A mediados de 1918, el gobierno de Hipólito Yrigoyen anunció un importante plan de modernización naval, que contemplaba un número de compras y adquisiciones que se realizarían una vez finalizada la Gran Guerra. El momento parecía haber llegado en noviembre, cuando la firma del armisticio puso fin a las hostilidades. Se esperaba que el proyecto entrara al Congreso al año siguiente, para ser allí votado por ambas cámaras, aunque eso no ocurrió.^[1]

El 4 de febrero de 1919, Federico Álvarez de Toledo renunció a su puesto de ministro de Marina para ocupar el de ministro plenipotenciario en Londres. El presidente Yrigoyen le aceptó la renuncia y le dio las “gracias por los importantes servicios prestados”, pero no designó a nadie en su lugar y la cartera de Marina quedó a cargo, en forma interina, de Julio Moreno, abogado y ministro de Guerra.^[2] Fue así como la Armada pareció tomar “el aire indefinible de las instituciones acéfalas”.^[3] Respecto al proyecto de modernización, en su mensaje al Congreso Yrigoyen señaló que todavía estaba en estudio y que no sería sometido en las sesiones de ese año:

[…] vuestra honorabilidad tiene a su estudio un proyecto de ley en el que se ha incluido la adquisición de todos los elementos necesarios para colocarla [a la Armada] en el lugar que al país corresponde, así como dotar a los talleres y demás resortes de los arsenales, con los recursos necesarios para la recorrida de los buques, sus máquinas y armamento, así como también para ponerlos en condiciones de construir embarcaciones pequeñas y buques auxiliares.

El tiempo que la comisión nombrada por vuestra honorabilidad necesite todavía para estudiar este asunto, será aprovechado por el Poder Ejecutivo a fin de completar las informaciones necesarias para las adquisiciones tanto de material flotante como de aviación.^[4]

Mientras tanto, la Armada continuó con sus funciones, aunque estas habían sido más bien escasas. Se realizaron tareas auxiliares, como estudios hidrográficos, labores cartográficas y el levantamiento de balizas y faros.^[5] No se incorporaron buques de guerra ni auxiliares –la última adquisición había sido la del vapor alemán Bahía Blanca, en 1918– aunque fueron significativos los aportes en materia aeronaval. El 17 de octubre, teniendo en cuenta las lecciones tácticas y estratégicas aprendidas de la Gran Guerra, se creó la División de Aviación Naval, dependiente de la Secretaría General del Ministerio de Marina, que se encargaría de formar a los futuros pilotos aeronavales. En ese entonces, dos misiones aeronáuticas –una italiana, la otra francesa– llegaron a la Argentina, con numerosos pilotos veteranos de la guerra y material propio o capturado durante la contienda, que fue exhibido con la intención de venderlo en el país.^[6]

La misión italiana llegó a principios de año. Estaba presidida por el barón Antonio de Marchi y llevaba aviones terrestres y navales que sirvieron a los pilotos argentinos para hacer prácticas de vuelo. El gobierno de Italia solía enviar estas misiones a países en los que el desarrollo de la aeronáutica todavía estaba en su fase elemental, para fomentar la adquisición de aviones de fabricación italiana y el empleo de instructores italianos. Por su parte, la misión francesa llegó en septiembre, con varios pilotos y una treintena de mecánicos. La dirigía el mayor Maurice Precardin.^[7]

Al regresar, la misión italiana donó al Ministerio de Marina todo su material, compuesto por un hangar, cuatro hidroaviones de observación, bombardeo y caza, y una variedad de accesorios y repuestos. La misión francesa también entregó aeronaves. Con estos elementos se creó el destacamento aeronaval de San Fernando, dirigido por el teniente de navío Marcos Zar, y por primera vez la aviación intervino en maniobras conjuntas con la Escuadra de Mar. En El Rincón, Bahía Blanca, se realizaron prácticas de spotting con el tiro del acorazado Moreno y las baterías de artillería de costas, además de fotografía aérea y ejercicios de radiocomunicaciones.^[8]

En 1920 la situación operacional y material de la Armada no experimentó grandes cambios. En ese entonces, el Ministerio de Marina contaba con un presupuesto de alrededor de 31 millones de m$n, que eran levemente superiores a los 29 millones del año anterior. Con ese monto se mejoraron los sueldos, sobre todo los del personal de la Prefectura General de Puertos, y se efectuaron reparaciones y ampliaciones en las estaciones radiotelegráficas de la Armada.^[9] También se procuró mantener la instrucción de los cuadros, con ejercitaciones de tiro de combate llevadas a cabo de acuerdo con los últimos adelantos. Es el caso, por ejemplo, de las 1ª y 2ª divisiones de la Flota de Mar, integradas por los acorazados Moreno y Rivadavia, los cruceros acorazados Belgrano y Garibaldi y el crucero ligero 9 de Julio, que realizaron prácticas con disparos nocturnos y simulaciones de batallas individuales y de división, junto a los destructores Catamarca, Jujuy y Córdoba, utilizando Puerto Militar como base de operaciones. De igual modo, la Armada realizó trabajos hidrográficos para facilitar la navegación en el sur del país, aumentó la iluminación de las costas y entradas de varios puertos, y completó estudios para la instalación de nuevos faros de gran alcance.^[10] De cualquier forma, estas actividades se habían limitado a lo estrictamente necesario, pues era muy oneroso el movimiento frecuente de los buques de la Escuadra. Respecto al esperado proyecto de modernización, no se realizó avance alguno. Según el propio Yrigoyen, el asunto continuaba sometido a estudio.^[11]

En enero de 1921, el contraalmirante Tomás Zurueta fue nombrado ministro de Marina.^[12] La noticia fue recibida con entusiasmo por la oficialidad de la Armada.^[13] En primer lugar, porque de este modo el Ministerio, cuya dirección venía siendo ocupada en forma interina por el ministro Julio Moreno, recuperaría su autonomía. En segundo lugar, porque finalmente, después de mucho tiempo, la dirección de la Armada volvería a estar a cargo de un oficial, es decir, alguien que conocía a fondo las necesidades de la Institución.^[14] “¡Por fin! Gracias al destino tenemos en la Argentina un ministro de marina que es marino”, anunciaba Caras y Caretas.^[15] Realmente, la Armada no quería volver a ver a un civil al frente del Ministerio, por lo menos no luego de la mala experiencia con Federico Álvarez de Toledo. La antipatía que sentían algunos oficiales pudo observarse en varias oportunidades; por ejemplo, cuando el vicealmirante Juan Pablo Sáenz Valiente renunció a su condición de socio honorario del Centro Naval, al enterarse que a Federico Álvarez de Toledo le habían extendido el “mismo honor”. La decisión fue muy felicitada en algunos círculos navales.^[16]

En la memoria ministerial de 1920-1921 que el contraalmirante Zurueta entregó a los pocos meses de asumir el cargo, se indicaba que el principal problema de la Marina era la escasez de recursos y la falta de presupuesto. Eso traía demoras en las reparaciones generales de la Flota y afectaba los periodos de instrucción anual, pues los buques no se encontraban listos con la debida anticipación. Zurueta prometía solucionar aquellos inconvenientes mediante reformas que respondían a “las enseñanzas” que se habían conseguido “después de la gran contienda europea”.^[17] Las primeras reformas estuvieron orientadas a cuestiones de organización. En primer lugar, se restituyó el Estado Mayor General –repartición creada en diciembre de 1890 y suprimida en abril de 1913– y se creó una Dirección General de Navegación y Comunicaciones. En segundo lugar, se establecieron tres Regiones Navales y una Comandancia Naval, que abarcaban y dividían todo el litoral fluvial y marítimo argentino en cuatro zonas. Cada una de ellas poseía una división de buques que velaba por la seguridad de las poblaciones costeras y auxiliaba a las embarcaciones cuando sufrían accidentes.^[18]

Otras reformas atendieron cuestiones materiales. Zurueta puso su atención en la flota de buques auxiliares, que en gran parte la integraban unidades antiguas, en estado deficiente. Luego de analizar diferentes propuestas, se aceptó la del gobierno de Alemania, que ofertó diez avisos por 43.300 m$n cada uno.^[19] Eran naves gemelas impulsadas por carbón, construidas entre 1916 y 1918, que se habían utilizado como minadores durante la Gran Guerra. Llegaron a la Argentina en enero de 1922, bajo las denominaciones A-1 a A-10, y fueron rebautizados Bathurst, Fournier, Jorge, King, Murature, Py, Pinedo, Seguí, Thorne y Golondrina. Asimismo, sumamente importante fue la creación de la Escuela de Aviación Naval y la Base Aeronaval de Puerto Militar, en Puerto Belgrano, por un decreto presidencial del 29 de octubre de 1921. La construcción de la escuela se le adjudicó a la casa británica Hardcastle, mientras el taller se compró en Estados Unidos y los hangares se construyeron en Alemania y Argentina. El material de aviación provino de los depósitos del destacamento aeronaval de San Fernando y de compras en Gran Bretaña y Estados Unidos. La escuela inició sus actividades bajo la dirección del capitán de fragata José Gregores, pero con la asistencia de Marcos Zar, Ricardo Fitz Simón y Ceferino Pouchan. El número de alumnos para el curso de pilotos se fijó en veinte y en veinticinco el de aprendices de aviación. Todos se alojarían en el guardacostas Almirante Brown, que más tarde fue reemplazado por el crucero 9 de Julio. Los cursos comenzaron en marzo de 1922. Por otra parte, se reanudaron las actividades en el Parque Escuela Fuerte Barragán, con dos dirigibles semirrígidos de 3.600 metros cúbicos –uno adquirido en Italia, el otro en Argentina–, un hangar desarmable y una planta productora de hidrógeno. Se comenzó con ocho alumnos, cuatro oficiales y cuatro suboficiales, que fueron capacitados por el teniente de navío Julio Zurueta y el teniente de fragata Ceferino Pouchan.^[20]

Donde no hubo avances fue en lo que respecta al material de guerra. No se incorporaron unidades de combate a la Flota, a pesar de que, en su mensaje al Congreso en 1922, Yrigoyen ya había manifestado la “imprescindible necesidad” de hacerlo.^[21]

La gestión de Alvear y la primera fase de la modernización naval

Desde el inicio de su gestión, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear manifestó que se abocaría a promover el progreso del Ejército y la Armada, dedicándoles toda la atención que se merecían.^[22] En su mensaje al Congreso, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias de mayo de 1923, el mandatario también reconoció la reciente experiencia de la Primera Guerra Mundial y la situación de desinversión por la que transitaban las Fuerzas Armadas:

Uno de mis propósitos, al hacerme cargo del Poder Ejecutivo, fue dedicar la mayor atención al adelanto de las instituciones armadas […].

