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Abortar acompañadas en y frente a la clandestinidad

Cuidados en el marco de relaciones afectivas entre mujeres

Natalia Santarelli

De esa experiencia siento […] primero la seguridad de los vínculos que estuvieron, muy agradecida a eso, mucho apoyo, muchas amigas (Eluney).

Introducción

Los embarazos no deseados/abortos voluntarios configuran un entramado indisoluble con las condiciones y circunstancias –simbólicas y materiales, legales, sanitarias, culturales, sociales y subjetivas– en las que acontecen e implican un proceso de afectación a la salud con diversos malestares que las mujeres atienden. A partir de reconocer y aceptar la ausencia de deseo para sostener ese proceso biológico en curso –así como las inscripciones culturales que sobre este se montan– muchas mujeres emprenden un camino, obstaculizado, para concretar su voluntad de interrumpirlo. La mayoría de las veces, este camino no se transita en total soledad. Las mujeres gestionan apoyos de diversas personas y/o redes con las que intentan sortear, aminorar, resistir e incluso transformar las implicancias emocionales, físicas y políticas de la penalización legal y social de esta práctica. Es en el marco del vacío y la violencia de lo institucional que se da el encuentro con presencias que sostienen y acompañan, haciendo estas experiencias más transitables, potentes y vitales. Dentro de estas presencias facilitadoras encontramos personas del entorno afectivo cercano, profesionales de la salud que actúan en consonancia con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y activistas feministas que desde hace más de una década se organizan para acompañar y/o brindar información confiable sobre el aborto farmacológico.

En este capítulo nos centraremos en el trabajo de cuidados que ocurre entre mujeres que mantienen relaciones afectivas frente a situaciones de abortos farmacológicos voluntarios en contexto de ilegalidad y clandestinidad. Por un lado, introduciremos algunas reflexiones sobre la relación entre estas experiencias de abortos cuidados con las políticas penalizadoras y las prácticas que niegan y obstaculizan derechos. En este sentido, profundizaremos en cómo el abandono y las violencias por parte de las instituciones estatales –principalmente las de salud– moldean y exigen estrategias de cuidados de mujeres y entre mujeres. Por otro lado, visibilizaremos cuáles y cómo son estas actividades de cuidado entre mujeres que les permiten resistir frente a dichas violencias y atravesar los procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios de formas más saludables y menos sufrientes.

Conceptualmente, abordaremos las relaciones entre mujeres desde la noción multidimensional de cuidados entendidos como prestaciones de apoyos que delimita Carol Thomas (2011), producto del trabajo deconstructivo de teorizaciones desarrolladas por referentes de la corriente dominante en sociología y política social, y de la investigación feminista en el campo de los cuidados.

Nos apoyamos en un corpus empírico compuesto por relatos de mujeres que abortaron con medicamentos y contaron con la presencia de amigas, hermanas o madres, valoradas como facilitadoras del tránsito por la experiencia de embarazo no deseado/aborto voluntario.

Breve contextualización

En Argentina, a pesar de estar penalizados hasta fines del 2020, los abortos voluntarios han sido prácticas extendidas y cotidianas que forman parte de las trayectorias sexuales y (no) reproductivas de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar[1]. En el país, las estimaciones indican entre 372.000 y 522.000 abortos clandestinos por año (Pantelides y Mario, 2009).

El Código Penal establecía, desde 1921 hasta 2020, la penalización del aborto salvo dos excepciones en su artículo 86: que el embarazo pusiera en peligro la vida o la salud de la mujer y no pudiera ser evitado de otro modo, o cuando fuera producto de “una violación o de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente”. Si bien este texto regula lo permitido y lo prohibido legalmente sobre los abortos, sus interpretaciones y su consiguiente impacto en las prácticas de los servicios de salud han sido discutidos durante décadas, lo que da cuenta de que el derecho –los contenidos de sus leyes y las interpretaciones que posteriormente hacen los tribunales– es un espacio de luchas y tensiones en movimiento (Peñas Defago, 2013). Un avance normativo importante para la interpretación de la legislación sobre el aborto ocurrió en 2012 con la promulgación del fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cuestiones, en este fallo se estipuló el alcance de la “causal violación” como derecho de toda mujer y se reafirmó la obligación del Estado de garantizar el acceso a este derecho, de remover obstáculos y de generar lineamientos precisos para atender los entonces llamados abortos no punibles. Este hito jurídico impulsó al Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, a generar un “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” en 2015, revisado y actualizado en 2019, dando mayor claridad también a la interpretación de la “causal salud” de forma integral y a las responsabilidades de los equipos de salud. Además, la edición del protocolo posterior al fallo F. A. L contempló un cambio en la denominación de la práctica –de abortos no punibles en 2007 a interrupciones legales de embarazos (ILE)– y con ello, se favoreció su inclusión en el ámbito sanitario como derecho a la salud (De Lellis et al., 2017). Es decir, que estas prácticas no solo ya no eran susceptibles de reprochabilidad y persecución penal, sino que incluso configuraban derechos que debían ser garantizados.

