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De la medicalización al cuidado

Reflexiones sobre un camino posible
para abordar la violencia patriarcal en instituciones sociosanitarias

Sofía da Costa Marques y María Florencia Linardelli

Introducción

La violencia contra las mujeres y personas feminizadas, aunque hunde sus raíces en la historia patriarcal, ha adquirido en la actualidad una visibilidad sin precedentes. En América Latina y el Caribe, esta problemática irrumpió en la escena pública a partir de la década de 1980, de la mano de algunos sucesos relevantes. En 1979 tuvo lugar en Nueva York la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recogida por la Asamblea General de Naciones Unidas y firmada por gran cantidad de países. En 1985 se realizó la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. Ese mismo año, en el marco de la democracia recientemente recuperada, Argentina adhiere a la CEDAW y la lucha histórica de los movimientos de mujeres y feministas comienza a encontrar una tímida interlocución con las instituciones del Estado.

Sin embargo, los medios de comunicación masiva, los poderes públicos y los organismos internacionales han mostrado una creciente atención a esta problemática recién en los últimos cinco años, a partir de las grandes movilizaciones del año 2015. Las transformaciones culturales recientes, sostenidas en las luchas feministas históricas, instalaron la percepción de la violencia patriarcal como inadmisible. El activismo de mujeres y del colectivo LGTTBIQ+ está desbaratando el sentido común según el cual las diferencias sexo-genéricas son la excusa para una organización jerárquica de las personas y los grupos sociales, que legitima un ejercicio sistemático de la violencia patriarcal.

Este escenario propicia una mayor demanda al Estado que, respondiendo a ciertos reclamos del movimiento feminista, ha comenzado a desarrollar o ha profundizado políticas públicas que procuran dar cuenta de esta problemática[1]. Paralelamente, es posible identificar peticiones, consultas en aumento y denuncias por fallas del accionar judicial y de los “organismos de la mujer” en el Poder Ejecutivo de todas las jurisdicciones. Como parte de este andamiaje, también las instituciones sociosanitarias comenzaron a ser interpeladas de manera creciente. Sobre esta interpelación reflexionaremos en el presente artículo.

A partir de nuestras experiencias como trabajadoras, docentes e investigadoras del campo de la salud, hemos construido un supuesto sobre las demandas dirigidas al sistema de atención médica en lo referido al abordaje de la violencia patriarcal. En las instituciones médicas prevalece una percepción de inadecuación entre la demanda que se les dirige y sus posibilidades de atenderla. Precisemos un poco más este asunto: en los cursos dictados a profesionales de la salud, en los espacios de supervisión de prácticas y en los pasillos hospitalarios recorridos como trabajadoras, hemos escuchado al personal de las instituciones aludir a la carencia de recursos materiales y simbólicos para afrontar las situaciones de violencia sufridas por las usuarias, la falta de capacitación y formación profesional para su abordaje y la fragilidad de las redes familiares y comunitarias para construir estrategias de atención intersectoriales. El acompañamiento de usuarias que padecen situaciones de violencia patriarcal se manifiesta como fuente de frustraciones, sensaciones de impotencia y presagios de fracaso antes de intentar intervenciones. Aunque menos frecuentes, también hemos sido testigos de discursos que cuestionan que las instituciones de atención médica tengan alguna incumbencia en el abordaje de esta problemática. En suma, la violencia patriarcal interpela y presiona al ámbito sanitario en todos sus niveles.

Las páginas que siguen son una aproximación a algunas situaciones que consideramos que subyacen a esta tensión, y líneas posibles para construir abordajes ajustados a las necesidades de las/es usuarias/es. A lo largo del trabajo recorremos dos argumentos centrales. Primero, que una condición para que los/as agentes de las instituciones sociosanitarias puedan abordar las situaciones de violencia patriarcal es reconocer su propia implicación en el problema. Segundo, que un modelo sanitario centrado en la atención de la enfermedad difícilmente pueda detectar e intervenir oportunamente ante situaciones de violencia patriarcal. En ese contexto, la medicalización del sufrimiento es lo que ocurre más habitualmente en las instituciones. Para finalizar, sugerimos que situar al cuidado como centro de las intervenciones sociosanitarias es una vía para identificar eficazmente esta problemática, y para construir intervenciones ajustadas a las necesidades de las personas usuarias, coherentes con su contexto de vida y respetuosas de sus derechos y autonomía.