Múltiples circunstancias […] han influido para que, en los últimos años, se limitaran los gastos del presupuesto de guerra, con detrimento de la preparación de las tropas […] si la experiencia de la guerra ha demostrado que se necesitan varios meses para instruir soldados […].^[23]

Alvear designó como ministro de Marina a Manuel Domecq García. A poco tiempo de asumir, este oficial de importante y extensa trayectoria le encomendó a su Estado Mayor que realizara un estudio comparativo entre la Armada Argentina y la de otras naciones del Cono Sur, como Brasil, Chile y Uruguay. Después de repasar varios asuntos, el estudio concluía que, salvo los acorazados Rivadavia y Moreno y los cuatro destructores clase Catamarca, el material de artillería de los buques argentinos era “deficiente [y] anticuado” y el stock de torpedos era antiguo y de “poca utilidad”. Los elementos para la defensa de costas también eran insuficientes y, además, existía “la grave falla de la falta de submarinos”. Para salir de aquella situación, se insistía en una serie de posibles planes de modernización, ordenados por prioridades, según las capacidades económicas nacionales.^[24]

En el prólogo de la memoria ministerial del período 1922-1923, Domecq García señalaba que la Armada había desarrollado sus tareas en forma limitada y “casi precaria”, debido a tres razones: el ajustado presupuesto que recibía, la carencia de elementos y los extensos años de servicio que tenía el “ya poco útil” material disponible. Cada día se hacía más urgente la necesidad de adquirir destructores, aviones y submarinos, que durante la última guerra habían “recibido la sanción de la experiencia” y se perfilaban como “partes indispensables” en la defensa de la Nación.^[25]

En 1923, de los 19 buques de guerra que estaban operativos, el poder naval efectivo lo constituían los acorazados Moreno y Rivadavia, los cruceros acorazados San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Garibaldi, los cruceros 9 de Julio y Buenos Aires, el acorazado Almirante Brown, y los destructores Córdoba, Jujuy, Catamarca y La Plata. Algunas de estas unidades precisaban modernizaciones para desempeñarse con cierta eficiencia, mientras que otras se acercaban al final de su vida útil y su reemplazo era urgente. Ningún buque de guerra tenía menos de 10 años. De hecho, el 58% superaba los 20 años e incluso algunos promediaban las tres décadas de antigüedad.^[26]

Las malas condiciones del material repercutían negativamente en las operaciones y maniobras de la Flota, y en la instrucción y entrenamiento de los cuadros:

[…] creo innecesario puntualizar lo que significa hoy día utilizar, aunque sólo sea a los fines de la instrucción del personal, material totalmente anticuado, entre […] buques que ya cuentan casi con medio siglo de existencia. El envejecimiento de nuestros Cruceros, Monitores y otros auxiliares, exigen cada día mayores sacrificios para mantenerlos en un estado de eficiencia relativa, a fin de utilizarlos en la instrucción y es sin duda discutible si […] no conviene reemplazarlos paulatinamente por elementos modernos, que aparte de constituir material de verdadero rendimiento en la guerra, ofrecen la ventaja de no presentar a diario tantos imprevistos, y necesidades de reparaciones, congestionando con ello el trabajo de los Arsenales y aumentando por lo tanto las partidas de jornales y materiales.^[27]

Domecq García declaraba que durante el último año la Escuadra realizó ejercitaciones de tiro simulando “condiciones de combate contra buques de línea y torpederos” e incorporando “las enseñanzas de la última guerra”, que habían “producido una revolución en el tiro naval”. Los resultados fueron “altamente satisfactorios” y las distancias de tiro se llevaron “al máximo” permitido; no obstante, la falta de elementos y el envejecimiento de los buques deslucieron aquellos logros. En primer lugar, las distancias de tiro conseguidas estaban “muy por debajo” de las exigencias de un combate contra un buque moderno. En segundo lugar, no se realizaron entrenamientos de defensa contra aeroplanos, pues ningún buque disponía de artillería antiaérea. En tercer lugar, no había sido posible simular cambios de rumbo, zig zags o cortinas de humo, como lo impondría un combate moderno; además, en los buques antiguos, que componían la mayoría de la Escuadra, las prácticas de tiro estaban limitadas por el estado del material, que había sido trabajado y utilizado “durante tantos años”. Por último, no se desarrollaron ejercitaciones reales contra torpedos o submarinos; solo se realizaron algunas simulaciones, que no tenían otra importancia más que “educativa”.^[28]

La casi total falta de materiales también afectaba la capacidad real de la Escuadra de Mar, en el hipotético caso de entrar en batalla:

Desde el punto de vista de combate, nuestra flota no puede contar con el torpedo, pues, se carece prácticamente de [él]. El armamento […] existente es viejo, no responde a ningún plan de campaña marítimo y sólo ocasionalmente podría utilizarse en alguna acción fluvial, con muchas limitaciones.

El submarino […] y el Destroyer […] han colocado al acorazado en una situación tan crítica, que conduce a considerar imperfecto el poder marítimo que carece de esos elementos […].

La guerra última ha demostrado que la primera faz de un combate naval, es el desarrollo de una acción entre pequeñas unidades, cuya supremacía tiene una importancia decisiva.^[29]

Domecq García insistía en la importancia de atender las necesidades de la Armada mediante un programa naval que contemplara las alternativas defensivas y las condiciones económicas del país. Era algo que no podía improvisarse, pues conseguir una Marina eficiente requería tiempo y mucha preparación. Debía estar siempre en perfecto funcionamiento, para una u otra circunstancia, pues, en caso de guerra, su movilización sería rápida y no habría tiempo para efectuar “cambios fundamentales”.^[30]

El presidente Alvear compartía las ideas de Domecq García y de buena parte de los oficiales cuando planteó la necesidad de comenzar a preocuparse por la cuestión militar y la defensa.^[31] Prometió que realizaría las gestiones requeridas para que el “envejecido material” se conservara en el “mejor estado” posible y cumpliera con las necesidades del servicio hasta tanto fuera posible su renovación. También atendería otras cuestiones, como los transportes de la Armada y el desarrollo de la marina mercante, dado el intenso comercio marítimo que tenía el país.^[32]

En los siguientes mensajes legislativos, Alvear reiteró la compleja situación de la Marina. Destacó que la falta de medios repercutía en la seguridad nacional y que, con pocas unidades en condiciones de navegar, la Flota no podía mantener la formación y ejercitación de sus cuadros ni ejercer la correcta vigilancia de aguas y costas. Además, decía:

La Armada ha continuado desarrollando sus actividades en forma encomiable […] a pesar de que es muy anticuado y escaso el material de que dispone. Es indispensable dotarla de los elementos que necesita para que la eficacia de su bien probada oficialidad se desarrolle y se mantenga en las condiciones que el país exige. Puesto que […] la mayor parte de nuestra producción necesita, para circular, valerse de las vías fluviales y marítimas, debemos reconocer la obligación de velar porque nuestra marina se encuentre en condiciones de realizar todas sus labores de exploración, vigilancia y conocimiento de esas vías, elementos, todos, indispensables para su mejor utilización y para hacer efectiva su misión de proveer a la seguridad nacional.^[33]

Desde el punto de vista institucional, la necesidad más urgente era la modernización de los acorazados Moreno y Rivadavia y los destructores Catamarca, Córdoba, Jujuy y La Plata. Si bien eran los elementos más modernos de la Escuadra, habían sido incorporados entre 1913 y 1915, y requerían actualizaciones en sus sistemas de tiro y propulsión, dos cuestiones que habían experimentado importantes mejoras durante la Primera Guerra Mundial.^[34]

El programa de mejoramiento paulatino que estas enunciaciones imponen ha sido estudiado con toda prolijidad y será sometido a vuestra consideración. Se procurará desenvolverlo en forma prudente y continuada, como corresponde para no dejar pasar largos espacios de tiempo sin atender esas necesidades, pues esto último conduce fatalmente a realizar, de golpe, transformaciones impresionantes por su apariencia precipitada. Los dos “dreadnoughts” y los cuatro exploradores, que deben sufrir las modernizaciones autorizadas por V. H. son los mejores elementos actuales de nuestra armada; todo el resto del material tiene más de treinta años.^[35]

Determinado a cumplir con esta mínima modernización, en junio de 1923 el gobierno de Alvear envió al Congreso un proyecto de ley que autorizaba el gasto de 9.500.000 pesos oro.^[36]

Debate y aprobación de la ley 11.222

El proyecto entró al Senado el 16 de junio, luego de recibir el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Guerra y Marina. Estaba firmado por el presidente Alvear y el ministro Domecq García, y detallaba el alcance y tipo de las inversiones planificadas. Por una parte, se modernizarían los servicios de artillería, control de tiro, torpedos y máquinas de los acorazados Moreno y Rivadavia y de los cuatro destructores clase Catamarca. Para estos últimos, se comprarían, además, 75 torpedos, 14 compresoras, 500 bombas de profundidad y los elementos para su lanzamiento. Por otra parte, el texto incluía la adquisición de 500 minas de defensa, y el material necesario para su depósito, fondeo y rastreo.^[37]

El proyecto señalaba que la modernización era indispensable y que se haría siguiendo el ejemplo de marinas europeas y sudamericanas, que ya la habían hecho en sus buques. De ese modo, se evitaría la “enorme inversión” de comprar acorazados nuevos, que costarían no menos de 5 millones de libras cada uno. En cambio, con poco más de 500.000 libras por buque, el Rivadavia y al Moreno quedarían en condiciones de rendimiento prácticamente iguales a las de sus pares más recientes.^[38]

La experiencia de la Primera Guerra Mundial sería clave en el plan de modernización. En líneas generales, los trabajos en el Moreno y Rivadavia comprenderían la actualización de los sistemas de control de tiro, la incorporación de artillería antiaérea, la transformación de las turbinas por otras de mayor rendimiento y economía, y, por último, la adopción del petróleo como único combustible. En el caso de los destructores clase Catamarca, estos serían reacondicionados con mejoras que comprenderían la instalación de una dirección de tiro modernizada, un eficiente armamento torpedero y la adaptación de máquinas para consumir exclusivamente petróleo. La supresión del carbón daría mayor “eficiencia militar e independencia” en las operaciones y reduciría las tripulaciones considerablemente; además, haría más económico el mantenimiento y desligaría a la Armada del combustible extranjero. En adelante, solo se utilizaría el de fuentes nacionales, como aquellas ubicadas en Comodoro Rivadavia.^[39]

Los 75 torpedos que solicitaba la ley eran urgentes. No había ninguno en el país, pues los adquiridos en Austria habían sido requisados al declararse la Gran Guerra. En el mismo sentido, las bombas de profundidad eran de “imperiosa” necesidad, ya que constituían “el último elemento” eficaz para contrarrestar la acción de los submarinos. En cuanto al material de minas, no había “existencia de elementos utilizables”. Las Siemens habían sido adquiridas hacía más de 30 años y ya no tenían valor alguno, mientras que las 100 minas Carbonit, que se habían comprado antes de la guerra, solo tenían una utilización limitada. El proyecto de ley también indicaba que no había dispositivos para el rastreo de minas, algo de “vital importancia y necesidad” para eliminar el peligro de esos aparatos que podían ser colocados para obstaculizar las entradas del Río de la Plata y Bahía Blanca, donde se ubicaban los puertos más importantes.^[40] La modernización era urgente.

