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2 El recorrido teórico

Reproducción de las unidades domésticas, heterogeneidad estructural e intervención social del Estado

Introducción

Aquí presentamos los principales elementos conceptuales a partir de los cuales construimos nuestro objeto de estudio. Proponemos una intersección entre los estudios del trabajo y las investigaciones sobre intervención social del Estado a partir de un eje vertebrador: la reproducción de los hogares. Dada la complejidad de este objeto –en tanto involucra dimensiones materiales y simbólicas–, nos limitamos a su dimensión económica, estrechamente vinculada con los procesos de distribución primaria y secundaria del ingreso monetario. El estudio de la reproducción económica de los hogares constituye así una instancia sugerente para abordar la relación entre heterogeneidad estructural y políticas sociales durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina.

La articulación propuesta se vuelve inteligible en el contexto de una determinada “estructura” o “régimen social de acumulación” que involucra las dimensiones económicas, políticas, sociales e institucionales que inciden en el proceso de acumulación de capital (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]; Kotz, 1994; McDonough, Reich y Kotz, 2010)[1]. La premisa de esta perspectiva es que la acumulación de capital “no puede tener lugar ni en el vacío ni en el caos”, sino en un determinado contexto social e institucional (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]: 41). El régimen de acumulación abarca una estructura del mercado laboral y una forma de intervención social del Estado que participa en la reproducción de la fuerza de trabajo y procura minimizar el impacto del conflicto social sobre el proceso de acumulación (Gillespie, 2014; Kotz, 1994). Las unidades domésticas también son relevantes en tanto garantizan la reproducción material y simbólica de la fuerza de trabajo. Por ello, articulamos este argumento con la amplia tradición latinoamericana que destacó los efectos no anticipados que tienen los comportamientos de los hogares sobre el régimen económico.

Partimos de la centralidad que adquiere la participación en el mercado de trabajo
–entendido, en sentido amplio, como ámbito de compraventa de fuerza de trabajo o de inserción mediante el autoempleo– para la amplia mayoría de los hogares. Por lo tanto, en el estudio de las condiciones de vida otorgamos prioridad a las características que asume la demanda de fuerza de trabajo en una estructura social de acumulación. Por añadidura, es ampliamente reconocido el papel que desempeñan en la determinación de las condiciones de vida otros recursos de los que disponen los hogares; al respecto, es crucial el rol del Estado y su intervención en materia de redistribución[2].

En este capítulo exponemos las principales líneas conceptuales que atravesaron la construcción de nuestro objeto de estudio. En la primera sección se repasa la perspectiva desde la que abordamos las capacidades de reproducción económica de los hogares. En la segunda, presentamos los principales argumentos conceptuales para abordar la estructura ocupacional en la que participan los miembros de los hogares. Se revisan especialmente tres aspectos: 1) la cuestión de la heterogeneidad estructural, 2) la generación de excedentes de población, la tesis de la “marginalidad económica” y la persistencia de un sector de microunidades (o sector informal), 3) la segmentación de los mercados de trabajo. Por último, la tercera sección considera las características de la intervención del Estado en relación con las condiciones de vida; en particular, buscamos enfatizar las “nuevas” formas de política social en la etapa de globalización y su relación con la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional.

2.1. Acerca de la reproducción social, la reproducción de los grupos domésticos y su dimensión económica

En esta investigación estudiamos las condiciones de vida a partir de aportes teóricos sobre la reproducción social y la reproducción de la fuerza de trabajo. En particular, recogemos una tradición de la sociología latinoamericana que otorga un rol central a las unidades domésticas en el proceso de reproducción. Dado que se trata de procesos complejos y multidimensionales, aquí nos enfocamos en la reproducción económica (o material) de los grupos domésticos. En tanto la reproducción se asocia con la satisfacción de necesidades y en la medida que, en sociedades capitalistas, los satisfactores están mercantilizados, adquiere relevancia la participación de los hogares en la distribución primaria y secundaria del ingreso. Al respecto, enfatizamos que tal participación es inescindible de los propios comportamientos que aquéllos despliegan para optimizar sus condiciones de vida.

2.1.1. Reproducción social y reproducción de las unidades domésticas

La reproducción social constituye un tema central de la economía política clásica. La noción de “subsistencia” –atravesada por dimensiones históricas, culturales y normativas– desempeñó un papel crucial, al relacionar las condiciones de vida con un sistema más amplio de producción y reproducción social (Picchio, 2009). Cabe recordar que Marx y Engels (2005 [1844]: 19) señalaron que la “primera premisa” de la historia humana era la existencia de individuos vivientes y que ello suponía la producción de medios de subsistencia, la reproducción física y la reproducción de todo un “modo de vida”. Desde esta perspectiva, la reproducción se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de necesidades mediante la producción de los medios requeridos para ello (Marx y Engels, 2005 [1844]: 28)[3].

Históricamente, el mecanismo principal para la satisfacción de necesidades ha sido el proceso de trabajo, en tanto “actividad orientada a (…) la producción de valores de uso” (Marx, 2008 [1867]: 223). Sin embargo –como fuera destacado por Marx y, de un modo distinto, por Polanyi (2011 [1944])–, este proceso adquiere una forma particular en sociedades capitalistas: el proceso de trabajo interesa sólo en tanto proceso de valorización y el trabajador sólo ingresa en él en tanto portador (es decir, vendedor) de su fuerza de trabajo. Ahora bien, aun cuando la fuerza de trabajo alude al “conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad (…) que él [el ser humano] pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole (…) quien dice capacidad de trabajo no dice trabajo” (Marx, 2008 [1867]: 203-211; énfasis agregado). Por lo tanto, en sociedades capitalistas, en la medida que la reproducción de la vida depende de la venta de la fuerza de trabajo, surge un “riesgo” de orden estructural: que el trabajador no halle comprador, de allí que siempre sea un “pobre virtual” [virtual pauper] (Denning, 2010)[4].

Así, la reproducción de la fuerza de trabajo adquiere centralidad en el modelo analítico de Marx e implica la disponibilidad de un conjunto de medios de vida que permitan la reconstitución cotidiana del trabajador y sus capacidades, su mantenimiento en la etapa de retiro de la vida activa y su reposición generacional. Este último aspecto supone que entre los medios de subsistencia deben incluirse los requeridos para satisfacer las necesidades del grupo familiar del trabajador (Marx, 2008 [1867]). El valor de la fuerza de trabajo está dado por el valor correspondiente de los “medios de vida” necesarios para la reproducción cotidiana y generacional del trabajador y la unidad familiar a la que pertenece y se expresa en el salario. Cabe resaltar que tales satisfactores de necesidades no remiten a una dimensión natural sino, antes que nada, histórico-cultural: “… hasta el volumen de las llamadas necesidades imprescindibles, así como la índole de su satisfacción es un producto histórico y depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un país” (2008 [1867]: 208).

Llegados a este punto, recogemos una tradición de la sociología latinoamericana que procura enriquecer este abordaje de la reproducción al aplicarlo a formaciones sociales concretas, integrando procesos de nivel macro y microsocial (la dinámica demográfica, los estilos de desarrollo y las estrategias familiares) e incorporando el estudio de diversos grupos sociales en sociedades en las que persiste una amplia franja de la población no asalariada (Borsotti, 1981; Cortés y Cuéllar, 1990; Duque y Pastrana, 1973; Eguía y Ortale, 2004; García, Muñoz y Oliveira, 1982; Gutiérrez, 2004; Hintze, 1989; Jelin, 1984; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 1989, 2000; Torrado, 2006 [1982]). Esta perspectiva articula, por una parte, los constreñimientos que representan las condiciones estructurales –en especial, el proceso de acumulación de capital y sus especificidades en la región– sobre las opciones disponibles para los agentes sociales y, por otra parte, la capacidad de éstos para influir en los procesos de cambio y permanencia de la sociedad (Oliveira y Salles, 2000; Przeworski, 1982; Torrado, 2006 [1982])[5].

Siguiendo a estos autores, aquí entendemos la “reproducción social de la vida” como un conjunto de procesos materiales y simbólicos –situados al nivel de la sociedad en su conjunto– que intervienen en el mantenimiento y el cambio de clases, familias e individuos (Borsotti, 1981; Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 2000; Oliveira y Ariza, 2000). Un rasgo compartido entre los diferentes enfoques referidos es la centralidad otorgada a las “unidades domésticas” en el proceso de reproducción social de la vida. En general, aquéllas son definidas como un grupo de personas, unidas o no por lazos de parentesco, que organizan en común su reproducción cotidiana (Oliveira y Salles, 1989)[6]. En este sentido, se destaca el papel de los grupos domésticos al desplegar tanto comportamientos demográficos y económicos como prácticas culturales y simbólicas que garantizan la reproducción biológica, la socialización y la optimización de las condiciones materiales de existencia de sus integrantes (Torrado, 2006 [1982])[7].

La “reproducción de los grupos domésticos” se diferencia de la reproducción social en general. Debe cubrir el desgaste físico y psicológico de los integrantes de la unidad y garantizar su reposición generacional (Oliveira y Salles, 1989). Al mismo tiempo, la reproducción de los grupos domésticos remite a “la recreación en lo cotidiano de elementos ideológicos, culturales, afectos y de las relaciones de autoridad entre géneros y generaciones” (Oliveira y Salles, 1989: 31). De este modo, puede ser comprendida a partir del solapamiento de dos ciclos: uno generacional y otro cotidiano (Borsotti, 1981; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). La primera dimensión se refiere a la reproducción biológica, psicológica y cultural del grupo. Por consiguiente, remite tanto al reemplazo generacional de los individuos como a la transmisión de sistemas de valores y creencias que garantizan –en términos agregados– la reproducción simbólica de la sociedad (Borsotti, 1981: 167). Por su parte, el ciclo cotidiano alude al mantenimiento de la existencia de los miembros en un momento histórico determinado; se asocia con la manutención, esto es, la satisfacción de necesidades de alimentación, vestido, vivienda, transporte, salud, entre otros (Oliveira y Salles, 2000: 629).

Como señalamos, en las sociedades en las que el modo de producción capitalista es dominante, tal satisfacción de necesidades asume una forma peculiar: descansa en un “nexo monetario” [cash nexus] (Esping-Andersen, 1999). Ello se debe a que los satisfactores suelen encontrarse mercantilizados y la amplia mayoría de los hogares sólo disponen de un activo: la fuerza de trabajo de sus integrantes (Margulis, 1989; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). En este sentido, la reproducción de las unidades domésticas se asocia ­–aunque no se confunde– con la reproducción de la fuerza de trabajo antes aludida. Es que, en efecto, para la amplia mayoría de los hogares, la reproducción de la fuerza de trabajo “es condición para la reproducción de la unidad [doméstica] (…) ya que (…) el eje material sobre el que reposa aquélla es la utilización para la producción de ingresos de la fuerza de trabajo con que cuenta la unidad” (1989: 191-192; énfasis agregado).