Este artículo es resultado de una reflexión sobre los espacios institucionales en los que nos hemos desempeñado profesionalmente (como trabajadora social y socióloga). Se trata de hospitales públicos y de obras sociales en los que realizamos tareas asistenciales, de producción estadística y de supervisión de residentes. También incluimos análisis derivados de nuestra experiencia como docentes en distintos espacios de formación de grado y posgrado de profesionales de la salud, en la provincia de Mendoza.

Esta labor de reflexión ha requerido registrar las incomodidades experimentadas frente a los abordajes de la violencia patriarcal desde las instituciones sociosanitarias. Además, se trata de una temática que nos inquieta como feministas y como mujeres usuarias de los servicios de salud. En suma, este escrito acude a herramientas conceptuales feministas y de la salud colectiva latinoamericana para reflexionar sobre nuestras diversas experiencias en el campo de la salud.

Nociones feministas sobre violencia patriarcal

Para comenzar, es necesario definir qué entendemos por violencia patriarcal. Este concepto, de carácter estructural, permite comprender las relaciones sexo-genéricas jerarquizadas sobre las que se estructuran las instituciones sociales de las que participamos. En particular, la noción de “patriarcado” ha sido definida por Adrienne Rich como

Un sistema político-ideológico, familiar-social, en el cual los hombres –a través de la fuerza y la presión directa, o por medio del ritual, la tradición, la ley y el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo– determinan qué papel deben o no representar las mujeres y en el cual lo femenino está siempre subsumido a lo masculino (1996: 57).

De acuerdo con la autora, una sociedad es patriarcal cuando mantiene una jerarquía sexual identificable, que subordina a las mujeres y a lo femenino.

Distintas pensadoras feministas definen la violencia patriarcal como un proceso social estructural antes que un problema privado o de psicopatología individual del agresor. Para Rita Segato (2003), las relaciones de género consideradas “normales” presentan un carácter coercitivo e intimidatorio para las mujeres, pues se basan en el poder. Las posiciones sociales masculina y femenina no constituyen un vínculo entre individuos iguales, aunque así lo presuman las leyes. Son posiciones desiguales en una estructura de relaciones de poder construida y afectada por la economía, la política y el contexto histórico. La violencia contra las mujeres participa como uno de los mecanismos principales mediante los que se garantiza la obediencia a la jerarquía patriarcal. En palabras de la autora, “el mantenimiento de esa ley dependerá de la repetición diaria, velada o manifiesta, de dosis homeopáticas pero reconocibles de violencia” (Segato, 2003: 107).

Jules Falquet (2002), por su parte, señala que la violencia contra las mujeres resulta indispensable para la organización de las relaciones sexo-genéricas dominantes, para el funcionamiento material de la sociedad y para su reproducción. Además puntualiza que es un fenómeno que no solo afecta a las personas directamente implicadas:

No es necesario violar o pegar a todas las mujeres todos los días: algunos casos particularmente espeluznantes presentados con morbo por los medios de comunicación o narrados por las vecinas bastan para que cada mujer se preocupe y tema infringir las normas que supuestamente la protegen de semejante suerte (Falquet, 2002: 164).

Otro asunto relevante que plantean las autoras mencionadas radica en el carácter habitual de la violencia en las relaciones de género. Es decir, no se trata de un fenómeno extraordinario y atípico, o de una tragedia, sino que las expresiones extremas (violencia física, sexual y asesinato) forman parte de un gradiente de situaciones más solapadas, invisibles o de difícil percepción, que se confunden en el contexto de relaciones, incluso aparentemente afectuosas (Segato, 2003). La eficiencia de esas violencias “solapadas” en el sostenimiento de la jerarquía patriarcal radica en sus características distintivas: por un lado, su diseminación masiva en la sociedad, que garantiza su naturalización como parte de comportamientos considerados “normales” y banales; por otro, su arraigo en valores morales, religiosos y familiares, que permiten su justificación (Falquet, 2002).

Kimberlé Crenshaw (1998) acerca otra dimensión de análisis, cuando destaca que la violencia que viven las mujeres a menudo se conforma por otras dimensiones de sus identidades además del sexo-género, como la raza y la clase. El maltrato contra las mujeres de color adquiere características particulares, resultantes de la intersección de patrones racistas y sexistas y, por tanto, su experiencia no está determinada por los márgenes tradicionales de la discriminación de género. La autora postula que la agresión física sufrida por las mujeres racializadas es la manifestación más inmediata de la subordinación en la que viven, vinculada con el desempleo, el trabajo precario y la pobreza.

