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3 El diseño teórico-metodológico de la investigación

Introducción

Este capítulo describe los principales componentes del diseño teórico-metodológico a través del cual desarrollamos la investigación. El propósito es hilvanar el marco conceptual presentado en el capítulo anterior, el contexto político-económico previamente analizado y las hipótesis de trabajo. De esta forma, el capítulo procura llevar adelante la operativización del problema de investigación y presentar los conceptos mediadores o empíricos utilizados para su abordaje. Asimismo, se consideran las principales características de la fuente de datos utilizada en la investigación, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta investigación analiza la participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social durante un período de políticas heterodoxas. Mediante este objetivo, procuramos abordar los cambios en los modos de reproducción económica de las unidades domésticas y en las pautas de desigualdad de las condiciones de vida familiares. Así, nos proponemos aportar elementos empíricos novedosos acerca de la rearticulación que experimentó la relación entre heterogeneidad estructural y política social durante la posconvertibilidad en la Argentina.

Desde la perspectiva analítica propuesta, la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación se habría plasmado en un patrón de desigualdad sociolaboral que inhibiría la convergencia de las condiciones de vida familiares. Este patrón habría tenido amplias consecuencias sobre la reproducción económica de las unidades domésticas. Sin embargo, la intervención del Estado mediante políticas sociales y los propios comportamientos domésticos habrían desempeñado un papel de mediación sobre tales resultados.

El patrón identificado se habría mantenido durante toda la década, pero sus componentes habrían registrado distintos ritmos de variación e intensidad de acuerdo con el contexto político-económico. Durante el período de mayor crecimiento económico (2003-2008) se habría registrado una tendencia a la recomposición de las condiciones de vida estrechamente asociada con procesos del mercado de trabajo, incluyendo un mayor esfuerzo económico-productivo de los hogares. En contraste, en los años de menor ritmo de crecimiento (2008-2014), la intervención social del Estado habría adquirido una mayor relevancia, aunque limitada, sobre las capacidades de reproducción económica de los hogares, en un marco sociolaboral menos dinámico.

El capítulo está organizado en torno a tres secciones. En la primera presentamos el modelo de análisis, reintroducimos los objetivos de investigación y las hipótesis asociadas a ellos. Recogemos allí elementos empíricos planteados en el capítulo I y argumentos teóricos señalados en el capítulo II. En la segunda sección se presentan los principales conceptos y las definiciones operativas a través de las cuales avanzamos en los próximos capítulos empíricos. Aquí presentamos algunas nociones claves que permiten una aproximación operativa a las formas de inserción laboral de los hogares, a las políticas sociales y a los comportamientos económicos de las unidades domésticas. Por último, la tercera sección caracteriza la fuente de datos utilizada, sus ventajas y sus limitaciones. En particular, señalamos cómo obtuvimos los principales insumos requeridos para evaluar las condiciones de vida en un contexto peculiar con respecto a la disponibilidad de información oficial fidedigna.

3.1. Modelo teórico, objetivos e hipótesis de la investigación

El enfoque conceptual de esta investigación abreva en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, el estructuralismo, y el marxismo. La tesis central plantea que la heterogeneidad productiva y laboral articula procesos de desigualdad estructural en sociedades periféricas con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica familiares. Este planteo adquiere singular relevancia en sociedades como la argentina, que se “abrieron” al mercado internacional, desarticularon parte del entramado productivo conformado durante la ISI, adquirieron un perfil de especialización y quedaron expuestas a los ciclos financieros mundiales. Distintos estudios económicos recogidos previamente dan cuenta de la persistencia, durante la posconvertibilidad, de una “dualidad estructural” en el proceso de acumulación y de un perfil productivo altamente especializado y dependiente de los precios externos. Tal continuidad alude a una configuración de larga duración en el patrón de acumulación que se habría mantenido bajo un contexto de políticas heterodoxas, en el marco de una estrecha dependencia con respecto a los mercados externos y con una débil integración del entramado productivo doméstico.

El enfoque teórico esbozado sugiere que la heterogeneidad estructural reproduce bajos niveles de convergencia en términos de capacidades de reproducción económica[1]. Con ello procuramos recoger una lógica de funcionamiento que abarca a sistemas socioeconómicos débilmente encadenados (más allá de sus vinculaciones recíprocas y de la “subordinación heterogénea” del sector microinformal por parte del sector formal) y mercados de trabajo segmentados. Estas condiciones estructurales limitarían la difusión de ciertas características socioeconómicas que favorecerían la convergencia social. En efecto, según este planteo teórico, las condiciones de heterogeneidad estructural segmentarían la demanda laboral y reproducirían ostensibles brechas de productividad y remuneraciones. Una porción de la fuerza de trabajo se desempeñaría en actividades de mediana y alta productividad, en procesos productivos integrados a las cadenas mundiales de valor y con relaciones laborales reguladas; por otra parte, el sistema socioeconómico generaría una población excedentaria, ubicada en un heterogéneo y diverso sector microinformal, en el segmento secundario del empleo o en condiciones de abierta marginalidad económica.

No obstante, según la perspectiva teórica presentada, la incidencia de estos procesos sobre la reproducción económica no podría disociarse de la función de “mediación” de los hogares y de las transformaciones que registra la intervención social del Estado. Por una parte, los hogares despliegan comportamientos en procura de optimizar sus condiciones de vida que, eventualmente, pueden amortiguar (por ejemplo, a través de una combinación de posiciones ocupacionales) o profundizar las brechas generadas por la dinámica socioeconómica. Por otra parte, la expansión del gasto público en funciones de política social adquiere una significación particular. En un contexto de heterogeneidad productiva, segmentación laboral e informalidad de subsistencia, las políticas sociales –en especial, las de transferencias de ingresos no contributivas– adoptarían un renovado papel de “regulación estática” de la pobreza cuyas raíces se ubican en las condiciones estructurales antes aludidas. Tal forma de regulación apuntaría a un modo de “gestionar” los resultados desintegradores de la dinámica económica sin resolver sus causas[2].

En el caso argentino, esta renovada función social de la intervención estatal habría ganado especial protagonismo en el contexto de la crisis político-institucional –con sus efectos de crisis de “legitimidad”– que dio origen al ciclo posconvertibilidad. Por consiguiente, durante este período se combinaría un rasgo estructural de las “nuevas” políticas sociales con un atributo coyuntural de la historia político-económica nacional.

En suma, postulamos la relevancia que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional tiene sobre el patrón de desigualdad de las condiciones de vida familiares y articulamos este planteo con las modalidades “sistémicas” de intervención social del Estado. De esta forma, el patrón de desigualdad se relaciona con el funcionamiento articulado de una “cadena” de procesos entre los cuales la heterogeneidad productiva desempeña un punto de partida fundamental (Bárcena y Prado, 2016: 37)[3].

El objetivo general de esta investigación es describir los modos de participación de los hogares en la estructura económico-ocupacional y en los sistemas de política social, y evaluar sus cambios durante el ciclo de políticas heterodoxas en la Argentina (2003-2014). De esta manera, nos proponemos contribuir al estudio de las transformaciones en los modos de reproducción socioeconómica de las unidades domésticas y aportar nuevas evidencias acerca de las rearticulaciones verificadas en la relación entre heterogeneidad estructural y las formas de intervención social del Estado en la Argentina.

Para abordar este objetivo, la investigación se organizó alrededor de cuatro objetivos específicos:

  1. Describir las características de la participación económico-ocupacional de los hogares a partir de la inserción de sus integrantes en distintos sectores y segmentos de empleo, prestando especial atención a la capacidad de combinar posiciones ocupacionales (lo que remite a la homogeneidad / heterogeneidad laboral interna de los hogares).
  2. Explorar las características, la evolución, el volumen y la composición de los hogares cuyos miembros participan en actividades laborales informales de subsistencia o de marginalidad económica.
  3. Examinar los modos en que la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y los procesos de segmentación laboral inciden sobre las capacidades de reproducción económica, evaluando la participación de las unidades domésticas (mediante su fuerza de trabajo disponible) en la distribución del ingreso laboral y enfatizando en los procesos microsociales que intervienen en los niveles de retribución obtenidos.
  4. Describir y comparar los niveles de cobertura de los instrumentos de política social y sus efectos sobre las capacidades de reproducción económica según la posición de los hogares en la estructura económico-ocupacional.