Si consideramos una noción integral de salud, en concordancia con el texto del último Protocolo de Atención (MSAL, 2019), toda situación de embarazo no deseado que la mujer o persona gestante evalúe como una afectación peligrosa para su propio bienestar da lugar a requerir una ILE encuadrada en la causal “peligro para la salud” y a ser realizada con el apoyo de los servicios de salud (Dosso, 2017; Santarelli y Anzorena, 2020). Sin embargo, y a pesar de los avances en la interpretación de la norma, el acceso a este derecho es desigual en las distintas provincias y localidades del país, y se ha encontrado minado de obstáculos como las interpretaciones arbitrarias y restrictivas de sus alcances, que desconocen los avances en este derecho por parte de quienes tendrían que garantizar su acceso: les profesionales de la salud y las instituciones a las que pertenecen. Dichos obstáculos han adquirido mayor fuerza al apoyarse en las políticas de penalización y en la falta de un monitoreo del acceso deficitario a las ILE como derecho.

En este contexto legal y sanitario lleno de trabas, los abortos igual se practican, utilizando métodos más o menos seguros. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres en general y las feministas en particular se han acompañado en las prácticas de aborto, para hacerlo de la manera más segura y accesible posible. Estas prácticas se vieron modificadas a partir de la circulación del conocimiento sobre el uso seguro del misoprostol, un medicamento que, administrado en determinadas dosis y por determinadas vías, logra estimular las contracciones musculares uterinas y la maduración cervical y, por lo tanto, expulsar el saco gestacional (MSAL, 2019). Se trata de un saber especialmente valioso en los contextos donde priman las restricciones legales, como lo es el latinoamericano.

Fueron las brasileñas quienes, a fines de la década de 1980, descubrieron su uso abortivo antes que la misma comunidad médica y popularizaron de manera descentralizada y espontánea este saber (Bahía, 2016). Respecto a Argentina, algunas hipótesis sostienen que fueron las paraguayas, y luego las habitantes de barrios populares en la capital del país, quienes socializaron de boca en boca el uso abortivo de misoprostol. Desde los espacios feministas, en alianza con profesionales de la salud “amigables”, se comenzó a sistematizar y fomentar esta difusión de saberes, y en diversos países de Latinoamérica se crearon líneas telefónicas feministas para dar información y acompañar a las mujeres que decidían abortar (Fernández Vázquez y Szwarc, 2018). En Argentina se destacan las iniciativas de atención telefónica y el manual elaborado por la agrupación Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y editado por El Colectivo en 2010; desde 2012, las estrategias de acompañamiento directo de Socorristas en Red –feministas que abortamos– y de otros grupos feministas nucleados en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (articulación federal nacida en 2005), y la conformación en 2015 de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Sobre la estrategia metodológica

Estas reflexiones se enmarcan en una perspectiva epistemológica de género feminista y en un diseño metodológico cualitativo. Utilizando el método biográfico, buscamos comprender las relaciones entre las significaciones que las mujeres construyen sobre sus experiencias de aborto farmacológico en un contexto de restricción legal y social y las condiciones de preservación, producción y afectación de la salud mental.

El corpus empírico se compone de 31 entrevistas en profundidad a mujeres que abortaron voluntariamente con medicamentos entre 2010 y 2019 en las provincias de San Luis y Mendoza (Argentina). Las entrevistadas fueron contactadas mediante un muestreo secuencial en bola de nieve. Eran residentes de zonas urbanas y pertenecientes a sectores socioeconómicos medios, con trayectos educativos secundarios, terciarios y/o universitarios. Tenían entre 22 y 40 años al momento de abortar. Los abortos se realizaron en sus domicilios o en los de personas allegadas, por fuera del sistema de salud y sin supervisión médica durante el proceso. Ninguna presentó complicaciones físicas que comprometieran la vida ni durante ni después del aborto, y tampoco consecuencias penales.

Dentro de lo que denominamos “presencias facilitadoras”, distinguimos tres grandes tipos: las activistas (principalmente conformado por grupos socorristas locales), las profesionales (principalmente profesionales de salud en medicina y psicología) y las afectivas. Las presencias afectivas son las que integran el entorno cercano de las mujeres y con quienes mantienen un vínculo afectivo, ya sea de pareja, de amistad o mediado por parentesco. En este escrito nos centraremos solo en las mujeres del entorno afectivo cercano, que en los relatos fueron valoradas como presencias facilitadoras del tránsito por la experiencia de embarazo no deseado/aborto voluntario. Principalmente, fueron amigas, hermanas y madres. En menor medida, fueron mujeres con otro tipo de parentesco. En algunas ocasiones, la presencia afectiva y la activista se superpusieron en una misma persona. Las valoraciones sobre los modos en que las entrevistadas se sintieron cuidadas por otras mujeres del entorno afectivo permiten caracterizar la naturaleza de estos cuidados por y entre mujeres.