Dado que la reproducción de las unidades domésticas está vinculada con la capacidad de obtener ingresos monetarios, ello otorga centralidad a la utilización de la fuerza de trabajo de sus integrantes y a sus diferentes formas de inserción laboral (en especial, mediante la venta de fuerza de trabajo a cambio de un salario o a través del autoempleo). Sin embargo, el proceso de reproducción no se agota allí: involucra tanto el “trabajo doméstico” requerido por la producción de valores de uso para el autoconsumo como la realización de labores necesarias para el consumo de bienes adquiridos en el mercado (Singer, 1980; Torrado, 2006 [1982]). Al mismo tiempo, la reproducción de los grupos domésticos supone una intensa actividad afectiva relacionada con la socialización y el aprendizaje (Jelin, 2010)[8].

En esta investigación nos concentramos en una de las dimensiones de la reproducción social de las unidades domésticas: la disponibilidad de ingresos monetarios para sufragar la reproducción de sus integrantes. Ello implica centrarse en las condiciones de “reproducción económica” o material, lo cual concierne a la utilización de la fuerza de trabajo disponible, a la diversificación de fuentes de ingreso y a los niveles de ingreso obtenidos. Asimismo, supone considerar en qué grado tales ingresos permiten la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la unidad en función de sus particulares requerimientos demográficos, lo que remite a las capacidades de subsistencia que logran alcanzar. En palabras de García, Muñoz y Oliveira, “la participación económica (…) puede entenderse como un mecanismo que utilizan los integrantes de las unidades [domésticas], en forma armoniosa o conflictiva, para proveerse de mayores ingresos con los cuales hacer frente a sus necesidades para sobrevivir y reproducirse” (1982: 180; énfasis agregado).

En esta tradición teórico-metodológica, se ha puesto énfasis en la noción de “balance reproductivo” entre necesidades de las unidades domésticas y satisfactores (Cortés y Rubalcava, 1991; Cuéllar, 1990). Este concepto apunta al grado en que la utilización de la fuerza de trabajo disponible en la unidad permite obtener los satisfactores para garantizar la reproducción de la unidad. En sociedades capitalistas, ello se asocia a la utilización de la fuerza de trabajo en el mercado para obtener ingresos que, a su vez, permitan acceder a tales satisfactores.

El balance reproductivo de las unidades domésticas puede ser positivo, neutro o negativo. En este último caso, será de esperar una mayor actividad económica por parte de la unidad, ya sea aumentando el número de ocupados o intensificando su trabajo hasta alcanzar un balance adecuado (Cuéllar, 1990: 31-32). Al respecto, también cabe incluir otros comportamientos orientados a mejorar el balance reproductivo, relativos a la propia estructura demográfica o a la diversificación de fuentes de ingresos. Por una parte, los hogares pueden reducir su tasa de dependencia económica tanto incrementando su número de perceptores como reduciendo su número de consumidores. Ello da lugar a cambios en la composición de la unidad, estrategias de allegamiento residencial, migración o economías de escala (Salvia, 1995). Por otra parte, los hogares pueden ampliar las fuentes de ingreso de las que disponen. En este punto, resultan claves las transferencias estatales y también las redes familiares que garantizan ingresos no laborales a las unidades domésticas (Oliveira y Salles, 2000).

2.1.2. Los hogares como espacio articulador de procesos micro y macrosociales

Según la perspectiva planteada, los hogares constituyen el espacio que “articula” la reproducción cotidiana y generacional de los individuos y sus capacidades. Ahora bien, ello no implica que nos aproximemos a su estudio como si fueran unidades colectivas que operan sin conflicto entre sus integrantes. Aquí retomamos la idea de que las unidades domésticas se encuentran atravesadas por clivajes de género y generación; por lo tanto, por relaciones que involucran tanto cooperación como conflicto (Oliveira y Salles, 2000)[9]. En este sentido, el tratamiento del hogar como unidad de análisis supone asumir que son “cuerpo” –resultado de un esfuerzo siempre renovado por parte de sus miembros para constituir una unidad– y “campo” –de conflictos más o menos abiertos entre sus integrantes (Bourdieu, 1997).

Los desafíos para objetivar a las unidades domésticas se derivan de que en ellas se amalgaman dos conjuntos distintos de relaciones (Cuéllar, 1990; Salvia, 1995). Por una parte, las relaciones “entre los individuos” dentro de las unidades domésticas plantean cuestiones como la solidaridad, el conflicto o el afecto; estas relaciones pueden solaparse –o no– con lazos de parentesco. Por otra parte, las relaciones entre “la unidad doméstica y la sociedad global” ponen de manifiesto cuestiones relacionadas con la participación económica, los modos de obtener recursos para sufragar la reproducción y la movilidad social de alguno de sus integrantes o de todos. El primer par de relaciones apunta a la dinámica “hogar-individuos”, mientras que el segundo remite a la relación “hogar-sociedad” (Salvia, 1995).

Desde la perspectiva que asumimos, nos concentramos exclusivamente en este segundo par de relaciones. Sin embargo, debemos aclarar que ello no implica atribuir una racionalidad explícita a las unidades domésticas con respecto a sus condiciones de vida. La conceptualización de las “estrategias” familiares de vida, de reproducción o de supervivencia emergió en oposición a los enfoques funcionalistas dominantes en la sociología (Oliveira y Ariza, 2000; Salvia, 1995). Específicamente, se procuraba resaltar el papel de “agencia” desempeñado por los hogares frente al rol reproductor asignado por el funcionalismo. Sin embargo, la noción misma de “estrategia” parece enfatizar la racionalidad de los comportamientos domésticos. Al respecto, coincidimos con Salvia, quien señala que “parece (…) insuficiente, y en parte cuestionable, explicar los comportamientos reproductivos de las familias y los grupos domésticos como resultado exclusivo de la emergencia unívoca y mecánica de arreglos económico-estratégicos” (1995: 157. énfasis agregado). Esta insuficiencia se torna aún más relevante en contextos familiares en los cuales son limitadas las posibilidades de optar entre diferentes cursos de acción.

Por ello, en esta investigación consideramos más adecuado remitir a la idea de “comportamientos domésticos” relativos a la participación económica sin plantear la existencia de una racionalidad deliberada por parte de las familias. En todo caso, el carácter estratégico de tales comportamientos debe resultar del descubrimiento o la imputación de una “lógica subyacente” en un contexto social determinado (Eguía y Ortale, 2004; Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]). Este abordaje tiene una ventaja: permite explicar por qué unidades domésticas ubicadas en posiciones sociales similares tienen comportamientos diferentes (Przeworski, 1982) y enfatiza el rol que los hogares desempeñan en la reproducción social.

Es en el seno de las unidades domésticas donde se gestan, elaboran, despliegan y realizan una serie de estrategias económicas y logros afectivos compartidos, fundamentalmente orientados a la reproducción biológica del grupo, la socialización y protección de los miembros y la movilidad social de todos o alguno de sus componentes. A la vez que, en la medida en que se despliegan estas prácticas, los hogares participan, en calidad de agentes económicos y sociales no estratégicos, de un proceso mucho más amplio de producción y reproducción del sistema social. (Salvia, 2012: 132; énfasis agregado)

Estos comportamientos pueden ser vistos en relación con el aprovechamiento de las “estructuras de opciones” disponibles (Przeworski, 1982: 66)[10]. Tales estructuras remiten a dinámicas derivadas de la distribución del ingreso e interactúan con las propias “redes de relaciones” en las que las unidades domésticas participan (Oliveira y Salles, 2000). En la intersección de procesos micro y macrosociales tiene lugar la reproducción de los individuos y sus capacidades.

2.2. Heterogeneidad productiva y procesos de desigualdad estructural: demanda de empleo, sector microinformal y segmentación laboral

Dado que las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas se encuentran asociadas a la disponibilidad de ingresos monetarios, se revela crucial comprender las modalidades de participación de sus integrantes en el mercado de trabajo. Aquí retomamos un enfoque que otorga prioridad a la “demanda laboral” para caracterizar las condiciones de reproducción (Cortés y Cuéllar, 1990). Con ese propósito, recogemos el estudio de las condiciones de heterogeneidad productiva que caracteriza a los países de la región y sus efectos con respecto a la generación de “desigualdades estructurales”[11] en la distribución del ingreso. El modo en que se configura el sistema productivo en una formación social es un elemento clave para entender el funcionamiento del mercado de trabajo (Fine, 2003). Por consiguiente, procuramos describir de qué manera la heterogeneidad productiva configura una determinada estructura ocupacional en la que participan los hogares.

2.2.1. Las raíces teóricas de la “heterogeneidad estructural”

Durante la posguerra, la existencia de países pobres y ricos condujo a la teoría económica dominante a formular diversas explicaciones sobre el crecimiento económico. Dos supuestos cruciales del abordaje ortodoxo sobre los procesos de desarrollo son el “dualismo” y la tendencia al equilibrio (Rashid, 2014; Ros, 2014). El primer aspecto remite a una coexistencia de sectores económicos atrasados y avanzados que reproduce “trampas de crecimiento” y ciclos de pobreza; el segundo alude a la convergencia como resultado del crecimiento económico[12].

Entre los diferentes autores que procuraron explicitar los mecanismos que promovían tal convergencia, uno de los enfoques más difundidos es el de Lewis (1954). Según su planteo, las sociedades subdesarrolladas son duales en tanto un sector moderno capitalista coexiste con otro de subsistencia. Este último está caracterizado por una nula productividad del trabajo y un excedente de población; por ello, la fuerza de trabajo está disponible para el sector moderno a cambio de un salario de subsistencia[13]. Ello permitiría que el sector dinámico se expandiera sin que aumenten correlativamente los salarios –dada la “oferta ilimitada” de fuerza de trabajo–, lo que produciría un aumento de los beneficios y mayor inversión. Una vez agotada la reserva de fuerza de trabajo, el sector capitalista enfrentaría los límites de la oferta laboral y debería comenzar el incremento de salarios. En ese momento, el dualismo cesaría y el sistema económico tendería a la convergencia y a una mayor igualdad (Lewis, 1954: 449)[14].

En el plano internacional, el análisis ortodoxo también enfatizó los procesos de convergencia y el catch up de los países atrasados a los avanzados (Weeks, 2001). El principal anclaje es la ley de los costos comparativos internacionales de David Ricardo (Ros, 2000) y su posterior actualización por parte de Hecksher-Ohlin (Shaikh, 2007 [1991]). De acuerdo con este marco analítico, un país debe especializarse en la producción del bien o servicio en el que es relativamente más eficiente. En condiciones de comercio libre, el intercambio es regulado por el principio de la “ventaja comparativa”. En caso de que un país sólo exporte y el otro sólo importe, el ingreso de dinero al primero de ellos haría subir los precios hasta que, llegado cierto punto, el país importador pueda encontrar una “ventaja comparativa” en el comercio del bien en cuya producción era relativamente menos ineficiente (Shaikh, 2007 [1991]). De este enfoque se desprendía un conjunto de medidas de política económica orientadas a remover las barreras al libre comercio con el propósito de acelerar la convergencia económica[15].