La hipótesis general postula que la heterogeneidad estructural del régimen de acumulación –y su correlato en la incapacidad de los sectores más dinámicos de la economía para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo– habría dado lugar a dinámicas persistentes de desigualdad económico-ocupacional y de exclusión o marginalidad, con amplias consecuencias sobre las capacidades de reproducción económica y el bienestar material de los hogares, restringiendo los procesos de convergencia socioeconómica entre el 2003 y el 2014. Sin embargo, estas dinámicas no habrían impactado de forma directa sobre las condiciones de vida debido a una mediación, de relevancia variable según el momento político-económico del ciclo, de la política social y de los propios comportamientos microsociales de los hogares. Tales elementos habrían desempeñado un papel compensador –aunque limitado, dadas las condiciones estructurales prevalecientes– sobre las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas.

Esta hipótesis general puede sistematizarse a través de un conjunto de hipótesis particulares que se examinan en la investigación:

  1. Durante el ciclo de políticas heterodoxas (2003-2014), la participación laboral de la fuerza de trabajo de los hogares habría permanecido estrechamente ligada a las condiciones de heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional y de segmentación del mercado de trabajo. Si bien se habría evidenciado una recomposición de las oportunidades de empleo en los sectores más dinámicos e intermedios durante los primeros años de la posconvertibilidad (2003-2008), habría sido restringida, en ausencia de cambios estructurales de la economía. Durante el ciclo de crisis, reactivación y estancamiento (2008-2014), los hogares habrían enfrentado una estructura rígida en términos de oportunidades económico-ocupacionales en los sectores más modernos. Aun cuando en el seno de los hogares pueden coexistir posiciones económico-ocupacionales, una parte de éstos sólo habría conseguido acceder a ocupaciones en el sector informal, en el segmento precario o a posiciones abiertamente marginales, como correlato de las limitaciones estructurales de la demanda de empleo en los sectores más productivos.
  2. La heterogeneidad del sistema ocupacional habría condicionado la pauta de distribución del ingreso laboral y, por consiguiente, las capacidades de reproducción económica de los hogares. Durante todo el ciclo (2003-2014), los hogares con trabajadores del sector microinformal o del segmento precario habrían experimentado las condiciones más desventajosas en términos distributivos. Un mayor esfuerzo económico por parte de las unidades domésticas, en especial durante la etapa de mayor crecimiento (2003-2008), habría desempeñado un papel de “mediación” sobre estos resultados. Sin embargo, aquellos hogares habrían quedado expuestos, con mayor probabilidad, al riesgo de experimentar capacidades de subsistencia deficitarias a partir de sus ingresos laborales, aun considerando su propio esfuerzo económico-reproductivo.
  3. Durante la posconvertibilidad (2003-2014), la expansión de la intervención estatal bajo políticas sociales se habría plasmado en el crecimiento de la cobertura de los hogares con trabajadores ubicados en el sector microinformal, en empleos precarios o en posiciones marginales. Los ingresos provenientes de este tipo de fuente habrían adquirido una mayor injerencia en los presupuestos de los hogares situados en tales posiciones económico-ocupacionales, en particular durante el período de menor dinamismo económico (2008-2014). Sin embargo, habrían sido limitados para excluir a tales hogares del riesgo de experimentar déficit de capacidades de subsistencia.

El enfoque teórico presentado en el capítulo II brinda elementos para hacer inteligibles estas hipótesis. Si bien la tesis de la heterogeneidad estructural fue desarrollada principalmente en la etapa de “crecimiento hacia adentro”, la lógica de funcionamiento del sistema ocupacional no es independiente del mayor o menor grado de apertura económica que se registre en un período determinado (Hernández Laos, 2005; Rodríguez, 2001; Salvia, 2012). Durante el ciclo de reformas estructurales, la teoría permitió predecir un comportamiento opuesto al que anticipaba el enfoque neoclásico de la “convergencia”. De acuerdo con Rodríguez (2001) y Salvia (2012), en condiciones de competitividad desventajosa por la existencia de brecha tecnológica y apertura económica podemos esperar tres procesos relacionados. En primer lugar, una reestructuración de los sectores más concentrados, expulsión de fuerza de trabajo o un sesgo hacia aquellos trabajadores con alta calificación. En segundo lugar, las unidades productivas tecnológicamente rezagadas que operan en condiciones de “protección” arancelaria se deterioran, pierden mercados y expulsan fuerza de trabajo. En tercer lugar, una mayor presión sobre el sector informal y, por consiguiente, un proceso de empobrecimiento. A la mayor presión contribuye tanto el desempleo generado por los procesos anteriores –que “saturan” el sector de autoempleo–, como la pérdida de mercados derivada del abaratamiento de mercancías producidas por la apertura (por ejemplo, de bienes durables o tecnológicos) y las mayores necesidades de los hogares de proveerse ingresos (Rodríguez, 2001).

En contrapartida, bajo condiciones macroeconómicas “heterodoxas” que otorguen mayor dinamismo al mercado interno a través de la promoción del consumo, mediante un tipo de cambio alto o por la vía de protección arancelaria a ciertas actividades, podemos esperar que el sector cuasi-formal rezagado tecnológicamente incorpore fuerza laboral proveniente del sector informal o abiertamente excedente. Ello daría lugar a una recuperación de la demanda laboral y es posible que se incrementen los ingresos, incluso en el sector informal, como consecuencia de una menor presión de los excedentes de fuerza de trabajo (Rodríguez, 2001).

En el caso argentino bajo estudio, este proceso no habría sido homogéneo durante el período: en tanto que entre el 2003 y el 2008 el crecimiento económico fue intenso, basado en una amplia capacidad ociosa y en niveles muy deteriorados de ingresos, en el período subsiguiente las condiciones fueron más erráticas e incluso hubo períodos de retracción económica. Por consiguiente, cabe suponer que este proceso de recomposición haya sido limitado. En este sentido, dado que no cambió el perfil productivo del país y se mantuvo la “dualidad estructural” del régimen de acumulación –tal como señala la literatura recogida en el capítulo I–, postulamos que una parte significativa de los hogares habría permanecido asociada a ocupaciones en el sector de baja productividad. En tal contexto, la heterogeneidad productiva y laboral se habrían traducido en las condiciones de vida familiares.

En estas condiciones, las modalidades de intervención social del Estado habrían adquirido un rol renovado. La expansión del gasto público social y la implementación de nuevas iniciativas durante la posconvertibilidad habrían participado en la reconfiguración de las condiciones de vida. En las condiciones de menor crecimiento económico de la segunda fase del ciclo, habrían sido relevantes en la regulación estática de los procesos de empobrecimiento cuyo origen radica –según nuestro argumento– en las condiciones de heterogeneidad estructural. En este sentido, cabe suponer un papel compensatorio en materia de capacidades de reproducción económica por parte de la intervención social del Estado.

3.2. Sobre los conceptos y las categorías de análisis

El propósito de esta sección es presentar una aproximación operativa a los principales conceptos de la investigación. En primer lugar, se señala nuestra aproximación a la heterogeneidad estructural a través de una “matriz económico-ocupacional”. En segundo lugar, describimos el abordaje de las condiciones de informalidad de subsistencia o marginalidad económica. En tercer lugar, precisamos las políticas sociales que serán objeto de estudio y su forma de captación. En cuarto lugar, señalamos el modo de abordaje de las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas y de los comportamientos microsociales que éstas despliegan en procura de optimizar sus condiciones de vida.

3.2.1. La “matriz económico-ocupacional” como aproximación a la heterogeneidad estructural del sistema ocupacional y la segmentación laboral

Nos aproximamos al estudio de los modos en que las desigualdades estructurales del mercado de trabajo participan en las capacidades de reproducción económica de los hogares a través de una perspectiva teórico-metodológica que caracteriza las inserciones económico-ocupacionales de sus miembros y su participación en la distribución del ingreso laboral –es decir, lo que denominamos la distribución primaria del ingreso–. Nuestra investigación está enfocada en la “demanda laboral”[4] y, por consiguiente, tanto en los tipos de puestos a los que accedieron las unidades domésticas como en los ingresos reportados por tales posiciones. En este proceso, recuperamos los lineamientos teóricos presentados en el capítulo II y antecedentes de investigaciones previas llevadas adelante por el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social (Comas, 2012; Poy, 2016, 2017a, 2017b; Salvia, 2012; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013).