La perspectiva estructural que hasta aquí analizamos permite desplazarnos de la comprensión habitual de este fenómeno. Por un lado, nos aleja de la idea del caso aislado y de la buena o mala voluntad de las personas frente a estas situaciones. Por otro, una mirada estructural de la violencia patriarcal permite entender que sus manifestaciones atraviesan distintas instituciones sociales. Dichos atravesamientos adquieren una cristalización muy particular en las instituciones sociosanitarias, como veremos en los próximos apartados.

La violencia patriarcal de las instituciones sociosanitarias

La cuestión de la violencia ejercida por las instituciones sociosanitarias ha sido ampliamente explorada en distintas latitudes. De acuerdo con las conceptualizaciones repasadas previamente, podemos decir que el patriarcado es una forma de organización social y un basamento histórico para el ordenamiento de la sociedad. Esto implica que está presente en la matriz de todas las instituciones, dando forma y contenido a las representaciones y a las relaciones sociales (Canevari, 2017).

Las instituciones sociosanitarias no son una excepción. En su organización y funcionamiento se encuentran contenidas estas lógicas jerárquicas que asignan características, definiciones y roles diferenciales según el sexo-género. Puesto que esta asignación se da en el marco de jerarquías establecidas y relaciones asimétricas de poder, la diferencia se transforma en desigualdad. Cabe destacar que las lógicas a las que hacemos referencia funcionan tanto en la relación con las mujeres y personas LGTTBIQ+ que asisten a las instituciones como entre sus agentes. Las formas y expresiones varían de acuerdo con el tipo de relación (no es lo mismo transitar por una institución como “paciente” que hacerlo como trabajadora) y con la situación concreta (no es lo mismo acudir a un hospital en ocasión de un parto que acudir por razones vinculadas a la salud mental). Pero, en todos los casos, las lógicas de desigualdad y las violencias, sutiles o explícitas, permean la estructura institucional misma. Comprender los espacios médico-sanitarios a la luz de este atravesamiento patriarcal nos permite dejar de pensar la violencia institucional como situaciones aisladas, exabruptos inaceptables o casos escandalosos.

En una extensa investigación sobre las relaciones entre profesionales de los servicios de salud y las mujeres que acuden buscando asistencia y cuidados, Cecilia Canevari (2017) señala que este vínculo supone a menudo violencia, expresada en diferentes prácticas que buscan el control y la dominación de las usuarias. La autora analiza especialmente las prácticas institucionalizadas referidas a los procesos reproductivos, e identifica un cúmulo de conductas, actitudes, reglas e imposiciones (habitus médicos) dirigidos a cercenar la autonomía reproductiva de las mujeres. Se trata de prácticas sutiles o explícitas, omisiones o tratos abiertamente crueles, que se realizan rutinariamente en los servicios e incluyen la administración de medicamentos sin consentimiento, la limitación de los movimientos, la descalificación de las pautas culturales de las usuarias, amenazas e insultos, la negación de la analgesia o el impedimento de que las mujeres estén acompañadas. Para la autora, la relevancia de analizar este gradiente de prácticas violentas radica en la función social que cumplen, esto es, garantizar el antiguo mandato patriarcal de controlar la sexualidad y la reproducción de las mujeres para la perdurabilidad de este orden jerárquico.

Otro núcleo de análisis relevante radica en el arraigo y la invisibilización de la violencia en la propia construcción de las instituciones sanitarias. Roberto Castro (2014) realizó una investigación sobre las instituciones médicas como constructoras activas de relaciones de poder, mediante patrones de aprendizaje y del desarrollo de ciertas habilidades y actitudes. Para el autor, el campo médico incluye las instituciones de atención médico-sanitaria y las de formación profesional. En el interior de este campo, los/as actores ponen en juego habilidades, conceptos y maneras de proceder, tendientes a mantener las reglas de juego o, eventualmente, a subvertirlas. En esta dinámica se conforma el habitus médico, entendido como el conjunto de predisposiciones generativas que resultan de la incorporación de las estructuras objetivas del campo médico. Tales predisposiciones las adquieren los profesionales de este campo –en primer lugar, los médicos– a través de la formación que reciben en la facultad de medicina y en los hospitales de enseñanza. Al mismo tiempo, dichas predisposiciones se recrean cotidianamente a través de su práctica profesional, y engendran todas las conductas “razonables” y de “sentido común” posibles en tanto profesionales (Castro, 2014: 173).