Concretando, con relación a estas actividades, estamos totalmente desarmados, a pesar de tratarse de una de las ramas que más ha avanzado y que ha tenido mayor utilización en la última guerra.

Los trabajos de modernización en los acorazados y exploradores, así como la adquisición de los torpedos, minas y demás material cuya autorización se solicita, son indispensables para poner en condiciones de eficiencia el único material relativamente moderno que posee la escuadra y por cuya falta no está en condiciones de prestar los servicios para los que ha sido adquirido.^[41]

El proyecto fue debatido en la Cámara de Senadores el 23 de junio de 1923 y rápidamente encontró la oposición del bloque socialista. El senador Mario Bravo, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, declaró que la iniciativa suponía una pesada carga financiera para el país e impactaría negativamente en sus relaciones con naciones vecinas, como Chile y Brasil.^[42] Tampoco era conveniente entrar en gastos militares cuando la comunidad internacional de posguerra se inclinaba hacia el pacifismo y el desarme. Por todo ello, Bravo le solicitó al presidente de la Cámara, Elpidio González, que postergara el debate de la ley, hasta tanto una comisión evaluara si las modernizaciones eran realmente necesarias:^[43]

[…] las naciones carecen hoy del camino sereno del arbitraje para solucionar sus conflictos internacionales, para mantener fuerzas que garanticen las conquistas […] que afiancen el concepto de la defensa nacional; es necesario […] que esas aspiraciones y esos esfuerzos se mantengan dentro de sus límites; pero cuando esos sacrificios han desbordado su medida, han sido propicios al estallido de los conflictos internacionales, y no podemos […] en un campo donde hemos sembrado trigo esperar una cosecha de maíz; si nosotros sembramos en la República Argentina la paz armada, no podemos esperar la paz; debemos esperar la guerra.^[44]

El almirante y ministro de Marina Manuel Domecq García, que estaba en el recinto, pidió el uso de la palabra para responder los comentarios de Bravo y destrabar el tratamiento de la ley. Sabía que la modernización de los buques llevaría tiempo, y, por eso, consideraba imperioso iniciarla cuanto antes:

Es un dilema para nosotros: o esos buques los condenamos por inútiles, dentro de seis meses, o bien, de inmediato resolvemos hacerles las reparaciones que son indispensables.

Antes de que los barcos salgan del país, es necesario hacer preparar el material para su modernización; es un material que requiere cierta gestación […] que no se puede hacer de golpe, pues se precisa estudiar y extender planos, hacer instalaciones, recurrir a usinas especiales, reunir los distintos fabricantes, y otros elementos, y todo esto […] necesita, para su preparación, un término, por lo menos, de seis meses. Y tan urgente es este asunto, que si la Cámara me diese a mí, en éste momento, la autorización para proceder, por telégrafo, yo ordenaría a las comisiones navales que preparen todas estas cosas a fin de que los barcos puedan salir dentro de seis meses y estar en condiciones para volver al país dentro de un año y medio.^[45]

El proyecto fue votado en el Senado y recibió un dictamen favorable, pero cuando pasó a Diputados nuevamente fue criticado y discutido por el socialismo.^[46]

En la 39ª reunión del 3 de agosto, el legislador socialista por la Ciudad de Buenos Aires Nicolás Repetto hizo uso de la palabra para invitar a los ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda a dar explicaciones sobre lo que consideraba un proyecto “innecesario” y de un gasto “considerable”.^[47] El otro diputado socialista por la Ciudad de Buenos Aires, Antonio de Tomaso, se manifestó en forma similar y denunció que la iniciativa requería importantes sumas de dinero, en un contexto donde la Argentina no tenía hipótesis de conflicto con países de la región. Esto provocó el estancamiento del debate y, cuando no fue posible conseguir el número necesario para comenzar la votación, el presidente de la Cámara, Ricardo Pereyra Rozas, levantó la sesión.^[48]

El 8 de agosto, mediante una moción de preferencia, Manuel Domecq García solicitó que se tuviera a bien reiniciar el tratamiento de la ley, pero el socialismo otra vez opuso resistencia. Nicolás Repetto se valió de un tecnicismo para obstaculizar la moción, proponiendo en su lugar discutir el despacho de la Comisión de Justicia sobre el pedido de juicio político al Dr. Marenco, juez federal de Bahía Blanca; una orden del día que, según él, tenía prioridad. El pedido de Repetto fue aceptado y nuevamente el proyecto quedó relegado.^[49] La bancada radical intentó retomar la iniciativa, pero no tuvo éxito.^[50]

El 23 de agosto, el diputado radical por la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Alfonso, demandó que el proyecto de ley fuera nuevamente sometido a la consideración de la Cámara. El almirante Manuel Domecq García apoyó el pedido de Alfonso y solicitó la palabra para “levantar algunos cargos” contra los diputados De Tomaso y Repetto, que habían impugnado el proyecto en las sesiones anteriores. Les pidió que “recapaciten y tengan presente” que era “realmente una conveniencia nacional” modernizar los buques.^[51] No obstante, la Cámara se tensó en un extenso debate que insumió el resto de la sesión y no dejó resultados.^[52]

El proyecto fue otra vez discutido en la 50ª reunión, el 13 de septiembre. Domecq García hizo uso de la palabra para volver a responder las críticas y comentarios de los diputados opositores. Sostuvo que Repetto había “desviado por completo” el asunto, haciendo una cuestión de política internacional sobre algo que era una “simple” cuestión doméstica. Era “simplemente componer nuestros buques y nada más”, decía el almirante, destacando que no se trataba de un plan armamentista, sino de “arreglar” lo que se tenía desde hacía “muchos años”. Domecq García le rogó a la Cámara que considerara “la situación especial” en la que se encontraba la Armada, advirtiendo que, si no se arreglaban los barcos, el país se encontraría en una situación de “desarme real”.^[53] El proyecto continuó siendo debatido en las reuniones del 14, 17 y 18 de septiembre, hasta que, finalmente, fue votado y aprobado el 19 de septiembre de 1923.^[54]

Las obras de modernización de los acorazados se realizaron en Estados Unidos entre 1924 y 1926: el Moreno en Filadelfia y el Rivadavia en Boston. Los buques recibieron armamento antiaéreo, mejoras en sus sistemas de armas y propulsión, y fueron adaptados al consumo de petróleo.^[55] Todo el proceso se realizó bajo la supervisión de la comisión naval argentina en Estados Unidos, que dirigía el contraalmirante Julián Irizar.

Los buques quedarán con toda la eficiencia que se puede esperar en buques de su clase y con sus desperfectos corregidos.

La dirección de tiro responderá a lo que tiene esta Marina experimentada y sancionado por la práctica. Las máquinas serán lo más moderno en su clase, y probablemente se conseguirá con ellas 1/2 milla más de lo que dieron los buques en las pruebas y no producirán dificultades mientras los cascos vivan. La transformación a petróleo será completa […].

Creo que la casa hará un buen trabajo, que los buques quedarán bien y comprobarán que la plata que se ha gastado en la reparación ha sido bien empleada.

Ha sido una negociación en condiciones muy difíciles […] pero ya se ha terminado y los que hemos luchado acá para sacar la cosa en forma satisfactoria hemos quedado con la conciencia tranquila, que es la máxima aspiración que se puede tener cuando se sirven los intereses de la patria.^[56]

Por su parte, los destructores Catamarca, Córdoba, La Plata y Jujuy fueron modernizados entre 1924 y 1928. Sus calderas también fueron convertidas para quemar petróleo, pero los trabajos no se realizaron en el extranjero sino en los Talleres de la Base Naval de Río Santiago.^[57]

Las modificaciones en las máquinas de los acorazados y destructores permitieron navegaciones bajo mejores prestaciones. Por fin, la Armada ya no volvería a depender del combustible importado para movilizar aquellas naves tan críticas para la Flota. Para Neto Miranda, ingeniero maquinista de 1ª clase, la modernización fue sumamente positiva y no dejó de felicitar al gobierno de Alvear por ello. Esperaba que el resto de los buques también fuera adaptado al consumo de petróleo, resaltando lo importante que era lograr la “eliminación absoluta” del carbón como combustible. Solo así el país daría “mayor incremento a su poder económico” y lograría “gozar de la independencia” a la que, por su capacidad y riqueza, tenía derecho. ^[58]

Cuestiones no atendidas

Los trabajos en los acorazados Moreno y Rivadavia y en los destructores clase Catamarca habían cumplido con una de las necesidades más urgentes de la Armada; sin embargo, todavía quedaba pendiente la modernización del resto de los buques. En el prólogo de la memoria de Marina, presentada ante el Congreso Nacional en mayo de 1925, Manuel Domecq García le recordaba a la Cámara que su ministerio ya tenía listo el proyecto. Incluso había tenido la intención de presentarlo en las sesiones del año anterior, pero razones de “orden económico” y otras “desgraciadamente preponderantes” impidieron su tratamiento.^[59]