Relaciones de cuidados entre mujeres en y frente a procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios en clandestinidad

La práctica de un aborto voluntario farmacológico implica mucho más que la autoadministración individual de misoprostol. Las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que necesitan abortar articulan diversas actividades para atender este proceso, que pueden incluir a los servicios formales de salud (por ejemplo, para la realización de ecografías, la provisión y administración de inmunoglobulina humana anti-D [Rh], consultas y atención psicológica), los saberes populares, las prácticas de información y acompañamiento de grupos feministas organizados, entre otras. Abortar implica, entonces, entablar una diversidad de interacciones sociales que, en ocasiones, son fuente de malestares y violencias, que conforman el proceso mismo de aborto y que también es necesario atender. Esta situación que afecta negativamente la salud se vincula con las condiciones sociales y legales que propician la clandestinidad. Los abortos voluntarios y quienes se los practican han estado sometides a procesos históricos y políticos de clandestinización, de criminalización –proceso de atribuir un carácter criminal a lo que es una decisión (no) reproductiva y un proceso de salud– y de rechazo y estigmatización social. Las necesidades que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar enfrentan aparecen moldeadas por estas limitaciones y por las dificultades impuestas para resolver la situación crítica al amparo de garantías institucionales estatales, a la vez que a la deriva de múltiples persecuciones y violencias que se materializan en los contactos con los servicios de salud. Otras podrían ser estas necesidades si los contextos culturales que alojan las prácticas y los imaginarios sobre abortos dotaran de otras textualidades y condiciones a la realización de la práctica y a sus significaciones.

Los procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios clandestinizados ponen en evidencia cómo los condicionantes de género dan lugar a formas de padecimiento particulares y desiguales y a diferencias injustas y evitables en los procesos de cuidado de la salud (Ruiz Cantero, 2011). A su vez, estas relaciones de género interseccionan con múltiples atravesamientos (de clase, de racialización, de estatus migratorio, de edad, vinculados a la zona de residencia y a la adscripción religiosa, entre otras) que dan lugar a experiencias opresivas singulares. Estas experiencias tienen algo en común: ocurren entramadas en condiciones no elegidas que se relacionan directamente con la forma en que se presenta el Estado con sus instituciones, sus leyes y sus políticas que delimitan y limitan las formas de nacer, vivir y morir (ciriza et al., 2011-2013; Anzorena, 2013) y, en este caso, de abortar. Estas políticas sexuales, cristalizadas en las regulaciones estatales, limitan los derechos (no) reproductivos y con ello la ciudadanización de las mujeres, a la vez que profundizan las diferencias intragénero al no asegurar igualdad de condiciones para todas (ciriza, 2009).

Es a partir de y frente a las violencias y condiciones no elegidas que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar gestionan, protagonizan y reciben los cuidados que consideran necesarios, utilizando vías no formales de atención y de apoyo, pero en articulación compleja y tensa con el sector formal de salud. Para ello, establecen relaciones y estrategias con otras personas de sus entornos afectivos cercanos, principalmente mujeres, que pensamos en términos de cuidados.

La polisemia de este último término merece clarificar el sentido de su uso y elegir un anclaje conceptual que le otorgue contenido. Carol Thomas (2011) formula un concepto unificador de cuidados a partir de una selección y análisis deconstructivo de las principales teorizaciones de la sociología y de la investigación feminista. Entiende al cuidado como prestaciones de apoyos y delimita siete dimensiones para su análisis: la identidad social de la persona cuidadora y de la persona receptora de cuidados, la relación interpersonal entre ellas, la naturaleza de los cuidados, el dominio social, la relación económica y el contexto institucional. De esta manera, los cuidados son definidos como:

[…] La prestación remunerada o no remunerada de apoyo en la cual intervienen actividades que implican un trabajo y estados afectivos. Lo prestan principal, aunque no exclusivamente, mujeres, tanto a personas sanas como a personas dependientes y a los niños y niñas, en la esfera pública o en la esfera doméstica, y en una diversidad de marcos institucionales (Thomas, 2011: 169).