La investigación de Castro muestra que, desde las etapas de formación profesional, se establecen diversos tipos de violencia que continúan operando durante las residencias e, inclusive, en la cotidianidad del personal de instituciones sociosanitarias. El autor señala tres dimensiones de esta cuestión: los castigos y la disciplina corporal, las jerarquías dentro de la profesión y la disciplina de género. Tras estas formas de violencia, opera un currículo oculto que contribuye a la formación de un habitus médico autoritario y que sustenta la particular disposición de numerosos/as profesionales de la medicina a maltratar, por ejemplo, a mujeres en situación de parto. Esta perspectiva nos acerca a una comprensión cabal del modo de funcionamiento de las instituciones que no solo permite la ocurrencia de la violencia, sino que se apoya en ella para garantizar el mantenimiento de un statu quo.

Las dimensiones abordadas hasta aquí nos permiten exponer uno de los nudos críticos que hallamos en las intervenciones de las instituciones sociosanitarias, especialmente en situaciones de violencia patriarcal. Si resulta una temática que abre incomodidades, sensaciones de impotencia o percepciones de inadecuación frente a la demanda de atención, esto se vincula, en buena medida, con la frecuente circulación de la violencia patriarcal en las instituciones de salud. Por una parte, esta frecuencia se acompaña de significativos niveles de naturalización de la violencia, que impiden detectar cabalmente la problemática. Por otra, implica que las propias instituciones médicas forman parte del problema al que se las convoca a dar respuesta.

Abordar la violencia patriarcal en instituciones sanitarias. Los límites del modelo de atención centrado en la enfermedad

Para comenzar, proponemos preguntarnos por la finalidad de las instituciones sociosanitarias. ¿Cuáles son su misión y sus objetivos? Como puede resultar obvio, no existe una única posición. Las respuestas varían de acuerdo con la concepción sobre, por ejemplo, el proceso de salud-enfermedad-cuidado y el papel del Estado en la provisión de servicios. Entonces, es menester explorar cuáles son las concepciones hegemónicas en el campo de la salud, para lo que acudiremos a los aportes de la medicina social latinoamericana.

Pese a que las instituciones sociosanitarias, tanto públicas como privadas, se autodenominan “servicios de salud”, no es difícil percibir que se encuentran centradas en la atención de la enfermedad desde una perspectiva biomédica. Esta última se caracteriza, en términos de Eduardo Menéndez (2005), por su biologicismo, ahistoricidad, asocialidad, pragmatismo e individualidad. Estos rasgos se plasman en un tipo de práctica técnica y social que ubica los factores etiológicos y curativos en la persona o en el ambiente “natural”.

En ese marco, los procesos colectivos determinantes de la salud/enfermedad son considerados como factores externos y secundarios. Cuando se toman en cuenta tales procesos, se analizan en términos de población (como suma de personas o, a lo sumo, grupos de riesgo) desmarcados de sus inscripciones raciales, genéricas y de clase. Menéndez (2005) destaca que las políticas de salud que surgen de este modelo quedan separadas de los factores económicos, políticos e ideológicos determinantes de la enfermedad, lo que propicia una práctica médica reparativa.

El personal de salud biomedicalizado, según Seixas, Merhy, Baduy y Slomp (2016), actúa como un instrumento altamente especializado y fragmentado para intervenir de forma puntual sobre los órganos de un individuo. Este modo de abordaje deterioró la relación entre agentes de salud y personas usuarias, condujo a una baja resolución de necesidades y demandas sanitarias y diseminó prácticas prescriptivas y autoritarias en el trabajo cotidiano de los servicios. Si bien existen prácticas alternativas a esta perspectiva dominante, resulta claro que la hegemonía de la biomedicina lejos está de su ocaso.

En ese contexto, no resulta extraño que una década atrás –y desde la visión biologicista imperante– las instituciones sanitarias eludieran la atención de la violencia patriarcal, en cuanto no la consideraban como un asunto estricto del campo de la salud. La falta de estrategias activas de detección de situaciones de violencia y el desconocimiento de signos que permitieran su rápida identificación habla de que el campo médico se consideraba a sí mismo ajeno al tema. Cuando se detectaba la problemática, o cuando esta era enunciada por las usuarias, los abordajes solían focalizarse en aspectos psicológicos y judiciales. Allí se convocaba a profesionales en psicología a atender en consultorios individuales a las pacientes y al personal de trabajo social por articular, derivar y judicializar. Las pocas intervenciones médicas solían acotarse a la atención farmacológica o reparativa de los efectos más evidentes de la violencia en el cuerpo o el psiquismo: lesiones físicas o síntomas psíquicos como insomnio, ansiedad y consumo de sustancias, entre otros.