El estado de la Armada era crítico. Domecq García indicaba que, en 1916, se poseían 31 buques, pero que desde entonces no se había incorporado “ningún elemento eficaz”. La Escuadra se había ido “debilitando poco a poco”, por el “servicio continuado” y las “múltiples exigencias de la navegación”, llegando “al extremo” de que 10 años después solo una cuarta parte de ella estaba operativa. Por ello, se hacía notar “cada día con mayor urgencia” la necesidad de una ley de renovación, para poner a la Marina al cubierto de las graves consecuencias que le iba creando “la acción del tiempo”. En su mayor parte, la Flota estaba constituida por buques muy antiguos, donde el más moderno tenía 27 años de servicio.^[60]

Pero la modernización no se limitaba a reacondicionar buques. En una entrevista para el semanario Caras y Caretas, Domecq García mencionaba que los trabajos hechos en los acorazados y destructores bajo la ley 11.222 (1923) no podían repetirse en el resto de la Escuadra. Para explicar los motivos, comparó la situación de la Fuerza con el estado de los ferrocarriles argentinos:

Las primeras locomotoras que vinieron al país son contemporáneas de nuestros antiguos buques “Brown”, “Plata”, “Andes”, etc. Esas viejas locomotoras no aceptan modernización, ni puede pretenderse que corran un tren rápido; podrán, todo lo más, ser reparadas para continuar arrastrando a gran costo una carga precaria a velocidad irrisoria para esta época. La mayoría de nuestros buques está en esa situación; algunos de ellos han prestado ya medio siglo de servicios y deben pasar al retiro; sus modelos deben ir a las vitrinas del Museo Naval como reliquias que ya pertenecen a la historia de la Marina; allí harán latir el corazón de más de un viejo almirante al recordar que fue en sus cubiertas donde dio los primeros pasos en la carrera.^[61]

Para el ministro, no resultaría provechoso modernizar buques ya obsoletos, pues la Flota estaba constituida por un “conjunto de unidades que se acompañan y complementan, formando un todo armónico y homogéneo”. En ese aspecto, aseguraba que pretender que buques antiguos acompañaran a los modernos era como pedirle a una locomotora de la época de Sarmiento que sirviera de máquina piloto a un tren expreso a Mar del Plata. Por todo ello, era “indispensable” que los “muebles viejos” fueran reemplazados y que se incorporaran los “nuevos elementos [del] último gran conflicto”, como el submarino y el aeroplano; además de los medios para contrarrestar el accionar de aquellas armas, pues las “próximas batallas” se librarían “en el aire, en el agua y debajo de ella”.^[62]

Por otra parte, era igualmente importante atender otros temas confiados a la Marina y que el país en general ignoraba. Uno de ellos era disponer de una Marina Mercante de control estatal.

En las grandes [zonas] despobladas de nuestro territorio, donde sólo cruza de Norte a Sur una sola línea de telégrafo que cualquier temporal interrumpe, ha sido necesario establecer una red de estaciones radiotelegráficas que asegure las comunicaciones con cualquier tiempo; en los puertos a los que por falta de aliciente no llega aún la Marina Mercante ha debido establecerse un servicio periódico de transportes. La capital fueguina, por ejemplo, depende totalmente de los buques auxiliares de la escuadra. La vigilancia de la costa, el balizamiento de los puertos, los levantamientos hidrográficos y confección de cartas para la navegación, el aprovisionamiento de las subprefecturas, etc., son servicios hechos exclusivamente por nuestros buques auxiliares, alguno de los cuales, como la “Uruguay”, vieja veterana de la escuadra, hubiera ya debido terminar su brillante carrera […] hace más de 25 años […].^[63]

La cuestión de la Marina Mercante era una constante en los sucesivos reclamos y pedidos de la oficialidad naval. Como indicaba Benjamín Villegas Basavilbaso, era algo necesario para el desarrollo económico del país, pero sería “imposible” realizarlo “sin el concurso positivo del Estado”.^[64] Para Juan Martin, era importante tener una Marina Mercante, porque no solo movilizaría el comercio, tanto en la paz como en la guerra, sino que, a diferencia de los buques de propiedad privada, que navegaban bajo pabellón argentino, los buques estatales evitarían requisiciones e “intervenciones diplomáticas”, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial con el Ministro Iriondo, por ejemplo.^[65]

Mientras tanto, Alvear elogiaba cómo la Armada realizaba “todo cuanto podía exigírsele para el mantenimiento de su prestigio nacional”, al sostener la instrucción y organización de sus cuadros utilizando un material antiguo que había sido usado con “exceso” y que había perdido “gran parte de su valor”. La falta de medios también impactaba en el patrullaje del extenso litoral marítimo, función que venía cumpliendo la Armada, pero valiéndose de transportes y buques ocupados en los servicios de hidrografía. Era fundamental adquirir una pequeña flotilla de buques patrulleros y normalizar el servicio de vigilancia. Alvear prometía dar solución a estas cuestiones, declarando que su gobierno sancionaría leyes adecuadas para la reposición paulatina del material, en forma concordante con “los progresos generales del país, sus capacidades económicas y financieras [y sus] grandes intereses” en el mar.^[66]

El nuevo proyecto de modernización

En enero de 1924, y con la opinión favorable de Alvear, Domecq García comenzó con los pormenores que llevarían al plan de modernización de la Armada. En forma confidencial, dispuso que las comisiones navales argentinas en Estados Unidos y Europa recopilaran información sobre las principales casas constructoras y solicitaran precios de buques completamente equipados y listos para navegar, con todos sus repuestos y accesorios, a fin de adquirirlos cuando el Congreso autorizara los fondos.^[67] Las comisiones reenviaron al Ministerio numerosos presupuestos de astilleros de España, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia, Suecia y Gran Bretaña para la construcción de cruceros, destructores, submarinos y buques hidrográficos.^[68] Al mismo tiempo, Domecq García se comunicó reservadamente con algunos de los oficiales de mayor jerarquía para escuchar sus opiniones respecto a los materiales que convendría adquirir, recordándoles que el “estado financiero de la Nación” solo permitía solicitar lo “absolutamente indispensable”.^[69]

El vicealmirante Martin, que se encontraba a cargo de la Base Naval Puerto Belgrano, cumplió con lo pedido y redactó un oficio con algunas ideas. Allí afirmaba que, suponiendo que la proporción de grandes acorazados en Sudamérica se mantuviera tal como estaba y que los acorazados Rivadavia y Moreno –una vez modernizados– se equilibraran con los de Brasil y Chile, las nuevas adquisiciones deberían orientarse a submarinos, torpederos, cruceros, portaviones y avisos minadores. Se necesitarían, como mínimo, 2 cruceros, 8 a 12 destructores, 10 o más submarinos, 2 portaviones y 10 avisos minadores. El rango de acción debería ser elevado, de unas 4.000 millas o más, pues, a diferencia de las armadas europeas, cuyos enemigos solían ser sus vecinos inmediatos, Argentina tenía a los suyos a 1.700 o 2.500 millas de distancia de sus bases principales. Los buques deberían tener el radio de acción suficiente como para llevar la guerra al país enemigo y permanecer allí el tiempo que fuera necesario.^[70]

Domecq García consideró que el plan sería demasiado oneroso y le pidió a Martin que elaborara otro más modesto. Este contestó con una versión revisada de su propuesta original. En vez de adquirir nuevos cruceros acorazados, propuso modernizar los antiguos San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Garibaldi, construidos a fines del siglo XIX y que por entonces tenían un valor militar “casi nulo”, para readaptarlos como buques de instrucción y vigilancia de costas durante, por lo menos, 15 años más. Asimismo, bajó el número de destructores a 8 o 6 y, en última instancia, a 4, y de 10 o más submarinos pasó a 8, 6 o 4. Eliminó los portaviones y redujo a cuatro los avisos minadores.^[71]

El plan de modernización final lo elaboró el Estado Mayor General de la Armada, bajo la jefatura del contraalmirante Carlos G. Daireaux, y se entregó al Ministerio de Marina el 8 de junio de 1925. Los primeros párrafos del texto advertían que no se trataba de una ley de armamentos, sino de una ley de renovación del material anticuado y que, si bien se contemplaba la adquisición de nuevos elementos, eso respondía a las necesidades “sentidas [y] urgentes” de completar el núcleo de combate principal de la Escuadra y satisfacer las “más urgentes necesidades de la defensa”. La política naval era “netamente defensiva” y se limitaba a las “necesidades más apremiantes”. Era importante que el Congreso y la opinión pública entendieran que no se buscaba armar una nueva flota, sino renovar la existente, y que a la Armada no la movían “propósitos de agresión, de hegemonía o de rivalidad armamentista con otras naciones”. En ese mismo sentido, el Estado Mayor sugería evitar que la discusión en el Congreso se viera arrastrada hacia asuntos de política internacional y por eso en el proyecto no hacía comparaciones con fuerzas navales vecinas ni pretendía la adquisición de unidades que no existían en la región.^[72] Ese argumento era fundamental, pues

[…] nos permite llevar a cabo nuestro propósito de mantener fuerzas navales superiores a las del más fuerte, como sucedería de aprobarse esta ley, sin que nadie pueda sospechar que al armarnos, damos origen a una carrera armamentista repudiada con toda seguridad por el ambiente nacional.

Si, como es de prever, nuestros vecinos hicieran adquisiciones de buques mayores a los que contempla esta ley, poniéndonos por esa circunstancia en condiciones de inferioridad, recién sería llegado el caso de propiciar una ley de armamento, no de renovación, tendiente a proporcionarnos los elementos de que necesitaríamos en ese caso disponer. Apareceríamos así remolcados y no dando remolque, en la marcha armamentista, es decir, en una situación que aparte de ser más cómoda, es más simpática al pueblo y más obligada para los poderes públicos.^[73]

Respecto a la elección de los tipos de buques y elementos a adquirir, el Estado Mayor General exponía sus razones y motivos con simpleza, manifestando una visión equilibrada, pero mayormente defensiva:

Cree este Estado Mayor General que los tipos de buques elegidos son los que más urgentemente reclaman el estudio táctico y estratégico de un plan meditado prolijamente, porque […] son los que complementan en forma coordinada […] nuestro núcleo de combate principal, llamado a actuar en forma decisiva en caso de guerra. […] los elementos y distribución de fuerzas fluviales y aéreas responden también a un propósito defensivo […].