A continuación, elegimos tres de estas dimensiones para reflexionar sobre ellas a la luz de los procesos de embarazo no deseado/aborto voluntario y sus condiciones de ocurrencia: primero, la identidad social de las personas receptoras de cuidados y la necesidad a partir de la cual se establece la relación interpersonal con quienes cuidan, y segundo, la naturaleza de estos cuidados.

Sobre la situación de dependencia y la necesidad reconocida

La dimensión del cuidado referida a la identidad social de la persona que los recibe se define en función de la pertenencia a un grupo particular; por ejemplo, en función de la edad como “la adolescencia” o de un grupo social como “la familia”. Su identificador clave es la situación de dependencia de ese grupo, definida en el marco de las políticas. En cuanto a la dimensión que alude a las relaciones interpersonales con quienes prestan dichos apoyos, se destaca que es a partir del reconocimiento de una necesidad que esta relación de cuidados se entabla, ya sea de manera contingente (entre desconocidas), atravesada por actividades de servicios (estatales o voluntarios) o teñida por diversos grados de familiaridad o amistad, como se trata en el tema que estamos abordando (Thomas, 2011).

Para analizar estas dos dimensiones del cuidado es necesario ubicar tanto la situación de dependencia como la necesidad reconocida que motoriza a las mujeres a solicitar la prestación de apoyos, en las condiciones generales en que ocurren los procesos de embarazos no deseados/abortos voluntarios y sus implicancias políticas. Considerando el contexto legal y sanitario en que las entrevistadas realizaron sus abortos, podemos observar dos condiciones que atraviesan todas las experiencias: la retirada de las instituciones de salud o el dejar caer[2] y la maximización de las violencias. Es decir, que los apoyos que las mujeres obtienen de sus entornos afectivos cercanos sostienen aspectos orgánicos, emocionales y sociales de un proceso de afectación de la salud que se desarrolla en el marco de desamparos, riesgos y violencias maximizadas, y que forman parte de ese mismo proceso. Estos marcos políticos hacen que entendamos los abortos clandestinos como experiencias precarizadas, apoyándonos en el sentido que Butler (2010, 2017) otorga al problema de la precariedad unido a la noción de vulnerabilidad humana.

La vulnerabilidad humana no es una situación contingente y pasajera, sino una condición inalterable, ligada a la dependencia de otres y de un mundo que nos sostiene y que es sostenido. Para sobrevivir requerimos de apoyos que son complejamente humanos y técnicos, y en esta dependencia fundamental vivimos en una exposición inevitable a la dañabilidad[3] (Butler, 2017). La noción de precariedad viene a señalar el manejo desigual de la exposición a los daños que ya no es del orden de lo inevitablemente humano, sino que es políticamente inducido y recae sobre ciertos grupos y/o poblaciones. Es así que “la precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte” (Butler, 2010: 46).

Nuestra persistencia está directamente ligada a contar con el apoyo o no de estructuras sociales, económicas y políticas que sustenten, y de instituciones sociales para tales fines. Son los arreglos biopolíticos los que definen cuáles vidas preservar y proteger (y con ello, otorgarles valor y reconocimiento), y cuáles no son merecedoras de protecciones frente al daño y la muerte (y por lo tanto son desechables).

Los abortos clandestinos son experiencias que comprometen potencial y exclusivamente a las personas con capacidad de gestar, es decir, son experiencias propias de las trayectorias biográficas personales y colectivas de las mujeres –y de personas con otras identidades de género que cuenten con la capacidad de gestar–. Las condiciones en que ocurren remiten a un manejo político que induce precariedad sobre este grupo y que incrementa su vulnerabilidad, en sintonía con las regulaciones políticas propias de un ordenamiento de género opresivo. La ausencia de una trama social que desde lo institucional contenga dichas experiencias vitales maximiza la exposición a riesgos y violencias, frente a lo cual las mujeres deberán protegerse haciendo uso de sus recursos, que en el interior del grupo son diferenciales y desiguales.

En los relatos analizados, muchas de las violencias narradas fueron ejercidas por les agentes de salud que sostuvieron prácticas y discursos afines al dejar caer. Cuando se demanda apoyo a los servicios de salud, aparecen discursos disciplinadores y/o moralizantes sobre la sexualidad femenina y las decisiones no reproductivas, que no responden a dichas demandas. En cambio, configuran instancias de actuación y soporte del poder criminalizador, frente a lo cual las mujeres necesitan gestionar, por su cuenta, protecciones y amparos. Pero no es solo en la interacción concreta, sino también en el imaginario de las mujeres que, dadas las condiciones de restricción legal y penalización social, el sistema de salud y el sistema penal se asemejan y se confunden, y producen graves limitaciones en el acceso a derechos (Santarelli, 2019).

