizadora de versiones de estas verdades en apariencia -y hacia adentro de nuestras cabezas- irrefutables. Una de las formas de certificarlas es escalar en información que abunda la versión del policía corrupto pero “perejil” que quiso trepar en una trama de poder que lo excedía. Y ahí llega la nota –también en Clarín- que corona todas estas sospechas: “El crimen de Lucas Muñoz llegó hasta los medios de Sinaloa”.[10]

Para los que no siguen series televisivas sobre narcos y policías, que tiene una creciente diversidad impresionante en las ofertas de los últimos años, Sinaloa es conocida por ser la ciudad base del famoso narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán. Es decir que en un solo acto vinculan la ciudad “más violenta de la Patagonia” con una de las más violentas del planeta, según el diario Clarín. El titular de tapa del diario mexicano El Debate dice: “Tenía deuda con el narco y se la cobraron muy cara. El policía realizaba negocios con los narcotraficantes junto a sus jefes y compañeros.”[11]

¿Qué más decir? Si un diario mexicano y de Sinaloa (que algo debe saber sobre narcos) declara que Muñoz era efectivamente un narco, no queda otra que asumir la cruda verdad. Ahora, si uno se toma dos minutos para mirar la nota del diario internacional se da cuenta inmediatamente que la nota es una simple celebración del periodista del medio argentino festejando que su propia nota fue levantada por la prensa internacional. La cosa cambia un poco. La nota mexicana dice expresamente que toma la información de Clarín, copia frases textuales y usa sus fotos. Cada vez queda más claro que cada uno juega su juego con este caso.

O sea que sumando estas verdades –digamos- el oficial Muñoz era lo que me han sintetizado algunos periodistas, policías y miembros de algunas organizaciones sociales como “un transa”. Un cana de esos que fuma porro, anda de putas, se queda con vueltos y que nada tiene de héroe, ni cerca. Con estas notas, sumado al prontuario que tiene la policía rionegrina y con este remate de “estado psicológico” personal de Muñoz, la víctima del caso cada vez parecía menos víctima y más, parte de lo mismo. El crimen encontraba en el imaginario una explicación, el viejo y conocido “algo habrá hecho”. Aunque ni la familia ni los amigos de Lucas abandonaban las calles y su reclamo de justicia.

Las víctimas que se la buscaron

“Pero digo yo ¡¿Las víctimas tienen que tener carnet de monaguillo?!” Me dice mi compañero reaccionando por el manoseo sobre la figura de Muñoz. Me quedo pensando qué hace de una víctima, una víctima y qué le quita la legitimidad de serlo. Esta pregunta tiene un largo recorrido en los estudios sobre violencia de estado, genocidio y terrorismo. Debates en los que nuestro país se coloca a la cabecera. En parte por su producción intelectual pero fundamentalmente por las importantes y constantes luchas sociales de organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, CELS, y muchas más. Y también por las políticas de la memoria sostenidas alternadamente por gobiernos –como el de Alfonsín o los de los Kirchner- y por las luchas sociales que nunca dejan decaer el debate por la memoria, la verdad y la justicia. Voy a tomar dos temas recurrentes de nuestra historia reciente.

Cuando los crímenes de la dictadura salieron a la luz a partir del Informe de CONADEP de 1984 y del juicio a las juntas militares en 1985, quedó en evidencia que nos e trataba de hechos aislados e individuales sino de delitos organizados cometidos por el estado argentino en connivencia con sectores económicos de poder en el país y del exterior. Quedó en evidencia que había existido un plan sistemático de exterminio en nuestro país, operado por el estado y contra nuestra propia gente. Los crímenes de estado llevados adelante fundamentalmente por la cooperación de las fuerzas de seguridad -con el encubrimiento del Poder Judicial- además de otras instituciones (como la iglesia católica) conforman lo que se llamó terrorismo de estado. Los crímenes incluían el secuestro y desaparición forzada de personas llamadas “subversivas”. Esta marcación habilitaba –aunque de forma clandestina- a las fuerzas de seguridad a llevar adelante vejaciones de todo tipo: asesinatos, torturas, robos de bebés, violaciones, encierro en campos de concentración diseminados en todo el país, entre otros dispositivos instrumentados por el terrorismo de estado.

