Sabina Regueiro

(Denuncia de la “carpeta madre”^[1]).

Introducción

Las acciones significativas orientadas a la localización, identificación y restitución de los hijos pequeños de militantes políticos perseguidos y detenidos-desaparecidos fueron llevadas a cabo por sus familiares tanto en forma individual como colectiva. Muchos de ellos se nuclearon en Abuelas de Plaza de Mayo, organización inicialmente llamada Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos (o Abuelas de Argentina) al momento de su conformación, hacia fines de 1977.

Durante la dictadura, de los 130 “nietos” localizados hasta el momento, las Abuelas como organismo encontraron doce niños apropiados y uno fallecido, mientras que otro número, al día de hoy aún indeterminado^[2], fue localizado por gestiones particulares al poco tiempo de su desaparición. De este grupo de trece niños, todos habían sido institucionalizados, dados en guarda o adoptados formalmente. En algunos casos se trataba de “familias separadas por el terrorismo de Estado”, de acuerdo a la expresión utilizada por Abuelas, esto es, que solo una rama de la familia, materna o paterna, desconocía el destino del niño tras la desaparición de los padres. Este hecho no es casual, ya que, al tratarse de casos registrados oficialmente, en sus recorridos por las dependencias públicas las Abuelas lograron ubicar a estos niños. Todavía no contaban con estrategias para develar las maniobras orientadas a sustraer a los chicos a través de prácticas ilegales, como las inscripciones falsas como hijos propios. Estas acciones delictivas requerirían para su identificación y resolución una acumulación de saberes y un plan de acción que solo durante la democracia pudo desarrollarse plenamente.

Estas mujeres diseñaron sus primeras “tácticas” de acción durante el terrorismo de Estado, desplegando sentidos constitutivos de la búsqueda de sus nietos “desaparecidos”, manipulando normas, conformándose en actoras nuevas, impugnando y resistiendo los embates de la dictadura. Las “tácticas” se asocian, en este sentido, a la acción inicial de estos familiares, incluso de manera individual durante la dictadura, determinada por la ausencia de un locus político propio, que los obliga a jugar en un terreno impuesto por la ley de un poder extraño desplegando el “arte del débil”. El pasaje a la constitución de “estrategias” generales describe más cabalmente la acción durante la democracia de organismos con prácticas ya institucionalizadas, cuando empiezan a construir un lugar propio de poder, pudiendo jugar dentro de un esquema formal, que implica incluso la constitución de “campos propios” (De Certeau, 2000; Leschziner y Kuasñosky, 2000).

Las particularidades del contexto institucional del terrorismo de Estado en el que se desarrollan estas demandas dan cuenta de un orden normativo marcado por la legalidad e ilegalidad, lo oficial y clandestino, que imprimen su huella en el activismo primigenio de Abuelas e implican un campo específico de posibilidad de ciertas prácticas (Regueiro, 2013). En ese escenario, aquellas primeras microprácticas vinculadas a las presentaciones jurídico-administrativas ante las burocracias estatales, organismos intergubernamentales y no gubernamentales fueron vías y tramas institucionales activadas a la par de relaciones personales y prácticas informales que sostuvieron y acompañaron estos recursos. Así, las dimensiones universalistas del Estado burocrático y las particularistas se entrelazan íntimamente en estas acciones (Weber, 2000; Da Matta, 1980 y 1985).

Uno de los documentos-herramienta emblemáticos de las demandas desplegadas por Abuelas creados en este período es la llamada –por los protagonistas de esta búsqueda– “carpeta madre”. Considerando los documentos en cuanto “campo de indagación” (Muzzopappa y Villalta, 2011), esta compilación de denuncias en particular nos permite adentrarnos en la trama de relaciones, específicamente en la red de personas, grupos e instituciones que las recibieron al ser interpeladas en la búsqueda de los niños y sus padres. Estas denuncias poseen el doble cariz de muchos documentos: expresan prácticas y relaciones que hacen a la búsqueda, y, a la vez, constituyen una herramienta de lucha política, que puede generar efectos concretos, desde la difusión de la problemática hasta el hallazgo de un niño. Focalizando en la dimensión simbólica de esta práctica, podemos observar cómo allí se cristaliza la imbricación de dos universos de sentido fundamentales de este primigenio activismo: el derecho y la familia.

Por todo ello, la tensión entre las tradicionales categorías de lo “público” y lo “privado” –en cuanto cuestionada dicotomía desde las ciencias sociales, aunque con gran eficacia en la gestión pública en particular y en la práctica social en general– se presenta como un campo privilegiado para reflexionar sobre este caso paradigmático de intervención del Estado terrorista en las familias consideradas “subversivas”, la apropiación criminal de niños y el activismo de Abuelas en cuanto familiares que interpelan a las burocracias estatales.