El estructuralismo latinoamericano clásico[16] ofrece una perspectiva crítica ante los supuestos de convergencia del pensamiento ortodoxo, al destacar el carácter desigual y desequilibrado del desarrollo de los países periféricos. El estructuralismo apuntó al proceso histórico: el carácter tardío de la inserción internacional y la especialización en la producción y exportación de bienes con poco valor agregado, que constituía un rasgo clave del subdesarrollo (Furtado, 1971 [1961]; Pinto, 1976; Prebisch, 1949, 1967 [1963], 1970, 1984 [1981]). Asimismo, tal asimetría se profundizaba a partir del “deterioro de los términos de intercambio”[17]. De esta forma, para el pensamiento estructuralista, algunos rasgos recurrentes del desempeño económico periférico (baja tasa de ahorro interno, crisis externa, sobreabundancia de fuerza de trabajo) no constituían anomalías o elementos transitorios sino expresiones de un “patrón de funcionamiento” (Prebisch, 1967 [1963], 1973, 1984 [1981]; Rodríguez, 2001).

Un elemento central de este patrón de funcionamiento remite a una “insuficiencia absorbente” (Prebisch, 1967 [1963], 1970, 1984 [1981]). Tal insuficiencia se originaba tanto en las peculiaridades históricas como en una constelación de factores económicos, políticos y sociales. Por una parte, en América Latina la penetración del progreso técnico por inducción externa se concentró en actividades de exportación; por ello, sólo se desarrollaron algunos sectores y, además, las técnicas productivas propiciaron el ahorro de fuerza de trabajo (Furtado, 1971 [1961]; Prebisch, 1967 [1963]). Por otra parte, la baja tasa de inversión tenía su origen en una elevada concentración de la renta y en el peso significativo que asumía el consumo suntuario e improductivo de los grupos de altos ingresos (Furtado, 1971 [1961]).

De este modo, la crítica estructuralista se dirige a un elemento central del modelo de convergencia: la falta de garantías del proceso de “reinversión” de utilidades implícito en el modelo lewisiano, entre otras razones por la posición subordinada de los países periféricos en el escenario mundial (Nun, 2003 [1999]). En conjunto, ello explica el carácter “desequilibrado” de las estructuras económicas latinoamericanas: un sector tiene productividad para participar del mercado mundial, exportando bienes de bajo valor agregado, mientras que el resto de la economía no tiene tal capacidad y es demandante de bienes importados para el mercado interno. Ello se plasma en crisis cíclicas del balance de pagos (Furtado, 1971 [1961]; Prebisch, 1967 [1963], 1970)[18].

Un rasgo distintivo de los países latinoamericanos remite a su patrón de desarrollo desigual y desequilibrado. Precisamente, a ello apunta la noción de “heterogeneidad estructural” (Pinto, 1976): la desigual penetración del progreso técnico –en especial, su concentración en actividades de exportación o con ventajas naturales– conduce a un tipo de estructura productiva y ocupacional característica del subdesarrollo.

La heterogeneidad estructural alude a una primera característica de las economías periféricas: la existencia de actividades y/o ramas de la producción en las cuales la productividad media del trabajo es normal, en tanto relativamente próxima a la que permiten las técnicas disponibles (…); y la presencia simultánea de actividades tecnológicamente rezagadas en las cuales los niveles de productividad son muy reducidos, sustancialmente inferiores a los de aquellas otras actividades “modernas”. (Rodríguez, 2001: 42; énfasis agregado)

En tanto que en los países capitalistas centrales las innovaciones se difunden de manera más homogénea entre las distintas actividades económicas, en los países periféricos se concentran en algunas ramas (Cimoli y Porcile, 2011; Di Filippo y Jadue, 1976; Rodríguez, 2001)[19]. La heterogeneidad estructural se revela en una insuficiente o débil absorción de fuerza de trabajo por parte de los sectores más modernos de la economía: por consiguiente, se asocia con la consolidación de mano de obra redundante en actividades de baja productividad. En el planteo estructuralista clásico, allí radicaba la principal causa de la desigualdad dentro de los países subdesarrollados (Pinto, 1976).

Durante la ISI, en algunos países periféricos como la Argentina emergió un sector de productividad “intermedia”, asociado con el mercado interno y la sustitución de importaciones (Di Filippo y Jadue, 1976; Pinto, 1976). Este estrato involucraba actividades sin capacidad para participar en el mercado mundial mediante la exportación, de manera que su expansión dependía de las protecciones implementadas. En este sentido, el proceso de globalización habría propiciado una mayor heterogeneidad productiva de las economías latinoamericanas. Bajo el nuevo contexto de “modernización globalizada” (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004), la apertura económica y el ajuste estructural favorecieron la desarticulación de tales sectores con baja competitividad internacional, y redundaron en una menor integración de los tejidos productivos (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004; Mora-Salas, 2010; Salvia, 2012). Por consiguiente, la tendencia a la profundización del desarrollo desigual, propio de la lógica del capitalismo en su fase neoliberal (Harvey, 2007), se habría plasmado en un mayor desequilibrio de los sistemas económicos periféricos[20].

2.2.2. De la “marginalidad” al “sector informal”: las lógicas de funcionamiento de los mercados de trabajo periféricos

La constatación de un patrón de desarrollo desigual y desequilibrado y sus consecuencias sobre la dinámica socio-ocupacional fueron advertidas tempranamente por el “enfoque marxista de la marginalidad” (Kay, 1991) o enfoque de la “marginalidad económica” (Cortés, 2000a; Salvia, 2007)[21]. En su formulación original, esta vertiente retomó y reinterpretó las contribuciones de la teoría de Marx de la relación entre el modo de producción capitalista y la generación de población excedente. Por ello, el concepto de “masa marginal” se encuentra articulado con el de “superpoblación relativa” (Nun, Murmis y Marín, 1968; Nun 2003 [1969]). Debemos recordar que, en el capítulo XXIII de El capital, Marx señaló:

cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto, también, la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva. (2008 [1867]: 803; énfasis original)

De una reinterpretación de este postulado surgió el planteo de la “marginalidad” con base en el análisis de formaciones económico-sociales concretas. Este enfoque sugería una distinción entre la generación de una población excedente y su función como ejército de reserva. Partiendo de la constatación de un modo de producción capitalista que funcionaba a dos velocidades –uno en su fase “monopólica”, hegemónico, y otro en su etapa “competitiva”–, el enfoque de la marginalidad puso en duda el grado en que la población inserta en actividades de subsistencia constituía un “ejército industrial de reserva” al modelo capitalista hegemónico (Nun, 2003 [1969]).

En los países desarrollados, la acumulación de capital había determinado de forma endógena la absorción de fuerza de trabajo y las emigraciones masivas desempeñaron un papel central en el proceso de ajuste implícito en los modelos lewisianos. Ello configuró un mercado de trabajo “autónomo”. En cambio, en los países periféricos se había conformado un mercado de trabajo “dependiente”: se apelaba al uso de tecnologías ahorradoras de fuerza de trabajo en un contexto en que ésta era abundante, las decisiones de inversión se tomaban en otros ámbitos de acumulación y ello conducía a una dinámica diferente del mercado laboral:

Es a partir de esta idea de un ejército de reserva “excesivo” como función de un mercado de trabajo dependiente que nos parece posible fundar el concepto de marginalidad a nivel de las relaciones económicas (…) La mano de obra es marginal en la medida en que es rechazada por el mismo sistema que la crea. Y la especificidad del concepto se liga a la situación de dependencia del mercado. (Nun, Murmis y Marín, 1968: 28-30; énfasis original)

De acuerdo con el enfoque de la marginalidad, son los diferentes circuitos de acumulación de capital los que organizan un determinado tipo de demanda de fuerza de trabajo y, por lo tanto, determinan la inserción ocupacional de los trabajadores. En consecuencia, los excedentes de fuerza de trabajo son un resultado de la estructura económico-productiva. Las “funciones” de la población excedente –que según Marx eran la regulación del salario y la provisión de fuerza laboral en las expansiones de la acumulación– se ligan con el proceso de acumulación tomado como referencia. En palabras de Nun (2003 [1969]: 87), los trabajadores marginales pasan a ser “esa parte afuncional o disfuncional de la superpoblación relativa” respecto del sector hegemónico. “La categoría implica así una doble referencia al sistema que, por un lado, genera este excedente, y por el otro, no precisa de él para seguir funcionando”[22].

Asimismo, la marginalidad apunta a las relaciones entre la población excedente y el sistema que la genera, y no a los individuos (Nun, 2003 [1969]: 88). Ello es relevante aun cuando el estudio empírico pueda dar cuenta de la mayor probabilidad de algunos agentes sociales de insertarse en posiciones marginales (por razones de género, edad o etnia). Por consiguiente, retomamos de este enfoque la preocupación por las condiciones que “producen” o recrean marginalidad.

Con posterioridad al enfoque de la marginalidad, la cuestión del tipo de demanda laboral y el subempleo se plasmaron en el concepto de “sector informal urbano”[23]. Si bien distintas perspectivas procuraron definir esta noción, en América Latina estuvo influida por el planteo acerca de la heterogeneidad estructural. Una de las principales contribuciones del estructuralismo fue desarrollar la estrecha relación entre el patrón de desarrollo, la estructura productiva y su expresión a nivel ocupacional (Cimoli et al., 2005; Furtado, 1971 [1961]; Pinto, 1976; Rodríguez, 2001). Como destacó el Programa Regional de Empleo para América Latina (PREALC), “la heterogeneidad de la estructura económica se traduce en una situación de heterogeneidad en el empleo” (PREALC: 1978: 8; énfasis agregado). Esta heterogeneidad laboral implica la coexistencia de una porción de la fuerza de trabajo que se desempeña en los estratos más modernos de la estructura productiva, con altos niveles de ingresos, mientras que el resto se ocupa “en los estratos intermedios o de subsistencia con correspondientes niveles de productividad” (ídem).