Frente a estos abandonos que producen riesgos y a esta maximización de la exposición a las violencias, la posibilidad de gestionar y contar con presencias afectivas –eslabonadas con otras presencias– cobra un valor vital. Interesa destacar que, tal como señala Butler (2017), actuamos desde el sentido de precariedad y en contra de esta cada vez que nos rehusamos a que nuestras vidas sean desechables.

Esta contextualización nos permite entender de un modo particular las relaciones de cuidado que se dan en los procesos de abortos farmacológicos clandestinizados, sobre todo en cuanto a sus dimensiones de análisis vinculadas a la situación de dependencia que ubica a las mujeres como receptoras de cuidados y a la necesidad cuyo reconocimiento entabla la relación de cuidado (Thomas, 2011). Al respecto caben dos precisiones.

Primero, en el aborto clandestinizado no es la política estatal la que identifica y define la situación de dependencia del grupo –mujeres y otras personas con capacidad de gestar– y la que da lugar a poder recepcionar cuidados. Por el contrario, son los ordenamientos jurídicos y sanitarios punitivos que, en tanto reflejo de políticas estructurales de regulación de los cuerpos y las sexualidades, producen la situación de dependencia, desamparo y exacerbación de la necesidad de recibir apoyos para sobrevivir. En otras palabras, la situación de dependencia de este grupo específico –mujeres y otras personas con capacidad de gestar– está inducida políticamente en función del género.

Segundo, en los procesos de embarazo no deseado/aborto voluntario observamos que las mujeres receptoras de los cuidados no lo hacen pasivamente, sino que son ellas quienes activamente articulan los múltiples apoyos y formas de atención que logran ir agenciando. En estas relaciones no son meras receptoras: su rol activo inicial luego deriva en la provisión de dichos cuidados que son fundamentales para lograr tránsitos saludables por los procesos de abortos acompañados. Además, las presencias afectivas facilitadoras de otras mujeres dotan a las experiencias de aborto clandestinizado de un carácter relacional y, en este sentido, logran contraponerse a los modos dominantes impuestos de transitar los abortos, esto es, como prácticas que deben permanecer aisladas, solitarias y enquistadas en lo individual.

Sobre la naturaleza de los cuidados en el marco de relaciones afectivas entre mujeres

La tercera dimensión del cuidado que nos interesa abordar es su naturaleza, es decir, su contenido social primario, que involucra tanto actividades de trabajo (tareas, labores, gestión) como estados afectivos (Thomas, 2011). Para profundizar en el contenido de las relaciones de cuidados haremos uso de algunos verbatims ilustrativos que forman parte de los relatos de las entrevistadas.

Distinguimos dos grandes tipos de actividades entrelazadas entre sí, que se relacionan directamente con las condiciones de ocurrencia de los abortos y las actuaciones de profesionales de los servicios de salud. Por un lado, directamente relacionado con su retirada o con el dejar caer, las relaciones afectivas proveen apoyos en cuanto a la asistencia instrumental. En simultáneo, y estrechamente vinculadas a la maximización de la exposición a las violencias, desarrollan actividades de protección. Ambas actividades conllevan, además, un trabajo afectivo que es particularmente valorado por las mujeres que abortan.

En los momentos previos a la administración del fármaco, las mujeres gestionan en compañía de sus redes afectivas los elementos necesarios para preparar y concretar el aborto farmacológico. Los apoyos, que ubicamos en el orden de lo asistencial e instrumental, contemplan desde la provisión de información y los acompañamientos para buscar formas de atención que garanticen seguridad en el procedimiento hasta la gestión de insumos para el proceso.

En cuanto a la información, en muchas ocasiones son las mujeres del entorno afectivo cercano quienes facilitan el primer acceso a la posibilidad de pensar en el uso de la medicación para abortar como opción segura, lo cual es desconocido para algunas y negado desde ciertos servicios de salud. Es así como amigas y hermanas comparten sus propias experiencias de aborto farmacológico, en ocasiones antes silenciadas, o acercan información más o menos difusa sobre la existencia de la medicación y de grupalidades locales que acompañan. En las situaciones en que estas amistades también integran grupos feministas organizados, esta primera información cuenta con mayor robustez y precisión. En general, las amigas socorristas y/o activistas feministas otorgan una primera explicación que resulta orientadora y tranquiliza frente a la angustia de no saber cómo llevar adelante la decisión.

Entonces, hablé con mis amigas, de mis mejores amigas y también compañeras socorristas para, bueno, para entender el proceso y ver qué posibilidades tenía, porque no quería pasar por otro quirúrgico porque fue muy traumático para mí (Bárbara).

Las presencias afectivas también acompañan en las rutas críticas de interacción con otras personas, grupos o servicios que la mujer evalúa como necesarios para completar la información de la que dispone: principalmente, mediante la facilitación del contacto con grupos feministas locales que informan y acompañan y, en menor medida, del contacto con personal médico a fines de recibir orientación sobre el uso de la medicación.