Más allá de lo público y lo privado: “Abuela/s” como categoría política

Un debate ya clásico en las ciencias sociales corresponde a aquel derivado de la utilización instrumental, la crítica, la historización y desnaturalización de una dicotomía tradicional moderna, culturalmente específica, de amplio uso social en la vida cotidiana: lo público y lo privado. Este par suele estar asociado a otra serie de categorías opuestas y jerarquizadas: lo público/político/masculino/la cultura vs. lo privado/doméstico-familiar/femenino/la naturaleza (Moore, 1996), por citar solo las más difundidas.

El sentido y los límites de lo público y lo privado no son unívocos, de la misma manera que los conceptos que se asocian a ellos. Son de hecho categorías histórico-específicas y dependen de la manera de concebir la vida política, ya sea desde el sentido común como desde distintos enfoques disciplinares. La caracterización moderna de estas dicotomías políticas, que encuentra su origen en la herencia clásica, suele tener al menos tres sentidos básicos: lo público en cuanto común a todos, lo colectivo, la comunidad, el pueblo, el Estado vs. lo privado como individual, singular, personal; lo público como lo manifiesto y ostensible, publicitado vs. lo privado como secreto, oculto; y lo público como de uso común, accesible para todos, abierto vs. lo privado como cerrado, que implica exclusión (Rabotnikof, 2005).

Desde las ciencias sociales, se ha mostrado desde hace ya varias décadas, y desde distintas perspectivas analíticas, la imbricación de estas dimensiones presentadas como separadas e incluso opuestas. Uno de los teóricos que ha desarrollado esta mirada para reflexionar en torno a la familia ha sido Pierre Bourdieu (1993), quien la ha considerado como una construcción jurídico-política, en cuanto lo privado es un asunto público. La familia es una ficción, un artefacto, porque está producida y reproducida con la garantía del Estado, del cual recibe los medios de existir y subsistir. Esto es así porque la familia juega un rol determinante en el mantenimiento del orden social, en la reproducción, no solo biológica, sino también social, es decir, en la reproducción de la estructura del espacio social y de las relaciones sociales. Es uno de los lugares por excelencia de acumulación de capital bajo sus diferentes especies y de su transmisión entre las generaciones.

Esta dicotomía público-privado se pone en juego en el análisis del caso que nos ocupa, al focalizar en sus usos políticos por parte de los actores sociales en cuestión. Específicamente durante la última dictadura militar argentina, el discurso familiarista hegemónico remarcó la separación público-privado enfatizando la responsabilidad privada de la familia y del individuo sobre las funciones ligadas a la reproducción ideológica y material controlada de sus miembros, especialmente de los jóvenes^[3]. Esta aparente limitación de la intervención del Estado paternalista y protector se hace desde el propio Estado, por lo que implica más bien una nueva forma de articulación de lo privado-público (Grassi, 1993).

En este proceso, las metáforas de la guerra y la enfermedad del cuerpo social, construidas en clave moral, se utilizaban para caracterizar la oposición política desde los valores esenciales, ahistóricos del Ser Nacional, Dios, Patria y Hogar. Estas fueron usadas para dar cuenta de la infiltración subversiva en todos los ámbitos del cuerpo social. Se justificaba así que todas las prácticas del espacio privado, lo personal y doméstico, como la familia, célula básica de la nación, quedaran bajo control estatal. De hecho, entonces lo privado (como todos los ámbitos) fue politizado, y lo político se transformó en privado (personal, secreto y clandestino), por lo cual se borraban los límites entre ambas esferas. Todo esto devino en una aparente naturalización, individualización y despolitización de lo político-social (Filc, 1997).

Como contracara, los organismos de derechos humanos plantearon una nueva relación entre lo usualmente considerado público y privado. Así, la doble identidad del modelo tradicional de familia fue apropiada por las organizaciones de familiares en un esfuerzo por socavar la legitimidad de la dictadura: la familia como interacción entre lo privado y lo público, lugar de la reproducción biológica donde se da la socialización, y entre lo natural y lo político-cultural, entre el deber moral del parentesco y los lazos familiares creados por la experiencia compartida, donde los organismos aparecen como nuevas familias.

Por otro lado, si bien el papel tradicional atribuido a las mujeres les dio poder de generar nuevas formas de hacer política, dado que actuaron como “madres”, se convirtieron en una amenaza para el orden público. Ello porque no fue el lazo biológico, sino el ser víctimas de la represión, lo que determinó su filiación pública-familiar, produciendo una modificación de la división espacio privado y público. El atributo de “hijo” no depende del lazo de sangre, sino de la experiencia política.

De esta manera, a partir de la irrupción del terror estatal en el ámbito doméstico, comenzaron a confrontar desde una posición ético-biológica e invirtieron a su favor la condición predominantemente doméstica y desventajada de “mujeres”, confrontando de manera abierta y pública. Socializando la maternidad, oponiéndose a soluciones individuales a un problema colectivo, se convirtieron en activistas políticas dadas a luz por sus propios hijos, con una nueva subjetividad y nuevos lazos sociales (Font, 1999).