[…] en el proyecto […] ocupa lugar preferente el material a flote y el de aviación, y un lugar secundario […] las Bases Navales existentes.

Es opinión generalizada […] entre nosotros que la Armada se ha desarrollado desequilibradamente en tierra y en el mar [y que] sus reparticiones terrestres forman un cuerpo demasiado grande [que absorbe] recursos en una proporción que no es lógica […]. La principal [razón de ello es] la existencia de una escuadra, vieja, desgastada y averiada que obliga a constantes y prolongadas reparaciones, y un cierto espíritu de exagerada conservación [por la falta natural de] renovación del material.

Si, como es de esperar, se adquieren los nuevos elementos, será […] indispensable olvidarse de los antiguos, eliminándolos de la Escuadra […]. Habrá indiscutibles ventajas económicas y de orden moral que repercutirán agradablemente en el personal.^[74]

Inicialmente, la modernización concebía la incorporación de 3 cruceros ligeros, 8 destructores, 8 submarinos, 8 lanchas patrulleras fluviales y un buque hidrográfico. También preveía la adquisición de material para repotenciar las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas de buques, bases y costas, la reparación integral de la fragata escuela Presidente Sarmiento, para extender su vida útil de 7 a 10 años más, y la ampliación de las bases navales de Puerto Belgrano y Río de la Plata.^[75] Posteriormente, al proyecto se le hicieron algunas modificaciones y el 22 de junio de 1922 la versión final fue entregada al Congreso. Esta comprendía la compra de 3 cruceros ligeros, 6 destructores, dos grupos de 3 submarinos, varias unidades fluviales, y la construcción de una dársena de submarinos en Mar del Plata y una escuela de aviación en Punta Indio.^[76]

El proyecto denunciaba cómo el material flotante había “ido desapareciendo” porque no se había seguido un programa “coordinado y armónico” de renovación y porque las adquisiciones se habían hecho “casi siempre bajo la presión de las circunstancias”, sin una lógica de aumento progresivo. También indicaba que, si bien se había sancionado previamente un plan de armamentos, contemplado por la ley 6.283 de 1908, este se había cumplido parcialmente debido a circunstancias derivadas de la última guerra, y que de 3 acorazados solo se habían incorporado 2, y de 25 destructores solo se habían incorporado 4. Las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial hacían necesaria la modernización de aquellas unidades, pero también obligaban a “pensar” en la incorporación de otras, como el avión y el submarino, que habían “cambiado fundamentalmente” los factores tácticos de la lucha en el mar.^[77]

Todas las adquisiciones eran “indispensables”, especialmente la de submarinos. No podían faltar en ninguna Marina y mucho menos en la argentina, que contaba con “pocos elementos efectivos” de ataque y defensa. Su incorporación era “impostergable”, además, porque constituía el arma defensiva “por excelencia [de las] potencias navales débiles”. Los submarinos operarían desde una base en Mar del Plata, que contaría con talleres, depósitos de materiales, oficinas y alojamientos para el personal. La elección del lugar se justificaba porque allí se podría dar defensa a las “dos grandes vías comerciales” que tenía el país: el Río de la Plata y Bahía Blanca. Por otra parte, se preveía aumentar la capacidad de trabajo de los arsenales y bases aeronáuticas, a fin de que pudieran hacerse cargo eficientemente de los otros elementos que también se incorporarían, como los cruceros y destructores. Además, era urgente proveer a los buques con catapultas para lanzamientos de aeroplanos y armamento antiaéreo adecuado para defenderse de ellos, porque la aviación era ya “un arma consagrada”, a la que se le daría un “uso intensivo” en las próximas guerras.^[78]

El proyecto aclaraba que la modernización no significaba una maniobra agresiva que aumentaría considerablemente el poder naval, sino una simple iniciativa para reemplazar las unidades “desaparecidas [y] radiadas”, o aquellas que habían perdido su valor militar. De hecho, lo pedido ni siquiera alcanzaba el tonelaje que tenía la Escuadra en 1916, el cual bien podría haberse aumentado “si circunstancias derivadas del conflicto europeo no hubieran hecho necesario suspender el cumplimiento” de la ley 6.283.^[79]

Las orientaciones internacionales de este país no son en manera alguna agresivas. No deben serlo tampoco. Pero cuando se es propietario de enormes riquezas […] debemos prever la posibilidad de una lucha. La ley humana, por desgracia […] ha impuesto, sobre todo en el orden internacional, la fuerza como la única garantía eficaz de la propiedad: para asegurarla, para custodiarla y para defenderla en caso necesario, debe existir el poder naval y militar de la Nación. La Marina es la primera línea de defensa del territorio nacional.

[…] el intercambio comercial es una necesidad vital para nuestro país y que efectuándose este intercambio casi exclusivamente por la vía marítima, solo puede ser mantenido con el dominio del mar, asegurándose así la libre introducción de materias primas […] y demás necesidades de la vida corriente de un país. Se requiere un núcleo de combate bien constituido y coordinado, capaz de [operar] en cualquier punto lejano de nuestras fronteras.^[80]

En última instancia, se les recordaba a los poderes públicos que la Armada era la primera línea de defensa y que se precisaba de una flota fuerte para defender la soberanía y los intereses económicos nacionales. Argentina se ubicaba geográficamente entre Chile y Brasil, las otras dos potencias navales sudamericanas, y debería tener un poder naval “capaz de resistir el ataque combinado” de ambas.^[81]

El costo total de la modernización alcanzaría los 75 millones de pesos oro, algo que, si bien se preveía a lo largo de 10 años, representaba un desembolso significativo. Equivalía a 170.000.000 de m$n, considerando el tipo de cambio de entonces (1 peso oro = 2,2727 m$n) y triplicaba el presupuesto anual del Ministerio de Marina. El gasto resultaba considerable, incluso, si se lo comparaba con lo que invertían las potencias navales de la época, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Francia e Italia.^[82]

Debate y aprobación de la ley 11.378

El proyecto fue entregado al Congreso en junio de 1925, pero Domecq García sabía que no sería fácil conseguir su aprobación. En una carta al contraalmirante Julián Irizar, el entonces jefe de la Comisión Naval en Estados Unidos, confesaba que no sabía cómo le iría en las cámaras, pues había “una fuerte oposición política por un lado y socialista por otro”:^[83]

Dios quiera que me vaya bien, pues si la consigo podría dejar satisfecho el Ministerio convencido que he hecho todo lo posible por la Escuadra. Si me la rechazan también me iría, pero me iría con mucho honor defendiendo los derechos de la Escuadra y el progreso de ella.

Ya ve pues, mi estimado Almirante, que la poltrona ministerial no es tan cómoda como parece. Confío en mi destino y en mi estrella que hasta ahora me ha acompañado con tanta generosidad.^[84]

Tal como se temía, cuestiones políticas demoraron el tratamiento del proyecto. Francisco Senesi, contador inspector de la Base Naval Puerto Belgrano, señalaba que el documento había sido entregado al Senado como “un niño a la casa de expósitos” y que terminó “engrosando” una de las carpetas de la Cámara durante más de un año, porque nadie se había “interesado [en] moverlo”.^[85] La lentitud del trámite generó disgusto y fastidio en Domecq García. En correspondencia con el contraalmirante Juan Peffabet, jefe de la Comisión Naval en Europa, expresaba que el Congreso solo pensaba en “politiquería” y que no le importaba “absolutamente nada de lo demás”.^[86] Al mismo tiempo, al contraalmirante Julián Irizar le manifestaba que

Sobre nuestro proyecto de Renovación de Armamentos y otras cosas, fueron al Congreso y allí están. El Parlamento Argentino sigue su vida desgraciada de politiquería, nada se hace, no se ha dictado una sola ley, ni siquiera la de Presupuesto […].^[87]

Frente a los problemas, la Armada pensó algunas soluciones. La primera provino del contraalmirante Ismael Galíndez, quien pidió autorización para iniciar una campaña de difusión, en algún diario “importante”, que diera a conocer entre la sociedad la importancia de la modernización. Domecq García autorizó la propuesta, pero los “grandes diarios” la rechazaron, aludiendo que la cuestión “podía ser mal interpretada en los países vecinos”. La segunda iniciativa fue del capitán de fragata Eleazar Videla, que se reunió con el senador Carlos Zabala en calidad de “amigo personal” para tomar conocimiento del panorama legislativo y recibir consejo sobre cómo dar curso favorable al proyecto. Por consejo de Zabala, se logró un acuerdo con los legisladores y jefes de los bloques antipersonalista, personalista y conservador, Leopoldo Melo, Delfor del Valle y Luis Linares, para que la ley fuera tratada en la última sesión del Senado. Así se hizo y finalmente salió aprobada.^[88]

El tratamiento en Diputados fue más complejo. Allí Alvear no contaba con apoyo suficiente debido a su distanciamiento de entonces con Hipólito Yrigoyen, jefe del radicalismo.^[89] Además, en esa Cámara los representantes del Partido Socialista se oponían “sistemáticamente” y en forma “enérgica, perseverante y doctrinaria” a la adquisición de armamentos.^[90] En una carta al ya retirado capitán de navío Santiago Albarracín, Domecq García confesaba, con enojo, que la “politiquería [había sido] “la carcoma y la desgracia de la Escuadra”:^[91]

Hace tres años que estoy en el Gobierno, y una obstrucción silenciosa ha impedido a la Escuadra, a pesar de mis gestiones renovar su material, Escuadra que en año anterior de 1916 me cupo el honor de mandar […] estaba representada por casi 100.000 toneladas de buques, que se movían, y hoy, apenas tenemos la tercera parte, y gracias que a duras penas he conseguido hacer reparar los dos dreadnoughts.^[92]

Domecq García continuó insistiendo con la sanción de la ley en Diputados. En el prólogo de su memoria ministerial, presentada al Congreso en mayo de 1926, declaraba que

[…] el Ministro que suscribe, compenetrado de sus deberes y convencido del elevado patriotismo con que V. H. contempla todo lo que se refiere a la seguridad y al progreso de la Nación, pide especialmente a la Honorable Cámara de Diputados la sanción de la Ley que autoriza los medios para reemplazar nuestros viejos buques, defender algo nuestras costas y proveer a lo más indispensable del equipo de nuestros Arsenales […].

