El análisis del consumo de drogas en el escenario actual implica tomar en consideración una multiplicidad de cuestiones que se imbrican, se relacionan, se tensionan. Una de ellas radica en la tensión existente entre al menos dos paradigmas, dos lógicas y/o modos de tratar el consumo de drogas que coexisten actualmente. Por un lado, circulan discursos, prácticas y saberes con raíces fuertemente prohibicionistas -es decir, asociados al paradigma prohibicionista-, y al abstencionismo como modo de tratar los consumos de drogas. Otros discursos en cambio, bregan por la asunción, o mejor dicho por la consolidación de un paradigma –asentado sobre los pilares de la Ley de Salud Mental, y las “nuevas” políticas territoriales y comunitarias que emergieron en los últimos años- centrado en el “derecho” de los usuarios, en la “descriminalización”, la “desinstitucionalización”, los tratamientos basados en la política de “reducción del daño”, entre otras cuestiones.
Ambos paradigmas coexisten actualmente generando ciertas tensiones, imbricaciones, solapamientos en los modos de tratar la problemática. Tanto en los barrios, como en las instituciones terapéuticas se percibe un “mix” de ambos discursos y prácticas afines a uno u otro paradigma. Así, por ejemplo la criminalización del consumo de drogas, convive con otros modos posibles asociados a los derechos de los consumidores; el abstencionismo como única forma de “salir de la droga”, convive con otras prácticas basadas en la reducción de daños; o las internaciones como estrategia hegemónica comienza a ser cuestionada y/o “asistida” por otras prácticas de intervención con base territorial y/o ambulatoria.
Estas tensiones antes que “embarrar la cancha”, posibilitan otras aperturas, fugas, debates que enriquecen el tratamiento del problema. A su vez, nos sitúa ante un momento “bisagra”. Poder rescatar estas tensiones, ver los “grises” que los discursos y las prácticas locales nos muestran es todo un desafío. En parte, esta conclusión aspira a eso.
La coexistencia de paradigmas, un desafío para el análisis
El “problema de las drogas” sin lugar a dudas ha sido una construcción histórica. En torno a la construcción de este problema se han generado distintos discursos, estereotipos, representaciones sociales, dispositivos, etc.
El paradigma prohibicionista continúa fuertemente consolidado a nivel mundial y en nuestro país amparado en la legislación penal: la Ley 23.737.
La sostenida búsqueda por parte de los Estados Nacionales por regular los consumos de drogas arroja como saldo al inicio del siglo XXI una escalada cada vez mayor en la prohibición y reglamentación de dichos consumos. En contraposición con los objetivos que persiguen las políticas nacionales e internacionales de “lucha contra las drogas”, los resultados evidencian que cada vez más personas de perfiles socio económicos y culturales distintos desarrollan diversas formas de consumo.
En Argentina, en las últimas décadas el consumo de drogas ha adquirido como característica principal la masificación y la popularización a niveles no observados hasta el momento. Ejemplo de ello es el incremento del consumo de drogas legales (alcohol, tabaco y psicofármacos) y una progresiva “medicalización de la vida cotidiana” es decir, el consumo de diversas sustancias –principalmente las denominadas “pastillas” o “psicofármacos”- para paliar situaciones de displacer –desde angustias hasta insomnios- o para producir placer. Respecto a las denominadas drogas “ilegales” también se evidencia un crecimiento sostenido. Al consumo de la cocaína y la marihuana que en la década del noventa dominaban los escenarios de consumo se sumaron otras sustancias, haciendo del policonsumo, la característica principal del escenario de consumo actual.
La “llegada” de la pasta base/paco –debido a los riesgos que trae aparejado el tipo de composición que esta sustancia tiene- ha generado a su vez un quiebre. De acuerdo a las perspectivas de los vecinos, familiares y referentes del barrio, este quiebre se ha dado no sólo profundizando y perpetuando los riesgos asociados a la salud de los consumidores, una salud ya deteriorada por las condiciones de vida de éstos -por tratarse principalmente aunque no exclusivamente provenientes de sectores empobrecidos- sino también impactando negativamente en las relaciones vinculares de los usuarios.