Cuando estos crímenes se narraron públicamente las primeras versiones describieron a las víctimas como inocentes. En parte, porque el terrorismo de estado “chupaba” gente que consideraba subversiva según parámetros muy difíciles de definir. Por lo tanto, si bien en el primer año de instalación de la dictadura desaparecieron los miembros de las organizaciones armadas (ERP, Montoneros, FAR, FAP, etc.), los operativos de las patotas continuaron varios años más llevándose trabajadores, sindicalistas, comisiones internas de fábrica enteras, gente sospechada, familiares de los ya desaparecidos, y muchas personas que nada tenían que ver ni con el comunismo, ni con el peronismo, ni con la revolución. Esta arbitrariedad del poder no fue un error sino una forma de explicarle a la sociedad toda -mientras los secuestros continuaban y los gritos que atravesaban las paredes de los centros clandestinos de detención llegaban a los vecinos- que cualquiera podía terminar siendo un/a “subversivo/a”.

Sin embargo, en la inmediata pos dictadura, las víctimas fueron descriptas como inocentes, lo cual permitía reunir la condena general de la sociedad argentina a la dictadura. Esto abría una pregunta que se discutió largamente. Entonces, ¿había víctimas que no eran inocentes? Y peor aún, esas víctimas a secas, merecían la detención ilegal, torturas, y una muerte sin tumba donde llorarlos. En este razonamiento se podía ver la continuidad de uno anterior que resonaba durante la dictadura que era “algo habrán hecho”. Quizás no está de más aclarar que nuestro país en sus leyes no acepta bajó ninguna circunstancia la pena de muerte, ni las torturas.

Además esta interpretación y clasificación de las víctimas entre inocentes y las otras, nos oculta el real fin del poder del estado terrorista que fue hacer desaparecer, por medio de administrar el terror y la muerte, todo aquello que se entendía como disidencia política -en todos sus niveles (políticos, intelectuales, artistas, trabajadores, estudiantes, adolecentes y niños, entre otros). La clasificación de víctimas oculta el hecho de que el trabajo de las patotas y toda su cadena de involucrados, los centros clandestinos de detención, los quirófanos precarios donde las madres parían a sus hijos y luego las mataban para llevárselos estaban destinados a una solución final de las diferencias políticas. ¿Para qué? Principalmente, para instrumentar un plan económico sin la resistencia de ningún sector. Pero también para desarrollar una nueva sociedad.

Por esto, en años subsiguientes se buscó reponer quiénes fueron estás víctimas, todas. Porqué fueron consideradas una amenaza, su militancia política, sus relaciones de amistad y familiares, sus luchas dentro de sus escuelas, trabajos, clubes, iglesias.

Ser una víctima era una decisión ya tomada por la cadena de poder terrorista, por cada una de las partes intervinientes en el secuestro y tortura y en muchos casos también la muerte. Por esto, ser una víctima tampoco implica que la persona quede despojada de su esencia, de aquello que deseó y todo por lo que luchó. Ni tampoco que la víctima pierda su capacidad de resistencia. Sino que a partir de esta trágica experiencia argentina –como en otras experiencias genocidas en la historia humana- se busca explicar la correlación de fuerzas para entender las reacciones de las personas en esos contextos. Como ensaya Pilar Calveiro “La reivindicación de la víctima inocente como si fuera más víctima que la víctima militante, por ejemplo, no es más que una manera de reforzar la noción de que efectivamente no se debe resistir al poder”.[12]

Otro ejemplo para pensar cómo se manipula la imagen de la víctima, más recientemente en la arena pública, es la de las mujeres víctimas de femicidios. Afortunadamente, los encuentros de mujeres y las marchas de “Ni una menos” han cobrado un enorme nivel de participación, de mujeres principalmente -pero también de varones- en todo el país. Estas movilizaciones reúnen personas de diferentes militancias sociales y políticas, clases sociales, edades, grupos étnicos, regiones del país, y se han convertido en un verdadero hecho social que ya tiene muchos especialistas pensando sus potencialidades. La consigna que aglutina apunta a darle visibilidad a los crímenes contra las mujeres. A pesar de esta enorme lucha que muestra una conciencia de género con pocos precedentes –en cantidad de gente y a través de tantos espacios- cada vez que aparece una nueva mujer violentada, desaparecida o muerta, los ojos de la prensa y el público consumidor en general voltean sobre los antecedentes de la víctima.