[…] lo imponen altas razones de Estado, alto concepto de soberanía, dado que sin buques para la vigilancia de nuestros ríos, costas y mares, hemos de permanecer impasibles y aun avergonzarnos tal vez, de que impunemente se arranquen nuestras riquezas, o que impunemente también nos sorprenda la codicia o mala voluntad sin una valla que oponer.^[93]

Durante el receso legislativo, por intermedio del radical Antonio Agudo Ávila, el expresidente Hipólito Yrigoyen comenzó a interesarse por la cuestión y se comprometió a colaborar. Alvear y Domecq García conocían los obstáculos que el proyecto enfrentaría y el tiempo que los futuros debates insumirían en el Congreso y, como la espera podría “malograr la favorable oportunidad” que el mercado de armamentos ofrecía en aquellos momentos, resolvieron iniciar los trámites para su ejecución mediante un Acuerdo General de Ministros, firmado el 18 de mayo de 1926.^[94] Esa disposición brindaría una garantía adicional, si el proyecto enviado a Diputados no conseguía la sanción parlamentaria.^[95]

El Acuerdo General de Ministros autorizaba al Ministerio de Marina a adquirir 2 cruceros, 2 exploradores, 3 submarinos y 2 barcos a vela y motor. Estos últimos para funciones de policía marítima en los mares del sur argentino. Los fondos provendrían de la ley 6.283 de 1908, que no había sido cumplida en su totalidad, y si eso no era suficiente, se autorizaba también al Ministerio de Hacienda a negociar los créditos necesarios. La suma total se limitaría a 32.000.000 m$n, con pagos anuales no mayores a los 10 millones, para los 2 primeros años, y 12 millones para el tercero.^[96]

Mientras todo esto ocurría, se realizaron los estudios para las adquisiciones de los buques. El 10 de junio de 1926, el contraalmirante Ismael Galíndez fue nombrado jefe de la Comisión Naval en Europa. Tenía la orden de visitar los principales astilleros de España, Italia, Francia y Gran Bretaña para formarse una idea exacta de la capacidad y responsabilidad de los distintos fabricantes y estudiar las características de los cruceros, destructores y submarinos de posguerra que esos países tuvieran en servicio, y, si lo creía necesario, estaba también facultado para presentar propuestas a las casas constructoras japonesas y estadounidenses. Los estudios deberían realizarse sin mayores demoras, debido a la premura que tenía la Armada por renovar la Flota.^[97] El tiempo de entrega era un factor esencial y el material debería estar en el país, como máximo, para agosto de 1928. Se buscaban especialmente buques de casco rígido y gran radio de acción, que ya estuvieran “hechos y probados”, para no tener que confeccionar nuevos planos e introducir modificaciones.^[98]

Las sesiones legislativas se retomaron en julio, con el mensaje presidencial. En aquella oportunidad, Alvear informó sobre la reciente reincorporación del acorazado Rivadavia, que había completado su modernización en Estados Unidos, así como el arribo próximo del Moreno, su gemelo. Después reiteró algunas de las cuestiones ya planteadas con anterioridad, como que la Armada tenía un “escaso y viejo material flotante” que no estaba en “condiciones de asegurar en la forma debida la defensa marítima de la Nación, ni de velar eficazmente por los sagrados intereses confiados a su custodia”.^[99] El presidente insistió en la importancia de la modernización:

El proyecto de ley sometido a estudio de V. H., tiende a llenar los vacíos a que he aludido, y merece la consideración de los señores legisladores, pues soy un convencido de que al sancionarlo, habrán hecho obra patriótica y de sana previsión.

Habremos así dado a la Marina lo que ella requiere para que responda a su alta misión, y para que puedan mantenerse abiertas las rutas marítimas que nos son tan necesarias para nuestra vida económica; pues, ahora como siempre, la corriente comercial sigue dependiendo esencialmente de las rutas del mar, cuya libre navegación asegura el crecimiento del intercambio en que están basados el progreso de la Nación y el bienestar de su pueblo.^[100]

El 14 de julio, el Senado envió a Diputados la media sanción del proyecto, junto con una copia del Acuerdo General de Ministros. Esto motivó varias críticas, ya que el Ejecutivo no había informado al Congreso en su debido momento.^[101]

La ley se trató en sesión secreta, entre acaloradas discusiones. Los representantes del socialismo resaltaron el elevado costo del proyecto y su inconveniencia ante el escenario global de pacifismo y desarme. El diputado socialista por la Capital Federal, Antonio de Tomaso, solicitó la presencia del ministro Manuel Domecq García, para que diera explicaciones sobre las adquisiciones navales realizadas bajo la ley 6.283 (1908) y los contratos de construcción que se habían rescindido durante la Primera Guerra Mundial; también, sobre el destino de las sumas devueltas al Estado y si el Poder Ejecutivo ya había tomado medidas para “hacer efectivo” el Acuerdo General de Ministros. La interpelación fue votada, aprobada y se coordinó para el 23 de julio.^[102]

Ese día se trataron varias iniciativas, pero Domecq García formuló una moción de preferencia para destrabar el plan de armamentos. El ministro declaraba que era “indispensable” conseguir la renovación y mejora de los medios navales, en tanto los barcos salían a navegar “sin mayores garantías de regreso” y cada viaje producía “una impresión de zozobra” entre el personal de la Fuerza.^[103] Pese a todo, el tratamiento de la ley continuó siendo obstaculizado e incluso algunos diputados radicales, encabezados por el personalista Diego Luis Molinari, llegaron a presentar un proyecto que directamente proponía suspenderla.^[104]

El 27 de julio Domecq García fue otra vez interpelado por la Cámara. En una larga exposición reiteró los argumentos en favor del proyecto y alertó sobre la necesidad de invertir en la defensa nacional, más allá del contexto de posguerra. Sostenía que, si bien el país siempre había sido “amigo” de la paz, necesitaba estar en condiciones de mantenerla, porque la paz no vendría de la “buena voluntad de los hombres”, sino de la tarea de los “profesionales” de la guerra. Para cumplir con ese deber, señalaba, los militares necesitaban “una mínima parte de la fortuna nacional”, un pedido al que consideraba “justo”. No era oportuno continuar discutiendo la viabilidad del proyecto de modernización, porque las demoras no hacían otra cosa más que acentuar el cuadro de obsolescencia en la Armada y el problema de la defensa nacional. Mientras el Congreso debatía, el tiempo, “irreconciliable enemigo de los buques”, seguía “haciendo valer su obra imperturbable” sobre la flota nacional.^[105]

Según Domecq García, el país debería seguir el ejemplo de las grandes potencias, las cuales, más allá de las conferencias de desarme, habían adoptado los métodos y enseñanzas que la guerra había impuesto con más imperio que nunca.^[106] La Armada había hecho todo lo posible para mantener sus unidades en condiciones, mediante todo tipo de reparaciones y modificaciones, pero se había alcanzado el límite de vida útil y los niveles de obsolescencia eran muy elevados. De hecho, los buques esperaban su modernización desde 1916.

¿Cada cuánto tiempo reemplazamos nuestros buques? Prácticamente, nunca. Lo que hacemos es lo que se suele hacer en los laboratorios para rejuvenecer los organismos. Nosotros hacemos eso en nuestros arsenales, al extremo de que hay buques nuestros que han cambiado de forma, de oficio, de destino y hasta de nombre.

Hay que grabar en la mente que un buque de guerra es una máquina industrial que no produce, pero que asegura el trabajo de las otras que producen y la paz de los que las manejan. También hay que amortizar anualmente el capital que representan […].

Hay que hacer resaltar también que nuestra escuadra ha retrogradado desde el año 16, en que estaba completa con 120.000 toneladas, sin perturbar entonces la paz de América, hasta el presente, en que casi la totalidad de sus buques ha perdido su valor por edad y por desgaste, precisamente por falta de la medida previsora de amortizarlos.^[107]

A los legisladores socialistas, Domecq García les advertía que no era “patriótico ni loable el empeño de empequeñecer la realización de la obra de la defensa nacional”, pues “a ellos ni a nadie” escapaba que una marina eficiente era algo que no podía improvisarse.^[108] También les recordaba que la modernización no significaba militarismo, sino la capacidad de defender el territorio en caso de guerra. La cita a continuación profundiza esa reflexión:

El país reclama para su defensa nacional, el aporte mínimo de un material que nos pone a cubierto de sospechas y rivalidades. Años hace, se dio para la seguridad de la Nación, la ley […] 6.283 […] que el Poder Ejecutivo utiliza hoy sin desvirtuar uno solo de sus fundamentos ni distraer uno solo de sus fondos en menesteres ajenos al fin que la creó.

La paz es una previsión. Asegurarla, imponiéndonos algunos sacrificios, es un deber tan sagrado como el del padre que no quiere desentenderse del porvenir de sus hijos, o como el de la Honorable Cámara al no desentenderse de las necesidades del pueblo. Y el P. E., velando por la paz, porque en ella cifra el porvenir del país, procura asegurarla con vuestro concurso. No hay que olvidar que el P. E. ha tenido que afrontar con resolución y responsabilidad el problema de la modernización de la escuadra, que prácticamente sólo está constituida en este momento por los dos acorazados: “Rivadavia” y “Moreno”, los únicos barcos que tenemos y que en este instante están huérfanos de toda protección.