Estas discusiones nos remiten al lema feminista “Lo personal es político”, que rompe con esta dicotomía decimonónica, pensando los afectos como índices que revelan lo político, lo ético, lo colectivo, lo social, lo público (Gorton, 2007). En este sentido, haciendo nuestras las palabras de Dora Barrancos (2007), podemos afirmar que, por el lado del revés feminista, las madres demostraron que lo personal es político: con el arquetipo de la obligación esencial de la maternidad y un estilo apolítico, con la aparente inocencia de amas de casa, realizaron prácticas de resistencia, lo cual expresa una auténtica inscripción en la actividad política.

En este juego de resignificación política del espacio privado, en sus intervenciones desde su inicial nominación como “familiares”, estos grupos politizaron su papel. En esta salida del mundo doméstico a la arena pública, los lazos de sangre, primordiales, “no políticos” de la esfera privada, son los que aparecen impulsando, legitimando la intervención pública. Algunos enfoques sostienen que la politización de los vínculos primarios tiene un reverso negativo, ya que se centra en la evidencia inmediata del valor natural que remite a la dimensión privada, politiza su reclamo y socializa el dolor privado, pero convocando a los no familiares como testigos, solidarios y acompañantes, de forma que generan una incompleta universalización del reclamo (Vezzetti y Jelin, apud Pita, 2005; Jelin, 2007). Sin embargo, sostenemos que el definirse como “familiares” no es evidencia del lazo natural, sino resultado de un complejo proceso en el cual se apela a la sangre para dar legitimidad a intervenciones, a partir de determinados sentidos y valores que inciden en las modalidades de acción política (Pita, 2005).

Entre el derecho y la familia: la dimensión cultural de las prácticas políticas

Estas tensiones entre lo público y lo privado, miradas desde distintos ángulos, se expresan también en la imbricación de dos universos de sentidos inherentes a las prácticas de búsqueda, que se vinculan también a este par dicotómico: el derecho y la familia.

Pensando en la dimensión cultural, constitutiva de la práctica político-social que llevaron a cabo estas mujeres, se vislumbra cómo se ha comenzado a realizar la construcción social de este “problema” social (Hacking, 1999), de una “causa” colectiva de acción política (Boltanski, 2000), de un “frente discursivo” (Fonseca y Cardarello, 2005): la apropiación criminal de niños y la restitución a sus legítimas familias. Desde una perspectiva gramsciana –de la que se nutren las últimas autoras citadas–, la cultura es un proceso activo y disputado de construcción de significado de actores en contextos de relaciones de poder desiguales, que tiene efectos materiales concretos. En una primera etapa, en un momento histórico particular, que iluminaría la acción de Abuelas durante la dictadura, los agentes en coalición luchan por la definición de determinadas categorías clave desde una visión particular del mundo, de la realidad y del deber ser. En esta etapa, se lanzan a la arena pública categorías como “apropiación” y “restitución”, que se irán más adelante afinando, como, por ejemplo, la diferenciación entre “adopción”, “abandono” y “apropiación” (Villalta, 2012). Solo en momentos posteriores, estos significados podrán institucionalizarse y convertirse en ley, como aquella que instrumentó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, los artículos “argentinos” de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etc. Por último, estos sentidos se convertirán en hegemónicos, al conformar una nueva manera de pensar sobre un aspecto de la vida que se extiende a otros dominios. En efecto, el campo de la infancia en la Argentina no puede entenderse sin las Abuelas, tanto las leyes de adopción que incluyen el derecho a la identidad (Villalta, 2010), como concepciones generalizadas sobre la identidad biológica que dieron como resultado distintas organizaciones de personas adoptadas o “apropiadas” por fuera del período de la dictadura que buscan sus orígenes (Gesteira, 2016). Una difusión de significados y cosmovisiones que se dio incluso hacia la vida cotidiana, construyéndose como verdad y naturalizándose, sin olvidar que ninguna ideología está fuera de disputa (Wright, 1998).

Existe solo una autonomía relativa de los procesos generadores de sentido en la política, la cultura forma parte de la multidimensionalidad de las dinámicas de poder. Los sentimientos, las creencias, los significados, los valores son necesarios para la legitimación, el apoyo para, en este caso, llevar a cabo las restituciones, así como para la comprensión de las acciones que la posibilitan. Es por eso por lo que es necesario prestar atención a las formas simbólicas de la narración –como el mito de la “salvación” de los niños hijos de “subversivos”–, a su clasificación como sujetos pasibles de ser apropiados, y a los sentidos que disputan dicho relato a partir de la activación de redes estructurales, de los resortes del poder político y estatal, de distintos grupos de interés (Alexander, 2000).

En el sistema político moderno, los grupos sociales deben defender sus intereses dentro del dominio organizado por el Estado, a través de luchas políticas centradas en categorías legales, politizando así todas las cuestiones sociales (Gledhill, 2000), dado que las decisiones políticas se sirven de la forma regulativa del derecho (Habermas, 1999). En este sentido, los derechos y especialmente los derechos humanos jugaron un papel central en la fundamentación cultural del reclamo de las Abuelas desde el primer momento.