Aquí comienzan verdaderos despedazamientos de estas mujeres. Que si son pibas jóvenes (incluso nenas) hay que ver cómo andaban vestidas, a qué hora y con qué compañías. Estos datos son centrales para juzgarla. Si la víctima es joven y pobre, entran a aparecer en redes sociales, por ejemplo, montones de opiniones denigrando las posibles y supuestas actividades que realizaba. Si esa mujer atacada era militante de algún partido en particular, la mujer queda de lado y se ataca sus posicionamientos, mensajes y fotos. Se llega a ventilar detalles muy íntimos de las víctimas que no dejan de sorprender. O también se caracteriza la violencia como crímenes pasionales que apuntan de nuevo más a lo que habrá hecho la víctima que ¡Hola! el/los sujeto/s que la violaron, torturaron, golpearon, amedrentaron o mataron.

De nuevo, las preguntas, ¿hay víctimas que se merecen lo que les sucede? En la letra de la ley argentina, no. En la justicia es otro cantar. ¿Hay víctimas con más/menos legitimidad? Sin duda. Lo importante es entender por donde pasa la naturalización de las víctimas que pueden ser violentadas y aquellas por las que todos nos horrorizamos. Hay cuerpos que duelen más que otros. Esta clasificación de las víctimas no es natural, ni común, ni obvia, sino creada y aceptada por nosotros, la sociedad.

Y, ahora, volviendo sobre Lucas Muñoz, se nos abren varias preguntas. Que Lucas Muñoz fuera policía y de la Policía de Río Negro, de movida, lo vuelve menos víctima. Afuera de la institución escuché algunas reflexiones que decían, “¿Qué querés? Está difícil salir a defender a un policía. La policía pega, tortura, está podrida”. Cuando las versiones del “transa” se generalizaron, ayudaron a sellar los supuestos de todos los que tenían un poco de dudas. Les dieron tranquilidad para no movilizarse por el caso, para acallar sus dudas. Desde dentro de la institución me dijeron, “Mira, uno sabe cuando callarse y dónde no meterse. Además ese pibe andaba en cualquiera”. Llamativo como el sentido común reúne personas que nunca creerían que están pensando lo mismo, civiles y azules. Es como que, en el fondo, hay un montón de conocimiento compartido que ni siquiera nos permite pensar que está ahí. Seguro que por eso tampoco nos proponemos cambiarlo.

Un último punto sobre el que me gustaría detenerme: la muerte cuando uno es policía es parte de los riesgos en el trabajo. El sacrificio ¿es parte constituyente de la tarea policial? Esta cuestión ayuda a entender también por qué hay tantas vírgenes en las comisarias. Por esto en la clasificación que mencionábamos de las víctimas, este punto ayuda a pensarlo como un poco menos víctima. La muerte en servicio es una de las salidas posibles/esperables. Además el sacrificio policial es algo que distingue a la institución de cualquier otra del estado (sobre todo provincial). En la retórica del gobernador de la provincia esta idea se refuerza y destaca reiteradas veces. Tomaré un ejemplo.