De acuerdo con la formulación original, el sector informal constituye una respuesta por parte de la fuerza de trabajo que no encuentra ocupación en el sector moderno capitalista; es decir, se trata de una consecuencia de la insuficiencia absorbente planteada por el estructuralismo. Por lo tanto, el concepto de sector informal apunta principalmente a un modo de organizar la producción y no al carácter de las relaciones laborales (Tokman, 1987: 514 y ss.)[24]. Al describir las unidades económicas del sector informal, Tokman señala:

… su requisito más importante es la facilidad de entrada al sector, la que a su vez determina las características con respecto a la organización de la producción y a la inserción en el mercado. Dicha organización es rudimentaria, sin una clara división del trabajo ni de la propiedad de los medios de producción; en realidad hay muy poco capital comprometido y se requieren escasas habilidades. En cuanto a la inserción en el mercado, hay facilidad de entrada en los mercados competitivos y en la base de los mercados concentrados, y en ellos la posibilidad de competencia determina que el ingreso promedio sea la variable de ajuste. (1987: 514-515; énfasis agregado)

En esta investigación entendemos al sector informal en los términos de un “sector microempresario”[25]. Para conceptualizar cómo se organiza la producción en las unidades del sector informal, se apela a algunos rasgos que permiten describir tales actividades: la propiedad familiar de los emprendimientos, la pequeña escala de la producción, el uso intensivo de la fuerza de trabajo, la baja dotación de tecnología y, en general, un solapamiento entre el patrimonio de la unidad productiva y el de la unidad familiar (OIT, 1972)[26]. El sector informal incluye unidades que ocupan mano de obra remunerada ‒o no‒, así como unidades individuales. Entre las primeras, un rasgo frecuente alude a la utilización de fuerza de trabajo familiar, aunque también existen unidades “cuasi-capitalistas” que disponen de fuerza de trabajo asalariada. Entre las segundas, se distinguen trabajadores individuales según se desempeñen ‒o no‒ en hogares particulares como servicio doméstico (Tokman, 1987: 515).

El concepto de sector informal apunta a un rasgo básico de la estructura económico-ocupacional de las economías periféricas. Sin embargo, nos interesa destacar algunas contribuciones que permitieron disolver el “dualismo” implícito en su formulación. De acuerdo con Cacciamali (2000), podrían derivarse dos posiciones: por un lado, concebir el sector informal como un conjunto de unidades de formación reciente que pueden alcanzar un proceso de acumulación; por otro lado, el sector informal puede considerarse subordinado al movimiento de la acumulación del capital más concentrado. En esta investigación recuperamos esta última perspectiva, porque permite describir no sólo el sector informal sino la manera en que aquél se reajusta a los nuevos requerimientos en la actual etapa de globalización (Cacciamali, 2000: 158)[27].

De este modo, el sector informal tiene un carácter “intersticial”: participa en los ámbitos económicos que deja el sector dinámico de la producción capitalista (Bienefeld, 1975; Moser, 1978). Estos intersticios surgen tanto por las características de determinados mercados (las grandes empresas pueden no encontrar rentabilidad en determinadas actividades por razones de escala) como por la existencia de una demanda “residual” que no consigue ser satisfecha por las unidades económicas de mayor tamaño. En cualquier caso, sobresale el carácter subordinado del sector informal: una expansión del capital más concentrado condiciona sus posibilidades de existencia en determinadas actividades, restringe sus capacidades de mantener ingresos y la acumulación de capital (Cacciamali, 2000). En otras palabras, a medida que el capital más concentrado avanza sobre una actividad, restringe la capacidad de supervivencia del sector informal. Dado que el ingreso obtenido es la “variable de ajuste” del sector (Tokman, 1987), en condiciones altamente competitivas o de incremento del desempleo por reestructuración del sector moderno, el sector informal puede saturarse y empobrecerse.

A su vez, el sector informal se encuentra vinculado –de diferentes maneras– con el formal (Breman, 1976; Cacciamali, 2000; Moser, 1978; Portes, 2000). Algunos autores destacan el papel del sector informal al proveer bienes y servicios de bajo costo que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo ocupada en el sector formal (Gerry, 1987; Portes, 2000). La cuestión del vínculo entre el sector informal y el formal se tornó más relevante a partir de la reestructuración del capital y el avance de la globalización. Diferentes autores han subrayado que algunas microempresas son funcionales a los procesos de desverticalización y tercerización iniciados por las grandes compañías (Pérez-Sáinz, 1995, 2000; Portes, 2000).

Estos elementos apuntan a un rasgo característico del sector microinformal: su heterogeneidad interna. En este punto, recobra relevancia la noción de “marginalidad económica”: en formaciones económicas heterogéneas, la delimitación de posiciones laborales que no son “funcionales” al proceso de acumulación supone adoptar un criterio complejo que considere tanto las unidades productivas del sector moderno como aquellas del sector informal. Por ello aquí caracterizamos las posiciones económicas marginales en términos de “informalidad de subsistencia” o “de supervivencia” (Pérez-Sáinz, 1995; Portes y Haller, 2004)[28], para diferenciarlas de aquellas posiciones en el sector informal o cuasi-formal. La informalidad de subsistencia constituye una “economía de la pobreza”: se trata de un conjunto de actividades que constituyen el último escalón de la estructura laboral y del sector informal[29]. Son actividades de muy baja productividad, relacionadas con situaciones de desempleo persistente, que típicamente pueden involucrar al conjunto de las unidades domésticas y dan cuenta de estrategias de supervivencia de los grupos familiares (Comas, 2012; Salvia, 2012). Para el caso argentino, Salvia señala el carácter renovado de esta marginalidad económica –tras los cambios del régimen de acumulación a partir de los setenta–, que ya no abarca excedentes transitorios para un proceso de modernización, sino que involucra “sectores sobrantes” para los procesos de acumulación hegemónicos en un contexto de globalización (2011: 109).

En suma, otorgamos centralidad a la heterogeneidad productiva para comprender la desigualdad estructural de las condiciones de reproducción de las unidades domésticas. Aquí el sector informal designa, como hemos explicado, al “último eslabón” de la heterogeneidad estructural, es decir, corresponde al estrato de productividad más bajo de una economía heterogénea (Tokman, 2001 [1978])[30]. Agrupa a un conjunto de unidades productivas caracterizadas principalmente por su baja productividad y su capacidad de absorción de fuerza de trabajo, ya sea porque son formas de autoempleo, o porque desenvuelven actividades de bajo contenido tecnológico. Por sus características, las microempresas operan en actividades de “fácil entrada”, esto es, en mercados donde no se requiere una gran dotación de capital para operar o las regulaciones son menos desarrolladas; ello explica que puedan funcionar como “refugio” frente al desempleo abierto. Su funcionamiento se encuentra supeditado a la dinámica general de la acumulación de capital en los sectores modernos. En el extremo, la heterogeneidad productiva genera excedentes de población que se ubican en posiciones laborales de marginalidad económica. Tales inserciones remiten a una informalidad de subsistencia o “economía de la pobreza”.

2.2.3. La segmentación de los mercados de trabajo

La noción de “informalidad” adoptada destaca las formas de participación de la fuerza de trabajo en distintos tipos de unidades productivas. Ello constituye un elemento clave de la inserción laboral, relacionado directamente con las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. No obstante, al nivel del mercado de trabajo existen otros determinantes significativos de las modalidades de inserción que remiten a la “calidad” de las relaciones laborales.

Los cambios de magnitud y las características del “sector informal” se pueden derivar principalmente del estilo de desarrollo y los programas macroeconómicos implementados. En contraste, sin negar la centralidad de las estrategias de acumulación, las transformaciones en la calidad del empleo tienen otros determinantes inmediatos que remiten a la institucionalidad laboral (es decir, las formas de regulación de las relaciones laborales) y al papel de contraloría del Estado (Neffa, 2008; Weller, 2011).

Actualmente, se utiliza el concepto de “informalidad” en un sentido más amplio que el adoptado aquí. Se busca dar cuenta de un proceso que atraviesa a las economías capitalistas a nivel global, en las que ocupa un papel destacado el surgimiento de nuevas formas de empleo que contrastan con las que se habían consolidado durante la posguerra (Hussmanns, 2004). Sin embargo, los referentes empíricos a los que estas nociones se asocian son claramente diferentes: mientras que el concepto de “sector informal” alude a las unidades productivas en que se ocupa la fuerza de trabajo, el “empleo informal” remite a las características contractuales de la relación laboral, al cumplimiento de las normas legales vigentes y, por lo tanto, al tipo de vínculo laboral (Cortés, 2001).

Aquí tematizamos la cuestión de la calidad de los empleos a partir de la noción de “segmentación de los mercados de trabajo” (Fernández-Huerga, 2010; Neffa, 2008; Solimano, 1988). En términos generales, estos enfoques se desenvolvieron en oposición a la concepción neoclásica según la cual los mercados laborales tienden a funcionar de un modo homogéneo y con tendencia al equilibrio[31]. Las diferentes perspectivas teóricas identificaron distintos criterios de segmentación. La vertiente institucionalista se centró en la existencia de mercados “internos” y “externos” a las empresas, con diferentes formas de contratación y regulación del precio de la fuerza de trabajo (Doeringer y Piore, 1970). Los economistas radicales pusieron el acento en el modo en que los patrones de acumulación en determinados períodos originan procesos de segmentación laboral y definen los mercados de trabajo “primarios” y “secundarios” (Reich, Gordon y Edwards, 1973).

Como señala Neffa (2008: 155), en tanto la perspectiva institucionalista acentúa un eje “microeconómico” (a nivel de las empresas), el enfoque de la economía radical enfatiza la dimensión “macroeconómica” (a nivel del mercado laboral en su conjunto). Aquí retomamos esta última aproximación.

[En] los mercados primarios (…) predominan (…) la estabilidad en el empleo con contratos de duración indeterminada, se exigen y desarrollan hábitos y comportamientos propios de mercados estables, las calificaciones profesionales y las competencias son elevadas y se adquieren en virtud del trabajo realizado; los salarios vigentes son relativamente altos comparados con el resto, las regulaciones internas para este grupo son abundantes y precisas, las condiciones y el medio ambiente de trabajo son relativamente satisfactorios, existen reales posibilidades de promoción y, en general, las personas permanecen en sus puestos hasta la promoción (…) En los mercados secundarios, los salarios son inferiores a los del primario (…). Habría entonces una diferencia entre los dos mercados en cuanto a la determinación del nivel salarial (…) [Además] los mercados secundarios están más afectados por la coyuntura. Los empleos tienen un estatuto social inferior que en el caso anterior, no tienen legalmente garantizada la estabilidad, poseen por lo general una duración determinada, son precarios e inestables. (Neffa, 2008: 155-156; énfasis agregado)

Nos interesa puntualizar la estrecha asociación entre la heterogeneidad productiva y la segmentación del mercado laboral, es decir, entre el sector económico de inserción y el tipo de empleo. La capacidad de acumulación de las unidades económicas desempeña un papel clave en el tipo de empleos generado (Coatz, García Díaz y Woyecheszen, 2010; Salvia, 2012). A su vez, en las condiciones impuestas por la globalización económica de las últimas décadas, la segmentación de los mercados de trabajo adquirió nuevas connotaciones. En particular, se destacan las estrategias de reducción del costo laboral en el marco de la mayor apertura comercial, lo que conduce al surgimiento de novedosas formas de ocupación (Cacciamali, 2000; Mora Salas, 2010; Pérez-Sáinz, 1995). En este marco, el concepto de “precariedad laboral” adquirió relevancia para definir un conjunto de empleos atípicos, alejados de las modalidades consolidadas desde la posguerra (Feldman y Galín, 1990; Marshall, 1992). Precisamente, este concepto alude a los empleos que no pertenecen al segmento “primario” del mercado de trabajo (Standing, 2011). Aquí entendemos el empleo precario a partir del “… alejamiento de los principales rasgos del empleo típico (también regular, normal o protegido), para lo cual se consideran dos elementos básicos de la relación laboral: estabilidad en el empleo y cobertura social” (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000: 142; énfasis agregado)[32].