Dentro de las tareas de acompañamiento y logística, que se encuentran estrechamente ligadas a las actividades de protección, podemos detallar varias. Por un lado, el acompañamiento físico y emocional en el encuentro con socorristas o en las consultas en servicios de salud previas a la práctica. Estas son situaciones novedosas y desconocidas donde se valora el poder contar con una persona auxiliar que retenga la información que se obtiene en un estado emocional de incertidumbre o ansiedad. En el caso de consultas médicas previas a los abortos, varios relatos describen los malestares generados por situaciones de humillaciones, comentarios reprobatorios, infantilizaciones, ridiculizaciones, indiferencia ante sus estados emocionales y hasta amenazas de denuncias penales por parte de profesionales de quienes buscaban orientación o información científica y correcta sobre el uso del medicamento. En el marco de una consulta para obtener información, Emilia fue acompañada de su amiga. Tras recibir una serie de insultos y amenazas de denuncia por parte de la médica, rompió en llanto y fue su amiga quien logró frenar los ataques:

Y estaba esta piba que es una grosa, le habló, le paró el carro, me agarró del brazo porque yo no me podía ni levantar, estaba como… Fue fuerte, fue un ataque (Emilia).

En este sentido, el atravesar estas situaciones con personas que ayuden a poner coto a estas violencias resulta un elemento de protección que disminuye notablemente los malestares.

También destacan la gestión y/o el acompañamiento en las ecografías previas al aborto. Si bien se trata de una práctica de salud enmarcada indudablemente en la legalidad, las mujeres anticipan que puede ser una experiencia difícil, al tener que exponer el estado de embarazo mientras se oculta la intención de interrumpirlo. El acompañamiento se convierte en una herramienta de protección frente a la anticipación de un ambiente hostil. En otras ocasiones son las presencias afectivas las que, a partir de contactos previos, gestionan turnos con personal que garantiza derechos y, de esta manera, se asegura un buen trato.

En cuanto al apoyo para gestionar los insumos necesarios, valoraron que las acompañantes anticiparan posibles necesidades físicas mientras se autoadministraran la medicación. Por ejemplo, contar con alimentos o con elementos que permitieran el control de síntomas secundarios, como termómetros o medicación para regular las sensaciones displacenteras asociadas a náuseas o vómitos. Y, muy especialmente, apreciaron la ayuda en la búsqueda y compra de la medicación, ya que la mayor dificultad no fue necesariamente el costo, sino el poder acceder. Esto generó alivio en las mujeres que iban a abortar, al restarles una tarea indispensable para concretar la práctica y, en general, les evitó exponerse a las opiniones y/o rechazos por parte de personal farmacéutico en una situación de fragilización emocional inducida.

Úrsula contó con gran estima que su amiga consiguió las pastillas y esto le permitió desentenderse de esta parte fundamental, mientras concurría sin éxito a diversas consultas médicas en busca de información sobre su uso (incluso recibió comentarios desalentadores y culpabilizantes en torno a su intención de abortar):

No eran caras [las pastillas], no conseguíamos la cajita entera, conseguíamos por 6, por 10… pero es algo que con mi amiga nunca hablamos, no sé cómo fue. “Yo me encargo de eso”. “Bueno”, jaja, ¡ves! Eso, es eso. El poder contar con alguien que se encargara de la logística [lo dice sonriendo], que en ese momento no tenés la cabeza, era ir todos los días a un médico distinto para escuchar cualquier barrabasada… (Úrsula).

Otra actividad fuertemente valorada es que las acompañantes puedan proveer o ayudar a acondicionar un lugar adecuado, limpio, cómodo y con privacidad para realizar la práctica. Contar con ese espacio seguro y privado resulta fundamental para evitar posibles malestares y malos tratos de parejas u otres familiares convivientes. Esto incluso actúa a modo de protección, al fantasear con una posible denuncia penal o con la obstaculización de la decisión de abortar por parte de personas del entorno cercano.

Durante el proceso de aborto, las presencias afectivas también colaboran con apoyos del orden de lo asistencial instrumental y del control de los síntomas, y las hace sentir protegidas y cuidadas. Finalmente, el apoyo en la verificación de la expulsión del saco gestacional es apreciado cuando no quieren o no pueden mirar. El relato de la experiencia de Amy, quien transitó un aborto farmacológico en su casa con amigas, ilustra estas formas de acompañamiento emocional y su efecto contenedor mientras ocurría la expulsión del saco gestacional:

Era invierno y… bueno, mis amigas […] la verdad que muy divinas, leímos, meditamos, siempre meditábamos cuando estábamos juntas o cantábamos […] Me estuvieron cuidando mucho. [Yo] temblaba… de miedo… como una hoja. Por eso mis amigas se acostaron una de cada lado, porque yo temblaba frenéticamente del pánico que tenía. Y ellas me calmaron un poco, ahí me dormí y ahí fue que terminó de salir todo (Amy).