Presentamos una tipología de inserciones económico-ocupacionales que da prioridad a la pertenencia a diferentes “estratos de productividad” –aspecto que es central en esta perspectiva– a las características de las unidades productivas en que se inserta la fuerza de trabajo y a la “categoría ocupacional” como aproximación a las diferentes modalidades que asumen las relaciones sociales de producción. Además, se considera –en el caso exclusivo de los asalariados– la pertenencia de la fuerza de trabajo a distintos “segmentos” del mercado laboral. La participación en distintos sectores económico-ocupacionales por parte de los ocupados constituye un proxy para el estudio de la heterogeneidad estructural que ha revelado su fertilidad teórico-metodológica en investigaciones previas (Poy, 2017a; Salvia, 2012; Vera, 2013)[5].

La construcción de una “matriz económico-ocupacional” (Figura 3.1) en esta investigación involucró una serie de variables que describimos y justificamos a continuación.

  1. El “estrato de productividad”, al que nos aproximamos distinguiendo un sector económico-ocupacional (microempresa, sector privado formal o público formal), es un atributo clave de las unidades económicas desde la perspectiva teórica planteada[6]. La decisión de tomar al tamaño de establecimiento como aproximación de la productividad se funda en que, en general, existe una importante relación entre costos, escala de producción y productividad (Arakaki, 2015; Graña, 2015). A la vez, constituye la única variable disponible en la EPH para este tipo de análisis. En articulación con ello, se excluyeron por definición del sector microinformal a los ocupados en establecimientos de algunas ramas: las actividades financieras y empresariales, y las actividades de enseñanza y servicios de salud (Monza y López, 1995)[7].
  2. La “calificación de la tarea” (profesional, técnica, operativa o no calificada) brinda una aproximación complementaria de los tipos de inserción, especialmente en el caso de los no asalariados. Esta variable permite distinguir entre trabajadores independientes profesionales, patrones profesionales y/o con otros niveles de calificación. Cabe destacar que tanto los trabajadores por cuenta propia profesionales como los empleadores tal calificación son incorporados dentro del sector formal. De esta manera, la calificación permite una aproximación adicional a la productividad.
  3. La “categoría ocupacional” es utilizada para diferenciar posiciones en las relaciones sociales de producción. Ello nos permite distinguir entre patrones, trabajadores por cuenta propia y asalariados. De esta manera, es posible evitar considerar a los estratos de productividad como si fueran socialmente homogéneos (Salvia, 2012). En otras palabras, se trata de un criterio de distinción “horizontal” dentro de cada uno de los estratos identificados.
  4. La “jerarquía ocupacional” es utilizada para diferenciar posiciones dentro del universo de trabajadores asalariados del sector privado. Es decir, constituye un criterio de diferenciación “vertical” de posiciones económico-ocupacionales dentro de ocupados con la misma categoría ocupacional. Esto permite diferenciar posiciones de dirección de las demás entre los asalariados.
  5. Recuperamos la distinción de “segmentos” del mercado de trabajo. Ello remite al grado de regulación de las relaciones laborales en las que participan los trabajadores asalariados. Aquí diferenciamos entre un segmento primario de empleos registrados a la seguridad social y un segmento secundario de empleos no registrados[8].
Figura 3.1. Matriz económico-ocupacional: tipos de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo y su definición operacional.

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Nota: (a) se excluyó por definición del sector microempresario a algunas ramas de actividad (Monza y López, 1995): actividades financieras y empresariales, enseñanza y servicios de salud. Se consideró a los ocupados de tales ramas como pertenecientes al sector formal y se los asignó al grupo correspondiente según su categoría ocupacional y los demás atributos considerados.

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

El análisis propuesto involucra también a los desocupados y a los ocupados que son beneficiarios de un programa de empleo[9]. Por ello, se considera a las variables mencionadas como elementos que permiten aproximar diferentes formas y niveles de participación en la distribución del ingreso de los ocupados y, consecuentemente, de los hogares a los que pertenecen.

La tipología resultante nos permite dar cuenta de diferentes categorías de inserción económico-ocupacional y, por consiguiente, de la heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional. Esta tipología no constituye una estratificación social en términos de clases o estratos sociales en, al menos, dos sentidos. En primer lugar, porque las categorías presentadas en el Figura 3.1 no dan cuenta de gradaciones jerárquicas tal como generalmente está implícito en cualquier estratificación de clases (Crompton, 1994). El criterio fundamental es la pertenencia a distintos estratos de productividad asociados a la heterogeneidad estructural. En segundo lugar, los estudios sobre clases sociales presuponen la “existencia sociológica real” de las clases así definidas (Germani, 1955). Es evidente que la construcción expuesta no puede albergar esa pretensión. Aclarado lo anterior y dado que la estratificación social remite a las “estructuras sistemáticas de la desigualdad” (Crompton, 1994: 17), en la medida que las distintas posiciones señaladas están asociadas a diferentes niveles de recursos materiales, puede pensarse como una tipología que da cuenta de distintos grupos en términos de niveles de bienestar material.

En este punto, un elemento clave remite a la forma de examinar la inserción de las unidades domésticas en sistema económico-ocupacional. La inserción de la fuerza de trabajo de los hogares en distintas posiciones económico-ocupacionales permite aproximarse a la injerencia de las desigualdades estructurales sobre la reproducción económica. Ahora bien, un aspecto singular que caracteriza a cualquier investigación empírica que tome como eje a las unidades domésticas es que un atributo individual debe ser “adjudicado” a una unidad colectiva (Torrado, 1992, 2006 [1982]).

La aplicación de atributos individuales a grupos o colectivos implica adoptar un criterio en base al cual llevar adelante esta adscripción. En este sentido, se abren diferentes posibilidades frente a las cuales el investigador debe definir cómo proceder (Torrado, 1992, 2006 [1982]). En las unidades domésticas en las cuales hay un único miembro ocupado o proveedor de ingresos, el criterio será asignar la posición en la estructura económico-ocupacional de dicho integrante al conjunto de los miembros del hogar. En cambio, en los hogares donde haya dos o más ocupados o proveedores de ingresos, las opciones son diversas. Es posible atribuir al conjunto de los integrantes la posición del jefe de hogar o del principal sostén del hogar (es decir, aquel que tiene los mayores ingresos). En los casos en que se emplean escalas ordinales, puede atribuirse a la unidad doméstica la posición del integrante que se encuentra mejor posicionado en comparación con los demás miembros (criterio de “dominancia”). Finalmente, se pueden definir situaciones “híbridas”, reconociendo las diferentes situaciones de los miembros del hogar (Torrado, 1992, 2006 [1982]).

En esta investigación, optamos por adscribir al hogar a la posición del principal sostén del hogar (PSH) en la tipología presentada. Dado el papel central que otorgamos a los ingresos en la determinación de las condiciones de vida, resulta razonable apelar a un criterio que priorice la posición económico-ocupacional de aquel miembro del hogar que contribuye con el mayor monto de ingreso[10].

Sin embargo, consideramos relevante examinar en qué medida las unidades domésticas tuvieron capacidad de participar en diferentes posiciones económico-ocupacionales a partir del conjunto de su fuerza de trabajo disponible. Recurrimos, para ello, al estudio de la “homogeneidad” o “heterogeneidad” ocupacional interna de los hogares. Al tomar en cuenta de modo simultáneo al principal proveedor y a los “trabajadores secundarios”[11], podemos definir distintos “tipos” de participación en la estructura social del trabajo. Planteamos cuatro modalidades[12]:

  1. Hogares en el sector formal público o privado: son hogares cuyos miembros ocupados son todos no asalariados del sector formal privado, asalariados del sector formal o empleados del sector público. Se excluye a los hogares con algún miembro desocupado o beneficiario de un programa de empleo.
  2. Hogares con PSH en el sector formal y otros ocupados en el sector microinformal: son hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector formal. En estos hogares hay ocupados secundarios que se desempeñan en el sector microinformal, son beneficiarios de un programa de empleo o se encuentran desocupados.
  3. Hogares con PSH en el sector microinformal y otros ocupados en el sector formal: se trata de hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector microinformal, es desocupado o beneficiario de un programa de empleo y hay otros ocupados secundarios en el sector formal público o privado.
  4. Hogares con todos sus miembros en el sector microinformal: son hogares cuyo PSH tiene un empleo en el sector microinformal, es desocupado o beneficiario de un programa de empleo y todos los demás miembros ocupados están en el mismo tipo de inserciones ocupacionales.

En tanto que el primer y el cuarto grupo son homogéneos desde el punto de vista de su inserción sectorial económico-ocupacional, el segundo y el tercero son considerados “mixtos” (Figura 3.2). En esta tipología consideramos la inserción de la fuerza de trabajo de los hogares en diferentes sectores económico-ocupacionales (formal público, privado y microinformal); por consiguiente, se analiza la inserción “sectorial económico-ocupacional” de los hogares. Ello significa que esta tipología no ofrece información sobre la calidad de los empleos a los que acceden, lo cual remite al segmento ocupacional de la fuerza de trabajo asalariada de las unidades domésticas.