Este abordaje de las situaciones de violencia patriarcal se ha modificado parcialmente, como señalamos al inicio, de la mano de las luchas feministas y por el desarrollo de diversas políticas públicas para la atención de mujeres y personas LGTTBIQ+ en situación de violencia, que desembocaron en la sanción en 2009 de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. No obstante, el nuevo escenario muestra que la mayor atención prestada por las instituciones sociosanitarias a la temática no está exenta de tensiones.

Por una parte, nos interesa destacar que la intervención de las instituciones sociosanitarias con mujeres/disidencias en situación de violencia patriarcal suele culminar en el reforzamiento de la tradicional medicalización. Diagnósticos médicos y psiquiátricos prontamente recaen sobre las/es consultantes, junto con la farmacología que acompaña esos diagnósticos. Un ejemplo reciente puede ayudarnos a visualizar cómo la medicalización de este tema se ha extendido, al punto de que se comienzan a difundir expresiones como “epidemia de feminicidios”. Entendemos que este tipo de lenguaje, adoptado en ocasiones también por los feminismos, devela una patologización de un fenómeno social cuyo origen es el patriarcado capitalista y no una enfermedad. Se trata de una evidente extensión de las construcciones discursivas de la biomedicina y la epidemiología en la comprensión de un fenómeno social complejo.

Sin dudas, esto puede vincularse con que el lenguaje biomédico es más audible públicamente que las denuncias, los estudios, las experiencias y los conocimientos feministas. Pero las condiciones de posibilidad de esa “audibilidad” de la medicina no tienen que ver tanto con su precisión o rigurosidad, sino más bien con el hecho de que es una disciplina profundamente patriarcal, cuyos enunciados suponen criterios de verdad. Consideramos problemático ceder el contenido político y teórico de la violencia patriarcal al discurso médico-epidemiológico en pos de una mayor visibilidad, porque puede significar entramparse en un terreno que, desde una perspectiva feminista, tratamos de subvertir permanentemente. Con arduos esfuerzos militantes y teóricos, los movimientos de mujeres y LGTTBIQ+ cuestionan las intervenciones desmedidas e insidiosas sobre nuestros cuerpos por parte de la biomedicina, que ha patologizado las diferencias fisiológicas, hormonales, de orientación sexual y de identidad de género, usando como parámetro las características de los varones blancos, cis y heterosexuales.

Que haya hechos brutales, injustos y de previsibilidad relativamente alta, como los feminicidios, no habilita a equipararlos a una enfermedad. Que sea imprescindible construir registros estadísticos sobre ellos no los convierte en un dato de la epidemiología. Si los hechos de violencia patriarcal extrema son asimilados a una patología, el discurso y la práctica biomédicos los abordará como fenómenos biológicos, individuales y “anormales” o, por lo menos, como hechos fuera de la norma. Y bien sabemos las mujeres, las personas trans y no binaries, las travestis, las lesbianas y los gays las consecuencias que tales abordajes generan en términos de producción, reproducción y justificación de la violencia patriarcal. También hemos logrado mostrar que no se trata de problemáticas individuales ni de hechos que contraríen la “normalidad” patriarcal.

Por otra parte, la complejidad de la atención y el acompañamiento de mujeres y personas LGTTBIQ+ en situación de violencia han generado la rigurosa protocolización de las intervenciones en las instituciones sociosanitarias. También desde los feminismos se exigen protocolos de actuación que, en ocasiones, terminan siendo armas de doble filo. Veamos un ejemplo concreto. Mientras que antes de la sanción de la ley 26485 era habitual que la violencia patriarcal no se considerase un problema pasible de ser abordado en un servicio de salud, desde la entrada en vigor de la mencionada normativa se modificaron las intervenciones. La implementación de protocolos de actuación en la materia ha conducido, en algunos casos, a que se les exija a las mujeres la denuncia judicial de los hechos de violencia como parte necesaria del proceso de atención.

En nuestra experiencia profesional observamos con frecuencia que la obligación de denuncia prevista en la ley, en su artículo 18[2], se convierte en una estrategia de los/as profesionales para resguardar su propia seguridad, antes de la de quienes consultan. Con esto no sugerimos desconocer la obligación que pesa sobre los/as agentes estatales, ni tampoco cuestionamos que la denuncia pueda formar parte de las estrategias de abordaje de los equipos de salud. Lo que destacamos es que la multiplicación de denuncias realizadas por personal sanitario, en ocasiones, parece responder a un intento de proteger al personal profesional y al servicio, antes que a una estrategia orientada a velar por la integridad de las/es usuarias/es.