El propósito de esta sección ha sido delimitar una perspectiva teórica que otorga prioridad al nivel de productividad de las unidades económicas en las que se insertan los trabajadores ocupados. De acuerdo con el planteo presentado en el primer apartado de este capítulo, se trata de un vector crítico para comprender los rasgos que asume la reproducción de las unidades domésticas en las que tales ocupados viven. La articulación entre un enfoque centrado en las características de las unidades económicas y la cuestión de la segmentación de las relaciones laborales permite construir un mosaico de modalidades de inserción económico-ocupacional y describir procesos de “desigualdad estructural”. Ésta surge cuando trabajadores con similar productividad potencial tienen un acceso diferencial a oportunidades salariales, de trabajo o entrenamiento, a raíz del tipo de posición, sector o segmento en el que se insertan. En este contexto, el nivel de ingresos está determinado por los puestos de trabajo, mientras que las características de los trabajadores sólo constituyen un criterio de selección para determinar las chances de participación en el mercado laboral (Salvia, 2012: 125). Estas desigualdades estructurales se derivan de las complejas características que asumen los mercados laborales en el actual contexto de globalización económica y condicionan los procesos de reproducción económica de los hogares.

2.3. Políticas sociales y heterogeneidad estructural

Aun cuando asignamos centralidad a las modalidades de inserción laboral de la fuerza de trabajo en la reproducción económica de las unidades domésticas, su abordaje no puede escindirse de las formas que asume la intervención estatal en términos de la redistribución secundaria del ingreso. Este apartado aborda dos temas relacionados. Por un lado, consideramos la relación entre la intervención social del Estado y la reproducción de los hogares. Por otro lado, caracterizamos la relación que existe entre la heterogeneidad estructural y las formas que asume la política social en los países periféricos, en particular, en el contexto de la actual globalización económica.

2.3.1. La intervención social del Estado en sociedades capitalistas: más allá de la ciudadanía social

Es frecuente señalar que todas las formas de Estado han desplegado alguna “política social” (Esping-Andersen, 1990). No obstante, en las sociedades capitalistas, en las que los mecanismos de mercado son dominantes, la política social asume formas históricas particulares. En este sentido, existen abordajes diversos a partir de los cuales estudiar la intervención estatal y su injerencia sobre las condiciones de vida[33].

Distintas vertientes teóricas ubican a la intervención social del Estado en clave a los problemas de la “integración” o la “cohesión social”. Para el estructural-funcionalismo la intervención social estatal se vincula con un rasgo específico del desarrollo histórico y la diferenciación funcional de las sociedades industriales (Mishra, 1981). Los sistemas sociales se vuelven más complejos, surgen nuevas funciones y aparecen “problemas de integración”. En este contexto, las instituciones tradicionales como la familia, la comunidad local y la religión pierden su capacidad de generar integración social: de allí surge un “requisito funcional” para el surgimiento de instituciones específicas que generen instancias de integración. En este marco, las instituciones de política social y bienestar (los sistemas de welfare) fueron vistas como instancias de integración en contextos de cambio y diferenciación social.

Desde un enfoque institucionalista, Polanyi (2011 [1944]) consideró a la política social como un mecanismo de “protección” de la sociedad ante los efectos disgregadores del mercado que comprometen la reproducción de la vida humana. En sus términos:

Si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural (…) se demolería la sociedad. La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esta mercancía peculiar (…) Ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones burdas (…) si su sustancia humana y natural, al igual que su organización empresarial, no estuviesen protegidas contra los excesos de este molino satánico (Polanyi, 2011 [1944]: 124; énfasis agregado).

La tradición francesa abreva en un enfoque similar al recoger distintos elementos del lenguaje durkheimiano y situar a la política social en relación con la configuración del “lazo social” (Castel, 2003; Donzelot, 2007 [1985]). Existiría una “falla estructural” en las sociedades capitalistas que contrapone el ideario liberal de la igualdad a la realidad desigual de las relaciones de mercado. Este hiato –al que Donzelot (2007 [1985]) definió como “cuestión social”– hace visible la siempre posible fractura del vínculo social. El lenguaje de la solidaridad como modo de “suturar” la escisión social entre desigualdad real e igualdad formal se expresó en el derecho, a través de la ciudadanía y, específicamente, de la ciudadanía social (Castel, 2003; Donzelot, 2007 [1985])[34]. Por consiguiente, dentro de esta perspectiva, la cuestión del lazo social y la integración se resuelven en la participación en algunos de los mecanismos de protección ofrecidos por el Estado en el marco de los derechos sociales[35].

Aquí proponemos una lectura en clave de “economía política” de la política social que repone su posición con respecto a los procesos de subsistencia y reproducción social en formaciones económico-sociales concretas (Gough, 1979). Se ha señalado que, en las sociedades capitalistas, estas intervenciones tienen la particularidad de incidir antes o después de los efectos producidos por el funcionamiento de los mercados; por ende, la intervención estatal involucra una función distributiva crucial (Korpi, 1980). Por consiguiente, recuperamos distintas vertientes del marxismo y del neomarxismo que, para abordar las características de la intervención estatal, la vinculan con los rasgos más generales del régimen social de acumulación (Gough, 1979; Kotz, 1994; Offe, 1984; O’Connor 2009 [1977]).

Dentro de esta perspectiva, suelen enfatizarse dos elementos[36]. En primer término, el rol de la política social con respecto a los requisitos de la reproducción del sistema global. Se destaca la provisión de bienes y servicios de carácter universal que permiten la conformación y reproducción de una oferta de fuerza de trabajo adecuada al régimen de acumulación. Suele argumentarse que la competencia entre empresarios individuales conduciría a niveles extremos de explotación de la fuerza de trabajo –con un efecto pernicioso sobre la reproducción del sistema económico en el largo plazo– por lo cual la intervención estatal desempeña un rol crucial en términos de regulación social. En segundo término, se enfatiza el papel que desempeña la intervención social del Estado con respecto a la dominación política y la regulación del conflicto social. Se pone el foco en la injerencia de la intervención estatal para garantizar y reforzar la legitimidad del sistema político-económico vigente (Fleury, 1997; Kotz, 1994; Lippit, 2010).

De esta manera, las intervenciones del Estado por medio de políticas sociales pueden ser comprendidas en el marco de una estructura social de acumulación, con respecto a su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la regulación[37] de los efectos del conflicto social sobre el proceso de acumulación (Gillespie, 2014; Kotz, 1994). Desde este enfoque, se enfatizan las “funciones” del Estado capitalista con respecto a la acumulación del capital y en relación con la legitimación político-institucional (O’Connor, 2009 [1977]). El Estado interviene en el conjunto de la economía. Por ello, puede diferenciarse entre intervenciones dirigidas a promover la acumulación y la reestructuración del capital y otras orientadas a garantizar su función de legitimación (O’Connor, 2009 [1977]: 6-7). Esto último involucra la acción relacionada con el “gasto social” y las intervenciones de redistribución (sistemas de seguros, pensiones o protección al desempleo). No obstante, argumentamos que el correlato entre este papel de la intervención social del Estado y los requerimientos de la acumulación no son inmediatos, sino que puede haber “desplazamientos”. Éstos se derivan del hecho de que el Estado es, antes que nada, un sistema de dominación política y no un “instrumento” (Jessop, 1980 [1977])[38].

La “política social” cobra sentido en el contexto históricamente situado de un régimen de acumulación. En términos amplios, se refiere a todas las intervenciones de regulación que el Estado despliega y que alteran (ya sea para mejorar o para empeorar) las condiciones de vida de individuos y grupos (Gough, 1979: 4). En las sociedades capitalistas, la política social remite principalmente a la “gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo [y] encuentra, en la dinámica de la acumulación capitalista, su condición de posibilidad, pero también su límite” (Fleury, 1997: 55)[39]. Uno de los aspectos centrales tiene que ver con la transformación del trabajo no asalariado en trabajo asalariado: de acuerdo con Offe (1984: 94-95) tal transformación es cubierta por la política social, al implicar mecanismos de represión, socialización (educación, política de salud e higiene, etcétera) y la colectivización de algunos riesgos en áreas de la vida social que no se subsumen a mecanismos de mercado. Al mismo tiempo, la política social participa en el “control cuantitativo” del proceso de proletarización (Offe, 1984: 98).

Por consiguiente, el Estado participa directamente en las condiciones de vida y reproducción de las unidades domésticas. Retomamos el planteo de Danani (2009) para delimitar los alcances que tienen las políticas sociales al respecto. Es posible diferenciar entre la “política laboral” y la “política social” dentro de las intervenciones sociales del Estado que se dirigen a incidir en las condiciones de vida. La “política laboral” actúa “de manera directa e inmediata (…) en la relación capital-trabajo (…) [y] puede ser considerada el eje organizador del conjunto de intervenciones sociales del Estado (…). La política laboral regula directamente las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo” (Danani, 2009: 31. Énfasis original). De allí que la que participe en la “distribución primaria” del ingreso, al operar de manera directa en la distribución funcional, especialmente a través de la política salarial. Por otra parte, la “política social” remite a “aquellas intervenciones sociales del Estado que producen y moldean indirectamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 2009: 32. Énfasis original).

En una sociedad capitalista, en la cual los satisfactores de necesidades se encuentran mercantilizados, la política social constituye un mecanismo de “desmercantilización” (Esping-Andersen, 1990, 1999; Fleury, 1997; Offe, 1984). La desmercantilización remite “al grado en el que los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado”; sin embargo, se trata de una cuestión de grados, pues en el extremo equivaldría a la “desproletarización” (Esping-Andersen, 1990: 60). En este sentido, es posible distinguir dos formas (o facetas) diferentes de desmercantilización: por una parte, las políticas sociales desmercantilizan necesidades cuando permiten el acceso a ciertos bienes y servicios que constituyen satisfactores de aquéllas; por otra parte, desmercantilizan personas cuando éstas pueden reducir su dependencia con respecto al mercado de trabajo (Danani, 2009: 38).

La provisión de servicios remite a la desmercantilización de necesidades, mientras que las políticas de ingresos, las transferencias monetarias y los subsidios implican la desmercantilización de las personas (Danani, 2009: 38-39). En esta investigación nos centramos en el segundo de los ejes planteados. Por consiguiente, en términos “microsociales”, las políticas sociales pueden comprenderse como un recurso más que los hogares incorporan a su balance reproductivo; en términos “macrosociales”, se relacionan con la reproducción de la fuerza de trabajo y con los modos de regulación social.