Figura 3.2. Tipos de inserción sectorial económico-ocupacional del hogar (considerando al conjunto de su fuerza de trabajo activa).

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Nota: (a) Incluye desocupados y beneficiarios de planes de empleo.

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, el universo de estudio de la investigación quedó conformado por los hogares cuyo PSH era activo, es decir, se encontraba ocupado o desocupado. Los hogares cuyo PSH era inactivo fueron excluidos en tanto no resultaba posible capturar la relevancia de la heterogeneidad ocupacional sobre las condiciones de vida de tales unidades.

3.2.2. Excedentes de población, marginalidad económica e informalidad de subsistencia

En términos conceptuales, un rasgo distintivo de un sistema socioeconómico sometido a una pauta de heterogeneidad estructural remite a la generación de excedentes de fuerza de trabajo. Dentro del estudio de las posiciones económico-ocupacionales a las que accede la fuerza de trabajo de los hogares, atribuimos especial relevancia a las modalidades de inserción más vulnerables. En su formulación inicial, la “marginalidad económica” quedó tematizada del siguiente modo:

[La masa marginal está compuesta por] a) una parte de la mano de obra ocupada por el capital industrial competitivo; b) la mayoría de los trabajadores que se refugian en actividades terciarias de bajos ingresos; c) la mayoría de los desocupados; y d) la totalidad de la fuerza de trabajo mediata o inmediatamente fijada por el capital comercial (…) No cabe duda que una proporción de esa masa marginal –correspondiente a los grupos b), c) y d)– es, a la vez, conceptualizable como ejército de reserva respecto del mercado de trabajo del capital industrial competitivo (…) En otras palabras, este concepto puede usarse en un sentido amplio o restringido. En el primer supuesto constituye su criterio de referencia el mercado de trabajo del capital industrial monopolístico. En el segundo, en cambio, el eje de análisis será el mercado de trabajo del capital industrial tout court. (Nun, 2003 [1969]: 134-135; énfasis original)

Una parte fundamental de los desafíos metodológicos –y de las críticas planteadas a este enfoque– se deriva de la cuestión de la “funcionalidad” de la fuerza de trabajo marginal en el contexto de modelos de acumulación heterogéneos[13]. En efecto, la relevancia que asumen los sectores de baja productividad y sus eslabonamientos con el sector más estructurado (Cacciamali, 2000), implican que diversas actividades económicas consideradas marginales pueden ser subsidiarias del capital más concentrado, o “funcionales” al proveer bienes baratos a la fuerza de trabajo que se emplea en otras actividades productivas (Bienefeld, 1975). Por ello, resulta importante considerar un referente más “restringido” –en los términos de Nun (2003 [1969])– para localizar exclusivamente a aquella porción de la fuerza de trabajo que resulta redundante para un régimen de acumulación heterogéneo[14].

Nos aproximamos operativamente a los excedentes de fuerza de trabajo en términos de una “informalidad de subsistencia” o “de supervivencia” (Pérez-Sáinz, 1995; Portes y Haller, 2004). Ello permite distinguir un conjunto de posiciones más vulnerables dentro de la estructura económico-ocupacional, más allá de la heterogeneidad del propio sector microinformal. Retomamos una aproximación propuesta por Salvia (2012) que hemos adaptado en una investigación previa (Poy, 2017b). Se definen como posiciones económico-ocupacionales de “marginalidad económica” o “informalidad de subsistencia” tres situaciones diferentes:

  1. Desocupados marginales (estructurales o “friccionales” de muy bajo nivel educativo). Se considera que este es un indicador de las dificultades para acceder a un empleo tanto en el sector más estructurado o dinámico de la economía como en el sector microinformal. A partir de estos criterios, se busca definir a aquella parte de la fuerza de trabajo que no cumple una función de “ejército de reserva”, tal como fuera apuntado por Nun en la cita referida más arriba.
  2. Beneficiarios de planes de empleo: son aquella parte de la fuerza de trabajo que recibe algún tipo de programa con contraprestación laboral por parte del Estado.
  3. Ocupados en actividades en el sector informal de subsistencia: con la delimitación de este grupo se aspira a definir un sector “refugio”, marginal para el proceso social de acumulación que al mismo tiempo se diferencie del concepto clásico de “sector informal”. El ingreso, en combinación con el tamaño del establecimiento o la ocupación –tomados como criterios de definición del sector informal– actúan como un indicador de la productividad.

Las definiciones operacionales de cada una de estas categorías se presentan en la Figura 3.3. En esta investigación, evaluamos tanto la incidencia que alcanzan los hogares cuyo principal sostén se encuentra en condiciones de marginalidad económica como la prevalencia de aquellas unidades domésticas que disponen de fuerza de trabajo secundaria en tales condiciones de inserción.

Figura 3.3. Definiciones operacionales de las posiciones de marginalidad económica o informalidad de subsistencia.

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Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

3.2.3. Intervenciones sociales del Estado a nivel de los hogares y transferencias monetarias

Según la hipótesis planteada, las capacidades de reproducción económica de los hogares no son independientes de la función desplegada por las intervenciones sociales del Estado. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado participa en la reproducción de las unidades domésticas, produciendo intervenciones en clave de formas o modos de “regulación” en el contexto de un régimen social de acumulación.

Las intervenciones sociales del Estado pueden diferenciarse según su injerencia sea preponderante en la distribución “primaria” o “secundaria” del ingreso. Ello permite distinguir entre la “política laboral”, que regula de forma directa las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo; y la “política social”, que participa indirectamente en las condiciones de vida en términos de redistribución (Danani, 2009: 29-32).

Todas las políticas sociales implementadas por el Estado suponen una acción redistributiva, en tanto transfieren ingresos o brindan servicios que podrían convertirse a un valor monetario (en tanto que, en sociedades de mercado, los satisfactores de necesidades pueden ser monetizados). Sin embargo, nuestro interés en esta investigación se concentra en aquellas que transfieren ingresos. La Figura 3.4 presenta, de manera esquemática, los diferentes tipos de intervenciones sociales del Estado y, particularmente, aquellas que transfieren ingresos y son objeto de interés en nuestra investigación[15].

Figura 3.4. Intervenciones sociales del Estado, tipos de políticas y efectos económicos sobre los hogares.

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Fuente: elaboración propia a partir de Bertranou y Paz (2007), Curcio (2011), Danani (2009) y Filgueira (2015).

En los últimos años, en la Argentina es posible distinguir entre intervenciones sociales “tradicionales”, como el sistema de jubilaciones y pensiones contributivas, el sistema de asignaciones familiares o el seguro de desempleo; y otras políticas más recientes, como las transferencias monetarias condicionadas (Figura 3.5). Entre estas políticas recientes, puede diferenciarse entre aquellas que implican contraprestación laboral (como el Plan Jefas y Jefes, los programas de “Ingreso Social con Trabajo”, como “Argentina Trabaja” o “Ellas Hacen”), y otras que suponen el cumplimiento de condicionalidades (la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y el PROGRESAR).

Un problema metodológico central es que la EPH no ofrece directamente la posibilidad de identificar el conjunto de políticas relevantes que aquí se analizan, y por ello fue necesario tomar una serie de decisiones metodológicas para su estimación. Por consiguiente, en el Anexo III presentamos tales decisiones y los antecedentes en los que se basan.

Figura 3.5. Tipología de políticas sociales consideradas.

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Notas: (a) No es posible diferenciar las pensiones no contributivas del resto de los ingresos provenientes por este concepto / (b) Si bien el seguro de desempleo constituye una prestación de carácter contributivo de naturaleza distinta a otros instrumentos de protección al desempleo, su baja incidencia estadística aconsejó este agrupamiento.