Un análisis que sólo tome como muestra estos datos, podría concluir en que el paradigma prohibicionista ha fracasado rotundamente en cuanto a su regulación y/o en cuanto a la disminución de su consumo. Sin embargo, su perdurabilidad se debe al “éxito” que se le atribuye respecto, por un lado, al “poder de policía” que ha logrado, principalmente a través de su intromisión en las políticas internas y de la mano del aparato punitivo del Estado –Justicia penal y Policía-; y por otro, a las representaciones sociales, estereotipos, discursos que ha logrado instaurar tanto en los saberes “legos” como “expertos”, en torno a los usuarios, a los usos de drogas y a los modos de abordarlos. Discursos que en general se han centrado en fomentar políticas de disciplinamiento y normalización respecto a las personas que llevan a cabo dichas prácticas.
En los barrios más vulnerables las consecuencias de estas políticas se evidencian más crudamente.
Si la “criminalización de la pobreza” hace que ser joven, varón y residente de un barrio marginalizado, se constituya en una “presa” segura del poder punitivo, el consumo de drogas adiciona un motivo más para las ya cotidianas prácticas de hostigamiento y persecución policial que la mayoría de los jóvenes padecen en sus contextos. Es decir, si bien, se suele sostener que el consumo de drogas está “descriminalizado” de hecho –es decir que pocos usuarios van presos por consumir drogas- lo que en los barrios se observa es que la criminalización de la tenencia de drogas constituye una vía más de habilitación para la intromisión del aparato punitivo en los barrios y para la persecución –sobre todo- de los usuarios. El escenario se complejiza, al observar que en el marco de un incremento del consumo de drogas y de las situaciones que en ocasiones el consumo problemático trae aparejado –situaciones de violencia, hurtos intrafamiliares, conflictos con las redes vinculares, participación en la economía ilegal, etc.- esta presencia policial a su vez, se sostiene y aún más –se reclama- desde los propios vecinos e incluso de los propios familiares.
Sin embargo, este “poder de policía” que se le suele adjudicar al paradigma prohibicionista no sólo se evidencia en su costado meramente punitivo. El prohibicionismo también ha calado en los modos de abordar la “problemática de las drogas”. Las internaciones coactivas, el abstencionismo como modo de abordaje, el “disciplinamiento” y la “normalización” a la que apuntan algunos tratamientos como objetivos terapéuticos, las diversas estrategias basadas en el encierro y el aislamiento –llevadas a cabo no sólo en las instituciones sino también por las propias familias- se constituyen también en resabios y reactualizaciones de aquel paradigma.
Las trayectorias punitivas y terapéuticas de los usuarios de drogas en contextos de vulnerabilidad (en cárceles, comisarías, comunidades terapéuticas, hospitales psiquiátricos) dan cuenta de la preeminencia de estas prácticas y discursos.
No obstante, como decía, el escenario de consumo de drogas en contextos de vulnerabilidad no puede ser analizado sólo desde la centralidad que sin lugar a dudas tiene aún en la actualidad este paradigma. Lo interesante, en el contexto actual es la tensión, la puja, la coexistencia de prácticas y saberes, de discursos y representaciones, de modos de tratar.
Tras años de presencia en el campo, el paradigma prohibicionista viene siendo cuestionado, interrogado, puesto a revisión por otros discursos emergentes que pujan por “ganar terreno” en los modos de pensar, abordar, tratar esta problemática.
En este sentido, coexisten en el campo discursos de uno y otro paradigma –y a veces de una imbricación de ambos- que vuelven más complejo, pero a la vez más interesante el análisis de la cuestión y que invita a poner blanco sobre negro –sin perder de vista los “grises”- que esta temática y sus modos de tratar exponen/presentan.