En el discurso de asunción del nuevo jefe -el comisario mayor Daniel Jara- el gobernador abrió su alocución refiriendo, primero, a 9 policías heridos en un conflicto con el gremio ATE (Asociación Trabajadores del Estado). El 24 de mayo de 2017 como efecto de una brutal represión sobre manifestantes del gremio ATE y desocupados que reclamaban fuera de la Legislatura provincial contra el plan de endeudamiento “Castello” que se debatía dentro del recinto resultaron heridos los 9 efectivos. El gobernador en otras entrevistas ya había declarado abiertamente que “está convencido de que [los gremialistas] habían intentado matar a dos policías”[13]. Después, volviendo al discurso de asunción, se refirió a la pérdida de la vida de Eliana, una joven policía que murió en un accidente de tránsito, y a sus compañeros que resultaron heridos. Luego nombró a otra suboficial de la policía del Valle que quedó gravemente herida por culpa de una conductora alcoholizada. Por último, evocó que “nos encontramos a 48 horas de cumplirse el año de la desaparición y posterior muerte de Lucas Muñoz”. Gruesa pifiada. Faltaba un mes y 48 horas para esa conmemoración pero no solo el gobernador no se da por aludido sino que tampoco a ninguno de los presentes que toma la cámara se le mueve un pelo.

Esta apertura se remata con un: “tengamos presente que la tarea de ser policía es una tarea riesgosa, es una tarea sacrificada, es una tarea a veces no reconocida por la sociedad. Pero fundamentalmente es una forma, una opción de vida que en la mayoría de los casos significa privaciones y significa cosas y cuestiones que al resto de la sociedad no les toca vivir”.[14] Por esto les agradece y reconoce su trayectoria y prestigio.

Sin duda una total negación del gobernador a una realidad que contradice de plano sus afirmaciones, pero ese no es el asunto que quiero destacar. Más bien, que el sacrificio es uno de los puntos fundantes del quehacer de la fuerza, la diferencia de otras labores, la vuelve particular y además forja la identidad colectiva hacia adentro. También justifica la portación del arma. Cuando esta se lleva y tiene su uso habilitado las 24 horas se conoce como “estado policial”.

Me pregunto si es una condición común a las policías en general. Sofía Tiscornia explica que según datos tomados por el CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales- la mayoría de las muertes de policías y de muertes de civiles a manos de la policía suceden cuando estos están fuera de servicio.[15] De hecho, en Estados Unidos estadísticas similares llevaron a limitar la portación de arma solamente al servicio para salvaguardar la vida de los policías. Si la opción fuera salvaguardar la vida y no la opción sacrificial, otras serían las formas de organizar, ascender y premiar a la Policía. Existen experiencias en este sentido, por ejemplo en los Estados Unidos, que demostraron cambios significativos en reducir la violencia institucional (hacia adentro y hacia afuera).

Es notable como una víctima de homicidio puede ser, de a poco, justificada, desestimada u olvidada. Porque era policía, porque era un “transa” o porque, capaz, le tocaba. Por otra parte, estas versiones que polarizan la construcción entre héroes y narcos quita la posibilidad de pensar todas las gamas de posibles policías en la fuerza. Y de a poco se nos ha ido colando una idea bastante novedosa en nuestro país: la de los narcos.

Pegatina de las marchas por Lucas

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Foto de la autora.

El paraíso perdido y la nueva narco-nación

¿Desde cuándo nuestro país está atravesado por bandas narco? Tenemos conciencia que países como México, por ejemplo, tienen una larga trayectoria de constitución de carteles que tienen estructuras cuasi estatales y comparten también intereses con funcionarios del estado. Si bien se pueden rastrear muchos episodios, en la historia reciente mexicana el caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes de una escuela rural desaparecidos en el 2014 demuestran la connivencia entre carteles, funcionarios, fuerzas legales y paramilitares en una ruta del narcotráfico. Este caso, nos habla de estructuras de poder político y económico montadas sobre la producción, traslado y venta de drogas, que por supuesto involucran a los laboratorios de medicamentos también. Si bien no busco minimizar el impacto que la producción y consumo de drogas tiene en nuestro país, sí me permito sorprenderme de lo rápido que se está instalando esta construcción de una nueva narco nación. Y sin duda veo con espanto la sola idea de que nuestro país comience a pensarse comparativamente con México, país que lleva más de 30 mil desaparecidos en democracia, con un presidente y fanfarria de globos y fiesta bastante similar al nuestro.