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

3.2.4. La reproducción de las unidades domésticas y su estudio a través del ingreso

Dentro de la complejidad que asume el proceso de reproducción social de las unidades domésticas, esta investigación atiende a su dimensión económica o material. De acuerdo con el enfoque presentado en el capítulo II, la reproducción económica se vincula con la manutención, la satisfacción de necesidades y la reposición cotidiana y generacional de los integrantes de la unidad doméstica. En sociedades de mercado, en los que los satisfactores de necesidades se encuentran mercantilizados, la reproducción económica se encuentra estrechamente relacionada con la disponibilidad de ingresos monetarios que permitan acceder a una serie de bienes y servicios. A su vez, se relaciona con los comportamientos que despliegan los integrantes de los hogares para mejorar sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, el ingreso no constituye una retribución que los hogares reciben por los “factores de producción” de los que disponen en el contexto de la participación en diferentes mercados. En contraste, “el ingreso (…) [es] sobre todo una medida de la ‘participación’ de los hogares particulares en la estructura económico-social y, por lo tanto, en la producción y distribución de la renta nacional” (Salvia, 2012: 156). De esta forma, el estudio de los ingresos familiares cumple un doble papel teórico-metodológico: por un lado, permite aproximarse a la evolución de las condiciones materiales de vida; por otro lado, liga dicha evolución al comportamiento de la estructura económico-ocupacional y a las modalidades de intervención estatal.

Para abordar las capacidades de reproducción económica de las unidades domésticas a través del ingreso familiar apelamos a dos aproximaciones. En primer lugar, consideramos los montos de ingreso total familiar (ITF) que logran reunir los hogares y su composición a partir de tres fuentes: (a) ingresos laborales, (b) ingresos de políticas sociales y (c) otros ingresos no laborales. Esta aproximación permite examinar de qué modos se alteró la composición de los presupuestos familiares y qué relevancia adquirieron las distintas fuentes de ingreso bajo distintos contextos político-económicos.

En segundo lugar, comparamos el ingreso familiar con los requerimientos de reproducción del grupo doméstico. Para ello, nos valemos de un recurso habitualmente empleado en los estudios sobre pobreza e indigencia: el acceso a una canasta de bienes y servicios que dan cuenta de las necesidades reproductivas de los integrantes del hogar (la “Canasta Básica Alimentaria” o CBA y la “Canasta Básica Total” o CBT). Por un lado, a partir de la comparación del ingreso familiar con la CBT requerida por el grupo doméstico pueden establecerse diferentes niveles o “capacidades de subsistencia”, expresados como múltiplos de tal canasta. Por otro lado, aquellos hogares que no acceden a cubrir el monto de una CBT a partir de sus ingresos familiares experimentan “déficit de capacidades de subsistencia” (DCS). En particular, dado el marco teórico desarrollado en la investigación, prestamos especial atención a aquellos hogares que no alcanzan a cubrir una CBT en función de sus ingresos familiares de fuente laboral: tales hogares experimentan déficit de capacidades de subsistencia a partir de ingresos laborales (DCS-L).

La posibilidad que tienen los hogares de asegurarse distintos niveles de ingreso para cubrir sus necesidades está determinada por factores de diverso orden. Nuestro argumento teórico es que los factores estructurales (relacionados con el mercado de trabajo) son dominantes en este sentido, mientras que la política social que transfiere ingresos también desempeñaría un papel relevante, aunque de menor envergadura. No obstante, el estudio de las capacidades de reproducción económica debe abarcar los comportamientos desplegados por los miembros de las unidades domésticas y los determinantes demográficos. Desde este punto de vista, son cruciales el uso de la fuerza de trabajo disponible, la división familiar del trabajo, la capacidad de movilización de recursos, las estrategias residenciales y de cohabitación (visibles en la configuración doméstica) y la capacidad de participar en mecanismos de redistribución por medio de políticas sociales. Además, las capacidades de subsistencia no pueden disociarse de los requerimientos de los distintos miembros; por ello, un aspecto determinante lo constituye el tamaño y la composición de las unidades domésticas.

A manera de síntesis, en la Figura 3.6 se señalan distintos aspectos de los comportamientos microsociales de los hogares que son considerados en esta investigación[16].

Figura 3.6. Dimensiones de los comportamientos reproductivos de los hogares.

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Notas: (a) Es el cociente entre el número de miembros del hogar y el número de ocupados / (b) Cociente entre la cantidad de horas disponibles para participar en el mercado de trabajo de los miembros de 18 a 64 años (se estima, para cada uno de ellos, una jornada laboral de 40 hs. semanales) y las horas totales efectivamente trabajadas en ocupaciones remuneradas (se excluyen planes de empleo).

Fuente: elaboración propia a partir de EPH-INDEC.

Dentro del conjunto de aspectos apuntados, nos interesa destacar que el ingreso total familiar de los hogares es el resultado del ingreso medio por perceptor y del número de perceptores de ingresos, lo que pone en evidencia la articulación de procesos micro y macrosociales.

  1. El “ingreso medio por perceptor” de cada fuente de ingreso, devela la trama a través de la cual la heterogeneidad ocupacional y las modalidades de intervención por medio de políticas sociales se plasmaron en las condiciones de reproducción de las unidades domésticas.
  2. El “número de perceptores de ingresos” de cada tipo de fuente, complementa la mirada previa al dar cuenta de las capacidades que tuvieron los hogares de maximizar su participación en las distintas fuentes de ingreso por medio de sus miembros. Un incremento del número de perceptores puede expresar un mayor esfuerzo por parte de los hogares por mejorar su balance reproductivo.

Estos aspectos hacen observables diferentes dimensiones consideradas en nuestro problema de investigación y permiten examinar los factores subyacentes a los cambios en el ingreso en distintos momentos del tiempo[17]. En este sentido, contribuyen a comprender la trama en la que se organiza la reproducción económica de las unidades domésticas.

3.3. Fuente de datos, ajustes metodológicos y construcción de indicadores

El análisis llevado adelante en esta investigación debió adecuarse a las fuentes de datos disponibles. Nuestro estudio se apoya en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al respecto, debemos realizar dos advertencias. La primera es de orden conceptual: como se advirtió en el capítulo I, la posconvertibilidad tuvo su origen en la devaluación del 2002. Sin embargo, el cambio sustantivo que sufrió el diseño metodológico y muestral de la EPH en el 2003 impidió comenzar allí nuestro estudio. La segunda advertencia remite al contexto histórico de producción de esta investigación: entre el 2007 y el 2015 todos los datos ofrecidos por el INDEC deben ser considerados “con reservas” a raíz de la situación institucional que atravesó el organismo. Ello involucra tanto a la EPH como al conjunto de los insumos necesarios para evaluar las condiciones de vida familiares[18].

El proceso de irregularidad institucional que afectó al INDEC entre comienzos del 2007 y diciembre del 2015 (Lindenboim, 2015) nos obligó a tomar una serie de decisiones metodológicas con consecuencias sobre el conjunto de la investigación. La presente sección tiene un doble propósito: por una parte, presentar las características generales de la EPH y, por otra parte, explicitar el conjunto de decisiones adoptadas que contribuyen a poner en perspectiva los resultados obtenidos y sus limitaciones.

En la primera sección, describimos la fuente de datos y algunos problemas convencionales de las encuestas de hogares (principalmente, problemas de truncamiento muestral para captar hogares de altos ingresos y subdeclaración). En la segunda sección, señalamos las decisiones adoptadas con respecto a los ingresos monetarios. En la tercera sección, se aborda la cuestión de la construcción de las canastas de bienes y servicios que se utilizaron para evaluar las capacidades de reproducción material de los hogares.

3.3.1. Características de la fuente de datos utilizada y cambios muestrales

La EPH es relevada por el INDEC desde 1973. Su marco teórico original (Elizalde et al., 1974) coincide, en términos generales, con el enfoque adoptado en esta investigación. El objetivo central de la EPH es:

… caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica teniendo peso significativo para su determinación los aspectos sociolaborales. En este sentido, pretende conocer la situación de la población en la estructura social a través de la posición que tienen los individuos y los hogares, núcleos básicos de convivencia en los cuales las personas se asocian. (INDEC, 2003: 4)

La EPH tiene un proceso de muestreo bietápico estratificado. La unidad primaria de muestreo son los radios censales, cuyo listado constituye el marco muestral de la Encuesta. Estos radios censales son estratificados y seleccionados de acuerdo con la probabilidad proporcional a su tamaño (medido por la cantidad de viviendas particulares que incluyen). El criterio de estratificación está ligado a atributos educativos de los jefes de hogar predominantes en un radio censal. En la segunda etapa, se seleccionan viviendas en forma aleatoria dentro de los radios censales (INDEC, 2003).