Aquí podemos observar que los protocolos no resultan inmediatamente transformadores de las prácticas médicas. Por el contrario, desde el discurso de la protección, en muchas ocasiones las instituciones interponen sus intereses por encima de las decisiones, la seguridad, la autonomía y los derechos de las/es consultantes. Es decir, hay una tensión entre las demandas del movimiento de mujeres y feministas de protocolizar las intervenciones vinculadas con la violencia patriarcal y los efectos desubjetivantes de la protocolización. Aunque reconocemos la eficacia y necesidad de normas contra la violencia que establezcan criterios de atención, también debemos reconocer sus límites. Si con la aplicación de un protocolo se vulnera la autonomía y seguridad de las mujeres, conviene preguntarnos por la razón y eficacia de ese instrumento. No es extraño que ciertas modificaciones reglamentarias culminen en una repetición velada de aquello que se pretendía cambiar.

Ubicar los cuidados en el centro. Una perspectiva posible sobre la incidencia de la violencia patriarcal en los procesos de salud-enfermedad

Como señalamos al inicio de este trabajo, consideramos que, para construir intervenciones pertinentes y respetuosas de las necesidades, los derechos y la autonomía de las personas que requieren asistencia, resulta crucial problematizar la finalidad de los servicios sociosanitarios. En esa dirección, Seixas et al. (2016) proponen transformar el encuentro terapéutico en una relación de cuidado. Para tal fin es necesario modificar el foco de la intervención, que debe vincularse con el sufrimiento antes que con normativas, mediciones o desvíos estándar. En relación con ello, en cada propuesta terapéutica es necesario analizar cuánto de lo que prescribimos se implementa y, de hacerlo, cuánto sufrimiento genera. El horizonte de cada intervención es el cuidado, por tanto, es imprescindible el protagonismo de la persona que recibirá ese cuidado antes que el énfasis en los procedimientos. Esta propuesta demanda salir de la estandarización y protocolización excesiva de las prácticas y construir planes de cuidado singulares.

Cabe destacar que, para autoras/es de la salud colectiva, el concepto de cuidado no es equivalente al de atención, sino que el primero tiene una connotación más amplia e integral, al quitarle la centralidad a las instituciones y agentes del campo sanitario y reconocer que buena parte de las acciones de salud suceden en la vida cotidiana de los/as sujetos (Stolkiner y Ardila Gómez, 2012). Paralelamente, la noción de cuidados ha sido ampliamente abordada por los feminismos desde los años ochenta, cuando pensadoras italianas –como Laura Balbo, Franca Bimbi y Chiara Saraceno– comenzaron a referirse al lavoro di cura para nominar las múltiples actividades invisibles que las mujeres adultas realizan para cuidar de la vida. Para los feminismos, además, el cuidado es un trabajo integrado por “las actividades que regeneran cotidiana y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas” (Pérez Orozco, 2014: 62).

Estas coordenadas para transformar la lógica de las intervenciones sociosanitarias permiten avizorar escenarios más viables para abordar la problemática de la violencia patriarcal, al subordinar las acciones y tareas de los servicios sanitarios al cuidado. Antes que un protocolo estanco que indique el lugar de la escucha, la orientación, el acompañamiento, la derivación, la denuncia y la judicialización, cada instancia de la intervención se ordena detrás de la prioridad del cuidado y este último se construye en los encuentros terapéuticos con las personas usuarias (Seixas et al., 2016).

Otro asunto para abordar refiere a incumbencias muy específicas de los servicios sociosanitarios, que llamativamente adquieren un carácter secundario cuando se atiende a mujeres o personas LGTTBIQ+ en situación de violencia patriarcal. Hasta aquí hemos señalado que la violencia patriarcal no es un problema que pueda comprenderse en términos de “enfermedad”. Sin embargo, entendemos que, desde una mirada centrada en el cuidado, las instituciones sanitarias tienen la tarea de atender de manera integral los daños (cuadros agudos, crónicos y diferentes grados de discapacidad) que provoca la violencia patriarcal.

¿Cuánto sabemos sobre esto en el campo de la salud? Nos animamos a sugerir, pensando en nuestra propia formación, que conocemos muy poco. Es decir, tenemos dificultades para diagnosticar y, por ende, para construir una terapéutica adecuada que evite segmentar las experiencias de las/es usuarias/es. El ejemplo más brutal de la falta de atención integral y de conocimiento riguroso sobre el tema es la frecuente administración de psicofármacos para el tratamiento de cuadros ansiosos, depresivos o de insomnio –muy frecuentemente asociados a la violencia– que disminuyen la capacidad de respuesta frente a las agresiones.