Cuestiones como los “derechos” de los “usuarios de drogas”; la “elección”/ la “voluntad” y/o la “coacción”/la “imposición”; la “desinstitucionalización” y/o la “institucionalización”; el “abstencionismo” y/o la “reducción de daños”; “los abordajes territoriales” y/o “los abordajes institucionales”, son algunas de las disputas en tensión. Disputas que no siempre se contradicen: algunas de ellas coexisten en un mismo discurso o práctica, se tensionan, se solapan, se amalgaman.
En los barrios estas tensiones se observan claramente. Por un lado, la complejidad que el consumo de drogas ha traído aparejado, sobre todo después de la “llegada” de la pasta base/paco y los niveles de conflictividad sociales que se han sumado a los riesgos y padecimientos de salud, ha puesto en evidencia ciertos modos de tratar a los usuarios de drogas que combinan estrategias de ambos paradigmas.
Por un lado, continúa vigente el pedido de internaciones. Los conflictos interpersonales que en particular el consumo de esta sustancia ha generado y el rápido y visible deterioro corporal que su consumo intensivo y prolongado provoca, ha exacerbado el reclamo de “tener que hacer algo ya” con sus usuarios. Ese pedido de “urgencia” en el tratamiento de su consumo ha habilitado ciertas prácticas –sobre todo de los familiares- que, basadas frecuentemente en estrategias de encierros y aislamientos diversos, se dirigían a intentar “frenar” el consumo y/o poner un “paño frío” a los variados padecimientos que ese consumo producía. En un contexto de incremento de consumo y de “agravamiento” de las condiciones que esos consumos generaban –hurtos, violencias, conflictos interpersonales, muertes, etc.- el pedido de internaciones en lugares “especializados”, fue uno de los tantos reclamos que emergieron en los barrios.
Sin embargo, ese nuevo -pero viejo- pedido entraba en contradicción a su vez con las “nuevas” formas de intervención, que a través de legislaciones, planes y programas de salud instaban por reducir/limitar las internaciones e introducir en su lugar otras estrategias con base territorial, y comunitaria. A su vez, entraba en contradicción con las “verdades a voces” que se escuchaban en los barrios, con usuarios que ya habían pasado por internaciones y volvían “a caer”: esas verdades a voces indicaban que las internaciones en muchos casos no habían dado el resultado esperado.
Por lo tanto, la impronta del nuevo paradigma, se enfrentaba –y se enfrenta- con resistencias de la propia población, de algunos profesionales e instituciones, como así también de la complejidad misma de la problemática que exige revisar sus intervenciones.
En este sentido también, otro de los problemas que atraviesa la población usuaria de drogas es que a pesar de las nuevas disposiciones basadas en los derechos de los usuarios, éstos continúan en la práctica siendo estigmatizados y vulnerados en sus derechos básicos. Así es que continúan siendo “expulsados” de algunas instituciones –por ejemplo cuando no se ajustan a sus reglas-, “excluidos” de otras –por ejemplo cuando por su condición de usuario de drogas no los atienden por otros problemas de salud, o los “derivan” de institución a institución-, “descartados” de tantas otras. Estas prácticas continúan así perpetuando las encerronas hacia esta población.
Las tensiones y contradicciones descriptas nos compelen a pensar en modos de abordajes e intervenciones múltiples y diversos que tomen en cuenta la complejidad de cada contexto, que no se subsume a la adhesión a uno u otro paradigma.
La coexistencia de ambos paradigmas también se observa con tensiones y contradicciones en las instituciones terapéuticas. Con aún mayores resistencias que en los barrios, en las instituciones también ha ido avanzando muy lentamente y con ciertos reparos algunos discursos y prácticas más “progresistas”.