Hasta el 2003, la EPH se relevaba en dos “ondas” en mayo y octubre de cada año (EPH “puntual”). A partir de entonces, se inició la reformulación que llevó a la actual modalidad “continua”. En la actualidad, la EPH se releva cuatro veces al año de manera trimestral. Si bien siempre existió un esquema de panel, desde la reformulación incluye un esquema de rotación que denominado “2-2-2” (INDEC, 2003): las viviendas de un área ingresan a la muestra y son encuestadas dos trimestres consecutivos, se retiran por dos trimestres y vuelven a la muestra para ser encuestadas durante dos trimestres. Esto permite seguir a un hogar a lo largo de un año y medio.

El concepto de “ingreso corriente” que mide la EPH se refiere a los ingresos monetarios mensuales derivados de fuentes laborales y no laborales. Las primeras aluden a remuneraciones al trabajo asalariado, ganancias empresarias y utilidades derivadas del trabajo por cuenta propia. Las segundas remiten a rentas y transferencias que reciben los hogares de otros agentes económicos, tales como las rentas financieras o inmobiliarias, las jubilaciones y pensiones, las indemnizaciones, becas, donaciones, asistencia social, etcétera. Esta información no contempla los ingresos no monetarios y las ganancias de capital devengadas y no realizadas, así como la renta imputable de la propia vivienda y otros bienes durables. Asimismo, los ingresos captados son netos (“de bolsillo”) sin considerar obligaciones fiscales.

La EPH ha tenido diversas modificaciones en la cobertura temática de los cuestionarios y en las características de la muestra. En lo que respecta a la ventana temporal de esta investigación, a partir del tercer trimestre del 2006, a los 28 aglomerados que se relevaban en la modalidad “continua” se añadieron los aglomerados San Nicolás-Villa Constitución, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Trelew (que se incorporaron en el 2002 pero continuaban relevándose bajo la modalidad “puntual”). Además, a partir de ese trimestre se amplió la muestra en los aglomerados de menos de 500 mil habitantes, lo que permitió mejorar la precisión de las estimaciones trimestrales. De este modo, la información en la que se basa este libro abarca a 31 aglomerados urbanos del total del país que representan alrededor del 62% de la población total[19].

Por tratarse de una encuesta por muestreo, la EPH utiliza factores de expansión para realizar estimaciones sobre el total de la población urbana de referencia en los aglomerados relevados. Para ello, se utilizan las proyecciones de población que constituyen modelos predictivos sobre el comportamiento de aquella. Estas proyecciones surgen de cada censo de población, permiten construir los factores de expansión en los períodos intercensales y se revisan al término de cada nuevo censo, lo que puede conducir a modificaciones en los tamaños de la población de referencia. Al mismo tiempo, como se trata de una muestra de viviendas, los resultados de las estimaciones pueden verse afectados por la población residente en dichas viviendas, aun cuando se controle el total poblacional. Por ello se lleva a cabo una “calibración” de los factores de expansión para ajustarlos a ciertos subtotales poblacionales conocidos con base en censos de población y las proyecciones demográficas (INDEC, 2009).

En el 2005, la población de referencia se ajustó a las nuevas proyecciones de población, surgidas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001 (INDEC, 2005). A partir del cuarto trimestre del 2013, el INDEC comenzó a actualizar las proyecciones de población a los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Con base en este último, se construyó la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) el marco muestral del cual se obtienen las viviendas a encuestar, que reemplazó al Marco de Muestreo Nacional de Viviendas (MMNV) utilizado hasta ese momento (INDEC, 2014). Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en períodos anteriores, el INDEC implementó el cambio en la muestra por “porciones”, lo cual condujo a una combinación de factores de expansión según el marco muestral del que provinieran las unidades seleccionadas (lo que fue definido como “ponderación híbrida”).

Como resultado del cambio en la muestra y en las proyecciones poblacionales, se produjo tanto un salto “atípico” en el ritmo de crecimiento de la población de referencia de la EPH como un cambio en su composición por sexo y edad. Dicho salto se explica, principalmente, porque el crecimiento proyectado en 2001 (con el que se calculaban los factores de expansión hasta 2013) fue menor al realmente ocurrido (Arakaki y Pacífico, 2015). Ello puede introducir algunas distorsiones en el análisis que llevamos adelante en la presente investigación.

Si bien se han ensayado algunos esfuerzos por corregir estos sesgos y “reacoplar” los datos de la muestra relevada con el MMNV a la información proporcionada por la MMUVRA, a partir de 2016 el INDEC difundió información acerca de inconsistencias en la MMUVRA que condicionan y relativizan cualquier esfuerzo de corrección. Específicamente, se informó que la nueva muestra tiene problemas de cobertura en algunos aglomerados. De esta forma, la “corrección” de un sesgo podría traducirse en la introducción de otros, además de requerir la alteración del conjunto de los microdatos.

En todos los casos en que se manifestaron este tipo de dificultades, la decisión metodológica aquí adoptada consistió en optimizar la comparabilidad procurando minimizar las decisiones arbitrarias que pudieran afectar las inferencias generadas. No obstante, decidimos realizar ejercicios de estimación de resultados o soluciones alternativas y volcarlas en Anexos de información adicional para evaluar los efectos producidos por los cambios aludidos[20].

3.3.2. Problemas de captación de ingresos y subdeclaración

Las encuestas de hogares enfrentan una serie de dificultades intrínsecas cuando se trata de la captación de ingresos. Podemos resumir tales dificultades en tres aspectos: en primer lugar, un sesgo de representatividad que remite al recorte muestral; en segundo lugar, la subdeclaración u omisión de respuestas de ingresos; en tercer lugar, la ausencia de suficiente desglose en los cuestionarios para la inclusión de fuentes de ingreso, las que pueden ganar o no importancia en el tiempo sin quedar debidamente registradas por el instrumento de captación (Cortés, 2000b; Salvia, 2012).

El primero de los problemas se encuentra asociado a lo que se conoce generalmente como truncamiento” de la muestra y remite a la dificultad para captar a los sectores más altos y más bajos de la estructura social. Un conjunto de mutaciones en la estructura del espacio urbano en los últimos años, como la profundización de la segregación residencial de los sectores de muy altos y muy bajos ingresos, acentúa este tipo de dificultades. Sin dudas, el principal problema enfrentado apunta a la imposibilidad de captar a los grupos sociales más ricos del país. Este efecto de sesgo no puede ser controlado sin tomar decisiones arbitrarias o ajustes globales. De todas formas, como señala Salvia (2012), cabe suponer que este efecto se mantiene relativamente constante en el tiempo, por lo que se trata de un problema de validez, pero no de confiabilidad de las estimaciones.

En cambio, el segundo de los problemas aludidos no necesariamente es estable en el tiempo. La cuestión tiene una doble faceta: por una parte, la omisión de ingresos que se traduce en la no respuesta a ese módulo de la EPH; por otra parte, la declaración de montos de ingreso más bajos que los efectivamente percibidos. Con respecto a la no respuesta, durante el período de EPH “puntual” y, luego, en la EPH “continua” hasta el año 2007, no se realizaban imputaciones de ingresos (Salvia y Donza, 1999). Sin embargo, el INDEC reprocesó las bases de microdatos de la EPH “continua”, de modo que para el período comprendido entre 2003 y 2015 se llevó a cabo la imputación de ingresos a través de hot deck. Estas son las bases de datos aquí utilizadas[21].

El problema de la subdeclaración remite al reporte de montos de ingreso inferiores a los percibidos. Este problema no resulta estable en el tiempo y hay algunos indicios de que se habría profundizado especialmente a partir del año 2008 (Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016). Las correcciones posibles sobre esta cuestión no están exentas de discusiones en la literatura (Llach y Montoya, 1999; Roca y Pena, 2001; Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016). Ello se debe a que, en general, se realizan tomando en cuenta un parámetro externo agregado: usualmente, la media de ingresos que resulta de registros administrativos (en la Argentina, el SIPA) o los datos de la Cuenta Generación del Ingreso de las Cuentas Nacionales. En el contexto de la presente investigación, en la cual interesan transformaciones en las condiciones de vida en clave de desigualdad, este tipo de correcciones puede introducir un sesgo no controlable: corregir sólo el efecto de subdeclaración entre aquellos grupos para los cuales existe un parámetro externo (los trabajadores asalariados registrados del sector privado) sin modificar los ingresos de aquellos para los cuales la EPH es la única fuente disponible de captación[22]. Dada la relevancia de este análisis sobre los datos y las inferencias que se realizan en este estudio, en el Anexo II se presentan los resultados de un ejercicio de estimación tomando en cuenta los datos provenientes del SIPA comparando con la EPH. De acuerdo con este ejercicio, los resultados en términos de desigualdad que ofrecemos aquí deberían ser considerados como el punto mínimo al que la EPH permite acceder.