Una investigación realizada por Tájer, Gaba y Reid (2013) en Argentina ofrece información clave para reflexionar sobre los padecimientos asociados con la violencia patriarcal. Primero, las autoras indican que las mujeres en situación de violencia buscan atención médica dos veces más que otras mujeres. Esto sitúa al sistema de atención médica como un sector estratégico para la prevención y detección temprana. Segundo, destacan que en el sistema de salud existe un marcado subregistro de este problema, debido a una ineficaz detección, ya sea porque no constituye el motivo de consulta o porque no se utiliza este diagnóstico en los informes y estadísticas sanitarias. Tercero, detallan de manera precisa la variedad de enfermedades y padecimientos asociados frecuentemente con la violencia patriarcal, que suelen presentarse entrelazados.

Como resulta evidente, el estudio puntualiza que la consecuencia más grave de este tipo de violencia es la muerte por feminicidio y el suicidio. Además son habituales –y fácilmente identificables– las lesiones graves y muy graves: fracturas, heridas de bala, cortes, hematomas y quemaduras. Las autoras también señalan otros cuadros frecuentes, pero menos reconocidos por los/as profesionales: dolor crónico, cefaleas, problemas respiratorios, agudización de cuadros asmáticos y alergias respiratorias, embarazos no intencionales, ITS y VIH, trastornos menstruales, dolor pélvico crónico, infecciones urinarias, hijos o hijas con bajo peso al nacer, partos prematuros, depresión, ansiedad, ataques de pánico, intentos de suicidio, trastornos del sueño, afectación de la capacidad de maternaje, de la concentración y de las capacidades involucradas en el estudio y el trabajo, alteraciones en la atención, en la memoria y fobias. Este conjunto de padecimientos concluye en una disminución de los años de vida saludables y provoca discapacidad psicológica y física.

Tájer, Gaba y Reid (2013) también señalan que las especialidades médicas con mayor formación y capacidad de detección son la medicina general o de familia, la pediatría y la psicología. Sin embargo, advierten que, a mayor especialización médica, menor posibilidad de que identifiquen la violencia como un problema de salud. El caso más notable es el de profesionales de ginecología que, aunque detectan las situaciones de violencia, habitualmente no intervienen por considerarlas ajenas a su especialidad.

Los resultados de este estudio nos muestran al menos dos asuntos para considerar. Por un lado, la diversidad de padecimientos, daños y enfermedades asociadas con la violencia que circulan relativamente invisibilizadas por los servicios de salud. Por otro lado, la importancia estratégica de este sector, tanto para la detección y el acompañamiento temprano de esta problemática como para la atención de los daños que provoca. Esto último conmina a las y los profesionales de la salud a profundizar en el conocimiento disponible sobre el tema, formarse en perspectiva de género y revisar aquellas prácticas que resultan solidarias con los mandatos patriarcales y la violencia.

Conclusiones

A lo largo del trabajo, pusimos en diálogo nuestras experiencias como trabajadoras del sistema sanitario y como docentes en espacios de formación sociosanitaria con una revisión teórica, a fin de reflexionar acerca de las tensiones y paradojas en el abordaje de las situaciones de violencia patriarcal en instituciones médicas.

Procuramos recuperar una perspectiva estructural sobre la violencia patriarcal y sus manifestaciones institucionales. Al plantear que una problemática es estructural, no buscamos sugerir que esté fuera de nuestro alcance realizar intervenciones pertinentes, ajustadas y, hasta cierto punto, transformadoras. Señalar que un proceso tiene carácter estructural implica identificar que no se limita a sus expresiones evidentes y singulares, y que demanda un esfuerzo de comprensión que traccione contra aquellas lógicas que se presentan como naturalizadas o de sentido común.