Así, “nuevos problemas”, “viejos y nuevos paradigmas”, “nuevos actores”, “otros reclamos” fueron configurando un nuevo mapa en la ya compleja temática de las “adicciones”.
Cambios, continuidades, rupturas. Los desafíos de las instituciones terapéuticas en el escenario actual
Las instituciones terapéuticas, específicamente las Comunidades Terapéuticas, también se han visto atravesadas por estos “vientos de cambio”.
Si durante la década del `90 -cuando estas instituciones tuvieron su “época dorada”- fueron favorecidas con el paradigma prohibicionista, en la actualidad los cambios acaecidos en las modalidades de consumo, en los tipos de sustancias, en el perfil de los consumidores, pero también en las reglamentaciones y discursos que promueven otras formas de abordaje, han implicado un desafío para estas instituciones. Un desafío en cuanto a la necesidad de “adaptarse” a estos nuevos contextos.
También en estas instituciones se observan tensiones y contradicciones, marchas y contramarchas. Diversos actores en puja, intereses distintos, puntos de vista divergentes, hace que exista una gran diversidad en las instituciones que componen lo que suele llamarse el universo de las CTs.
No obstante, y tomando en consideración los cambios acontecidos en los últimos años, se puede listar una serie de sucesos que han al menos puesto en cuestión los modos tradicionales de abordaje de estas instituciones.
Uno de ellos tiene que ver con que muchas de estas instituciones se han enfrentado con el pedido de convertirse en instituciones de “puertas cerradas”, debido al nuevo “perfil de usuarios” y a los nuevos “reclamos” que “así lo requerían”. Esta situación ha generado diversas tensiones en estas instituciones. Por un lado, porque el “espacio abierto” era precisamente uno de los principios vectores de estas modalidades. Pero por otro lado también, porque el pedido de “puertas cerradas” contradecía los lineamientos establecidos por la Ley de Salud Mental. Esta tensión, sin embargo, como adelantamos en el apartado anterior, excede a estas instituciones.
Otro de los cuestionamientos que puede hacerse respecto a estas instituciones en estos contextos tiene que ver con la propia modalidad de atención y las herramientas terapéuticas que emplea. ¿Qué tipo de sujetos producen? ¿para qué contextos? ¿es la disciplina y la normalización los objetivos “deseables” para estos sujetos?.
Estos interrogantes buscan plantear también los modos en que esa disciplina y esa normalización se pretende llevar a cabo, como así también las vías por medio de las cuales se pretende que esa disciplina y esa normalización se extienda más allá de las instituciones.
Por un lado, cuestionar los modos de disciplinamiento de estas instituciones implica repensar aquellas herramientas terapéuticas como el “confronto”, “las medidas educativas”, “el grupo de la silla” y tantos otros espacios y actividades que se proponen para tal objetivo.
Si bien se ha observado que la mayoría de los profesionales y operadores de las CTs buscan muchas veces de “buena fe” lograr un cambio subjetivo en los usuarios, creyendo en dichas herramientas y en lo que las CTs proponen lo cierto es que en ocasiones estas formas pueden ser calificadas cuanto menos como “violentas”.
Cuestionar las “vías”, por otro lado, supone entender que la disciplina, a diferencia de otras estrategias de poder, ejerce una fuerza centrípeta, y esta característica contribuye a que el encierro y la clausura se prolonguen en el tiempo además del espacio, circunscribiendo los márgenes de acción para los pacientes bajo tratamiento.
Extender las márgenes de acción supone también entonces, “disciplinar” a las redes vinculares. Extender el “cuidado” y el “control” de los usuarios post tratamiento en los familiares es, como se ha analizado, otra de los objetivos de estas instituciones. Las familias así, se convierten así en otra vía de disciplinamiento, y por lo tanto en uno de los elementos que componen lo que Foucault denominó “red de secuestro institucional” (Foucault, 1978:128) para aludir a la confluencia de diferentes instituciones -de tipo estatal y extra-estatal-, que mediante un poder político microscópico concurren en torno del sujeto. En este caso, tanto la familia como los grupos de “sostén” por fuera de los confines institucionales, garantizan, en los discursos y en las prácticas extradiscursivas, el control de los cuerpos, y la normalización.