El otro universo de sentidos fundamental y constitutivo de la práctica de búsqueda corresponde a valores primordiales, a los sentimientos, al dolor y a la condición de madres y abuelas, de familia de sangre, que, en un sentido menos evidente que los derechos, tiene también un estatus político. Como ya hemos mencionado, estas cuestiones de orden personal se traducen en prácticas políticas, en demandas públicas, que muestran, por un lado, el poder constructor de los sentimientos y, por otro, del tópico de la familia como impulsor de construcción de legitimidad y autoridad para reclamar aquellos derechos a través de la formación de organizaciones (Pita, 2005).

De allí el imperativo de hacer visibles aquellos sentimientos en la arena pública, con la certeza de que las historias individuales no reemplazan la lucha social, pero teniendo en cuenta que el trauma, con frecuencia primeramente marginalizado e invisibilizado, puede ser la base para la formación de culturas públicas (Gorton, 2007).

Esta necesidad de analizar los afectos para comprender el mundo social (Hemmings, 2005) ha dado lugar a una antropología de las emociones (Jimeno, 2004). Desde esta perspectiva, retomando a Lutz y White (1986), se afirma el papel de la emoción en la vida social, llamando a no naturalizar los sentimientos, a no oponerlos a la razón y asociarlos automáticamente a lo femenino y lo privado. Como lo destacara Michelle Rosaldo, la emoción es una forma de acción simbólica con propósitos comunicativos que está estructurada socialmente, tal como Scheper-Hughes (1997) desarrolla en su obra La Muerte sin Llanto.

En sintonía con esta línea, desde una sociología de las emociones (Figari y Scribano, 2009), se ha remarcado la dimensión cognitivo-afectiva y valorativa como motivación para la acción política y la movilización social, en cuanto las emociones pueden ser vistas como partes constitutivas de la acción, como formas de vinculación entre los sujetos y recursos de acción, contribuyendo a la construcción de identidades sociales.

La ley y los sentimientos en las proclamas públicas

La primera aparición pública masiva de las Abuelas fue a través de una proclama publicada en un diario a casi un año de su conformación como organización, con motivo del Día del Niño en 1978. En ella se leía:

Apelamos a las conciencias y a los corazones, de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres-Abuelas, hacemos hoy público nuestro diario clamor, recordando que la Ley de Dios ampara lo más inocente y puro de la Creación. También la ley de los hombres otorga a esas criaturas desvalidas el más elemental derecho: el de la vida, junto al amor de sus abuelas que las buscan día por día, sin descanso, y seguirán buscándolas mientras tengan un hálito de vida. Que el Señor ilumine a las personas que reciben las sonrisas y caricias de nuestros nietitos para que respondan a este angustioso llamado a sus conciencias (La Prensa, 5/08/1978).

Aparece en este discurso el universo de los sentimientos, a través del corazón y el amor, la desesperación y la angustia, las sonrisas y caricias, así como la apelación a la humanidad. Directamente asociado, surge lo familiar, a partir de las categorías de parentesco: madres, abuelas, hijos, nietos. En relación con el mundo de los valores, resalta además el imaginario religioso, con la mención de la caridad cristiana, Dios, el Señor. Por otro lado, está presente también el derecho, la conciencia, la inocencia, la ignorancia sobre el paradero de los niños, su desaparición, la ley de los hombres, el derecho a la vida. También se pone de manifiesto la suposición de una adopción, el llamado a aportar datos sobre los niños, y su “restitución”.

Cuatro años después, en las postrimerías de la dictadura, podemos observar cómo estos universos de sentido siguen vigentes. Tal como podemos apreciar en esta respuesta pública al proyecto de autoamnistía, no se abandona el lenguaje del parentesco, se declina sí notablemente el discurso religioso, y se profundiza y resignifica la dimensión jurídico-política. Puede apreciarse cómo se afinaron progresivamente las categorías, ya que las Abuelas hablan aquí no solo de “violaciones a los DD. HH.”, sino concretamente del “secuestro sistemático”, de “campos secretos de detención”, impugnando además la teoría de la autoamnistía que sostiene que las desapariciones fueron “actos de servicio”.

Si el fin que persiguen esos siniestros personajes es que quede impune el secuestro sistemático de miles de personas, entre las que se encuentran centenares de indefensos bebés, arrancados de los brazos de sus madres para disponer de ellos, o de los que se agitaban en el vientre de las jóvenes que fueron llevadas a los campos secretos de detención, sepan que:

1) La historia no se escribe con mantos de olvido a las más graves de las violaciones a los derechos humanos;

2) Seguiremos reclamando la restitución de cada uno de los niños desaparecidos a sus legítimas familias;

3) Repudiamos el cínico informe que, bajo el nombre de “Actos de Servicio” pretende englobar desapariciones, torturas, muertes, secuestros de niños. Y que, seguramente, también busca la impunidad de actos como el que hoy nos afecta (Nosiglia, 1985: 166).