El giro sobre las políticas de seguridad en este último bienio ha sido decisivo. Nuevamente nos encontramos con episodios de represión televisados, difundidos por redes sociales y de a poco también armados como parte de nuestra idiosincrasia. Basta mencionar la represión policial del 9 de abril del 2017 a los docentes frente al Congreso de la Nación, que intentaban armar una propuesta de manifestación pacífica y que no involucrara sacar los chicos de las aulas. O también la brutal represión de la Infantería y Gendarmería a los trabajadores de la fábrica Pepsico el 13 de julio del 2017. Además de la sumatoria de actos -en apariencia aislados- de golpizas y persecuciones a jóvenes, mujeres, inmigrantes, indígenas que se multiplican exponencialmente a lo largo y ancho del país, tanto de forma individual como hacia manifestantes, organizaciones, etc.

A nivel de políticas de estado debemos destacar algunos avances hacia diluir la -por tanto tiempo buscada- división entre seguridad y defensa.[16] Vamos a destacar algunos hechos puntuales y coyunturales que nos sirven para demostrar este giro a nivel nacional.

A poco tiempo de asumir el gobierno el Ingeniero Mauricio Macri, decretó el 16 de enero del 2016 la emergencia en materia de seguridad. Este decreto encendió las alarmas de intelectuales, militantes y organismos de derechos humanos dado que, a grandes rasgos, una emergencia de este tipo significa delegar autoridad en las fuerzas de seguridad, particularmente las fuerzas armadas, para tomar decisiones sin pasar por el poder político –elegido por el pueblo. También por lo bajo se sabe que las emergencias habilitan a, por ejemplo, compras millonarias sin atravesar las normativas reguladoras del estado. Es decir, permite “hacer negocios”. Tampoco resultaba evidente el porqué se declaraba esta emergencia ¿Qué amenaza tan desbordada acechaba nuestro país? Y la respuesta fue: el narcotráfico. El narcotráfico, en este decreto, está colocado a la altura de una amenaza contra nuestra soberanía, por lo tanto las fuerzas armadas pueden intervenir en temas de seguridad pública.

Por otra parte, las dinámicas a seguir frente al narcotráfico han sido pautadas por Estados Unidos, aunque ese país no lleva adelante estos protocolos en su propio territorio. El otro gran tema al que nos tiene acostumbrados los Estados Unidos, siempre en su vociferada lucha por la democracia –es irónico claro está- es el terrorismo. La llamada “Responsabilidad de proteger” de la primera potencia occidental. Extrañamente, la aducida emergencia no prevé ni la capacitación ni la formación de policías especializadas en el narcotráfico por ejemplo, aunque sí el aumento desmesurado del número de efectivos de las fuerzas. Cuestión que ya está en marcha.

Las alarmas se encienden con luces y sirenas porque se entiende esta emergencia como una forma de pisoteo sobre los derechos humanos en nuestro país. Por si fuera poco, este decreto viene además acompañado de otros gestos que permiten vislumbrar este ataque, como el desfile de militares procesados por crímenes de lesa humanidad el 9 de julio del 2016 (nada menos que el bicentenario de nuestra independencia), o también la bastardización de las luchas por la memoria llamadas “curro” por más de un funcionario del oficialismo (véase foto del partido gobernante del 24 de marzo del 2017) y por último, el convite a organizaciones neo-nazi a la Casa Rosada (15 julio del 2016).

En este marco no podemos dejar de mencionar la coherencia con el oficialismo que tiene la Corte Suprema de Justicia cuando el 3 de mayo de 2017 declaró aplicable el 2×1 (Ley 24.390, ya derogada) a un caso de delitos por crímenes de lesa humanidad. Esto significaba que muchos represores que fueron debidamente juzgados y sentenciados a cárcel común podrían volver a caminar entre nosotros y descansar en sus casas. Este firme avance se continúa con el nombramiento del “milico” Oscar Aguad como ministro de Defensa. Un personaje asociado a defraudaciones millonarias al estado argentino, amigo personal de genocidas condenados y abierto defensor de la llamada mano dura.