2.3.2. Las políticas sociales en América Latina: de la falta de ajuste de los modelos “clásicos” a las nuevas políticas en la era de la globalización

La evolución de la política social en los países capitalistas desarrollados durante el siglo XX estuvo estrechamente asociada a la expansión del “Estado de bienestar” (Esping-Andersen, 1990, 1999; Gough, 1979). Esping-Andersen (1990) distinguió tres “mundos” distintos del Estado de bienestar: en primer lugar, los regímenes “liberales”, en los cuales la política social adquirió un rol residual, fomentando la cobertura de riesgos sociales a través de mecanismos de mercado y con prestaciones mínimas; en segundo lugar, los regímenes “conservadores” o “corporativos”, en los cuales el bienestar tendió a estar estratificado según el tipo de inserción laboral y a depender, en gran parte, de la institución familiar; y, en tercer lugar, los regímenes “socialdemócratas” en los cuales el acceso al bienestar tendió a ser universal, de acuerdo con un principio de ciudadanía (Esping-Andersen, 1990)[40].

Más allá de sus diferencias, estos modelos dependen de una serie de características compartidas: el modo de producción dominante es capitalista y la relación asalariada está extendida a la mayoría de la población; y el medio principal para asegurarse la subsistencia es a través del empleo en mercados de trabajo formales (Wood y Gough, 2006). En los países desarrollados, el modelo de política social se basó en el pleno empleo y en un modelo de “solidaridad sistémica” que garantizaba protección a quienes no lograban insertarse, provisoriamente, en el mercado de trabajo (Tokman, 2006). Uno de los principales mecanismos por medio del cual la política social reguló el carácter cuantitativo de la participación en el mercado de trabajo fue la expansión de los seguros de desempleo, que hizo posible la desmercantilización relativa de fuerza de trabajo según el nivel de sustitución de ingresos que propiciaran (Esping-Andersen, 1999).

En América Latina, las condiciones de desarrollo histórico supusieron una evolución diferente y un desajuste con estos modelos predominantes (Andrenacci, 2012; Filgueira, 2015; Tokman, 2006). La heterogeneidad estructural y la generación de excedentes de fuerza de trabajo condicionaron el patrón de intervención social del Estado en la región. De acuerdo con Tokman (2006), dos razones principales explican este desajuste[41]. En primer lugar, las características de las inserciones laborales en los países periféricos. Tanto el empleo en condiciones de baja productividad en el sector informal como las estrategias de autoempleo suelen ir acompañados de una falta de contribución a los mecanismos de seguridad social tradicionales. En contextos de elevada incidencia del subempleo, “…la existencia de cobertura contra el desempleo hubiera transformado el subempleo [i.e., el empleo de baja productividad] en desempleo [abierto] y multiplicado las necesidades de recursos” (Tokman, 2006: 12). En segundo lugar, el menor nivel de desarrollo económico y los altos niveles de concentración del ingreso derivados de la heterogeneidad estructural implicaron menores recursos para financiar los sistemas de bienestar (Tokman, 2006)[42]. En este sentido, como destacan Bárcena y Prado (2016: 24), las desigualdades estructurales derivadas de la heterogeneidad productiva se “recrean” en el régimen de bienestar predominante, al condicionar el acceso a los mecanismos de protección social. Por consiguiente, la heterogeneidad estructural es el “primer eslabón de la cadena de generación de la desigualdad”, cuyo principal mecanismo de transmisión es el mercado laboral (Bárcena y Prado, 2016: 37).

De esta manera, durante el siglo XX en América Latina se configuraron “regímenes de bienestar” diferentes a los de los países desarrollados (Andrenacci, 2012; Barba Solano, 2004; Martínez Franzoni, 2008)[43]. El modelo de política social tuvo un carácter “segmentado”, con prestaciones estratificadas de acuerdo con las diversas modalidades de inserción ocupacional. A su vez, las formas de intervención estatal implementadas incluyeron aspectos no contemplados en los países desarrollados: subsidios al consumo, reformas agrarias y microcréditos (Barba Solano, 2004: 14). Por otra parte, las relaciones doméstico-familiares adquirieron un rol preponderante en la satisfacción de necesidades y en la provisión de bienestar, lo que dio un carácter “familiarista” a los regímenes vigentes (Martínez Franzoni, 2008)[44].

A partir de los ochenta, la intervención social del Estado comenzó a estar dominada ya no por la expansión de sistemas de “seguros sociales” (como las pensiones, los seguros de desempleo o las asignaciones familiares), sino por el “combate a la pobreza” y la vulnerabilidad social derivadas de la implementación de reformas estructurales (Barba Solano, 2004; Barba Solano y Cohen, 2011; Soldano y Andrenacci, 2005). En términos generales, la intervención social del Estado se orientó hacia la subsidiariedad o el “Estado mínimo”: incentivó los mecanismos mercantiles de bienestar y se focalizó en la población pobre (Soldano y Andrenacci, 2005). De allí la referencia a un Estado “neoliberal”, “asistencial” o “neoclásico” (Belmartino, 2010; Grassi, Hintze y Neufeld, 1994).

De acuerdo con la concepción dominante de quienes formularon las reformas, dado que los procesos de desregulación y apertura ocasionarían en lo inmediato la destrucción de empleos, era preciso atender de manera transitoria a los nuevos desempleados (Barrientos y Hulme, 2008). Surgió así un nuevo entramado de formas intervención dirigidas a grupos vulnerables[45]. Éstas no constituyen derechos permanentes, sino que las poblaciones beneficiarias reciben del Estado una ayuda económica mientras se cumplan las condiciones de elegibilidad. Uno de sus propósitos principales es dotar de “activos” –en términos de “capital social” y “humano”– a las poblaciones objeto de beneficios, para promover su integración a las relaciones de mercado (Perry et al., 2006). Estas nuevas modalidades de intervención se inscriben en un nuevo paradigma de política social, centrado en la “activación”, que acentúa la responsabilidad de los individuos en el abandono de situaciones de privación[46].

Así, las últimas dos décadas se caracterizaron por una “revolución de la asistencia social” (Ferreira y Robalino, 2010: 5), en especial en los países periféricos, centrada en la expansión de políticas de transferencias de ingresos a grupos vulnerables. Como señalamos, algunos autores inscriben estas transformaciones en un contexto más general de reconfiguración de la intervención social estatal. Remiten a la vigencia de un nuevo “modelo de ciudadanía social”, destacan una tendencia a la “universalización” o la reedición del “Estado social” (Andrenacci, 2012; Cecchini et al., 2015; Filgueira, 2015; Grassi, 2016).

Recuperando la perspectiva aludida –centrada en la economía política de tales formas de intervención– abordamos estas iniciativas en los términos de su papel en la reproducción y la regulación social en condiciones de heterogeneidad estructural. Desde esta perspectiva, se trata de formas de intervención en las que predomina una lógica de “regulación estática” de la pobreza y la vulnerabilidad social. No suelen dirigirse a la superación de las razones estructurales de tales situaciones, sino que emerge la necesidad de “gestionarlas”, “…a fin de que quede resguardado el principio de organización social y el ‘resto de la sociedad’ en su conjunto” (Soldano y Andrenacci, 2005: 29). Se trataría de intervenciones que adquieren un papel crecientemente “compensatorio” de las condiciones de reproducción de individuos y grupos en las condiciones impuestas tras la reestructuración neoliberal (Lo Vuolo et al., 1999). En este contexto, se constituyen en políticas que “subsidian” (Saad-Filho, 2015) la reproducción social de aquellos individuos y hogares que participan en el sector informal, de baja productividad, o en condiciones abiertamente excedentarias[47].

Tales políticas participan en la regulación del conflicto y de los modos de integración en el contexto de una determinada formación económico-social. La tendencia a generar excedentes absolutos de fuerza de trabajo, propia del desarrollo desigual del capitalismo periférico, indica –en términos de Nun– bajos niveles de “integración del sistema”. Su solución “organiza modos de integración social compatibles con el mantenimiento de la matriz de relaciones vigente” (2001 [1972]: 240; énfasis agregado)[48]. En otras palabras, la insuficiencia absorbente reintroduce –de manera peculiar en los países periféricos– la cuestión de la gestión sociopolítica de esta matriz socioeconómica.

… la política social del Estado –en tanto encargado de regular los mercados y garantizar el control (cohesión) social–, así como las estrategias de aprovechamiento de recursos productivos propios y comunitarios que movilizan los hogares, asumen bajo el actual modelo económico [de globalización] un papel central en la gestión social de los excedentes de población. (Salvia, 2011: 127; énfasis agregado)

Por consiguiente, la política social puede comprenderse en el marco de los atributos peculiares del capitalismo periférico. No obstante, su injerencia no puede disociarse del propio esfuerzo desplegado por las familias en procura de optimizar sus condiciones de vida y disponer de los recursos desplegados por la acción estatal. En esta compleja trama, se organiza la reproducción económica de las unidades domésticas.