[…] en este momento […] no tenemos ni tememos agresiones […]. Hemos vivido, vivimos y anhelamos vivir en paz con todos nuestros hermanos de América. Pero este anhelo […] no elimina en absoluto las cuestiones que nuestra propia seguridad nos impone. Los que pensamos en la guerra y en sus consecuencias, hablamos de la paz, sin embarcarnos en disquisiciones idealistas. […] la seguridad nacional y los deberes que de ella se derivan […] deben encontrar eco, apoyo, no detractores.^[109]

Las interpelaciones en la Cámara continuaron y el ministro pidió otra vez la palabra, pero, esta vez, para señalar cómo la Primera Guerra Mundial había demostrado lo importante que era el control del espacio marítimo, porque solo así podría evitarse el bloqueo y la interrupción de las vías navegables por donde circulaba la riqueza de las naciones. La Armada debería ser capaz de defender el Río de la Plata y Bahía Blanca, los dos puntos centrales por donde convergía el comercio. Si se bloqueaban esos accesos, vendría la “total paralización” del país.^[110]

Sin buques eficientes serán ilusorias las operaciones sobre las vías de comunicaciones marítimas del adversario. La guerra europea ha demostrado la importancia que para el resultado final ha adquirido la guerra al comercio marítimo, y nuestra situación geográfica desventajosa reclama una adecuada compensación con buques para su protección.^[111]

El recuerdo de la Gran Guerra también le sirvió a Domecq García como argumento contra sus detractores, que denunciaban el militarismo que escondía el proyecto de modernización. Los cañones de la guerra habían quedado atrás, pero bien podrían estallar nuevamente, decía el ministro.^[112]

[…] no estoy animado del propósito de prolongar esta sesión robando minutos […] pero, cuando se apela a la socorrida imputación de “gobierno armamentista”, cuando, para oponerse a este proyecto se echa mano a todos los recursos, cuando se deforman sus alcances, cuando con argumentos idealistas o deliberados propósitos que yo respeto, se malinterpretan las necesidades militares del país exhibiéndonos como imprudentes, como provocadores de la puja armamentista, no puedo sino recordar no sólo las necesidades imperiosas que surgen de la vejez constatada, de la inutilidad de nuestros buques, sino también recordar los últimos acontecimientos internacionales que son la biblia en donde debemos inspirarnos para tener conciencia de nuestra responsabilidad.^[113]

En la sesión del 29 de julio, el diputado De Tomaso presentó dos proyectos de resolución. En uno, le solicitaba al Poder Ejecutivo que dejara sin efecto el Acuerdo de Ministros del 18 de mayo. En el otro, proponía el nombramiento de una comisión especial, de 5 miembros, para investigar la forma en que se había cumplido la ley 11.222 (1923).^[114] De ambas iniciativas, el diputado solo insistió con la segunda, la cual se sometió a un activo debate, entre radicales y socialistas, y fue finalmente aprobada por 65 votos contra 35.^[115] Domecq García le escribía al contraalmirante Ismael Galíndez, jefe de la Comisión Naval en Europa, mostrándose enojado y molesto por el curso que tomaban los acontecimientos:

Su partida fue como la señal dada para que se descargara sobre el Ministerio una tormenta en forma de interpelación, mala y malintencionada por parte del Diputado De Tomaso, interpelación que Vd. ya conocerá […] por cuanto […] el Capitán Camino le ha mandado el Diario de Sesiones.

El resultado de eso es que se ha nombrado una Comisión para ver cómo se han empleado los fondos de la Ley 11.222 […], pero que seguramente tendrá ramificaciones hacia otras cosas: la construcción de Puerto Belgrano, el empleo de los dineros del Acuerdo […], la compra de los malditos transportes que sólo están dando dolores de cabeza y muchas otras cosas que me producen un desagrado permanente y que minan mi organismo de una manera despiadada, pues francamente no sé cómo tengo tantas fuerzas para tantos malos ratos, pues es tal el cúmulo de odios desenfrenados y el Partido Socialista se ha convertido en la “Boca del León” […] donde caen todas las denuncias contra Vd. y contra mí especialmente.

[…] si no estuviera yo aquí, aguantando todos los chubascos, ya estaría Vd. de regreso en Buenos Aires. Vd. me dirá que todo esto es una injusticia, que es una maldad; bien lo sé, pero el caso es que el temporal se mantiene.^[116]

El proyecto pasó a estudio de la Comisión de Guerra y Marina y luego a la de Presupuesto y Hacienda. Ambas se expidieron en sentido favorable, sin realizar modificación alguna. El 11 de agosto se concertó una sesión conjunta con ambas comisiones y se resolvió que una subcomisión de 4 diputados analizara el proyecto, pero esta se demoró muchos días y no expidió ningún dictamen.^[117] Según Francisco Senesi

Se tenía conocimiento que se realizaban activos trabajos para introducir modificaciones de importancia al proyecto sancionado por el Senado y va de suyo, que cualquier alteración a esa altura del período, cristalizaba aquel fracaso. Se sabía también que un tiempo enorme se perdía en pedido de informes, aclaraciones, etc., algunas de ellas repetidas, de índole que parecían generadas, más para justificar demoras que para solucionar inconvenientes.^[118]

El contraalmirante Galíndez llegó a España a principios de julio para conocer las unidades más modernas que podía ofrecer ese país. Se entrevistó con el jefe de Gobierno, general Miguel Primo de Rivera, el ministro de Marina, vicealmirante Honorio Cornejo Caravajal, y el embajador argentino Carlos Estrada. Después de recorrer varios astilleros y arsenales, le comunicó a Domecq García que, pese al “meritorio esfuerzo”, los buques eran una imitación de los tipos ingleses, pero más caros. Luego se dirigió a Roma, donde se entrevistó con Benito Mussolini y el subsecretario de Marina, Giuseppe Sirianni, que estaban interesados en que los astilleros italianos obtuvieran los contratos argentinos. Galíndez recorrió las casas constructoras y las fábricas de armamentos y estudió algunos de los costos y especificaciones de las unidades. Consideró que las condiciones eran muy favorables y que la industria naval italiana era de “primer orden y más barata que en los demás países”; además, su gobierno era “firme” y tenía una moneda “estabilizada”. A continuación, analizó las propuestas francesas, pero las descartó rápidamente, porque entendió que allí la situación política y económica eran inestables, y la industria privada no contaba con informaciones oficiales ni el apoyo de la Marina francesa, que mantenía “secretas sus características profesionales”. Además, los buques respondían a necesidades estratégicas propias del Mediterráneo y no servían al caso argentino. Respecto a las casas constructoras en Gran Bretaña, concluía que los valores de sus unidades eran muy elevados y que sus prestaciones no eran superiores a las de sus competidores.^[119] Domecq García estaba de acuerdo con las observaciones de Galíndez y así se lo manifestó en sus cartas:

Usted se habrá creído que yo tengo una preferencia especial por los ingleses al haberle hecho varios telegramas en tal sentido; nada de eso –no tengo preferencias por nadie absolutamente, y si la tuviera por algún país, más bien me inclinaría por Italia, por cuanto su material nos ha dado tan buenos resultados y lo hemos empleado tanto.^[120]

Sin embargo, el ministro de Marina tenía una mirada que iba más allá de la estricta relación costo-beneficio. Consideraba también la cuestión diplomática y creía conveniente hacer algunas compras a los británicos. Le recordaba a Galíndez que Gran Bretaña consumía los productos argentinos en gran escala y que las libras esterlinas nutrían los empréstitos y ferrocarriles, y cimentaban el “bienestar” nacional, mientras que Italia no consumía nada.^[121]

[…] piense Vd. un momento la grita que se armaría en este país si Inglaterra no nos comprara carne por uno o dos años […] o se produce una corriente de antipatía entre nosotros y los ingleses […].

[…] no puedo yo aceptar los precios altos ingleses al lado de los precios bajos italianos; pero yo le pregunto si por economizar 200 o 300.000 libras no nos exponemos a perder muchos millones de ellas, qué haría Vd. en semejantes circunstancias? – cuál sería el camino a seguir como hombre político? […].

Comprendo muy bien sus entusiasmos y la indignación que a Vd. parece le causa el pagar 25 o 30 % por una cosa […] es cierto, no sería justificable sin las razones de política económica y comercial que le he estado exponiendo.^[122]

En septiembre la Cámara volvió a sesionar. Los despachos de las comisiones fueron tratados y los debates nuevamente se hicieron extensos, pero finalmente se realizó la votación y la Ley de Armamentos Navales 11.378 fue aprobada.^[123] Se sancionó el 29 de septiembre y se promulgó el 5 de octubre. Autorizaba la compra de 3 cruceros ligeros, 6 destructores y el material fluvial indispensable para reemplazar distintas embarcaciones que ya no estaban en condiciones operativas. También contemplaba la incorporación de dos grupos de 3 submarinos, junto a los talleres, bases y cuarteles necesarios para sus operaciones, reparaciones y mantenimiento. El lugar elegido fue el puerto de Mar del Plata. Además, se estipulaban ampliaciones en los Arsenales de la Base Naval Puerto Belgrano y en el Apostadero Río de la Plata, y se convenía el acopio de estaciones radiotelegráficas, artillería antiaérea, catapultas para lanzamientos de aviones, unidades de vuelo y todos los materiales necesarios para reparar y dejar en condiciones los buques que aún se consideraban útiles para la Escuadra. Toda la empresa se desarrollaría en un marco de 10 años, por un costo total de 75.000.000 de pesos oro, que provendría de empréstitos internos y externos.^[124]

La aprobación de la ley 11.378 mereció el reconocimiento y la satisfacción del presidente Alvear. En su mensaje legislativo de mayo de 1927, afirmaba:

Con alta visión patriótica Vuestra Honorabilidad ha sancionado la ley de renovación del material de la Marina Nacional. Ella ha venido a llenar una necesidad largamente sentida que anhelosamente pedía se le dieran los recursos necesarios para reemplazar buques inutilizados y adquirir elementos […]. Las Bases Navales también gozarán de los beneficios de la ley que ya está en principios de ejecución, y cuando las nuevas unidades se incorporen estarán en las condiciones necesarias para satisfacer los fines que determinaron su creación.

[…] el personal […] podrá desenvolver su acción educativa con medios apropiados que el país destina a los servicios tan fundamentales que la Armada presta en las rutas por donde viene y va la casi totalidad de nuestro comercio de importación y exportación.^[125]

Manuel Domecq García agradeció al Congreso “la buena voluntad patriótica” con la que había cumplido con uno de los “más grandes ideales” de la Armada; también le extendió esa satisfacción a su colaborador, Ismael Galíndez, en un cablegrama de octubre de 1927:^[126]

Lo felicito […] porque creo hemos concluido la etapa principal de la renovación de la Escuadra en la que usted y sus colaboradores han puesto tanta buena voluntad y energía. La lucha ha sido fuerte y tenaz y los buenos camaradas que aquí me han acompañado saben perfectamente lo duro de esa lucha. Esperemos que nuestra obra sea coronada por el éxito cuando esos buques se incorporen, satisfacción que tendré cuando ya simple ciudadano los vea llegar a aguas nacionales.^[127]

La dirección del Centro Naval también mostró su conformidad con la aprobación de la ley, porque, gracias a ella, se agregarían muchas unidades modernas, cuya necesidad era “notoria”. Por fin sería posible poner en condiciones a las bases navales y apostaderos, y eliminar varias embarcaciones que “seguían figurando en listas por más que hubieran sobrepasado todo límite razonable de edad”:^[128]

Nuestra escuadra está hoy reducida prácticamente a los dos acorazados y cuatro destructores, que van teniendo ya sus 14 años de vida. De lo que queda […] lo mejor data de la década 1890-1900, es decir de hace más de 30 años.