La “carpeta madre”: la denuncia en el lenguaje del parentesco

Estos universos de sentido que se encarnan en las prácticas de búsqueda, el derecho/la ley, y los sentimientos/la familia se imbrican también en una herramienta fundamental en las prácticas de Abuelas durante la dictadura: “la carpeta madre”. Este documento constituye una táctica “madre” de futuras estrategias jurídico-políticas. Es decir, se trata de uno de los primeros recursos desarrollados en el despliegue de las acciones orientadas a la localización de los niños, que luego se irían desarrollando, diversificando y complejizando.

Tal como puede observarse en la imagen, esta “carpeta” se trata de un conjunto de fichas correspondientes a cada niño desaparecido, que consiste en un formulario diseñado para registrar distintos datos preestablecidos referidos a la desaparición del niño o la embarazada y su pareja, así como de los “trámites” realizados a fin de encontrarlos. A partir de un abordaje sistemático de estos documentos, podemos describir las características estandarizadas de estas denuncias^[4].

Estas fichas suelen estar tituladas como “caso”, “víctima”, “persona/s o niño desaparecido/s”, “testimonio” o “denuncia”. Este encabezado, en el caso de los nacimientos en cautiverio, se refiere a la madre, y puede completarse con la frase “Y su bebé que debió nacer en mes de año”.

La “fecha de la denuncia” corresponde en su mayoría al año 1980, llegando hasta entrada la década del 2000, cuando se seguía agregando la ficha de casos nuevos incorporados al Banco Nacional de Datos Genéticos. Fueron 12 las abuelas fundadoras que empezaron la tarea. La mayor parte de los familiares se acercaron una vez avanzada la dictadura, para iniciar o intensificar la búsqueda. En cuanto al lugar de realización de la denuncia (no siempre presente), refiere, a veces, a localidades fuera del país, fundamentalmente por el exilio de los familiares.

Cabe aclarar en este punto que algunos familiares no llegaron a buscar a sus niños durante la dictadura. Una de las razones principales fue que hubo familias literalmente arrasadas por el terrorismo de Estado. Este fue el caso de dos niños “desaparecidos” que tenían no solo a su madre desaparecida y a su padre preso, sino también a un tío que había sido detenido y luego liberado con “derecho a opción”, y así exiliado, con su mujer también presa, y otra tía asesinada con su marido desaparecido. Los abuelos maternos de los niños sabían que estaban siendo vigilados. Por otro lado, agentes “policiales” les dijeron que los chicos estaban en una “guardería militar”, que pronto los llevarían con ellos si podían criarlos, pero nunca volvieron. Si buscaban a los chicos, temían perjudicar a sus hijos presos y entorpecer la recuperación de sus nietos (Archivo Documental de Abuelas de Plaza de Mayo). Estos miedos no solo por sí mismas, sino también por sus familiares tenían anclajes reales: las abuelas no solo notaban que eran seguidas, filmadas y que pretendían infiltrarlas, sino que incluso algunas de ellas estuvieron detenidas junto con sus hijos, tras lo cual fueron liberadas o permanecieron desaparecidas. Los temores además se acrecentaban al ver que algunas personas –por ejemplo, enfermeras y parteras– que habían dado datos sobre nacimientos clandestinos también fueron secuestradas. Por otro lado, había que hacerse cargo de los niños pequeños cuyos familiares habían desaparecido o estaban presos, lo cual complicaba la trabajosa búsqueda.

Otros familiares debieron exiliarse y no pudieron hacer la denuncia inmediatamente. En un caso se combinó esta situación con el hecho de que la otra rama de la familia no quiso denunciar la desaparición del niño por hallarse en las antípodas ideológicas de la pareja desaparecida y, por lo tanto, en desacuerdo con su participación en una organización político-militar. Así, pasó mucho tiempo hasta que un tío pudo realizar la denuncia correspondiente. En este caso, el niño había quedado en manos de compañeros de militancia, cuyo apellido ignoraban, por lo que se acercaron a Abuelas sin lograr identificarlo, dado que no había denuncia familiar. Además, en su búsqueda recurrieron a otros organismos de derechos humanos, y luego iniciaron fecundas campañas fuera del país.

La depresión o el desánimo también dificultaron la búsqueda. Según la carta de un joven padre, su madre, abuela del niño desaparecido, no pudo tomar contacto con la organización a pesar de “admirar el trabajo de búsqueda”, ya que, luego del encarcelamiento y liberación de su hijo, pareció haber construido un “muro de silencio” (Archivo Documental de Abuelas de Plaza de Mayo). De esta manera, no todos los familiares pudieron buscar inmediatamente durante la dictadura, o por sí mismos, a los niños, debido a distintas razones, y en muchos casos delegaron la tarea en la organización, que buscaba a todos por igual. Dentro de esta “metodología” elaborada por Abuelas, lo ideal era que el familiar participara, pero esto no siempre era posible. Es por eso por lo que eran frecuentes los agradecimientos de los familiares que no participaron activamente por el esfuerzo realizado en la búsqueda del colectivo de niños desaparecidos: “Sé que vuestra labor es trabajosa, dura, no grata pero nuestros hogares necesitan un oído receptor a tanto dolor en el que aún los más pequeños de nosotros no son ajenos. Dios ilumine vuestros corazones…” (Archivo Documental de Abuelas de Plaza de Mayo).