  1. Existen distintas variantes de esta noción: los “modelos de acumulación” de los regulacionistas franceses (Boyer, 2007), las “estructuras sociales de acumulación” (Gordon, Edwards y Reich, 1986 [1982]) y los “conjuntos de crecimiento” (Storper y Walker, 1989). Nun (1987) propuso el concepto de “régimen social de acumulación” en un sentido similar al de Gordon et al. (1986 [1982]). En la Argentina, Torrado (2006 [1982], 1992, 2010) –a partir de la noción de “modelo” o “estilo de desarrollo”– sugirió la potencialidad de este andamiaje conceptual para estudiar las condiciones de vida familiares.
  2. Cabe recordar los valiosos antecedentes de este tipo de abordaje propuestos en Marshall (1985), Cortés y Marshall (1991) y Torrado (1992), que analizaron el “salario social” como mecanismo de redistribución para los asalariados y el papel del Estado en la regulación de la reproducción de la fuerza de trabajo. Como advertimos en la Introducción, estos estudios se desenvolvieron cuando la perspectiva de una amplia asalarización en el mercado laboral formal era dominante y son previos al surgimiento de una “nueva marginalidad” (Salvia, 2007). Aquí adoptamos una perspectiva más amplia centrada en la participación estatal por medio de transferencias económicas sobre el conjunto de los hogares.
  3. Consideramos que esta tradición repone la unidad entre instancias históricamente (y epistemológicamente) separadas, tales como la producción y la reproducción. De allí que una de las principales contribuciones de la teoría feminista –en especial, en los años recientes– haya sido destacar la dinámica global de la reproducción social y su ligazón con las condiciones de vida (véanse, desde diferentes perspectivas, Bakker y Gill, 2003; Bhattacharya, 2017; Carrasco, 2013; Picchio, 2009).
  4. Esto no significa que otras formas sociales no enfrentaran riesgos de hambrunas, pestes, desastres naturales, con consecuencias sobre la reproducción de la vida; pero el desempleo masivo y la insuficiencia de ingresos son rasgos históricamente específicos de las sociedades de mercado (Esping-Andersen, 1999). Este elemento “contingente” no se presentaba de igual modo en sociedades organizadas alrededor de la producción de valores de uso (Mészáros, 2001). Pero bajo relaciones capitalistas, el proceso de intercambio se da entre productores privados, en términos del tiempo de trabajo necesario utilizado para la producción de tales mercancías y a través del dinero. El dinero, que constituye la expresión general (abstracta) del trabajo humano, opera como mediación del proceso de metabolismo social y, por consiguiente, permite participar (o no) en éste (Marx, 2008 [1867]).
  5. En sus orígenes se estudiaron los procesos de reproducción de los grupos sociales más desaventajados. De allí que se enfocara en la “supervivencia” de tales colectivos (Duque y Pastrana, 1973). El concepto de “reproducción de la vida” permitió trascender la noción de “supervivencia” y describir los procesos de reproducción de distintos estratos sociales (Hintze, 1989; Margulis, 1989; Torrado, 2006 [1982]).
  6. A menudo se confunde a las unidades domésticas con el concepto de “familia”; sin embargo, ésta constituye un caso particular de aquellas y expresa otro campo de fenómenos al involucrar lazos de parentesco entre los individuos. Por otra parte, suele denominarse a las unidades domésticas como “hogares”, lo que supone adoptar el indicador utilizado por los sistemas estadísticos (Salvia, 2012). Ello confunde la unidad residencial con la unidad doméstica, que abarca “redes de relaciones” que van más allá de la unidad residencial. Sin embargo, a los fines de facilitar la exposición, apelamos a las nociones de “unidad doméstica”, “grupo familiar” y “hogar” como sinónimos.
  7. Distintas perspectivas teóricas otorgan centralidad a las unidades familiares en la reproducción social. En América Latina fue influyente la investigación de Chayanov (1974) sobre las unidades económicas campesinas rusas y su “lógica” de reproducción; la de Meillasoux (1981 [1977]) sobre el trabajo productivo y reproductivo; y la propuesta de Bourdieu (2011), que articuló el espacio de capital económico, cultural y simbólico dentro de la noción de “estrategias de reproducción social”. El enfoque estadounidense sobre el curso de vida también enfatizó en la noción de “estrategias familiares” (Hareven, 1990). Por último, la perspectiva neoclásica desarrolló una teoría sobre la familia que consideraba la maximización de los recursos y la elección racional (Becker, 1981).
  8. La naturaleza del “trabajo reproductivo” como conjunto de actividades no remuneradas que se desarrollan en las unidades domésticas y permite la reproducción de la fuerza de trabajo fue extensamente discutida por la literatura feminista (para una síntesis, véase Rodríguez y Cooper, 2005). Como señala Esquivel (2011), mientras la idea de “trabajo doméstico” suponía que las mujeres eran explotadas por los varones y, por ende, era necesaria su abolición, el concepto de “trabajo reproductivo” da cuenta de un requisito sistémico del capitalismo y su identificación apunta más hacia su visibilización que a su eliminación. Recientemente, la recuperación de esta tradición se plasmó en el concepto de “cuidado” (Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Razavi, 2007). Como señala Carrasco “… el trabajo y la gestión realizada desde los hogares reproduce y cuida a toda la población y, en particular, reproduce la fuerza de trabajo diaria y generacional necesaria para la subsistencia del sistema de producción capitalista” (2013: 44).
  9. La crítica feminista contribuyó a poner de relieve el “altruismo” implícito en distintos abordajes acerca de las unidades domésticas. En especial, se destacan las críticas al planteo chanayoviano y neoclásico (Harris, 1986).
  10. En un sentido similar, Filgueira y Kaztman utilizan el concepto –más difundido– de “estructuras de oportunidades” para referirse a “las probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos” (1999: 9). Sin embargo, el marco teórico propuesto por estos autores (que retoma a Moser, 1998) enfatiza los “activos” que ponen en movimiento los grupos más desfavorecidos o “vulnerables” para mejorar sus condiciones de existencia. El éxito de tal movilización depende del ajuste entre activos y estructuras de oportunidades disponibles.
  11. La noción de “desigualdad estructural” fue empleada por Fitoussi y Rosanvallon (2003) para describir aquellas desigualdades categoriales principalmente relacionadas con la estructura de clases sociales. Durante la modernización globalizada (Pérez-Sáinz, 2016), emergen nuevas “desigualdades dinámicas” o intracategoriales que se superponen a las anteriores.
  12. Una de las teorías más difundidas en la posguerra fue la del “desarrollo por etapas” de Rostow. Se asumía que todas las sociedades pasaban de una situación “tradicional” al “despegue” [take-off] y la “madurez”. Para ello, debían abrirse al comercio exterior (Hidalgo, 1998). Esta teoría se asoció con el paradigma de la “modernización” y fue influyente en las ciencias sociales de los sesenta y setenta.
  13. Pese a muchas interpretaciones, Lewis es explícito en cuanto a que este sector de subsistencia no debía asumirse como exclusivamente agrario, sino que incluía al pequeño comercio urbano, ocupaciones ocasionales y redundantes y al servicio doméstico (1954: 448).
  14. El enfoque dualista también es utilizado para explicitar los mecanismos que harían posible que la desigualdad de la distribución del ingreso tenga el comportamiento de “U invertida”, tal como planteara Kuznets. Se asume que el incremento de la desigualdad inicial favorece la acumulación de capital mientras la remuneración de la fuerza de trabajo permanece a niveles de subsistencia. Agotada esa fase, los salarios aumentan y se reduce la desigualdad (Therborn, 2015).
  15. Este planteo inspiró las recomendaciones de reformas del “Consenso de Washington”. El supuesto era que el capital se desplazaría hacia los países donde fuera más escaso y pudiera obtener una mayor rentabilidad, y algo similar ocurriría con el “exceso” de fuerza de trabajo. En este contexto, los países más pobres iban a crecer a tasas más elevadas, lo que promovería la convergencia económica (Salvia, 2012).
  16. El estructuralismo se asocia principalmente a los trabajos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a partir de los cincuenta bajo la dirección de Prebisch. Hacia mediados de los sesenta, el fracaso de la política desarrollista de la CEPAL impulsó la emergencia de planteos estructuralistas críticos más ligados a la corriente de la dependencia (Palma, 2014: 131).
  17. Esta tesis, también llamada “Prebisch-Singer”, fue una corroboración empírica que remitía a la pérdida progresiva de poder de compra de bienes industriales por unidad exportada de bienes primarios (Prebisch, 1949). De esta forma surgía una “asimetría estructural” entre países centrales y periféricos.
  18. Desde las “teorías de la dependencia” también se enfatizó que las situaciones de desarrollo y subdesarrollo constituían dos aspectos de un mismo modo de funcionamiento del mercado internacional (Amin, 1997; Baran y Sweezy, 1968 [1966]; Gunder Frank, 1966; Marini, 2007 [1973]). En términos de Marini (2007 [1973]), la dependencia aludía a una subordinación entre países que se reproducía a sí misma. La inviabilidad del desarrollo económico periférico radicada en el “intercambio desigual” derivado de los precios monopólicos, que originaba una transferencia de riqueza.
  19. Nohlen y Sturm (1982: 47) destacan acertadamente la conveniencia de considerar la heterogeneidad estructural como un “continuo”, en tanto la “homogeneidad” no sería más que un caso puro. Por consiguiente, en formaciones capitalistas avanzadas también es posible constatar brechas de productividad entre sectores y ramas; sin embargo, son menos ostensibles que en los países periféricos.
  20. Cabe notar que el neoestructuralismo no desconoce el carácter desequilibrado del desarrollo económico periférico, pero destaca los efectos positivos que puede implicar la participación en una economía crecientemente globalizada al destacar las “oportunidades” que ofrece el mercado mundial para los países periféricos, tanto en términos de especialización como de integración a las cadenas globales de valor (Katz, 2016).
  21. A partir de los sesenta, la cuestión de la “marginalidad” cobró notable impulso en las ciencias sociales de la región. La teoría sociológica incorporó el enfoque de la “modernización” en el llamado “proceso general de transición” (Germani, 1971). El proceso de desarrollo producía cambios económicos y lograba absorberlos como tales; mientras que la modernización social promovía el cambio de posiciones sociales y las personas desplazadas “incorporaban” valores asociados a sus nuevas posiciones (Germani, 1971). Sin embargo, los distintos subprocesos mencionados tenían ritmos diferentes; ello derivaba en “asincronías” y de allí surgía la marginalidad: “el hecho fundamental que genera la marginalidad (…) es el carácter asincrónico o desigual del proceso de transición” (Germani, 1972: 20). De esta manera, eran marginales quienes no participaban en las estructuras de la sociedad moderna (Germani, 1967: 390); ello otorgaba a la marginalidad un rasgo “multidimensional”. Un enfoque similar tenía la DESAL en Chile (DESAL 1967; Vekemans y Venegas, 1966). Más recientemente, en el contexto de los países avanzados, Wacquant (2001) formuló la noción de “nuevo régimen de marginalidad avanzada”, para señalar la desarticulación de la relación salarial, el incremento de la desigualdad, la metamorfosis del Estado de Bienestar y la segregación espacial.
  22. En el debate europeo sobre la “exclusión social” se han hecho algunos aportes significativos que buscaron vincular este fenómeno con las condiciones económicas del capitalismo en la actualidad, que recogen aspectos tempranamente señalados por la teoría de la marginalidad. Bauman (1998) plantea que los excluidos son una superpoblación que no cumple ninguna función en el capitalismo contemporáneo. Por su parte, en discusión con Byrne (2005), para quien los excluidos forman un nuevo “ejército industrial de reserva”, Kennedy (2005: 102) destaca que la conformación de una sobrepoblación obrera y su rol como ejército industrial de reserva son, desde el punto de vista teórico, dos tendencias distintas. La sobrepoblación relativa puede exceder su función como ejército industrial de reserva en determinados momentos históricos.
  23. El concepto de “sector informal” tuvo su punto de partida en el trabajo de Keith Hart en Ghana, quien introdujo la noción de ingresos “informales” para remitir a las variadas formas de empleo no asalariado. Una misión posterior de la OIT en Kenia retomó esta investigación y propuso el concepto de “sector informal” (Salas, 2003), que se generalizó en América Latina a partir de los estudios del Programa Regional de Empleo (PREALC) de la OIT (PREALC, 1978).