Esta “extensión del cuidado” implica no sólo repensar esta estrategia de “delegación” de esa responsabilidad en los propios sujetos o en sus familiares sino también extender el análisis más allá del funcionamiento intra-dispositivo, pudiendo advertir la multiplicidad de determinaciones y relaciones de fuerza hoy en pugna por el control y la normalización de los cuerpos de los “adictos”, en un diagrama de poder post disciplinario o de control.
Por último, otra de las tensiones que atraviesa a estas instituciones, es aquella que los propios referentes de las CTs han descripto como una de las características centrales de lo que sucede actualmente en estas instituciones: que han pasado de intervenir en padecimientos, que de acuerdo a sus perspectivas son de base terapéutica –las adicciones- a intervenir en cuestiones de “inclusión social”. Es decir, si hasta hace unos años, el tratamiento se basaba en “rehabilitar adictos”, hoy día la cuestión social de los usuarios antecede cualquier tipo de tratamiento de las adicciones.
Estos cambios requieren sin lugar a dudas de un compromiso con el Estado. De acuerdo a los referentes de las CTs, uno de los objetivos centrales de lograr en la relación entre el Estado y estos dispositivos debe estar dirigida al diseño conjunto de modelos institucionales adecuados a los nuevos problemas que plantea el consumo de drogas, como así también a la formación y actualización conjunta de los recursos humanos que tales dispositivos requieren. Pero por sobre todo, supone repensar a qué sujetos está destinada dicha intervención, y para qué contextos, es decir ¿qué se rehabilita? ¿para qué? ¿hay algo que “rehabilitar”?. Supone pensar también a las instituciones terapéuticas en el entramado de otras instituciones que también atraviesan a estas poblaciones.
Repensando a la “reinserción” y a las políticas territoriales
Como se ha descripto en los capítulos precedentes, las trayectorias institucionales de una gran proporción de los jóvenes que pasan por las CTs, no se reducen sólo a las instituciones terapéuticas. Existe en los relatos, un recuento de “entradas” y “salidas” por distintas instituciones tanto terapéuticas como punitivas que dan cuenta de cómo los modos de tratar a estas poblaciones están atravesados por aislamientos y encierros diversos -que persisten aún en “libertad”, es decir en sus contextos cotidianos-.
A su vez, estas instituciones, sean punitivas o terapéuticas también están dispuestas a proveer de un “tratamiento” sobre estas poblaciones: tratamientos que, de forma explícita o implícita y/o con carácter más o menos ficcional, se proponen “resocializar”, “reinsertar”, “rehabilitar” a sus “residentes”, “internos”, “pacientes”.
Esta reinserción, rehabilitación, resocialización que se propone como parte de sus programas no están ajenas, no obstante, de ciertas críticas, objeciones, limitaciones.
Ha sido suficientemente desarrollado, por ejemplo, el carácter ficcional de toda pretensión resocializadora-rehabilitadora de las instituciones penales como las cárceles.
El principio correccional-terapéutico de la pena fue el objetivo que hacia finales del siglo XIX, la medicina y la psiquiatría le adjudicaron a las cárceles. Si hasta entonces regía el principio retributivo, es decir proveer una “pena justa” en el sentido de la defensa social, a partir de entonces regirá una “pena útil” que se proponga ya no sólo identificar, separar y encerrar al “peligroso” sino “curarlo”, “rehabilitarlo”.