Es decir que en el trabajo de acompañamiento emocional destacan dos grandes funciones de las acompañantes: el desarrollo de estrategias de amenización y el sostén emocional. Fabiana nos contaba:

[…] Ella [la amiga] todo el tiempo sostenía que ese era mi momento, que yo era la que necesitaba toooodo lo que necesitara, así que la única protagonista en ese momento era yo. ¡Y fue muy bueno esto! Fue como decir: “Acá no importan las emociones de nadie más que las tuyas, y no importan las necesidades de nadie más que las tuyas. Estamos acá para atenderte a vos, así que vos dejate ser y nosotras responderemos”. Así. Y fue como… [suspira, se emociona, se le empañan los ojos] (Fabiana).

Por un lado, las estrategias de amenización consisten en distraer o distender para que la situación sea lo más amena posible. Se dan en forma de conversaciones sobre otros temas, ver películas, colocar música o aromatizar para que el ambiente resulte más agradable, o realizar actividades manuales en conjunto. Estas estrategias muestran que las acompañantes también se ocupan del estado emocional de la persona que está abortando farmacológicamente, y sus maneras de estar superan ampliamente la visión reduccionista sobre este proceso como meramente orgánico.

Por otro lado, la función de sostén emocional opera principalmente frente a las incertidumbres y los temores implicados en el proceso. La experiencia corporal de un aborto farmacológico clandestinizado se liga a la experiencia consciente y emocional sobre dicho proceso y sobre las dificultades, principalmente, la ausencia de supervisión médica y de garantías institucionales de seguridad, y las posibles persecuciones en caso de asistir a un establecimiento de salud.

En ese momento del proceso, las incertidumbres y los miedos se vinculan con las consecuencias de la automedicación, es decir, cómo serán los síntomas, la expulsión del saco gestacional y las reacciones corporales particulares. En ocasiones, tanto la falta de estas señales corporales como la presencia de síntomas notables –en cuando a cantidad de sangrado o intensidad del dolor– alimentan el temor de que existan riesgos corporales concretos, por ejemplo, a desangrarse o a que “el proceso salga mal”, en el sentido de que el aborto no se produzca y tener que recurrir a un servicio de salud donde se podrían recibir malos tratos y se podría efectivizar la penalización. En este contexto, las acompañantes guían y orientan en los sucesivos pasos por seguir (por ejemplo, en el modo e intervalo horario en que se deben administrar las pastillas), calman y tranquilizan con palabras y contacto físico afectuoso cuando los temores o incertidumbres se exacerban, se muestran disponibles y brindan recomendaciones y explicaciones para controlar los síntomas, que evitan tener que concurrir a una guardia hospitalaria. Ofrecen una gama de experiencias y saberes previos (ya sean abortos propios, abortos acompañados e incluso experiencias de contracciones uterinas por procesos de parto propios) que benefician a las mujeres que están abortando y otorgan aquellos apoyos negados por las instituciones de salud.

Posteriormente al uso de la medicación, una vez constatada la expulsión del saco gestacional y mermados los síntomas corporales del proceso de aborto, las presencias afectivas están allí para acompañar el alivio sentido y el bienestar recobrado tras verificar que ya no están embarazadas. Pero, también, en ocasiones están presentes para continuar asistiendo, conteniendo emocionalmente y protegiendo de diversas violencias que se sufren o se anticipan en las interacciones con el personal de salud, particularmente en situaciones de abortos incompletos donde las mujeres evalúan necesaria la intervención médica.

Además, las entrevistadas valoran la presencia de amistades con quienes expresar verbalmente sus sentimientos y seguir elaborando emocionalmente la situación que atravesaron, los riesgos y las violencias vividas. En estas narraciones que comparten con sus amigas, muchas logran integrar de maneras armónicas esta experiencia a su biografía y significarla como una oportunidad para crecer en compañía. Así lo expresó Nadia:

Y después, casualmente, no sé por qué, ¡lo que es la vida de nosotras! ¡Es así! Me empecé a encontrar con mujeres que les había pasado lo mismo pero que lo silenciábamos entre nosotras […] Yo me empecé a encontrar en la mirada de otras mujeres que habían vivido como la misma situación, ¿viste? Y fue, para mí, básicamente hice una amistad muy grande con una chica que habíamos vivido el mismo proceso. […] Entonces, a mí me sirvió un montón para pasar el proceso con otra mujer que había pasado lo mismo que yo. No es lo mismo, yo sentí que no era lo mismo hablar con alguien que te pudiese escuchar, alguien que te escuchara y te dijera: “A mí me pasó lo mismo” […] eso realmente fue un sostén muy bueno, y muy muy muy positivo, y a la vez de crecimiento también. Crecés mucho también, no creo que volvés a ser lo mismo que eras, creo que está bueno eso (Nadia).