El último registro de la actualidad vinculada al narcotráfico y terrorismo, los dos nuevos males a los que la prensa (y Netflix) nos está acostumbrando, es la impresionante y desorbitada compra de armamento que realiza la Argentina. Una denuncia periodística puso en evidencia que la Argentina estaba invirtiendo 2 mil millones de dólares en la compra de armamento de guerra. Paralelamente, se cierran las fabricaciones militares argentinas. Este armamento que incluye aviones de guerra, tanques, helicópteros y lanchas solo tiene un referente similar cuando la Argentina entró en guerra con Inglaterra en 1982. Además de denunciarse la forma secreta en que se llevaba adelante la compra a Estados Unidos -que significó la renuncia de nuestro embajador en ese país- se expuso el desmantelamiento adrede de las estrategias de defensa en el norte argentino.[17]

En suma, el escenario más amplio del caso Muñoz nos obliga a agrandar la escala a nivel nacional e internacional. En donde ensuciar la imagen de un muerto sustenta otros sentidos comunes que se van instalando a caballo de una víctima. ¡Pero qué!, ni tan víctima ¿no? Un transa, un cana, que se metió donde nadie lo mandó…


  1. 3ADiktos, del disco “Rebeldía sin Pausa. Hay adiktos en tu casa”, Escrache 1, 2016.
  2. https://clar.in/2SVSjL4.
  3. El femicidio es el crimen perpetrado sobre una mujer por ser mujer, anclado en el machismo que atraviesa la sociedad y como efecto de la búsqueda de pertenecer a ese grupo de “machos” dominante. Sin lugar a duda la referente más importante de nuestro país en estos temas es Rita Segato. Su libro “Las estructuras elementales de la violencia”, Prometeo, Buenos Aires, 2003, está a la cabeza de las discusiones en torno a la violencia de género.
  4. Este periodista ha publicado recientemente algunas notas que criminalizan al pueblo mapuche y lo responsabilizan de la quema de refugios en Bariloche y, principalmente, los sitúa en guerra y los caracteriza como terroristas. Una nueva forma de construir un enemigo interno que se monta sobre una larga tradición nacional que coloca a los indígenas del lado de la barbarie, lo violento, lo foráneo. Esto como antesala a su persecución y eventualmente también represión.
  5. Nos referimos a la nota https://clar.in/2BGJyOf.
  6. https://clar.in/2BulUV0.
  7. https://clar.in/2R8X8n4.
  8.  https://bit.ly/2ExmiFi.
  9. Georges Lefebvre (1932) La Grande Peur de 1789, Armand Colin, Paris.
  10. https://clar.in/2QFKaOr.
  11. https://bit.ly/2rL6SFE.
  12. Pilar Calveiro (2004) Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Colihue, Buenos Aires. P 136.
  13. https://bit.ly/2qEsaD0.
  14. Véase Discurso del gobernador en la asunción de nuevos jefes policiales el 12 de junio del 2017, Viedma, publicado por la Secretaría de Medios de Gobierno, disponible en youtube.
  15. Sofía Tiscornia (1998) “Violencia policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordinarios.” Disponible en: https://bit.ly/2EEMajn.
  16. La delimitación de funciones de las fuerzas en cuanto a dedicarse a la seguridad interna o a los asuntos externos fue inexistente en la segunda mitad del siglo XX. Por esto las fuerzas armadas operaban dentro del territorio argentino persiguiendo y controlando argentinos interpretando que existían “enemigos internos”. Fue un logro de muchos años de lucha y los efectos de la dictadura que las fuerzas armadas se limitaran a defendernos de los enemigos externos.
  17. Véase más datos y mejor detallados en: https://bit.ly/2n72iwI. También existen otras teorías para intentar entender esta monumental compra de armas a Estados Unidos que no tienen que ver con la política interna sino con crear un enemigo regional en los países de Sudamérica. Claramente, el enemigo del gran patrón del norte en esta región es Venezuela y, por otro lado, la Argentina se presenta como un socio servicial.


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