Esto da cuenta de un hecho fundamental a la hora de entender la práctica política de los familiares: no todos eran activistas. Gran parte de las denuncias fueron realizadas en Abuelas para delegar la búsqueda en un grupo de familiares.

El “responsable de la denuncia”, “denunciante” o “testimoniante” era, por lo general, un familiar. Usualmente, se trataba de alguno de los abuelos de los niños, los tíos, tíos-abuelos y, en casos excepcionales, bisabuelos, padres o, aún más, madres y alguna “hermana política” (cuñada). También se encuentran casos puntuales de amigos o compañeros de militancia o cautiverio. En todo este grupo llaman la atención las mujeres que resaltaban su parentesco con ambas personas desaparecidas, manifestándose como “madre y abuela”. Allí se dejaba constancia de sus datos básicos, documento y dirección.

La denuncia registra centralmente los “datos de la madre del bebé”, introduciendo también esta información como “hijo de… y de…”. En este punto se anotaba la edad, el lugar y la fecha de nacimiento y de desaparición, el DNI y otros datos complementarios como los estudios cursados por la desaparecida. Puede ser que los datos del padre estén totalmente ausentes, en ocasiones por ser este desconocido.

Este fue de hecho uno de los elementos que condicionaron y caracterizaron el trabajo de búsqueda: la naturaleza fragmentaria de los datos por las condiciones de clandestinidad de los militantes, entre los compañeros, pero también de las parejas formadas en ese contexto de cara a sus familiares (Martínez, 2010). Se contaba con datos vagos, como la provincia de origen, y, a pesar de hablar e incluso conocerse con la familia política, se ignoraban las direcciones o los números de teléfono para localizarse, e incluso nombres y apellidos, por cuestiones de “seguridad”. Por ejemplo, un familiar “testimonia acerca de la desaparición de Y y de su compañera X, de quien desconoce el apellido…” (Archivo Documental de Abuelas de Plaza de Mayo). Por eso muchas familias fueron “separadas por el terrorismo de Estado” porque no se conocían, perdieron contacto, o simplemente tenían miedo. Con el advenimiento de la democracia, muchas de ellas se reencontraron, con la intermediación de Abuelas, incluso algunas que vivían en otros países.

De esta manera, del embarazo y del parto los familiares a veces se enteraron cuándo y dónde fue, y tal vez el sexo, por los testimonios brindados en el exterior por sobrevivientes que pudieron salir del país durante la dictadura.

En el caso de los niños ya nacidos al momento del secuestro, cobraba centralidad su nombre. Sin embargo, este dato no estaba totalmente ausente en los nacimientos en cautiverio. Se dejaba constancia del nombre elegido por los padres, que había sido transmitido previamente a sus familiares, por ejemplo, “Lucía por ser nombre de bisabuela paterna”.

Así, también se registra “fecha y lugar de nacimiento”, explicitando la edad de los niños ya nacidos al momento de la desaparición. Sin embargo, a raíz de las condiciones de clandestinidad en las que vivían muchos militantes, el dato relativo a la fecha exacta de nacimiento podía ignorarse (a veces, solo se sabía el mes y el año), y tampoco podían conocerse precisiones en cuanto al lugar de nacimiento, en ocasiones solo se conocía la provincia o el país en que los niños habían nacido. En el caso de las embarazadas, se registran los meses de gestación, la fecha probable de parto y el médico que controló el embarazo. También se consigna el lugar de nacimiento cuando este se conocía, o las conjeturas propias al respecto: “Es más que verosímil, atento a los meses de embarazo, que M. L. de L. habría dado a luz un hijo en un instituto donde habría sido trasladada desde su cautiverio”. También se vuelcan los datos aportados por sobrevivientes, que hacen referencia, por ejemplo, a una “cárcel clandestina situada en Banfield”. En ocasiones, estos datos, como la fecha de nacimiento del niño, eran precisos: “Según testimonio de una persona liberada, de fecha xx fue vista y pudo saber que el 27/12/77 dio a luz…”. Así, los familiares pudieron saber incluso el sexo del niño o la niña, el peso y el nombre puesto por sus padres durante el cautiverio, y si hubo una cesárea o un parto natural. Aún más excepcional era el caso de una pareja que recibió una carta de su hija, quien les decía que había tenido una nena, a la que había llamado Laura, y de quien había sido separada para enviársela a ellos, sus abuelos maternos. Sin embargo, ellos nunca tuvieron noticias de la niña, ni de su hija y su marido. La gran consternación y las incertezas generadas por esta misiva fueron registradas en la denuncia: “Cómo pudo mandar esa carta es una cosa que todavía nos preguntamos…”.

Tal como lo expresara una de las abuelas: “Éramos despojos que vivíamos hablando en silencio, llorando en silencio y buscando niños sin nombre, sin conocer su sexo, muchas veces sin la seguridad de que hubieran nacido” (Herrera, 2001).