Sin embargo, diversos estudios dan cuenta cómo una serie de indicadores –o mejor dicho de prácticas institucionales violatorias de derechos humanos que son regulares y sistemáticas en las instituciones carcelarias-, evidencian el carácter meramente discursivo que adquiere la “misión humanizadora” del castigo, esto es, su objetivo “resocializador”, “rehabilitador” (GESPyDH; PPN; CCT/CPM, 2012; CEPOC, 2015; CELS, 2008). Entre estos indicadores pueden listarse: las condiciones materiales de inhabitabilidad que caracterizan dichas unidades carcelarias (el hacinamiento, la mala alimentación, la ausencia de elementos de higiene personal y desinfectantes para el lugar de alojamiento); la violación constante de los derechos fundamentales de los presos en que incurre el Estado (falta de asistencia médica, acceso acotado a cursos de educación formal e informal, practicas sistemáticas de tortura y los malos tratos ejercidos por el personal penitenciario, existencia de sistemas endógenos de dominación y sometimiento, entre otros) (Andersen, M. J. y otra, 2009); el desarraigo y el aislamiento socioterritorial (por ejemplo trasladando a los presos ya condenados a cárceles del interior del país, alejados de sus familias y “depositados” en lugares aislados –en el medio de campos, muy distantes de las ciudades- donde nadie los escucha ni los ven), entre otros.
De acuerdo a la bibliografía, se ha abandonado entonces la “utopía normalizadora” de estas instituciones para dar lugar a prácticas de “incapacitación y neutralización selectiva” de ciertos sectores sociales (De Giorgi, 2005). De esta manera, la tecnología penitenciaria abandonó la cuestión “tratamental” precisamente porque “ya no había un ‘lugar social’ donde imaginar la reintegración; ellos, los presos y presas, provienen de sectores que padecen, previamente, la exclusión social, económica, política y espacial” (Daroqui, 2002:11).
Este no-lugar donde “reinsertar”, “rehabilitar”, “resocializar” a estas poblaciones y estos cambios en las lógicas punitivas evidencian de acuerdo a estas perspectivas, el carácter ficcional de toda pretensión resocializadora-rehabilitadora del encierro en las cárceles, propia del modelo disciplinario:
La totalización de los espacios y los actores con los que se relacionan ensambla un cotidiano de ficciones en las que se espera que estos sujetos “tratados” se curen, rehabiliten, resocialicen, reintegren y tantas otras acepciones posibles para la siempre vitalizada fórmula (en especial en el caso de los jóvenes) de una pena “útil y productiva” que imprima en sus clientes nuevos valores, perspectivas biográficas, reflexiones y deseos, que les permita “construir un proyecto de vida” (…). Así, el encierro se piensa como un momento transitivo que resulta productivo para delinear proyecciones biográficas que pueden incluir trabajar en negro, tener ingresos intermitentes por debajo de la línea de la pobreza, habitar viviendas precarias y sin servicios básicos, todo ello, claro, propuesto por el ensamble burocrático de la penalidad como un verdadero “proyecto de vida responsable en el marco de la ley”. (López, A. L. y otras, 2013:20)
En el caso de las CTs por ejemplo, en distintos pasajes de los capítulos precedentes también se ha desarrollado el carácter ficcional de la “reinserción”, o más bien las limitaciones que estas instituciones tienen en estos contextos para lograr ese objetivo -si es que es posible o verdaderamente deseable lograrlo-. De hecho, y retrotrayéndonos a unos capítulos atrás los propios profesionales de las CTs advertían cómo en estos últimos años, el “problema” de los usuarios que llegaban a estas instituciones remitía más a un problema de “inclusión social” que a un problema “terapéutico”. Esto, da respuesta en parte, a la variabilidad de acepciones que tienen las internaciones en estos dispositivos. Si bien el consumo problemático e intensivo de sustancias está en la base de todos los relatos, otras “causas” también complementan lo estrictamente terapéutico. Así como algunos usuarios se internaban para “guardarse” un tiempo (de la policía, del barrio, etc.) u otros continuaban institucionalizados porque su barrio “era tóxico”, también otros tantos relatos daban cuenta sobre los distintos sentidos dados a los encierros y aislamientos que exceden el tratar el consumo de drogas en sí mismo.