Identificamos algunos nudos centrales para el análisis: por un lado, la construcción de las instituciones sociosanitarias como espacios de producción y reproducción de violencia patriarcal desde los aportes de Castro (2014) y Canevari (2017). Por otro lado, señalamos que los servicios de salud organizados en torno a una perspectiva exclusivamente biomédica y centrados en la atención de la enfermedad producen la creciente medicalización de las mujeres y disidencias sexuales en situación de violencia, al tiempo que protocolizan las intervenciones sin garantizar mayor efectividad para las/es usuarias/es. Finalmente, problematizamos la función de los servicios sanitarios al rescatar la noción de Seixas et al. (2016) del encuentro terapéutico como relación de cuidado singular. Esta perspectiva amplía la mirada biologicista imperante en la medicina, que excluye del campo de sus saberes, problemas e intereses a las manifestaciones de la violencia patriarcal, y propone nuevas formas de concebir la tarea, misión y objetivos de las intervenciones sociosanitarias.

A partir de estas reflexiones, consideramos que se abren interrogantes sobre los límites de las disciplinas del campo de la salud para construir intervenciones pertinentes frente a problemáticas complejas. La violencia patriarcal, por su multideterminación y enraizamiento profundo en la historia, se trata de un fenómeno que excede los límites estrechos de conocimientos compartimentados mediante divisiones disciplinares. Se presenta como una problemática indisciplinada.

Esto último habilita al menos dos alternativas que pueden resultar efectivas para comprender mejor el funcionamiento de la violencia y para construir abordajes ajustados al contexto, a las necesidades de las personas usuarias y que respeten sus derechos y su autonomía. Por una parte, la búsqueda de nuevos saberes; por otra, la práctica efectiva de la interdisciplina y la intersectorialidad. En lo referido a la indagación sobre nuevos saberes, existe un cúmulo disponible de investigación científica que puede brindarnos sólidos conocimientos sobre el tema. Uno de los campos que abordó más temprana y extensamente la problemática de la violencia patriarcal es la teoría feminista, en la cual abundan las discusiones y claves explicativas para explorar. Al mismo tiempo, se han multiplicado las redes de organizaciones sociales, profesionales, activistas y de mujeres sobrevivientes de violencia patriarcal, que se encuentran trabajando en la difusión, prevención y revisión de prácticas. Allí también es posible hallar experiencias y saberes acumulados que pueden asistirnos en la búsqueda de alternativas para realizar abordajes más efectivos, pertinentes, integrales y respetuosos de los derechos humanos.

Ligada íntimamente con esta tarea de comprensión se encuentra la dilucidación de nuestra posición en la estructura de relaciones sociales en la que se inserta la problemática en cuestión. Es menester tener cierta claridad de la posición que ocupamos en la estructura de relaciones, así como qué elementos la hacen posible y la sostienen. En el caso de la violencia patriarcal, quienes deben dar respuestas vinculadas con sus obligaciones como agentes estatales deberían reconocer el lugar que ocupan las instituciones en la reproducción y el ejercicio de esa violencia. Puntualmente, en el interior de las instituciones sanitarias se requiere una profunda reflexión de la multiplicidad de violencias naturalizadas que se dirigen hacia las personas usuarias y hacia las propias trabajadoras de este campo. Pero no basta solo con la reflexión: resta el desafío de romper la complicidad cotidiana con las prácticas patriarcales que circulan por los servicios.

Bibliografía citada

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Stolkiner, Alicia; Comes, Yamila y Garbus, Pamela (2011). “Alcances y potencialidades de la atención primaria de la salud en Argentina”. Ciência & Saúde Coletiva, 16(6), 2807-2816.

Tájer, Débora; Gaba, Mariana y Reid, Graciela (2013). Impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres: una investigación en la ciudad de Buenos Aires. Informe de Investigación. Buenos Aires: Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.


  1. Conviene destacar que en Argentina, hacia el final de la década de 1980, se crearon diversos mecanismos institucionales para abordar temáticas de género, que tomaron diferentes formas: áreas mujer, institutos y/o consejos orientados a la asistencia de mujeres en situación de violencia o discriminación. También entre sus objetivos se encontraba promover el “avance” de las mujeres, finalidad que, enmarcada en los debates sobre el desarrollo, abordaba otra gama de temas como empleo, salud, educación y servicios sociales (Anzorena, 2013). Durante la década de 1990, estos organismos quedaron relegados, y recuperaron protagonismo recién a partir de 2009 con la sanción de la ley 26485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. La primera marcha nacional Ni una menos en 2015 constituye otro hito relevante en cuanto a la centralidad en la agenda que adquirió esta temática. Este recorrido es abordado en profundidad en este libro en el capítulo de Claudia C. Anzorena “Cuatro décadas de políticas de género en Argentina. Un recorrido por los cambios normativos de 1985 a 2020 desde una perspectiva feminista”.
  2. Esta normativa establece en su artículo 18: “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito” (ley 24685, 2009).


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