En el apartado reservado a la “fecha y lugar de desaparición”, al “relato de los hechos” o a las “informaciones recogidas”, suele consignarse el último domicilio conocido del niño o su madre, y la fecha en la que fueron recibidas las noticias más recientes, ya sea a partir de una carta, una llamada o un encuentro. Especialmente se registra lo que se pudo saber sobre las circunstancias del secuestro, la fecha precisa o aproximada en meses, el lugar, la hora y también qué fuerzas militares o de seguridad intervinieron en el operativo. Asimismo, se ofrece información sobre el cuerpo, en caso de asesinatos, si fue o no entregado a los familiares y las circunstancias vinculadas. Se suma además cualquier otro dato conocido como, por ejemplo, que los secuestradores viajaban en “dos Torinos blancos”, o que llevaron un bolso de ropa para los niños, o bien se manifiesta que “no se tienen detalles del procedimiento”. En ocasiones, no se tiene ningún dato sobre dónde o cuándo desaparecieron los miembros de la familia.

En esta categoría se agrega toda información que no entra en los demás ítems predeterminados, o bien se utiliza para profundizar la información volcada en distintos puntos. A veces se explicita que no hubo más información que estos –usualmente fragmentarios– datos y que no ha habido notificación “oficial” alguna, sino que se trata de “versiones extraoficiales”, incluso contradictorias. Se vuelcan aquí distintas versiones, si las hay. Entre ellas figuran aquellas de los diarios y de los vecinos, que no siempre coinciden. Por ejemplo, en el caso cuya imagen grafica este trabajo, el comunicado del comando del jefe del ejército publicado manifiesta que la joven embarazada huyó tras el allanamiento y los vecinos dijeron que fue sacada por las fuerzas de seguridad, herida, “envuelta en una sábana”. La denunciante afirma que, conociendo a su hija, y por su avanzado embarazo, las características de la casa y el gran despliegue de fuerzas, considera que la segunda versión es la verdadera.

Así, también se deja constancia de los datos del grupo familiar conocido, registrando el incierto paradero de algunos de ellos en el exilio, afirmando, por ejemplo, que “la abuela materna se encontraría en Europa, refugiada en Suiza o Italia”. Las agresiones posteriores sufridas por las familias, como “sucesivos allanamientos”, también suelen registrarse. De la misma manera, se transmite la desaparición de otros familiares, el tratamiento recibido especialmente por los niños, hermanos de aquellos buscados, de qué manera volvieron al seno de la familia, y quiénes los entregaron, usualmente “personas de civil” no identificadas.

Los “trámites”, las “gestiones realizadas” o los “recursos presentados” se supone que han sido realizados por el denunciante o su grupo familiar, aunque, excepcionalmente, figura un abogado en forma explícita. Entre los más comunes, aparecen los habeas corpus, invariablemente con “resultado negativo” o “rechazados”.

Cobran centralidad las entrevistas, las presentaciones y los telegramas dirigidos a las autoridades militares interpeladas, a veces mencionadas con nombres particulares, pero usualmente referidas a las cúpulas como la Junta militar o Estado mayor conjunto, o a las Fuerzas Armadas en general, ya sea a través de determinadas dependencias, como el Regimiento 121 o iii de Tablada, o cargos específicos, como el comandante del i Cuerpo del Ejército. Se especifican las tres Fuerzas Armadas interpeladas, el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, así como las Fuerzas de Seguridad, especialmente la policía, también a través de sus dependencias como la Jefatura o el Departamento Central de Policía, sus cargos jerárquicos, ya sea el jefe de la policía federal como el de las provinciales. En menor medida, aparece el servicio penitenciario materializado en las cárceles. No dejan de estar presentes los cargos del Estado burocrático de naturaleza, en principio, civil como autoridades de gobierno, si bien ocupados por funcionarios militares: figuran así cargos como el presidente de la nación, o dependencias como el Ministerio del Interior, cuyos números de expedientes podían registrarse también en la denuncia. Asimismo, encontramos otras áreas, usualmente estatales, vinculadas al campo de la salud (principalmente, hospitales) y la gestión de los decesos o tratamiento de los cadáveres (como la Dirección General de Cementerios).

Si bien hasta este punto las presentaciones pueden ser compartidas con otros organismos de derechos humanos, una serie de dependencias administrativas y judiciales corresponden a la especificidad de la búsqueda de los niños. Los juzgados o tribunales de menores de distintas jurisdicciones aparecen como los destinatarios más frecuentes de las presentaciones de los familiares. Así también pueden verse en escena los departamentos de la administración pública nacional vinculados a la niñez, como la Dirección de Protección al Menor y la Familia provincial. Concretamente figuran, además, aquellas instituciones, sean públicas o privadas, que dependen de aquellas, como los orfelinatos e incluso las guarderías.

Otras personas, grupos e instituciones interpelados en la búsqueda se hallan vinculados a otros campos, como el religioso, en el que resalta la Iglesia católica, pero donde se mencionan también otros credos y órganos jerárquicos como los obispados, e incluso el Vaticano.