Estas vueltas a las instituciones, o como se dice en términos nativos, estas “calesitas institucionales” en las que la mayoría de los usuarios se suben una y otra vez por distintos motivos, reitera las preguntas sobre ¿para qué y a qué se rehabilita?, ¿dónde se reinserta? ¿a quiénes se resocializa?.
El “alta” del tratamiento, el “después”, el “cómo seguir” se constituye la mayoría de las veces en un escenario incierto, expectante, a veces esperanzador y a veces angustiante. Los “caminos” que siguen quienes fueron dados de alta, también son muy disímiles. Responde precisamente a la singularidad propia, a la historicidad de cada uno y a su contexto. Así como algunos, en el primer, segundo, tercer tratamiento, hacen el “click”, se “rescatan” (por encontrar en una pareja el apoyo que necesitaba, por un hijo, por “la vieja”, por una convicción, por un trabajo, por lo que sea…); otros fluctúan por estos caminos de consumo y no-consumo, de institucionalización reiterada, de “querer y no poder”, de “poder y no querer”.
En muchos relatos de los usuarios, precisamente se entrevé cómo el problema de la “reinserción” radica entre otras cosas, en cómo se lo plantea desde estas instituciones. Para muchos de estos jóvenes la integración en sus contextos cotidianos se producía por y a través del consumo de drogas. Es decir, en sus barrios, entre sus amigos, compañeros de consumo, etc. ese consumo los “habilitaba”, les daba una identidad en ese contexto, los nombraba, los hacía visibles.
Esto impone la necesidad, desde las instituciones, de replantear esos objetivos y las estrategias para hacerlos cumplir. Implica además resituar a las sustancias, repensar aquellos lugares que “habilita”, como así también recuperar la historicidad y singularidad propia de cada sujeto. Cabría pensar también en cómo intervenir en el contexto.
Sin mencionarlo específicamente en sus fundamentaciones, puede pensarse que las políticas implementadas en los últimos años que tienden a un abordaje más territorial, comunitario (como el Plan IACOP; los dispositivos territoriales que introdujo la SEDRONAR en sus intervenciones asistenciales; y otros dispositivos similares que distintos organismos estatales y de la sociedad civil llevan adelante en los barrios), han sido implementadas teniendo en cuenta las “encerronas” que atraviesan a estas poblaciones en sus vidas cotidianas. Así, distintos “factores” han generado, de acuerdo a estas perspectivas, la necesidad de reforzar los abordajes asistenciales y preventivos en los “mismos barrios”. Entre ellos podemos citar: las distintas barreras (comunicacionales, culturales, económicas, discursivas, etc.) que han sido mencionadas en el capítulo 4 para acceder a los servicios de salud; las dificultades con las que se encuentran los jóvenes en la “vuelta al barrio” luego de largas trayectorias institucionales; los diversos problemas que afectan a estas poblaciones en estos contextos –que van desde problemas de salud hasta la misma supervivencia-; la saturación de las respuestas “tradicionales”; la complejidad de los problemas; y el impulso dado por la Ley de Salud Mental, entre otros. A su vez, estas políticas se han constituido en el “revés” de las lógicas preventivas que tienden a las “calesitas institucionales”: priorizando la desinstitucionalización propuesta por estos “nuevos lineamientos” han comenzado a “reforzar redes territoriales”; “fortalecer los vínculos comunitarios”; etc. (Goltzman, P., 2015)
En este sentido, restaría investigar los efectos que estas políticas han comenzado a tener en estos contextos. Si efectivamente posibilitan nuevas “aperturas”, “empoderamientos”, etc. o si al promover abordajes circunscriptos “de las fronteras para adentro” no terminan perpetuando, reproduciendo otros encierros territoriales, otras formas de control social, otras limitaciones.