En cuanto a la subcaptación de ingresos como resultado de una inadecuación entre el cuestionario y los cambios en los modos de proveerse ingresos por parte de los hogares, podemos suponer que haya desempeñado un papel menor durante el período. Sin embargo, un aspecto relevante remite al hecho de que la EPH no registró la expansión de las políticas sociales de transferencias de ingresos a través de modificaciones del instrumento de medición. Sólo existe una pregunta que permite llevar adelante este tipo de análisis en el módulo de ingresos aplicado. Ello comporta una restricción para el análisis aquí presentado, por lo que se describe en el Anexo III el tipo de estrategia desplegada.

3.3.3. Deflación de ingresos y medidas estandarizadas de las capacidades de subsistencia de los hogares

Una cuestión adicional relativa a los ingresos monetarios remite al papel desempeñado por los índices de precios al consumidor, que son el instrumento usualmente empleado para poder deflactar los ingresos corrientes. Hasta diciembre de 2006, el INDEC ofreció datos confiables al respecto, pero a partir de entonces carecieron de credibilidad (Lindenboim, 2015). En este sentido, todos los investigadores han debido recurrir a fuentes alternativas de medición de la inflación para estimar los cambios en el costo de vida. Entre los índices alternativos más utilizados figuran dos: por una parte, el “IPC-7” e “IPC-9 Provincias”, que surgió de una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) y fue continuado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Este Índice sufrió diferentes modificaciones a lo largo del tiempo y a partir del 2014 fue “empalmado” con el nuevo Índice de Precios Nacional Urbano del INDEC (IPCNU). Al mismo tiempo, este índice constituye un promedio de los datos de centros de estadísticas provinciales que mantuvieron la medición de la variación en el costo de vida, pero dichos centros fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por otra parte, el Índice de Precios del Estudio GB o “Buenos Aires City”, relevado por ex técnicos del INDEC, fue utilizado por muchos investigadores a lo largo del período porque mantuvo la modalidad previa a la intervención oficial en cuanto a la medición del IPC. Para esta investigación empleamos este segundo índice[23].

El ingreso familiar real no brinda los elementos necesarios para caracterizar las capacidades efectivas de reproducción material de los hogares en función de su participación en la distribución del producto social. Para ello, es preciso vincular tal ingreso con una capacidad de satisfacción de necesidades básicas, que se asocia con la reproducción cotidiana y generacional de los miembros del hogar. En este punto, apelamos a una aproximación usualmente empleada en los estudios sobre “pobreza por ingresos”. Se comparan los ingresos disponibles en la unidad doméstica con una “canasta básica de bienes y servicios” (Canasta Básica Alimentaria, o CBA, y Canasta Básica Total, o CBT) necesarios para su reproducción (Feres y Mancero, 2001). Este abordaje permite vincular de manera directa las distintas posiciones de la “matriz económico-ocupacional” anteriormente referida con distintas capacidades de subsistencia de los hogares, e incluir o “aislar” el efecto específico de las otras fuentes de ingreso que reciben los hogares –especialmente, las intervenciones del Estado por medio de transferencias económicas–.

Los inconvenientes señalados para la obtención de una serie confiable de la variación del índice de precios al consumidor reaparecen cuando se trata de valorizar las “canastas” aludidas. Recordemos que la metodología usualmente empleada en la medición de la pobreza monetaria requiere: (1) comparar el ingreso familiar normalizado en términos de necesidades de consumo (las unidades consumidoras o “equivalentes adultos”) con la (2) CBA, la cual debe estar (3) valorizada; o bien con la (4) CBT. Esta última se obtiene multiplicando la CBA por la (5) inversa del “coeficiente de Engel” (ICE), o “relación de Orshansky” (que indica la proporción de gasto no alimentario sobre el gasto alimentario). La CBA es un estándar “normativo”, que recoge los requerimientos calóricos que una unidad consumidora (o “adulto equivalente”) requiere para reproducir su vida realizando actividad física moderada[24]. Dicho estándar se compara con los modos en que una “población de referencia” cubre tales requerimientos energéticos. De allí surge una CBA que representa los patrones de consumo de la población[25]. Para dicha población de referencia se obtuvo la ICE para poder “expandir” la CBA. En la Argentina, la CBA se fue valorizando a partir de la variación de los precios medios de los productos contenidos en la CBA. Finalmente, sobre la base de la evolución de los precios relativos de los alimentos y el nivel general se fue actualizando la inversa del coeficiente de Engel para el cálculo de la pobreza monetaria.

De esta forma, el abordaje de las capacidades de subsistencia de los hogares requiere dos insumos clave: la valorización de la CBA y la actualización de la ICE en función de los cambios de la estructura de precios relativos. La manipulación de los índices de precios a partir del año 2007 compromete la posibilidad de obtener una medida que esté libre de controversias[26]. A diferencia de lo que ocurre con la deflación de ingresos monetarios –en que sólo se requiere el nivel general de un índice de precios–, una adecuada medición de este indicador requeriría la utilización de un índice que pueda ofrecer información diferenciada de la evolución de los precios de los alimentos y bebidas.

Aquí hemos explorado diferentes metodologías de estimación. En la metodología finalmente adoptada, utilizamos la CBA “tradicional” del INDEC; es decir, tiene una estructura previa a su modificación en el 2016. Con respecto a su valorización, hasta diciembre del 2006 se siguió la serie informada por el INDEC; entre enero del 2007 y diciembre del 2014, se apeló a la variación del Nivel General del IPC-GB. Por su parte, hasta diciembre del 2013, la ICE surge del INDEC, mientras que para el 2014 se aplicó a la serie previa la variación que surge de la ICE de los informes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2016). En cuanto a la aplicación de las CBA al total de aglomerados (recuérdese que la metodología está realizada para el Gran Buenos Aires) se aplicó la “metodología de transición” del INDEC (INDEC, 2016). Tal metodología consiste en aplicar un coeficiente –basado en la paridad de poder adquisitivo de las regiones de nuestro país– para obtener una CBA válida para cada región[27].