Quiere decir esto que los acorazados navegan en el mar como ciegos, ya que les faltan cruceros y [destructores], y prácticamente indefensos contra el submarino, ya que sólo cuentan con cuatro destructores (de 15 años de edad); tipo de embarcación que prestó múltiples servicios en la gran guerra y que las marinas europeas cuentan por decenas cuando no por centenares […].

No tenemos aún submarinos –arma defensiva por excelencia– cuando hace años que los tienen Perú, Chile y Brasil.^[129]

Medios como la revista Plus Ultra, suplemento mensual de Caras y Caretas, también se hicieron eco del impacto que había tenido la sanción de la ley. La consideraban el “hecho más importante de toda la gestión ministerial” de Domecq García, pues con mucha “habilidad [había] sorteado los escollos” del poco favorable ambiente parlamentario y las muchas “discusiones [y] dificultades de orden político”.^[130]

Ahora bien, respecto a la creación de una marina mercante estatal, la ley 11.378 nada acordaba. No existieron avances en ese sentido y los reclamos se mantuvieron constantes durante los años siguientes.^[131] Dos fragmentos de un artículo titulado “Política naval interna”, publicado en el Boletín del Centro Naval bajo el seudónimo Teniente Canopus, resumían bien el pensamiento de los cuadros navales ante la falta de acción:

Cuando se habla de la necesidad imprescindible de crear, fomentar y sostener a todo trance una vigorosa marina mercante, la casi totalidad de nuestros conciudadanos se sonríen irónicamente […] porque no le dan importancia al problema […].^[132]

La Marina Mercante no puede crearse de la noche a la mañana, ni puede ser llevada a la importancia que debe tener por el sólo esfuerzo de los hombres de una sola generación; el problema es difícil y la solución definitiva y efectiva, exige mucho tiempo, desvelos, dinero, capacidad y sobre todo, decidido apoyo del Gobierno […].^[133]

Compras y adquisiciones

A principios de 1927, el ministro Domecq García envió a consideración de Alvear el informe final de la Comisión Naval en Europa, que sugería la compra de 3 submarinos y 2 cruceros en Italia, 3 buques hidrográficos en Gran Bretaña, y 4 destructores que podrían construirse allí, en Italia o en Francia. En base a ello, el 22 de febrero, el Poder Ejecutivo decretó la compra de las unidades, a lo que sumó distintos elementos de artillería y aviación. El monto total ascendía a 21.800.000 pesos oro, que se pagarían con parte de los fondos que autorizaba la ley.^[134]

Esta ley ha empezado a cumplirse de acuerdo con lo preparado por el Estado Mayor y estudios especiales hechos por la Comisión Naval que se designó al efecto, la que envió un resumen de los diversos proyectos que se le presentaron y que fue posteriormente estudiada aquí por una comisión de Oficiales Superiores que analizó los antecedentes y datos remitidos, produciendo un informe amplio, detallado e interesante, de todo aquello que conceptuó más ventajoso para el servicio naval, y en vista de esto se adoptó en principio la solución conveniente.

El término natural de gestación de esas unidades no permitirá que se incorporen sino, salvo algunas de menor importancia, hasta fines de 1929, y ellas seguirán incorporándose a medida que vayan siendo terminadas y hasta la completa construcción de las naves autorizadas por la ley.^[135]

La construcción de los dos cruceros comenzó en mayo de 1927 en los astilleros italianos de Orlando Leghorn y Odero. Fueron bautizados 25 de Mayo y Almirante Brown y llegaron al país en septiembre de 1931, navegando en convoy desde Génova. Eran de un avanzado diseño y su armamento era considerado especialmente poderoso.^[136]

Por su parte, la compra de los destructores se repartió entre diferentes fabricantes. Dos llegaron de España en enero de 1928. Habían sido encargados previamente por la Armada Española en los astilleros La Carraca, de Cartagena, y su construcción ya estaba terminada. El Juan de Garay y el Cervantes, como después se los bautizó, costaron 1.750.000 pesos oro cada uno. En Gran Bretaña se compraron otros tres destructores, que llegaron de los astilleros Samuel White a fines de 1929. Recibieron los nombres de Mendoza, La Rioja y Tucumán. Los contratos por los submarinos se firmaron con el astillero Franco Tosi, de Tarento, Italia, ya que sus unidades presentaban mayor desarrollo técnico, mejores prestaciones y un precio más bajo. Tocaron el puerto de Mar del Plata en 1933 y fueron los primeros sumergibles que tuvo la Armada; se los bautizó Santa Fe, Santiago del Estero y Salta.^[137]

Además de las contrataciones anteriores, faltaba adquirir un tercer crucero y un sexto destructor, lo que se esperaba realizar en los próximos años.^[138] Mientras tanto, la Armada procedió a desactivar algunas de sus unidades más antiguas. Se acordó el retiro de los buques Patria, Andes, Plata, Uruguay, Guardia Nacional y Patagonia, y las 4 torpederas Comodoro Py, Buchardo, Bathurst y Thorne.^[139] Con esta acción, se borraba el último vestigio del programa naval del presidente Sarmiento, que databa de 1872.^[140] Por otra parte, se adquirieron varios buques auxiliares. Primero, se firmó un contrato con el astillero Ostsee-Werft, de Stettin, Alemania, por la compra del Friesland, rebautizado Patagonia, para cubrir los servicios de carga y transportes de pasajeros desde Río Gallegos hasta Tierra del Fuego. Luego, se adquirieron en Gran Bretaña los buques hidrográficos San Luis y San Juan, y los remolcadores Toba y Mataco. Por último, se inauguró la Base Aeronaval Punta Indio y la dársena para submarinos en el puerto de Mar del Plata.^[141]

En 1928 hubo elecciones presidenciales, en las que fue nuevamente electo Hipólito Yrigoyen. Sabiendo del inminente cambio de gobierno, el semanario Caras y Caretas realizó una serie de entrevistas a los ministros de Alvear, en un ciclo titulado “Los ministros hablan de lo que realizaron en el gobierno que termina”. En la última nota, que se publicó en julio, Domecq García manifestó abiertamente sus opiniones sobre diversas cuestiones que hacían a su gestión y a las fuerzas navales a su cargo. En su testimonio, resulta interesante observar, nuevamente, cómo la experiencia de la Primera Guerra Mundial estaba aun plenamente vigente.^[142]

En principio, el ministro confesaba que su principal preocupación al ocupar el cargo había sido conseguir la renovación del material naval, que era “anticuado y escaso en relación con la importancia del país y la técnica moderna”. En ese entonces, Argentina “prácticamente” no tenía Marina y carecía de una Escuadra de Mar. Su “única dotación básica” eran los acorazados Moreno y Rivadavia, aunque estos estaban “solos”, “aislados” y “envejecidos”, a pesar de “sus pocos años”, debido al “salto enorme dado durante la guerra por la ingeniería naval”. Era “imprescindible” modernizarlos, tarea que fue realizada a pesar de las “tantas críticas” recibidas. Se trató de una medida impuesta por “la evolución experimentada por las ideas y la técnica […] a raíz de la gran conflagración”.^[143]

Con la modernización, Domecq García vio cumplido su propósito de dejar una Armada que durante mucho tiempo ocuparía el primer lugar en América del Sur. No obstante, el ministro señaló que todavía faltaban asuntos por atender. En primer lugar, la ley 11.378 contemplaba la adquisición de 3 cruceros, cuando se habían comprado 2. En segundo lugar, “por un exceso de delicadeza”, hasta el momento sólo se habían utilizado alrededor de 35.000.000 de pesos oro, cuando la ley establecía 75 millones.^[144] El día que dejó su cargo –12 de octubre de 1928– Domecq García le entregó al ministro entrante, Tomás Zurueta, todas sus notas y apuntes sobre los antecedentes y procedimientos de la ley 11.378.^[145] En una de las carpetas, se leía el siguiente párrafo:

En esta libreta está inserto con el mayor detalle todo el programa naval que traté de desarrollar durante mi ministerio de Marina en el Gobierno de mi excelente jefe y amigo el Presidente de la Nación don Marcelo T. de Alvear quien durante los seis años que lo acompañé, del 12 de octubre 1922 al 12 de octubre de 1928, siempre me animó con su patriotismo para que la Armada fuese el mayor exponente de la defensa nacional y que su alta moral se mantuviese con un afecto que fue y seguirá siendo, estoy seguro.^[146]

Aunque escapa al alcance temporal de esta obra, cabe destacar que la modernización siguió en ejecución mientras Zurueta estuvo al frente de la cartera de Marina.^[147] En octubre de 1929 llegaron los destructores británicos Mendoza, La Rioja y Tucumán y, en los meses siguientes, se incorporaron los guardacostas Belgrano, San Martín, Pueyrredón y Libertad, los avisos A-1 y A-8, y los destructores La Plata y Jujuy, que fueron modernizados para adaptarlos al consumo de petróleo. Por su parte, también se dispuso la construcción en el país de 4 avisos –2 en los talleres de Puerto Belgrano y 2 en los talleres de Río Santiago– para servicios auxiliares de la Flota y el recorrido y vigilancia de la costa sur. Respecto a la construcción de los cruceros y submarinos en Italia, existieron algunos retrasos. Los cruceros deberían haber sido entregados el 5 de junio de 1929 y los submarinos entre el 15 de noviembre de 1929 y el 15 de marzo de 1930.^[148] Las demoras fueron provocadas por problemas con los pagos a los astilleros y las empresas encargadas de construir el armamento y los aparatos esenciales de los buques. Uno de los motivos fueron las rencillas existentes dentro de los propios círculos navales, producto de divisiones entre oficiales yrigoyenistas y antipersonalistas. Para entonces, la política ya se había insertado en los cuadros de la Armada.