Además, surgen protagónicamente otros organismos de derechos humanos nacionales, entre los que se hallan fundamentalmente Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, APDH, MEDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Estos “trámites nacionales” se distinguen de los “internacionales”. En estos últimos, se pueden nombrar los organismos mencionados con la OEA, especialmente la CIDH, las Naciones Unidas, colectivos tales como AFUDE (Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos), y los no gubernamentales, entre los que se destacan Amnistía Internacional y la Cruz Roja Internacional.

Se adjunta en algunos casos una variada serie de certificados de todo lo anterior que van conformando el archivo de cada niño y cada embarazada: cédula de identidad, credencial de la obra social, acta de matrimonio, fotocopia de la planta de pie y dedo, inscripción de nacimiento, libreta sanitaria, cintas grabadas de los niños y sus padres, mechones de pelo, entre otros elementos.

Por último, la denuncia cuenta en varios casos con una fotografía del bebé y/o los padres en su margen superior derecho. En ocasiones, se ha incluido el retrato de un hermano del niño desaparecido para contribuir a la identificación de aquellos buscados.

Una primigenia herramienta político-jurídica

Las denuncias sobre las desapariciones de niños o embarazadas, que constituyen en su conjunto lo que Abuelas dio en llamar la “carpeta madre”, representan así la cristalización de la superación de una serie de obstáculos vinculados al miedo, la enorme angustia, la persecución, el exilio y el desconocimiento, y fundamentalmente, el primer paso para una búsqueda colectiva y pública, que pudo ser delegada en la institución que se estaba conformando.

Los “testimonios” son presentados directamente, sin representación jurídica, por los familiares del niño desaparecido de manera individual, y el parentesco específico es explicitado. En esos testimonios, tanto se hace referencia a acciones delictivas concretas –fundamentalmente, la desaparición forzada–, como se deja constancia de las diferentes acciones y demandas jurídico-administrativas realizadas ante los distintos organismos pertinentes para su investigación en particular.

Estas denuncias constituyeron la herramienta de trabajo basal, tanto para uso interno como para la difusión y la realización de gestiones colectivas, ya que eran entregados a las distintas personas, organizaciones e instituciones a las que se les demandaba intervención o colaboración en la búsqueda.

Por ello, este documento tiene también un alto valor metodológico, ya que nos permite conocer gran parte de la trama de relaciones vinculadas a la apropiación y a las acciones orientadas a la localización de los niños. En relación con la primera dimensión, podemos ver cómo la articulación de lo clandestino-ilegal y lo legal-oficial se halla imbricado en las descripciones obrantes en estas denuncias. Aparecen las personas de civil en autos particulares realizando secuestros y comunicados oficiales relatando hechos sin individualizar a sus víctimas, o víctimas identificadas sin dar cuenta de su destino. En cuanto a la segunda dimensión, la búsqueda, se plasman también las distintas vías de demanda, en sus versiones de corte universalista o particularista: por un lado, los trámites administrativos –como aquel realizado en el Ministerio del Interior– o judiciales –el habeas corpus–, pero también, por el otro, la activación de relaciones personales para obtener entrevistas, favores y gestiones.

En suma, si, en el análisis de las dimensiones tutelares del Estado, cobra especial importancia la reflexión en torno a la tensión dada entre lo público y lo privado, en este trabajo el objetivo fue focalizar desde esta clave analítica sobre el caso paradigmático de este grupo familiares, madres y abuelas que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos. Madres y abuelas que conformaron una organización social cuya historia desde su origen se entrelaza con la de las burocracias estatales con las cuales interactuaron mediante sus prácticas de denuncia, demanda y búsqueda desde el mismo momento de la desaparición de sus hijos y nietos.

Enfocando la dimensión cultural del proceso, apreciamos la imbricación de los universos de sentidos sobre el derecho y la familia como marca del activismo de este incipiente organismo en dictadura hasta el presente, expresiones específicas de aquella tensión aludida público-privado. El entrelazamiento del lenguaje de la familia y del derecho se expresa tanto en las proclamas públicas de estas doce mujeres que fundaron Abuelas, como, aunque de manera más críptica, en uno de los documentos clave del período en cuanto herramienta jurídico-política: la carpeta madre.

Este documento primigenio, que expresa las tramas de relaciones que fueron tejiendo en la creación de tácticas para localizar a los niños, actúa como recurso para activar redes sociales, fragmentadas por el terrorismo de Estado, pero que constituirán una piedra basal de las estrategias jurídico-políticas que se irán desenvolviendo con el devenir de la historia de la búsqueda.

Auténticas prácticas políticas, estas primeras acciones fueron creativamente construidas, si bien seguramente inspiradas en tradiciones de lucha de otros organismos políticos/legales. Ellas muestran qué lejos está el activismo de los familiares de una mera expresión mecánica de relaciones biológicas, y qué ajena resulta a la acción de estas mujeres la simple revelación de una esencia maternal, tanto en su naturaleza social como en su dimensión simbólica.

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