En síntesis, son acompañamientos elegidos, que se muestran respetuosos tanto de la decisión como del método elegido para abortar y de las diversas emociones que las mujeres sienten, sin ser desacreditadas. Generan ambientes de confianza y comodidad emocional. Están centrados en las necesidades físicas, pero también emocionales, de las mujeres que abortan, así como están disponibles para proteger y acuerpar si las interacciones sociales así lo requieren. Ofrecen saberes sobre experiencias similares o cercanas a la que se está atravesando, desde posicionamientos empáticos. Finalmente, no son sentidas como presencias tutelares ni como tratos que colocan en una posición de “enfermas” o “incapaces”, y todo ello reafirma el sentimiento de protagonismo en los propios procesos de construcción de salud en y contra las adversidades políticamente impuestas.

A modo de conclusión

Todo lo expuesto nos permite mirar simultáneamente las experiencias de embarazo no deseado/aborto voluntario, el trabajo de cuidado entre mujeres del entorno afectivo y las políticas penalizadoras que dan forma a dichas experiencias y que se materializan en los servicios de salud. Sobre este entramado, destacamos dos grandes conclusiones.

En primer lugar, la penalización del aborto voluntario y las dificultades para acceder a las interrupciones legales de embarazo en el marco de la causal salud integral generan condiciones de abandono y violencias que precarizan estas experiencias. En este marco, la gestión, recepción y provisión de cuidados en el proceso de aborto farmacológico configura una estrategia de supervivencia. Se sobrevive frente a la situación de dependencia y de necesidad inducida por las políticas estatales que sostienen formalmente la penalización y que generan condiciones de posibilidad para que las violencias recaigan, concreta o potencialmente, sobre los cuerpos y las subjetividades de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Aquellas tramas de contención que la organización sociopolítica institucionalizada niega son compensadas creativa y afectuosamente por microtramas relacionales que ellas mismas gestionan, no sin unos esfuerzos y unos malestares que también deberán atender. En este sentido, las políticas estatales que incrementan decididamente la precariedad de las mujeres en situación de embarazo no deseado/aborto voluntario, y que son un reflejo de los ordenamientos estructurales de género y de las sexualidades, las sobrecargan a ellas y a las redes afectivas dispuestas a cuidar.

En segundo lugar, es a partir de esa precariedad y en contra de ella que las mujeres y las personas con capacidad de gestar se convierten en gestoras de sus propios abortos y que se sostienen en las relaciones afectivas con otras que acompañan estos procesos. Ellas se organizan e instrumentan los recursos que tienen a su disposición, así como también crean y producen recursos para sí mismas. Ponen en juego la capacidad de agencia y de encontrar soluciones, y en estos procesos se van afianzando ciertos micropoderes y se van validando encarnadamente los propios saberes que poseen. Son estos saberes, estas experiencias y estas formas de acompañamientos que se gestan en los márgenes de los servicios formales de salud los que nos brindan elementos para pensar y exigir cómo queremos que sean los cuidados cuando los servicios de salud alojan estas experiencias, mucho más a partir del reciente cambio normativo que regula el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazos en dichos servicios. Queremos relaciones de cuidados empáticas, no tutelares ni invasivas. Las queremos sosteniendo respetuosamente nuestros propios procesos de construcción y de autoatención de la salud, en función de elecciones autónomas.

Bibliografía citada

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  1. Nota aclaratoria: desarrollamos esta investigación y este escrito previamente a la sanción de la Ley Nacional 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, la cual modifica las normativas legales que regían la realización de los abortos hasta hace unos meses. Esta ley establece, entre otras cosas, el derecho de personas gestantes que deciden abortar voluntariamente hasta la semana 14 de gestación a ser atendidas en los servicios del sistema de salud.
  2. En función del contexto, la retirada de las instituciones aparece como la regla general en los relatos de estos abortos ocurridos entre 2010 y principios de 2019 en San Luis y Mendoza, aunque existieron excepciones en que intervinieron profesionales “amigables” que, a título personal, entendían los abortos como un derecho de la persona gestante y actuaban en consonancia, en el marco de diversos obstáculos institucionales.
  3. En este sentido, nos centramos en el aspecto vinculado a la dañabilidad que Butler asocia a la condición vulnerable humana, sin desconocer otros sentidos que le otorga a este término y que comportan igual relevancia política, como la receptividad y la apertura.


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