  1. La apelación al concepto de “heterogeneidad estructural” para comprender la dinámica de la desigualdad fue extendiéndose en los últimos años. De acuerdo con Kessler, entre las explicaciones en disputa acerca de los cambios en el patrón de desigualdad en la Argentina, “el punto más álgido por sus implicancias políticas y sociales es la hipótesis de la heterogeneidad estructural” (2014: 111). Ello es así pues la teoría permite explicar que el crecimiento de algunos sectores económicos (y sus efectos en términos de empleo y protección), coexista con la persistencia de un “polo” que incluye fuerza de trabajo excedente. Lo que posibilita estos resultados es el carácter desequilibrado del crecimiento.
  2. Como hemos referido anteriormente, cabría reconocer una influencia de la intervención social del Estado sobre las condiciones de heterogeneidad estructural. En tanto se trata de intervenciones desmercantilizadoras, tienen capacidad de regular la oferta laboral y, por lo tanto, disminuir el subempleo –que constituye una estrategia de los hogares para procurarse ingresos– (Lavinas y Simões, 2017). No obstante, el alcance en tal dirección será una función de la capacidad de “sustitución de ingresos” que tenga la política social considerada y, por lo tanto, dependerá del espacio fiscal y del volumen del subempleo.
  3. En este sentido, cabe señalar que el enfoque de la heterogeneidad estructural ha sido empleado para describir el funcionamiento de la desigualdad económica y las brechas de productividad (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Bárcena y Prado, 2016; Chena, 2010; Cimoli et al., 2005; Coatz, García Díaz y Woyecheszen, 2010; Infante, 2011; Salvia, 2012); el funcionamiento de los mercados de trabajo (Salvia, 2007, 2012; Salvia et al., 2008; Salvia y Vera, 2012; Vera, 2013; Salvia, Vera y Poy, 2015; Comas, 2012; Poy, 2017a, 2017b); el comportamiento de las estructuras de clase (Chávez Molina y Sacco, 2015; Chávez Molina, Solís y Cobos, 2019, en prensa); y la desigualdad social en la región (Boyer, 2014; Lavinas, 2013; Lavinas y Simões, 2017; Salvia, 2007, 2012, 2016).
  4. Cuéllar (1990) distinguió entre enfoques de “demanda” y de “oferta” en los estudios sobre reproducción social de las unidades domésticas y, más en general, en el contexto de la sociología del trabajo.
  5. El abordaje de la heterogeneidad estructural a partir de la estructura económico-ocupacional constituye una de las formas posibles de su tratamiento (Infante, 2011; Salvia, 2012) entre otras. Este tipo de estrategia resulta pertinente para el estudio de las desigualdades laborales y sus factores asociados. Otra estrategia, diferente de la aquí seguida, es estudiar la productividad por sectores económicos (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Chena, 2010). Sin embargo, este acercamiento, si bien hace visibles las dinámicas macroeconómicas, no favorece el estudio de la desigualdad dentro del mercado laboral que constituye una preocupación central de esta investigación.
  6. Otros autores diferencian estratos de productividad “alta”, “intermedia” y “baja” (Infante, 2011), o estratos “modernos/desarrollados”, “medios/en vías de desarrollo” y “bajos/sector informal” (Coatz, García Díaz y Woyecheszcen, 2010).
  7. Pérez-Sáinz (2000) plantea una crítica a la utilización del “tamaño de establecimiento” como proxy de la productividad. Argumenta que, en la actual etapa del desarrollo tecnológico, hay microempresas que pueden tener una elevada productividad (por ejemplo, en actividades como software, entre otras). Consideramos esta crítica pertinente y la exclusión de determinadas ramas apunta en esa dirección. Por lo demás, el análisis de composición del sector de microempresas revela la ínfima significación estadística de actividades intensivas en tecnología. Otro argumento relevante remite a la utilización de criterios de tamaño de establecimiento ajustados por rama. El MTEYSS define para cada una de ellas lo que debe considerarse una microempresa. En trabajos previos hemos ejercitado este punto y no se llega a resultados distintos en comparación con la estrategia aquí desarrollada (Poy, 2017a).
  8. Cabe enfatizar dos cuestiones relativas a la segmentación. En primer término, entre los asalariados del sector público no se distingue según condición de registro con base en la constatación empírica de su baja incidencia estadística. En segundo término, el no registro a la seguridad social de ninguna forma agota lo que podría caracterizarse como modalidades “atípicas” de empleo. Existe un gradiente de circunstancias y se podrían incluir otros indicadores específicos. No obstante, el abordaje propuesto parece adecuado para dar cuenta del principal rasgo de la segmentación del mercado de trabajo argentino actual.
  9. Los ocupados que reciben un programa de empleo son tratados aquí en conjunto con los desocupados. Esta decisión se basa en el interés por conocer los efectos de mercado laboral netos de aquellos originados en la política social. En particular, el control de este efecto nos permitirá, como señalamos más adelante, examinar de forma precisa cuál fue el papel cambiante de la política social durante el período.
  10. Este razonamiento descansa en un supuesto no comprobable en el contexto de esta investigación: que los diferentes miembros del hogar aportan la totalidad de sus ingresos a la unidad doméstica.
  11. A lo largo de la investigación entendemos como “trabajadores secundarios” a aquellos ocupados que no son el principal proveedor del hogar (Paz, 2001). En su origen, el concepto buscó enfatizar la “reserva laboral” presente en los hogares, como recurso pasible de ser movilizado durante las fases de contracción económica. Es decir que apunta a un modelo de familia de un único proveedor que, al enfrentar situaciones de crisis, debía desplegar una oferta adicional de fuerza de trabajo. Aquí lo usamos en un sentido estrictamente estadístico, para designar a trabajadores que no son principales proveedores económicos.
  12. Cabe notar que aquellos hogares que sólo disponen de un ocupado se ubicarán, dentro de esta tipología, en la posición que corresponda a su PSH.
  13. A este punto se dirigieron algunas de las críticas más importantes que se hicieron al concepto en el momento en que fue formulado. Al respecto, véase Cardoso (2003 [1970]) y especialmente Villavicencio (1979).
  14. Si bien la noción de marginalidad parece remitir a la “acumulación de desventajas”, el enfoque seguido aquí propone una mirada transversal centrado en las “oportunidades” que ofrece el régimen de acumulación para absorber fuerza de trabajo. Este aspecto fue destacado por Nun: “Lo que debe quedar claro es que la distinción [entre una parte funcional de la SPR y otra no funcional] es puramente analítica (…) Sin perjuicio de que estudios concretos puedan determinar quiénes tienen una probabilidad mayor o menor de hallar empleo –por razones de sexo, de edad, de educación, de experiencia, de calificación, de vinculaciones, de localización espacial, etc.– aquí se categoriza a las relaciones entre la población excedente y el sistema, y no a los agentes o soportes mismos de esas relaciones” (2003 [1969]: 88. Énfasis nuestro).
  15. Una excepción está constituida por los llamados “programas de empleo”. Ello obedece a una peculiaridad del caso argentino aquí examinado. En los años 2002-2003, la mayor política de transferencia de ingresos a los hogares asumió la forma de un “programa de empleo”. Una parte significativa de sus beneficiarios transitó luego a otros programas de transferencia de ingresos encuadrados en modalidades habitualmente asociadas con “políticas sociales”. Para más detalles, véase el capítulo I.
  16. Como indicamos en la Introducción, el hecho de que consideremos los esfuerzos reproductivos desempeñados por los propios hogares no significa que aquellos constituyan el eje de nuestra indagación. Un estudio detallado de las “estrategias” que despliegan los hogares para optimizar sus condiciones de vida hubiese requerido otro tipo de desarrollo teórico-metodológico o, al menos, su complementación.
  17. Como destacó Cortés (2001: 229), los procesos distributivos se encuentran influidos por la manera en la cual los hogares reaccionan ante una dinámica macrosocial más o menos regresiva. La capacidad de alterar su composición, desplegar fuerza de trabajo secundaria, incrementar su participación en recursos provenientes de la acción estatal o en redes informales y/o familiares, constituyen modos a través de los cuales los hogares condicionan los resultados distributivos en un determinado momento histórico.
  18. Entre enero de 2007 y diciembre de 2015, el INDEC fue intervenido. En un reciente comunicado, el organismo advirtió acerca de las reservas necesarias con que debe considerarse la información oficial producida durante ese período. Véase el comunicado en: <www.indec.gob.ar>.
  19. Los 31 aglomerados relevados son los siguientes: Gran La Plata, Bahía Blanca – Cerri, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Posadas, Gran Resistencia, Comodoro Rivadavia – Rada Tilly, Gran Mendoza, Corrientes, Gran Córdoba, Concordia, Formosa, Neuquén – Plottier, Santiago del Estero – La Banda, Jujuy – Palpalá, Río Gallegos, Gran Catamarca, Salta, La Rioja, San Luis – El Chorrillo, Gran San Juan, Gran Tucumán – Tafí Viejo, Santa Rosa – Toay, Ushuaia – Río Grande, Aglomerado Gran Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Gran Buenos Aires), Mar del Plata – Batán, Río Cuarto, San Nicolás – Villa Constitución, Rawson – Trelew y Viedma – Carmen de Patagones.
  20. En este sentido, si bien consideramos viable extender el análisis hasta el 2014 –con las reservas mencionadas–, en el Anexo I se presenta un ejercicio de corrección de los factores de expansión tomando en cuenta la nueva información disponible a partir del 2016.
  21. De acuerdo con Donza (2015) la imputación de ingresos no declarados por hot deck arroja resultados similares a los que se obtienen mediante otros métodos de imputación.
  22. Otra opción, no menos controvertida, consiste en ajustar toda la estructura distributiva de la EPH a la Cuenta Generación del Ingreso de Cuentas Nacionales. De esta forma, se “replica” la distribución funcional del ingreso a nivel del ingreso disponible de los hogares.
  23. Se presenta un análisis en el Anexo IV de las diferencias que introducen los distintos índices de precios considerados.
  24. En el caso argentino, tal nivel normativo se obtuvo a partir de estudios antropométricos y nutricionales específicos realizados a fines de los ochenta en el contexto de la Investigación sobre la Pobreza en la Argentina (Epszteyn y Orsatti, 1988). Esta estructura fue modificada a partir del 2016, cuando el INDEC procedió a una revisión integral de los insumos requeridos para la medición de la pobreza por ingresos.
  25. En la metodología tradicional del INDEC desarrollada en los ochenta, la población de referencia fueron los percentiles 21 a 40 de la distribución del ingreso per cápita del Gran Buenos Aires en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 1985 y 1986.
  26. De hecho, durante el período, pocos temas suscitaron tantas polémicas como las cifras de la pobreza (Calvi, 2015; CESO, 2014; IPPYP, 2014; ODSA, 2014, 2015).
  27. Los valores de la CBA y de la CBT utilizados en esta investigación para cada trimestre y región se exponen en el Anexo IV.


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