  24. Así, puede suponerse que una parte del sector informal expresa actividades relacionadas con un modo de producción “mercantil simple” (Moser, 1978). Se trata de pequeños productores independientes ubicados en actividades de la producción y la comercialización, que establecen relaciones de intercambio entre sí y con agentes del sector más dinámico pero que, en general, no tienen capacidad de acumulación (Torrado, 1992: 110-111).
  25. Desde esta perspectiva de análisis, es posible suponer que el sector microempresario, si bien constituye el estrato de más baja productividad a nivel de la estructura ocupacional, no es el único. En una economía capitalista, la competencia y la innovación conducen a la existencia de capitales líderes y rezagados. A su vez, la existencia de una demanda residual o de ciertas características de los mercados pueden explicar la supervivencia de las empresas más rezagadas (Graña, 2015). En definitiva, los procesos de “concentración” y “centralización” habilitan el desarrollo desigual y la existencia de capitales de distinta capacidad de acumulación (Shaikh, 2007 [1991]; Weeks, 2001).
  26. El contraste con las actividades del sector formal también se situó en su lógica predominante. Mientras que en las unidades capitalistas dominaría la lógica de la maximización de la tasa de ganancia, en las unidades del sector informal el objetivo sería maximizar el ingreso total y la reproducción de la unidad doméstica (Souza, 1980, cit. en Tokman, 1987: 515).
  27. Tokman (2001 [1978]: 34) propuso la idea de “subordinación heterogénea” para referirse a la situación del sector informal. Distingue aquellas actividades que operan en mercados oligopólicos de aquellas que no lo hacen. Dado que las primeras están subordinadas, tienden a perder mercados; en cambio, hay otras que aún pueden crecer al operar en mercados más “competitivos”.
  28. Portes y Haller (2004: 13) presentan una tipología de actividades informales que, además de las mencionadas “economías informales de supervivencia” (actividades de baja productividad tradicionales generadoras de ingresos), incluyen a las “economías informales de explotación dependiente” (que involucran procesos de tercerización o subcontratación por parte de las grandes empresas) y a las “economías informales de crecimiento” (aquellas que aprovechan relaciones de solidaridad para acumular capital).
  29. Pérez-Sáinz (1995) señala que la informalidad de subsistencia no tiene su origen sólo en procesos “ahorradores” de fuerza de trabajo, sino que incluso en la globalización es posible constatar procesos trabajo-intensivos, pero poco encadenados (por ejemplo, la maquila mexicana), lo que hace que “la base acumulativa sea restringida y que, por tanto, el volumen de fuerza laboral absorbido sea también reducido” (1995: 39).
  30. Aquí podríamos incluir otras perspectivas sobre la “informalidad”. Desde un enfoque neoclásico, De Soto (1987) enfatizó que los informales son “emprendedores” a quienes las excesivas regulaciones obligan a trabajar en condiciones irregulares desde el punto de vista legal. Otra perspectiva –asociada con el Banco Mundial– destaca que la informalidad tiene un componente “voluntario” significativo, debido a las oportunidades de flexibilidad que brinda (Maloney, 2004; Perry et al., 2006).
  31. Las diversas teorías de la segmentación de los mercados de trabajo recogen distintas tradiciones. Hasta mediados de los ochenta, las principales corrientes fueron el “institucionalismo”, iniciado con las investigaciones de Kerr (1950) y Dunlop (1958); el “neoinstitucionalismo”, de Doeringer y Piore (1970); y el marxismo de los “economistas radicales” Reich, Gordon y Edwards (1973). A partir de entonces, la escuela neoclásica comenzó a aceptar la segmentación de los mercados. En esta nueva aproximación, apelaron a la rigidez salarial y a la imposibilidad de ciertas empresas de ajustar a los “salarios de eficiencia” (Fernández-Huerga, 2010).
  32. La precariedad del empleo no se agota en la ausencia de cumplimiento de las normas legales; los empleos precarios pueden cumplir la normativa vigente, pero su rasgo sobresaliente es la ausencia de estabilidad en la ocupación y las peores condiciones de contratación. Por ello, recientemente se ha enfatizado la asociación entre la precariedad y la pobreza y se define a tales ocupados como “trabajadores pobres” [in-work poverty] (Fraser et al., 2011).
  33. En los países centrales, una parte significativa de esta literatura surgió durante la etapa de desarrollo, expansión y crisis de los “Estados de bienestar” (Adelantado et al.,1998; Mishra, 1981; Picó, 1990). Existen distintas formas de clasificar las explicaciones acerca del origen y la expansión de las formas de intervención social del Estado durante el siglo XX. Esping-Andersen (1990: 13-16) distingue dos posiciones: por un lado, una vertiente estructuralista, incluye tanto al funcionalismo clásico (y su enfoque de la complejidad de la “sociedad industrial”) como al marxismo; por otro lado, el enfoque institucionalista. Gough (1979) distingue cuatro posturas: el funcionalismo, las teorías económicas neoclásicas que generalizan la función de bienestar; el enfoque “pluralista” que analiza instituciones políticas; y el marxismo. Finalmente, Picó (1990) distingue entre enfoques liberales (próximos a los funcionalistas), socialdemócratas (incluyendo autores clásicos como Marshall y Titmuss) y marxistas. Aquí proponemos una lectura que articula estas clasificaciones.
  34. En este sentido, se comprende que una parte central del desarrollo teórico sobre la integración social haya quedado asociada a la cuestión de la “exclusión social”. Si la integración social (el lazo social) se apoya en la participación en el sistema de derechos sociales, la ausencia (o presencia “parcial” y distorsionada) de tales derechos asociada a algunas de las nuevas modalidades laborales que imperan en el capitalismo contemporáneo, se expresaría como “exclusión social” (Castel, 2003).
  35. La idea de una sociedad de individuos diferenciados y carentes de las protecciones que brindaban las relaciones comunitarias y de proximidad conformó uno de los nudos problemáticos de la teoría sociológica clásica (García Raggio, 1998: 20-21). Durkheim veía en el “Estado Social” el instrumento eficaz para articular jurídica y normativamente el lazo social en un contexto de individualización creciente: frente a la posibilidad de anomia y disgregación latente en la sociedad industrial, el Estado Social organizaba jurídicamente las relaciones entre individuos diferenciados y establecía los límites de lo justo y lo injusto. De esta manera, el Estado Social aparecía como articulación colectiva en la que los individuos podían realizar su individualidad y como espacio de protección, a la vez que ponía límites y regulaba posiciones cada vez más diferenciadas (García Raggio, 1998).
  36. En rigor, las aportaciones del marxismo y el neomarxismo acerca de la política social no están escindidas de las discusiones sobre la naturaleza del Estado capitalista. Para una síntesis, véase Jessop (1980 [1977]).
  37. La idea de regulación de los comportamientos de los agentes sociales y económicos está asociada a la escuela francesa de la regulación. Para esta corriente, un régimen de acumulación requiere de una estructura de regulación. El Estado participa en este proceso a través de sus instituciones (Boyer, 2007).
  38. La posibilidad de un “desacople” entre las formas de intervención estatal –relacionada con los requerimientos de legitimación– y los requerimientos de la acumulación fue tematizada por distintos autores. En el campo del marxismo, las principales controversias remiten al ajuste entre la intervención estatal, los requisitos de la acumulación del capital y el grado en que tales intervenciones se separan de ese rol “funcional” para responder a las necesidades de la dominación política en sociedades de clases. Jessop (1980 [1977]: 189) es explícito al destacar que “el poder del Estado puede ser más o menos capitalista según la situación”.
  39. Esta mirada, como nos advierte Fleury (1997) no desconoce el conflicto social a la manera de las perspectivas “funcionalistas” o “instrumentalistas” del Estado. Analizar las políticas sociales en un sentido “sistémico” –a partir de su lugar en la reproducción de fuerza de trabajo y en la regulación del conflicto social– no sugiere un contexto de armonía social ni una deliberada intencionalidad. Supone reconocer la existencia de determinadas “afinidades electivas”, ciertas limitaciones en su desarrollo, y también la posibilidad de un desacople.
  40. Esta tipología se extendió rápidamente y dio origen a discusiones acerca de otras formas de clasificación (Barba-Solano, 2007). Con posterioridad, Esping-Andersen (1999) pasó a referirse a “regímenes de bienestar”, para incluir tanto el rol de la familia (hogares) como la participación del mercado en la provisión de bienestar.
  41. En rigor, Tokman (2006) también incluye una dimensión demográfica derivada de una transición más lenta que en los países centrales. Pero no queda claro que ello invalide la sustentabilidad de las políticas sociales, en tanto también podría entenderse como parte del “bono demográfico” de la región.
  42. Se trata de un aspecto crucial en tanto que el desarrollo de los Estados de bienestar europeos estuvo ligado a coaliciones distributivas entre diferentes fracciones sociales (Esping-Andersen, 1990).
  43. Existen significativas diferencias según los países. Como detallamos en el capítulo I, en la Argentina había tomado forma un régimen extendido de protección basado en el empleo asalariado formal, aunque con un carácter estratificado. En general, la literatura destaca que los países del Cono Sur (junto con Costa Rica) son los que más se aproximaron al “modelo” europeo corporativista (Barba Solano, 2004).
  44. Con posterioridad a los primeros análisis sobre desmercantilización, la perspectiva de género permitió añadir otra dimensión al análisis de la política social: la “desfamiliarización”. Este concepto apunta al grado en que la política social satisface necesidades –en especial, de cuidados– que, en determinado momento, son cubiertas por las familias (Esping-Andersen, 1999; Martínez Franzoni, 2008).
  45. Nos referimos a las políticas surgidas con el apoyo de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) que implicaron nuevos programas de transferencia de ingresos, entre ellos los subsidios para el cuidado de la alimentación y la salud, los sistemas de pensiones no contributivas, los programas de empleo y capacitación y las transferencias condicionadas de ingresos. Como apunta Barba Solano (2004), los organismos multilaterales implementaron una auténtica “división del trabajo” en el período de reformas estructurales: mientras que el FMI encabezó la intervención macroeconómica incentivando las medidas de ajuste fiscal y reforma del Estado, el Banco Mundial y el BID promovieron la instalación de la nueva agenda social (incluyendo las modificaciones en los sistemas de pensiones).
  46. En términos de Adelantado (2017), a escala global se asiste a un cambio de “paradigma de la política social”. Un componente central son las políticas de activación laboral, destinadas a mejorar la “empleabilidad”. También son relevantes las políticas destinadas a la mejora del capital humano o hacia poblaciones específicas (en especial, la infancia). Esta nueva modalidad de intervención ha sido descripta bajo diversas denominaciones, como “Estado posibilitador”, “Estado schumpeteriano” o “Estado de Bienestar Inversor” (Adelantado, 2017).
  47. Al mismo tiempo, las políticas de transferencias de ingresos abrieron una oportunidad para la expansión del capital financiero y el microcrédito en la región. Ello se tradujo en un creciente endeudamiento por parte de los hogares (Lavinas y Simões, 2017).
  48. Nun (2001 [1972]: 240 y ss.) recoge una distinción, formulada por Lockwood, entre “integración social” e “integración del sistema”. La primera apunta a la existencia de relaciones armónicas o conflictivas entre actores de un sistema social; la segunda, a aquellas relaciones entre las partes del sistema. Desde este lenguaje, la estabilidad y preservación del sistema puede basarse en inhibir la integración sistémica para reducir el conflicto social: “en determinadas circunstancias, una cierta fragmentación del conjunto es la única estrategia unitaria posible. De esta manera, se a-funcionaliza la no funcionalidad de la masa marginal” (2001 [1972]: 241).


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